AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 9  Diciembre  2000
#TANTO AZNAR COMO ZAPATERO LOGRAN LO QUE QUERIAN
Editorial El Mundo 9 Diciembre 2000

#Un acuerdo positivo
Editorial El País  9 Diciembre 2000

#Un gran compromiso
Editorial ABC  9 Diciembre 2000

#Un acuerdo por la democracia
Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC   9 Diciembre 2000

#Por la libertad y contra el terror
Editorial La Razón   9 Diciembre 2000

#Un pacto necesario
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  9 Diciembre 2000

#El pacto
RAUL HERAS El Mundo 9 Diciembre 2000

#A ver qué hace González
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 9 Diciembre 2000

#Frentismo por la libertad
Enrique de Diego Libertad Digital 9 Diciembre 2000

#No se les pedía otra cosa
VICTORIA PREGO El Mundo 9 Diciembre 2000

#Aislar a Arzalluz
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO El Mundo  9 Diciembre 2000

#Compromiso imprescindible
Editorial El Correo 9 Diciembre 2000

#«Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo»
Redacción - Madrid .- La Razón 9 Diciembre 2000

#PP y PSOE se comprometen a acabar con ETA y cualquier intento de darle «legitimación política»
MADRID. Gonzalo López Alba ABC 9 Diciembre 2000

#Los proetarras incendian los Juzgados de Durango con una bomba casera
DURANGO (VIZCAYA). Agencias ABC 9 Diciembre 2000

#El acuerdo Zapatero-Aznar y el PNV
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 9 Diciembre 2000   

TANTO AZNAR COMO ZAPATERO LOGRAN LO QUE QUERIAN
Editorial El Mundo 9 Diciembre 2000

Tras un mes de negociación, los dos partidos mayoritarios han llegado a un pacto recogido en un documento bajo el título: «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». Lo primero que cabe decir es que si PSOE y PP se han considerado en la obligación de suscribir este compromiso es por la grave crisis provocada por la ofensiva etarra después de la tregua y la negativa del PNV a romper definitiva e irreversiblemente sus pactos con EH.

Analizando la trastienda de las intensas conversaciones que han alumbrado el documento, resulta extraño que un acuerdo de tanta trascendencia para los dos principales partidos nacionales haya sido negociado por dos personas que no forman parte de sus respectivas direcciones: Zarzalejos, alto funcionario de La Moncloa, con rango de secretario de Estado, y Rubalcaba, que no pertenece a la nueva Ejecutiva del PSOE.

Yendo al fondo, que es lo importante, el pacto es un éxito indudable del secretario general del PSOE. Fue él quien se lo propuso al Gobierno, que al principio reaccionó con entusiasmo descriptible e incluso descalificó irónicamente la idea. Aunque nadie puede negar que están recogidas al milímetro las tesis de José María Aznar, por lo que el PP puede estar satisfecho de haber logrado que el PSOE suscriba las tesis machaconamente expuestas por el líder del PP. Es, pues, un éxito de ambos y, sobre todo, un triunfo del conjunto de los ciudadanos que vemos en los principios constitucionales el mejor paraguas de los Derechos Humanos, en el País Vasco y en toda España.

El texto supone la vuelta a la unidad de acción que existía entre ambas formaciones antes de que el asesinato de Lluch desatara una ofensiva dentro del PSOE en pro del diálogo con el PNV, ya que recoge de forma explícita los acuerdos tácitos de socialistas y populares en materia antiterrorista. El punto más sustancial para el futuro de la política vasca está en el preámbulo, donde se exige al PNV y EA la «ruptura formal» con el Pacto de Estella «y todos sus organismos» como «requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o institucional» con los partidos nacionalistas.

Aunque no se cierra formalmente la posibilidad de dialogar con el PNV -agujero por el que se pueden colar quienes defienden esta estrategia dentro del PSOE- es evidente que, tras firmar este documento, los socialistas no podrían llegar a un acuerdo de ninguna índole con Arzalluz sin pagar el altísimo coste de violar un compromiso puesto por escrito. Máxime cuando el punto 8 dice que «el compromiso no es coyuntural», sino que «tiene proyección de futuro». Eso indica que, mientras el PNV no cambie radicalmente, PSOE y PP están obligados a caminar juntos, sea en el Gobierno vasco o en la oposición. Esperemos que Zapatero sea capaz de soportar las tensiones internas que su clarificadora apuesta le puede ocasionar en los entornos de Maragall y González.

Un acuerdo positivo
Editorial El País  9 Diciembre 2000

EL ACUERDO alcanzado ayer entre el Gobierno y el PSOE no contiene nuevas recetas para acabar con el terrorismo, sino unos principios orientadores de la respuesta democrática al desafío planteado por ETA. Esa respuesta es condición necesaria para convertir la debilidad operativa del terrorismo, que pronto o tarde volverá a manifestarse, en derrota política de ETA; sin la que no habrá paz.

El acuerdo recoge, como en el caso del Pacto de Ajuria Enea -en el que parece estar inspirado-, una serie de principios democráticos básicos de la lucha antiterrorista, adaptados a las circunstancias actuales: ofensiva generalizada de ETA, de un lado, y ruptura del frente democrático plasmada en el Pacto de Lizarra, de otro. Pero también la refutación práctica de la teoría que inspiraba ese pacto: que es posible hacer desistir a ETA mediante concesiones políticas. Los principios recogidos en el acuerdo son difícilmente impugnables desde la democracia: no hay justificación política para la violencia, y es ilegítimo intentar sacar ventajas de ella; que el marco definido por la Constitución y el Estatuto permite la confrontación pacífica de las diversas expresiones del pluralismo vasco, y que cualquier proyecto de modificar ese marco deberá plantearse, en su caso, desde el respeto a las reglas del juego democráticas.

El acuerdo compromete al PP y al PSOE, y se presenta abierto a la incorporación de otras formaciones. Pero quizá su mayor debilidad sea no haber incidido con más énfasis en esa incorporación. La fórmula elegida, tan escueta y casi como una mera cláusula de estilo, no da demasiada pista de aterrizaje a los grupos que quieran unirse a la iniciativa. El PNV ya ha adelantado su escasa propensión a adherirse a un acuerdo en cuya gestación no ha participado y que le exige incluso cómo debe rectificar. Se comprenden las críticas, pero para excluirse del pacto debería argumentar los motivos de su desacuerdo con los principios que lo vertebran y qué dificultades tienen para cumplir esa exigencia de ruptura formal con Lizarra. La liquidación del Pacto de Ajuria Enea creó un vacío que el acuerdo alcanzado ayer no puede llenar; pero para contar un día con algo comparable había que comenzar por establecer un compromiso entre las fuerzas que representan al 80% del electorado español.

