AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 17  Abril  2000
#Crisis endémica
Editorial ABC 17 Abril 2000

#El desgobierno vasco
Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 17 Abril 2000

#La «mordaza catalana»
Jorge TRIAS SAGNIER ABC 17 Abril 2000

#ETA arrincona a Otegi e impone «comisarios políticos» para dirigir la refundación de HB
MADRID. J. Pagola / D. Martínez ABC 17 Abril 2000

#Otegi ofrece al PNV y EA otra tregua de ETA a cambio de su ruptura con España
A. GUENAGA, Bilbao El País 17 Abril 2000

#El Gobierno muestra su inquietud porque no disminuye la fuerte deuda de las autonomías
LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid El País 17 Abril 2000


Crisis endémica 
Editorial ABC 17 Abril 2000

EL principal problema para analizar la conflictiva situación vasca es la ausencia total de una mínima lógica política reconocible en la estrategia del Partido Nacionalista Vasco. Aunque resulte chocante, ha sido una escueta y reciente valoración judicial la que ha descrito con mayor precisión los perjuicios de la nueva política de alianzas del PNV. Hace pocos días, un juez de Vitoria dejó en libertad a un joven que había perdido tres dedos al manipular un cohete durante unos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según el juez, al margen de sus opiniones sobre la falta de prueba, «el delito no ha producido alarma social». Salvando las distancias que se quieran y poniendo las reservas que se estimen adecuadas, este pronunciamiento judicial, además de remontarnos al nefasto veredicto absolutorio del doble homicidio de Itxasondo, recoge la consecuencia más perniciosa del pacto de Estella, que es la «normalización» de la violencia etarra y proetarra como un elemento más del marco político vasco, en el que se desarrolla el tan socorrido conflicto con España. Si, ante el absoluto ilícito moral que supone la connivencia con el terror, la reacción del PNV es la reafirmación de su alianza abertzale, no cabe sorprenderse de que en el País Vasco haya jueces, políticos, periodistas y ciudadanos en general que viven diariamente sometidos a la tensión impune de la coacción, muchas veces subliminalmente justificada por los dirigentes nacionalistas.

El devenir del pacto de Estella ha hecho que el PNV deje de ser la permanente variable de la política vasca que condicionaba el día a día de las instituciones democráticas y de la convivencia política. Ya no es ese nacionalismo posibilista al que no se podía incomodar porque decía actuar como muro de contención del nacionalismo radical. Ha abdicado de esta responsabilidad histórica y política para fundir el acuerdo que le pedían los sentimientos, la reunificación de la familia nacionalista, cuya existencia justifica por sí misma el sacrificio de las reglas de concordia y diálogo políticos vigentes hasta el pacto de Estella, incluso la muerte por inanición de un Parlamento que en año y medio sólo ha conseguido aprobar dos leyes.

Mientras el PNV se mueve, pero no avanza, por la nada política, sin fijar objetivos comunes para todos los ciudadanos vascos ni defender estrategias reconocibles en la actividad política democrática, el nacionalismo radical y violento contínúa su proceso de adaptación a una nueva táctica de fuerza. HB terminará en mayo su proceso de renovación —nombre incluido—, será controlada por quienes asegurarán la absoluta servidumbre a las directrices de ETA, sigan o no algunos de los rostros que, como Arnaldo Otegi, han personificado la breve estancia del nacionalismo radical en una aparente actividad institucional.

