AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 1  Abril  2000
#Un juez suspende el reglamento de una universidad que favorece al catalán
BARCELONA. ABC 1 Abril 2000

#Un juez suspende el reglamento que impone el catalán en la Universidad de Tarragona
LALI CAMBRA, Tarragona El País 1 Abril 2000

#La normativa de usos lingüísticos de la Universidad de Barcelona será impugnada
L. C., Tarragona El País  1 Abril 2000

#Francia condena a un histórico de Iparretarrak a 20 años de cárcel
EP/AFP El Mundo  1 Abril 2000

#...Luego cabalgamos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  1 Abril 2000

#EH impone que el Ayuntamiento de Hernani destine diez millones para presos de ETA
SAN SEBASTIÁN. ABC  1 Abril 2000

#Cuanto más crítica, mejor
GERMAN YANKE El Mundo  1 Abril 2000

#Las lenguas
FRANCISCO UMBRAL  El Mundo  1 Abril 2000

Un juez suspende el reglamento de una universidad que favorece al catalán 
BARCELONA. ABC 1 Abril 2000

El titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona ha suspendido cautelarmente el reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili al admitir el recurso presentado por la Asociación Profesores para la Democracia y Asociación Convivencia Cívica Catalana, que lidera el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.

Esta decisión judicial se ha produce dos días después de que otro juez tachara de «inconstitucional» que se distribuyeran únicamente en catalán los exámenes de las pruebas de selectividad a raíz de una querella por prevaricación presentada por una profesora de la Universidad Rovira i Virgili (URV) contra el rector, Luís Arola.

Fuentes judiciales indicaron ayer a Efe que la suspensión cautelar del reglamento lingüístico de la URV dictada ayer por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, Eduardo Saavedra, pretende dar tiempo para determinar la legalidad de esta normativa antes de decidir si el procedimiento abierto debe llegar a juicio o bien suspenderse al no estar justificada la demanda del eurodiputado del PP Aleix Vidal- Quadras, líder de la Asociación Convivencia Cívica Catalana, una de las que han presentado el recurso.

El titular del juzgado Contencioso Administrativo sostiene en el auto judicial que adopta la suspensión cautelar para analizar si el reglamento, que prioriza el uso del catalán, «daña a terceros» como pueden ser profesores y otros, porque «no cabe confundir legítimas aspiraciones al uso de una lengua con los intereses públicos que se representan que en este caso es impartir la enseñanza».

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
El juez añade que «la norma que se impugna regula otras cuestiones tales como los requisitos de contratación, concesiones, concursos, dominio de la lengua que puede afectar a terceras personas ajenas al interés general de la enseñanza (...) y por ello el hipotético -por no probado- daño que se produciría por no aplicar el reglamento con toda su intensidad ya que en su casi totalidad se está aplicando». Eduardo Saavedra argumenta que la suspensión «responde a la necesidad actual de alejar el temor o peligro del daño futuro».

Ante esta suspensión cautelar, el Comisionaddo para Universidades e Investigación de la Generalitat ha difundido un comunicado en el que manifiesta que «el avance de la presencia y el uso de la lengua catalana en nuestra sociedad, incluyendo las universidades, continúa siendo uno de los objetivos del gobierno de la Generalitat». La nota del Comisionado destaca, asimismo, «la importancia de las normas de usos lingüísticos aprobadas por las universidades catalanas, que han requerido un importante esfuerzo de consenso por parte de los diferentes colectivos que integran cada universidada». Del mismo modo, el comunicado subraya «el trabajo serio y profesional que llevó a cabo la URV para elaborar su normativa de usos lingüísticos», fue aprobada oficialmente por el claustro.

APOYO DE LA GENERALITAT
La Generalitat reiteró ayer su apoyo a los órganos de gobierno de la Universidad tarraconense y expresó su confianza en que «la acción de la Justicia no implique un freno al pleno desarrollo de la lengua catalana en el ámbito universitario».

Por su parte, el secretario general del PP de Cataluña, Rafael Luna, indicó que su partido es «tremendamente cauteloso» con la justicia y que esperará a que haya una resolución en firme. Anunció, sin embargo, que mantendrán su defensa de la cooficialidad del catalán y el castellano y de la libertad de los profesores y alumnos para elegir el idioma que prefieran.