El acuerdo es equilibrado. El Gobierno ha modificado su desdeñosa reacción inicial a la iniciativa socialista de plasmar por escrito los principios compartidos. Tuvo razón Zapatero al augurar que la propia ofensiva de ETA iba a modificar la percepción del Gobierno. Y ha conseguido que éste renuncie a su pretensión de incluir entre los principios antiterroristas la opción por una determinada fórmula de gobierno en Euskadi. El acuerdo hace depender de la actitud que adopten los propios nacionalistas respecto a Lizarra que esa fórmula (PP-PSOE) sea o no la única posible para los firmantes. Frente a la propensión de Aznar a convertir el problema vasco en una bandera exclusiva, se establece el acuerdo de compartir iniciativas en materias como las reformas legales, política penitenciaria, movilizaciones y actuaciones en las instituciones.

A cambio, los socialistas adquieren el compromiso público de no hacer de la lucha antiterrorista un escenario de enfrentamiento con el Gobierno. Aznar tiene motivos para saber qué fuerte es la tentación de aprovechar las tensiones y ansiedad social suscitadas por el terrorismo para desestabilizar al Gobierno. Pero precisamente porque la eficacia de ETA es proporcional al grado de desconcierto social e inestabilidad política, un acuerdo como el de ayer es una condición para la derrota política del terrorismo. Sea bienvenido.

Un gran compromiso
Editorial ABC  9 Diciembre 2000

El Partido Popular y el Partido Socialista han alcanzado un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo que inicia un nuevo rumbo histórico en el tratamiento político de la violencia de ETA y de sus consecuencias. El pacto que ayer autorizaron Aznar y Zapatero frustra algunas predicciones apresuradas sobre la irrelevancia del resultado, porque establece unas reglas claras y precisas para la unidad democrática frente a ETA, a partir de la corresponsabilidad en la acción política contra el terrorismo de las dos principales formaciones políticas españolas. Como se afirma en uno de sus apartados, el pacto «no es un compromiso coyuntural». Tampoco es sólo un pacto antiterrorista, ni podría serlo a tenor de su contenido, en el que se hace una proclamación inequívoca de vigencia de la Constitución y del Estatuto de Guernica y la reivindicación de un cambio para el País Vasco, que ambos partidos se comprometen a impulsar. Ni la altura de las perspectivas ni la generosidad de ambas partes hacen de este pacto una especie de alianza bipartidista, sino la base de una alternativa social y política, abierta a todos aquellos que acepten los mínimos exigibles en un sistema democrático: la lealtad a la Constitución y la renuncia a la violencia.

El presidente Aznar, desde Niza, definió este pacto como la expresión de una «ambición democrática» que busca un nuevo horizonte de libertades y de convivencia. Con esta premisa, los partidos firmantes comparten un mismo diagnóstico sobre la responsabilidad del nacionalismo en la crisis institucional del País Vasco y asumen las consecuencias políticas de ese diagnóstico: el PNV y EA, al pactar con ETA, pusieron precio político —la autodeterminación independentista— a la paz; su estrategia ha fracasado y, si quieren reincorporarse a la unidad democrática, el «requisito imprescindible» es el «abandono definitivo», mediante «la ruptura formal», del pacto de Estella y de sus organismos. Este es el valor político añadido que el presidente Aznar venía reclamando a cualquier acuerdo global contra el terrorismo y contra sus consecuencias, una de las cuales ha sido la incorporación de ETA como un agente más de la política en el País Vasco, de lo que sólo es responsable el nacionalismo. Lo que se pide al PNV es algo muy claro: que colabore en derrotar a ETA, que excluya a la banda terrorista de la interlocución política y que sea leal con el marco constitucional y estatutario.

Si es importante esta declaración política entre PP y PSOE sobre la situación del País Vasco, no lo son menos los compromisos concretos asumidos por ambas formaciones para el desarrollo del acuerdo, que abundan en el carácter político del mismo. En este sentido, el acuerdo se extiende al apoyo expreso a las Fuerzas de Seguridad, incluida la Ertzaintza; a jueces y fiscales; a las víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación. También se establece un compromiso sobre la legislación antiterrorista y la política penitenciaria, que deberá asegurar «el más completo y severo castigo» a los terroristas.

Es cierto que el documento recoge algunas cosas que ya se habían dicho. Pero también es cierto que incluye pronunciamientos hasta ahora discutidos, que se han plasmado con claridad y contundencia imprevisibles, en la forma y en el contenido. Por esta razón, se trata de un acuerdo esencialmente político, liberado de elementos coyunturales y trascendente de las agendas electorales que el PNV está manejando a su antojo, con cálculos que ahora empiezan a fallarle. Y el primero le ha fallado por la suma del PSOE al acuerdo con el PP. El PNV pierde así la ocasión de seguir haciendo ejercicios de ambigüedad y se enfrenta solo —sin auxilios exógenos— a la disyuntiva de decidir entre aceptar las reglas del juego democrático o buscar —para desolación de muchos nacionalistas moderados— la reedición del pacto con HB. En cualquier caso, desde ayer los dirigentes nacionalistas han perdido la iniciativa y la impunidad.

Un acuerdo por la democracia
Por Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC   9 Diciembre 2000

EL Acuerdo suscrito entre PP y PSOE era y es imprescindible para rescatar a la democracia española del deterioro acelerado en que nos estaba hundiendo la ofensiva del terrorismo nacionalista. Porque un país donde muchos ciudadanos se ven obligados a exiliarse, centenares a vivir escoltados y miles con el miedo permanente a las consecuencias de actos absolutamente normales en un Estado de Derecho, es un país donde la democracia corre peligro.

La amenaza terrorista se hace más peligrosa cuando, como era el caso, los partidos e instituciones democráticas se enzarzan en disputas bizantinas, tontas y oportunistas sobre la lucha contra los terroristas. Y la situación es aun más grave si, como es el caso, una parte apreciable de la opinión pública parece dispuesta a solucionar de cualquier modo el desafío terrorista, sea reclamando la pena de muerte, sea escudándose en un diálogo imposible con los terroristas. Era hora de que los partidos democráticos más importantes, los que realmente pueden gobernar España, se comprometieran a combatir el terrorismo como un peligro común, ajeno a las disputas de partido, y a combatirlo dentro de la Constitución.

