AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 4 Enero 2001
#Lo superfluo
Antonio GARCíA TREVIJANO La Razón  4 Enero 2001

#Por un puñado de concejalías
Antonio López Campillo Libertad Digital 4 Enero 2001

#Esto se va
PATXO UNZUETA El País 4 Enero 2001

#Un Concierto con lealtad
Editorial ABC  4 Enero 2001

#Las urnas, más cerca
Ramón PI ABC  4 Enero 2001

#Privilegios y clientelismos
Editorial ABC   4 Enero 2001

#Javier Guevara afirma que si el único PNV es "el de Arzalluz y Egibar", habrá que "reinventar" el partido
Vitoria  EL PAÍS   4 Enero 2001

#La Generalitat no pidió ayuda a la Guardia Civil
A.Semprún - Madrid .- La Razón   4 Enero 2001

#Las víctimas de ETA se consideran «agraviadas» por el homenaje a Lluch
MADRID. ABC  4 Enero 2001

#Un investigador sitúa la cuna del castellano en el pueblo burgalés de Valpuesta
EFE  MIRANDA DE EBRO La Voz  4 Enero 2001


Lo superfluo
Antonio GARCíA TREVIJANO La Razón  4 Enero 2001  

El nacionalismo terrorista hace sentir la necesidad de dialogar con el nacionalismo gobernante en el País Vasco. Los partidos estatales simulan reclamar ese diálogo y ninguno lo practica. La hipocresía lleva al delirio en los partidos principales. Tantos años de represión de la violencia separatista y ahora descubren de repente que, en su arsenal antiterrorista, faltaba el arma fundamental: un pacto expreso de los partidos constitucionales ¡contra los asesinatos de Eta!

    Ninguna persona decente, y en sus cabales, admitiría la necesidad de vincularse, y de humillarse, mediante un pacto con otro, a lo que estaría naturalmente obligada, no solamente por su conciencia moral o su deber social, sino por lo que es más infalible que los productos de la reflexión o la voluntad: su sano instinto animal. Los firmantes del pacto contra el terrorismo están reconociendo que sus instintos y sus conciencias de rechazo del crimen son tan pendientes de los vaivenes políticos que deben ser reforzados con medios convencionales. Mal debe andar una sociedad que aprueba, sin escandalizarse, la necesidad o la utilidad de un pacto entre sus dirigentes contra el crimen organizado. ¿Qué pasaba antes del pacto? ¿Pedía la dialéctica del crimen que, con la tolerancia del asesinato, se mantuviera abierta la puerta de la negociación? El pacto no respondería entonces a una exigencia moral, sentida tras el fracaso de la tregua, sino a la voluntad de cerrar horizontes políticos en la represión antiterrorista. La reducción a lo penal y policial hace imposible el diálogo, no sólo con el PNV y demás formaciones vascas no vinculadas a Eta, sino con todos los otros nacionalismos periféricos. Por eso Pujol ha sido el exponente del carácter superfluo de ese pacto.

    Una sociedad culturalmente dominada por el consenso olvida pronto que dialogar, el arte de dirimir una controversia por medio de razones lógicas, no es lo mismo que hablar o darse a entender. Y no hay que hablar con el PNV para saber su postura. Al gobierno vasco y el PNV, que no son órganos del terror, les conviene que, sin negociar cuestiones políticas con Eta, sea imposible acabar con el terrorismo. Y, para acrecer la presión nacionalista sobre el Estado, quiere ser el artífice de esa negociación. El Gobierno central no puede ser indiferente a las condiciones de la salida negociada del conflicto. Es natural que no confíe en un partido que pretende alcanzar, de modo pacífico, la meta que el terror persigue de modo violento. Pero no es natural, por no ser liberal ni democrático, que mediante un pacto con el PSOE cierre las puertas no ya a la negociación con Eta, harto comprensible, sino a la viabilidad de un partido gubernamental en el País Vasco que defienda la negociación como modo principal de desarmar a Eta. El pacto no contiene unas bases mínimas para iniciar el diálogo con el nacionalismo vasco, sino un decálogo final que lo haga imposible. No se trata así de una cuestión de principios, sino de una táctica que busca sus frutos en las urnas.

    Esta táctica sería legítima si no se revistiera de ropaje moral superfluo. Lo que humilla al nacionalismo y suscita ánimos de represalia es mucho más la insoportabilidad del daño superfluo, que la inevitabilidad del agravio necesario.