En estas condiciones, ya no es suficiente con que el PNV abandone el pacto de Lizarra; si lo hiciera nada permitiría confiar en la sinceridad del retorno del PNV a la cordura política, en tanto no cambiaran sus actuales dirigentes y sus derivas soberanistas, causas de una desafección sin precedentes del nacionalismo con los valores democráticos. De esta forma, los partidos constitucionalistas tienen una responsabilidad histórica. Populares y socialistas han llegado a encarnar la alternativa en el Gobierno de Vitoria, impulsados por la liberación espontánea de la voluntad de amplios sectores de la sociedad vasca no nacionalista, cuyo voto del 12-M fue coyuntural, pero que puede consolidarse en su haber, especialmente de los populares, si perseveran en el mensaje integrador, sin frentismo, que representa la defensa del Estatuto y de la Constitución. Los socialistas tienen una responsabilidad: la de la sinceridad. Las manifestaciones de ciertos dirigentes dan la impresión de que les asusta la expectativa de formar o facilitar a medio plazo una alternativa de gobierno en la que el PNV puede no estar presente o estarlo en pie de igualdad con el resto de las formaciones. Por esta razón es preciso que en el seno del Partido Socialista se unifique el mensaje cuanto antes, en un sentido o en otro, y por su propio interés, porque los ciudadanos no nacionalistas han demostrado que no van a premiar nunca más al ambiguo ni al pusilánime.

El desgobierno vasco 
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 17 Abril 2000

EL desgobierno que sufre el País Vasco no es sino la manifestación, grave pero superficial, de la crisis social, de la desmoralización que sufre una sociedad profundamente escindida y amedrentada, en gran parte envilecida, por la presencia cotidiana del terror. Son tantas las razones que abogan en favor de la disolución del Parlamento autónomo, de la dimisión del Gobierno y de la convocatoria de elecciones anticipadas que casi huelga enunciarlas.

Después del desplante parlamentario de EH, impuesto por ETA, que ha recuperado el control de la izquierda independentista radical, el Ejecutivo que preside Ibarretxe se ha quedado en minoría. Es casi seguro que una moción de censura no prosperaría con la actual correlación de fuerzas, pero también lo es que podría tener un alto valor político y testimonial. El PNV no puede ignorar el resultado de las últimas elecciones generales, cuya transposición al panorama autonómico permitiría que la moción prosperara y que se pudiera formar un Gobierno no nacionalista.

El regreso de ETA a las armas y la recuperación de su control sobre EH hacen insostenible la situación del Gobierno vasco. ETA ha impuesto el abstencionismo parlamentario de EH, salvo en lo relativo a las cuestiones de la llamada «construcción nacional», es decir, del reto ilegítimo a la unidad nacional y al Estado de Derecho, como ya impuso la tesis abstencionista en las elecciones generales. Mantener Estella con EH manejada por ETA y el regreso del terror es insostenible para el PNV y para Ibarretxe. Un partido que pretende ser democrático no puede mantener un pacto con quienes no sólo no condenan los crímenes sino que se han convertido en títere de la organización terrorista.

Desde la investidura de Ibarretxe hasta la ruptura de EH con el PNV, el Parlamento vasco no había expresado de forma inequívoca su repulsa a ETA y su solidaridad con las víctimas del terrorismo. Se condena el horror lejano, en Timor Oriental y en el Kurdistán, pero no el próximo. A esta indigencia moral y política hay que unir la inoperancia y el bloqueo institucional. Durante el año y medio que Ibarretxe lleva desgobernando el País Vasco, sólo ha logrado sacar adelante dos leyes de carácter presupuestario. La anorexia parlamentaria endémica es aún más grave si se considera que el PNV disponía, con el apoyo de EH, de la mayoría absoluta. Empeñado en la «construcción nacional», el Gobierno vasco carece de tiempo para gobernar. La disolución es el único remedio para combatir la astenia. Y si el Ejecutivo enfermo carece ya de voluntad para tomar por sí sólo la determinación, debe ser ayudado mediante el procedimiento de la moción de censura. Buena prueba de esta crisis del Gobierno de Vitoria es su ya clásica incapacidad para solucionar los gravísimos problemas de orden público que padece la sociedad vasca. El desgobierno alcanza su paroxismo en la calle. No puede gobernar quien es incapaz de proteger la seguridad y las libertades.

