AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 7  Diciembre  2000
#La Constitución y sus dolencias
Lorenzo CONTRERAS La Razón 7  Diciembre 2000  

#El PRI vasco
PATXO UNZUETA El País 7  Diciembre 2000

#Lealtad constitucional
Editorial ABC  7  Diciembre 2000 

#Flecos constitucionales
Consuelo ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC  7  Diciembre 2000

#La Ertzaintza desactiva una potente bomba de ETA en el acceso a los juzgados de Eibar
SAN SEBASTIÁN EL CORREO 7  Diciembre 2000  

#Inmerso en el ridículo
Manuel Martín Ferrand La Estrella 7  Diciembre 2000  

#Lo causante
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 7  Diciembre 2000  


La Constitución y sus dolencias
Lorenzo CONTRERAS La Razón 7  Diciembre 2000
 

El 22° aniversario de la Constitución coincide con uno de los peores momentos del terrorismo o una de sus más deplorables fases. Es difícil negar este aserto. Ahí, a la vista, están los datos. Una lamentación de fondo acompaña a las alegrías oficiales organizadas en torno a la llamada Carta Magna. Ya es vienteañera. Nació para fundar en España una larga convivencia y sólo lo ha conseguido en parte. Su título VIII, pensado y elaborado en su día para orquestar la diversidad española, suscita una polémica vieja y no extinguida sobre sus virtudes unitivas. En muchos aspectos ha servido para disgregar. 

Gracias a las diecisiete (o diecinueve) autonomías tenemos casi otras tantas visiones de España, lo cual podría ser posistivo sin los «demonios familiares» que se han introducido en el invento. Si se considera, por ejemplo, que en materia de Humanidades podemos ir hacia el guirigay nacional porque la enseñanza de la historia, de la nuestra, puede desembocar en diversas maneras aldeanas de interpretarla, tendremos un ejemplo de lo que la Constitución no quiso facilitar pero puso en riesgo de conseguir. A los padres fundadores se les fue la mano en éste como en otros aspectos.

    Es algo que ya no tiene remedio. La Constitución, en la materia fundamental de organizar lo diverso, es un texto enfermo que sólo admite cuidados paliativos. Sufre un curioso desahucio. Es el único enfermo irremediable que puede vivir un siglo en la UCI. De momento lleva veintidós años dándole cuerda a los nacionalismos disolventes, ese cáncer de evolución lenta que promete desnaturalizar lo que somos. Hasta ahora ha conseguido filtrarse por los agujeros del título VIII. Una maravilla de previsión al revés. Es como fallar, en el enfoque concreto al que me refiero, los quince pronósticos de una quiniela.

    Arzallus ha acusado al presidente Aznar de haber pensado mal de esta Constitución en otro tiempo. Es cierto, pero es una argumentación capciosa. El líder del PNV no reivindica otra Constitución, sino ninguna. Sería una fórmula para hacer feliz a este eterno disgustado. Con la actual nunca pudo soñar una ordenación del Estado más propicia para su política centrífuga. Por supuesto que no le basta, pero qué bien le vino. ¡Qué prodigio de artículo 150.2! ¡Qué bendición de disposición adicional primera! ¡Qué modelo de texto entreguista en las competencias exclusivas del Estado!

    Pujol supo ver mejor las cosas. Las vio y las ve tan favorablemente que no pide ni siquiera la reforma de la Constitución, sino su relectura. Ninguna balcanización de España se promete mejor que con los hechos diferenciales y las autonomías asimétricas. Eso sí, hay que saber leer. No entre líneas, sino directamente y con cierta calma.

El PRI vasco
PATXO UNZUETA El País 7  Diciembre 2000

Tras 71 años de Gobiernos del PRI, en México se consideraba que la alternancia era la prueba de la verdad del carácter democrático del sistema. En Euskadi, después de 20 años de Gobiernos del PNV, la posibilidad de alternancia -un lehendakari no nacionalista- es considerada por algunos patriotas la prueba de la falsedad del autogobierno prometido por el Estatuto de Gernika a la nación vasca. Es un razonamiento débil. Lo que demostraría que Euskadi es una nación, y no una tribu, es que sea posible una expresión no nacionalista de su autogobierno.

