Recortes de Prensa, Enero 1998
Funcionarios recurren ante el TC la ley del catalán por vulnerar al menos cinco artículos.
Madrid. Jose A. Pérez, ABC 3 enero 1998

#Vidal-Quadras denuncia que en el Parlamento catalán hay un colaborador del terrorismo
Barcelona. ABC 3 Enero 1998

Una escuela de euskera enseña a conjugar verbos con ilustraciones de un atentado con "cocktail molotov"
J. J. Saldaña, ABC 9 Enero 1998

#La sinrazón de la razón: Un vigués lleva diez años pidiendo al Ayuntamiento que le envíe los recibos municipales en castellano.
María Jesús Argibay, corresponsal,. El Mundo (Galicia), 29 Enero 1998

Funcionarios recurren ante el TC la ley del catalán por vulnerar al menos cinco artículos.
Aseguran que margina a los castellanohablantes y coarta la libertad lingüística

Madrid. Jose A. Pérez, ABC 3 enero 1998
La polémica ley del catalán empieza a ser respondida desde diversos ámbitos. La normativa aprobada esta semana por el Parlamento autonómico ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo al tiempo que se ha formulado una petición para que la Presidencia del Gobierno formule recurso de inconstitucionalidad. Casi a la vez, desde Barcelona se ha formulado un segundo recurso por la vía contencioso-administrativa.

La acción judicial dirigida contra la Ley de Política Lingüística de Cataluña se ha dirigido por dos vías. En primer lugar, con la presentación del citado recurso de amparo ante el Constitucional y la formulación de una petición a la Presidencia del Gobierno para que ejercite recurso de inconstitucionalidad contra la ley del catalán.

Los denunciantes, la Asociacion de funcionarios públicos «Manos Limpias» -que agrupa a más de dos mil trabajadores públicos de toda España- recordaron ayer que para formular recurso de inconstitucionalidad es necesario hacerlo por una de estas cuatro vías: la Presidencia del Gobierno -la elegida en este caso-, el Defensor del Pueblo, la firma de cincuenta diputados o de cincuenta senadores. La Asociación «Manos Limpias» considera que «si el Ejecutivo es coherente con el voto negativo de su partido en el Parlamento catalán contra la polémica Ley, promoverá las acciones correspondientes para hacer efectivo el recurso de inconstitucionalidad».

Constitución vulnerada
Las iniciativas, el recurso de amparo y la petición a la Presidencia del Gobierno, están fundamentadas en la denuncia de que al menos se habrían vulnerado cinco preceptos constitucionales con la normativa promovida por el Gobierno de la Generalidad. Así, los denunciantes estiman que se han podido vulnerar los artículos 3, 9, 14, 20 y 27 de la Constitución.

Asimismo, la denuncia basa su escrito en siete hechos puntuales. Según el escrito presentado ante el Constitucional, la ley del catalán «sitúa a los ciudadanos castellanohablantes de Cataluña en una posición de inferioridad, marginación y desigualdad» al establecer «cuotas y sanciones».

Estiman los denunciantes que la normativa «coarta la libertad de usos lingüísticos en los ámbitos económico, social y cultural». Además, consideran que «esta ley consagra el modelo de inmersión lingüística generalizada y obligatoria que impide a las familias elegir libremente la lengua de escolarización de sus hijos».

El escrito denuncia que «se introducen arbitrariamente barreras culturales que dificultarán la entrada en el mercado de trabajo a quienes pretendan hacerlo» y «expulsa del uso oficial y público en Cataluña a la lengua castellana».

La denuncia presentada asegura, asimismo, que al imponer el catalán, como única lengua de la enseñanza, «imposibilita el objetivo de que todos los alumnos alcancen in dominio igualmente correcto de las lenguas catalana y castellana», al tiempo que cree que «se contemplan actuaciones administrativas contra los funcionarios públicos, empresarios y comerciantes que no cumplan con la normativa».

Además, de estas justificaciones, la denuncia recoge que «las recomendaciones del Consejo consultivo de la Generalidad donde se advertía de la existencia de varios preceptos presuntamente inconstitucionales no han sido tenidos en cuenta».

En su escrito, la Asociación de funcionarios «Manos Limpias» recuerda que «está legitimada para interponer recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo», interés que considera afectado por la mencionada ley al creer que «aparte de la sociedad en general y de los interlocutores sociales, se encuentran afectados los funcionarios públicos de la Comunidad de Cataluña y del resto de España que, de acuerdo con la normativa vigente, pueden trasladarse y permutarse a la Comunidad de Cataluña».

