Asociación G. para la Libertad de Idioma
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Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Los recortes de ayer al final de la página
  
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Para apoyar la acusación popular que representa VOX
 y evitar que el Gobierno negocie indultos para los golpistas
1 de diciembre a las 12.00 en la Plaza de Colón, Madrid.

 

Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Índice General

Recortes de Prensa   20 noviembre 2018
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Artículos y Conferencias
Bibliografía  
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

AGLI Recortes de Prensa   Martes 20 Noviembre 2018

Marchena reivindica su independencia y renuncia a presidir el Supremo y el CGPJ
Miguel Ángel Pérez okdiario 20 Noviembre 2018

El magistrado Manuel Marchena ha renunciado a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una decisión que adopta tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, antes de que fuera designado oficialmente.

Machena ha decidido permanecer como presidente de la Sala Penal con lo que continuará al frente del tribunal que juzgue a los políticos presos separatistas. Así lo explica el propio magistrado en una carta divulgada este martes:

“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional” afirma el magistrado del Supremo.

“El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo”, añade, “de forma especial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”.

“Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”, concluye.

Un juego indigno con las elecciones
EDITORIAL El Mundo 20 Noviembre 2018

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, tras deslizar ayer la posibilidad de que las elecciones generales pudieran celebrarse el 26 de mayo, añadió que la convocatoria de los comicios es una especie de «botón rojo» que compete a Pedro Sánchez. Ciertamente, nuestro ordenamiento constitucional otorga esta facultad en exclusiva al presidente del Gobierno, pero no para que la use en su propio beneficio sino para subrogarla al interés general. Y ésta es justo la clave de bóveda que explica el fracaso del sanchismo:el permanente sometimiento de las instituciones a la porfía de mantenerse en el poder. Aunque sea al precio de poner en almoneda la unidad nacional.

La secuencia de incumplimientos en apenas cinco meses delata la poca palabra de Sánchez. Primero dijo que promovía una moción de censura contra Rajoy para, en caso de obtener la confianza de la Cámara, convocar elecciones anticipadas. Después se apalancó en La Moncloa y comprometió un Gobierno hasta el final de la legislatura. Más tarde alentó la posibilidad de articular un acuerdo presupuestario tras alcanzar un pacto con Podemos que excede la política económica. Y finalmente, unos días traslada la intención de resistir y otros coquetea con hacer coincidir las generales con las municipales y las autonómicas, un hecho inédito en nuestra democracia. La sola posibilidad de gobernar a golpe de decreto para modificar parcialmente los Presupuestos debería ser suficiente argumento para disuadir a Sánchez de tal disparate. Un Ejecutivo que no es capaz de aprobar la norma sobre la que pivota toda su acción de Gobierno está obligado por dignidad y responsabilidad a convocar elecciones cuanto antes. Lo contrario, tal como EL MUNDO lleva meses advirtiendo, supondría un absurdo y nocivo ejercicio de obstinación que no conduciría más que a perpetuar la agonía semanal del Consejo de Ministros y la incertidumbre económica.

Gobernar con las cuentas prorrogadas es una posibilidad legal pero políticamente inadmisible. Máxime si, como pretende Sánchez, supone hacerlo con los Presupuestos del adversario al que desalojó de La Moncloa. Y máxime si aspira a continuar zafándose de su obligación de presentar ante las Cortes la ley más importante del año. Borrell aseguró ayer que "lo normal" es someter las cuentas públicas al voto del Parlamento. En realidad, tal como publicamos hoy, no es lo normal sino lo preceptivo legalmente, según señala el artículo 134 de la Constitución. El Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos a las Cámaras, aunque ello suponga, como es evidente que ocurriría en este caso, la constatación de la soledad y la incapacidad del Ejecutivo socialista. Es comprensible que Sánchez, preso de sus vaivenes e incoherencias, tenga pánico a esta incómoda fotografía. La única forma responsable de evitarla es llamando a los españoles a las urnas.

Sánchez comete un error en las medidas y en las formas
José María Rotellar okdiario 20 Noviembre 2018

El presidente del Gobierno anduvo de mitin este pasado fin de semana por Andalucía en supuesto apoyo de la candidatura de Díaz, con quien no siempre ha compartido las mismas ideas ni las mismas intenciones, pero que el temor a un mal resultado electoral que los debilite a ambos parece que los une. De esta manera, ha aprovechado su recorrido por tierras andaluzas para insistir en algunos de los mensajes económicos que viene repitiendo desde que acordó un borrador de Presupuestos con Podemos, plasmado en un papel en el que se confundía Gobierno con partido, al emitir el comunicado con los membretes de Podemos y del Gobierno de España, cosa que no había sucedido antes de una manera tan clara. En ese documento, se detallaban todas las medidas que los socialistas y los podemitas querían llevar a cabo, donde se atendían todas las exigencias de la extrema izquierda y se abría la puerta a satisfacer muchas de las demandas de los independentistas y nacionalistas, pues al ser un Gobierno con tan escuálido grupo parlamentario, necesita de todos los que le auparon a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura.

Ahora bien, como los independentistas son también insaciables, parece que puede haber desavenencias que no permitan encarrilar la mayoría necesaria para sacar adelante las Cuentas Públicas. Eso sería una buena noticia, pues el terrible incremento de gasto que suponen los Presupuestos que quiere aprobar Sánchez constituiría un elemento terriblemente nocivo para la economía española, al ligar estructuralmente la subida de las pensiones al IPC, con un coste de 700 millones de euros, elevar un 3% las pensiones mínimas, con otros 300 millones más de gasto, o elevar los ingresos por cuidado de hijos a las personas con menos ingresos, junto con la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, que suponen otros 300 millones de euros adicionales, entre muchas otras medidas de gasto expansivo. Junto a ello, una brutal subida de impuestos, que lastrará la economía y, como colofón, la subida exponencial del salario mínimo, hasta 900 euros, que puede llegar a ser la peor medida de todas ellas.

Por eso, si no hay presupuestos, será una buena noticia. Sin embargo, Sánchez se ha apresurado a decir este fin de semana, mientras mitineaba, que sus planes económicos los va a sacar adelante haya o no Presupuestos. Es decir, que piensa gobernar por Real Decreto Ley tanto tiempo y en tantos aspectos como sean necesarios. Incide fuertemente en la subida de las pensiones, cuando sabe que lo que necesita el sistema es una reforma profunda que asegure su viabilidad, asegurando que las pensiones las va a subir en cualquier caso. Tres cuartos de lo mismo hizo con el salario mínimo, diciendo que lo elevará lo apoyen o no PP y Ciudadanos, con el siguiente mensaje: “Un país próspero no puede tener trabajadores pobres”.