De manera que este Acuerdo entre el PP y el PSOE era y es imprescindible para hacer frente a la situación abierta por la seudotregua de ETA y el acuerdo de Lizarra o Estella; en realidad, puede decirse que este Acuerdo es la respuesta constitucionalista a aquél. Por eso mismo, y por otras razones, será recibido como un «frente españolista» y rechazado con farisaica indignación por los nacionalistas vascos y sus numerosos apologistas, que lo malinterpretarán como otra agresión adicional. Pero no nos preocupemos ahora de sus rebuznos, sino de la fuerza de nuestros argumentos.

El texto del Acuerdo es sin duda ejemplar en muchos aspectos. Afirma que el terrorismo es un problema de Estado que los partidos no deben explotar en beneficio propio, y que lo es porque destruye las libertades elementales y los derechos humanos que fundamentan a un auténtico Estado democrático. Admite que las leyes actuales son suficientes para hacer frente a los terroristas, excluyendo leyes demagógicas y vengativas (afirma la posibilidad de reinserción social de los terroristas), pero dejando abierta la puerta a las reformas que vayan viéndose necesarias. Reafirma la Constitución admitiendo la legitimidad de que otros propongan reformas congruentes. Reconoce la importancia de la colaboración internacional, apoya a las víctimas del terrorismo y anima a la movilización ciudadana. También condena la deriva antidemocrática del nacionalismo vasco, representada por el Pacto de Estella, pero dejando abierta su reincorporación al consenso democrático si rectifica de manera inequívoca.

Uno de sus mejores aciertos es huir de la retórica patriotera que limita el problema terrorista con el peligro separatista. En efecto, como el Acuerdo afirma sin ninguna ambigüedad, el problema con ETA no es que pretenda crear un Estado vasco independiente de España y Francia, sino que para ello mata y destruye, elimina los derechos ciudadanos, especialmente los de los ciudadanos vascos no nacionalistas, y pretende imponer objetivos imposibles de alcanzar respetando las reglas del juego democrático. El hecho histórico que ha obligado a este Acuerdo es que PNV y EA, el llamado nacionalismo moderado, decidieron romper con los partidos democráticos y aliarse con ETA contra los ciudadanos y entidades constitucionales para convertir la negociación del fin del terrorismo en la gatera por donde colar pretensiones ilegítimas y antidemocráticas, desde la obligación de modificar bajo chantaje la Constitución española para hacer valer el programa nacionalista —poniendo un programa de partido por encima de la voluntad de la mayoría—, hasta la vergonzante idea —defendida varias veces no solo por Mikel Antza o Arnaldo Otegi, sino por Xabier Arzalluz— de constituir un censo de ciudadanos vascos afines a los abertzales, con la vista puesta en la conversión de los vascos no nacionalistas en «alemanes de Mallorca» o, como se dijo en otra declaración, en «turcos en Alemania». Un programa que, de seguir progresando por la vía de los hechos consumados, llevaría al País Vasco a la ulsterización.

El Acuerdo PP-PSOE es uno de los frutos lógicos e ineludibles de la estrategia nacionalista. Los representantes y militantes de estos dos partidos, con los de UA, padecen en los municipios vascos una tortura compartida desde hace muchos años: entre ellos y muchos ciudadanos sin partido se han creado lazos de fraternidad democrática muy reales, por raro que pueda parecerles a muchos tertulianos sectarios. ¿De verdad pensaban los nacionalistas que las víctimas de sus manejos y de su prepotencia iban a permanecer cruzadas de brazos, que PP y PSOE iban a resignarse al papel de paganos obligatorios del precio de sus acuerdos con ETA? Hace tiempo que había llegado el momento de decir «basta ya» a esta desvergüenza nacionalista. Pero hacerlo no podía ser responsabilidad única de un partido, ni solamente de los movimientos sociales, que no deben sustituir a las instituciones. Liberar a la democracia de la peste terrorista es, por decirlo así, una tarea apartidista y una premisa prepolítica, porque la política sólo se normalizará cuando el terrorismo no suponga ninguna amenaza para la misma democracia. Por eso mismo el acuerdo no podía ser de otro modo que como ha sido: entre los dos partidos constitucionalistas relevantes.

Hay un detalle que sin duda dará que hablar. Me refiero al posible acuerdo de colaboración política en el País Vasco entre PP y PSE-EE, con el horizonte de formar un gobierno autonómico tras unas elecciones cuyos resultados lo permitieran. El Acuerdo deja la puerta abierta a ese pacto, pero no lo convierte en la cuestión fundamental. Creo que también es un acierto. Lo esencial es que la ciudadanía conozca que existe un compromiso para enfrentarse no sólo al terrorismo, sino a todos aquellos que pretenden explotarlo en su propio beneficio, como ha pretendido el Pacto de Lizarra. Si tanto PP como PSOE son capaces —y no será fácil— de perseverar en el espíritu de este Acuerdo, la formación de un gobierno vasco entre ambos partidos, o incluso con terceras fuerzas, vendrá por su propio peso.

Por la libertad y contra el terror
Editorial La Razón   9 Diciembre 2000

El siglo XX se despide, en medio del dolor por la sangrienta campaña de atentados terroristas, con la buena nueva del pacto acordado ayer entre el PP y el PSOE que debe facilitar el fin de la era del terror y el triunfo de las libertades. Los dos grandes partidos democráticos han acertado plenamente al escuchar el grito de una opinión pública, que asistía desconcertada a una confrontación partidista, a la práctica de la diferencia entre sus representantes, mientras los ciudadanos caían asesinados por la metralla y el tiro en la nuca.

    El acuerdo es una magnífica novedad para la libertad y una pésima noticia para Eta y sus amigos. Porque se trata de un documento en el que, sobre todo, prima el sentido común. No hay, pues, referencias partidistas o electoralistas, cuando los dos grandes oponentes coinciden en su diagnóstico de la situación creada en los últimos años en el País Vasco con la campaña etarra. Una situación que definen con toda claridad como «el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con Eta y EH, poner precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco». Por eso se impone, y por escrito, como condición «imprescindible» para la reincorporación de los nacionalistas vascos al marco de la unidad de los partidos democráticos, «el abandono definitivo, mediante ruptura formal, del pacto de Estella y de los organismos creados por éste».

    El Acuerdo establece 10 puntos, que tienen la virtud de aclarar las cosas al recordar, ya desde su primer apartado que, al margen de sus diferencias, PP y PSOE firman que el terrorismo es un problema de Estado. Aunque corresponde al Gobierno dirigir la lucha, la tarea es obligación de todos y todos deben eliminar de su ámbito cualquier confrontación política o electoral, por legítima que pueda resultar.   

