AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 3  Junio 2000
#Coces contra el aguijón
JAVIER PÉREZ ROYO El País 3 Junio 2000

#La decisión del PSE
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 3 Junio 2000

#Elecciones
Javier Sádaba* La Estrella  3 Junio 2000

#Nacionalismo español
Pablo Sebastián La Estrella  3 Junio 2000

#Nota del Editor: la cuadratura del círculo.
3 Junio 2000

#El archivo de la «E»
FERNANDO LOPEZ AGUDIN  El Mundo  3 Junio 2000

#Perder los papeles  
Editorial ABC  3 Junio 2000

#Múgica: No hay conflicto político, es de delincuencia terrorista  
MADRID, Ep ABC  3 Junio 2000

#La Justicia suspende los rótulos bilingües en Treviño  
 VALLADOLID. Efe ABC  3 Junio 2000

#El Parlamento vasco exige a Ibarretxe más medios contra la violencia callejera
E. AZUMENDI / P. GOROSPE, Vitoria El País  3 Junio 2000

#El 'número dos' del PP acusa a Maragall de ser más nacionalista que Pujol
J. C. / F. J., Tordesillas El País  3 Junio 2000

#Nota del Editor: "Arenas" movedizas 
 3 Junio 2000

#Las CC. AA. piden la cooficialidad lingüística en la Justicia  
VALENCIA. ABC  3 Junio 2000

#Nota del Editor: Derechos lingüísticos en Justicia e injusticia en Educación
3 Junio 2000

#TV Azteca busca un aliado para conquistar el mercado en español  
MADRID. ABC 3 Junio 2000 

Coces contra el aguijón
JAVIER PÉREZ ROYO El País 3 Junio 2000

Resulta sorprendente el empeño de los partidos nacionalistas firmantes de la Declaración de Barcelona en desconocer la realidad del Estado Autonómico español. Si estuviéramos en el inicio de la transición se podría entender que se afirmara que el Estado "no es una sola cosa, ni tampoco 17, sino que somos cuatro realidades nacionales", como hizo Pere Esteve en el curso de la reunión que celebraron los parlamentarios de los mencionados partidos nacionalistas el pasado miércoles en el Senado. De Constitucione ferenda sería una postura sostenible. Si la estructura del Estado tuviera que ser definida todavía constitucionalmente o si se estuviera planteando un proyecto de reforma de dicha estructura, sería perfectamente posible que se defendiera la posición de que Cataluña, el País Vasco y Galicia debieran tener un status diferenciado respecto de los demás territorios que integran el Estado español. Incluso se podría defender una estructura en la que hubiera únicamente tres comunidades autónomas y el resto del Estado fuera un continuo territorial articulado en demarcaciones no políticas, sino puramente administrativas.

Pero no estamos en 1975, sino en 2000. La estructura del Estado está definida. Y está definida por la Constitución y por los 17 Estatutos de Autonomía. Con base en la Constitución y a través de los Pactos Autonómicos suscritos en 1981 por el Gobierno de la UCD y el PSOE y en 1992 por el Gobierno del PSOE y el PP se ha acabado definiendo una estructura del Estado en la que todas las comunidades autónomas tienen la misma naturaleza, la misma estructura organizativa y un nivel competencial que si inicialmente fue distinto es ya o está ya a punto de ser el mismo. Ésta es la realidad. La posición jurídica de cada comunidad autónoma es la misma en la estructura del Estado. Podía no haber sido así, pero así ha sido. Y no parece que esta estructura vaya a ser revisada, al menos en el tiempo en que es posible hacer predicciones.

Que después cada una de las comunidades autónomas, independientemente de su igual posición jurídica, tiene un peso político distinto y ejerce su derecho a la autonomía de forma asimismo distinta es evidente. Entre Andalucía, con más de siete millones de habitantes, y La Rioja, con algo menos de 300.000, hay diferencias, como las hay entre Cataluña y Cantabria. Pero hay diferencias, como las hay entre California y Montana. Todas son unidades subcentrales de un Estado único, aunque políticamente descentralizado. Ésta es nuestra estructura del Estado, confirmada en cinco o más elecciones autonómicas en todas las comunidades.

Dicho de otra manera: el pueblo español en el ejercicio del poder constituyente no ha aceptado nunca, y no es previsible que vaya a hacerlo en el futuro, que el Estado esté integrado por cuatro naciones: Cataluña, el País Vasco, Galicia y España. Ha considerado que España es una Nación (con mayúsculas) integrada por "nacionalidades y regiones". Ésta es la definición que figura en el artículo 2 de la Constitución, que no ha sido objeto todavía de ninguna propuesta de reforma.