Luna indicó que el grupo parlamentario del PP mantendrá la oposición no de ley presentada con la intención de abundar en la oficialidad idiomática, al tiempo que no descarta emprender nuevas iniciativas una vez se conozca la sentencia.

La decisión judicial se produce después de que otro juez de Tarragona, Pedro Antonio Casas, abriera juicio oral contra el rector de la URV y el coordinador de la selectividad, Joan Igual, por un presunto delito de prevaricación, al sancionar a una profesora de Gramática Española de la Facultad de Letras, Josefina Albert, que repartió exámenes de las pruebas de acceso a la universidad en castellano sin autorización.

La norma lingüística que rige las pruebas de acceso a las universidades catalanas prevé que los exámenes se entreguen en catalán y que sólo se den ejemplares en castellano en el que caso de que las dudas del alumno no puedan aclararse consultando al tribunal de las pruebas.

Un juez suspende el reglamento que impone el catalán en la Universidad de Tarragona
La Rovira i Virgili sufre su segundo revés judicial en una semana en la cuestión lingüística
LALI CAMBRA, Tarragona El País 1 Abril 2000

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha sufrido su segundo revés judicial en una semana. Tras la reciente imputación de su rector, Lluís Arola, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Tarragona ha suspendido su reglamento de usos lingüísticos en virtud del recurso interpuesto por la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El juez, Eduardo Saavedra, reconoce la autonomía universitaria, pero decreta la suspensión por considerar que se pueden "producir daños a terceros afectados".

La normativa, aprobada el 21 de enero del pasado año por el claustro, establece que el catalán es la lengua propia de la universidad y, como tal, es la lengua de uso general y prioritario en todos los ámbitos. Uno de los aspectos más polémicos es el recogido en el artículo 6, que exige a los nuevos profesores la acreditación de un determinado nivel de conocimientos de lengua catalana. La propia universidad decidió no aplicar este artículo temiendo que se pudieran producir impugnaciones de concursos de plazas por su redacción. El pasado noviembre, sin embargo, el rector Arola se comprometió ante el claustro a hacer lo posible para que entrara en vigor este año.

Éste es el segundo revés que sufre la URV en una semana, en los dos procesos judiciales que mantiene por cuestiones lingüísticas. El miércoles trascendió el contenido del auto del juez penal que investiga la presunta prevaricación del rector Arola -que podría suponerle entre siete y diez años de inhabilitación- en la exclusión de las pruebas de selectividad de una profesora que repartió cuestionarios en castellano.

Al suspender el reglamento lingüístico, el juez recuerda que la justicia cautelar se aplica en virtud de la preservación de los intereses generales. Tras reconocer "el derecho de la universidad a regular su funcionamiento y, dentro del mismo, el uso de la lengua", el magistrado afirma que "no cabe confundir legítimas aspiraciones al uso de una lengua con los intereses públicos que se representan, en este caso la impartición de la enseñanza".

El juez recuerda que "la norma que se impugna regula otras cuestiones tales como los requisitos de contratación, concesiones, concursos, dominio de la lengua que puede afectar a terceras personas ajenas al interés general de la enseñanza (...) y por ello el hipotético -por no probado- daño que se produciría por no aplicar el reglamento con toda su intensidad ya que en su casi totalidad ya se está aplicando".

Es en virtud del daño a esas terceras personas por lo que el tribunal decide la suspensión de la normativa, alegando que "responde a la necesidad actual de alejar el temor o el peligro del daño futuro". Por ello y, hasta el momento en que exista sentencia firme, "los ciudadanos tienen derecho a que se respete su situación actual", añade el juez.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en junio de 1999. El tribunal se declaró incompetente el pasado enero en favor del juzgado de lo contencioso de Tarragona. Contra la decisión del juez cabe recurso ante el TSJC, que también será la instancia ante la cual recurrir cuando se dicte sentencia.

