AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 26 Mayo  2000
#ARZALLUZ SIGUE CONVIRTIENDO A LAS VICTIMAS EN CULPABLES
EDITORIAL El Mundo 26 Mayo 2000

#Zumbado y tonto
ALFONSO USSÍA ABC  26 Mayo 2000  

#La cumbre y el terror
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  26 Mayo 2000

#Rajoy ataca al PNV
Pablo Sebastián La Estrella  26 Mayo 2000

#El bosque de Ibarrola
ANTONIO ELORZA El País  26 Mayo 2000

#Sabotajes al transporte público en la jornada de paros en apoyo a los presos de ETA
G. G./ N.G, San Sebastián/Bilbao El País 26 Mayo 2000

#Fungairiño califica la violencia callejera como "terrorismo urbano"
JOSÉ YOLDI, Madrid El País 26 Mayo 2000

#Atacan la vivienda de dos jóvenes afiliados al PP
OSCAR TORRES El Mundo 26 Mayo 2000

#Los 42 detenidos en 1999 por violencia callejera están en libertad
MADRID. N. Colli ABC 26 Mayo 2000

#La Academia denuncia la dejadez del Gobierno en la enseñanza de la Historia
MADRID. Blanca Torquemada ABC 26 Mayo 2000

#Crónicas de un pueblo
Editorial ABC 26 Mayo 2000

#Cómo despachar tres siglos de una nación en veinte líneas
ABC 26 Mayo 2000

#Ex socios y allegados al 'número dos' de Unió lograron 790 millones de la Generalitat
XAVIER HORCAJO, Barcelona El País 26 Mayo 2000




ARZALLUZ SIGUE CONVIRTIENDO A LAS VICTIMAS EN CULPABLES
EDITORIAL El Mundo 26 Mayo 2000

Lejos de atender a las sensatas voces que dentro de su propio partido reclaman la vuelta del PNV al sentido común, Xabier Arzalluz continúa galopando al viento de la estrategia de los violentos y sus cómplices. Ahora está empeñado en responsabilizar al Ministerio del Interior del atentado que costó la vida al dirigente socialista alavés Fernando Buesa.

La primera piedra de tan disparatada tesis la puso la Consejería de Interior del Gobierno vasco al acusar a la policía de ocultar datos a la Ertzaintza sobre objetivos del comando Vizcaya. Era una forma de tapar la ausencia de celo de la policía autonómica en la persecución de la violencia callejera. El asunto causó el lógico revuelo y con tal motivo responsables de la Ertzaintza y del Gobierno central decidieron reunirse para aplacar la lógica alarma social causada por esta descoordinación.

Pues bien, el mismo día en que ambas instituciones intentaban un principio de reconciliación, Arzalluz contraatacó con uno de esos dislates a los que, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados. Dijo, nada más y nada menos, que «la policía española no se preocupó de guardar la vida del señor Buesa» porque estaba más interesada en detener al comando que lo mató. Lo cual, en palabras llanas, equivale a responsabilizar a Interior, al menos en parte, de que Buesa esté muerto. Se trata de otra vuelta de tuerca -brutal- en la perversión moral que consiste en convertir a las víctimas del terror en culpables. Ya cuando se interceptaron las furgonetas llenas de bombas que se dirigían a Madrid, el presidente del PNV vino a decir que Mayor Oreja habría deseado que explotaran. Después, acusó a Aznar de utilizar electoralmente los asesinatos. Y, hablando del crimen de Fernando Buesa, hay que recordar sus lamentables palabras calificando al dirigente del PSOE como «parte del paisaje».

Sin embargo, su alocado discurso ya no cuela. Porque la realidad que perciben los ciudadanos es otra. En el País Vasco, quienes ponen los muertos son siempre los mismos, mientras los aliados políticos de la violencia justifican y el PNV mira para otro lado.

Tal vez por eso, PSOE y PP, principales víctimas de los atentados de ETA, han iniciado un camino de entendimiento con vistas a un posible Gobierno no nacionalista. Y eso es lo que le duele a Arzalluz que, con sus disparates, intenta abrir una brecha entre socialistas y populares.

Lo más inquietante del caso, sin embargo, no es que Arzalluz estimule a los socialistas vascos contrarios al acuerdo con el PP. Lo incomprensible es que para lograr sus fines cuente con un aliado como Felipe González. ¿Coincidencia o estrategia combinada?

Zumbado y tonto  
Por ALFONSO USSÍA ABC  26 Mayo 2000

IGNORO si su intención ha sido la de nublar las buenas relaciones que el PP y el PSE-PSOE mantienen en las Vascongadas. Relaciones cimentadas en el respeto a la Constitución, no por extraños caprichos. Si el objetivo era el apuntado, mal le ha salido la miserable jugada al más zumbado y tonto de los políticos españoles, y me refiero, claro está, a Javier Arzallus. Porque atreverse a decir, que no a insinuar, que el Ministerio del Interior en general y Jaime Mayor Oreja en particular pueden ser los culpables del asesinato de Fernando Buesa en Vitoria, supone tal barbaridad, tal repugnante obsesión, tal perversidad esquizofrénica, que no puede comentarse sin serenar previamente el ánimo y renunciar a los calificativos que merece el pobre necio charlatán. Hasta del PNV surgen ya voces reclamando la urgencia del recambio, porque un buen número de nacionalistas no alcanzan a comprender la actual situación y posicionamiento de su centenario partido. Además, el deslenguado loro de Azpeitia —quizá de Azcoitia, pero lo mismo da—, no representa a nadie porque huye de las urnas con igual vocación que la anchoa del atún. Las palabras del sansirolé sabiniano tendrían, en cualquier país civilizado del mundo, la respuesta inmediata del Ministerio Fiscal. Aquí se pasa de todo, y los políticos pueden decir lo que les apetezca. Hace años, uno de los socios de Almunia manifestó que Felipe González era un genocida, y Javier Solana fue calificado por el camarada Frutos como «criminal de guerra». Al cabo del tiempo se unieron para derrotar al Partido Popular, y les salió el tiro por la culata. Pero lo del cantimpla del valle de Loyola supera a todo y a todos. Y ha llegado la hora de actuar en su beneficio, bien enviándole al hospital psiquiátrico más cercano a su domicilio particular —o de «Sabin Echea», si lo prefiere—, bien reclamando su presencia ante el juez de guardia para que ordene y documente su denuncia. Tanta pasividad, tanto miedo y tanta cautela por parte del fiscal se nos antoja excesivamente arriesgado. Porque el bobalicón rubicundo está igual de pirado que el que empieza por mostrarle la pilila a cada mujer que le gusta y termina por violarlas en el ascensor o el portal de sus casas. No se lo tomen a broma, que el faltón mochales ya ha dicho en público que los terroristas de la ETA son unos patriotas equivocados y que nada más conviene al PNV que otros meneen el árbol para así recoger los frutos. Los frutos son los cadáveres de las víctimas del terrorismo, lo que permite dudar de la salud mental, moral, ética y estética de ese zumbado que anda suelto por la calle.