    Lo necesario no es nunca vergonzoso ni humillante. Ni siquiera la instrucción para un sabio(Sófocles). Falta por saber si el diálogo con Eta viene impuesto como «necesidad dialéctica» del hecho terrorista, en cuyo caso el pacto PP-PSOE está llamado, como parece, al fracaso; o sólo se trata de una «superfluidad dialógica» de los discursos dispares del nacionalismo vasco.

    El frente antinacionalista unirá el destino gubernamental del PNV al porvenir existencial de Eta. Y nada se debe esperar del diálogo entre vecinos no contrariados con fines opuestos. Al no ser dialécticos, también es superfluo.

Por un puñado de concejalías
Por Antonio López Campillo Libertad Digital 4 Enero 2001

En Izquierda Unida hay una desunión que viene del norte. En el PCE, columna vertebral de la Unión, no se ponen de acuerdo sobre la lucha antiterrorista y el pacto del mismo nombre. Unos, Frutos entre otros, piensan que hay que unirse al pacto. Otros dicen que no. Llamazares está en una posición indefinida, más bien inclinada a no pactar. En realidad desde la renuncia a la Doctrina, el marxismo-leninismo, parece que tienen como política la doctrina fluvial de las dos orillas, en una están los malos y sus aliados y en la otra el PCE y los suyos. Llamazares es, por lo que se oye, un antipontonero.

El origen, uno de los orígenes, de la indefinición política del PC se encuentra en el País Vasco. Al parecer, una mayoría de la militancia de allí, a lo menos entre los miembros del aparato del partido, es favorable a una colaboración con el brazo político de ETA, ya que la pérdida de votantes de IU hace que ése sea el único camino para conservar algunas concejalías, que son fundamentales --dada la quiebra económica y la perdida de influencia social del PC-- para subsistir como partido en el País Vasco.

En el resto de España, la tensión entre partidarios del pacto antiterrorista y los que prefieren quedarse en la otra orilla es fuerte. Para estos últimos, ETA es una fuerza anticapitalista, revolucionaria, como creía Bergamín por citar a alguien conocido. Para éstos es fundamental ayudar a los que están luchando en la realidad contra la sociedad burguesa, y no se limitan a sólo decirlo. Esta tensión puede producir una fractura, que en el País Vasco es una amenaza real.

De firmarse el Pacto, los proETA formarían un partido aparte. Es decir, romperían el partido, o por lo menos IU, fundando uno nuevo, con el riesgo de que la "fractura" se generalizase a toda España. La parálisis del PCE muestra que las tensiones internas son muy fuertes y que la dirección, cuya expresión es Llamazares, no controla el partido.

La posible "fractura" de la columna vertebral de IU, es decir el PC, conduciría a la desaparición de IU, que está ya muy debilitada. El problema que se le plantea a la dirección del PCE no tiene fácil solución. Si no pacta, se aísla aún más de las otras fuerzas políticas y de perder parte del electorado que le queda. Si pacta, corre el riesgo de descomposición, tanto el partido como la Unión, desapareciendo como fuerza política.

Esta situación es el resultado de haber vivido políticamente, durante años, de eslóganes, de frases hechas y de discursos, que tapaban la ausencia total de análisis políticos. Un partido no puede vivir sólo de alusiones a recuerdos doctrinales. Ni de guiños indicando que eran de izquierdas. La falta de discusión doctrinal, por falta de doctrina, conduce a una estructura política vacía, a un partido invertebrado. Proclamarse los buenos y condenar a los malos no basta. Si hoy el PC no sabe lo que es, es que hacían creer que era algo, cuando a lo más era un globo lleno de ideas hueras, que eran sólo etiquetas.

Cuando se derrumbó la URSS, se inició la descomposición de los partidos comunistas. Las raíces de éstos no estaban ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el Este.

No es un puñado de votos lo que causa las tensiones en IU y en el PC.

Esto se va
PATXO UNZUETA El País 4 Enero 2001

Dos años antes de su muerte, el fundador del PNV, Sabino Arana Goiri, escribía a su amigo Engracio de Aranzadi una desesperanzada carta en la que le decía: "Esto se va antes de que termine el siglo que acaba de empezar". "El remedio", añadía, "está en fundar industrias, adquirir caseríos, sostener compañías navieras..." Pero faltaban medios: "El único remedio está en el dinero, y éste no se encuentra". No parece que ése sea ahora el problema del nacionalismo, al menos mientras siga gestionando las instituciones y pueda, por ejemplo, subvencionar a Udalbiltza, principal emanación institucional del pacto de Lizarra, como han hecho estos días las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya.