España no es una realidad político-administrativa. España no es lo que no es Cataluña, el País Vasco y Galicia. Como recordaba Emilio Lamo de Espinosa hace unos meses en su columna de los lunes, la inmensa mayoría de los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, incluidas las llamadas nacionalidades históricas, aunque con una significativa diferencia en el País Vasco, no consideran incompatible su afirmación simultáneamente como catalán, gallego, andaluz, asturiano... y español. El porcentaje de ciudadanos que considera incompatible su condición de catalán o de gallego con su condición de español es muy reducido. Incluso en el País Vasco era minoritario. La teoría de las cuatro naciones dista mucho de tener el apoyo mínimamente exigible para traducirse en norma jurídica. Si no pudo imponerse esa interpretación constitucional de la historia de España en el momento de la transición y en la interpretación inicial del Título VIII de la Constitución, es mucho menos probable que se pueda imponer ahora, cuando el Estado Autonómico es una realidad plenamente consolidada. Negarse a aceptarlo es dar coces contra el aguijón.

La decisión del PSE
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 3 Junio 2000

Atrapado en su túnel del tiempo particular e incapaz de adaptarse a la realidad cambiante o, en su defecto, cambiar esa realidad, el Partido Socialista de Euskadi/PSOE sigue sin tomar la decisión crucial que todos, y muy particularmente sus votantes, esperamos desde hace meses; a saber, si se decanta finalmente por la defensa nítida de la Constitución y el Estatuto, formando equipo con el PP, o si, por el contrario, acude una vez más al rescate de un PNV desconocido incluso para muchos de sus simpatizantes y sometido a la coacción implacable de sus socios de EH/HB desde que emprendiera en Estella el incierto camino del soberanismo.

Frente a tamaña encrucijada, los socialistas vascos multiplican las voces de un coro discordante, envían a la sociedad un mensaje confuso, que varía de día en día, y se lanzan a la búsqueda de mecanismos de diálogo presuntamente originales que solucionen el conflicto, como si éste fuera una cuestión de método o de comunicación, y no un problema de fondo derivado de la negativa de una minoría violenta y totalitaria a aceptar los planteamientos plurales de una mayoría democrática que intenta expresarse libremente en las urnas. Es el caso de José María Benegas, interlocutor telefónico habitual de Xabier Arzalluz, a quien le une una vieja amistad que no todos sus compañeros contemplan con excesiva simpatía en estos momentos.

La situación a día de hoy, 3 de junio del 2000, es la que es y no la que algunos socialistas quisieran. El escenario es un País Vasco dividido en dos mitades, una de las cuales -la no nacionalista- defiende su opción democrática a costa de padecer la opresión creciente y las agresiones de la minoría radical separatista, mientras la otra -la nacionalista- ha formado sin impedimento alguno un frente sólido conocido como Pacto de Estella y consistente en aceptar los planteamientos máximos de los partidarios de la independencia, dejando para el debate interno alguna cuestión de matiz, como el calendario de ruptura con las actuales instituciones o el modo más o menos restrictivo de elaborar el censo de futuros votantes vascos.

Los actores son: un partido abertzale denominado EH o HB -es exactamente lo mismo- controlado por ETA, con alguna pequeña voz discordante tan meritoria como inútil, y sometido a sus dictados, cuyos postulados totalitarios no han variado ni un ápice en los últimos 20 años. Un PNV liderado por Xabier Arzalluz y Joseba Egibar, ambos empeñados en mantener el matrimonio celebrado hace dos años en Estella y ambos beneficiarios de un abrumador respaldo en el partido.

Porque a más de un dirigente del PSE le resolvería definitivamente sus dudas la retirada de escena de Egibar, y/o de Arzalluz, y/o del lehendakari Juan José Ibarretxe -las combinaciones varían según el nivel de exigencia de los aludidos- como demostración del cambio experimentado en el seno del PNV y coartada política suficiente para regresar a su lado. Ese es el precio que algunas voces autorizadas del socialismo vasco han puesto a la reedición del añorado gobierno tripartito, sin que hasta la fecha su oferta haya sido respondida.

El tiempo pasa, las elecciones autonómicas se aproximan y los de Redondo Terreros saben que en las actuales circunstancias cualquier aproximación al PNV sería un suicidio político, pero un apoyo abierto al PP también entrañaría un riesgo cierto de descalabro electoral en beneficio del partido que gobierna en España.

No es fácil por tanto la decisión, aunque sí urgente. Y un primer paso indispensable sería la aceptación por parte de los socialistas vascos de una máxima sagrada en la democracia: la alternancia. En otras palabras, que el PNV no es un componente imprescindible en el Gobierno de Vitoria.

LA LLAMADA
Los vídeos de Balza

Medidas de autoprotección. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, lleva algunas semanas convocando a su despacho a periodistas y miembros del Foro de Ermua para proyectarles un vídeo en el que se muestran cuáles son los peligros a los que se enfrentan en su calidad de objetivos de ETA y cuáles son las medidas de autoprotección a tomar. Según algunos de los invitados a estas sesiones, que suelen celebrarse en solitario o en grupos restringidos, el efecto intimidatorio de la reunión es considerablemente superior a su utilidad. ....