Sucede que el compromiso constitucionalista del PP y el PSE-PSOE en las Vascongadas puede terminar con el poder omnímodo del nacionalismo. Sucede que el próximo presidente del Gobierno vasco puede ser el propio Jaime Mayor Oreja. Sucede que los miles de millones de pesetas que maneja Javier Arzallus desde «Sabin Echea» para asegurarse votos y voluntades pueden volar de sus manos. Sucede que sin esos miles de millones de pesetas puede comprender que hay muchos nacionalistas vascos que no lo son tanto. Sucede que le aterra pensar que puede pasar a la Historia como uno de los personajes más turbios, perjudiciales y nefastos que han nacido en Vasconia. Sucede que ya no se atreve a ir solo ni al cuarto de baño porque tiene más miedo que vergüenza. Miedo a la opinión pública, miedo a una buena parte de los suyos y miedo a sus queridísimos compañeros de la ETA. Sucede que, con excepciones como la que confirma este que les escribe, ya sus opiniones, burradas, tonterías y locuras no llaman la atención ni despiertan interés alguno. Sucede que va y vuelve sobre sí mismo como el oso blanco del viejo Zoo de la Casa de Fieras del Retiro, que acabó más loco que aquel director de manicomio que se disfrazaba de Napoleón. Sucede que no puede reunirse en una misma persona tanta porquería, deslealtad, cinismo, fanatismo, nazismo y miseria que en el político español del que hoy nos ocupamos.

Lo malo es que un tonto chiflado puede hacer más daño que cien inteligencias perversas juntas. Y sucede que lo está haciendo. Y que hay que tomar medidas. O los jueces y los guardias, o los loqueros y los psiquiatras.

Sin miedo, que todavía no muerde.

La cumbre y el terror  
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  26 Mayo 2000

MIENTRAS Arzalluz ladra, los Gobiernos español y francés ajustan un plan para la eliminación de ETA: una «nueva» etapa, advierten los comunicados. Y por si pudiéramos tomar el adjetivo como una concesión a la retórica propia de este tipo de cumbres, los portavoces insisten una y otra vez en este hecho de la «novedad».

Pero ¿en qué medida puede haber novedad en la lucha antiterrorista de los dos Estados? ¿Acaso no se había llegado a una compenetración política suficiente? Es evidente que sí. Hace mucho tiempo que dejaron de existir reservas por parte de los Gobiernos franceses. La mejor prueba ha sido la aparición del Estado francés en los textos de ETA.

Entonces ¿en qué va a residir la novedad de esta fase que se nos anuncia desde el Palacio de la Magdalena? Es claro que las dos Administraciones van a comenzar a trabajar según unas nuevas fórmulas policiales y judiciales que consideran más eficaces. La instalación del juez García Castellón en París es una muestra de ello. Pero dejemos lo técnico a los técnicos. La nueva etapa supone una reivindicación de la lucha estrictamente policial. En este sentido se pierde, de una vez por todas, el complejo ante lo policial y ante la aplicación coherente de la violencia legítima del Estado de Derecho, sin más.

Tengo la impresión de que los Gobiernos español y francés han decidido, de una forma definitiva y radical, dejar la política para los planos estrictamente políticos y, por lo mismo, se niegan ya a trufar la pura lucha contra el terror con otro tipo de consideraciones, ya sea para modularla o para condicionarla de algún modo. En una palabra, los dos Gobiernos hablarán tan sólo de política al margen del terror y con quienes observen de forma estricta la misma actitud. El terror no puede ser previo a la política. Nada debe ser invocado en nombre de aquel que pueda tener una traducción política. Estamos ante dos Estados que son y se saben legítimos, tanto por los territorios que los definen como por las instituciones de las que reciben su legitimación y, por tanto, ni uno ni otro pueden admitir que haya algo que pueda alterar la convivencia pacífica por la que existen y a la que se deben.

La distinción definitiva entre la política y el terror significa que ambos Gobiernos van a abandonar por cansino e inútil el recurso al diálogo como vía hacia la eliminación del terror. Ese método se ha revelado como la peor de las trampas porque ha supuesto siempre la vinculación entre el terror y las exigencias políticas: ha significado en realidad la legitimación del terror. Ha sido un inmenso disparate que tiene sus raíces en una idea muy confusa sobre la personalidad del País Vasco y la personalidad de España. Y de Francia.

A la luz de estas consideraciones la última propuesta del PSOE no sólo no tiene ningún interés sino que es un error. La política es una continuación del terror por caminos distintos cuando se hace sobre los supuestos que mantiene aquel, aunque sea a través de intermediarios o socios. Esta reafirmación de la política como actividad liberada del terror o, si se quiere, la eliminación del terror sin necesidad de recurso político alguno es, a mi entender, la sustancia de la «novedad» que se nos ha anunciado desde la Magdalena santanderina.