Iñaki Anasagasti dijo hace unos 20 años que el modelo de su partido era el PRI: una formación con vocación de permanencia en el poder y capaz de encuadrar a la sociedad desde su tupida red de organismos sectoriales y su presencia en todo tipo de corporaciones. Esto se consideraba un mérito a fines de los 70, pero es un modelo pasado de moda. A la gente más bien le agobia ver que los nacionalistas, además de ser a la vez Gobierno y oposición (al régimen autonómico), sigan con la obsesión por ocupar y controlar desde las cámaras de comercio a los clubes de fútbol. El creciente rechazo a ese agobio es uno de los motivos que inducen a pensar que la hegemonía del PNV puede estar tocando a su fin.

Puede, pero no es seguro. Ignacio Sánchez Cuenca se asombraba hace poco en estas páginas de que, con las cosas que se han visto y oído en el último año, los sondeos pronostiquen un crecimiento del PNV. Habrá otras razones, pero una, decisiva, es ésta: que ETA amonesta a los nacionalistas, pero ataca a los que no lo son. Mientras ésa sea la situación, votar nacionalista será una coraza psicológica al alcance de cualquiera; y un freno a la pérdida de hegemonía del PNV. Los sondeos han devuelto la moral a los sectores de ese partido contrarios a cualquier rectificación. Su cálculo es que, en ausencia de Euskal Herritarrok (EH), bastarían 32 ó 33 escaños para formar Gobierno, y que esa cifra podría alcanzarse sumando los votos de la IU de Madrazo a los de la coalición PNV-EA. Esa hipótesis significaría que la actual dirección nacionalista no pagaría precio alguno por su aventura soberanista.

Pero el margen es tan estrecho que con igual fundamento los partidos no nacionalistas (PP, PSOE, UA) pueden aspirar a configurar una alianza de similar peso. En ambos casos el Gobierno resultante estaría a merced de una eventual participación táctica de EH en el Parlamento. De ese equilibrio deducen los sectores moderados del PNV, y una parte del PSOE, que sólo una combinación entre al menos un partido nacionalista y uno no nacionalista garantizaría una mayoría estable; y que una fórmula de ese tipo sería además deseable para contener la dinámica frentista.

Para que una alianza así sea posible es imprescindible que el PNV rompa con Lizarra y regrese al consenso estatutario; y hay motivos para pensar que esa rectificación será improbable sin una derrota electoral que lleve al PNV a la oposición. Los Arzalluz / Egibar se blindaron haciendo aprobar una ponencia soberanista cuando ya ETA había anunciado el fin de la tregua. Sólo tras una conmoción como la que supondría la salida del Gobierno tras 20 años en el poder sería verosímil una rectificación, que pasaría necesariamente por una asamblea extraordinaria. Es el momento en que ETA podría intervenir con una oferta de tregua en condiciones que una parte del PNV podría dejar de considerar estrambóticas ; a riesgo, sin embargo, de provocar una escisión.

Muchos socialistas vascos comparten esa visión, pero no desean atarse las manos desde ahora con el compromiso de un Gobierno PP-PSOE, como si fuera la única alternativa democrática a la crisis actual. En teoría, el objetivo de recuperar al PNV para el consenso estatutario podría también alcanzarse mediante la exigencia de una ruptura efectiva con el soberanismo como condición de un pacto PNV-PSOE. Sin embargo, para que los socialistas tengan suficiente capacidad intimidatoria ante el PNV deberán acreditar como verosímil su decisión, si no hay rectificación, de gobernar con el PP. Es decir, que el PNV podría quedarse fuera de esa empresa con 55.000 empleados dirigida por Ibarretxe a que se refirió hace poco Arzalluz.

(Porque no hay que olvidar que quien ha derrotado al PRI es un empresario educado por los jesuitas y cuya madre, Mercedes Quesada Etxaide, era guipuzcoana).