Elecciones
Javier Sádaba* La Estrella  3 Junio 2000

Al gobierno vasco de Ibarretxe le están pidiendo por activa y por pasiva que convoque de nuevo elecciones. Y las razones que aducen el PP y el PSOE para que lo haga se concretan en dos. En primer lugar, por la falta de apoyo que tiene en el Parlamento, una vez que se ha roto el pacto de legislatura con EH. Un gobierno en minoría, argumentan, no puede gobernar. Luego ha de ir inmediatamente a las urnas. En segundo lugar, por la situación que atraviesa el País Vasco. La vuelta a las armas de ETA no sólo ha producido nuevas muertes sino que ha llegado al corazón de la sociedad vasca, dividiéndola, tensándola y generando el malestar correspondiente.

A las urnas, por tanto, para ver si éstas posibilitan una mejora de las cosas. Las supuestas razones esconden, desde luego, otros deseos. Y el más claro de todos ellos consiste en pasar de acariciar un lehendakari del PP a realmente lograrlo. A mí lo que me resulta extraño es que Ibarretxe no convoque elecciones. Sólo que por motivos distintos. Tal vez no tenga yo mucha idea de las intenciones profundas de los políticos y de la sinuosa lógica del poder, pero el hecho es que yo estaría dispuesto a convocar elecciones en cuanto me lo pidiera cualquiera. Y esto vale para el lehendakari o para quien quiera que gobierne en este mundo.

Antes de nada, la democracia, referéndum continuo según la célebre frase de Renán, consiste en estar dispuesto a oír la menor queja del ciudadano. Y si éste quiere de nuevo hacer valer su voz, pues que se le oiga. Y si le sale mal al actual gobernante, no pasa nada puesto que no es ningún guardián del depósito de la soberanía popular. De la misma manera que no me entra fácilmente en la cabeza que alguien se postule para que le voten gritando que es el mejor, el más guapo y que, como Aladino con su lámpara, ofrecerá a los electores lo que éstos deseen, tampoco comprendo cómo no se tira la toalla en el primer momento en el que se detecta que más de uno no le quiere.

Se me dirá que entonces los gobiernos durarían dos días. Y que, además, los que buscan a toda costa acabar con el gobierno de Ibarretxe no son los honrados votantes sino los equipos, estructuras o empresas de los partidos que lo único que intentan es su propio provecho. Me da igual. En el instante en el que un cierto clamor se hace patente y toma cuerpo la idea de que está de sobra el representante de un gobierno que ha sido elegido democráticamente, el paso más adecuado es la disolución del parlamento. Por supuesto que creo muy poco en la limpieza democrática de muchas democracias o en la pura voz popular. Me remito, en cualquier caso, a las reglas de juego existentes. Y a la dignidad de quien se ha sometido a tales reglas. Pero es que además, y para acabar, estoy seguro que una actitud decidida y valiente iría a favor de aquel que se ve sometido al acoso continuo. Si Ibarretxe, en vez de esperar a que las cosas estén maduras para que pierda, diera un paso hacia delante y convocara a bombo y platillo elecciones, sus oponentes, a buen seguro, se llevarían una sorpresa. Porque más de uno les castigaría. No creo que suceda lo que digo. Claro que de política no sé mucho. *Catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid

Nacionalismo español
Pablo Sebastián La Estrella  3 Junio 2000

Los últimos acontecimientos y debates en torno a la crisis vasca, las tensiones surgidas sobre el desfile militar de Barcelona, la polémica lanzada por González (y rectificada ayer mismo por él) sobre el papel de Suárez en la Transición, y los debates internos del PSOE, con vistas a su nuevo Congreso y en relación con el modelo de Estado, nos traen un nuevo rostro del PP y del gobierno de Aznar anclado en un nacionalismo español -o "nacional aznarismo", como lo ha definido el escritor Manuel Vázquez Montalbán- que se muestra con distinta intensidad ante Bilbao o Barcelona, y que les exige al resto de fuerzas políticas que definan sus posiciones a riesgo de ser tildados "enemigos de España" o cosa similar.

Con lo cual hemos pasado de un PP que en la anterior legislatura mantenía un pacto global de gobernabilidad con los demonios del PNV y los pacifistas de CiU, a un partido patriota español que demoniza a quien se acerque a cualquier modelo federal (PSOE o IU), o confederal (PNV, EA, CiU, BNG). Ayer mismo Javier Arenas acusaba al PSOE de no ser un partido español por sus posiciones especiales en Cataluña (por Maragall) y País Vasco (Elorza).

Este discurso que entronca con los verdaderos orígenes del PP (AP) y de Aznar no parece muy centrado, ni ajustado a la realidad constitucional que reconoce el hecho diferencial, ni al anterior gobierno del PP que gobernó con Pujol y con Arzallus. Es un discurso que el PP utilizó con gran habilidad en la pasada campaña electoral frente al PNV de Arzallus, pero tapando la relación con Pujol, por si les hacían falta al PP los votos de CiU para gobernar.

Ahora que tienen una mayoría absoluta se permiten lanzar el discurso nacional español, convencidos de que nunca más van a necesitar de los nacionalistas para gobernar y que, en todo, caso tendrían al ala españolista del PSOE como "subpartido" que apoyase ¡por España! un gobierno del PP, como han pretendido los populares en el País Vasco, dejando al PSOE en el rol de simple, compañero de viaje.