Pero nada es eterno. Las encuestas indican que por primera vez existe una posibilidad verosímil de alternancia en el País Vasco, por más que el lehendakari (y algunos comentaristas) sigan empeñados en sostener que las elecciones no van a cambiar nada. En las autonómicas de 1998 la relación entre nacionalistas y no nacionalistas fue de 41 escaños frente a 34. El reciente sondeo del Gobierno vasco registra una situación de cuasi empate entre, de un lado, PP/PSE (34-36 escaños) y, de otro, PNV/EA/EH (36-39). Ello hace decisivos los tres diputados que podría obtener IU, pese a bajar en porcentaje, merced a la modificación de la Ley Electoral que rebaja del 5% al 3% el mínimo para obtener escaño. Y explica la inquietud que ha sembrado la proposición de ley presentada el martes por socialistas y populares para restablecer el listón del 5%. Arzalluz dijo hace poco que su primera opción era un gobierno de PNV/EA con el refuerzo de IU.

Explica también la incomodidad de algunos dirigentes nacionales de IU que han criticado el "arribismo" de Madrazo, al que consideran dispuesto a todo por ser ministro en Vitoria (aunque sea de Marina). El coordinador general, Gaspar Llamazares, confirmó lo que quería negar al declarar (EL PAIS, 8-12-00) que la modificación legal no condicionaría la trayectoria de IU en Euskadi porque la decisión era consecuencia de una necesidad "compartida" por el PNV. Efectivamente: la de seguir gobernando.

El diario Deia titulaba su información sobre la encuesta advirtiendo: "La ausencia de EH permitiría un Gobierno PP-PSE". Se ha argumentado que no es una novedad porque, desde que se fueron los de Otegi, los no nacionalistas ya tienen mayoría. Así es, pero siguen gobernando los de siempre. Luego no es cierto que las elecciones no resuelvan nada: servirían para hacer real lo virtual; la posibilidad de que gobiernen los otros. Apelar a la ausencia de EH para negar representatividad a una mayoría PP-PSE supone olvidar que, gracias a esa ausencia, el PNV, con el 22% de los votos sobre censo, gobernó en solitario en los años decisivos, entre 1980 y 1984, de la institucionalización de la autonomía.

Más peso tiene el argumento de quienes ven en los sondeos la prueba de que sigue siendo necesaria una alianza entre al menos un partido nacionalista y uno no nacionalista: para garantizar una mayoría a cubierto de posibles maniobras de EH; y para evitar que se prolongue, ahora en sentido contrario, la dinámica frentista abierta por Lizarra, que excluye a la mitad de la población. Es cierto que los datos siguen poniendo de manifiesto el equilibrio entre los dos bloques. Sin embargo, ese equilibrio no significa que siempre tenga que gobernar una coalición (con el PNV dentro), sino que unas veces gobernarán unos, y otras veces, otros.

Una vez en el Gobierno los no nacionalistas tendrían quizá la oportunidad de ensanchar su mayoría. Es lo que se ha producido en el ámbito nacional en torno al PP entre 1996 y 2000, y lo que benefició al PNV entre 1980 y 1984; y, sobre todo, lo que parece estar ocurriendo en Álava: la presencia del PP al frente de la Diputación (y también de la alcaldía de la capital) desde 1999 ha reforzado las expectativas electorales de los partidos no nacionalistas, según el sondeo. Es la réplica de lo ocurrido antes: en 1977 el PNV tuvo en Álava 21.000 votos; en 1983, eran 45.000. Incluso es posible que una salida del PNV del Gobierno, seguida de una petición de cuentas a los responsables de la embarcada soberanista, provocase una nueva escisión.

El temor a ese horizonte es lo que lleva a algunos a sostener que las elecciones no son necesarias porque todo seguirá igual tras ellas. Nada es eterno. Ni siquiera el PNV, aunque se equivocase su fundador al pronosticarle escasa vida en una carta fechada el 5 de enero de 1901: mañana hará un siglo.