Lealtad constitucional
Editorial ABC  7  Diciembre 2000

A los veintidós años de su aprobación por los españoles, la Constitución de 1978 ha dado lugar a unos acuerdos básicos sobre su preeminencia jurídica e institucional en la vida diaria. Su cuadro de derechos y libertades ha permitido a los españoles cotas de autonomía sin precedentes. También perfiló el diseño de una sólida división de poderes y ha organizado territorialmente España con un balance globalmente favorable. Junto a estos análisis objetivos, la vida constitucional ha asentado dos juicios de valor. El primero es que la Constitución es algo más que una norma escrita, que dicta obligaciones y derechos, competencias y funciones. Nuestra Constitución, más que ningún otro texto europeo similar, quizá por su condición de puente entre dos regímenes políticos antagónicos, es un compendio de valores para una convivencia basada en la sustitución del rencor, al que ayer se refería Aznar, y el enfrentamiento por el del entendimiento; es una forma de organizar la vida a partir de cesiones permanentes de pequeñas parcelas de cada uno en beneficio de un espacio común, tejido con relaciones multilaterales de cultura, economía, política y educación. En definitiva, implicando el desarrollo de los proyectos individuales y colectivos con una realidad llamada España.

La segunda reflexión, que ha sido ya apuntada en reiteradas ocasiones, es que la vigencia de la Constitución no es completa, ni territorial ni materialmente, porque el terrorismo se ha erigido en una trinchera que impide a los ciudadanos vascos el ejercicio pleno de las libertades y de los derechos individuales. La pretendida conversión de este estado de excepción a la libertad en un supuesto conflicto político ha sido y es el objetivo propagandístico preferente de ETA. Su esfuerzo criminal se ha visto recompensado con la desvergonzada alianza de un nacionalismo que ha sumado su fuerza social y política, bien alimentada durante veinte años de autogobierno, a la campaña de ruptura del sistema constitucional y estatutario, en el que, no obstante, se apoyan y parasitan para dar mayor eficacia destructiva a su plan soberanista. Estos veintidós años de historia constitucional son un período de tiempo suficiente para sacar conclusiones y pedir cuentas al nacionalismo por el uso que ha hecho del autogobierno que asumió gracias a la Constitución. El saldo actual es una crisis institucional sin precedentes en el País Vasco y la ruina de los criterios que habían permitido a nacionalistas y no nacionalistas un espacio común de convivencia, vedado al terrorismo. Veintidós años después, el nacionalismo vasco ha cambiado de campo.

La deslealtad y la ingratitud del nacionalismo con la Constitución son actitudes cuya gravedad no se puede ignorar ni deben ser tratadas como un episodio coyuntural reversible a corto plazo. La lealtad constitucional exigible a los nacionalistas empieza por la de las formaciones políticas que ven en la Constitución la base de la convivencia y del progreso de España. Lo que está en juego con la estrategia nacionalista —porque es lo que ésta pretende— no es una simple interpretación teórica de la Constitución acerca del derecho a la autodeterminación, sino la posibilidad de que esa Constitución deje de estar vigente en el País Vasco para que sus ciudadanos no nacionalistas acaben siendo, como ha dicho el presidente Aznar, extranjeros en su propia tierra. Ahora que el Gobierno y el Partido Socialista están planteándose las bases de un acuerdo sobre el País Vasco, es la ocasión de revitalizar esos valores constitucionales que van más allá de la letra de la Constitución. Sin confundir lo categórico con lo anecdótico, lo coyuntural con lo permanente, la lealtad a la Constitución requiere que se afirme sin temor su vigencia y que se expresen de forma nítida los compromisos necesarios para que esa vigencia sea el testigo permanente en las instituciones políticas y fuera de ellas, de la unidad de los españoles en torno a los principios que han hecho posible la paz y la libertad.

Flecos constitucionales
Por Consuelo ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC  7  Diciembre 2000

Allí estaban los dos, a un lado y otro del Salón de los Pasos Perdidos, mirándose como de reojo, en competencia involuntaria por ver quién recibía mas achuchones, parabienes, recomendaciones, alientos, quejas... Separados por escasos metros de alfombras y de estucos, Aznar y Zapatero «recibían» en el Congreso después de que la Presidenta de la Cámara honrara una vez más la memoria constitucional y la de quienes, asesinados por ETA, han dado su vida por la libertad.