Puede ser cierto, pero para que un país sea próspero, no debe existir un intervencionismo público como el propuesto por el Gobierno, que expulsará del mercado de trabajo a muchas personas, porque no generarán un valor que permita cubrir el coste laboral que supondrá esa subida del salario mínimo, además de incrementar la economía sumergida. Si Sánchez no quiere trabajadores pobres, lo que tiene que hacer es no aplicar esas medidas, pues son las que empobrecerán a los trabajadores, pero me temo que la demagogia política volverá a imponerse a la realidad y se perpetrará, así, ese grave ataque a la economía y prosperidad de los españoles.

España no se merece un presidente que juega con los ciudadanos a su antojo
EDITORIAL esdiario 20 Noviembre 2018

El coordinador electoral del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado la posibilidad de que las Elecciones Generales se celebren el próximo 26 de mayo, coincidiendo con la cita electoral ya programada para los comicios Europeos, Autonómicos y Municipales. Una especie que su jefe de filas, Pedro Sánchez, ratificó a su manera minutos después, avalando esa posibilidad pero sin concretar nada más allá de que es prerrogativa suya decidir la fecha exacta.

Las Elecciones debieron convocarse nada más prosperar la moción de censura. Y ahora deben convocarse si no hay presupuestos: con urgencia

Estamos, pues, ante la enésima ocasión en que Sánchez y su Gobierno juegan con España para adaptarlo todo a sus necesidades y objetivos y, de paso, para camuflar a duras penas los serios problemas que ha provocado esa insólita actitud.

Porque si hay Elecciones Generales no es porque "el presidente lo decida", como le gusta decir una y otra vez a Sánchez, sino porque su Gobierno ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales por segunda vez y resume con ello la falta de idoneidad para ejercer unas funciones que no le encomendaron los ciudadanos pero se arrogó con una moción de censura tan técnicamente legal como políticamente ilegítima por la naturaleza de sus socios y la debilidad resultante.

La Moncloa se ha convertido, exclusivamente, en un trampolín propagandístico de un presidente irresponsable que ha compensado la falta de votos con respaldos nefandos que solo pueden provocar dos tipos de resultados: o la sumisión del poder Ejecutivo al populismo de Podemos y al independentismo de Cataluña; o el bloqueo del país en un momento especialmente delicado por la conjunción de desafíos territorial y económico.

Un engaño
Que con ese contexto Sánchez se atreva a lanzar una cortina de humo sin ninguna precisión es inadmisible, y denota la escasa responsabilidad que ha caracterizado su trayectoria política, primero en el propio PSOE y después en el Ejecutivo. Con presupuestos nuevos y sin ellos consultar a los españoles es una obligación elemental, como él mismo reconocía para maquillar su acceso al Gobierno por la puerta de atrás. Pero sin ellos, es una urgencia.

La Moncloa se ha convertido en un trampolín propagandístico de Sánchez, al margen de la responsabilidad elemental que debe tener su inquilino

Y no caben cálculos que no obedecen a otra razón que no sea la estrategia personal del presidente, pues a poco que respetara las funciones que ejerce y fuera consciente de la representación que ostenta, sabría que acudir a las urnas con la mayor rapidez es una urgencia democrática.

España no se merece un presidente que no ganó en las urnas, se niega a pedirle su opinión a los ciudadanos, depende a la vez de Podemos y del soberanismo y además es incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales. Exigirle Elecciones debiera ser, por ello, el único punto del orden del día del PP y de Ciudadanos, la única oposición con capacidad de ser escuchada ya por una opinión pública cada vez más indignada y anestesiada a la vez.

Sánchez no puede seguir faltándole el respeto a los ciudadanos: Elecciones ya
EDITORIAL esdiario 20 Noviembre 2018

Pedro Sánchez está a punto de fracasar de nuevo en la aprobación de unos Presupuestos Generales propios, tras estrenar su presidencia gobernando con los de Mariano Rajoy que, según él mismo decía, suponían una regresión del Estado de Bienestar por su supuesto carácter antisocial. Que esté dispuesto a seguir gobernando con esas mismas cuentas, ante la imposibilidad de atender las exigencias de sus socios de moción de censura, evidencia con estrépito la catadura política del dirigente.

Sánchez debe convocar Elecciones con urgencia. Con y sin presupuestos propios; pero sin ellos es inaplazable

Es capaz de sostener una cosa y hacer la contraria, como demuestra la práctica totalidad de su hemeroteca, y siempre con un único fin que poco tiene que ver con los intereses colectivos y las responsabilidades más elementales del inquilino de La Moncloa: garantizarse su objetivo personal, que no es otro que acceder al poder y perpetuarse en él.

En ningún país serio, con una tradición democrática asentada, se buscan mayorías parlamentarias sin tenerlas primero en las urnas. Y en ninguno se aferra nadie al poder si, por dos veces, se fracasa en la primera de las obligaciones de un Ejecutivo: sacar adelante unas cuentas públicas propias, reflejo siempre de la propuesta que se ofrece a los ciudadanos.

Su ensoñación
Pero en España, con Sánchez, todo es posible por la ausencia de líneas rojas en un líder político que no solo olvida la realidad que le rodea, sino que además pretende cambiarla llamándola de otra manera y se queja si alguien no suscribe su ensoñación.

Por mucho que el presidente camufle la verdad y se dedique con ahínco a la pura propaganda, ni son "fuerzas del cambio" la suma de populismo e independentismo ni es "veto" que la oposición, a la que recurre ahora, no esté dispuesta a aprobarle unos PGE disparatos a un partido con 80 diputados menos que la suma de PP y Ciudadanos.

Exigir apoyo a PP y a Cs es una frivolidad más de un presidente al que le vale todo para llegar o quedarse

Sánchez, pues, debe convocar Elecciones. Debió de hacerlo nada más ganar una moción de censura indigna por la naturaleza de quienes la apoyaron y la perversión del resultado electoral que comportó; y debe de hacerlo ahora por la ausencia de Presupuestos Generales.

Exigirle al PP que se los apoye es, además de un absurdo contable, un fraude político de quien desalojó de mala manera a quien le había ganado dos veces y tenía una confianza de los ciudadanos de la que él carece y además no se atreve a medir en las urnas.