Tampoco pueden inquietarse quienes temen las novedades. En 1991 Ardanza presentó una cuestión de confianza después de romper con EA por un motivo similar al de el actual pacto de Estella. Y antes, en 1986, disolvió el Parlamento y convocó elecciones.

Si todas estas razones no justifican la convocatoria de elecciones anticipadas es que nunca hay ni habrá razones para hacerlo. Un Gobierno vasco que excluya a los partidos no nacionalistas es en la situación actual un error político y un agravio a la legitimidad. Ibarretxe ha fracasado, y no existe mejor manera para saldar el tributo del fracaso que el pago en la moneda de la dimisión. Mientras tanto, el Gobierno vasco es pura fantasmagoría.

La «mordaza catalana» 
Por Jorge TRIAS SAGNIER ABC 17 Abril 2000

LA «querella catalana» consiste, esencialmente, en un montaje jurídico para imputar un delito a una persona con el fin de llevarle al terreno en el que otra quiere negociar. Es una expresión muy típica que se aplica a querellas sin fundamento hechas por hábiles abogados. La «mordaza catalana» consistiría, más o menos, en lo mismo pero aplicado al terreno político y con formas un poco más burdas. A lo largo de la pasada legislatura hubo múltiples ejemplos en este sentido por parte de los partidos nacionalistas en sus relaciones con el Partido Popular. Evidentemente todo ese panorama ha sido modificado por el resultado electoral del 12 de marzo aunque algunos parece no se han enterado de cuál es su verdadera dimensión. Una cosa es tener buenas relaciones, incluso excelentes, por ejemplo con CiU, y otra, muy distinta, intentar aplicar el mismo esquema de mordaza a un partido que ha obtenido una holgada mayoría absoluta. Pujol afirmó el otro día que respaldaría la investidura de Aznar si no había más injerencias del Partido Popular en Cataluña, es decir, si permanecían amordazados en temas lingüísticos o educativos. Para CiU, al parecer, cualquier manifestación, la haga Piqué o el Foro Babel, sobre temas lingüísticos, es considerada «un ataque a uno de los pilares básicos de la identidad de nuestro país, su lengua» o, más escuetamente, «un atentado contra la convivencia en Cataluña».

Hace unos días Camilo José Cela publicó un singular artículo —«El español y el castellano»— en el que ponía sobre el tapete lo evidente y de ahí, su singularidad. Mostraba lo que dicen sobre esta cuestión las Constituciones de las dieciocho repúblicas hispanoamericanas y lo que dice la nuestra, para llegar a una conclusión tan clara como ésta: «Declaro que en España y para distinguirlo de las lenguas periféricas llamo castellano al idioma común, y en el extranjero y para expresar que me refiero a nuestra lengua oficial y también común, le llamo español». Yo creo que el artículo de Cela debería recortarse e incluirse en todos los textos del Bachillerato de todas las comunidades Autónomas, especialmente donde gobiernan los nacionalistas, pues no parece que admita discusión.

La «querella catalana» se estudia como una figura jurídica espuria en los manuales de Derecho Penal. La «mordaza catalana» ha sido una forma habitual de hacer política de los partidos nacionalistas y un día no lejano se estudiará, también, en los manuales de Derecho Político. La democracia, desde luego, es el gobierno de las mayorías con absoluto respeto de las minorías, pero nunca la imposición del criterio minoritario sobre las decisiones mayoritarias.

ETA arrincona a Otegi e impone «comisarios políticos» para dirigir la refundación de HB 
MADRID. J. Pagola / D. Martínez ABC 17 Abril 2000

ETA ha impuesto nuevos «comisarios políticos» en HB/EH para erradicar la corriente «posibilista» que encabeza Arnaldo Otegi y controlar la nueva estrategia de radicalización de la izquierda abertzale que, en breve, se aglutinará en torno a la coalición Herritarren Batasuna, que sustituirá a la actual Herri Batasuna. Los hombres fuertes del «aparato político» en la legalidad son Xabier Alegría y Juan María Olano.