Un Concierto con lealtad
Editorial ABC  4 Enero 2001

El año político que ahora comienza estará marcado por el devenir de los acontecimientos en el País Vasco, cuya crisis es un problema de Estado y como tal ha sido afrontado por los dos grandes partidos nacionales en el acuerdo contra el terrorismo y por las libertades, del 8 de diciembre pasado. Gracias a este pacto, y a la actitud de rebelión cívica de sectores cada vez más amplios de la sociedad vasca, se vislumbra en el horizonte de este nuevo año la esperanza de una recuperación del País Vasco para el pleno ejercicio del sistema democrático. Se han sentado las bases de un nuevo ciclo político en el que ya no es asimilable una permanente situación de coacción indiscriminada y de quiebra institucional como la que se vive en la Comunidad vasca y que no aceptará, como una especie de peaje inevitable, la hegemonía electoral y socialmente desproporcionada del nacionalismo.

En este contexto, la formación de un gobierno leal a la Constitución y al Estatuto, tras la celebración de unas elecciones anticipadas, es imprescindible para lograr tres objetivos urgentes: el aislamiento del nacionalismo violento, el imperio de la ley y de las libertades en el País Vasco y el ejercicio recto de las funciones públicas. La involución política impuesta por ETA, con el concurso del nacionalismo gobernante pactado en agosto de 1998, está convirtiendo al País Vasco en un enclave de violencia, coacción y limpieza ideológica, dentro de un espacio europeo que confía su futuro en las libertades y en el bienestar de los ciudadanos. Sólo con la reparación del equilibrio roto por la aventura soberanista del nacionalismo se puede pensar en reanudar la convivencia política y social entre los vascos. Pero, para lograrlo, es obligado que se respete el sistema institucional vigente y los valores constitucionales, que expresan la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y que se asientan, en cuanto directriz de la organización territorial de España, en un principio de recíproca lealtad entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.

Con esta premisa se ha de percibir la próxima negociación del Concierto Económico vasco —que expira el 31 de diciembre—, y del cupo que ha de pagar la Comunidad vasca al Estado central. El Concierto, estatuto tributario especial y cualificado con el que la Administración vasca goza de una estabilidad financiera sin comparación posible con el resto de las Comunidades, fue consecuencia de la segunda abolición foral y actualmente está legitimado sólo por el acervo constitucional y la previsión estatutaria. Son estas leyes —la Constitución, sin concretarlos, y el Estatuto, limitándolos— las que han revivido los llamados derechos históricos vascos, figuras jurídicas a medio camino entre la leyenda y la realidad, y cuya existencia histórica, si sobre ella hubiera de fundarse un título jurídico de organización política, no va más allá de la Constitución de 1978. Pactado y mejorado sucesivamente por gobiernos de centro-derecha en 1981 y en 1997, y conciliado muy beneficiosamente para la hacienda vasca con la «paz fiscal» firmada el pasado año entre las Administraciones central y autonómica, el Concierto, discutible incluso como derecho histórico, es un instrumento para la regulación y la ejecución de potestades fiscales del Estado, y como tal debe ser renegociado.

Frente a interpretaciones que sólo tendrían fundamento si se relativiza el carácter fundacional de la Constitución, la renovación del Concierto Económico vasco no es un acto debido por el Gobierno central. El Concierto ha de ser el resultado de un entendimiento entre intereses que deben combinar el respeto a unas determinadas circunstancias históricas, rescatadas con carácter constitutivo por la Carta Magna, con el deber —este sí plenamente exigible— de los poderes públicos vascos de ejecutar sus privilegios económicos de forma leal con el resto de la sociedad española y con el sistema constitucional y estatutario que legitima esos privilegios.

Las urnas, más cerca
Por Ramón PI ABC  4 Enero 2001

Todo apunta a que nos acercamos velozmente hacia las elecciones vascas anticipadas. El detonante puede muy bien ser la iniciativa de los Partidos Popular y Socialista de plantear la «contrarreforma» electoral que neutralice la reforma reciente impuesta por la mayoría nacionalista, una reforma que beneficia netamente a Izquierda Unida al rebajar al 3 el 5 por ciento de los votos requeridos para tener presencia parlamentaria. Si los nacionalistas quieren mantener esta reforma vigente y los amigos de los asesinos siguen sin asistir al Parlamento autonómico, Ibarretxe no tendrá más remedio que convocar antes de febrero a los ciudadanos vascos a las urnas, porque la «contrarreforma» saldrá adelante.