Da la impresión de que quienes así hablan no conocen la realidad nacional, por más que jaleen un discurso que tiene acogida en un amplio sector de la sociedad, pero que fue el discurso de Fraga y de sus "magníficos" de AP. Y lo que es peor, pueden encontrarse en minoría o en soledad a la hora de abordar ciertas cuestiones de Estado porque con ese discurso están creando un frente, no anti español, sino anti PP, que situaría a Aznar y a su gobierno más en el derecha que en el centro.

No estamos hablando de renunciar a los signos de identidad nacional, ni a la unidad de España. Estamos hablando de la España plural y del hecho irrefutable de que, al día de hoy, los nacionalistas con 30 diputados son la "bisagra" natural de todo gobierno nacional, salvo en los tiempos de mayorías absolutas que no son los más habituales.

Por ello cabe preguntarse cómo se compagina este discurso de Aznar con un Pujol que protesta el desfile nacional, que firma la Declaración de Barcelona, que rechaza el desfile catalán y que habla de expolio a Cataluña a manos del Estado central.

El discurso de nacional españolismo solo frente al País Vasco, a sabiendas de la existencia de una realidad nacionalista general y la dimensión federal de la izquierda no puede conducir a nada bueno. Salvo afianzar más, si cabe, las posiciones enfrentadas y a provocar el nacimiento de un nuevo frente o de una más amplia oposición. Con el agravante de que si Pujol pacta con Maragall y el PNV con parte del PSOE, como querría el PP para dañar al PSOE, el problema político que se plantearía a España en general y al gobierno de Aznar en particular sería diez veces mayor al que ahora tiene ante sí. ¿Es eso lo que quieren?

En el PP hay políticos que tienen una visión más larga, generosa e inteligente del Estado y de los problemas nacionalistas que los que ahora animan la tensión. El PSOE e IU, según los detractores del federalismo histórico de estos dos partidos, tienen problemas internos de identidad y de definición territorial o nacional.

Pero ¿es mejor integrar al nacionalismo de izquierda en un partido estatal o provocar su excisión? Sobre todo a sabiendas que entre PSOE y CiU o PNV apenas existen notables diferencias ideológicas y programáticas (han gobernado juntos en Madrid y Vitoria). Bastante tenemos con los nacionalistas del centro derecha para que inventemos los del centro izquierda (una CEDA de la izquierda), como quieren algunos y al final se fusionen unos y otros y en vez de tener 30 diputados en Madrid tengan 60 y entonces adiós a la gobernabilidad.

Mientras en España exista el actual sistema electoral todas estas maniobras españolistas, que no busquen integrar al nacionalismo en España sino marginarlo (como se hace ahora con el PNV) no van a conducir a nada bueno ni útil para todos. Guste o no ese ha sido el mayor éxito de la Constitución, ahora tan discutida: conciliar los nacionalismos con el proyecto español nacional. Un éxito que fue perdiendo fuerza a medida que el PSOE, por la corrupción -a la que no han sido ajenos los de CiU-, y el PP, por debilidad, le han dado muchas alas al nacionalismo durante los años que van de 1993 al 2000, por causa de los gobiernos débiles y minoritarios. Alas que ahora algunos quieren cortar de un tajo en vez de reorientar su timón hacia un proyecto nacional.

Nota del Editor: la cuadratura del círculo.
3 Junio 2000

Si desmenuzamos lo que dice en cada párrafo vemos la incoherencia, típica del dircurso nacionalista de marear la perdiz para tratar de confundir al personal y seguir aplicando la teoría del big-bang: destruir para poder construir y poder destruir, y así seguir oprimidos bajo los nuevos señores feudales, que sólo nos dejan depositar un papelito una vez cada cuatro años.

Para no extenderme, voy a comentar únicamente su último párrafo: "integrar el nacionalismo" es lo mismo que cuadrar el círculo o usando las mismas palabras, integrar el desintegrador; así mismo válido para el segundo párrafo  "éxito de la Constitución....conciliar los nacionalismos con el proyecto nacional español".  El tercer párrafo,  requiere otro tratamiento, ya que utiliza el método indirecto, una afirmación para conseguir el posicionamiento del lector en su mismo lado, pero en flagrante contradicción con los párrafos anterior y siguiente: "alas al nacionalismo .. por causa de gobiernos minoritarios" y un "proyecto nacional" imposible sin gobierno en mayoría.

El archivo de la «E»
FERNANDO LOPEZ AGUDIN  El Mundo  3 Junio 2000

Parece una discusión bizantina, la de si unos documentos históricos de la Generalitat deben permanecer o no en el archivo de Salamanca, pero no lo es. No tanto porque Maragall los utilice en las horas políticas bajas de Pujol, o Juan José Lucas en las horas tristes del caso Mañueco, sino porque son el preludio de controversias de mayor calado como las que se derivarán cuando Pilar del Castillo, hoy con mayoría absoluta, relance la proyectada reforma de las Humanidades.

De hecho, la rebrotada batalla de los papeles de Cataluña archivados en Castilla y León no es más que una primera escaramuza previa a la guerra sobre la enseñanza de la Historia que, en la anterior legislatura, perdiera la actual presidenta del Senado, Esperanza Aguirre.