El Comisionado para Universidades de la Generalitat difundió un comunicado en el que recuerda: "El avance de la presencia y el uso de la lengua catalana en nuestra sociedad, incluyendo las universidades, continua siendo uno de los objetivos del Gobierno de la Generalitat". El Comisionado destaca "la importancia de las normas de usos lingüísticos aprobadas por las universidades catalanas" y subraya "el trabajo serio y profesional que llevó a cabo la URV para elaborar su normativa de usos lingüísticos". El Ejecutivo catalán reiteró su apoyo a los órganos de gobierno de la URV y su confianza en que "la acción de la Justicia no implique un freno al pleno desarrollo de la lengua catalana en el ámbito universitario".

La normativa de usos lingüísticos de la Universidad de Barcelona será impugnada
L. C., Tarragona El País  1 Abril 2000

El rector de la URV, Lluís Arola, quiso recordar ayer que la decisión cautelar es "un paso intermedio" en un proceso judicial abierto, donde lo que cuenta es la decisión final. Tras asegurar que la URV acatará el mandato del tribunal, Arola apuntó que el dictamen no variará el funcionamiento interno del campus, dado que gran parte del contenido del reglamento ya se aplicaba, aunque sin especificación normativa. El artículo sexto del reglamento, referente a la acreditación de nivel de catalán a exigir a los profesores que opten a nuevas plazas de titular o catedrático, quedará, por el momento, paralizado, a la espera del dictamen definitivo de los tribunales.

Arola insistió en que el controvertido reglamento de usos lingüísticos fue aprobado por el claustro universitario que él preside y que sus intenciones son que se permita su aplicación en su totalidad. El próximo martes el consejo rectoral discutirá el contenido del auto del juez y se pronunciará sobre la presentación de un recurso ante el TSJC.

El delegado de Gobierno de la Generalitat en Tarragona -también parte demandada en el proceso-, César Puig, afirmó que en los próximos días estudiarán la presentación del recurso, aunque reconoció que el auto está muy bien fundamentado en los principios generales. "En lo referente al reglamento de forma concreta, discrepamos", añadió.

José Domingo, secretario de Convivencia Cívica Catalana, plataforma que ha presentado la demanda y está presidida Aleix Vidal-Cuadras, eurodiputado del PP, valoró la decisión adoptada por el juez y pidió que se derogue o suspenda el reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Barcelona (UB) por ser de un contenido similar. CCC anunció que también lo impugnará.

Domingo quiso incidir "en que el juez considere que el interés público, en este caso, es la suspensión del reglamento de usos lingüísticos y que haya llegado a esta conclusión con una simple lectura de la disposición impugnada". Para Domingo, "es especialmente revelador que el juez considere para adoptar su decisión que la aplicación del reglamento supondría una perturbación grave para la comunidad, ya que no se limita su aplicación a la enseñanza sino que desborda este campo y afecta a terceras personas ajenas al mundo educativo".

El secretario de CCC considera que la medida cautelar tomada por el juez es "muy excepcional". Esto sucede, en su opinión, porque el reglamento "es anticonstitucional, rompe la armonía de la comunidad universitaria, limita su progreso al convertir la universidad catalana en una universidad endogámica".

"Contra eso hemos recurrido, contra la endogamia universitaria y a favor de la libertad de cátedra y del propio prestigio universitario", dijo.

Francia condena a un histórico de Iparretarrak a 20 años de cárcel
El Tribunal de París fija penas para otros dos miembros del grupo terrorista
EP/AFP El Mundo  1 Abril 2000

PARIS .- Philippe Bidart, jefe histórico de la banda terrorista vasco-francesa Iparretarrak (IK) y su lugarteniente, Jean Gabriel Mouesca, han sido condenados esta noche a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, por un Tribunal especial de París.

Ambos fueron juzgados por un enfrentamiento durante el que un gendarme resultó muerto y otro herido. Los hechos tuvieron lugar el 7 de agosto de 1983 en Léon, en el Departamento francés de las Landas.

Por su parte, Joseph Etcheveste fue condenado a cuatro años de prisión con suspensión de la pena.

El veredicto, que fue hecho público tras cinco horas de deliberaciones, es muy inferior a la pena máxima de 30 años de prisión, solicitada por el fiscal para Bidart y Mouesca, y de cuatro años para Etcheveste.