Enemigo común
No hay más enemigo que el terror y en democracia no existe ningún objetivo político que pueda reclamarse mediante coacciones o asesinatos. Es la clave de los dos puntos siguientes del pacto, que establece que el único déficit democrático en el País Vasco es el ejercicio de la violencia terrorista y ambos partidos se comprometen firmemente a que desaparezca cualquier intento de legitimación política, aunque sea indirecta, de la violencia y a que jamás pueda extraerse del terrorismo ventaja o rédito político alguno. Es una ratificación de que el terrorismo nunca ganará, de que no podrá poner precio político a la paz y que no hay otro marco posible para el diálogo que el de las libertades que amparan la Constitución y el Estatuto: «La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables».

    No hay duda tampoco en destacar el papel de la Guardia Civil y de la Policía (y de la Ertzaintza en su ámbito), como defensores de los derechos humanos y de las libertades. Y en su responsabilidad más directa en una lucha contra el terrorismo que tiene también otras vertientes y otros protagonistas que precisan apoyo, como jueces y fiscales. El acuerdo establece claramente la unidad de criterios y la asunción de la política penitenciaria como parte de la estrategia de persecución de las bandas terroristas. PP y PSOE acuerdan asegurar el más «completo y severo» castigo a los condenados por terrorismo, de donde se desprende el fin de los «acercamientos», los privilegios y el trato exquisito para estos asesinos. Y, al mismo tiempo, que habrá generosidad para aquellos arrepentidos que se quieran sustraerse de la tiranía de la banda y de sus matones carcelarios. Sin olvidar que para lograr su reinserción en la sociedad democrática, deberán mostrar «actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización» como establece la Constitución.
   
Reconocimiento a las víctimas
Buena parte del acuerdo se dedica a reconocer el papel de la víctimas del terrorismo, de unos ciudadanos con quienes la sociedad ha contraído una gran deuda y cuya memoria debe preservarse, por lo que el PP acepta la idea propuesta en su día por el PSOE de promover una gran fundación para las víctimas. Y a expresar su apoyo a los Medios de Comunicación y sus profesionales en su labor de transmisores de los valores de la convivencia.

    El acuerdo es, en conjunto, un documento para el rearme moral de la sociedad y pedir su movilización. Una llamada para que nadie quede al margen en la lucha por la libertad y contra el terrorismo. Y un compromiso firme para aplicar en esta lucha todos los instrumentos del Estado de Derecho, de la sociedad civil, para recuperar el derecho a la vida y a las libertades de todos los españoles sin excepción. Por eso el pacto se abre a todos los partidos que compartan los principios democráticos.

    Los límites están más que meridianamente marcados. No caben ya interpretaciones o disquisiciones ante una declaración de intenciones como la acordada entre PP y PSOE, que obliga, y mucho, a ambos partidos a guardar en el cajón muchas de sus diferencias mientras el terrorismo siga vivo. Si algo se echa en falta en este pacto, es la necesidad de haber puesto por escrito algo tan obvio como necesario ante el acoso terrorista.

Un pacto necesario
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  9 Diciembre 2000

Por fin, los dos grandes partidos han formalizado en un acuerdo contra el terrorismo el espíritu que les animaba, como no podía ser de otro modo. Pero había que hacerlo. Lo exigía la gravedad de la situación, lo reclamaban los ciudadanos. Conscientes de que la tardanza podía ser mal interpretada, las direcciones de los dos partidos se han apresurado a firmar el texto el mismo día de la Inmaculada.

El primer acierto es el título del texto: «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». No es un pacto a la defensiva, sino una apuesta por la normalización. Y ya en el segundo párrafo se elimina cualquier equívoco sobre la consideración que un partido u otro pudiera tener sobre el PNV y EA. Para los firmantes, el retorno de ETA al terrorismo, tras el cese temporal, había puesto de manifiesto «el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y EA, que abandonaron el pacto de Ajuria Enea para, “de acuerdo con ETA y EH” (las comillas son mías), poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco». El texto exige al PNV la ruptura del pacto de Estella como condición previa a «cualquier acuerdo político o pacto institucional con el PNV y EA».

Desde «el acuerdo en el diagnóstico», populares y socialistas se comprometen a un intercambio de información, a la actuación concertada para las reformas legislativas, la actividad informativa a escala internacional, la movilización ciudadana y la búsqueda de posiciones comunes ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. Ambos crearán una Fundación en colaboración con las asociaciones que representan a las víctimas del terrorismo.

No es cierto que el acuerdo deje fuera la cuestión de los pactos con el PNV: la condición obligatoria será la ruptura de este con Estella.

El pacto
RAUL HERAS El Mundo 9 Diciembre 2000

Presentar a finales del año 2000 un pacto antiterrorista entre los dos grandes partidos nacionales suena más a marketing electoral ante una necesidad básica sentida por la sociedad española que a novedad auténtica en la lucha contra la violencia y el separatismo: se tenía que dar una respuesta política a la doble ofensiva de ETA y del PNV y no se tenía nada mejor, ni más a mano, que resucitar, relanzar y glorificar el bipartidismo entre las dos fuerzas que han gobernado en España desde que desapareció la dictadura, ya que se puede considerar con enorme precisión que aquello que se llamó UCD se ha ido incardinando tanto dentro del PP como del PSOE.

El documento consensuado entre Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba está lleno de los mismos lugares comunes que conocemos desde hace veinte años: una sola voz para responder a los terroristas esté quien esté al frente del Gobierno, más consenso en las medidas penitenciarias, recordatorio sobre el Estatuto de Gernika como marco autonómico de soberanía... si el modelo copiado es el acuerdo verbal que suscribieron Major y Blair en Gran Bretaña a mediados de los noventa para hacer frente a la histórica violencia en Irlanda del Norte, lo que han hecho socialistas y populares es tirar por tierra todas sus declaraciones anteriores y reforzar aún más las tendencias secesionistas en Euskadi, y dotar de mayor contenido político a las tesis de Arzalluz y Otegi: Existe un «Estado exterior» que se convierte en árbitro entre dos fuerzas, entre los que quieren mantenerse dentro de esa nación y aquéllos que pretenden convertirse en nación propia. El tiempo se encargará de demostrarlo, pero el flamante documento corre el mismo riesgo de convertirse en papel mojado que sus antecesores, los pactos de Ajuria Enea y Madrid.