Segunda denuncia
Al tiempo que ABC tenía ayer conocimiento de esta denuncia, se anunciaba en Barcelona que el Partido de Acción Demócrata Española (PADE) ha anunciado también su intención de recurrir la ley del catalán por vía contencioso-administrativa, ya que consideran que el texto vulnera cuatro artículos de la Constitución Española relativos a los Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

En un comunicado, el PADE afirma que la Ley vulnera los artículos 14, 19, 20 y 27 de la Constitución, encuadrados dentro del Título Primero de la Carta Magna, que hacen referencia a la no discriminación por razón de lengua y nacimiento, el derecho a elegir libremente la residencia, el derecho de expresión y a la educación en la lengua propia, habitual y materna.

El PADE considera evidente la inconstitucionalidad de la Ley de Política Lingüística de la Generalidad y afirma que atenta «gravemente al interés general de España».

Vidal-Quadras denuncia que en el Parlamento catalán hay un colaborador del terrorismo
Barcelona. ABC 3 Enero 1998

Barcelona. El senador y ex presidente del Partido Popular catalán, Aleix Vidal-Quadras, denunció ayer que existe «un colaborador del terrorismo» dentro del Parlamento de Cataluña y exigió que se abra de inmediato una investigación para descubrir quién envió a los diputados del PP trozos de la bandera española con manchas de sangre simulada.

Los diecisiete parlamentarios del PP catalán recibieron el pasado martes en sus buzones de la cámara catalana otras tantas cartas anónimas con fragmentos de banderas españolas manchadas con tinta roja, simulando sangre, y con acusaciones de lerrouxistas.

Vidal-Quadras ha reclamado, en declaraciones hechas a la agencia Efe, una investigación «urgente» para conocer «quién desde dentro del Parlamento catalán colabora con terroristas» y ha atribuido las cartas amenazantes a «grupos radicales y fanáticos».

Las cartas, que llegaron al Parlamento autonómico el mismo día en que se debatía la nueva ley del catalán, no llevaban el sello de «revisado» de los Mossos d'Esquadra que custodian la cámara, por lo que se deduce que fueron introducidas por alguien con acceso a los buzones de los parlamentarios.

Tras calificar de «grave» la posibilidad de que alguna persona del interior del Parlamento pueda dedicarse a «distribuir amenazas» y a «colaborar con terroristas», Vídal Quadras ha apuntado que los diputados del PP «estamos sometidos a un peligro permanente». «El otro día fue una carta, pero otro día pueden poner una bomba o cometer un atentado», ha advertido el senador y diputado autonómico popular.

Vidal-Quadras se ha mostrado convencido de que si Jordi Pujol convierte un hipotético adelanto electoral en Cataluña «en un acto de hostilidad manifiesta» contra el PP, «el Gobierno naturalmente tomará sus medidas».

En esta línea, el senador ha criticado las «contínuas declaraciones contradictorias» del portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Joaquin Molins, sobre la estabilidad del pacto PP - CiU. «Estos bailoteos, que dicen muy poco de la seriedad de un político, no son presentables», apuntó después de conminar a los nacionalistas catalanes a que «si están por mantener el pacto que lo hagan, y si quieren romper que lo rompan y dejen de marearnos».

Críticas a los populares
El portavoz del Partido por la Independencia (PI), Alberto Roig, afirmó, por su parte, que el PP atenta «contra la libertad y la convivencia» en Cataluña al no aceptar la ley del catalán que, a su juicio, «alimenta su alma lerrouxista». Roig apunta en un comunicado que las declaraciones de Vidal-Quadras y del vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, sobre la ley del catalán suponen «atentados contra la libertad y la convivencia lingüística».

Para el portavoz del PI, Álvarez-Cascos y Vidal-Quadras «son la misma cosa: la representación de la España rancia y la concepción totalitaria del Estado sin respetar la diversidad pluricultural, plurilingüística y plurinacional». En la misma línea, el PI califica al Partido Popular como «los herederos de la dictadura más sangrante que ha existido en el estado español con los cuarenta años de franquismo»

Una escuela de euskera enseña a conjugar verbos con ilustraciones de un atentado con "cocktail molotov"
El material subvencionado por el Gobierno vasco, tiene dibujos con policías que fusilan a personas indefensas.