La corte ha absuelto a Bidart del asesinato del gendarme Yves Giummarra y a Mouesca por el intento de asesinato del gendarme Jean-Paul Plouzeau y únicamente les consideró cómplices de esos hechos.

Philippe Bidart, máximo dirigente de Iparretarrak, fue detenido en febrero de 1988 y condenado por un Tribunal especial de París, en noviembre de 1992 a la pena de cadena perpetua. También fue juzgado por el mismo tribunal Jean Gabriel Mouesca, considerado el número dos, al que se le impusó una pena de 15 años de cárcel.

Bidart fue acusado, entre otros delitos, del asesinato de dos agentes de los Cuerpos Republicanos de Seguridad, el 19 de marzo de 1982.

...Luego cabalgamos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  1 Abril 2000

«Que nadie se lleve las manos a la cabeza si a una radicalización del nacionalismo español le sigue una radicalización del nacionalismo vasco democrático» amenazaba Iñaki Anasagasti el 15 de abril de 1998 en una Tribuna Abierta difundida por OTR/Press, en la que descalificaba el programa de Carlos Herrera en RNE como «muestra de opinión sin contraste, defensa a ultranza del nacionalismo ultraespañol más montaraz y leña al mono... por parte de gentes con muy dudoso comportamiento democrático, que están en una verdadera cruzada... y ganando sueldos supermillonarios...».

Apenas unos días antes, el 8 del mismo mes, el periódico del PNV, Deia, dedicaba una página entera, con fotografías de Carlos Herrera y de quien esto suscribe, a reproducir en tono de censura una tertulia de dicho espacio, en la que ambos habíamos criticado al presidente del EBB, Xabier Arzalluz. La víspera, la oficina de prensa del citado partido emitía un comunicado en el que se nos tachaba a Carlos Dávila y a mí misma de «obsesos contra el nacionalismo, representantes de la ultraderecha montaraz». Dos años más tarde, el 26 de enero del 2000, recurrían al mismo procedimiento inquisitorial, sin parangón en el ámbito de actuación de nuestra democracia; a saber, la nota oficial de condena pública de dos periodistas, para anunciar medidas legales contra Carlos Herrera e Isabel San Sebastián por «insultar, vejar y linchar al nacionalismo vasco en particular y también al pueblo vasco».

Intimidar y amenazar

Las medidas en cuestión, por supuesto, no llegaron a materializarse nunca, porque nunca estuvo en la mente de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) plantearlas. Se trataba de intentar intimidar a dos profesionales de la información y, a través de ellos, a todos los que cumplen con su deber ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, también en el País Vasco. La organización terrorista ETA se ha encargado de concretar ahora la amenaza, con una caja de puros cargada de dinamita, porque, como dijo el dirigente de Euskal Herritarrok (EH), Arnaldo Otegui, con evidente conocimiento de causa, «ETA cree que puede cambiar mediante la lucha armada la línea editorial de determinados medios que no son neutrales en el conflicto de Euskal Herria» (sic).

Lo cree y lo ha intentado denodadamente a lo largo de los años, de modos y maneras diversos. Fue la rama juvenil de su entramado político, Jarrai, la primera en adoptar en 1993 la estrategia consistente en acosar a determinados periodistas y medios de comunicación, a través de carteles y pasquines. Inmediatamente, Herri Batasuna (HB) aplaudió la iniciativa y uno de los integrantes de su mesa nacional, José María Olarra, actualmente procesado por su presunta vinculación con ETA, acuñó el término de «terroristas de la pluma» para referirse al «peligroso trabajo» de determinados profesionales. De ahí a que la banda armada los incorporase a su lista de objetivos sólo hubo un paso y, de hecho, en varios de sus documentos internos, los etarras apuntan la necesidad de «tomar medidas» contra ese colectivo.