Es posible que a algunos no les parezcan tan «nuevas» estas consideraciones. Lo serán, sin embargo, en cuanto comiencen a ser aplicadas en toda su radicalidad. Los primeros en acusarlo serán el PNV y EA.

Rajoy ataca al PNV
Pablo Sebastián La Estrella  26 Mayo 2000

Hay veces en que los políticos se parecen más a lo que fueron en su infancia que a lo que son o aparentan ser en la actualidad. El empeño del Gobierno de criminalizar al Ejecutivo vasco, al PNV y a sus líderes por todo lo que hagan, dejándolos siempre, incluso cuando hacen las cosas bien, bajo sospecha, está fomentando la crisis política y social que hoy día se vive en Euskadi, al margen de abrir una profunda brecha institucional.

Que el presidente del Gobierno español, Aznar, pida la dimisión del presidente del Gobierno vasco, Ibarretxe, y que el vicepresidente primero del Gobierno, Rajoy, pida la dimisión de Arzalluz como líder del PNV no es serio. En primer lugar crea un innecesario conflicto institucional, en segundo lugar no sirve para nada y en tercer lugar, y al contrario de lo que se pretende, Aznar y Rajoy refuerzan en sus puestos a Ibarretxe y a Arzalluz porque las críticas que llegan al País Vasco desde Madrid se leen como interesadas y antinacionalistas.

Puestos a pedir podrían solicitar la dimisión de Pujol en CiU y en la Generalitat por el desplante al desfile de las Fuerzas Armadas. El camino del enfrentamiento permanente que ha escogido el Gobierno de manera irreversible con el PNV no conduce a nada. Sólo profundiza en la fractura social y política que se vive en el País Vasco y que es cierta (en eso González tiene razón) y de fecha reciente.

El último incidente que ha calentado los ánimos ha sido las acusaciones del PNV al ministro de Interior sobre la información policial y la muerte de Buesa. Esas acusaciones públicas están en la línea de criminalización del PNV que el PP y su Gobierno (y la prensa aznarista) han proclamado en público en los últimos meses, a sabiendas de que el PNV y ETA no son la misma cosa. Es la estrategia de Mayor Oreja, que ha convertido el Ministerio de Interior en un ministerio de Asuntos Vascos, esencialmente. Y es una estrategia que tiene motivos en campaña electoral, o cuando el PNV se acerca al entorno de ETA, pero que no funciona cuando las cosas van como van y que, en todo caso, sólo conduce al enfrentamiento de las fuerzas democráticas y a su división.

Sobre todo ahora que el PSOE parece más dispuesto a romper el cerco al PNV, entre otras cosas porque al PP se le ha visto la intención de buscar unas elecciones anticipadas en Euskadi para subir en votos a costa del PSOE. La última oferta de los socialistas de construir una nueva mesa de diálogo democrático que supere las plataformas de Estella y Ajuria Enea, en línea de lo que fue el llamado "plan Ardanza", podría ser una solución buena para todos.

El Gobierno debe salir de su empeño de aislar y destruir el PNV y entrar en vías de diálogo. La mayoría absoluta no les otorga el derecho de decir lo que tienen que hacer el Gobierno vasco y menos aún el presidente de un partido político. El ¡váyase, señor González! tuvo su momento, pero no puede ser la norma de comportamiento de los demócratas, y menos en el polvorín del País Vasco. No vaya a ser que, al final, sea el PP el que quede aislado.

Aznar debe entender que es el presidente de todos los españoles, incluso de los nacionalistas, y no sólo el presidente del PP. Hay muchos españoles que no entienden o rechazan la gran mayoría de las expresiones y actuaciones del PNV, pero eso, que no es nuevo, no puede ser el motivo para que el Gobierno se ponga al frente de esa manifestación y provoque un problema añadido a la crisis vasca. Sobre todo ahora que el PNV regresa, poco a poco, al marco del Estatuto y de la Constitución.

El bosque de Ibarrola
ANTONIO ELORZA El País  26 Mayo 2000

Una visión simplificada, interesadamente simplificada, de la realidad nos viene ofreciendo una imagen dualista de la situación en Euskadi, con los nacionalistas de un lado y frente a ellos los integrantes del Foro de Ermua y el PP, cuya política españolista sería secundada casi siempre por el PSOE. Blanco contra negro. A partir de ahí, y no sólo en el discurso del PNV, una vez reconocido pro forma el carácter criminal o fascista de la estrategia de la muerte etarra, las críticas se despliegan exclusivamente contra ese supuesto alineamiento de quienes en la cuestión vasca secundan al "nacional-aznarismo", compartiendo una "alienación uniformadora" (Vázquez Montalbán dixit). Nada tiene de extraño que el planteamiento suscite una saludable convergencia con los partidarios desde Lizarra de no incurrir en tan penosa enajenación política y mantener el enlace con el brazo legal del terror; la carta a este diario del subdirector de Deia fue una buena muestra de agradecimiento hacia ese dualismo disfrazado de espíritu crítico.

Ocurre, sin embargo, que una mínima disección de ese supuesto monolito antinacionalista permite apreciar que sus componentes son heterogéneos, y como tales se han manifestado y se manifiestan. Lo que el escritor citado y Lapitz califican de "alienación uniformadora" tiene un nombre en la historia política del sigloXX: unidad antifascista. A estas alturas, resulta una trivialización inaceptable reconocer primero que existe en Euskadi una situación de fascismo, con nacionalsocialismo de kale borroka y terror conjugados, y no extraer de ahí la conclusión de que todos los sectores democráticos han de confluir en una acción conjunta de defensa de las instituciones, así como de la vida y dignidad de quienes las encarnan. Poner piedras en este camino es tanto como hacerles el juego a los violentos.

