AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 1 Marzo 2000
#Los vascos
Editorial El País 1 Marzo 2000

#IBARRETXE DEBE PROPORCIONAR LA CALMA QUE RECLAMA
EDITORIAL El Mundo 1 Marzo 2000

#Más acá de Austria
José Luis Manzanares La Estrella 1 Marzo 2000

#Una idea de España 
 CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 1 Marzo 2000  

#Los héroes 
JAIME CAMPMANY ABC 1 Marzo 2000  

#Los calambres del discurso político 
Manuel Jiménez de Parga, Catedrático de Derecho Constitucional ABC 1 Marzo 2000

#Di Caprio, sí; «Ajoblanco», no 
M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Marzo 2000  

#El «censo» de ETA lo forman 600 activistas, entre dirigentes, pistoleros y colaboradores 
 MADRID. D. Martínez / J. Pagola ABC 1 Marzo 2000

#Jáuregui pide que se castigue en las urnas a quienes practican la "limpieza ideológica"
Bilbao/Vitoria La Estrella 1 Marzo 2000

#El desafío de la España de las autonomías
ANDREU MISSÉ, Barcelona El País 1 Marzo 2000

Los vascos
Editorial El País 1 Marzo 2000

A LOS ocho días del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez, en Euskadi hay más división y desconcierto que nunca. La división se hizo patente en la manifestación del sábado en Vitoria; el desconcierto se manifiesta en la dificultad de los dirigentes políticos para explicar los motivos de esa división.

La imposibilidad de celebrar una manifestación conjunta en Vitoria -no así en Pamplona- constituye un fracaso del lehendakari. Si el PP y el PSOE buscaron una forma de diferenciarse fue bajo la presión de muchos ciudadanos que no estaban dispuestos a desfilar sin más tras Ibarretxe y las consignas que había decidido unilateralmente; pero no principalmente por desacuerdo con la pancarta, sino por resistencia a manifestarse conjuntamente con el partido que sigue asociado en Lizarra al brazo político de la banda que cometió el doble crimen. La consigna elegida, que traslucía el deseo de no agraviar demasiado a ETA, no ayudaba a superar esa resistencia; tampoco la falta de sensibilidad del entorno de Ibarretxe para consultar a los socialistas, como en su día hizo Ardanza en situaciones similares. Pero ambas cosas eran secundarias. Lo principal era que quienes antes habían estado dispuestos a reconocer la autoridad y el liderazgo del lehendakari contra ETA, ya no lo estaban.

No por razones ideológicas. Lo que muchos vascos consideraban inaceptable era que hubiera tenido que producirse el crimen para que Ibarretxe se decidiera a romper con EH-HB. En suma, que no lo hubiera hecho tras el anuncio de la ruptura de la tregua ni tras el asesinato del teniente coronel Blanco. Y que ello hubiera ocurrido después de meses en los que ha actuado más como comisionado de su partido en el Gobierno que como lehendakari de los vascos; sin separarse ni un milímetro en actitudes y declaraciones de lo que previamente habían dicho Arzalluz o Egibar: algo que no había sucedido con sus antecesores.

La estrategia nacionalista de tender puentes hacia el mundo de ETA y HB habría exigido en todo caso la ruptura inmediata en cuanto se produjo el primer atentado. Inmediata: para dejar establecido que con asesinatos de por medio no hay puentes posibles. Al demorar la ruptura del pacto que sostenía a Ibarretxe y negarse luego a abandonar Lizarra, el nacionalismo no violento ha transmitido un mensaje de impunidad, de que el pacto está blindado. Es decir, que el objetivo ya no es la paz, sino una paz que defina un marco político más favorable para el nacionalismo sin pasar por las urnas.

Si se añade la ofensa de Arzalluz a los ciudadanos que protestaban contra esa situación, considerándoles manipulados por los servicios secretos, se comprende que muchos vascos quisieran manifestarse por separado. Ibarretxe era la única persona que podía haberlo impedido; pero para ello tendría que haber contrariado a la dirección de su partido, decidido a convertir la marcha en un acto de autodesagravio.

IBARRETXE DEBE PROPORCIONAR LA CALMA QUE RECLAMA
EDITORIAL El Mundo 1 Marzo 2000

En tono ponderado y con palabras cargadas sin duda de buena intención -nadie se la niega-, el lehendakari Ibarretxe hizo ayer un llamamiento a «la calma y la serenidad» de las fuerzas políticas vascas, para evitar que los «indicios (sic) de división» que hay ahora mismo se consoliden y generen una abierta confrontación «de carácter social». Dicho lo cual, eximió a su Gobierno de cualquier responsabilidad en lo sucedido. En cuanto al futuro, tan sólo dijo que después de las elecciones habrá que «diseñar los trazos del país para los próximos años».

Pide el lehendakari serenidad y calma. Pero un gobernante no está para pedir calma, sino para propiciar las condiciones que la hagan posible.

Ibarretxe debería haber explicado cómo y apoyándose en qué fuerzas parlamentarias piensa mantenerse. No es ya que la alianza PNV-EA se haya quedado en minoría, sino que cuenta con la reprobación de la mayoría. Ha roto con EH y está en confrontación directa con el PP, el PSOE y Unidad Alavesa. ¿Cree que está legitimado, en esas condiciones, para presentarse como «lehendakari de todos los vascos»? No lo está, de hecho. Su situación sólo tiene dos salidas que favorezcan la aparición de un clima político menos crispado: o pide a su partido que negocie otro acuerdo parlamentario que confiera estabilidad a su frágil Ejecutivo, y sobre esa base presenta una moción de confianza, o dimite, y que sea otro quien afronte la tarea que él no ha podido o sabido atender.

Afirma que su Gobierno no tiene responsabilidad alguna en lo que está sucediendo. Tampoco eso es cierto. En primer lugar, porque el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez ha sido obra de una organización cuyos vínculos con una fuerza política que le dio la Lehendakaritza son de sobra conocidos, y hasta reconocidos por el propio PNV. En segundo lugar, porque la odiosa kale borroka se extiende como un reguero por todo el País Vasco. Incendian las casas de los oponentes políticos -caso de Agustín Ibarrola, José Luis López de la Calle y Nieves Hurtado, concejala socialista-; queman los coches de quienes no les dicen amén; asaltan, cóctel molotov en ristre, oficinas de Correos y oficinas bancarias... y la Ertzaintza ni identifica a nadie ni detiene a nadie. Sea por lenidad, sea por incompetencia, ahí hay también una responsabilidad de su Gobierno.

En esas condiciones, la calma es imposible. Ni la calma ni la serenidad vendrán como fruto de un esfuerzo voluntarista: requieren bases objetivas. Los buenos deseos son estimables, pero escasamente operativos.