No nos engañemos, España camina indefectiblemente por la senda del bipartidismo, cada vez más perfecto. Una circunstancia que emplaza a los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, a definir todavía el alcance de aquellos acuerdos de consenso que hicieron posible la Constitución de la Concordia. Es la siempre inacabada definición del ser de España.

¿Todavía hay flecos? Todavía los debe de haber cuando, después de 22 años de experiencia constitucional, resulta que la gran cuestión política era, ayer, saber cuándo y cómo Aznar y Zapatero firmarán un acuerdo político sin trampas semánticas ni cartones electoralistas, para defender Constitución y Estatuto frente a las exigencias independentistas del PNV y el chantaje del miedo y el terror de HB y ETA.

La novedad del día es la invitación que hace Aznar a los miembros del PNV que no comparten las posiciones extremas de Arzalluz. Una tesis muy querida precisamente por el PSOE y que quizás indique las claves del acuerdo que se formalizará la próxima semana: «no dejar la puerta cerrada a los nacionalistas de buena fe». El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, no tardará en rechazar, desde los mismos pasillos del Congreso, la invitación del presidente: «Se nos invita al café y no vamos a asistir». Ni siquiera los buenos oficios de Almunia, con quien almorzaba hace tres días, han hecho mella en el empecinamiento peneuvista. Nada que hacer, pero por Aznar y el PP que no quede.

En un aparte charlan Mayor Oreja y Herrero de Miñón. El ponente de la Constitución fue defensor en su día del «pacto con la Corona» para resolver los problemas de integración de Euskadi en el marco constitucional, como reconocimiento implícito de las aspiraciones soberanistas y tiene muy buenas relaciones con algunos personajes del PNV. ¿Le está pidiendo Mayor una gestión en la línea expresada por Aznar? El ministro de Interior se sabe en capilla, ante la previsible disolución del Parlamento vasco y la convocatoria de elecciones autonómicas por Ibarretxe, «naturalmente» ausente de la fiesta, como también lo está Jordi Pujol.

El problema de fondo es precisamente éste: hasta qué punto el PSOE está dispuesto a ceder ante las exigencias nacionalistas, recogidas en la doctrina federalista de Maragall o por el propio Ernest Lluch recordado por Luisa Fernanda Rudi como ejemplo de «compromiso con la libertad». Compromiso es lo que pretende lograr Aznar de Zapatero, no porque no se fíe del joven líder del PSOE, que camina pisándole los talones, sino porque el presidente del Gobierno sabe de la existencia de otros centros de poder socialistas que pueden tumbar en un pis-pas el acuerdo.

Marginado por voluntad propia, el nuevo dirigente de IU es la viva representación del escaso peso político de la coalición ideada por Julio Anguita. Gaspar Llamazares dice que, a pesar de todo, es optimista, convencido de que el giro hacia la «ética de la responsabilidad»del PSOE renovado le deja una franja libre para una política radical.

La Ertzaintza desactiva una potente bomba de ETA en el acceso a los juzgados de Eibar
El artefacto, oculto en una bolsa de deporte, contenía tres kilos de la dinamita robada en Francia
SAN SEBASTIÁN EL CORREO 7  Diciembre 2000

ETA eligió la víspera de la conmemoración de la Constitución para intentar un nuevo atentado. Efectivos de la Ertzaintza desactivaron, a última hora de la noche del martes, un artefacto explosivo colocado a la entrada de los juzgados de la localidad guipuzcoana de Eibar. La bomba, preparada para estallar, estaba compuesta por tres kilos de la dinamita que la banda robó en Francia en septiembre de 1999 y un temporizador, pero los artificieros de la Policía autónoma lograron neutralizarla con ayuda de un robot y, finalmente, no hubo que lamentar daños personales ni materiales, según informó ayer el Departamento de Interior.

Pasadas las diez y cuarto de la noche del martes, un particular telefoneó a la Ertzaintza para avisar de la presencia de una bolsa de deporte sospechosa junto a la puerta del edificio judicial de Eibar, en la calle Bittor Sarasketa de la localidad guipuzcoana. Sólo un minuto después, SOS-Deiak recibió otra llamada, procedente en este caso del diario ‘Gara’, en la que se les advertía de que un comunicante anónimo, que dijo hablar en nombre de ETA, había alertado de la colocación de un artefacto explosivo en el lugar.