Otra cosa es que las políticas y, por encima de ellas, los planteamientos relativos a la historia y el futuro de la sociedad vasca tengan que ser coincidentes. Algunos podremos aceptar la perspectiva de una autodeterminación sobre la que cabría hablar una vez que se haya disipado totalmente la sombra del terror y exista la presunción razonable de una mayoría democrática por la independencia. Otros serán contrarios a ella. Cabrá censurar o recomendar la insistencia del PP en proponer elecciones a corto plazo. Pero por encima de ello hay que colocar la unidad de los demócratas frente a la muerte y, como acaba de hacer Redondo Terreros, la petición de que se recuperen ámbitos de discusión entre demócratas, no nacionalistas y nacionalistas, en la estela de Ajuria Enea.

Porque lo que está en juego no es la independencia o la españolidad de Euskadi, sino una evolución hacia un exclusivismo teñido de xenofobia y de violencia, a la sombra de Lizarra, o una consolidación de la democracia, en la que cabe una construcción nacional vasca mucho más compleja que la actual utopía irredentista de poner fronteras en el Ebro y en el Adour, convirtiendo el euskera en lengua sagrada de uso obligatorio. Tal vez por eso Agustín Ibarrola se ha convertido en un símbolo cuya obra los violentos pro-ETA intentan destrozar. Profundamente vasco, comprometido desde su juventud con una visión progresista del país, sus creaciones respondieron siempre al intento de proponer una sociedad vasca integrada, donde los trabajadores autóctonos acogieran solidariamente a los llegados de fuera y la especificidad vasca sirviera de matriz al desarrollo de una cultura universalista. Recuerdo perfectamente sus últimos años de militancia en el Partido Comunista de Euskadi, al que dotó de una simbología original, y en momento alguno renunció a una óptica estrictamente vasquista. Vinculado siempre en su acción a las luchas obreras y democrácticas contra el franquismo, y a la muerte del dictador a la búsqueda de una alternativa vasca progresista, Ibarrola dejó en su bosque pintado el emblema de su proyecto: la identidad vasca como soporte de una imaginación y de una comunicación humanas, bajo el signo de la fraternidad. Es tristemente lógico que la barbarie pretenda destruirlo.

Sabotajes al transporte público en la jornada de paros en apoyo a los presos de ETA
Las vías férreas fueron interrumpidas en cinco puntos y el acceso a Bilbao quedó colapsado
G. G./ N.G, San Sebastián/Bilbao El País 26 Mayo 2000

La jornada de paro y movilización convocada por el sindicato abertzale LAB dentro de la semana de acciones de apoyo a los presos de ETA sólo convocó a centenares de trabajadores, pero provocó innumerables alteraciones de la normalidad y las comunicaciones. Un grupo de miembros de apoyo a los presos etarras colapsó los accesos a Bilbao, y los sabotajes en las líneas de Renfe y Euskotren interrumpieron el tráfico ferroviario en cinco puntos de Vizcaya y Guipúzcoa. Diversos incidentes protagonizados por los ediles de EH también alteraron los plenos en los ayuntamientos de Bilbao, Portugalete y Baracaldo.

La semana de apoyo a las reivindicaciones de los presos de ETA que están protagonizando las diversas organizaciones de la izquierda abertzale atravesó ayer su ecuador con una jornada discreta, si se tiene en cuenta la nula incidencia que tuvo en el mundo laboral la convocatoria de paro y las pequeñas movilizaciones protagonizadas por el sindicato nacionalista LAB. La falta de normalidad se registró, sin embargo, en las comunicaciones al producirse numerosas acciones de sabotaje que alteraron carreteras y vías férreas.

El incidente más grave fue el corte del tráfico de la autopista A-8 en ambos sentidos , a la altura del centro Max Center, que produjo un colapso en los accesos a Bilbao a las ocho de la mañana. La acción la protagonizaron doce personas al encadenarse a containers rellenos de cemento. Todos ellos fueron detenidos. A su vez, grupos violentos cortaron el tráfico ferroviario en cinco puntos del Vizcaya y Guipúzcoa, mediante la rotura de contrapesas que sostienen las catenarias.

La formación dirigida por Rafael Díez Usabiaga no consiguió el apoyo del otro sindicato vasco, ELA, para secundar conjuntamente un paro y una manifestación en favor de los presos etarras. La ruptura de la tregua de ETA a finales del año pasado y los cuatro asesinatos que desde entonces ha cometido la banda terrorista invalidó toda iniciativa conjunta entre las dos centrales vascas, que hasta entonces habían mantenido contra viento y marea una unidad de acción sindical y política que llegó a ser el principal referente para que los partidos políticos nacionalistas terminaran sellando la unidad en el Pacto de Lizarra, en el que se encuentran ambos sindicatos.

Díez Usabiaga y la dirección de LAB mantuvieron una huelga de hambre desde el pasado lunes hasta ayer, encerrados en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, como gesto de apoyo a los presos de la organización terrorista. A mediodía se incorporaron a la manifestación que secundaban unas dos mil personas, y recorrieron las calles de San Sebastián a la una de la tarde. Durante el trayecto, el dirigente sindical pidió a las centrales que no habían secundado la huelga, en alusión a ELA, que "presenten propuestas para tratabar juntos con voluntad real".

Poco antes, los cuatro concejales de Euskal Herritarrok (EH) en el Ayuntamiento de Bilbao habían sido expulsados del pleno tras mantener un tira y afloja verbal con el alcalde, Iñaki Azkuna, del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Molesto porque una moción sobre los presos de ETA había quedado fuera del orden del día con los votos de PNV-EA, PP y PSE, el portavoz radical, Lander Etxebarria, tomó la palabra para leer un texto de protesta nada más empezar el pleno. Como hizo caso omiso a la orden de callar, el regidor Azkuna suspendió el pleno y convocó una junta de portavoces. El intento de reanudar la sesión fracasó de nuevo cuando los ediles de EH desplegaron sendas pancartas a favor del acercamiento de presos.