Más acá de Austria
José Luis Manzanares La Estrella 1 Marzo 2000

Cuando estábamos tan alarmados por el futuro de Austria, ETA nos ha recordado nuestro presente. Y con ello, también nuestro largo pasado de víctimas de un terrorismo que durante demasiado tiempo gozó de cierta comprensión entre algunos países civilizados. Los mismos que ahora se inquietan por lo que pueda pasar, pero no ha pasado, a orillas del Danubio. La vieja historia de los dos pesos y las dos medidas. En ocasiones, los foros internacionales han tratado mejor al entorno político de unos asesinos reales que a quienes pactan con personas de ideología sospechosa. La situación austríaca, aunque preocupante, no ofrece novedad. Desde que los partidarios de Haider entraron en el Gobierno no se ha asesinado a nadie por motivos políticos, raciales, étnicos culturales o lingüísticos. No hay un solo muerto. Ni austríaco ni turco. Ni esloveno ni polaco, ni del Tirol ni de Carintia. En el debate político no tienen cabida los asesinos, los cómplices de los asesinos, los inductores al asesinato o los beneficiarios del crimen. No los hay. El país del vals no conoce -y ojalá no conozca nunca- la trágica trilogía de los que matan, los que lamentan las muertes pero no las condenan, y los que lamentan y condenan pero disculpan a los asesinos.

En España ya contamos con dos muertos más. Son los muertos nuestros de cada día, o si se quiere, de cada mes o de cada dos meses. En el fondo casi da lo mismo. De un lado, porque basta el sacrificio de una vida para denunciar la infamia; y de otro, porque las campanas no doblan sólo por un muerto, sino, como recuerda el libro de Hemingway, por todos nosotros. Por los de un bando y por los del otro. Por los que amamos la paz en democracia y por los que pretenden imponerse con la sangre, el fuego y la intimidación. Por los que creemos en la inviolabilidad incondicional de los derechos fundamentales del hombre y por los que para obtener sus fines instrumentalizan y relativizan cuanto tocan. Las campanas no hacen distingos. Doblan también por quienes siembran taimadamente el odio, falsean la historia y proclaman su superioridad racial. Y por los timoratos que alimentan al monstruo para proteger sus inmediatos intereses personales. Y por los que no se deciden a aplastarlo para no molestar a los amigos de la fiera. Y por los muñidores de componendas que hoy gritan indignados mientras ensayan el milésimo guiño de una posible transacción -¿sobre qué?- con pelillos a la mar y asesinos a la calle. ¿Cuando los jefes de la banda lo decidan? ¿Quién cree a estas alturas en el cumplimiento íntegro de las penas? ¿Qué ocurre con quienes contribuyen a la intimidación general incendiando viviendas, almacenes, autobuses, bares y otras propiedades de unos ciudadanos absolutamente indefensos? ¿Qué proporción de aquellos vándalos se encuentra en la cárcel?

Si los miembros de las fuerzas de seguridad ocultan su rostro con un pasamontañas, ¿podrán los ciudadanos de a pie expresar libremente sus pensamientos? ¿Cómo garantizar en tales circunstancias que las elecciones sean verdaderamente limpias en esos pequeños pueblos donde todos se conocen? No nos engañemos. Hay que estar ciego para no ver la similitud con lo ocurrido en Alemania cuando Hitler se propone llegar al Poder. La lección fue que frente al fanatismo nacionalista no se puede ceder un ápice. Hay que combatirlo desde el primer momento. Conviene distinguir, sin embargo, entre el atisbo de un peligro futuro y la consolidada criminalidad, omnipresente y omnicomprensiva, de un totalitarismo rampante. El que en España no supimos atajar a su debido tiempo. El de los muchachos descarriados que un día volverían al redil de la convivencia pacífica. El de unos peones tras los que se ocultan los responsables últimos de esta trágica partida de ajedrez.

Y dicho esto, quede constancia, una vez más, del respeto que merece toda opción política –nacionalista o no- que defienda sus ideas en el marco de la libertad democrática.

Una idea de España 
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 1 Marzo 2000

ESPAÑA, decía Bosch Gimpera, es una obviedad geográfica. Hasta el punto pensaban así los viejos federalistas que llegaron a preconizar una cierta integración de Portugal. Pero aunque no de forma tan plástica, España es también una obviedad histórica. La convergencia de los viejos reinos fue el resultado de un proceso larguísimo y libre a partir del cual iba a comenzar a formarse una conciencia nacional. Todos los reacomodos posteriores han sido formas de hacer compatibles las personalidades regionales con la afirmación de la común. El Estado de las Autonomías ha sido el compromiso entre la obviedad geográfica e histórica que es España y las aspiraciones de las Comunidades. Sin embargo a los partidos nacionalistas no les ha parecido suficiente la fórmula.

La dinámica que se puso en marcha para cambiar el modelo territorial de España ha tenido derivaciones perversas. El proceso supuso muchas concesiones teóricas e incluso institucionales, que han ido aflorando como negaciones de una cultura común, de la identidad común y, en definitiva, de la unidad. A nadie, por otra parte, se le oculta que siendo esa la parte más «noble» hay otra que afecta a los intereses económicos, a formas caciquiles de la organización social y a aspectos irracionales que tienen que ver con la xenofobia y la insolidaridad. Toda esta conflictividad va a estar presente en esas elecciones generales. En una palabra, la votación del 12 de marzo va a resultar decisiva para el encauzamiento o el empeoramiento de nuestro problema territorial.

En estas elecciones está en juego, más que un modelo de sociedad, el futuro mismo de la idea de España. El programa común de la izquierda apenas si es una variante dentro de los márgenes posibles de la Unión Europea. Para los populares el tándem IU y PSOE no plantea un modelo alternativo sino, si acaso, disfuncionalidades del sistema en unos momentos en que la marcha económica de España es espléndida para algunos y buena para casi todos. No es la amenaza social-comunista lo que se teme desde las posiciones más conservadoras sino la incapacidad para la gestión. Más aún, desde medios neoliberales se analizan ciertas propuestas de Aznar como concesiones socialdemócratas.

Lo que se ventila ahora es el futuro territorial, y lo que muchos nos tememos es que se pretenda conquistar el poder gracias a la confluencia de todas las fuerzas, más o menos radicales, que representan el desbordamiento de la fórmula autonómica. Curiosamente algunas personalidades políticas sensibles al problema nacional, incluso algunas que tuvieron que ver con el diseño del Estado, se niegan a ver la peligrosidad de ciertos maridajes entre partidos estatales y organizaciones regionales ya se trate del pacto de Estella Lizarra, ya se trate del Gobierno balear o quizá mañana de un Gobierno de coalición en el País Vasco que devuelva la centralidad al PNV.

En todos estos casos la razón que parece imponerse es la de los partidos, no la de una idea de nación. Concretamente el miedo que les da a muchos el PSOE no proviene de él mismo, ni de su programa, ni siquiera del común de la izquierda, sino de las alianzas que aquel pueda establecer aquí o allá. En definitiva, lo que parece aventurado es que el partido termine por ser lo que dé forma a la convivencia, que sea la instancia partidaria la que aglutine tanta voluntad dispersa y, por qué no, disgregadora en el pleno sentido del término. Todo lo que tuvo de arriesgada la empresa autonómica ahora podría quedar potenciado por el aventurerismo de quien sólo tiene como norma la conquista del poder, y no la idea clara de España.

Los héroes 
Por JAIME CAMPMANY ABC 1 Marzo 2000

ESOS votantes, esos militantes, esos dirigentes, y más aún esos alcaldes y concejales del Partido Popular o del Partido Socialista en el País Vasco son héroes permanentes, héroes cotidianos, héroes anónimos cuyos nombres no conoceremos hasta que sufran la persecución o el martirio. Son héroes de su patria y héroes tercos y magníficos de la libertad. Viven el trabajo y la canción de cada día, el beso y el descanso, con la amenaza siempre vecina del estallido de la bomba, con el miedo de hallar un día su hogar violado, su taller destruido, su automóvil hecho cenizas, su paz apaleada, su sangre vertida en la calle. Y además, contemplan cómo los que matan toman para ellos ante el mundo el noble y fuerte nombre de vascos.