Pero este primer paso de Maragall, coherente con la trayectoria del socialismo catalán, coge a contrapié a los restantes socialistas españoles al obligarles a definirse sobre el modelo de Estado. En realidad, la pugna sobre la ubicación de los documentos de la Generalitat refleja el archivo de la definición de la cuarta letra de las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Ya no están ante la reivindicación del federalismo; ahora se encuentran con su ejercicio. La cuestión del archivo refleja el archivo de la cuestión de la «E». Mientras Maragall la define días antes de ser elegido como líder de los socialistas catalanes, Zapatero, Díez y Bono continúan sin definirla a un mes de la elección de la Secretaría General a la que aspiran.

El problema es más grave dado que esta indefinición es un pecado colectivo que los está llevando a promover, a través de la práctica, la resurrección de la desaparecida Federación de Partidos Socialistas que liderara durante la Transición el hoy eurodiputado Enrique Barón.

Mientras que los socialistas catalanes avanzan en su proyecto federalista, los gallegos se dividen por dos y los vascos se multiplican por tres. En cuanto a los restantes socialistas españoles, absortos en la tentativa de definir las tres primeras letras de sus siglas, olvidan pronunciarse sobre la cuarta. Se discute sobre un partido con listas abiertas o cerradas, un socialismo liberal o socialdemócrata o su representación social; no se discute sobre la configuración territorial, donde deben actuar esas definiciones organizativas, económicas y políticas.

José María Aznar, que sí tiene un modelo de Estado basado en las autonomías, y Maragall, que también lo tiene basado en el federalismo, van a cortocircuitar este archivo de la «E».

Probablemente, Felipe González, con su alter ego Zapatero, aprovecharán el próximo congreso socialista para aclarar qué es lo que entienden por español. Lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco, y lo que va a ocurrir en Galicia, señala que la discusión sobre la cuarta letra de su sigla se antepone a las otras tres en la necesidad de su definición. Ha llegado la hora de abrir el archivo de la «E». En las peores condiciones, porque lo que la naturaleza no da, como decían los clásicos, Salamanca no lo presta.

Perder los papeles  
Editorial ABC  3 Junio 2000

SOBRE los documentos de la Generalitat republicana depositados en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, se debe hacer constar en primer lugar que se trata de unos documentos cuyo valor sentimental es muy superior al histórico, de ahí el áspero tono de los argumentos de una y otra parte y la facilidad con la que se ha caído por la pendiente de la demagogia. Atribuirles el carácter de «botín de guerra» o utilizar expresiones como «expolio» o «derecho de conquista» es obviar que la Guerra Civil fue un enfrentamiento de corte fratricida e ideológico, no una contienda de una parte del territorio contra otra. Por tanto, la hipotética restitución a Cataluña de ese patrimonio no puede plantearse en ningún caso como un derecho territorial. Esto, que a todas luces resulta lógico, es lo primero que olvidan las partes en conflicto y lo que explica la divergencia entre portavoces de un mismo partido. La petición surge del apéndice socialista en el Parlamento catalán denominado «Ciudadanos por el cambio», la plataforma electoral de Maragall, tras unos años de silencio muy conveniente para tranquilizar los ánimos de los políticos salmantinos y los nacionalistas catalanes. No se debe olvidar que un Consejo de Ministros de 1995, a instancias del Congreso, determinó la constitución de un patronato que decidiera qué papeles debían ser llevados a Barcelona. Es decir, el asunto, en la actualidad, sigue un curso académico de una lentitud tendente a sofocar las soflamas políticas y arrojar perspectiva sobre la cuestión. Que resurja ahora no es, obviamente, una casualidad y demuestra el escaso sentido de la oportunidad de quienes en primera instancia proponen esta «devolución», los socialistas catalanes. Una vez encendida la mecha dogmática, a los intervinientes de Castilla-León les ha debido resultar imposible confiar en el buen sentido del Gobierno —que ya ha anunciado su intención de no fomentar un enfrentamiento entre comunidades—, y han hecho de esos papeles (que no son el Archivo entero como la síntesis periodística y las palabras políticas sugieren), una suerte de Neonumancia que les descubre las virtudes de tener supuestos enemigos exteriores, estrategia con la que CiU, y ahora los socialistas catalanes, se han sentido muy identificados. Por otra parte, el encono entre los propios socialistas resulta indiciario del futuro de esta petición de traslado.

Los papeles de la Generalitat republicana, en justicia, no figuraban en la agenda inmediata de Jordi Pujol, algo que no se debe pasar por alto en la descripción de esta polémica. Así, lo que se contempla es un intento de la corriente maragalliana del socialismo catalán por competir en nacionalismo con Convergencia, deriva que tuvo sus primeros síntomas con ocasión del desfile militar de la pasada semana. La debilidad parlamentaria de CiU, los devaneos sucesorios y, en consecuencia, la constatación de que se acerca el fin de una etapa en Cataluña, son los factores que están detrás de la actitud de los socialistas catalanes, cuya próxima idea podría ser desempolvar las cuestaciones en favor de los equipos deportivos propios en las competiciones internacionales. Eso demuestra la incapacidad del socialismo en general y del catalán en particular por leer los cambios operados en España en los últimos años y acertar respecto a las inquietudes ciudadanas. Consideran que CiU ya no es capaz de liderar las reivindicaciones tradicionales del nacionalismo y se empeñan en ocupar un espacio que electoralmente (el fin último de esta clase de polémicas) ya ha dado notables muestras de desertización.