Salvo que bajo el texto esté el contexto que ninguno se atreve a colocar ante los ojos de los ciudadanos, salvo que bajo las palabras de siempre se escondan las intenciones poselectorales nuevas, y salvo que tras las fotos y firmas de rigor aparezcan los Gobiernos de unidad que aborden cambios drásticos en el día a día del País Vasco, todos los pactos que puedan firmar el PP y el PSOE en poco o nada influyen en la voluntad, estrategia y acción de los terroristas; y en poco o nada van a ayudar a que dentro del PNV se produzca el cambio histórico que la propia sociedad vasca demanda. El Madrid 2 es la respuesta literaria al Lizarra 1.

Fuerzas homogéneas frente a fuerzas homogéneas, coincidentes dos a dos en un único punto: el soberanismo de Euskadi.

A ver qué hace González
Por Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 9 Diciembre 2000

El pacto antiterrorista tan prolijamente redactado, trabajosamente alcanzado y solemnemente proclamado por el PP y el PSOE puede entenderse como la imposición de la ambigüedad o como el triunfo de las buenas intenciones. Por desgracia, hace tiempo que las buenas intenciones constituyen el camuflaje de la ambigüedad y hasta de la doblez en la lucha contra el terrorismo. La vergonzosa manipulación contra el Gobierno del asesinato de Ernst Lluch es la última prueba, pero no la única, de que el PSOE está jugando a dos barajas, en ésta como en tantas otras cosas y en tantas ocasiones.

La credibilidad del pacto depende, pues, de la que nos merecen los firmantes. Y en este punto la cosa está demasiado clara. El Gobierno y el PP han demostrado que merecen confianza. El PSOE ha demostrado que no la merece, aunque ojalá sea éste el paso necesario y suficiente para alcanzarla. Pero, ¿basta el anuncio del pacto antiterrorista para concedérsela? Sinceramente, no.

La clave no está en lo que se dice sobre ETA, que es de sentido común y complace a las clientelas de ambos partidos. Lo realmente decisivo es que el PSOE se comprometa en luchar contra el PNV mientras el PNV siga luchando junto a ETA, contra la libertad y contra España. Aparentemente, en este aparatoso y detallado acuerdo queda claro que el PSOE no pactará jamás con este PNV, que es el unico que hoy por hoy existe.

Pero la estrategia de fondo del PSOE de verdad, es decir, del felipismo y el polanquismo, está siendo en los dos últimos meses exactamente la contraria: respaldar directa o indirectamente al PNV y aislar y desgastar al PP en la política vasca y la lucha antiterrorista, que, como bien dice en este caso Aznar, son una y la misma cosa. Si este pacto ha sido necesario es porque el PSOE no estaba respaldando lo que ahora firma. ¿Y tiene intención de hacerlo? Si para algo sirve la experiencia, no.

González no va a cambiar -no tiene por qué- de estrategia contra Aznar, Polanco está, más que nunca, en el reto continuo a todos los poderes e instituciones y, en fin, a Zapatero le conviene guardar las formas. Desde ese punto de vista, los socialistas salen ganando en el fondo aunque el PP parezca haber impuesto su discurso político. Aznar queda atado a una relación forzosamente buena con un socio comprobadamente malo y el PSOE puede seguir cerdeando en este asunto y fingir que se escandaliza cuando el PP se sienta traicionado y le llame al orden.

Este acuerdo vale lo que valga el PSOE que lo firma. Importa más, hasta ahora, el que no lo firma. Así que, sosegados los espíritus y ahítos de buenas intenciones, a ver qué hace González.

Frentismo por la libertad
Por Enrique de Diego Libertad Digital 9 Diciembre 2000

El partido socialista ha sido el tradicional aliado del PNV. La radicalización del nacionalismo otrora moderado hasta pactar la unidad de acción con el terrorismo ha planteado un nuevo reto para la libertad al que el pacto entre PP y PSOE da respuesta. El partido de Arzalluz no puede contar desde ahora con un hipotético aliado que le permita mantener una falaz equidistancia. El PNV puede entrar en este pacto de lo obvio -de reivindicación del marco constitucional y estatutario como garantías de la libertad personal amenazada- si renuncia a Estella/Lizarra, a la asamblea de municipios vascos y a la propuesta de construcción nacional. Con Arzalluz al frente de ese partido tal cambio político, y aún moral, parece imposible.

En buena medida, este acuerdo histórico -aunque el concepto haya sido objeto de abuso en otras ocasiones- es un pacto de Estado en la línea del espíritu de Ermua y de la unidad de los demócratas, pero es también un acuerdo entre partidos que tiene un horizonte electoral o postelectoral en aras a la configuración de una alternativa constitucionalista, porque entraña el mensaje de que el PSOE no establecerá ningún tipo de alianzas con el PNV mientras no dé marcha atrás en su frentismo con Eh-Eta y en su huida hacia delante soberanista. Es un frentismo por la libertad alternativo al frentismo del terror nacionalista. Se acabó lo de que unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces.


No se les pedía otra cosa
VICTORIA PREGO El Mundo 9 Diciembre 2000

No era otra cosa la que se les pedía: un mínimo grado de seriedad a la hora de enfrentarse al más insoportable de los problemas que padecen hoy los españoles, el del terrorismo ribeteado de pretensiones políticas.

Y aquí está el documento que deberá servir de base para dejar claro que, a la hora de defender nuestro derecho a discrepar en paz, no hay grietas porque no puede haberlas. No parece que sea este un contrato de adhesión, sino una base de acuerdo que en absoluto impide defender las posiciones políticas y electorales que a cada uno, sea o no firmante del documento, le venga en gana siempre que no se ande jugando con las cosas de comer, que son la libertad y la vida.

Tampoco es un acuerdo excluyente del PNV, aunque este partido y CiU lo sostengan en esos términos, en la medida en que no se le pide que renuncie a ser lo que es, un partido nacionalista, ni a sus objetivos políticos. Lo que se le pide, y se le debe seguir pidiendo, es que regrese a las posiciones que ha mantenido durante los últimos 23 años, en los que defendió sus tesis, con indiscutible éxito electoral además, pero respetando las reglas. Primero, porque no hay otras y después porque, sin unas reglas previas, cualquier orden político, incluido el que está en sus sueños, resulta inalcanzable si, mucho antes de empezar a construirlo, ya se ha reventado a tiros y a sangre.

«No les pedimos que renuncien a lo suyo», insiste en aclarar Alfredo Pérez Rubalcaba, «pero, aunque el diálogo es libre, no es posible mantenerlo con partidos que comparten foros con gentes que, como HB, siguen sin condenar los asesinatos. Por eso decimos que el abandono del Pacto de Estella es condición sine qua non para recuperar cualquier acercamiento con el PNV».