Análisis realizados por los servicios de Inteligencia, a los que ha tenido acceso ABC, afirman que ETA «ha recuperado» el control absoluto de la izquierda abertzale y en este contexto sitúan la decisión de EH de acudir al Parlamento vasco sólamente cuando se traten asuntos relacionados con su proyecto de «construcción nacional». Esta «espantada» de la coalición proetarra, que deja en minoría al gobierno de Ibarretxe, es una imposición de ETA a través de los nuevos «comisarios políticos» que ha colocado en el entramado de la izquierda abertzale. Con anterioridad, la banda también impuso a EH la abstención en las elecciones generales de marzo.

Resulta significativo que en las reuniones celebradas los pasados meses de julio y octubre en las que ETA intentó arrastrar al PNV y EA a la abstención en estos comicios generales, la banda no consideró necesaria la presencia de EH/HB, coalición a la que se le supone ya «convencida» de llevar a cabo esa estrategia.

ETA logra -así se recoge en uno de los análisis de los servicios de Inteligencia- «recuperar el control» de la izquierda abertzale que se vio «amenazado» por las operaciones policiales y judiciales realizadas en 1997 contra los responsables de KAS instalados en la antigua mesa nacional de HB y que hicieron que la banda «perdiera el instrumento que le permitía asegurarse la subordinación» de toda la izquierda abertzale.

RECUPERAR EL CONTROL
Ante la caída de KAS y, por tanto, de su medio de control, ETA decidió recuperarlo al crear EKIN, integrado por antiguos miembros de la Koordinadora Abertzale Sozialista, encabezados por Xabier Alegría, que es, junto a Juan María Olano, el nuevo hombre fuerte, así como por Pablo Gorostiaga, Iciar Aizpurua, Ana Lizarralde y Gorka Martínez hasta su ingreso en prisión.

Actualmente, uno de los cometidos de EKIN es asegurar la «subordinación» de EH/HB a ETA. Así, en uno de los análisis a los que ha tenido acceso este periódico, se señala que «la constitución de Euskal Herritarrok y su rápido crecimiento, tanto electoral como organizativo, así como las expectativas abiertas por la declaración de tregua, hicieron temer a ETA, ya sin su instrumento de control y dinamización revolucionaria \, que pudiera producirse exceso de “posibilismo”y de autonomía funcional en el entorno de su brazo político institucional, produciéndose pasos de imposible o muy difícil retorno». No es la primera vez que ETA corta de raíz los intentos que ha habido dentro de HB de dar un mayor protagonismo a la actividad institucional y política, en detrimento de la «lucha armada». Sólo que en esta ocasión se había pasado del intento a una presencia estable en el Parlamento vasco.

En 1987 la banda llevó a cabo una amplia purga para erradicar la corriente que encabezaba el entonces secretario general de HASI, Txomin Ziloaga, a favor de que, tras la conmoción que causó la matanza de Hipercor, ETA «se tomara unas vacaciones» y se diera prioridad a la actividad institucional. Al final se impusieron «los de las pistolas» y quien tomó «vacaciones forzosas» fue el propio Ziloaga, en el «exilio» nicaragüense. En el «proceso purgativo» a Txomin Ziloaga siguieron después, entre otros, Iñaki Esnaola y Txema Montero. Un precedente que deberá tener en cuenta Arnaldo Otegi.

El análisis del Servicio de Inteligencia, al que ha tenido acceso este periódico, añade que «desaparecido KAS, la izquierda abertzale quedó constituida por un amplio espectro de organizaciones de carácter sectorial que, en la búsqueda de sus objetivos parciales, amenazaban con hacer perder el carácter global al “proyecto revolucionario” de ETA».

De hecho, la ausencia de los «comisarios políticos» de KAS, insertados en el entramado organizativo de la izquierda abertzale, «permitió -según el análisis de los servicios de Inteligencia- que amplios sectores se desmarcaran de las posiciones más radicales que lo habían caracterizado hasta el verano de 1998, lo que despertó los recelos de ETA y de los responsables de la antigua Koordinadora Abertzale Sozialista».