De otro lado, el enfrentamiento entre correligionarios no parece otra cosa que una nueva metáfora de la división interna en el PSOE, donde antiguos dirigentes y barones territoriales se dedican a entrar en contradicciones que demuestren la pluralidad de su proyecto. Todo ello aportaba magníficas oportunidades para ejercer la prudencia y la distancia irónica a los políticos locales de una y otra parte, pero la tentación de exponer la ignorancia ha sido irresistible.

Múgica: No hay conflicto político, es de delincuencia terrorista  
MADRID, Ep ABC  3 Junio 2000

El candidato a ocupar el puesto de Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, declaró ayer a Intereconomía que la situación del País Vasco «no es un conflicto político por mucho que los nacionalistas lo digan, sino que se trata de un conflicto de delincuencia terrorista».

Según el futuro Defensor del Pueblo, los problemas del País Vasco también entran en su área de competencia: «Los derechos de los ciudadanos están en primer lugar; el derecho a la vida, a transitar libremente por las calles del País Vasco es continuamente pisoteado de forma dura, sangrienta, incluso por las tribus de quienes defienden, apoyan, exculpan el terrorismo o lo practican», recordó Múgica, cuyo hermano Fernando fue asesinado por ETA.

Por otro lado, se comprometió a denunciar «toda humillación, toda vejación, todo maltrato que se haga sobre los inmigrantes» y señaló también que, a su juicio, la actual ley de Extranjería es buena y que su texto no se debe modificar. «Si se hace -precisó Múgica- que se haga con el máximo consenso».

La Justicia suspende los rótulos bilingües en Treviño  
VALLADOLID. Efe ABC  3 Junio 2000

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) decretó la suspensión cautelar de los acuerdos de los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, enclaves burgaleses en Álava, para la rotulación bilingüe, en euskera y castellano, en dependencias municipales y calles.

Según informó ayer la Consejería de Presidencia de Castilla y León, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCL, con sede en Burgos, dictó el pasado 31 de mayo un auto con el que decreta la suspensión cautelar de dichos acuerdos, que posibilitaban la rotulación bilingüe en el interior de las dos dependencias municipales, así como en las calles y señales viarias de La Puebla de Arganzón.

El auto también decreta la suspensión del acuerdo de solicitar a la Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) la elaboración del nomenclátor en euskera de las localidades que componen ambos municipios.

El Tribunal entiende que permitir la ejecución de los acuerdos de los dos municipios treviñeses puede causar «confusionismo».

Así, justifica la medida cautelar con el argumento de que podría crearse, en el caso de no tomar esta decisión, una situación jurídica irreversible durante la tramitación de los recursos que contra los acuerdos municipales ha presentado la Junta de Castilla y León.

Esta decisión judicial, según recordó la Consejería de Presidencia, se suma a otra similar relativa a la suspensión de otros acuerdos de los dos municipios, que decidieron la modificación del membrete del Ayuntamiento y la colocación en las principales vías de acceso a estas localidades de carteles indicadores en euskera y en castellano.

El Parlamento vasco exige a Ibarretxe más medios contra la violencia callejera
La proposición sale adelante gracias a la ausencia de Euskal Herritarrok del pleno
E. AZUMENDI / P. GOROSPE, Vitoria El País  3 Junio 2000

El Parlamento vasco exigió ayer a su Gobierno, dirigido por el PNV y Eusko Alkartasuna (EA), que "redoble" los esfuerzos para combatir el terrorismo urbano protagonizado por los jóvenes radicales afines a ETA. La oposición logró sacar adelante una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a que destine más ertzainas y medios materiales a esa tarea para que los protagonistas de la kale borroka (lucha callejera) no puedan actuar con "impunidad". La ausencia de Euskal Herritarrok (EH) del debate facilitó que la iniciativa saliera adelante. El PNV y EA se abstuvieron.

El PNV y EA no apoyaron la propuesta por entender que su contenido cuestiona el trabajo que desarrolla el Gobierno para erradicar la violencia juvenil. La ausencia de EH -era la tercera sesión plenaria consecutiva a la que no acudía- evidenció la situación de minoría en la que se encuentra el Gabinete de Juan José Ibarretxe, sumido en un duro enfrentamiento con los constitucionalistas.

Lo que inicialmente se planteó como una discusión sobre la responsabilidad que tiene el sistema educativo vasco a la hora de formar a la juventud en valores como la tolerancia derivó en una bronca entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Estos últimos acusaron al Ejecutivo de no hacer todo lo posible para atajar el terrorismo urbano. Así, además de exigir más medios humanos y materiales, la proposición aprobada con los votos del PP, el PSE, IU y UA le reclama un estudio en profundidad sobre la violencia juvenil, su origen y sus consecuencias. La oposición pretende debatir este informe en un pleno monográfico en octubre. Además, la Cámara acordó crear una ponencia en el seno de la comisión de Educación para seguir de cerca "las conductas violentas de los intolerantes".