Vitoria. J. J. Saldaña, ABC 9 Enero 1998
La preparación y comisión de un atentado con «cocktel molotov» forma parte del material didáctico que profesores de la Red IKA, subvencionada por el Gobierno vasco, entregaron a sus alumnos a finales del año pasado. Las viñetas, que muestran paso a paso como se prepara y se lanza el artefacto incendiario, "sirven" al parecer para practicar la conjugación de tiempos verbales. En otras Ilustraciones se propone a los estudiantes que redacten un comentario en euskera sobre una imagen en la que aparece una especie de fusilamiento policial a ciudadanos indefensos. Uno de los agentes apaarece con un puñal clavado en la espalda.

Agentes de policía apuñalados, fusilamientos de ciudadanos en una manifestación, forman parte del «material» escolar

Uno de los ejercicios para conjugar verbos enseña, paso por paso, cómo se elabora y lanza un artefacto incendiario.

Ambos ejercicios forman parte del material didáctico propio que utiliza la coordinadora de alfabetización y euskaldunización IKA, que ya fue denunciada con anterioridad en estas mismas páginas por incluir en un test la palabra «cipayo», término inexistente en euskera con el que en sentido peyorativo los simpatizantes etarras se dirigen a los ertzainas.

IKA, al Igual que la otra red de centros denunciada recientemente por plantear a sus alumnos la realización simulada de un secuestro, recibe subvenciones públicas. Según ha podido saber ABC, profesores de IKA plantearon a sus alumnos a finales del mes de diciembre la realización, entre otras, de dos pruebas. En una de ellas, los alumnos reciben una clase práctica sobre las instrucciones de cómo preparar un «cocktel-molotov». La prueba consiste en redactar y ordenar los seis verbos que se detallan con otras tantas viñetas en las que se observa como un muchacho manipula uno de esos artefactos. Los verbos que los alumnos deben conjugar y que acompañan a las viñetas son los siguientes: colocar, comprar, llenar (gasolina), meter (el pañuelo), encender (la mecha) y lanzar.

Los alumnos de este centro no sólo aprendieron esta lección antes de finalizar el año, sino que sus profesores vambién les propusieron la realización de un ejercicio práctico consistente en analizar la escena que contenía una fotocopia que se distribuyó en la clase. La imagen (arriba, a la izquierda) reproduce un enfrentamiento con la policía. En ella, un policía, al que acompañan otros dos agentes que se encuentran heridos (uno de ellos apuñalado por la espalda) acaba de matar a un cura y apunta a una muchedumbre que está colocada en los bajos de un edificio en una postura que simboliza el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Mientras, un perro le gruñe y un encapuchado le apunta desde la ventana del primer piso con una especie de lanzagranadas. El encapuchado parece estar cubriendo a un secuestrado que alarga su mano pidiendo socorro por debajo de la persiana de la habitación de al lado. En el otro lado de la imagen, a la derecha de la fotocopia, un coche de policía entra en la escena arrollando a una persona, mientras que otro individuo arroja una bomba contra el grupo de policías situado en un callejón y al que le corta el paso un piano.

El partido Unidad Alavesa, que denunció ayer este hecho, ha anunciado que presentará hoy mismo una iniciativa en el Parlamento vasco en la que solicitará al Gobierno autonómico que ponga a disposición de la Cámara tofo el material didáctico, que se emplea en estos centros de «euskaldunización».

Asimismo, propondrá la realización de un debate monográfico en el Parlamento vasco sobre la educación que se está dando en el País Vasco. Para el parlamentario vasco y responsable de Educación en UA, Javier Moraza, «casos como este de apología del terrorismo y cobertura de la violencia son los que dañan al euskera y no las críticas al sistema educativo» y subrayó que la responsabilidad de lo que está sucediendo en estos centros es tanto del consejero de Educación, Ignacio Oliveri, como de la portavoz y consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia.

«Estos dos casos evidencian lo que todos sabemos, aunque los alumnos no se atrevan a denunciarlo en muchos casos por miedo. Sabemos que esto ocurre y lo que no puede ser es que se continúe sin poner medidas" subrayó. Moraza recordó que e1 15 por ciento de los jóvenes del País Vasco se mueven en la subcultura de la violencia y emplazó al Ejecutivo autónomo a quede una vez por todas controle lo que sucede en estos centros y en algunas de las ikastolas mediante la puesta en marcha de un servicio eficaz de inspección porque «no podemos permitir que se siga educando en el odio».

La sinrazón de la razón
María Jesús Argibay, corresponsal,. El Mundo (Galicia), 29 Enero 1998

Un vigués lleva diez años pidiendo al Ayuntamiento que le envíe los recibos municipales en castellano.