Dinero público para espionaje político
OKDIARIO 20 Noviembre 2018

El escándalo en torno a las actividades irregulares del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz (2012-2015) no deja de crecer tanto de manera cualitativa como cuantitativa. A las distintas entregas que ha hecho OKDIARIO en los últimos días sobre los métodos ilícitos de dicha institución, hoy se añaden nuevas evidencias que siguen poniendo negro sobre blanco prácticas impropias de un país democrático. Destinar 80 agentes para espiar a Luis Bárcenas e intentar rescatar así los papeles comprometedores que afectaban a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal es hacer un uso espurio del dinero público con fines de espionaje político. El montante asignado a los fondos reservados está para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, no para ponerlo al servicio de la impunidad de unos pocos.

Destinar 80 agentes para consumar ese tipo de espionaje es propio de un régimen dictatorial o de una república bananera, no de un país como España. Estos hechos no hacen sino agrandar una bola de nieve que rueda cada vez con más fuerza a través de nuestra actualidad informativa, pero que de un modo sorprendente aún no ha provocado la dimisión del actual portavoz en el Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, a pesar de que era entonces el director general de la Policía Nacional y el número tres del Ministerio del Interior tras el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez.

El hoy hombre fuerte de Pablo Casado en la Cámara Alta coordinó todas las operaciones que tenían como finalidad hacerse con los documentos sensibles de Bárcenas para destruirlos, no para ponerlos a disposición de la Justicia. Para lo que no dudaron en chantajear a su chófer, Sergio Ríos Esgueva, con 48.000 euros de todos los españoles y un enchufazo en el Cuerpo Nacional de Policía posibilitado por el propio Cosidó. Ahora sabemos, además, que hubo 80 agentes que, en vez de estar velando por la seguridad de todos los españoles, se dedicaron a espiar a Bárcenas. La justicia debe llegar hasta el final en sus investigaciones sobre la cúpula de Interior. Casado, por su parte, tiene que depurar responsabilidades en su partido. Todo lo que no sea eso, podría acabar demasiado pronto con una carrera con mucho potencial.

Investigación de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción
Cosidó destinó 80 agentes a espiar a Bárcenas y a rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas y Cospedal
Carlos Cuesta y Manuel Cerdán okdiario 20 Noviembre 2018

Ignacio Cosidó, entonces director de la Policía autorizó el operativo de espionaje contra Luis Bárcenas y su familia para recuperar documentos sensibles que afectaban a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. La misión “extrajudicial” –tal como se lo explicaron a los agentes de campo- contó durante más de dos años con 80 policías del Área Especial de Seguimiento (AES) para controlar de cerca los movimientos del ex tesorero del PP, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo. El dispositivo policial estaba formado por 20 mandos y 60 agentes que estaban divididos en seis grupos de 10 agentes cada uno. Para efectuar los controles se relevaban cada tres días en dos turnos: mañana y tarde-noche.

Las órdenes de los seguimientos las trasladaba directamente el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y el operativo se camuflaba bajo una supuesta investigación contra el terrorismo yihadista para justificar la disposición de recursos humanos. Tal era el secretismo que llegaron a ocultar las pesquisas al mismísimo comisario general de Información, Enrique Barón. A esa misma Comisaría General pertenecían tanto la UCAO como el Área Especial de Seguimiento (AES), ambas ubicadas en edificios contiguos del complejo policial de Canillas.

Mientras García Castaño dirigía a los agentes de la AES, el comisario José Villarejo controlaba al chófer Sergio Ríos y demás topos infiltrados en la familia de Bárcenas, a quien se referían en clave con el nombre de ‘El Gomina’. Sin embargo, quien mantenía el hilo directo con Cosidó era García Castaño. Al menos, eso fue lo que desveló el comisario a sus agentes con quienes solía comer una vez al mes o tomar copas en el pub Calway de Canillas. En más de una ocasión, el comisario les confesó que Ignacio Cosidó “estaba informado de todo”.

La orden que recibió la dotación de la vigilancia policial era no perder nunca de vista el domicilio familiar de los Bárcenas y, principalmente, los movimientos de su esposa Rosalía Iglesias. Las pesquisas no resultaron difíciles porque la mujer del tesorero del PP realizaba la mayoría de sus gestiones en los barrios de Salamanca y Chamberí, en el centro de Madrid.
Así mismo, la seguían hasta un pequeño taller de restauración donde trabajaba cerca de su domicilio y a dos cafeterías de la misma zona.

Los agentes sabían desde le principio que se trataba de una misión “extrajudicial”
Los mandos policiales convencieron a los agentes para que se entregaran en cuerpo y alma al operativo con la añagaza de que “estaban poniendo en peligro la integridad de España y a los políticos que nos gobiernan”. Eso sí, desde el principio supieron que aquello era una misión “extrajudicial” y que el objetivo final era la destrucción de las pruebas.

Según Asuntos Internos, como ya informó OKDIARIO, toda la documentación del operativo –incluidos los papeles sustraídos a Bárcenas– fue conservada por el propio García Castaño, aunque sus superiores estaban convencidos de que la había destruido. Sin embargo, la Audiencia Nacional dispone de documentos que hallaron en el domicilio de Villarejo relacionados con la misión secreta.

Una fuente policial conocedora del operativo contra Bárcenas aseguró a este periódico que tanto Villarejo como García Castaño informaban periódicamente del desarrollo de las pesquisas a la cúpula de la Dirección General de la Policía, incluido su director Ignacio Cosidó.

El fin último de la misión era recuperar los papeles y cintas de Bárcenas que afectaban a altos cargos del PP para retirarlos de la circulación y privar a los jueces de toda esa documentación sensible.

Al menos, esa es la conclusión a la que han llegado los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), que han escuchado las cintas encontradas en el domicilio de Villarejo. En ellas el ex comisario conversa con otros mandos policiales y se refiere de manera explicita sobre el operativo contra el ex tesorero del PP.

Diligencias en la Audiencia Nacional
El juez Diego de Egea ha abierto una pieza secreta dentro de la ‘causa Tándem’ que desde noviembre de 2017 se sigue contra José Villarejo y otros policías. La investigación está también en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto Villarejo como García Castaño ya han solicitado al Juzgado declarar ante el juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Castaño ha pedido al Juzgado que se le exima por parte del Consejo de Ministros de la obligación de secreto del funcionario porque las investigaciones que les afecta están catalogadas de “reservadas”. Villarejo se encuentra en una misma situación.