Una de las primeras voces que estuvieron a punto de silenciar definitivamente fue la de nuestra compañera Carmen Gurruchaga, cuando un potente artefacto hizo explosión en la puerta misma de su casa, de noche y estando ella con sus hijos. Otra ha sido la de Carlos Herrera. Simultáneamente, los vándalos callejeros no han dejado de hostigar a periódicos críticos, como El Correo Español, llegando incluso a atentar contra el domicilio de los padres de su redactor jefe, Pedro Briongos, y, por supuesto, los terminales mediáticos batasunos, como el diario Gara (antes Egin), han redoblado sus referencias a determinados comunicadores, con nombres y apellidos.

Lo relativamente novedoso en este guión conocido es que de un tiempo a esta parte esa tarea de justificación previa y aparentemente involuntaria de lo que pueda suceder; esa elaboración meticulosa de un perfil de «colaboracionista» destinado a convertir a la víctima potencial en alguien odioso a ojos de un sector de la opinión pública vasca; esa tarea propagandística previa, sin la cual ETA tendría dificultades para explicar sus actos a su propia parroquia, no la llevan a cabo sólo los portavoces de la izquierda abertzale, sino sobre todo algunos nacionalistas llamados democráticos, como el propio presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y algunos de los medios a su servicio, empezando por el diario Deia.

Por ello, no es de recibo que ahora se rasguen las vestiduras y reivindiquen su derecho a criticar a ciertos periodistas. Nadie niega ese derecho. Pero hay críticas y críticas. Cuando en el País Vasco se le coloca a alguien la etiqueta de «antivasco», «chivato» [terminal del Ministerio del Interior o transmisor de consignas de Jaime Mayor Oreja, que en su jerga viene a ser lo mismo] o «fascista», se le está colocando una diana en la frente o una estrella de David en la pechera.

Para los habitantes de ese universo estanco en el que se mueven ETA y la izquierda abertzale, todo se mide en términos militares y todo vale, incluido el asesinato a sangre fría de quien es percibido como el enemigo. Y ellos, los nacionalistas, lo saben.

La inquina

¿Por qué entonces esta inquina, este empeño en destruir a determinados informadores y esta obsesión con algunos periodistas? Sencillamente, porque les hacemos daño. Porque desde que a comienzos de los años 90 los medios de comunicación nacionales empezaron a penetrar fuertemente en un terreno que hasta entonces había sido un coto cerrado, desde que las televisiones y las radios, a través de las tertulias, comenzaron a plantear visiones diferentes de las verdades oficiales y los principales periódicos locales se sintieron reforzados en su independencia, el nacionalismo gobernante empezó a perder terreno en las urnas.

En las elecciones generales del pasado 12 de marzo, los partidos del frente de Estella obtuvieron un 40% de los votos emitidos, frente a un 60% alcanzado por los partidos defensores de la Constitución y el Estatuto, con apenas siete puntos más de abstención, a pesar del llamamiento coactivo de HB al boicot. En los comicios del 96, la proporción había sido 47% frente a 53%. Y con respecto a las autonómicas del 98, el balance del PNV resultó deficitario en más de dos mil votos (345.356 frente a 347.958) pese a recuperar buena parte del electorado tradicional batasuno.

Y es que la libertad de información y de expresión, la verdad y la palabra, juegan en su contra......

EH impone que el Ayuntamiento de Hernani destine diez millones para presos de ETA 
SAN SEBASTIÁN. ABC  1 Abril 2000

El Ayuntamiento de la localidad de guipuzcoana de Hernani, gobernado por EH con mayoría absoluta, ha destinado una partida de diez millones de pesetas de su presupuesto para ayudar a los presos de ETA y a sus familiares. El senador del PP por Guipúzcoa, Gonzalo Quiroga, denunció que EH quiere convertir el País Vasco en «la albania del pasado».

La partida destinada a los presos etarras responde a la iniciativa de una nueva comisión integrada por grupos de familiares de reclusos de ETA, como Senideak y Gestoras pro Amnistía. El presupuesto fue aprobado por los nueve concejales de EH, frente a los votos en contra de EA-PNV y PSE-EE, mientras que el edil del PP no estuvo presente.

Tanto la coalición EA-PNV como el PSE-EE presentaron dos enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por los ediles de EH.