VIGO.- Con toda seguridad más de uno recordará al entrañable Paco Martínez Soria en su papel de Don erre que erre. En esta comedia el actor español interpreta a un honrado trabajador que se enzarza en un duro y largo litigio contra un banco para que le abone algo más de 200 pesetas que le pertenecen y que le habían robado durante un atraco.

Y de esta forma el buen hombre no acepta ninguna alternativa que no sea la devolución de lo que es suyo. Derecho que, al fin y al cabo, le corresponde y que no admite trocar por el simple hecho de que «le den la razón».

Esta peripecia es extrapolable a la década de los 90 y al caso de Luis Rodríguez Pérez, un vecino vigués que lleva algo más de diez años pidiendo que el Ayuntamiento de Vigo atienda uno de sus derechos: la emisión de los recibos de tasas municipales en castellano/español y no en gallego.

Luis Rodríguez afirma que él lo único que persigue con su petición es que se le reconozca un derecho que le corresponde «por ser español ya que viene reconocido en la Constitución» y así se refiere al artículo 3º, en el que se indica que el castellano/español es la lengua oficial del Estado y que todo español tiene el deber y el derecho de conocerla.

"NO PAGO".- Este argumento resultó más que válido a este hombre para respaldar su petición y para adoptar una postura reivindicativa: no pagar ningún recibo municipal que no fuese remitido en castellano o «español», como prefiere decir Luis Rodríguez.

Su decisión de no abonar las cantidades correspondientes al impuesto de matriculación del vehículo, así como el de recogida de basura, ha tenido respuesta en los últimos días. Hasta su casa llegó una misiva del banco en el que tiene su cuenta corriente informándole acerca del embargo de la cantidad que debe al Ayuntamiento de Vigo desde los últimos cinco años, cantidad que oscila alrededor de las 50.000 pesetas.

Esta decisión incrementa el malestar de Luis y le ha llevado asegurar que «se siente totalmente indefenso porque aún sabiendo que la razón está de su parte, no se la dan y, finalmente, se le está negando un derecho en un Estado que, se dice democrático».

Luis Rodríguez ha realizado infinidad de llamadas y ha enviado numerosos escritos al Ayuntamiento requiriendo que se le haga llegar la documentación en castellano/español y no en gallego, petición que incluso trasladó al Defensor del Pueblo para conocer hasta qué punto «tiene o no razón, porque si le dicen que la ley no respalda sus argumentos, él será el primero en encajar en el intento y aceptar las cosas como son».

Razón que no le quitó el Defensor del Pueblo que explica en un escrito que, en los documentos tramitados en las comunidades autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente, «si bien en cualquier caso se deben traducir al castellano/español los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la comunidad autónoma y los dirigidos a los interesados que lo soliciten expresamente».

Algo que, según explica Luis Rodríguez, ha hecho en reiteradas ocasiones sin obtener una respuesta satisfactoria.

«Todos están de acuerdo en que mi reivindicación es justa. Pero yo no quiero que me den la razón, quiero que me reconozcan mi derecho», apunta Luis Rodríguez.

Niega que sea su intención la de no abonar las cantidades que se le cobran al mes mostrando su disposición a pagar la deuda contraída con el Ayuntamiento «en el mismo momento que se le remitan los recibos en castellano/español».

Afirma que pensó en iniciar trámites legales contra el Ayuntamiento, una cuestión que finalmente desestimó porque «los costes resultarían demasiado elevados».

Y por esta razón inauguraba esta semana enviando su petición al alcalde de Vigo, Manuel Pérez; al Concejal de Hacienda de Vigo, José Antonio Gil Sotres; al consejero de Justicia, Jesús Palmou, y a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

Según indicaron fuentes municipales, la traducción de los documentos oficiales debe hacerse si así lo requiere un usuario, algo que suele darse en pocos casos.

Con relación al caso particular de este ciudadano afirman que es raro que no se haya atendido, e indicaron que «en algunas ocasiones se tarda más que en otras pero al final se traduce porque legalmente tiene derecho».

Y mientras tanto Luis Rodríguez Pérez tiene clara una cosa, que no le importa convertirse en un Don erre que erre mientras que «lo sea defendiendo sus derechos».

(N.E: este problema sigue en la sección de cartas, con una para el Defensor del Pueblo y otra para el Alcalde de Vigo, en el boletin 1398 ).