El resto de los concejales les dejaron solos en el salón. Volvieron en cuanto los radicales abandonaron la sala. El alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces, también suspendió el pleno cuando un concejal de EH se empeñó en leer un texto sobre tres etarras encarcelados. En Baracaldo se registraron incidentes durante el pleno, del que terminaron ausentándose los ediles del Partido Popular.

Según LAB, en la jornada de ayer habrían participado más de 22.000 personas en un total de 55 manifestaciones.

Fungairiño califica la violencia callejera como "terrorismo urbano"
Los 'grupos Y' de apoyo a ETA realizaron 400 acciones violentas en 1999
JOSÉ YOLDI, Madrid El País 26 Mayo 2000

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, califica de "terrorismo urbano" los 400 episodios de violencia callejera que llevaron a cabo los grupos Y de apoyo a ETA en 1999, de los cuales 350 se cometieron en el País Vasco y los 50 restantes en Navarra. Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que destaca que esos sucesos disminuyeron en unos 100 en relación con el año anterior.

Eduardo Fungairiño, en el texto, realiza una matizada crítica a la actuación policial: "Frente a tal cúmulo de acciones terroristas, que no dejan de repercutir de forma absolutamente negativa en la convivencia urbana y en la perspectiva de libertad deambulatoria y del libre ejercicio de los derechos cívicos que es esperable encontrar en una sociedad moderna y organizada, la acción policial, con haber tenido indudables éxitos, no ha sido todo lo fructífera que hubiera sido de desear, si no para erradicar completamente el problema, sí, por lo menos para paliarlo hasta niveles mínimos".

La Memoria destaca que se han producido en 1999 un total de 42 detenciones de miembros de grupos Y, de los cuales 25 lo fueron por el Cuerpo Nacional de Policía, nueve por la Guardia Civil y ocho por la Ertzaintza. Todos ellos se encuentran en libertad.

Fungairiño recuerda que disponer de una legislación específica y adecuada puede constituir una de las bases para enfrentar jurídicamente "el sangriento fenómeno terrorista". Tras recordar que otros países también cuentan con legislación específica contra el terrorismo, Fungairiño se queja de la deficiente redacción de varios artículos del Código Penal , como el 346, el 351 y el 577, "que, en casos de insuficiencia probatoria. obliga a transformar una acusación por terrorismo (castigado con penas de hasta 10 años de prisión) en una acusación de desórdenes públicos o simples daños (penados con multa), lo que a veces ha sido aceptado por la Fiscalía en una muy discutible aplicación del principio de oportunidad, que ha estimado más segura una condena aceptada, inmediata y firme por un delito menor, que una hipotética condena y a más largo plazo por un delito más grave".

Fungairiño concluye que es claro que la Audiencia debe ser la competente para juzgar esta clase de delitos.

Atacan la vivienda de dos jóvenes afiliados al PP
OSCAR TORRES El Mundo 26 Mayo 2000

VITORIA.- Un artefacto explosivo estalló anoche frente a la puerta del domicilio donde residen dos afiliados a Nuevas Generaciones del Partido Popular, en la calle Beato Tomás de Zumarraga, en Vitoria, sin que se registraran daños personales, aunque sí importantes destrozos en la casa.

La explosión del actefacto casero, compuesto por dos bombonas de gas, se produjo a las 22.15 horas en el descansillo del cuarto piso del número 90 de la calle Beato Tomás de Zumarraga, cerca del seminario de Vitoria, donde residen con sus padres estos dos jóvenes afiliados a las juventudes del PP en Alava.

En el momento de la explosión que destrozó las dos puertas de acceso a la vivienda, una de ellas blindada, se encontraban en el inmueble los padres de los jóvenes Alberto y José Formoso, que sólo oyeron la explosión, indicaron fuentes del PP. Dichas fuentes añadieron que los dos hermanos, que son mellizos, estudian en la Universidad del País Vasco, en Bilbao.

La llamada a la Ertzaintza la realizó un vecino del inmueble, que oyó una fuerte explosión y vio una espesa humareda.

Según indicaron en el lugar de los hechos, una persona tuvo que recibir asistencia médica a causa de una crisis nerviosa motivada por la deflagración.

Al lugar de los hechos se desplazaron el diputado general de Alava, Ramón Rabanera, así como el secretario general del PP en el Paí Vasco, Carmelo Barrio, y el delegado del Gobierno, Enrique Villar.

Villar señaló anoche que la vivienda afectada tenía dos puertas -una a modo de hall y otra de acceso principal-, y que el artefacto estaba situado entre las dos. A causa de la explosión, la primera puerta «ha saltado», mientras que la segunda ha recibido menos daño «ya que estaba blindada».

Los 42 detenidos en 1999 por violencia callejera están en libertad  
MADRID. N. Colli ABC 26 Mayo 2000

La Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional relativa a 1999 denuncia que todos los miembros de grupos «Y» de ETA detenidos ese año, algunos de los cuales llegaron a ingresar en prisión, ya se encuentran en libertad. Se trata, en total, de 42 individuos.

El texto, firmado por el fiscal-jefe, Eduardo Fungairiño, resalta el descenso de las acciones de violencia callejera respecto a 1997 y 1998, aunque «teme» que ahora sean «más selectivas». Con todo, en 1999 se han contabilizado más de cuatrocientos actos de sabotaje, de los cuales 350 se cometieron en el País Vasco y los cincuenta restantes, en Navarra.

De esas 42 detenciones, 25 fueron realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía, 9 por la Guardia Civil y 8 por la Ertzaintza.

El jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional afirma en términos generales que «la acción policial, con haber tenido indudables éxitos, no ha sido todo lo fructífera que hubiera sido de desear, si no para erradicar completamente el problema, sí por lo menos para paliarlo hasta niveles mínimos».

Asimismo, al referirse de forma concreta a una veintena de diligencias previas tramitadas en el Juzgado Central de Instrucción número 3 sobre quema de cajeros automáticos, contenedores, automóviles, autobuses, concesionarios de vehículos, etcétera, Fungairiño recuerda que hubo que requerir en varias ocasiones a la Ertzaintza para que remitiera los atestados a la Audiencia Nacional. «Más de una vez -añade- ha tenido que recordarse a la Policía Autónoma Vasca la necesidad del cumplimiento de la ley, que exige a los funcionarios de la Policía Judicial poner en conocimiento del Juzgado las diligencias practicadas en un plazo no superior a 24 horas».