Juan María Juaristi, del PNV, catalogó de "brindis al sol" la batería de medidas. En su opinión, la violencia callejera se extinguirá cuando desaparezca "el problema político de fondo". Los representantes del PP y de UA, Iñaki Ortega y Enriqueta Benito, fueron los más beligerantes con Ibarretxe. Ortega recriminó la imagen de "Arcadia feliz" que transmite el lehendakari cuando habla de Euskadi: "Hay miedo y el fascismo campa a sus anchas. No hay libertad de expresión ni libertad para andar por donde uno quiera. ¿Qué educación se ha transmitido para que ocurra esto?", se preguntó.

El tema de la violencia ha sido recurrente en esta legislatura. El pasado 18 de febrero se celebró el último pleno sobre esta cuestión. En aquella ocasión, el socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA tres días después, protagonizó el debate. Buesa exigió al Gobierno medidas más eficaces para defender a los ciudadanos no nacionalistas. La ausencia de EH en ese pleno, al igual que en el de ayer, posibilitó que saliera adelante una propuesta de la oposición exigiendo más diligencia al Ejecutivo a la hora de perseguir a los violentos.

Los socialistas también recordaron ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que tiene que estar a las duras y las maduras. Así, Rodolfo Ares, a propósito de su inasistencia a la manifestación del 9 de mayo, en Bilbao, del Foro Ermua tras el asesinato de su miembro José Luis López de Lacalle, le espetó: "Usted tiene tendencia a acudir sólo a donde le jalean para mayor gloria suya".

En nombre del Ejecutivo, Josu Jon Imaz reiteró que si no acudieron fue porque el Foro les había acusado días atrás de "promover un nuevo nazismo" en Euskadi.

El 'número dos' del PP acusa a Maragall de ser más nacionalista que Pujol
J. C. / F. J., Tordesillas El País  3 Junio 2000

Para Javier Arenas, el PSOE actual "es un partido de oposición pero no es una alternativa de Gobierno". El secretario general del PP alegó ayer que para estar en condiciones de gobernar hay que ser creíbles y ahora los socialistas no lo son. A los 600 cargos electos del PP que le escuchaban les exhortó a no caer en los errores del PSOE y a confiar totalmente en José María Aznar, al que calificó como el líder más creíble de España por haber construido un partido que dice lo mismo en todas partes y cumple lo que promete. El secretario general del PP arremetió contra líderes autonómicos socialistas, en un intento de mostrar a los populares que el PSOE dice y promueve cosas muy distintas. Fue entonces cuando indicó con sarcasmo que él creía que había partido de Jordi Pujol la moción del PSC aprobada el pasado jueves por el Parlamento catalán para reclamar que el archivo histórico de Salamanca se traslade a Barcelona. Arenas acusó a Maragall de ser "más nacionalista que Pujol" y añadió que el PSC es una formación "independiente del PSOE".

El número dos del PP se permitió todo tipo de consejos hacia el PSOE, que tras su fracaso electoral afronta un fuerte debate interno de cara a su próximo congreso federal. Arenas manifestó que el PP es "un partido unido, y los ciudadanos no votan a los que no están unidos".

Arenas comentó que Felipe González interviene en el debate político nacional "cada día con menos acierto", y opinó que con sus declaraciones acerca de que Suárez no tenía inicialmente intención de redactar una Constitución, González "ha enredado a su partido con interpretaciones que nadie comparte". Le instó a que dedique su tiempo a "escribir sus memorias, porque lo único que le interesa es su pasado y el reconocimiento de su figura".

Arenas lamentó que el PSOE no tenga, en su opinión, una dirección sólida, porque eso crea un problema de interlocución al Gobierno en asuntos de Estado.

Tanto Arenas como Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, recordaron que todos los partidos habían aprobado en el Congreso, en 1996, una resolución para que sea una comisión técnica la que dirima la pugna sobre el legado "de los fondos documentales provenientes de la Administración de la Generalidad Republicana que están depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional, sección guerra civil, de Salamanca". Por eso, el Partido Popular entiende que los socialistas han vulnerado y traicionado el pacto alcanzado.

Lucas no desperdició la ocasión para recriminar especialmente su papel en este debate a los socialistas de Castilla y León, y en particular a su secretario regional, Jesús Quijano, sin olvidar al presidente de la Comisión Política del PSOE, Manuel Chaves. Lucas les emplazó en una proposición no de ley que ayer mismo tramitó en las Cortes regionales a que rectifiquen y descalifiquen a sus compañeros catalanes.

Nota del Editor: "Arenas" movedizas 
 3 Junio 2000

Madrileños, prepárense, pues si Arenas dice del PP que es "un partido que dice lo mismo en todas partes", para que no sea una burda mentira, tendrán que normalizar el caló y el cheli para estar a la par con el PP de la Junta de Galicia en su "normalización".  