Los agentes de Asuntos Internos disponen de conversaciones entre Castaño y Villarejo, grabadas por este segundo, en las que ambos se extienden sobre la misión contra Bárcenas para recuperar los documentos que afectaban a miembros del Gobierno y del PP.

Sin embargo, fuentes judiciales declararon a OKDIARIO que para declarar sobre la operación irregular contra Bárcenas los comisarios no necesitan ningún tipo de permiso gubernamental. Y lo argumentan: “En ningún momento el operativo policial fue reservado, en todo caso fue secreto e ilegal”.

Una operación sin móviles privados
Tan secreta era la operación de los funcionarios del Área de Seguimiento que sus superiores les prohibieron hacer uso de sus móviles personales cuando estuvieran de servicio. Tenían las órdenes estrictas de dejarlos en las dependencias policiales y de usar exclusivamente los aparatos operativos de la Policía.

Según ha podido saber OKDIARIO, los agentes que perseguían día y noche a los miembros de la familia Bárcenas estaban aleccionados para preservar la confidencialidad de las pesquisas. Los policías iniciaron los seguimientos meses antes de que Bárcenas ingresara en la prisión madrileña de Soto del Real en junio de 2013.

No marear a los españoles
Cayetano González Libertad Digital 20 Noviembre 2018

En un gesto realmente enternecedor, el presidente del Gobierno anunció urbi et orbi desde Guatemala, donde asistía a la Cumbre Iberoamericana, que si no cuenta con los apoyos necesarios no presentará en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, porque, y aquí está el momento Sánchez, no quiere marear a los españoles… Esto último lo dijo como si los españoles no estuvieran ya suficientemente mareados con los continuos cambios de criterio –"rectificaciones" lo llaman algunos–, ocurrencias, improvisaciones que sobre esta y otras materias llevan a cabo un día sí y otro también el jefe del Ejecutivo y sus ministros.

Con ese argumento de "no marear a los españoles", Sánchez pretende ocultar la obligación constitucional que tiene de presentar los Presupuestos ante el Congreso. El artículo 134.3 de la Carta Magna dice textualmente:

El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Pero es más cómodo falsear la realidad, intentar justificar con medias verdades lo que es injustificable, algo que se ha convertido ya en una pauta de conducta de muchos políticos de uno y otro signo. Si no, véase y sobre todo léase el infumable whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a los miembros de su grupo parlamentario, intentando explicarles lo inexplicable: el acuerdo al que su partido llegó con el Gobierno para entregarle la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial.

La realidad es que si Sánchez no presenta en el Congreso los Presupuestos para el próximo año es por una razón de índole estrictamente política: quiere evitar la derrota y el desgaste que le supondrían un rechazo de las cuentas públicas por falta de apoyo de los partidos independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos. Ni más ni menos. Los daños colaterales da toda la impresión de que están controlados por el inquilino de la Moncloa: gobernará con los PGE de Rajoy y lo que necesite cambiar lo hará a través del sistema, tan poco habitual en política presupuestaria, del decreto-ley.

Respecto a un posible adelanto electoral, el viento sopla a favor de los intereses de Sánchez. Los resultados en Andalucía dentro de doce días previsiblemente confirmarán que el frente PSOE-Podemos se mantiene; que el PP y su nuevo líder, Pablo Casado, tienen por delante una ardua tarea de regeneración y recuperación, si quieren volver a ser una alternativa real de gobierno; que Ciudadanos sigue siendo más una incógnita que una realidad y que Vox puede irrumpir con una presencia que puede ser determinante para la configuración de Gobiernos locales y autonómicos.

Es una obviedad que Sánchez convocará las generales cuando le resulte más conveniente. ¿Antes de las europeas, municipales y autonómicas de mayo? Lo dudo mucho. El Gobierno frentepopulista que conforman PSOE y Podemos necesita ganar tiempo para consolidar su proyecto. ¿Hacerlas coincidir con esas tres elecciones? Tiene sus riesgos, porque el ciudadano medio no está acostumbrado a un superdomingo de cinco urnas con comicios de naturaleza tan diferente. En la lógica de las cosas está que Sánchez aguante como mínimo hasta el próximo otoño; y entonces sí, sobre todo si las municipales y autonómicas le han ido bien, convocará elecciones.

Si además el PP de Casado sigue sin despegar y cometiendo errores tan tremendos como el de la renovación del CGPJ, que tanto ha desconcertado a sus votantes, entonces todo es posible, y más con un presidente tan comprensivo que no quiere marear a los españoles.

Gibraltar desafía toda la política española
Pío Moa gaceta.es 20 Noviembre 2018

*Mientras un gobierno español no se plantee de forma enérgica y perseverante la recuperación de Gibraltar, España no será una nación soberana.

*Inglaterra invade nuestro país por Gibraltar en un punto estratégicamente clave. Y los gobiernos españoles, desde la transición, se declaran amigos y aliados del invasor. Declaran su servilismo y su desprecio a España.

*El gran problema en Gibraltar no se encuentra en Inglaterra, sino en los gobiernos españoles desde la transición: Aquella y estos comparten intereses contrarios a los de la nación española.

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El problema de Gibraltar debe incluirse en un contexto político más amplio para entenderlo propiamente. Los gobiernos españoles llevan cuarenta años apoyando y financiando los separatismos hasta llegar al golpe de estado permanente; han considerado el asesinato terrorista un modo de hacer política y finalmente lo han recompensado; y han fomentado culturalmente una visión negativa del propio país. Se comprende entonces que añadan a sus fechorías la de declararse amigos y aliados del país que invade su territorio. España es probablemente el único país del mundo que ha “disfrutado” de gobiernos semejantes.

Un caso realmente excepcional.
Que esos gobiernos hayan sido también corruptos y difundido la corrupción es, en cambio un rasgo compartido con muchos otros países europeos y de otros continentes. Y lo mismo la extraña política, común a la mayor parte de la UE, de promover al mismo tiempo el aborto masivo y la inmigración masiva de personas de culturas muy distintas e incluso hostiles. Aunque todo forma parte de lo mismo.

Los fenómenos mencionados en primer lugar comenzaron a principios del siglo XX en círculos políticos e intelectuales hasta culminar en el Frente Popular. Derrotado este en la guerra civil, volvieron a cobrar auge cuarenta años después hasta convertirse en políticas oficiales y sistemáticas. Es obvio, por tanto, que el problema de Gibraltar entra en otro mucho más vasto y que solucionarlo exige un nuevo discurso político general. Al mismo tiempo, poner de relieve el significado y alcance de la invasión de nuestro país puede ser un ariete para demoler a una casta política infame, y así debe ser entendido.