La Academia denuncia la dejadez del Gobierno en la enseñanza de la Historia  
MADRID. Blanca Torquemada ABC 26 Mayo 2000

Los españoles pueden llegar a la Universidad sin haber oído una sola palabra de Felipe II o Carlos I, pero con prolijos conocimientos -caso gallego- del reino de los suevos. La Real Academia de la Historia aprobará hoy un informe sobre la enseñanza de esta asignatura, al que ha tenido acceso ABC, donde se revela que los temarios de la ESO y del Bachillerato están regulados de forma tan arbitraria e imprecisa que dejan el terreno abonado para los excesos localistas. Y propician que se resalte «lo que nos separa, todo aquello que en el pasado nos ha enfrentado a unos con otros».

En un argumentado análisis coordinado por su director, Gonzalo Anes, la RAH califica de «sumamente preocupante» la situación de la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria. Y aduce que ha acometido la tarea de analizar los libros de texto en sus diferentes versiones autonómicas «para dar a conocer su opinión y expresarla libremente», debido a «la vigencia de unos planes de estudios donde la asignatura no tiene cabida o la tiene muy parcialmente». Además, añade el documento, «los académicos que enseñan en la Universidad saben de la ignorancia -cuando no de la tergiversación- de la historia que padecen los alumnos».

La RAH recuerda cómo el proyecto de reforma de las humanidades propuesto en 1996 por la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, «quedó en suspenso» y cómo la realidad, cuatro años después, es básicamente la misma. Y hace hincapié en que el trabajo de la comisión Estado-Comunidades Autónomas constituida en 1998 con el fin de reformar el currículum de las enseñanzas humanísticas nunca ha llegado a aplicarse a la realidad educativa.

CONTENIDOS
Una parte del problema estriba, según el estudio llevado a cabo por los académicos, en el abuso del «sociologismo pedagógico» y de la «contemporaneidad» que agrietaron la enseñanza de la historia en toda Europa en los años 70-80. Esas corrientes primaban el cómo enseñar sobre el qué enseñar y reducían el proceso histórico prácticamente a los acontecimientos del último siglo. Ponían en cuestión, en definitiva, la enseñanza tradicional basada en los hechos y la cronología.

Pero estos planteamientos, que en Francia, Alemania o Inglaterra ya han quedado plenamente superados, fueron acuñados en la Logse española y aún perviven en nuestro sistema de enseñanza. Se fundieron la geografía y la historia con otras materias (antropología, nociones económicas...) en el saco denominado «Ciencias Sociales». Esta ampliación de ámbitos obligó a los maestros, en consecuencia, a una merma más que notable de «la enseñanza de sus tradicionales disciplinas».

UN PROBLEMA POLÍTICO
Pero no sólo de tal dificultad procede el deterioro de la formación histórica de los alumnos. Lo grave en el caso de España es que la dispersión de materias va unida, según destacan los académicos, «a un problema fundamental, de naturaleza esencialmente política. Nos referimos a la construcción en España del denominado “Estado de las Autonomías”. La nación española, definida en la Constitución de 1978 como “patria única e indivisible de todos los españoles”, está a su vez integrada por “nacionalidades y regiones”». Y añade sobre este aspecto que «el modelo autonómico de estado se tradujo, por lo que al sistema educativo se refiere, en la fijación de unas cuotas de participación de las diversas Comunidades en la elaboración de los currículos. El ministerio fijaba los contenidos mínimos, comunes para todos los escolares españoles, cualquiera que sea el lugar donde residiesen».

Esos mínimos suponían el 55 por ciento del currículum en aquellas Comunidades que poseen lengua propia y el 65 por ciento en las demás. Pero lo que se articuló con pretensiones de hacer confluir los elementos comunes y los propios de cada autonomía llevó en la práctica, según la Academia, a un paso brusco «de una época caracterizada por la exaltación sin límites del nacionalismo español a otra en la que los elementos comunes del proceso histórico español parecían a punto de perderse». Y en este punto la RAH recoge en su informe la opinión del catedrático José Prat: «Se resalta lo que nos separa, lo que puede conducir a la xenofobia y al racismo».

LAGUNAS Y SALTOS EN EL VACÍO
Los académicos, tras estas consideraciones generales, descienden al análisis concreto de los libros de texto de Secundaria y llaman la atención sobre el hecho de que «en algunos casos, el recorrido a lo largo de la historia que realizan los alumnos de la ESO experimenta verdaderos saltos en el vacío, como pasar del mundo antiguo al moderno, sin hacer la menor mención de la época medieval. ¿Cómo justificar esas omisiones? En muchos casos, y esto nos parece sumamente grave, se observa la falta de un hilo conductor explicativo del proceso histórico». Con todo, lo que consideran criticable es «la escasa consistencia del estudio de la historia anterior a la época contemporánea, y la visión parcial y vaga que los alumnos obtienen del proceso histórico español».

El documento recuerda que la Historia está prácticamente ausente de la Educación Primaria y que en el Bachillerato (nivel no obligatorio, de los 16 a los 18 años) sólo se abordan las etapas contemporáneas. Por tanto, toda la formación básica que el alumno extrae en esta materia ha de proceder de la etapa de Secundaria. Pero en los libros de Tercero y Cuarto de la ESO los currículos comunes tienen unos enunciados tan genéricos que determinados volúmenes autonómicos despachan en veinte líneas o un par de ilustraciones tres siglos (XVI, XVII y XVIII) de la historia de España. Mientras, las autonomías, en la parte que les atañe, sí descienden a lo concreto y prolijo en lo que respecta a sus acontecimientos locales. Como oportunamente recuerda la Academia en su documento, «en Cataluña y el País Vasco, el papel que siempre desempeñó el pasado en la conformación de una conciencia nacional, explica el interés manifestado en esos territorios por la enseñanza de la historia». De la suya, naturalmente. Interés vivo que se contrapone al carácter «ecléctico» del temario común, en el que se da cabida a «cuestiones de inequívoco contenido histórico, o geográfico, junto a otras relativas a la economía, la sociología, la antropología o las ciencias políticas».