La preocupación de los dirigentes de ETA ante las expectativas que en la propia izquierda abertzale había suscitado la declaración de «tregua indefinida» se refleja en un documento intervenido tras la detención de José Javier Arzicuren Ruiz «Kantauri», el 3 de marzo de 1999, en París. En el documento, fechado en noviembre de 1998 y firmado por «Elkano» -colectivo encuadrado en el aparato internacional de ETA-, se dice: «Hemos leído en un periódico español (del sábado 24 de octubre) que en la emisión de la BBC hemos afirmado que “los miembros de ETA no volveremos a coger de nuevo las armas” y, a decir verdad, me he quedado de piedra. Pensamos que el periódico español ha hecho una lectura interesada, que el traductor ha metido la pata, pero está claro que esa frase no tiene nada de literal. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de mandarnos la grabación del vídeo (en inglés) te lo agradeceríamos...».

PORTAVOCÍA DE ETA
El temor de ETA a perder el control de amplios sectores de la izquierda abertzale -agrega el análisis- fue lo que llevó a la banda a acelerar la constitución de EKIN «como instrumento que le permitiera en cada momento establecer las directrices del conjunto, en aras de su irrenunciable estrategia político-militar y actuar como portavocía oficial de la organización terrorista en el seno del MLNV».

EKIN se presentó el pasado mes de octubre en Guernica, en un momento en el que coincidieron varios hechos que apuntaban a un retorno de ETA al terrorismo. En efecto, días antes, un «comando» había robado en Bretaña ocho toneladas de dinamita y por aquellas fechas la banda mantenía la última reunión con representantes del PNV, EA e IU en la que dos encapuchados daban por rotos los contactos y advertían del inminente fin de la tregua.

Ahora, ETA afronta el proceso de «refundación» de HB habiendo conseguido su objetivo de controlar a la izquierda abertzale, tras colocar a miembros de EKIN en la mesa nacional. Este proceso se culminará con la creación de una nueva organización sustitutiva de HB que podría recibir la denominación de Herritarren Batasuna, según uno de los análisis de los servicios de Inteligencia.

La futura plataforma «tendrá una estructura piramidal que va a permitir un control absoluto de sus niveles superiores al tiempo que arrinconará a los dirigentes más posibilistas», entre los que se encuentran Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, que fueron, precisamente, los interlocutores de HB en las reuniones con el Gobierno.

El retorno de los «comisarios políticos» de KAS, agrupados ahora en torno a EKIN, no ha sido «pacífico»- así lo califica el análisis- ya que ha encontrado resistencias, si bien el férreo control ha impedido que las diferencias hayan salido a la luz, salvo en contadas ocasiones.

«POLÍTICAMENTE» ELIMINADOS
A la elección de la futura mesa nacional de HB, que está previsto que se forme entre los meses de mayo y junio, llegan los dirigentes «posibilistas», como Otegi y Díez Usabiaga, «políticamente eliminados», ya que tras la irrupción de los «comisarios políticos», han perdido toda capacidad de decisión. Con la orden dada por ETA de abandonar la participación estable en el Parlamento vasco y de romper todo contacto con representantes del Gobierno, a ambos dirigentes «se les ha privado -dice el mencionado estudio- del terreno de juego» en el que se han estado desenvolviendo durante los meses de tregua.

Otegi ofrece al PNV y EA otra tregua de ETA a cambio de su ruptura con España
Arzalluz replica que para la unidad de los nacionalistas "lo que sobra son los tiros"
A. GUENAGA, Bilbao El País 17 Abril 2000

El retorno de los atentados terroristas bloquea el acuerdo entre los tres partidos nacionalistas vascos (PNV, Eusko Alkartasuna y Euskal Herritarrok), que ayer evidenciaron sus diferencias sobre si una nueva tregua de ETA debe ser anterior o posterior al relanzamiento del Pacto de Estella. El portavoz de EH, Arnaldo Otegi, aseguró ayer que la tregua definitiva es "una posibilidad real" si PNV y EA asumen "mayor compromiso" con el proyecto independentista. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, le replicó que para la unidad de los nacionalistas "lo que sobra son los tiros".