La reforma electoral vasca la hicieron los nacionalistas con toda desvergüenza, en pleno fragor de la polémica sobre el pacto de Estella y cuando los sondeos predecían un fuerte ascenso de PP y PSOE, y una más que probable desaparición de Izquierda Unida-Ezker Batua del Parlamento. Ni siquiera se molestaron en inventarse un pretexto que disimulase el propósito de castigar la representación parlamentaria del PSOE, que crecería sustanciosamente al desaparecer IU-EB de la Cámara. Esa reforma fue políticamente obscena, y llama la atención que los nacionalistas vascos, después de eso, todavía pretendan convencer a alguien de que el pacto de Estella no está vivo y coleando.

Cualquier modesto estudioso de estas cosas sabe bien que la legislación electoral es de las que necesitan un muy amplio acuerdo entre los contendientes. Las leyes de procedimiento, en toda democracia, son sumamente delicadas, porque establecen el reglamento; y la ley electoral es la que marca las reglas del juego que otorga o quita el poder político. Todo eso, que pertenece a los rudimentos de la teoría y la práctica política, ha sido impúdicamente desconocido por los nacionalistas, a la vista de todos. Y con este precedente de inverecundia, lo más lógico es suponer que Ibarretxe acabará por convocar elecciones.

Privilegios y clientelismos
Editorial ABC   4 Enero 2001

El Concierto Económico Vasco ha supuesto de una forma regular la aplicación por las instituciones forales de interesantes beneficios de carácter fiscal que tienen como finalidad principal servir de atracción para que las empresas dirijan sus operaciones al País Vasco.

Este tipo de medidas dio lugar, por ejemplo, al contencioso de las denominadas "vacaciones fiscales", bajo cuyo expediente la Comisión Europea puso en tela de juicio lo que considera un privilegio de las instituciones forales para atraer inversiones hacia el País Vasco. Las ventajas fiscales que se conceden a partir del Concierto Económico suponen, de hecho, un efecto frontera que atañe a las comunidades colindantes, claramente agraviadas por la deslocalización o la fuga de potenciales inversiones que pasan de largo por sus respectivas zonas de influencia para asentarse dentro del País Vasco. Esta situación afecta de forma especialmente grave a las comunidades autónomas de La Rioja y de Cantabria, así como también a la provincia de Burgos.

A todo ello se une la capacidad de las instituciones vascas para la emisión de Deuda, de acuerdo con la facultad expresada en el propio Estatuto de Autonomía, lo que ha permitido a las Diputaciones Forales el lanzamiento de algunos productos fiscalmente opacos orientados a financiar los intereses de la propia Comunidad Autónoma. Cabe recordar en este sentido los célebres Euskobonos, cuya emisión provocó una gran polémica hace años entre la Administración del Estado y el Gobierno vasco.

Con este tipo de prácticas, el Concierto Económico Vasco ha generado importantes excedentes financieros que suelen ser destinados al desarrollo de actividades de fomento en el País Vasco. Dichas actuaciones se materializan a partir de políticas de subvenciones, en las que el clientelismo desempeña luego un papel determinante a la hora de otorgar los recursos.

Javier Guevara afirma que si el único PNV es "el de Arzalluz y Egibar", habrá que "reinventar" el partido
Vitoria  EL PAÍS   4 Enero 2001

El ex parlamentario vasco y ex militante del PNV Javier Guevara salió ayer en defensa de su hermano, Emilio Guevara. La organización local del PNV donde éste milita está sopesando denunciarle ante los tribunales internos del partido bajo la acusación de incitar a la militancia a amotinarse contra el presidente del PNV, Xabier Arzalluz. Esa posible iniciativa será debatida la próxima semana. En un duro artículo publicado ayer en El Correo y en El Diario vasco, Javier Guevara afirma que si el único PNV existente es "el de Arzalluz y Egibar", tal y como se le ha dicho a su hermano en la Junta municipal nacionalista de Vitoria, "si ese PNV que Emilio y muchos otros queremos ya no está ahí, habrá que volver a inventarlo". Para Guevara, quienes estarían fuera de la legalidad interna del PNV son sus dirigentes más significados, a quienes atribuye "demencia política", "ignorancia histórica", "integrismo racista" y "un frívolo afán de pasar a la historia como pacificadores". A ellos les dedica esta frase: "No habéis traído paz con honor, sino guerra con deshonor".

Javier Guevara pidió la baja en el partido y devolvió su carné el pasado mes de noviembre, después de haber dejado la primavera pasada su escaño en el Parlamento vasco. En ambas ocasiones justificó su decisión en motivos personales y profesionales.