Esos héroes de cada día, de cada hora, han visto cómo su gobierno y también, a veces, su Iglesia, los olvida y los aparta, y en cambio justifica e incluso protege a los que permanentemente, a sangre y fuego, con el tiro o la tea, amenazan su vida y humillan su libertad. Ahí están la viuda y los hijos de Fernando Buesa, llorando afligidos junto al cadáver sin sentido del marido y el padre, vasco y representante de vascos. Ahí están, ahí estaban, cuando vieron llegar a los miembros del Gobierno de su país y de su pueblo, y pasar por delante de ellos sin pronunciar una palabra, no digo ya de repulsa y condena, sino de consuelo y de condolencia. Tarde vinieron luego las excusas. Se ve que, espiritualmente, están con los verdugos antes que con las víctimas.

Se repite esa triste historia. Entre las víctimas de la banda etarra no figuran los peneuvistas. Es la suya una guerra contra los que no tienen en sus sueños enloquecidos la secesión y el rompimiento de España. Esa bula de los partidos nacionalistas, por más que se llamen democráticos, ante las pistolas y las bombas etarras, es una invitación constante a pasarse de bando. Puede morir Gregorio Ordóñez, puede morir Miguel Ángel Blanco, puede morir Fernando Buesa, pueden morir otros muchos vascos que tienen a honra ser vascos y españoles. No mueren los otegis, los idígoras, los egibar, los anasagastis, los arzalluz. Ellos son los intocables del terror. Ellos son, en definitiva, los amigos, los protectores, los aliados de los terroristas.

Habrá que repetirlo. Ellos son los que esperan que los asesinos muevan el árbol para recoger los frutos que caen de las ramas a un suelo sembrado de cadáveres. Frutos de muerte caídos sobre muertos. Macabras cerezas del cementerio, nutridas con la sangre y la carne de los asesinados. Y además, a esos héroes de cada día les están usurpando su ser y su orgullo de vascos. Me acuso, igual que podrían acusarse otros muchos españoles, de pronunciar y escribir la palabra «vascos» pensando más en los que matan que en los que mueren, más en los cobardes que disparan por detrás o desde lejos que en los que esperan valientemente la muerte que puede llegar cada mañana del Señor.

Y en cambio, ellos, los héroes, son los verdaderos vascos, los que merecen ese nombre noble y fuerte. Los otros, los que matan y los amigos de los que matan, ensucian el nombre de vascos, lo degradan, lo envilecen. Los verdaderos vascos, raza de héroes anónimos, pueblo heroico y mártir, pueblo de abeles laboriosos enfermo de caínes, vascos de bravura pacífica, la más difícil de todas las bravuras, que no huyen de su ciudad, de su aldea, de su valle o de su caserío, y que allí siguen trabajando, orando y llorando, en espera de que se acabe esa locura colectiva que ataca a una parte de sus hermanos, y que los convierte en lobos que atacan, acordados, desde dos distintas camadas.

Los calambres del discurso político 
Por Manuel Jiménez de Parga, Catedrático de Derecho Constitucional ABC 1 Marzo 2000

LUDWIG Wittgenstein lo advirtió certeramente: «No busquéis el significado de las palabras, buscad el uso que se hace de ellas». En nuestro lenguaje político se utilizan determinadas palabras con una intencionalidad que desfigura su significado. Con tal uso reiterado se produce lo que el autor de «Investigaciones filosóficas» denomina «calambres mentales». Sé que su argumentación era otra y que se encaminó hacia objetivos diferentes. Pero la advertencia me sirve para lo que hoy quiero exponer.

Calambre es, o puede ser, el estremecimiento producido por una descarga eléctrica. El calambre mental ocasiona una alteración en el ánimo. Eso ocurre, precisamente, con el uso de ciertos vocablos en la cotidiana información política, y genera la misma desazón el hecho de que otros vocablos no se empleen, caigan en el desuso.

El catálogo es extenso. Me referiré sólo a las palabras que, a mi juicio, se utilizan con mayor carga política.

Primero, el término «Estado». Con el propósito de eludir la palabra «España» algunos políticos hacen curiosos malabarismos, juegos de destreza y cierta habilidad. No es posible desconocer que sobre las nacionalidades y las regiones mencionadas en la Constitución existe una organización más amplia que abarca a todas. El texto constitucional afirma solemne y rotundamente que ese conjunto forma la Nación española. Sin embargo, el vocablo «Nación» supone una unidad, un quehacer común, que no todos quieren aceptar. El «Estado», por el contrario, puede entenderse como un complejo aparato jurídico-político, pero neutro. No importa que llegue a convertirse en un aparato ortopédico, que apriete y dificulte los movimientos. En cualquier caso, resulta menos vinculante que «Nación española» o, simplemente, «España».

Con el mismo propósito se usa y abusa en el discurso político del vocablo «país». No compromete a nada su empleo, ya que «país» es tanto la nación, como la región o el territorio. Y se logra, en cambio, no utilizar la palabra «España».

En el mundo diplomático, lamentablemente, va imponiéndose la locución «Latinoamérica», en lugar de «Hispanoamérica» o, incluso, «Iberoamérica». La firmeza y constancia de los franceses, abanderados de la primera denominación, les hace ganar la batalla, con la ayuda, claro es, de los italianos y de otros latinos. Comprendo que ellos defiendan su postura, pero resulta inexplicable que los españoles (políticos, medios de comunicación) contribuyan, de forma consciente o inconsciente, a dar una versión errónea y engañosa de la presencia de España y Portugal en tierras americanas.

Tal interpretación fuera de razón y regla, o sea disparatada, la encontramos también cuando se menciona a las «Comunidades históricas» excluyendo de ellas, entre otras, a Castilla, a León a Aragón o a Andalucía.

En primer lugar, resulta inadecuado, aunque figure en el texto constitucional, llamar «comunidad» a lo que es una «sociedad». La comunidad exige una coincidencia natural, espontánea, de intereses y voluntades, que no se registra en las sociedades pluralistas. Ferdinand Tönnies dejó clara la contraposición. La «comunidad» es una manera de ser de quienes la integran, mientras que la «sociedad» es un modo de estar.

Cualquiera de nuestras actuales «comunidades» son realmente «sociedades», con varios grupos políticos vertebrándolas y una diversidad de gentes en sus bases. No se expresan por medio de una sola voz. En estas «comunidades» tienen lugar elecciones competitivas.

Pero aunque, en este caso, el uso de la palabra es lo que importa, como advirtiera Wittgenstein, y no su significado científico, una mínima noticia de lo que en nuestras tierras aconteció ha de llevarnos a incluir en el grupo de las denominadas «Comunidades históricas» a todas las que cuentan con «un pasado de glorias y remordimientos», que afirmara Renan.

No se me olvida la escena, ante la tumba de los Reyes Católicos, en Granada, en la que una de mis nietas, que vive y estudia en Barcelona, hizo una pregunta que impresionó mi ánimo:

-¿Pero, abuelo, es que también por aquí pasó la historia?