En una entrevista publicada ayer por el diario Deia , próximo al PNV, Otegi aseguró que "una tregua incluso definitiva" de ETA es "una posibilidad real que está encima de la mesa del PNV y de EA", siempre que dichos partidos cumplan "determinadas condiciones" puestas por la organización terrorista. En concreto, que abandonen "el autonomismo" y se comprometan definitivamente con "un marco nacional democrático", lo que les llevaría a una "negación a diario" y a un enfrentamiento continuo con las legalidades española y francesa. "Si hay compromiso en ese sentido", agregó, "no va a haber un problema de lucha armada ni, probablemente, de kale borroka [violencia callejera]". Según Otegi, "volver a la segunda tregua va a exigir un mayor nivel de compromiso" por parte del PNV y EA.

Que dejen las armas

El emplazamiento del líder de EH obtuvo una respuesta contundente: con violencia, bombas y kale borroka no hay nada que hacer. "Cualquier unidad de acción [entre los nacionalistas] depende de que dejen las armas los que las tienen", dijo Arzalluz. "Si dejan las armas, llegaremos a lo que sea, a muchas cosas", agregó. A su juicio, no es "muy serio" que Otegi diga que el cese de la violencia terrorista depende de su partido ni que lo condicione a la aceptación de una propuesta "irreal", como celebrar elecciones en los seis territorios vascos, incluido el País Vasco francés.

También el secretario general de EA, Gorka Knörr, rechazó las palabras de Otegi. "No tenemos ninguna responsabilidad en que haya unos señores decididos a imponer su voluntad por las armas", dijo. Subrayó la contradicción que supone que el portavoz de EH llame a la unidad de los nacionalistas y dé largas a una negociación para cuyo inicio le pidió "fecha y hora". Para Knörr, "son las armas las que están impidiendo ese diálogo".

El secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, consideró que EH pone a los nacionalistas democráticos en una "disyuntiva trágica": "Arrodillarse ante la banda terrorista" a cambio de que ETA deje de matar. Para el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, está claro que "ETA y HB mueven los hilos del PNV y de EA".

Arzalluz respondió a Otegi tras intervenir en un mitin en Armintza (Vizcaya) ante las juventudes de su formación (EGI), en el que aseguró que el PNV no cederá a las presiones para que vuelva "al sano regionalismo". Se mostró confiado en que Juan José Ibarretxe seguirá como lehendakari por la incapacidad del PP y PSE para ponerse de acuerdo e ironizó sobre sus dirigentes: de Iturgaiz dijo que serviría como "acordeonista para amenizar una fiesta de empresa" y de Rosa Díez, que prosperó por haber sido "la fregona de Almunia".

El Gobierno muestra su inquietud porque no disminuye la fuerte deuda de las autonomías
Cataluña y Andalucía suman casi la mitad de los más de cinco billones de endeudamiento
LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid El País 17 Abril 2000

La deuda de las comunidades autónomas se mantiene por encima de los cinco billones de pesetas (5.352.333 millones), según los datos del tercer trimestre de 1999 ofrecidos por el Banco de España. A Cataluña y Andalucía les corresponde casi la mitad de la misma. El Gobierno muestra su inquietud porque la deuda debe reducirse para poder cumplir el Plan de Estabilidad con la Unión Europea. El PSOE, que gobierna en seis de las 17 comunidades, le responsabiliza de la deuda, sin embargo, por "los fallos del modelo de financiación autonómica, que obliga a las comunidades a endeudarse".