A esos gobiernos y partidos les ha interesado siempre mantener la realidad de Gibraltar en un segundo y oscuro plano ante la opinión pública. Y por eso la primera labor consiste en llevarlo al primero. Seguramente hay miles de personas sensibles al problema que, sin embargo, han optado por una pasividad cabreada, ayudando así a aquellos políticos. Pero si ponen algo de su parte para difundir, por los numerosos medios hoy al alcance de cualquiera, los artículos y consignas que todos los lunes saldrán en este blog, estaremos comenzando una labor positiva e indispensable que cada vez se hará más efectiva.

Sánchez hunde la inversión empresarial
José María Rotellar Libertad Digital 20 Noviembre 2018

Los últimos datos publicados muestran claramente que la inversión empresarial ha comenzado a disminuir desde que Sánchez llegó al Gobierno el pasado mes de mayo, a lomos de una moción de censura apoyada en la extrema izquierda, independentistas y nacionalistas. No se trata de un algo opinable, sino de la cruda realidad que muestran las distintas estadísticas publicadas al respecto sobre la inversión empresarial, como son las de Sociedades Mercantiles y la de la Inversión Extranjera en España.

Era de esperar que se diese tan preocupante acontecimiento, debido a que este Gobierno ha sembrado la inseguridad jurídica en todo momento, y no hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad empresarial porque la incertidumbre que ello conlleva retrae las inversiones a realizar ante la duda de que vaya a cambiar la normativa en algún momento de la inversión, con el perjuicio que acarrearía para el inversor correspondiente, de manera que los empresarios se lo piensan dos veces antes de volver a invertir en España.

Los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos doce meses son demoledores en el segundo trimestre de 2018, que recoge ya las dudas de los inversores desde el anuncio de la moción de censura en mayo hasta el primer mes de Gobierno de Sánchez.

Dudas que ha sembrado el propio Sánchez, que llegó diciendo que iba a respetar los Presupuestos aprobados por el Gobierno del PP -sacados adelante con el apoyo del PNV, que luego lo traicionaría- y semanas después no sólo decía lo contrario, sino que presentaba un borrador de Presupuestos acordado con Podemos que suponen un disparate y un grave peligro para la estabilidad de la economía española, además de un caminar errático que pone en guardia a los agentes económicos. Y si no aprueba sus peligrosos Presupuestos, su idea de intentar llevar a cabo sus medidas económicas por decreto tampoco genera confianza en el sistema.

Paralelamente, su posición respecto de Cataluña, donde la Abogacía del Estado no ha querido solicitar que se juzgue por rebelión a quienes la justicia está investigando por intento de golpe de Estado, genera también más desconfianza. Si antes veíamos el efecto del acumulado de los últimos doce meses, la caída interanual de la inversión extranjera -de segundo trimestre de 2017 a segundo trimestre de 2018- es también dramática, con un retroceso del 21,67% en el conjunto nacional, con Cataluña acumulando retroceso tras retroceso, de manera que baja en el mismo período un 16%, pero con el agravante de que en la comparación del primer semestre de 2018 con el primer semestre de 2017, el descenso de la región catalana es de un 40,86%. La "comprensión", cuando menos, de Sánchez y su Gobierno con los independentistas avivará aún más esas dudas y restará mucha inversión extranjera a Cataluña y también al conjunto de España.

Sánchez piensa que su dialéctica vence a todas las adversidades y que, como el papel lo aguanta todo, va a poder pagar ese peaje con los independentistas, gobernar a golpe de decreto, firmar unos Presupuestos bolcheviques con Podemos, contentar a Bruselas y no afectar a las expectativas de los agentes económicos. Obviamente, se equivoca: el pasteleo con los independentistas se paga, forzar las normas por real decreto no es ortodoxo y el populismo presupuestario ataca a la economía.

Así, ese presupuesto eleva el gasto de manera desaforada, con múltiples medidas equivocadas. De esa forma, ligar las pensiones a la evolución del IPC incrementa el gasto en más de 700 millones de euros. Al revalorizar las pensiones más bajas un 3%, el gasto sube en 400 millones de euros más. Otras medidas, como la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, aumentar el ingreso por cuidado de hijos a las rentas más bajas o aumentar la baja por paternidad nos costarán 300 millones de euros más. Adicionalmente, el Gobierno menciona en dicho documento que España tiene un gasto público sobre el PIB insuficiente, que debe incrementarse al menos en 15 puntos porcentuales del PIB en los próximos años, que nos llevaría a un incremento estructural de gasto de 170.000 millones de euros al final de dicho período.

Si a ello le unimos la salvaje subida de impuestos que plantean, con incremento del tipo medio efectivo a unos mínimos del 15% y 18% en el Impuesto de Sociedades, una subida de 5 puntos en IRPF y la introducción de nuevos tributos, como la tasa "Google" o el impuesto a la banca, la generación de miedo y desconfianza en la economía no puede ser peor. Todo ello, dentro del incumplimiento de los compromisos de déficit y deuda acordados en su día con Bruselas y que ahora el Gobierno español quiere superar, con la merma en la credibilidad como país que ello supone. Y mermar la credibilidad como país es mermar la inversión que pueda llegar a España, como ya hemos comprobado que empieza a pasar.

Para remate final, lasubida a 900 euros del salario mínimopone contra las cuerdas a las empresas, que no pueden asumir dicha elevación de costes, de manera que se les lanza un claro incentivo a que cesen en su actividad empresarial, amén de lo que perjudicará a la economía en su productividad, al elevar los costes laborales de manera muy importante, además de incrementar la economía sumergida. Por último, el intervencionismo habido con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, entrometiéndose en la decisión judicial, al corregirla, supone un nuevo descrédito para la economía española, al generar, de nuevo, inseguridad jurídica.

Pues bien, Sánchez cree que todo esto le sale gratis, que no va a tener ningún efecto y que con él España va a progresar. Sin embargo, la realidad va por otro lado. Quienes arriesgan su dinero y se levantan todos los días para generar actividad económica con su negocio, no quieren inseguridad, ni gasto público desmedido que incremente la deuda y que haga que les cobren más impuestos, ni salarios artificiales que no puedan pagar porque les arruinen la cuenta de resultados vía costes, y ese miedo lo están demostrando, como demuestra la última estadística de Sociedades Mercantiles publicada por el INE.