Siempre, según la RAH, «se observa un contraste entre la parte del currículum de origen ministerial, que suele ser muy esquemática, y la de las Comunidades Autónomas, siempre más detallada». Así, el informe, después de enumerar la vaguedad de los enunciados ministeriales («Sociedades históricas y cambio en el tiempo»...) propone el ejemplo de Galicia, donde el temario autonómico otorga amplios apartados de estudio a «El reino suevo de Galicia» o «La conflictividad económica, social y política en la Baja Edad Media: el ejemplo gallego». O más chocante aún en Andalucía, en lo referido a manifestaciones artísticas anteriores a la época contemporánea: se abre el programa con «el megalitismo en Andalucía» y se cierra con «el arte neoclásico y la burguesía ilustrada en Cádiz».

Este «desdibujamiento» e «imprecisión» en los aspectos comunes deja a las Comunidades Autónomas, según la RAH «un amplio margen para reforzar el estudio de su pasado».

FALSAS CONFRONTACIONES
Argumenta la Academia que «las circunstancias políticas tienen que ver con la pretensión de las Comunidades Autónomas de utilizar la historia al servicio de objetivos ajenos a los planteamientos académicos» y recuerda, en ese sentido, que, en todas las sociedades, «lo que hacemos se sostiene, entiende y justifica sobre el fondo irrenunciable de lo que se ha sido. De ahí la importancia de la que llamamos memoria histórica».

Por ello, su conclusión es clara: «Resulta necesario y urgente romper el círculo vicioso establecido entre la supuesta pugna nacionalismo españolista-nacionalismos periféricos. La historia de España es una realidad innegable que tiene que estar presente en el currículum, aunque no sea de forma dominante. Hay que rechazar de plano la confrontación, como a veces ocurre, entre lo español y lo peculiar de las Comunidades Autónomas».

Crónicas de un pueblo  
Editorial ABC 26 Mayo 2000

LA sociedad española ha percibido con nitidez el mensaje de los intelectuales más valiosos e inquietos y empieza a ser consciente de que no es posible mantener el deterioro de la formación personal y humana que se deriva del abandono de las Humanidades en los planes de enseñanza. Son encomiables los esfuerzos que desde algunos medios se están haciendo para que los poderes públicos lleguen a acuerdos políticos y corrijan la situación. Pero ya resulta evidente que toda una generación —la que ronda actualmente la mayoría de edad legal— presenta notables carencias provocadas por una incomprensible minusvaloración de los conocimientos no estrictamente técnicos y una concepción partidista de la enseñanza.

El proyecto de reforma de las Humanidades promovido por el Partido Popular en la pasada legislatura quedó lamentablemente en suspenso. Y en el saco sin fondo de las Ciencias Sociales se funden hoy materias tan diversas como Geografía, Historia, antropología, economía política. Algunos textos despachan en veinte líneas los acontecimientos ocurridos entre el siglo XVI y XVIII; otros dedican la mayor parte de su contenido a aspectos contemporáneos; casi todos, en fin, muestran una evidente disfunción entre el contenido común impuesto por el Ministerio de Educación, que aparece desdibujado o esquematizado y el que se refiere a cada Comunidad Autónoma, que se desmenuza hasta extremos en los que cabría hablar de politización subyacente e ideologización tergiversadora.

El último dato que viene a añadirse a esta percepción general es el que aporta hoy la Real Academia de la Historia en un documentado informe. Para la ilustre institución, los educandos españoles pueden llegar a la Universidad sin haber oído una sola palabra de Felipe II o Carlos I, pero con un amplio conocimiento de la vida y venturas de los celtas y los suevos si han estudiado en la Comunidad gallega o el califato de Córdoba y el arte mozárabe si lo han hecho en Andalucía. Eso ocurre porque el temario común de la ESO y el bachillerato, según la Academia, es arbitrario y deja abiertos numerosos cauces a los excesos localistas. Para Gonzalo Anes, que ha coordinado el estudio, la situación es preocupante pues el sistema educativo ignora prácticamente tres siglos de la Historia de España, soslaya importantes acontecimientos nacionales y se detiene en detalles nimios de carácter localista.

La llamada de atención de la Academia de la Historia debe ser un aldabonazo en la conciencia de los políticos para evitar que lo que debe ser una formación integral y humanística universalizadora y potenciadora de la identidad común termine por convertirse, en futuras generaciones, en una parodia de «Crónicas de un pueblo».

Cómo despachar tres siglos de una nación en veinte líneas
ABC 26 Mayo 2000

Como botón de muestra de los aspectos denunciados, la Real Academia de la Historia ofrece en su informe ejemplos de injustificable cicatería nacional en determinados libros de texto autonómicos:

GALICIA: Libros de 3º y 4º de la ESO de la Editorial Galaxia. Prolijos contenidos locales («La lenta modernización de Galicia», «Galicia, de la dictadura a la democracia», «Viajes, ocio y turismo. El camino de Santiago»...). Despachan la historia de España en los siglos XVIII y XIX con brevísimas alusiones al ferrocarril Barcelona-Mataró y a Carlos III. Y todo lo ocurrido en la nación desde la II República hasta la muerte de Franco lo resuelve en 22 líneas. Para este mismo periodo de la historia de Galicia reserva más de veinte páginas.