Con un robot
Los agentes se trasladaron de inmediato hasta la sede judicial, donde localizaron el macuto abandonado. Tras acordonar la zona y realizar las inspecciones pertinentes, comprobaron que en efecto alojaba un artefacto explosivo en su interior. A las doce y cinco de la noche, los artificieros lograron desactivar la carga con éxito mediante la utilización de un robot, sin que se registraran daños personales ni materiales. Posteriormente, fuentes de la investigación confirmaron que la bomba estaba compuesta por tres kilos de dinamita marca ‘titadine’, perteneciente a la partida robada por ETA en una fábrica de Plevin, en la Bretaña francesa, en septiembre de 1999, y un temporizador.

La zona permaneció acordonada varias horas, hasta que la Policía autónoma concluyó las labores de inspección ocular, que, como medida preventiva, realizó en los alrededores del inmueble y en los bajos de los vehículos estacionados en las inmediaciones del juzgado.

Inmerso en el ridículo
Manuel Martín Ferrand La Estrella 7  Diciembre 2000  

Son muchos quienes, no sin razones, claman por unas elecciones anticipadas en el País Vasco. El lehendakari Ibarretxe, cada día más solo, es un alma en pena sin refugio posible en el Parlamento de Vitoria y bueno es que los gobiernos, todos, se correspondan con mayorías reales en el ámbito de su actuación. Otra cosa es hacer pronóstico sobre esas elecciones. Soy de los que piensan que la alternancia, por sí sola, constituye siempre un depurativo del poder y sus eventuales excesos; pero, ¿es ésa la voluntad del pueblo vasco?                                                                               

Quien sí parece tener las ideas muy claras sobre el particular es Enrique Villar, delegado del Gobierno en el País Vasco. No debe de ser fácil su empleo. Ser el representante del Gobierno (el Gobierno del Estado) en las tres provincias vascongadas exige resistencia de titán y sutileza de cardenal renacentista. Parte fundamental de esa dificultad reside en que, siendo un cargo de designación política y selección partidista, tiene como misión la representación del Estado en un territorio que, a más de no ser coincidente con la mayoría nacional, es escenario de brotes separatistas. No es la primera vez que se le olvida al señor Villar.

En estas últimas horas, en el acto oficial organizado en Vitoria para conmemorar el aniversario de la Constitución, al que no asistieron representantes del Gobierno autonómico ni de los partidos nacionalistas, Enrique Villar se ha permitido decir que el de Ibarretxe es "un Gobierno inmerso en el ridículo e impotente en minoría que hace imprescindible, como en toda democracia que se precie, unas elecciones inmediatas". Ésa es una opinión respetabilísima, con la que tiendo a coincidir, que, posiblemente, sólo una persona en toda España no se puede permitir: el delegado del Gobierno en el País Vasco.

Cabe recordarle aquellos crípticos y hermosos versos de Guillermo Carnero:

"Formular con tersura
el arte magna de su léxico
en orden de combate: el repertorio mágico
de la nomenclatura y las categorías,
su tribunal preciso, inapelable prosa
bella como una máquina de guerra".

Quién se sumerge más en el ridículo, ¿un Gobierno autonómico que no hace lo que debe o un representante de la Administración que dice lo que no debiera?

En el mismo acto, Villar acusó al Gobierno vasco de mantener un pacto secreto con ETA. Eso es mucho acusar si no se hace ante el juez de guardia y con las pruebas sobre la mesa. Insisto, si es que seguimos creyendo en el Estado  –yo creo–, que un delegado del Gobierno, lo que antes se llamaba un Gobernador Civil, no debe comportarse como un militante de partido o como un miembro de la oposición. Su misión, su función y su representación son otras. Yo creo, por ejemplo, que el PNV viene gobernando en el País Vasco "como si de un huerto familiar se tratase". Y como lo pienso, lo digo. Así pueden decirlo, si es que lo sienten, Carlos Iturgaiz o Nicolás Redondo y, ampliando el observatorio, hasta seis mil millones de personas en todo el mundo; pero da la puñetera casualidad de que quien, precisamente, lo ha dicho ha sido Villar. Y lo ha dicho, para más inri, en un acto oficial conmemorativo de la Constitución de todos los españoles, nacionalistas vascos incluidos.