El Partido Popular ha hecho un cierto esfuerzo, no reconocido por los nacionalistas, al dar carta de naturaleza a las pretensiones independentistas en el punto 3 del documento, que dice que «cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco constitucional, debe respetar la reglas y los procedimientos en él establecidos». Lo dijo el presidente Aznar este otoño en Barcelona pero no es cosa que ni él ni su partido repitan con gusto: «Quienes propugnen lisa y llanamente el independentismo tienen todos los instrumentos democráticos para hacerlo. Lo que es inadmisible es que se quiera forzar la independencia diciendo, después de firmar un pacto como el de Estella que, si no se consigue, otros firmantes del Pacto van a conseguir las cosas asesinando».

Lo cierto es que el «estilo Zapatero» se ha demostrado inteligente y útil a la hora de conseguir este acuerdo que, dígase lo que se diga, no le niega radicalmente al PNV un resquicio por el que regresar, si quieren, al terreno en el que han vivido sin acosos todo este cuarto de siglo. No querrán, eso ya lo sabemos. Por lo menos no hasta que no se hayan celebrado las elecciones en el País Vasco. Con documento y sin él, las cartas están ya echadas. Sólo las urnas podrían modificar este tablero.

Mientras eso sucede, hay que recibir con alivio el abandono de la profunda desconfianza que en esta materia ha presidido hasta ahora las relaciones entre el PP y el PSOE. Mérito que debe serle reconocido en buena parte a Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Zarzalejos, interlocutores impenitentes durante meses, que han recuperado aquel olvidado espíritu que vivía de algo tan elemental como creer el uno en la palabra del otro y a quienes la muerte de Lluch ha dado el impulso final.

Aislar a Arzalluz
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO El Mundo  9 Diciembre 2000

El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo alcanzado entre el PP y el PSOE es la mejor respuesta que podían dar los grandes partidos nacionales a la ofensiva de ETA y a la demanda ciudadana de diálogo que produjo el asesinato de Ernest Lluch.

El pacto no contiene grandes sorpresas, no alberga falsas esperanzas, pero es contundente y claro, un mensaje que la sociedad estaba demandando para mantenerse firme frente al terror.

Y es también una muestra de coherencia democrática. PP y PSOE ponen de relieve el fracaso de la estrategia del PNV y de EA al romper su alianza con los demócratas para unirse con ETA y EH con un objetivo: imponer la autodeterminación para alcanzar la independencia.

No hay descalificaciones, no hay visceralidad, pero sí hay una exigencia abierta al nacionalismo para que rompa de una vez sus lazos con los terroristas y sus acólitos. Si el PNV y EA aspiran a algún acuerdo institucional con el PP o el PSOE (lo que incluye pactos de gobierno) tendrán que romper con Lizarra y sus organismos (Udalbiltza) y volver a la senda de la Constitución y el Estatuto.

Los dos partidos mayoritarios han puesto las bases para una colaboración seria, continuada y leal frente al terrorismo y, por tanto, trascendente de lo que sería un mero pacto para gobernar en Euskadi al margen de los nacionalistas.

El Acuerdo tiene la gran virtud de que permite visualizar el aislamiento de la dirección del PNV, algo que puede agudizar el descontento en sus bases frente a los que han sido sus máximos responsables: Arzalluz y Egibar.

Con el Acuerdo, fracasa también la estrategia del líder nacionalista de romper la unidad de los demócratas intentando atraerse a los socialistas con vagas promesas y continuos reproches.

Esa sensación de aislamiento del nacionalismo puede acelerar la convocatoria de elecciones anticipadas en el País Vasco, lo que contribuiría a que el Gobierno de Vitoria recuperase base social y apoyo parlamentario.

Por todo ello, el Acuerdo es una buena noticia para los que desean que la paz y la libertad no sean una reivindicación pendiente para los vascos.

Compromiso imprescindible
Editorial El Correo 9 Diciembre 2000

La importancia del acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE «por las libertades y contra el terrorismo» trasciende la literalidad del documento que en los próximos días suscribirán José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El texto redactado a lo largo de la última semana no expresa ideas distintas a las que cada uno de los dos partidos ha venido defendiendo durante los últimos años. Pero su mayor aportación estriba en el compromiso que adquieren ambas formaciones para abordar la política antiterrorista y afrontar el camino hacia la paz de común acuerdo. El documento PP-PSOE constituye una respuesta política necesaria a la demanda de unidad que tanto la sociedad española en general como los vascos en particular han expresado reiteradamente frente a la brutal ofensiva de ETA. Tiene la virtud de sintonizar con un sentir común a la inmensa mayoría de los ciudadanos, y tiene el enorme mérito de ofrecer de cara al País Vasco una claridad de posiciones que en ningún caso distancia a sus redactores respecto al nacionalismo democrático más de lo que lo están ya.

Con su acuerdo, PP y PSOE se comprometen a resistir frente a la pretensión terrorista de que «los ciudadanos y las instituciones desistan de sus principios, ideas y derechos», niegan toda posibilidad de que la violencia extraiga ventaja política alguna de su propio proceder, y advierten de que incluso aquellos proyectos políticos que pretenden revisar el propio marco institucional deben respetar las reglas y los procedimientos en él establecidos. Tras semanas de una confusa y a menudo demagógica discusión en torno a la palabra ‘diálogo’, el documento elaborado por el PP y el PSOE reconduce el debate hacia los cauces que le son propios a un sistema democrático consolidado, cuyo verdadero déficit se encuentra precisamente en la existencia de una minoría fanática que emplea el asesinato como argumento último contra quienes piensan de forma distinta y creen en la libertad. Por otra parte, sería absurdo evaluar la importancia del documento unitario en base a los logros que pudiera obtener en lo inmediato, a partir de sus efectos persuasorios o disuasorios para con los violentos. Es indudable que aún hará falta mucho tiempo y esfuerzo para conminar eficazmente a ETA al abandono definitivo de las armas. Pero el verdadero valor de la iniciativa llevada a cabo por el PP y el PSOE se halla precisamente en que aportan a la sociedad democrática un compromiso imprescindible para que los ciudadanos no se sientan por más tiempo abandonados a la suerte que les depare la barbarie y a la maraña de desencuentros que han contribuido a enraizar sensaciones de fatalidad e impotencia en el ánimo de millones de personas de buena voluntad.

ETA ha querido convertir el terrorismo en un problema de Estado, y lo ha logrado. Al comprometerse el PP y el PSOE a sustraer la política antiterrorista del ámbito de la confrontación política, ambas formaciones se sitúan a la altura de unas circunstancias que, en sintonía con la tradición de las democracias occidentales, obliga al establecimiento y salvaguarda de un consenso activo en dicha materia. En ese sentido, el reconocimiento de que «al Gobierno de España le corresponde dirigir la lucha antiterrorista» debe llevar implícita una doble significación: que la oposición socialista se compromete a mantener una actitud escrupulosa de lealtad y responsabilidad hacia el Gobierno, y que éste asume la tarea de propiciar en cada momento el más amplio consenso como soporte de su propia acción.