Habíamos visitado la Alhambra y el Albaicín por la mañana. Y ahora estábamos en la Capilla Real, junto a los restos mortales de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Confluencia de civilizaciones. Singular grandeza en un momento de la historia universal. Andalucía, sin embargo, en el discurso de ciertos políticos actuales no es una Comunidad histórica.

Las Comunidades Autónomas de la Constitución de 1978, históricas o no, disfrutan de autonomía, pero no son titulares de soberanía. Esta última palabra, «soberanía», se usa con frecuencia de un modo tendencioso; científicamente, inaceptable.

No es correcto, porque choca con la esencia del concepto, aludir a una «soberanía compartida» o a una «cosoberanía». La soberanía es una e indivisible, en cuanto idea jurídico-política, y gracias a ella los Estados modernos se organizaron y funcionaron. La soberanía compartida es una contradictio in terminis.

Según la Constitución Española esa soberanía una e indivisible reside en el pueblo español. Ahí está el poder originario, el que proporciona fundamento y razón de ser a los otros poderes. Las Comunidades Autónomas «gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Se trata de poderes derivados de la Constitución.

No termina aquí la lista de los vocablos del discurso político que producen calambres. Pero baste hoy con la enumeración de los más hirientes. Cada palabra debe tener su significado propio. La filosofía analítica inglesa, o «Cambridge-Oxford Philosophy», con Bertrand Russell en cabeza (no obstante sus conocidas discrepancias), nos ha facilitado el examen de los términos pertenecientes a la teoría política, con una crítica acerba de los dogmas que se imponen obligatoriamente. De una forma más sutil, la imposición entre nosotros es el resultado de un empleo repetido e insistente de ciertas palabras, con la marginación de otras. El uso prevalece sobre el significado.

Los calambres mentales, empero, sólo los padecen quienes se resisten a ser arrollados por el temporal. No son muchos. Abundan, por el contrario, quienes callan ante las tergiversaciones de lo que es o de lo que fue. Son numerosos los tibios: «Conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, y ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca» (Apocalipsis, 3, 15-16). Fue una maldición bíblica que en la presente situación de España conviene no olvidar.

Di Caprio, sí; «Ajoblanco», no 
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Marzo 2000

JORDI Vilajoana, el nuevo y gastoso conseller de Cultura de la Generalitat, no ha escatimado medio alguno para que el último bodrio protagonizado por Leonardo Di Caprio, «La playa», sea doblado al catalán. Así, la película se ha hecho pel.licula y eso, sin duda, ensancha y engrandece la cultura de Cataluña y, por ende, la de toda España, los cuatro continentes y los siete mares. Loor y gloria a tan luminoso faro de sabiduría.

Otra cosa es que el pomposo —pompós, ostentós— decreto del cine en catalán vaya hundiéndose como el «Titanic», la otra hazaña de Di Caprio, que Joan María Pujals, el antecesor de Vilajoana, no consiguió que sus paisanos vieran en el idioma de Pompeu Fabra. La realidad, testaruda ella, no se deja modificar a golpes de decreto.

Un mercado de sólo seis millones de personas no es capaz de absorber los costes añadidos de un doblaje que, si se apura, ya es superfluo en castellano. De ahí que la Generalitat ande negociando con los representantes de la industria cinematográfica cómo salvar las apariencias y enmascarar su voluntarioso fracaso normativo.

Simultáneamente, como cruz de la misma moneda en la que tanto luce la cara, la revista «Ajoblanco», después de veinticinco años de presencia continuada en los quioscos, deja de publicarse. Hasta ahora lo hacía en Barcelona y era el gran testimonio de la «otra» cultura, una visión diferente, un elemento de contraste, un intento de contracorriente. Su director, modelo de tesón libertario, el ya mítico Pepe Ribas, ha dicho que «la Generalitat niega apoyos a todo lo que se hace en castellano». No creemos en la subvención y, menos aún, en el territorio de la cultura; pero, cuando existe para unos, se convierte en perjuicio para otros. Para quienes desde la independencia padecen la competencia desleal y el vacío de lo público.

«Ajoblanco» era una publicación transgresora y, por ello mismo, estimulante en un panorama cultural de secano en el que luce, colosal, el bastión excluyente, monolítico y agresivo que ha sabido construirse la izquierda militante. En Cataluña, el centro-derecha en el poder prefiere el cine que se sintetiza en Di Caprio, con tal que suene en catalán, a la inquieta búsqueda, en castellano, de una publicación independiente. Con razón ha dicho Ribas que «en Cataluña es imposible publicar algo a nivel estatal, es una capital de provincias». No hace mucho era todo lo contrario y muchos peregrinábamos a Barcelona para vivir la ciudad más cosmopolita de España. No es provechoso gastar el día en mirarse el ombligo —el melic—.

El «censo» de ETA lo forman 600 activistas, entre dirigentes, pistoleros y colaboradores 
MADRID. D. Martínez / J. Pagola ABC 1 Marzo 2000

El Ministerio del Interior calcula que algo más de 600 terroristas, entre dirigentes, pistoleros y colaboradores, integran el macabro «censo» de ETA. Al menos doscientos de ellos se encuentran en Francia; una cifra algo menor en México. Se desconoce en qué país pueden encontrarse otros 130. Las pistas de etarras llegan hasta El Salvador, Nicaragua y Honduras.

La creciente colaboración internacional, sobre todo por parte de Francia y México, ha servido para que el Ministerio del Interior tenga un cálculo, más o menos aproximado del listado de etarras repartidos por tres continentes.

La mayoría de ellos, pese al intenso acoso policial, siguen en Francia. Hasta 1996, los etarras detenidos en territorio galo que no tenían causas de especial gravedad con la Justicia española pasaban a la situación de libertad vigilada y se les asignaba residencia en departamentos alejados de la frontera hispano-gala. Así, llegaron a sumar un centenar los terroristas en esa situación. Según los datos actualizados, la mitad de ellos no han respetado la residencia forzosa y se desplazaron a otras regiones del vecino país de una manera más o menos clandestina. Posteriormente, de estos cincuenta, unos 20 se replegaron a países de Iberoamérica y otros se han reincorporado a la actividad terrorista.

ABSOLUTA CLANDESTINIDAD
Al margen de estos, se sabe de otros 80 activistas de ETA que se encuentran en Francia viven en la más absoluta clandestinidad. Es el caso de los máximos dirigentes Ignacio Gracia Arregui «Iñaki de Rentería», Miguel Albizu Iriarte «Mikel Antza», Vicente Goicoechea Barandiarán «Willy», Francisco Javier García Gaztelu «Txapote», «Soledad Iparraguirre «Anboto», Asier Oyarzábal Chapartegi «Baltza», Ángel Picabea Ugalde «Atxurri», Benito Fermín Martínez Bergara «Demonio», José Luis Michelena Berasarte «Orlegi», Juan Carlos García Gaztelu, Eusebio Arzalluz Tapia «Paticorto», José Antonio Garbizu Irazoqui, Jesús María Zabala Muguira «Esmeril», Félix Zamacola Baibarriaga «Zorion», Santiago Zapirain Elizalde «Kaitu», o pistoleros como José Ramón Carasatorre, José María Echevería Oñaederra, Alberto Illundain Iriarte «Mollejas», Ángel Iturbe Abásolo «Ikula», Dolores López Resina, Aitor Lorente Bilbao «Garbancito», Jesús María Martín Hernando, Julia Moreno Macuso, Juan Antonio Olarra Guridi, Jesús Ordóñez Fernández, Patxi Rementería Barruetabena, Juan Luis Rubenach, Antonio Sasiain Rodríguez, Juan Antonio Toledo Gavira, Gregorio Vicario Setién, Ignacio Vivanco, Javier Abaunza Martínez, María Elena Águeda López, Mercedes Chivite Berango, Santiago Codo Callejo, Raúl Ángel Fuentes Villota, Fernando García Jodra, Ekain Ruíz Ibarguren.