El ex peneuvista pone en duda que el partido lleve a su hermano a los tribunales internos pero aún así sugiere cuál podría ser la estrategia con la que éste se defendería llegado el caso: denunciar a su vez a los promotores de la actual línea del PNV y exigirles, en consecuencia, responsabilidades políticas.

Si frente a la demanda que anuncia el presidente de su Junta municipal Emilio Guevara opusiera la suya y prosperara, "no será él quien deba ser excluido del partido", sostiene su hermano. "Serán otros los que sobren o los que nunca debieron estar. Aquéllos que han puesto al PNV al borde del precipicio y a la sociedad vasca al borde de la confrontación", añade Javier Guevara. "¿Qué ocurriría si al tiempo que defendiese sus tesis como propias del partido denunciara a su vez el rumbo seguido en los últimos tiempos como contrario a lo que ha sido la trayectoria histórica del partido y demandara a sus promotores las pertinentes responsabilidades?", se pregunta. A su juicio, las tesis defendidas por su hermano son las que el PNV ha venido manteniendo y reivindicando "desde su fundación y hasta hace bien poco".

Por el contrario, encuentra dogmática la premisa del "ser para decidir" [nombre de la ponencia aprobada por el PNV en su asamblea de hace un año] y reivindica "el partido de Aguirre, Irujo, Landaburu y tantos otros", acogido en los ámbitos internacionales, respetado por la talla política y humana de sus dirigentes y por la firmeza democrática de sus planteamientos. Ese modelo de partido, dice Guevara, habría logrado cerrar enfrentamientos de dos siglos con un reencuentro de la mayoría de los vascos en el marco del Estatuto de Gernika.

La Generalitat no pidió ayuda a la Guardia Civil
El Gobierno de Jordi Pujol ha cortado prácticamente todas las comunicaciones con el Grupo de Alta Montaña
Desde hace un año, la Generalitat de Cataluña prescinde, aunque desprecia sería más exacto, de la ayuda que puedan prestarle los grupos de rescate de Alta Montaña de la Guardia Civil. Hombres que se han ganado a pulso durante treinta y tres años una reputación legendaria de eficacia y valor, son ninguneados abiertamente por los responsables autonómicos catalanes, empeñados en crear «ex novo» su propia estructura de seguridad y emergencia. Porque el celo con que el Gobierno de Pujol defiende sus competencias no conoce límites. Por cambiar, hasta ha cambiado las frecuencias habituales de radio con que opera la Federación Española de Montaña. Una medida que traerá más de un disgusto en los Pirineos.
A. Semprún - Madrid .- La Razón   4 Enero 2001

Mientras aún se mantiene en el aire la pregunta de por qué se perdieron más de doce horas en comenzar las tareas de rescate de los ocho excursionistas perdidos bajo la tormenta en el descenso del Pico del Balandrau, en medios próximos a los bomberos de la Generalitat, cuyo cuerpo de Alta Montaña tiene encargadas la misiones de búsqueda y rescate en los Pirineos catalanes, se apuntan las primeras críticas hacia el sistema de despliegue elegido por los responsables autonómicos.

    Según las mismas fuentes, los especialistas de Alta Montaña de los bomberos catalanes están centralizados en las base de Bellaterra, en las afueras de Barcelona, junto con las unidades de helicópteros.
    En la mayoría de las emergencias que se producen en la montaña, este despliegue centralizado, aunque lejano de los puntos habituales de intervención, no presenta demasiados problemas. «El transporte en helicóptero es rápido y el 90 por ciento de los rescates son de los que pueden llamarse fáciles. Son en los que se sabe dónde se encuentran los heridos y sólo precisan evacuación».

    Pero la situación se complica cuando se producen tragedias como las de la víspera de Nochevieja. En esos casos, la inmediatez en la intervención se convierte en cuestión de vida o muerte y, por lo tanto, sería preferible que hubiera un despliegue de especialistas en los pueblos próximos a los picos más frecuentados.   

Experiencia
Este sistema de despliegue, desconcentrado, con hombres bien entrenados a pie de obra, es el que tiene, precisamente, la Guardia Civil de Montaña. Es más caro e incómodo, pero lo avalan treinta y tres años de experiencia, cientos de miles de rescates a sus espaldas y los mejores pilotos para el vuelo en las condiciones climatológicas más adversas.
    Del mismo modo que la Generalitat decidió crear su propio cuerpo de rescate, parece que, también, tenía que desarrollar su propia doctrina. Y así, cuando se intuyó la tragedia que acababa de producirse en el torrente de Fontlletera, los únicos especialistas en rescates de alta montaña que había en el pueblo de Campodrón, el más cercano, eran dos guardias civiles del destacamento. Prestaron su colaboración el primer día, pero luego se retiraron.