Uno de los aspectos más relevantes del documento de cara a la política vasca es que compromete a ambos partidos en torno a dos principios generales -cuales son el de la defensa a ultranza de la libertad y la exigencia inexcusable de la ruptura con Lizarra por parte del nacionalismo democrático- sin que llegue a explicitar un pacto entre el PP y el PSOE ante las próximas elecciones autonómicas y el futuro gobierno de Euskadi. La condición que ambas formaciones ponen al PNV y a EA para coincidir en una misma estrategia frente al terror y por la paz no es otra que la de un pacto del que no retornen hacia el entendimiento con la izquierda abertzale. El nacionalismo podrá alegar que ha sido excluido del proceso de elaboración del documento. Pero el problema no se halla en el procedimiento seguido, sino en esa obstinada disposición del nacionalismo democrático a mantener viva la esperanza de un futuro reencuentro con el nacionalismo rupturista y violento, a expensas incluso de la posición institucional que ocupa -que debería obligarle a participar en la dirección de la lucha antiterrorista- y de la necesidad que la sociedad vasca tiene de un liderazgo compartido entre las fuerzas democráticas para la defensa prioritaria de los valores de la vida y la libertad.

«Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo»
«Defendemos el derecho de todos a vivir en paz y libertad»
Redacción - Madrid .- La Razón 9 Diciembre 2000

El texto íntegro del «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo» alcanzado entre el PP y el PSOE es el siguiente:

    «El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, decididos a reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades y acabar con el terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante la sociedad española adoptar el siguiente Acuerdo.
   
    El retorno de Eta a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado en Septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia la situación en el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.
    
    La estrategia de Eta no puede ser más evidente: tratan de generalizar el miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con las reglas de la democracia.
   
    El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo.   
 
    La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos. Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista, un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna. 
  
    Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
    
    Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier lugar de nuestro país.

Acuerdo
    1. El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición.
    
    Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.

    2. La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto de la sociedad.
    
    No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría. 
   
    Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.
    
    3. Durante más de dos décadas de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión política, cultural y social de la pluralidad que alberga la sociedad vasca. 
   
    Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los procedimientos en él establecidos.

Diálogo
El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables.
    
    4. La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y, en su ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se erradique en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica. 
   
    5. Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
    
    La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas.
    
    La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución.
    
    6. La experiencia de las actuaciones policiales ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene la cooperación internacional para la lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación, singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una actividad informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.

Víctimas
    7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. 
   
    La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado. Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
    
    Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la que estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus actividades con las fundaciones ya existentes.
    
    8. Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los asesinos.
    
    Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su función para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución. La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen un patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza y la imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices.

    En este Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la ética de los valores democráticos y de la convivencia. Eta debe perder toda esperanza. Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y democrática de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada una de sus vilezas.
    
    Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro.

    Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.

Colaboración
    9. El objetivo de este Acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo-reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación interna- cional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista.     A tal fin, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes de éste.

    10. Con la firma del presente Acuerdo Partido Popular y Partido Socialista queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles. Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política que debe desarrollarse. 
   
    Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo.        En Madrid, a 8 de diciembre de 2000».

PP y PSOE se comprometen a acabar con ETA y cualquier intento de darle «legitimación política»
El pacto «por las libertades y contra el terrorismo» alcanzado entre el PP y el PSOE recoge el compromiso de trabajar juntos para erradicar el terrorismo y «para que desaparezca cualquier intento de legitimación política» de ETA. Condiciona «cualquier acuerdo político o institucional» con el PNV y EA a su «ruptura formal» con Estella, y llama a todos los demócratas a «compartir estos principios».
MADRID. Gonzalo López Alba ABC 9 Diciembre 2000

El acuerdo entre el PP y el PSOE, cuyo cierre -en la noche del jueves- adelantó ayer ABC, se ha plasmado en siete folios y medio, que fueron distribuidos a los medios de comunicación a primera hora de la tarde, después de que Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba le dieran los últimos «retoques» de redacción, una vez que ya tenía el visto bueno personal de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

El documento, que se ha denominado «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo», se asienta sobre el principio de que «la paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables», y se divide en un preámbulo y el «acuerdo» propiamente dicho, que se desarrolla en diez puntos.

Recoge, según fuentes socialistas, «el 90 por ciento» de la propuesta original formulada el 6 de noviembre por el secretario general del PSOE, incluida la creación de una nueva Fundación de ayuda a las víctimas, aunque portavoces de los dos partidos quitaron importancia a estas consideraciones para subrayar que «ganamos todos los demócratas».

PNV: ROMPER ESTELLA O LA SOLEDAD
La principal condición puesta por el PP, que era la exigencia al PNV y EA de romper con Estella, y que el PSOE no ha tenido inconveniente en asumir, se recoge en el preámbulo, donde se afirma que «la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos constituye, para el PP y el PSOE, un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el PNV y EA». Esa ruptura, según se añade, ha de ser «formal» y suponer un «abandono definitivo».

El acuerdo propiamente dicho arranca con la manifestación de «nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». Como consecuencia, se acuerda mantener una «colaboración permanente» y desarrollar una «actuación coordinada» en los ámbitos de las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, a cuyo fin se crea una «comisión de seguimiento» entre miembros de ambos partidos y, en su caso, del Gobierno.

PP y PSOE se comprometen no sólo a erradicar el terrorismo, sino también «a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia». «Por eso -dice el texto-, también afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno».

«LA REBELIÓN DE LOS JÓVENES»
Incorpora «un llamamiento especial a los jóvenes», por entender que «son ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la violencia».

Tras afirmar que «éste no es un compromiso coyuntural», sino que «queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección de futuro», concluye «convocando a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política».

Los proetarras incendian los Juzgados de Durango con una bomba casera
DURANGO (VIZCAYA). Agencias ABC 9 Diciembre 2000 

Los proetarras han vuelto a atentar contra instalaciones del poder judicial. Después de que hace tres días la Ertzaintza desactivara un artefacto compuesto por tres kilos de dinamita que había sido colocado en los Juzgados de Eibar, la pasada madrugada varios proetarras encapuchados hicieron explotar una garrafa con 25 litros de gasolina en la puerta de acceso al Palacio de Justicia de la localidad vizcaína de Durango, lo que ocasionó un incendio y serios desperfectos en un falso techo a la entrada del edificio.