PASAN A ESPAÑA
Existen datos de que algunos de estos pistoleros pasaron a España una vez que los dirigentes de ETA decidieron romper la tregua, y de hecho las fotografías de algunos de ellos han sido difundidas por la Secretaría de Estado de Seguridad como integrantes de los «comandos» encargados de llevar a cabo nuevas campañas de atentados. Sin embargo, también se cree que en cualquier momento pueden pasar, al menos temporalmente, a Francia.

También se cree que están en el país vecino otros etarras o colaboradores, algunos de ellos veteranos, otros incorporados más recientemente, de los que no se sabe el grado de vinculación que tienen actualmente con la banda terrorista. Es el caso, entre otros, de Ignacio Aguirre Sáiz, José Manuel Aizkorreta Zabala «Imanol», José Ramón Álvarez Trujillo, Luciano Arrambarri Badiola, Ignacio Aranceta García, José María Arcocha Azcona, José Luis Campo Barandiarán, Nicolás Cardenal Mancisidor, Gonzalo Echevarría Busquet, Juan Francisco Echevarría, Macario Espinosa, Enrique Gárate Galarza, Pedro Gárate Irasuegui, Pedro Goicoechea Elorza, Pedro Lizarza «Kaskagorri», Miguel Ángel Gracia Pingarrón, o Jesús Larrea Elgorriaga.

DE FRANCIA A CENTROAMÉRICA
Por otra parte, hay fundadas sospechas de que unos cien etarras, detectados en principio en Francia, podrían haberse trasladado a México, aunque, de momento, no hay pruebas. Son los casos, por ejemplo, de José Antonio Molto, Ignacio Aguirre, Ernesto Alberdi, Juan Alcorta, Lorenzo Aldanondo, Miguel Ángel Ancizar «Kinki», Miguel Arrieta Llopis, Manuel Becerra «Gaizka», José Antonio Carrasco, Manuel Cerro, Miguel Ceberio, Antonio Cid, Julián Cincunegi, Daniel Cuadrado, Miguel Echeandía Meabe, María Teresa Gabriel Rojo «Maite», Francisco Javier Esparza Luri, Javier Gordo Castro, Juan Carlos Iriarte, Santiago Izpurua García, Juan Narváez Goñi, José Luis Oliva Gallastegui, Ricardo Pujana Alberdi, Juan Carlos Recarte, Ángel María Tellería Uriarte, José Luis Turrilas Aranceta, Odón Ulibarrena, José Ángel Vizán González, entre otros.

En el país azteca hay otro medio centenar de etarras, más o menos detectados, aunque la creciente colaboración de las autoridades de ese país les convierte en objetivo de investigaciones. Entre estos se encuentran José María Abasolo Astigarraga «Txetxu», Miguel Ángel Achega, Juan José Arrese, Ignacio Barbarín «Igor», Fernando Basterra, Domingo Flores, Lázaro Galarza, Alfonso González, Luis Miguel Pana «Torero», José Antonio Iríbar «Monaguillo» Jesús María Lejarza «Rommel» o Guillermo Sanargimiro. Se sospecha, por otra parte, que del país azteca han huido a Francia varios etarras.

Las sospechas se dirigen a que alrededor de sesenta se han han podido desplazar en los últimos años desde Francia a Venezuela, donde viven otros doce que están prácticamente como «refugiados». Entre estos últimos figuran María Asunción Arana Altuna, Juan José Aristizábal, Juan Carlos Arriarán, José Ignacio Arruti, María Ángeles Artola, José Ignacio Ayerbe Múgica, José Lorenzo Ayestarán o José Antonio Cubillas.

Entre los etarras que han huido a Venezuela y están en situación más o menos irregular se encontrarían Javier Ayensa «Naparra», Javier Larrea Bolívar, Jesús Macazaga, Luis María Olalde, José María San Sebastián «Marika», Alberto Trincada, o Julián Vicandi

TAMBIÉN EN CUBA Y NICARAGUA
En Cuba, por otra parte, residen ocho etarras como ciudadanos en situación normalizada. Se trata de Jesús Abrisqueta, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, Elena Bárcenas Argüelles «Tigresa», José Ignacio Echarte, Amaya Eguiguren Arrasate, Luciano Eizaguirre Mariscal, José Ignacio Rodríguez Munoa y José Ángel Urtiaga Martínez. Además, hay, al menos, otros ocho que podrían estar supuestamente clandestinos. Es el caso de Agustín Azcárate Inchaurrondo, Luciano Eizaguirre Mariscal, Francisco Javier Pérez Lecue, José María Salegui Urbieta. También está detectada la presencia del etarra Miguel Ángel Apalategui «Apala» sospechoso de haber participado, junto con Francisco Múgica Garmendia «Pakito», en el secuesro y asesinato del disidente de ETA pm Eduardo Moreno «Pertur».

En Nicaragua se encontrarían en situación irregular, entre otros, María Asunción Igoa Uncilla, Juan Manuel Inciarte Gallardo, Carmelo Ansuátegui y Concepción Arana Martija. Asimismo, el etarra Félix Esparza Luri, de no estar en México, se encontraría en Honduras, junto, al menos, otro. En El Salvador y Argentina también se ha detectado la presencia de etarras, aunque en número muy pequeño. En Panamá continúa el etarra Julián Tena Balsera y en Santo Tomé Alfonso Echegaray De Cabo Verde, a donde fueron deportados varios etarras desde Francia en 1989, se han escapado, además de José Ramón Bustinza Yurrebaso, que resultó muerto después en un tiroteo en Bilbao, Patxi Rementería, que se ha reincorporado a la actividad terrorista como jefe del «comando Vizcaya», y José María Pagoaga, al menos, otros dos terroristas. Se trata de María Rosa Alcorta Arrazabalaga y Miguel López.

Los dos etarras que estaban en Argelia, Francisco Hernández y Gabriel Segura Burgos, huyeron a Francia pero allí fueron detenidos y expulsados a España.

CONFINAMIENTOS BURLADOS
Entre el casi medio centenar de etarras que, confinados a regiones alejadas de los Pirineos no respetaron la libertad vigilada se encuentran José Luis Arrieta Zubimendi «Azkoiti», José Antonio Aguirrebarrena «Tarzán», Ignacio Cantero Alberdi, Valentín Castellón, José Luis Eciolaza Galán «Dientepunto», que podría estar en Centroamérica, el ex tesorero de ETA Sabino Euba Cenarruzabeitia «Pelopintxo», al igual que Antonio Gabiola Goyogana, Pedro Garrote, José Antonio Martija «Xurdo», Manuel Olazábal Eceiza, Gabriel Pérez López «Nino». Armando Riveiro Tormo que llegó a solicitar asilo político y ahora está en la clandestinidad, José Luis Benavente Rajado o Eloy Uriarte «Señor Robles» , que también fue «tesorero» de ETA.