Así, podemos observar cómo se ha producido una bajada constante desde el mes de junio, momento en el que Sánchez llega al Gobierno, con una caída importante en el número de empresas creadas, que pasa de 8.830 empresas en mayo a 5.886 en septiembre.

Del mismo modo, podemos ver también cómo eso supone una reducción al comparar la generación de empresas de junio a septiembre de 2017 con el mismo período de 2018, cuando ya gobernaba Sánchez, con un descenso del 1% en la creación de empresas. Si el análisis es interanual, el descenso con el Gobierno de Sánchez es todavía mayor, del 4,4%.

Por último, esta sangría empresarial se completa tristemente con el incremento del número de sociedades disueltas en España. Si entre junio y septiembre de 2017 se disolvieron 5.140 empresas, entre junio y septiembre de 2018, es decir, desde que gobierna Sánchez, se han disuelto 5.305 sociedades, es decir, un 3,2% más de destrucción de tejido empresarial.

Esto es sólo el principio; un inicio muy triste, ciertamente, pero que puede ser mucho peor de persistir el Gobierno de Sánchez, controlado por el populismo de extrema izquierda, los independentistas, el antiguo brazo político de ETA y los nacionalistas. Las empresas comienzan a no querer invertir en España o a retrasar sus planes de inversión o de expansión porque no se fían de la política que llevan a cabo Sánchez y sus socios.

Eso repercute directamente en la actividad económica y el empleo, que, de seguir así, comenzarán a caer, y, por tanto, en la prosperidad de España. Cuesta mucho recuperar la confianza de inversores y agentes económicos, pero muy poco destruirla, destrucción que Sánchez se ha propuesto hacer con mucho esmero y que ya va consiguiendo, al iniciar el hundimiento del tejido productivo.

La retirada del Estado de Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2018

Pedro Sánchez debe el poder a los responsables de este deplorable estado de cosas. A los golpistas que están devastando Cataluña. Son estos días negros para el Principado y para el resto de España.

Una de las causas de la hegemonía que detenta el separatismo en Cataluña es la desaparición progresiva de las instituciones y los símbolos del Estado en el Principado. El entreguismo de PP y PSOE y sus Gobiernos por mero oportunismo y por un acomplejamiento tan injustificado como suicida han contribuido sustancialmente a la retirada del Estado en Cataluña, que ha quedado así en manos de partidos e individuos indeseables y profundamente liberticidas con una furiosa animadversión a España y a la propia Cataluña, que no se termina de someter a sus delirios.

Los nacionalistas han explotado esas debilidades de PP y PSOE y sus respectivos Gobiernos para controlar férreamente la enseñanza, ocupar los medios de comunicación públicos y privados, erradicar la lengua española de la Administración y la educación y hacer cada vez menos visible al Estado. Para esto último es de capital importancia poner en la mira a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y eso es lo que no dejan de hacer los separatistas catalanes.

Pero lo peor, lo más intolerable y escandaloso es que el Gobierno está facilitando a los nacionalistas devenidos separatistas golpistas la consecución de sus objetivos primordiales. Así, desde 2012 se ha reducido en un millar el número de policías nacionales y guardias civiles presentes en Cataluña; precisamente en ese año fue cuando el golpe de Estado catalanista echó a andar, de la mano del infame president Artur Mas.

Dado el panorama, no es de extrañar que el separatismo violento se esté volcando en aterrorizar a la población desafecta y en escrachar a personalidades como el juez Pablo Llarena o a dirigentes de las fuerzas políticas constitucionalistas.

La situación en Cataluña es crítica, y lo peor es que no cabe esperar mejora alguna, pues Pedro Sánchez debe el poder a los responsables de este deplorable estado de cosas. A los golpistas que están devastando Cataluña. Son estos días negros para el Principado y para el resto de España.

Policía y Guardia Civil han perdido casi un millar de efectivos en Cataluña desde 2012
La crisis económica provocó un retroceso general en todo el país. El Instituto Armado reforzó su plantilla en la región en 2017
J. Arias Borque Libertad Digital 20 Noviembre 2018

La presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña ha disminuido considerablemente en los últimos años. Entre los años 2012 y 2017 casi un millar de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han salido de sus puestos en la comunidad autónoma, ya sea por cambio de destino, por abandono de la actividad policial o por jubilación, y no han sido restituidos por nuevos agentes que pasaran a cumplir sus funciones.

Los datos facilitados por el Gobierno de Pedro Sánchez al parlamentario de PdCAT en el Congreso de los Diputados Feliu Joan Guillaumes dicen que a 31 de diciembre de 2012 estaban destinados en la región un total de 7.093 policías y guardias civiles. En esa misma fecha, pero del año 2017, el número de agentes había disminuido hasta 6.184. Y eso que en ese último año se registró un pequeño repunte respecto al año anterior.

Como se ha mencionado, a finales de 2012 había 7.093 agentes estatales. Un año después se habían perdido 175 agentes y el número se situaba en 6.918. A finales de 2014 la cifra era de 6.755, con un descenso de 163 efectivos respecto al año anterior. La bajada prosiguió en 2015, año que se cerró con 6.321 agentes, 434 menos que doce meses antes. En 2016 se perdieron otros 187 agentes y se cerró el año con 6134 efectivos. Tras un leve repunte de 50 agentes, el año 2017 se cerró con 6.184 efectivos desplegados en Cataluña.

El cuerpo estatal con mayor presencia en la región es la Guardia Civil. Los datos gubernamentales dicen que a finales de 2012 tenía 3.602 agentes desplegados en Cataluña, una cifra que descendió hasta 3.325 un año después. En los siguientes años, la cifra de efectivos en la región continuó bajando: 3.453 (2013), 3.224 (2015) y 3.190 (2016). Su presencia se vio reforzada en más de un centenar de agentes en 2017 y concluyó ese año con 3.325 efectivos.

Ligeramente inferiores son los números de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña. A finales de 2012 tenía 3.491 agentes en el territorio. Al contrario que sus compañeros de la Guardia Civil, no han tenido ningún repunte de efectivos durante todos estos años y no han parado de perder efectivos. En 2013 pasaron a 3.393 policías; en 2014 a 3.302; en 2015 a 3.097 agentes; en 2016 a 2.944 y, finalmente, en 2017 a 2.859 policías.