Afortunadamente, el atentado no provocó daños personales ni el incendio obligó a desalojar a vecinos próximos al edificio. Sin embargo, la puerta de acceso a los Juzgados quedó totalmente destrozada.

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Sabin Intxaurraga, expresó su indignación: «Una vez más hacemos un llamamiento a ETA y a sus acólitos —dijo— para que deje de actuar, para que podamos construir el país entre todos y, desde luego, un país no se construye desde la destrucción, sino trabajando codo a codo entre todos».

LA JUNTA DE PORTAVOCES SE REÚNE
La alcaldesa de Durango, Pilar Ardanza, acudió ayer a la sede del Palacio de Justicia para ver los daños causados y recordó que estas instalaciones ya habían sido objetivo de los proetarras con anterioridad. Previsiblemente, la Junta de Portavoces de este ayuntamiento vizcaíno se reunirá hoy de forma extraordinaria para condenar el atentado.

También el PP y el PSOE, que ayer concluyeron la redacción de un acuerdo en materia antiterrorista, condenaron los hechos. El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, afirmó que se trata de una «ofensiva de amedrentamiento del nacionalismo radical contra el conjunto de la sociedad vasca». «Estos días —dijo— son las dependencias judiciales y los medios de comunicación, pero también la exigencia del mal llamado impuesto revolucionario a los empresarios que luchan y pelean por crear riqueza, empleo y mejora económica para el conjunto de los vascos». Para el PP, «la intención de los violentos es clara: que sólo se sientan seguros en el País Vasco aquellos que comulgan con el credo independentista que defiende la izquierda abertzale».

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo Terreros, llamó «fascistas» a los autores del ataque. «El fascismo —sostuvo—se define por atentar contra la Justicia y contra los medios de comunicación, dos pilares del Estado de Derecho y de la sociedad democrática, como ha ocurrido en los últimos días en Euskadi. Todo lo demás son milongas, literatura, excusas de mal pagador». «Mientras haya quien busque algunas disculpas o atenuantes a estas conductas, seguirán envalentonados»", concluyó.

El acuerdo Zapatero-Aznar y el PNV
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 9 Diciembre 2000   

El anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero, según el cual estaría cerrado el acuerdo entre los socialistas y el Gobierno de José María Aznar sobre política antiterrorista, supone un estímulo considerable en un panorama en el que la reiterada desazón de la muerte no siempre encontraba el bálsamo de la unidad entre los demócratas.

Aznar había exigido hasta ahora apoyo sin fisuras a su política mientras respondía con desprecio y desdén a las propuestas realizadas por los socialistas, en una evidente falta de corresponsabilidad con la actitud del PSOE en los últimos años especialmente en materia antiterrorista; antes con Joaquín Almunia, ahora con Zapatero. Este acuerdo enmienda errores pasados de Aznar, abre un panorama esperanzador ante la ciudadanía y permite presentarse a los dos principales partidos en una sintonía de unidad, tan reclamada por la opinión pública.

El acuerdo deja la puerta abierta a la incorporación del PNV en el caso de que la dirección de este partido decida abandonar el pacto que le ata con los etarras y que es tan perjudicial para la lucha contra la violencia en los últimos años, como lo fue para luchar contra ella, en sentido positivo, el acuerdo de Ajuria Enea.

El acuerdo sirve para desatascar una situación de bloqueo. Después del crimen de Ernest Lluch quedó en el tapete una exigencia de diálogo que, por muy difusa que fuera en su presentación, obligaba a los partidos democráticos a responder a ella.

El asesinato del socialista catalán -símbolo, para algunos, del afán de entendimiento entre una sector de los socialistas y los nacionalistas del PNV-, lejos de romper ‘los puentes’ entre PSOE y PNV o, incluso, entre ambos y EH, se había traducido en la voladura de la sintonía entre socialistas y populares y en la exigencia de un nuevo tipo de actitudes.

El acuerdo de ahora recupera el clima de entendimiento y, sobre todo, supone una rebaja en la soberbia con la que Aznar se estaba conduciendo en las últimas semanas y que le llevaba a devolver a puntapiés las propuestas de los socialistas.

Más difícil parece por el momento la eventual incorporación del PNV a este acuerdo. La reiteración en los contenidos, el tono de las declaraciones de los principales dirigentes del PNV, establecen de forma diáfana que no se trata de exabruptos o frases dichas por el calentón de la campa, explican sobre todo que la actual dirección del PNV aspira a crear un bloque nacionalista frente a los constitucionalistas -maten unos o mueran los otros- y desea que esa política le dé votos en el futuro y no le reste apoyos como hasta ahora.

Así, las palabras de los máximos dirigentes del PNV estarían básicamente destinadas a conseguir el voto de los que apoyaron a HB en las últimas elecciones autonómicas en las que éste partido fue premiado por la tregua del grupo terrorista .

Hasta ahora el pacto con EH/ETA sólo ha supuesto para el PNV descalabros electorales -pérdida de la Diputación foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria, acortamiento de distancias con el PP en los núcleos urbanos más importantes del País Vasco-, desprestigio en su imagen ante los ciudadados y desplazamiento del papel central que el PNV tenía, por ejemplo, en los tiempos del acuerdo de Ajuria Enea.

Se trata ahora de recoger las redes y demostrar, especialmente ante los críticos con la política de la actual dirección del PNV, que la estrategia es la correcta y que eso se traduce en llenar el buche con votos nuevos, procedentes de electores de HB hartos con el empecinamiento criminal que se lleva por delante incluso a los socialistas partidarios del acercamiento al nacionalismo -Juan María Jauregui y Ernest Lluch y no otros que se citan-. Para que cuaje esta salsa se necesita tiempo y por eso se prefiera aguantar antes que adelantar en exceso la convocatoria de las elecciones autonómicas. Se quiere que pierda fuerza la política del PP, que los atentados criminales se vuelvan no contra los asesinos, sino contra las víctimas y se aspira a que el PNV se pueda presentar como referente ante el desencanto batasuno.

El acuerdo entre Zapatero y Aznar va a suponer un asidero para una ciudadanía zarandeada por tanta muerte y supone un revés para los nacionalistas que querían un acuerdo con los socialistas que dejase desnuda completamente la política de Aznar. A partir de ahora, se trata de saber si el mantenimiento con respiración asistida de la legislatura vasca desgasta más al PNV, condenado a perder todos los viernes en los plenos del Parlamento vasco, o diluye la imagen del PP como alternativa real de gobierno en el País Vasco.

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