Algunos de estos activistas de ETA que eludieron la vigilancia de las autoridades francesas podrían haberse desplazado también a países de Centroamérica. Por otra parte, del cómputo de seiscientos etarras que forman el censo de ETA, se desconoce el país en el que pueden encontrarse unos 130.

Jáuregui pide que se castigue en las urnas a quienes practican la "limpieza ideológica"
Los violentos incendian el vehículo de un concejal socialista en Durango y la vivienda de una edil del mismo partido en Leioa
Bilbao/Vitoria La Estrella 1 Marzo 2000

Los últimos ataques de los radicales contra concejales del PSE-EE en las localidades vizcaínas de Durango y Leioa en la noche del lunes, han levantado las críticas del dirigente socialista Ramón Jáuregui, quien denunció que en el País Vasco se está produciendo una "limpieza ideológica" contra los no nacionalistas, por lo que hizo un llamamiento a los ciudadanos para que condenen estos ataques en las próximas elecciones generales.

El secretario de Política Autonómica del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Alava, Ramón Jáuregui, que visitó ayer el Parque Tecnológico de Miñano en Alava, se refirió a estos últimos ataques y se mostró consciente de que "los ataques de la violencia callejera se han concentrado desde hace varios meses contra los concejales o representantes del Partido Socialista y estamos sufriendo de manera constante y reiterada las agresiones".

Unos desconocidos incendiaron en la noche del lunes el vehículo del concejal socialista de la localidad vizcaína de Durango Fernando Castillo. Escasas horas después, un artefacto de fabricación casera explotó en el domicilio de la concejal socialista en el Ayuntamiento de Leioa Nieves Hurtado, provocando importantes daños en la puerta de acceso a la vivienda.

"Apelo a los ciudadanos a que vean lo que está pasando, que se vea por qué nos atacan y que la gente tome conciencia de quién ataca y a quién atacan", añadió.

El candidato y dirigente socialista consideró que el próximo 12 de marzo los ciudadanos tienen "una oportunidad extraordinaria para premiar y castigar con toda energía" a quien soporta los ataques y a quien los practica, porque hay una "limpieza ideológica contra quienes no somos nacionalistas".

"Se están cargando la vida, como la de Fernando
Buesa y Jorge Díez, pero también la libertad
y la pluralidad", afirmó Jáuregui

Jáuregui insistió en que "se están cargando la vida, como la de Fernando Buesa y la de Jorge Díez, pero también la libertad, la pluralidad y la tolerancia mínima para que una sociedad pueda vivir".

El candidato socialista dijo que, pese a esta situación, el PSE-EE "ha tomado la decisión de volver a la normalidad política de la campaña electoral, a pesar de que se hace muy doloroso conectar con la normalidad por los últimos acontecimientos, porque este partido tiene que dar muestras de serenidad, madurez y dignidad".

Explicó que su visita al Parque Tecnológico es una muestra más de "nuestra apuesta por la normalización del país y por que ETA no nos marque la agenda ni el ánimo", y de que el PSE-EE hace una "apuesta por el futuro y que la oportunidad de cambio que la izquierda quiere proponer a los alaveses es una apuesta por la modernidad".

Reforzar la seguridad
Como consecuencia del ataque contra la vivienda de la concejal Nieves Hurtado, los concejales socialistas de Leioa reforzarán las medidas de vigilancia, tanto personal como de sus viviendas, al considerar que se han convertido en el "objetivo claro" de los grupos radicales que actúan en la comarca de la Margen Derecha.

El alcalde de Leioa, Karmelo Sainz de la Maza (PNV), convocó en la tarde de ayer una concentración de condena del ataque "y apoyo a Nieves Hurtado y su familia", además de celebrar al mediodía un pleno extraordinario con el mismo objetivo.

El desafío de la España de las autonomías
El modelo autonómico ha tenido éxito en el proceso de descentralizar, pero no ha colmado las demandas de los nacionalismos históricos

El modelo de Estado. El modelo de Estado es un argumento de campaña. Las propuestas federalistas del PSOE, que arrancan de las autonómicas catalanas, tras el ascenso de Pasqual Maragall, fueron descalificadas por el PP y por CiU. Esta iniciativa del federalismo, uno de los elementos novedosos de la campaña, tampoco parece figurar entre los temas que despierten más interés ciudadano. Los expertos coinciden, no obstante, en destacar el éxito que ha supuesto hasta ahora el desarrollo del Estado de las autonomías, pero también constatan con cierta inquietud las dificultades para encontrar un encaje a las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos.

ANDREU MISSÉ, Barcelona El País 1 Marzo 2000

¿Está en crisis la idea de España? A juzgar por las encuestas, el debate sobre el modelo de Estado no es precisamente lo que más inquieta a los españoles. Por otra parte, cada vez son más los países y naciones (Italia, Escocia, Suráfrica, Quebec) que toman como referente el Estado de las autonomías de España para satisfacer las demandas de las regiones.

Con independencia de la sangrante experiencia del País Vasco, el modelo autonómico español ha permitido en 20 años transformar a uno de los Estados europeos más unitarios en uno de los más descentralizados (ver cuadro adjunto).

¿Cómo se explica entonces que el debate sobre el modelo de Estado ocupe un lugar tan destacado de la agenda política? Los expertos coinciden en señalar que el modelo autonómico ha sido un éxito como instrumento para descentralizar, pero no ha servido para satisfacer las aspiraciones de los nacionalismos históricos, que era para los que se crearon las comunidades autónomas.

El debate político está alimentado por la conflictividad que ha causado la indeterminación de la propia Constitución, que deja totalmente abierta la estructuración del Estado. Como ha señalado el profesor Francisco Rubio Llorente, "el principal mérito del título VIII es la audaz opción por el principio dispositivo ; su más grave demérito, la indeterminación constitucional de la forma de Estado que esta opción comporta".

Por otro lado, fenómenos como la globalización y el avance de las comunicaciones han provocado también un fenómeno compensatorio de búsqueda de identidades alimentando grupos étnicos, religiosos, lingüísticos y regionales que cuestionan la integridad de los países existentes. Este nuevo empuje de los nacionalismos y regionalismos tiene un claro reflejo en el incesante incremento del número de Estados. De 1900 a 1950, el número de Estados ha crecido a un ritmo de 1,2 por año; de 1950 a 1990, a un ritmo de 2,2, y en la última década, la tasa ha sido de 3,1 nuevos países por año, según señala Juan Enríquez en Foreign Policy.

En el caso de España, el modelo de Estado no está definido en la Constitución, sino que fue acordado por los partidos en los pactos de 1981 y 1992, como señala el profesor Javier Pérez Royo. Estos pactos significaron una homogeneización de todas las comunidades y acabaron con las posibilidades de establecer un rango distinto entre las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) del resto que permitía la Constitución, como ha señalado el profesor Enric Fossas.

En la configuración autonómica ha jugado un papel relevante el Tribunal Constitucional, que casi sistemáticamente ha interpretado a favor de las comunidades, según Rubio Llorente. Esta actitud abierta del Constitucional ha sido apreciada también por el catedrático Enric Argulloll. A su juicio, una reinterpretación de la Carta Magna permitiría la revisión de más de veinte leyes estatales que posibilitarían elevar el techo autonómico sin revisar la Constitución y satisfacer así las aspiraciones de las nacionalidades históricas.