    Oficialmente no pintaban nada allí y, según parece, fueron avisados a título particular por gentes de la zona. Al parecer, el destacamento de especialistas de Campodrón, como el de Puigcerdá, está a extinguir.
    No es extraño. Desde hace prácticamente un año, desde que se completó el despliegue de fuerzas autonómicas en Lérida y Gerona, se han procurado obviar las solicitudes de colaboración a los Grupos de Alta Montaña de la Guardia Civil. Incluso se prefiere acudir a los franceses o a los andorranos. Es la misma política seguida en la extinción de incendios forestales que con tanta brillantez desarrolla la Generalitat de Cataluña en los últimos años, en los que las cifras de hectáreas quemadas se han disparado. No sólo han desarrollado sus propias tácticas anti-incendios, sino que, también, han adquirido materiales en muchos casos incompatibles con los de uso general en el resto de España.   

Cooperación nula
En el caso de los accidentes de montaña, diversas fuentes, que nos requieren el anonimato, afirman que las comunicaciones entre los servicios de la Generalitat y la Guardia Civil son prácticamente nulas. «Muchas veces los guardias se enteran de que algo ha ocurrido por personas que antes trabajaban con ellos y que saben apreciar lo que valen; pero no de una manera oficial».
    Ni siquiera sirve estar a la escucha de la emisora de emergencias de la Federación Española de Montaña, que desempeña un papel fundamental. Las autoridades catalanas han establecido su propia red que, naturalmente, opera en frecuencias de radio distintas.

    Hay que pensar que la tragedia del Pico Balandrau se hubiera producido igual de haberse contado desde los primeros momentos con la Guardia Civil. Pero, también, sería legítimo platearse otra situación: al fin y al cabo, la Guardia Civil estaba a pie de obra y sus grupos llevan años desarrollando una nueva especialidad, la más difícil y exigente de todas como es el rescate nocturno, que, en este caso, parece ser el único que hubiera podido cambiar el signo de los acontecimientos. Porque a medida que se recuperan los cádaveres, parece claro que muchos de los excursionistas sobrevivieron a la tormenta e iniciaron el descenso por su cuenta. Pero ya nunca lo sabremos.
    De todas formas, esos días, los montañeros de la Benemérita no estaban, precisamente, ociosos. Sólo en el Pirineo oscense rescataron a 37 excursionistas ilesos, a 11 heridos y a uno, desgraciadamente, muerto.

Las víctimas de ETA se consideran «agraviadas» por el homenaje a Lluch
MADRID. ABC  4 Enero 2001

Pocas fechas después de la firma del pacto antiterrorista, el PP y el PSOE mantuvieron ayer un cruce de descalificaciones a propósito del homenaje a Ernest Lluch previsto para el día 12 en San Sebastián. Mientras asociaciones de víctimas apoyan la postura del PP, que ha anunciado su ausencia al considerarlo un agravio hacia el resto de personas asesinadas por ETA, el PSOE espera una rectificación y recuerda el homenaje a Miguel Ángel Blanco. 

La presidenta del PP de Guipúzcoa, María San Gil, adelantó el martes su ausencia en el homenaje, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, debido a que, según dijo, hacer un acto de recuerdo a una sola de las personas asesinadas por ETA supone establecer diferentes categorías de víctimas.

El filósofo y miembro de la plataforma «¡Basta ya!», Fernando Savater, coincidió con María San Gil, al calificar de «agravio» para el resto de las víctimas el homenaje a Lluch, ya que está apoyado por el PNV que, sin embargo, boicotea al resto de las víctimas. Así, acusó al partido de Arzalluz de «boicotear todo lo que significa apoyo, no sólo a las víctimas, sino también al reconocimiento al derecho de las víctimas de tener una determinada ideología».

LA DISCRIMINACIÓN DEL PNV
Savater recordó que el PNV ha boicoteado desde la entrega del Premio Ordóñez hasta el Premio concedido en Estrasburgo a la plataforma ciudadana «¡Basta ya». Por ello, consideró que la formación nacionalista apoya el acto en recuerdo al asesinado Ernest Lluch «porque le conviene y porque entra dentro de su política». de presentar «víctimas buenas» frente a otras que no lo son. «El apoyo del PNV al homenaje lo convierte en un agravio», insistió. Asimismo, acusó a los organizadores del homenaje al ex ministro socialista de tener «muy poca sensibilidad» y «poco sentido político» ya que, en su opinión, «se da una discriminación entre las víctimas». «Se ha perdido una buena ocasión de hacer algo global para todas las víctimas, ya que la sensibilidad actual no está para discernir entre unos y otros», concluyó.