Y la Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Isabel Pita Cañas dice  "La utilización de las lenguas autonómicas en los respectivos territorios ha sido objeto de regulación a través de las Leyes de Normalización Lingüística de diferentes Comunidades Autonómicas (Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, etc.) y, sobre este tema, se ha pronunciado en repetidas ocasiones nuestro Tribunal constitucional, siendo el principio fundamental en esta materia el del reconocimiento a los ciudadanos del derecho a utilizar indistintamente cualquiera de las lenguas oficiales en su territorio, sin que nadie pueda ser discriminado por la lengua que utilice. !Vaya patraña¡ (Boletín Agli 13-1998)

José María Pérez Medina, del Ministerio de Administraciones Públicas dijo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, organismo dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la discriminación basada en la lengua no es un motivo de preocupación en la sociedad española y !se felicitaba¡ de que "la enseñanza en la mayor parte de las escuelas de la  Comunidad Autónoma de Cataluña sea en catalán"  (*) (no debe estar al corriente del Colegio de Palmeira en La Coruña) y entonces porque  "La Onu pide al Gobierno español que evite la discriminación lingüística" (Francisco Javier Sánchez, Tolerancian, Nº 11-2000, www.tolerancia.org). 

Las CC. AA. piden la cooficialidad lingüística en la Justicia  
VALENCIA. ABC  3 Junio 2000

Los consejeros de Justicia de las siete comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia suscribieron ayer en Valencia un documento que reclama que el Pacto de Estado por la Justicia logre la simplificación de los procedimientos judiciales para conseguir una rápida resolución de los conflictos planteados ante los Tribunales.

La Comisión de Coordinación de estas comunidades, integrada por los consejeros de Justicia del País Vasco, Cataluña, Navarra, Andalucía, Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana, se reunió por primera vez tras la remodelación del Gobierno y reiteró su compromiso de dotar a la Administración de Justicia del personal y los medios necesarios para garantizar su modernización.

El documento de propuestas para el Pacto de Estado por la Justicia suscrito propone que dicho pacto incluya las modificaciones legislativas necesarias para garantizar «el libre ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia».

Asimismo pide la potenciación de la justicia de proximidad para el enjuiciamiento de asuntos menores y la elaboración de una Carta de los Derechos del ciudadano ante la Administración de Justicia.

El acuerdo reivindica también la participación de las autonomías en el desarrollo e implantación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con la creación de los Juzgados y Fiscalías que sean necesarios, y la configuración de los Tribunales Superiores de Justicia como última instancia jurisdiccional en las Comunidades Autónomas.

DESCENTRALIZACIÓN
Los consejeros, que destacaron de forma unánime «el cambio de talante» del Ministerio de Justicia con el nombramiento de Ángel Acebes como titular, reclamaron la «descentralización de competencias de los órganos de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía» para su mejor adaptación al Estado de las Autonomías, así como la participación de las Comunidades para elegir a sus miembros.

Una mayor atribución de competencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de un nuevo modelo de oficina judicial y el impulso de mecanismos de cooperación entre todas las administraciones para articular las políticas judiciales son otros puntos incluidos en este documento.

Nota del Editor: Derechos lingüísticos en Justicia e injusticia en Educación
3 Junio 2000

Para este viaje no hacen falta alforjas.  Si utilizando un sólo idioma (sin contar el latín), la justicia nunca llega a tiempo, lo que sucederá en la Torre de Babel no es difícil de imaginar. El derecho de poder utilizar algunos (de momento) idiomas regionales ante la administración está en clara negación del principio superior de no discriminación en razón de idioma, teniendo en cuanta además la obligación de todos los españoles de conocer el idioma común español, a que se somete a los ciudadanos hispanohablantes, en cuanto a que se les despoja del derecho a conocer sobre los procesos judiciales y del derecho a trabajar en los mismos (siquiera de jardinero).  La burocracia del estado autonómico ha creado una casta de "bilingües" que impide en su seno el trabajo a los hispanohablantes.

En la educación, el ciudadano no puede elegir idioma, ni contenidos (humanidades), sino que  sufre el rodillo de las máquinas "normalizadoras" nacionalistas de todos los partidos.

TV Azteca busca un aliado para conquistar el mercado en español  
MADRID. ABC 3 Junio 2000 

La segunda mayor cadena de televisión de México, TV Azteca, ultima una alianza exclusiva de programación con una red de Estados Unidos para reanudar su presencia en el mercado de habla hispana en ese país, según ha anunciado un portavoz de la compañía. El gran rival de Azteca en México, Grupo Televisa, domina actualmente en el mercado en español en Estados Unidos a través de su socio, Univisión, que tiene una participación de audiencia del 90 por ciento. El director financiero de TV Azteca, Luis Echarte, dijo que la compañía tiene tres opciones para una alianza en Estados Unidos: la segunda red en español en el mercado estadounidense Telemundo Group Inc; Hispanic Television Network, una empresa más pequeña; o construir una nueva red con la compra de algunas estaciones y afiliación con otras.

 

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