El cuadro de la deuda que tienen las comunidades marca cierta estabilidad ante el año 2000 tras un ascenso vertiginoso desde 1991 hasta 1997, el cual llevó al Gobierno a comprometerlas en un plan de sobriedad e incluso a amenazarlas con sanciones ante el serio riesgo de no poder cumplir el Plan de Estabilidad con la Unión Europea. Cataluña (1,4 billones) y Andalucía (999.166 millones) permanecen a la cabeza de las autonomías, por su deuda, desde 1991 y les corresponde casi la mitad de la global. Les siguen inmediatamente el País Valenciano (665.666 millones) y Madrid, que se acerca al medio billón (482.666 millones).

Cataluña está a la cabeza no sólo en los términos absolutos, sino también en los relativos: 223.014 pesetas por habitante en diciembre de 1998 (los últimos datos disponibles en este apartado). Le siguen Navarra, con 214.763 pesetas; el País Vasco, con 163.917; Galicia, con 156.724, y el País Valenciano, con 151.363. Todas estas comunidades, las más endeudadas, tienen en común que gestionan los servicios más caros, la enseñanza y la sanidad, traspasados por el Estado. Por contra, Castilla-La Mancha, con 55.939, y Cantabria, con 53.117, son las menos endeudadas. Ninguna de ellas tiene aún traspasada la sanidad.

El Gobierno, que admite su esfuerzo en general por al menos estabilizar sus deudas, sigue haciendo llamamientos a las autonomías para que las reduzcan. Con esta llamada prepara el terreno para lograr su pretensión de finales de 2001, cuando se renovará el actual modelo de financiación autonómica: la corresponsabilidad fiscal pura con la desaparición de las subvenciones del Estado a las que no logren unos ingresos mínimos, similares al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

La explicación que ha dado el Ejecutivo a la eliminación de las subvenciones es que las comunidades dispondrán de importantes ingresos con la cesión de los impuestos especiales: los del tabaco, el alcohol y la gasolina, alrededor de 2,5 billones de pesetas, un 15% de los ingresos del Estado en 1998.

El Gobierno estima que la necesidad de las comunidades de ajustar sus gastos a los ingresos de que dispongan, sin el "colchón asistencial" del Estado, repercutirá de modo favorable en la reducción de la deuda. Así lo apuntó recientemente su portavoz en funciones, Josep Piqué.

El PSOE ofrece otra explicación al fuerte endeudamiento de las comunidades: "El mal sistema de financiación autonómica", de gestión del 30% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con capacidad normativa, pactado en 1996 entre el PP y CiU.

"La evolución de la deuda de las comunidades no depende tanto de un aumento desorbitado del gasto, ni de una mala evolución de sus tributos cedidos, sino de una evolución más lenta de los recursos vinculados al IRPF y, sobre todo, de una distorsión entre los ingresos y los gastos en la financiación sanitaria", alega el portavoz socialista de Economía en el Senado, Octavio Granado, que recalca que las autonomías más endeudadas son aquéllas que tienen traspasada la sanidad.

Ante la negociación del nuevo modelo de financiación
L. R. A, Madrid
El 15 de enero de 1997, los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, del recién estrenado Gobierno del PP, reclamaron a los representantes de los 17 Ejecutivos autonómicos, en una tumultuosa reunión celebrada en Cádiz, una reducción drástica de la deuda global, que había saltado en sólo tres años de 2,1 billones a 4,7. Estaba en riesgo el cumplimiento de los planes de austeridad marcados por el Tratado de Maastricht y se llegó a amenazar con sanciones, entre ellas paralizarles los fondos europeos, a los infractores.

Al año siguiente, en enero de 1998, la deuda tuvo un nuevo tirón al pasar de 4,7 billones a 5,2.

A partir de 1998, la deuda se ha estabilizado. Pero lo que el Gobierno pretende es que se reduzca. Este planteamiento estará en la negociación del nuevo modelo de financiación, que se iniciará en los próximos meses.

 

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