El cuidado de las formas y la coherencia en la intepretación del papel que a cada cual le corresponde en el reparto de la función democrática es parte fundamental –no únicamente litúrgica– de la democracia misma. Y eso suele olvidársele a Enrique Villar, el funcionario público por el que, dicho sea de paso, siento más conmiseración en razón del lugar, el tiempo y la circunstancia en que le ha tocado desempeñar el peor empleo del Estado.

Lo causante
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 7  Diciembre 2000    

Los padres de la Constitución no son los causantes de la misma. Como en la Transición no hubo período de libertad constituyente, y el pueblo tuvo un papel pasivo, muchos agentes pretenden ser autores materiales de la criatura. Dilucidar esta cuestión tiene suma importancia, pues se trata de una hija que reparte poder, dinero, honores y fama. Y, como si fuera la de una prostituta descuidada, la duda solamente la puede despejar la prueba de su paternidad, es decir, la tarea de buscar la causa eficiente del efecto constitucional. Esta investigación la hace posible un postulado esencial a todo lo creado. Si algo no puede salir de la nada, el efecto ya debe estar contenido en la causa. Entonces lo causante transmite alguna de sus propiedades a lo causado, y el efecto delata su causa como la fisonomía de los rostros la de sus progenitores. Sin fundarse en la libertad creadora, sin ruptura de la continuidad y contigûedad, todo lo sucesivo lleva impresa la marca de su precedencia y procedencia causal.

    El ejemplo de las bolas de billar, usado por Hume para destruir la idea racional de la causa, y sustituirla por la de hábito del pensamiento explicativo, puede ilustrarnos la cuestión de modo racional si la miramos como los propios jugadores. Pues ellos sí saben que el efecto de la bola, corriendo y girando de manera determinada con arreglo a leyes de la dinámica, depende del golpe de taco. La causa de la jugada maestra no es el impulso muscular que empuja al taco, sino el efecto especial que un golpe especial del maestro comunica a la bola. La causa y el efecto son así no sólo inseparables, sino la misma cosa. La solidaridad de la causa con el efecto es absoluta. Este es el fundamento de las ciencias experimentales, en que se basó Kant para superar el escepticismo de Hume sobre la causa. Moralmente, también tienen ese fundamento solidario los cambios producidos por la libertad incondicional, como en guerras de independencia y revoluciones políticas. Que son, como la idea de Dios, causas efectivas de sí mismas.

    No ocurre igual en los fenómenos de cambio social condicionado o dirigido por el poder del Estado. Donde el efecto se separa de la causa con desenvoltura, y su solidaridad con ella es relativa. Pues aunque reciba inicialmente la misma cantidad de fuerza que la contenida en la causa estatal originaria, sólo conserva al fin alguna de sus propiedades cualitativas. Un atento examen, en la Constitución, no sólo nos dará las señas de identidad de la causa final de la Transición, sino de las causas agentes de su proceso histórico o de la serie de actos sucesivos, pero inconexos, que lo definieron.

    La Transición, en tanto que paso del modo autoritario de estar en la vida política a otro estado más liberal de la autoridad, lleva encerrada la necesidad de una o varias causas del cambio. Pues toda relación causal es el paso de algo a algo. Lo causado, la Monarquía del Estado de Partidos, no podrá entenderse si no identificamos lo causante. Y aquí no valen las simplezas de las explicaciones al uso de historiadores vulgares o propagandistas del sistema. La causa de los fenómenos políticos es una cuestión tan compleja que muchos pensadores prefieren sustituirla por la relación principio-consecuencia. Creo, sin embargo, que se trata de distintos tipos de relación, existentes en la realidad y que explican fenómenos distintos. Antes de arrojar la toalla causal, hay que entrar en el cuerpo a cuerpo de la pugna dialéctica que existió entre Ruptura y Reforma para saber si esta Monarquía ha sido un mero efecto desenvuelto de la causa que la contenía en potencia, es decir, del Estado dictatorial; o una consecuencia del principio de acción fundado en la conservación del poder por la categoría social que lo tenía antes, combinado con el de la conversión de las libertades en derechos.

 

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