La perdida de efectivos es algo que ha sucedido durante estos años en todas las regiones. La grave crisis económica hizo que los gobiernos no convocarán ofertas de empleo público para las Fuerzas de Seguridad y que, cuando sí lo hicieron, el número de plazas que ofertaban fuera muy inferior al de número de agentes que se estaban perdiendo durante esos años por cambio de destino, por abandono de la actividad policial para pasarse al sector privado o por haber llegado a la jubilación.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

"Ignorancia que raya el delito"
Pablo Planas Libertad Digital 20 Noviembre 2018

El viento gira a favor de los golpistas, cuyas defensas acumulan munición graciosamente proporcionada por el PP y el PSOE para desactivar los procedimientos judiciales relativos al golpe de Estado separatista. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro será reclamado como testigo de la acusación para que ratifique en la vista aquello que dijo de que no se había gastado ni un euro público en la organización y celebración del referéndum ilegal. Y es más que probable que citen también a Ignacio Cosidó, el portavoz en el Senado del PP que ha tenido la ocurrencia de mandar un mensaje al chat de WhatsApp de su grupo, 146 parlamentarios, en el que se jacta de la chapuza de apaño con el PSOE para la renovación del Poder Judicial.

Cosidó pretendía salir al paso de las críticas en sus propias filas por el obsceno cambalache con el Gobierno, cuya primera derivada ha sido descabezar al tribunal que juzgará a los procesados por la intentona secesionista. Y no se le ocurrió nada mejor que presumir de la maniobra con el endeble y torticero argumento de que el prestigio de Marchena pondría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los pies del magistrado apartado por elevación de la causa del 1-O. Un delirio en formato de mensaje de texto que mina el crédito del jurista aludido y revela la estulticia de los patrocinadores populares del acuerdo con el Gobierno para dinamitar la resistencia del Tribunal Supremo frente a los golpistas.

A mayor abundamiento, Cosidó presume de que el reparto judicial es una "jugada estupenda". "Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61", añadía el portavoz en el Senado del PP en su disparatado mensaje. La sala segunda es la que asume los casos de los aforados y la 61 fue la que ilegalizó a Batasuna, según detalla el texto del whatsapp. Como es obvio, los golpistas colegas de Otegi y la izquierda que llama "fascista" a Ortega Lara se han apresurado a lanzar las campanas al vuelo ante la supuesta confirmación de que el CGPJ y el Supremo sólo son un carajo politizado al servicio de los partidos al mando, razón por la que no piden la dimisión del senador sino la de Marchena y los magistrados que no les bailan el agua.

Tras forzar el Gobierno a la Abogacía del Estado a que rebajara las acusaciones contra los procesados por el golpe, el último gran favor de los encausados es el whatsapp de Cosidó, gentileza del PP para alimentar la campaña separatista contra los jueces y los fiscales, material de primera para desacreditar al Poder Judicial e invalidar cualquier fallo que no sea la absolución de los acusados. "En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abrazo fuerte". Así acababa el mensaje del todavía senador Cosidó a sus colegas de bancada.

¿Pero de qué diablos queréis hablar con los nacionalistas?
Alejandro Tercero cronicaglobal 20 Noviembre 2018

Decía Lluís Bassets este domingo en las páginas de El País que los dirigentes independentistas en prisión preventiva por su participación en el intento de secesión unilateral del otoño pasado “son víctimas” --de la dureza del juez Llarena, de los compañeros que huyeron y del entorno que tomó decisiones similares impunemente-- y mostraba “toda la simpatía” para con ellos.

Su benevolencia no acababa ahí. “Con ellos en la cárcel no puede haber normalidad. Hay que sacarlos de la prisión, primero con el levantamiento de la prisión provisional, después con buenas defensas jurídicas y finalmente con medidas de gracia, tanto por su bien como por el bien del país, para que haya normalidad”, añadía el responsable de la edición catalana del diario del Grupo Prisa.

Se equivoca. La prisión preventiva de los responsables del procés es, precisamente, un signo de normalidad democrática, es la confirmación del normal funcionamiento del Estado de derecho. De hecho, que los promotores del intento de ruptura unilateral de la integridad territorial del Estado --de forma violenta y/o tumultuosa-- estén provisionalmente en la cárcel es posiblemente el mejor síntoma de normalidad de una democracia moderna equiparable a cualquier otra de nuestro entorno.

La exigencia de “sacar” a los presos de la cárcel se circunscribe en la estrategia que una parte de la izquierda española entiende como la mejor posible para solucionar el problema del nacionalismo catalán y que pasa por el diálogo, la mano tendida y la negociación.

Pero yo me pregunto: ¿de qué diablos quieren hablar con el nacionalismo catalán? ¿De qué quieren hablar con los que hace solo unos meses trataron de dar un golpe al Estado? ¿De qué quieren hablar con quienes ni se arrepienten de haberse saltado la legalidad constitucional ni se han comprometido a no volver a saltársela? ¿De qué quieren hablar con los que siguen justificando el envío de niños y mayores a hacer de escudos humanos el 1-O? ¿De qué quieren hablar con los que lanzan ultimátums al Gobierno para que libere a los presos --encarcelados por una decisión judicial-- y acepte un referéndum independentista si quiere su apoyo a los presupuestos --aunque luego no se atreven a abrir las cárceles que ellos mismos gestionan--? ¿De qué quieren hablar con los que amparan los actos violentos de los CDR y de Arran? ¿De qué quieren hablar con los que aseguran estar esperando el “momentum” para proclamar de nuevo la república catalana? ¿De qué quieren hablar con los que siguen preparando un gobierno paralelo en Waterloo e incluso maniobran para investir president al fugado Puigdemont? ¿De qué quieren hablar con los que prometen seguir aplicando la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán pese a haber sido ilegalizada por los tribunales? ¿De qué quieren hablar con los que tildan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de “delincuentes” y al Estado de “fascista”? ¿De qué quieren hablar con los que amenazan con “no aceptar” la sentencia del procés? ¿De qué quieren hablar con los que hasta barajan la posibilidad de recuperar al principal responsable del procés, Artur Mas?

¿Y dónde ponemos el límite, según la izquierda de salón? ¿Los sacamos de la cárcel pero no dejamos que regresen los fugados? ¿Por qué no? ¿O sí? ¿Y lo siguiente qué será, que nos olvidemos del golpe al Estado?