Hace varios años ayuntamientos del País Vasco, controlados por HB, que destinaron partidas de sus presupuestos a apoyar a los presos de ETA y de sus familiares o para financiar las visitas de los concejales proetarras a las cárceles, fueron investigados por el Ministerio Fiscal por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

El senador y dirigente del PP de Guipúzcoa, Gonzalo Quiroga, calificó de «trágico» el hecho de que esta Corporación destine diez millones para ayudar a los presos y familiares al tiempo que denunció que «EH quiere convertir Euskadi en la Albania del pasado, un pseudoestado en el que los presos sean los héroes, las víctimas sean tratadas como criminales y ETA sea la fuerza militar que aplaste cualquier disidencia». En opinión de Quiroga, «con estas actitudes EH se reafirma como el brazo político de la última organización terrorista europea que sigue asesinando. Lo que EH oculta es que siempre que puede impide que salgan a la calle los presos que están en condiciones de acceder a un grado penitenciario de mayor libertad, porque, en el fondo, EH utiliza a los presos y a sus familias como moneda de cambio para sus objetivos totalitarios. Ese es el futuro que propugnan para Euskadi: premiar a los asesinos y acallar a las víctimas».

El senador popular añadió que «ETA y EH coinciden en su estrategia, unos asesinan y otros quieren imponer una dictadura que es la antítesis de lo vasco». Asimismo, dijo que es «injustificable la equidistancia» que emplean algunos dirigentes nacionalistas, entre ellos el lendakari, al querer colocarse en un punto intermedio entre los terroristas y los que llaman «inmovilistas». «Con esta actitud, Ibarretxe está haciendo el juego a ETA, que disfruta al comprobar la debilidad del PNV».

ETARRAS CONDENADOS
Por otra parte, la Audiencia Nacional condenó ayer a 102 años de prisión a los etarras del «comando Andalucía» José Luis Barrios Martín, Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa por el atentado que intentaron contra la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, el 29 de septiembre de 1998, mediante el lanzamiento de granadas. Loss artefactos fueron detectados por un voluntario de la Cruz Roja que avisó a la Policía.

Cuanto más crítica, mejor
GERMAN YANKE El Mundo  1 Abril 2000

La violencia de ETA y la brutalidad política que la rodea no es, ciertamente, uno de los grandes temas, ni incluso de los recurrentes, en la literatura de las últimas décadas. Si la literatura de una época termina por mostrarla, podríamos concluir que la Euskadi contemporánea es un país replegado sobre sí mismo que, sin embargo, se contempla sólo a medias. O, más exactamente, que no quiere de ninguna manera contemplarse tal cual es. Mucho lirismo, mucha ciudad sórdida (o, en todo caso, nocturna) en la que tipos extravagantes, y a menudo decadentes, no se encuentran jamás con la violencia, mucho amorío en su versión más sedante, mucho cuento.

Sin embargo, ha durado ya tanto tiempo esta tortura de ETA que se puede elaborar una lista relativamente nutrida de excepciones a la regla general. Hay ejemplos más o menos extravagantes, como Les cavaliers de Guernica, una novela tan infumable como pro etarra publicada en 1970 por un tal Stani Gorka, y Shibumi, de Trevanian, un best seller bastante mejor, en el que se mezcla la violencia terrorista con las grandes redes de agentes y espías internacionales. De todos modos, creo que El verano de Katya, del mismo misterioso autor, refleja mucho mejor el juego de silencios y pretendidos secretos de los vascos.

Un novelista que se ha enfrentado a la barbarie etarra con valentía, y con buena literatura, es Raúl Guerra Garrido: Lectura insólita de «El Capital» y La carta dan una idea de la angustia y el absurdo intelectual de los secuestros y las extorsiones. Porque antes se había optado por el etarra que vuelve amnistiado, un recurso que servía más para mostrar otro país, el deseado, que el que ellos habían tratado de machacar (y que, en cierta medida, habían conseguido). En este capítulo pueden estar, con mayor o menor dosis de críticas, El hijo de Itziar, de Bernardo Arrizabalaga, y Nos encontraremos en Grand Place, de Mario Onaindía.