Para el jurista Miguel Herrero de Miñón, la Constitución permitía dos interpretaciones: una que veía la autonomía como un derecho de la colectividad, que reconocía la personalidad de un hecho diferencial donde existía, y otra que consideraba la autonomía como un derecho del ciudadano a un Gobierno más cercano. En su opinión, ha triunfado la segunda interpretación, y de ahí la disfunción del sistema para resolver el problema de España, que define como una sociedad diferencial y asimétrica que contiene diferentes cuerpos políticos.

El profesor Pérez Royo, por su parte, considera determinante establecer previamente "quién tiene la soberanía, quién tiene el poder constituyente". "La Constitución española", añade, "dice claramente que está en el pueblo español. Los vascos consideran que el poder constituyente está en el pueblo vasco y los nacionalistas catalanes, tras la declaración de Barcelona, adoptan una posición más ambigua".

Para el profesor Fossas, el desarrollo constitucional ha conferido a Cataluña, País Vasco y Galicia un nivel de autonomía inferior al que permitía la Constitución y propugna un nuevo consenso constitucional para transformar el modelo autonómico en plurinacional.

EL EXPERTO:  La articulación del Estado autonómico
ELISEO AJA

La importancia de la descentralización política realizada en España está fuera de duda. El número de funcionarios y los recursos financieros de las comunidades autónomas, como instrumento de sus poderes legislativos y de gobierno, les permiten realizar políticas públicas diferenciadas tan importantes que equiparan al Estado autonómico con los federalismos europeos como el alemán, el austriaco o el belga. Junto a la igualdad sustancial de todas las comunidades en estas competencias, el reconocimiento constitucional de los rasgos históricos de algunas (lengua, derecho civil foral, policía propia), suponen en conjunto un pluralismo político-territorial que ha desterrado definitivamente el centralismo de España.

Sin embargo, el Estado autonómico aún no está consolidado, porque continúa sin resolver problemas importantes. Los principales pueden ordenarse en tres planos diferentes, aunque estén interrelacionados: las deficiencias en la articulación del conjunto del Estado, el cuestionamiento de su legitimidad por los principales partidos nacionalistas y la persistencia del terrorismo en el País Vasco. El primero se debate plenamente en las próximas elecciones, los otros dos requieren tiempos y técnicas diferentes, y por eso, pese a su incidencia en la política actual, no se abordan ahora.

El funcionamiento de las comunidades en todos estos años, analizado una por una, puede considerarse razonablemente satisfactorio, pero observado en su conjunto revela graves deficiencias en la articulación entre las comunidades y el Estado. Las conferencias sectoriales, que reúnen a los consejeros y al ministro del mismo ramo dependen del humor de cada ministro, porque sólo él puede convocarlas y fijar su orden del día; los convenios entre comunidades apenas existen -como si no existieran problemas comunes-, y los convenios entre el Estado y las comunidades -muy numerosos- carecen de un mínimo régimen jurídico; el Senado, que podría ser la Cámara de participación de las comunidadesen las políticas generales que les afectan, ha resultado poco útil en los problemas importantes; por otra parte, tampoco los presidentes del Gobierno central se han atrevido a convocar la conferencia de presidentes autonómicos, que juega un papel importante en Alemania y en Austria, ni a recurrir a formas de coordinación experimentadas en el derecho comparado.

¿Por qué el desarrollo del autogobierno no ha ido acompañado de la creación de instrumentos de diálogo, negociación y coordinación que resultan imprescindibles siempre que existen diferentes centros de poder? En primer lugar, porque la Constitución no los previó, aunque pueda entenderse la dificultad de los constituyentes hace veinte años para adivinar cúal sería el futuro de las comunidades. En segundo lugar, porque los partidos gobernantes han preferido las relaciones bilaterales al establecimiento de instituciones globales de diálogo y coordinación. En tercer lugar, porque, ante la falta de mayoría absoluta en el Congreso, tanto el PSOE, en 1993, como el PP, en 1996, han recurrido al pacto con los principales partidos nacionalistas, realizando concesiones a cambio del apoyo al Gobierno; la formación de esta mayoría puede ser legítima, pero siempre que se limite al programa de gobierno y no sustituya al diálogo institucionalizado entre las comunidadesy el Estado.

Creo que la opinión sobre los programas de los partidos depende de su disposición a institucionalizar las relaciones entre las comunidadesy el Estado: reducir el bilateralismo a sus justos términos, reforzar las conferencias sectoriales dando protagonismo a las comunidades, establecer un procedimiento claro para la reforma del sistema de financiación, formular una vía de participación efectiva de las comunidadesen la Unión Europea y crear un Senado donde las comunidades resulten decisivas. Incluso la mejora del autogobierno de las comunidadescon mayor potencia depende más del buen funcionamiento del conjunto que de nuevas reivindicaciones competenciales. Sin duda, las dos grandes alternativas para la próxima legislatura estriban en continuar con los pactos partidistas basados en la coyuntura política o articular la participación coherente de las comunidades en el Estado.

Eliseo Aja es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

LOS PARTIDOS

PP / Equiparación de competencias entre todas las comunidades

El Partido Popular se compromete, en su programa, a conseguir "una equiparación competencial e institucional en lo fundamental entre todas las comunidades autónomas". Pero precisa también que respetará los hechos singulares "que constituyen elementos de identidad de las nacionalidades y regiones". Los conservadores dirigirán así su esfuerzo a profundizar "en la equiparación competencial básica entre todas las comunidades autónomas".

Para el PP, la construcción del Estado de las autonomías debe realizarse "considerando esencial la idea de consenso en todo lo que suponga desarrollo de nuestra Carta Magna". El desarrollo autonómico requiere "el fortalecimiento de los órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, en particular las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales, con el fin de incrementar su participación y asegurar la necesaria coordinación entre los distintos centros políticos de decisión".

En materia de financiación, el Partido Popular se compromete a promover un pacto entre todas las fuerzas políticas parlamentarias y las comunidades autónomas para definir un modelo de financiación autonómica estable en sus elementos esenciales. Las características principales de este pacto son "la suficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad".

PSOE / Un proyecto federal y transformación del Senado

Los socialistas consideran que el Gobierno del Partido Popular ha roto el consenso en el desarrollo del Estado de las autonomías y se han acentuado los agravios territoriales. Por esta razón, consideran prioritario impulsar "desde el consenso, y con una perspectiva federal, el desarrollo de los estatutos de autonomía y la conclusión del proceso de transferencias y traspasos".

El programa del PSOE propone "la reforma de la Constitución para hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial, modificando su base electoral, asegurando la presencia en él de los Gobiernos autonómicos". El nuevo Senado tendrá funciones y competencias específicas para la participación real de las comunidades en materias esenciales para su propia actuación.

Los socialistas quieren dar estabilidad al modelo autonómico, que debe asegurar "la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos, garantizar la autonomía y suficiencia financiera de todas las comunidades y reducir las diferencias de renta entre ellas".

Para corregir el mal trato que sufre Andalucía en materia de financiación, proponen que "se tome en consideración la población real de cada comunidad autónoma". También plantean que fortalezcan los instrumentos de coordinación entre la Hacienda estatal y las autonómicas.