En similares términos se expresó la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, María Teresa Díaz Bada, quien aseguró que los organizadores han hecho gala de «una falta de delicadeza, por no hacerlo extensivo a todas las víctimas». En este sentido, lamentó que el Ayuntamiento de San Sebastián, que nunca había organizado actos de este tipo, sí lo haga ahora, a su juicio, porque el alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza, era amigo del ex ministro asesinado por ETA.

Por este motivo, pidió al Consistorio que rectifique y convierta el concierto en un homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

El portavoz del Foro de Ermua, Vidal de Nicolás, calificó el acto de «absurdo, torpe, selectivo y discriminador» respecto a otras víctimas y afirmó que este colectivo no ha sido invitado.

El delegado en Cataluña de la Asociación Víctimas del terrorismo, Roberto Manrique, declaró que el acto en recuerdo a Lluch es «un intento más de los políticos para aprovecharse de las víctimas». Así, recordó que si ahora la presidenta del PP de Guipúzcoa anuncia su negativa a participar en el acto, «el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco también fue instrumentalizado, en aquella ocasión por parte del PP».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, comentó que la Ejecutiva Federal comparte y apoya los objetivos del homenaje y espera una rectificación del PP. El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, trató de tranquilizar los ánimos de populares y organizaciones pacifistas, asegurando que el acto es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, sólo que se realiza en San Sebastián y en memoria de Lluch por la «especial vinculación» del ex ministro con esta ciudad.

EL PSOE RECUERDA PRECEDENTES
Caldera, que recordó que ya se han hecho otros homenajes personalizados, como el que recibió Miguel Ángel Blanco en Madrid o Fernando Buesa en la Cámara vasca, aseguró que San Gil ha cometido un error, a pesar de lo cual, el PSOE «no le dará mayor trascendencia».

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, aseguró que San Gil «está instrumentalizando el dolor de las víctimas, independientemente de que el PP tenga víctimas, como las tienen el PNV, el PSOE y otros», lo que calificó como «miseria humana». Además, defendió el homenaje personalizado en Lluch, ya que «independientemente de que todas las víctimas sean iguales ante la muerte, no son iguales en la relevancia que puedan tener en la sociedad», y Ernest Lluch, que «tenía un piso en San Sebastián, era seguidor de la Real Sociedad, era un donostiarra más y además propiciaba el diálogo, tiene unas características especiales que no tienen otros».

Mientras, el Ayuntamiento de San Sebastián anunció ayer que el alcalde promoverá un curso en recuerdo de Lluch en los próximos Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco.

Un investigador sitúa la cuna del castellano en el pueblo burgalés de Valpuesta
El historiador Nicolás Dulanto considera que el origen de la lengua castellana escrita se encuentra en Valpuesta, una pequeña localidad burgalesa situada al norte de la provincia, dentro del municipio de Berberana, en el límite con Álava.
EFE  MIRANDA DE EBRO La Voz  4 Enero 2001


Dulanto ha publicado sus conclusiones sobre este tema en el último volumen de la serie Estudios Mirandeses -editado por la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, de Miranda de Ebro-, titulado Valpuesta. 804-2000. 1.200 años de historia.
En este libro, dedicado de forma monográfica a la historia del pueblo y monasterio de Valpuesta, afirma Nicolás Dulanto que las glosas escritas en él son las primeras netamente castellanas, frente a las de San Millán de la Cogolla, que serían -según este historiador- «voces riojanas con influencias navarro-aragonesas».

Además, Dulanto indica en su obra que diversas fuentes consideran que las glosas emilianenses deben datarse en la segunda mitad del siglo XI, mientras que algunas actas del cartulario de Valpuesta son de finales del IX.
El Monasterio de Santa María de Valpuesta fue fundado en el año 804 por el obispo Juan, y se convirtió en el primer obispado de la Castilla Oriental.

El cartulario valpostano ha sido utilizado durante años como fuente documental para conocer importantes datos relativos a la historia de una amplia zona de influencia. Recoge manuscritos sobre derechos, privilegios, títulos de propiedad, compraventas y todo tipo de actos jurídicos.

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