En la literatura en lengua vasca tenemos la versión del etarra que, aunque equivocado, en el fondo es buena persona, de la que es un maestro Bernardo Atxaga (El hombre solo y Esos cielos), y la más atinada en la que, siendo seres humanos, podemos ver su brutalidad: 100 metros y Los pasos incontables, de Ramón Saizarbitoria, el mejor escritor de todos ellos. Y sobre el abertzalismo radical un magnífico libro de Eduardo Gil Bera, Os quiero a todos. La conclusión, evidente: cuanto más crítica, mejor es la literatura que aborda el tema de ETA. Al fin y al cabo, la buena literatura no puede ser ajena ni a la vida ni a los compromisos éticos.

No es ajeno a este criterio el cine, me parece, y es mucho mejor Días contados, mostrando una ETA marginal y desesperada, que Operación Ogro. Jorge Semprún creyó siempre que los diarios de Yoyes proporcionaban material para una magnífica y comprometida película, e incluso envió el libro a Costa Gavras. Porque mostraban el horror y podían abrir la puerta a la memoria ejemplar. Veremos si son ésas u otras las emociones que nos depara la nueva película.

Las lenguas
FRANCISCO UMBRAL  El Mundo  1 Abril 2000

En un reciente Forum Iberoamericano, Camilo José Cela ha pronunciado, ante el príncipe Felipe, un puñado de claras, puras y sensatas palabras en aviso y defensa del español. Cela habló asimismo de las otras lenguas peninsulares, españolas o no, que eso uno no lo sabe, diciendo su amor por ellas, como siempre lo hace, con lo que el premio Nobel no es sospechoso ni querencioso de otras manías nacionalistas.

Y digo yo: el catalán, con su atabal profundo, el catalán barroco, edificado, su gracia sobria o la Bien Plantada. Cómo olvidar esa página de lo nuestro, ese códice de lo suyo, esa flor viva y beligerante en el prontuario de nuestras lecturas. Las lenguas peninsulares no le hacen competencia al castellano, que es sólo el español que se habla en Castilla. Vuelvo a conocer el texto de Cela en el ABC. Los políticos no son poetas, claro, y por eso hacen de un idioma una ballestería y una permuta. Los poetas, los que oyen hablar con la oreja del alma, no pueden reñirse por una palabra ajena y tan nuestra, por el nombre bello de las cosas, aunque sean otras. El poeta es criatura universal porque toda voz, hasta la más distante, le dice algo, aunque sea lo que él se inventa, que no será lo peor.

Y digo yo: el galaico gentil en su xiringa, como un llanto feliz, como una lluvia clara, el galaico de solfeos verdes en su gaita tan céltica y errática.

La lucha por las lenguas, que hoy vivimos, no es cosa, pues, de músicos de la palabra, sino de oscuros empeñistas, de trajineros auñones, de prestamistas intelectuales. Con todo eso tendría que acabar el nuevo Gobierno que va a formarse, sin olvidar el nacionalismo español, que denunciábamos aquí el otro día. Todos los viejos países europeos son ricos en decires y dialectos, a más de la gran lengua general, política y poética, financiera, por la que se les conoce. España también. Pero sólo España se rompe en espejos por estas cosas del habla, sólo aquí se confunde expresión y reunión, y se hace del dialecto o idioma singular un arma feudal para combatir el centralismo que ya no existe, gracias a la fluidez de las lenguas, precisamente, y a la fluidez del dinero.

Y digo yo: el vasco, esa pintada de la música, en la pared azul del caserío, el vasco, ese bizarro idioma, ese rodal de piedras y de bueyes, esa copa de árbol sentencioso que dura en el pasado de la lluvia, que dura en la memoria del camino.

El espectáculo más distraído que estamos dando al mundo, después del discurso de Almodóvar, es la guerra de las lenguas, que en vez de enriquecerse unas a otras, como en Ezra Pound, se combaten y enzarzan.

Y digo yo: que suenen atabales y xiringas, que suenen músicas caudales, en las gaitas de España, en el arpa de lluvia de Vasconia, pero no en los fusiles que ahora duermen.

Bien , Camilo, por tus palabras, y allá van las mías, hospicianas, esta prosa inclusera que me gasto porque el decir me importa más que yo.

Recortes de Prensa   Página Inicial