IU / Derecho a la autodeterminación en un Estado federal

Izquierda Unida parte de la base de que "la realidad plurinacional y plurirregional del Estado español es un hecho reconocido hoy social y culturalmente". Para configurar políticamente esta realidad IU propone un proceso federalizante que conduzca al Estado plurinacional, democrático y solidario. El protagonismo de este proceso debe llevarse desde los Parlamentos autonómicos.

El modelo federal que propugna IU obliga a "una reforma en profundidad de la Constitución española" a través de un pacto institucional. La nueva Constitución deberá reconocer "el carácter plurinacional, plurirregional, pluricultural y plurilingüístico del Estado".

El Estado federal exige transformar el Senado en "una auténtica Cámara de representación territorial que refleje el carácter plurinacional y plurirregional de los pueblos que conforman el Estado español".

El programa determina con precisión el reparto de competencias del nuevo Estado, distinguiendo las que son exclusivas de la Federación, las exclusivas de los Estados federados y las concurrentes.

IU defiende también el reconocimiento del derecho a la autodeterminación "tanto para respetar a quienes no deseen integrarse en el proyecto de federación como para encauzar la voluntad de federalización de los pueblos del Estado español".

CiU / Más poder legislativo en Cataluña y un nuevo pacto fiscal

La coalición nacionalista de Convergència i Unió (CiU) considera prioritario obtener más poder político y más dinero. Así, propone que el Parlamento disponga de mayores poderes legislativos para que la Generalitat pueda ser realmente "la autoridad pública ordinaria en su territorio" y un nuevo pacto fiscal. Los nacionalistas catalanes consideran que "Cataluña tiene un sistema de financiación injusto" porque los catalanes "pagan mucho más de lo que reciben".

Para superar esta situación, CiU propugna un pacto fiscal que debería comportar que "la Generalitat recaudase todos los impuestos pagados a Cataluña". De la recaudación obtenida, la Generalitat se quedaría el 100% de los impuestos especiales, de la matriculación de vehículos y de los tributos cedidos; el 50% del IVA y de sociedades, y el 60% del IRPF. El resto se transferiría al Estado. Uno de los aspectos más destacados del pacto es la creación de la Agencia Tributaria catalana para la gestión de los tributos recaudados en Cataluña. Se trata de ampliar a todos los impuestos las competencias de gestión que actualmente tiene en los tributos cedidos. CiU considera también que para aproximar la Administración al ciudadano es necesario el traspaso de la gestión del catastro para conseguir valoraciones catastrales homogéneas que sirvan de referencia para todas las administraciones.

PNV / Un modelo de autogobierno diferente para Euskadi

El Partido Nacionalista Vasco propone convertir en iniciativas parlamentarias los contenidos de las declaraciones políticas acordadas con los nacionalistas de CiU y BNG. El objetivo de esta colaboración es la construcción de "un modelo de Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe". Se trata de "vertebrar a partir de los proyectos de emancipación que se formulen desde Galicia, País Vasco y Cataluña, concibiendo el proceso de autodeterminación de los pueblos gallego, catalán y vasco como un proceso pacífico y democrático".

Para el PNV, "los Parlamentos nacionales de Euskadi, Cataluña y Galicia son las Cámaras en las que reside la soberanía popular de los pueblos gallego, vasco y catalán".

El PNV considera que el modelo de autogobierno vasco es diferente a la España de las autonomías. Se trata de "un modelo diferente, con sus ventajas y sus riesgos propios, por lo que debe ser construido en un plano bilateral que garantice dos principios básicos: la participación eficaz de los poderes públicos vascos en las decisiones que adopte el Estado con incidencia en Euskadi y la garantía de no interferencia sobre Euskadi por órganos del Estado en los que no hayan participado los poderes públicos vascos". El programa defiende el concierto económico y la presencia directa en los órganos de la UE que afecten a Euskadi.

BNG / Sistema de financiación especial para Galicia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) plantea un nuevo sistema de financiación autonómica de carácter asimétrico. El nuevo sistema debe otorgar un trato distinto a Galicia, por sus propias necesidades como nación, al de otras comunidades.

Un aspecto principal del nuevo modelo de finaciación es establecer un sistema fiscal de carácter progresivo. El BNG reclama "la administración por parte de Galicia de la práctica totalidad de los fondos estructurales que le corresponden", por considerar que actualmente son distribuidos de forma arbitraria por parte del Gobierno central.

También exige la administración por parte del Gobierno de Galicia de los recursos que le corresponden de los Fondos de Cohesión.

En otro frente, el programa del BNG plantea ampliar el campo de competencias que afectan a la ordenación, promoción y aprovechamiento de los sectores básicos de la comunidad. Entre estas competencias se citan las que afectan a las aguas continentales, minas, energía, políticas de empleo, empresas públicas, fondo de cooperación local, ley de contratos públicos y la normativa de vertidos contaminantes.

El BNG exige también un reconocimiento a la presencia internacional como nación a efectos institucionales sobre las cuestiones referentes a la identidad o intereses estratégicos.

EN OTROS PAÍSES
Participación en los organismos de la Unión Europea

La presencia de miembros de los Gobiernos regionales en el Consejo de la UE es una realidad cada vez más frecuente en la vida política comunitaria. Alemania y Bélgica han sido los pioneros de esta experiencia, permitida por el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993. Desde este año, y hasta septiembre de 1997, las delegaciones de Alemania y Bélgica estuvieron representadas por uno o varios ministros regionales en 30 ocasiones. Desde 1997, representantes de Gobiernos regionales del Reino Unido participan también en las reuniones del Consejo de la UE.

Esta creciente presencia de ministros o consejeros de los Gobiernos regionales en las instituciones europeas es uno de los indicadores más significativos del proceso descentralizador que están registrando varios países europeos, como son los casos del Reino Unido, Italia y España.

Reino Unido e Italia

La descentralización ha sido especialmente significativa en el Reino Unido, donde, a través de la devolution, se han transferido determinadas competencias a los nuevos Gobiernos de Gales y Escocia, que celebraron sus primeras elecciones autonómicas el pasado mes de mayo. Se trata, sin embargo, de un proceso de alcance más modesto que la experiencia española. En el caso de Escocia, se faculta al Gobierno regional para que pueda aplicar un recargo del 3% al impuesto sobre la renta, aunque todavía no ha decidido su aplicación.

En Italia, con independencia de los movimientos nacionalistas en las regiones septentrionales, como es el caso de la Liga Norte, el Gobierno italiano acaba de acordar la cesión de tributos a los Gobiernos regionales. La semana pasada, el Gobierno de Massimo D'Alema aprobó la cesión a las regiones de 40 billones de liras (unos 340.000 millones de pesetas). La mayor parte (35 billones de liras ) corresponden a la "devolución" del 25,7% del IVA nacional y el resto, a una parte del IRPF y del impuesto sobre la gasolina.

El reparto de los ingresos entre los Gobiernos centrales y regionales es uno de los temas de discusión cada vez más frecuentes en Europa. En Alemania, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia a favor de los länder ricos de de Baden-Wurtenberg, Baviera y Hesse, al que habían recurrido por considerar que sus aportaciones a la solidaridad eran excesivas. El tribunal ha estimado que se había producido una "sobrecompensación" por parte de estos länder y ha obligado al Gobierno federal a cambiar la ley en el plazo de dos años.

 

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