Es cierto que la política de acercamiento del Gobierno al independentismo ha ayudado a profundizar en su división, a dejar más patente su radicalismo a los ojos del mundo, aunque todo indica que ese no era su principal objetivo sino que respondía a un intento de evitar un adelanto electoral dada la aritmética parlamentaria.

El sentido de Estado que algunos reclaman no debería pasar por recuperar la estrategia del contentamiento que nos ha llevado hasta aquí. No es momento de nuevas cesiones ni de negociaciones. El independentismo debe asumir el coste de sus errores sin que ninguna mano tendida le ayude a salir del fango en el que él solo se ha hundido, y más aún cuando se ha conjurado para volver a las andadas en cuanto disponga de otra oportunidad.

No es por ejército: es por español
Cristina Losada Libertad Digital 20 Noviembre 2018

El Ministerio de Defensa, así se anunció en la prensa, no iba a enviar representación a la próxima edición del Salón de la Enseñanza de Barcelona. El Ejército estaría ausente por primera vez desde que comenzó a participar, en 2001. La decisión, que luego desmintió la ministra Margarita Robles, se atribuyó ipso facto al pronunciamiento de Ada Colau hace un par de años. Entonces, la alcaldesa de Barcelona aprovechó que se acercaron a saludarla dos militares del stand para decirles: "Ya saben que nosotros preferimos que no haya presencia militar en el Salón. Por lo de separar espacios. Simplemente. Jajá". El Ayuntamiento barcelonés había aprobado antes una declaración para que en el Salón no estuviera el Ejército, a fin, decía, de favorecer espacios educativos libres de armas. ¡Libres de armas! Tal y como si el stand del Ejército consistiera en una exhibición de armamento. Lo que hay que inventar para que una decisión política parezca lo que no es.

La retirada del Ejército del Salón no era reclamación exclusiva de Colau. Aunque fueron aquellas chirriantes palabras suyas, que encajaron con cortesía y civilidad los militares. las que alcanzaron notoriedad por haber quedado recogidas en vídeo. Un vídeo que, visto hoy, aún provoca que uno se sienta infinitamente más cerca de los dos militares contrariados que de quien les dice que no son bienvenidos. Pero la expulsión de las Fuerzas Armadas de un evento al que asistían con perfecta normalidad y plena justificación era una reclamación del separatismo catalán. Un separatismo del que Colau es mero apéndice prescindible.

El nacionalismo catalán, del que el separatismo es continuación, siempre ha tenido entre sus propósitos el de erradicar cualquier presencia de España en Cataluña, incluido naturalmente la de las instituciones del Estado: desde la Administración de Justicia hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pasando, cómo no, por las Fuerzas Armadas. Si la ministra de Defensa hubiera retirado al Ejército, se habría plegado a la continuada presión separatista para hacer desaparecer de Cataluña todo vestigio de las instituciones estatales. De ahí la gravedad.

Después está la palabrería. El separatismo, igual que el apéndice Colau, recubre su rechazo a la presencia del Ejército en el Salón de palabrería antibelicista. Así lo hizo la mayoría independentista del Parlamento catalán en 2016, al aprobar una moción para desarrollar la "cultura antibélica". La presentó la CUP alegando, entre otras cosas, que un desfile de la Legión "con la cabra y todo" había molestado a los vecinos de un barrio barcelonés. La cabra, ya se sabe, es lo más belicoso que tiene el Ejército. Pero también lo hizo Puigdemont, al tiempo que su Gobierno intentaba conseguir que los Mossos dispusieran de munición de guerra, puesto que a la policía autonómica no la quieren desarmada ni adiestrada en "cultura antibélica". Y todo ello a la vez que, en su delirio futurológico, diseñaban los planes de defensa para la república catalana.

Quede claro: no quieren echar al Ejército del Salón de la Enseñanza por ejército, sino por español. Es buena noticia que ese intento de expulsión no haya tenido finalmente el plácet de la ministra Robles.

La tesis de Pedro Sánchez
Podemos encubre a Sánchez: plantará al PP en la comisión de investigación de su tesis plagiada
Segundo Sanz okdiario 20 Noviembre 2018

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea adoptará en la comisión de investigación sobre el plagio en la tesis doctoral de Pedro Sánchez el mismo plante que mantiene en la actual de financiación de partidos políticos. Así procederá, según avanzan fuentes de la formación morada consultadas por OKDIARIO, si el PP sigue el mismo criterio que en dicha comisión constituida en 2017.

La formación de Pablo Iglesias ya se negó a participar en la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos creada el año pasado con el argumento de que el PP se valía de su mayoría absoluta en el Senado para rechazar que fueran citados dirigentes o exdirigentes populares relacionados con casos que se encuentran en los tribunales, como los papeles de Bárcenas. Los populares explicaron entonces que no tenían sentido estas citaciones en la Cámara Alta cuando ya se estaban produciendo en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Ahora, Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que también sean llamados a la comisión de investigación de la tesis doctoral el actual presidente del PP, Pablo Casado, o la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Con todo, las fuentes citadas apuntan que sí se registrarán en la comisión para poder tener acceso a la documentación solicitada a terceros que vaya recibiendo la misma. Sin embargo, no asistirán a las sesiones.

En el debate plenario sobre la creación de dicha comisión, la senadora y portavoz adjunta de Unidos Podemos, Maribel Mora, calificó de “oportunista” la iniciativa de los populares y de “cortina de humo para tapar el ruido que suena cada vez que afloran nuevos casos de corrupción”. “Estarán de acuerdo conmigo en que en casos como el de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes, en los que, nada más y nada menos el Tribunal Supremo y el juzgado de instrucción que investiga el caso han dicho que hay indicios suficientes de que les regalaron el título de máster de una universidad, además pública, sería también indignante, y más siendo cargo público”, señaló Mora a la bancada popular.

Casado, exonerado
Pese a estas afirmaciones de la senadora morada, lo cierto es que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo rechazó el pasado septiembre abrir una investigación al presidente del PP, Pablo Casado, por el máster que realizó en la URJC durante el curso 2008-2009. El líder de los populares quedó así exonerado de las penas de telediario.

Los cinco magistrados de la Sala, acogiendo los argumentos del Ministerio Fiscal, señalaron que no apreciaban “indicios consistentes” de su supuesta participación delictiva. Además, señalaban que no concurría “el concierto de voluntades” que exige el delito de prevaricación, el único ilícito que se podía imputar, puesto que el de presunto cohecho ya estaría prescrito.
 


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