PAÍS VASCO: Textos de 3º y 4º de la ESO del Proyecto Erein. En tercero se repasan en bloque todos los descubrimientos, la economía, la sociedad, la religión, el pensamiento, la ciencia y el arte de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¡Sin nada que informe sobre la historia política! Sólo dos menciones, a Carlos I «que convocó las dietas de Worms y Spira» y a Jovellanos, a quien se «nombra» ministro de Carlos III, aunque lo fue de Carlos IV. Para los siglos XIX y XX sí se conceden «graciosamente» espacios a la historia de España, además de a la de Euskal Herria.

Ex socios y allegados al 'número dos' de Unió lograron 790 millones de la Generalitat
Sánchez Llibre, salpicado por el escándalo sobre los fondos ocupacionales
XAVIER HORCAJO, Barcelona El País 26 Mayo 2000

El escándalo sobre el reparto de los fondos para formar parados salpica ya al secretario de Organización y mano derecha de Josep Antoni Duran Lleida. Cinco centros de ex socios, antiguos empleados y parientes de Josep Sánchez Llibre recibieron 790 millones de los fondos que repartía, en nombre de la Generalitat catalana, el consejero de Trabajo y hoy presidente de Unió, Ignasi Farreres. Por su parte, Sánchez Llibre afirma: "Yo no tengo nada que ver con esos centros, aunque sí conozco a esas personas".

Cinco centros que reciben subvenciones de la Generalitat para formar parados pertenecen a ex socios y personas relacionadas con el secretario de Organización de Unió Democràtica, Josep Sánchez Llibre. En total, han recibido 790 millones de pesetas en el periodo 1994-1999 de la Consejería de Trabajo, controlada políticamente por Unió.

La existencia de un entramado de academias de formación de parados en torno a la figura del secretario de Organización de Unió, Sánchez Llibre, se basa en su proximidad a los titulares de esos cinco centros y en que también hacían informes para el Consorcio de Turismo de Cataluña cuando era dirigido por el democristiano Joan Cogul, investigado en los tribunales.

Muchos de esos antiguos socios y empleados son de Vilassar de Mar, como Sánchez Llibre, y han mantenido negocios con el secretario de Organización de UDC y con su familia. Los fondos otorgados a centros "próximos" a Sánchez Llibre tienen una circunstancia común: reciben sus fondos en su primer año de actuación como centros de formación, con una sola excepción, que es Efedi.

Tras el escándalo de los fondos de Trabajo, que se desató en la primera mitad de 1999, algunos de los afines a Sánchez Llibre han vendido sus participaciones en los centros y otras entidades no recibirán este año subvenciones del departamento de Trabajo, que controla Unió desde que se creó, en 1980.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat reparte los fondos para formación de parados, que se nutren en un 45% con la aportación del Fondo Social Europeo. Desde 1994 hasta 1999 se han repartido en Cataluña 125.681 millones para ayudar a los parados a formarse y encontrar nuevos trabajos. De ese total, unos 48 centros de formación relacionados con Unió obtuvieron 13.837 millones.

La oposición ha fracasado dos veces en el intento de crear una comisión investigadora en el Parlamento autonómico, con los votos en contra de CiU y del PP. Ahora ha vuelto a pedir esa comisión.

La Sindicatura de Cuentas, organismo de control de los fondos públicos repartidos por Trabajo, recibió hace año y medio el encargo de analizar el proceso de reparto, pero ha alegado falta de medios para ejercer ese control, por lo que sus trabajos están paralizados. Simultáneamente, el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, investiga varias denuncias de irregularidades relacionadas con fondos públicos europeos y españoles del empresario andorrano Fidel Pallerols, propietario de tres centros que recibían fondos de Trabajo.

En la documentación incautada en sus oficinas aparecen indicios de posibles pagos a destacados militantes y dirigentes de UDC e incluso directamente al partido. El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.

El primer caso próximo a Sánchez Llibre es el de la Escuela de Formación Ocupacional de la Dona, en Tarragona, que recibió de Trabajo 239 millones en los últimos seis años. El administrador de este centro es Salvador Rovira Caballero, ex socio de Sánchez Llibre en Consultores de Organización Contable, hasta que el 25 de julio de 1991 Sánchez Llibre vendió su participación y se dedicó plenamente a la política.

El segundo caso es el de Josep Górriz Aparicio, administrador de la academia Efedi, Servipost y responsable de Prodotec, que recibieron en total 491 millones en los últimos seis años. Górriz Aparicio es apoderado de la empresa Building Catalunya, una inmobiliaria de la familia, administrada por Daniel Sánchez Llibre, hermano del secretario de Organización, y presidente del Real Club Deportivo Espanyol.

Por otra parte, el ex cuñado de Sánchez Llibre, Victor M. Lorenzo, es titular de Gestumer, que recibió 60 millones de Trabajo. Este centro comparte domicilio con la fundación, ligada a Unió, Fesec, que recibió de Trabajo 231 millones en seis años.

Los beneficiados también realizaban informes para Turismo
X. H, Barcelona
Los ex socios de Sánchez Llibre y empleados de sus negocios familiares también cobraron cantidades menos significativas en concepto de informes realizados para el Consorcio de Turismo de Cataluña, cien por cien propiedad de la Generalitat, en la época en que este ente estaba gestionado por políticos de Unió Democràtica.

El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona investiga malversación de fondos públicos y desaparición de documentos en el Consorcio de Turismo y mantiene imputado a su director Joan Cogul, militante de UDC. En relación al caso, ha prestado también declaración Josep Cerveró, antiguo director general de turismo de la consejería de Turismo que dirigía Lluis Alegre, destacado dirigente de Unió.

Según una certificación enviada al Parlament de Cataluña por el actual responsable de Comercio, Industria y Turismo, Antoni Subirà, empresas de los tres hombres próximos a Sánchez Llibre percibieron fondos por informes.Los trabajos van desde asuntos como el agroturismo al papel de los ayuntamientos en la promoción del turismo. Los tres hombres de negocios relacionados con el secretario de organización de Unió también compartían su versatilidad para emitir informes técnicos sobre el turismo.

Recortes de Prensa   Página Inicial