AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 21 Enero 2001
#JUECES COACCIONADOS
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 21 Enero 2001

#Mudanza en desolación
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA El Correo  21 Enero 2001

#ETA intenta matarnos... pero a Arzalluz no le importa
Carta del Director PEDRO J. RAMIREZ  El Mundo  21 Enero 2001

#Mondongo
Alfonso USSÍA ABC   21 Enero 2001

#Presos, ETA y disciplina
JAVIER ROJO El Correo  21 Enero 2001

#La guarda cuidadosa
Antonio Gala El Mundo   21 Enero 2001

#Jueces en el punto de mira
JOSE L. LOBO. Enviado especial El Mundo  21 Enero 2001

#Atacan con artefactos las viviendas de un guardia civil jubilado y un ertzaina
Bilbao. Agencias ABC  21 Enero 2001

#El PP anima a sus jóvenes militantes a combatir el miedo a la "mafia" de ETA
JAVIER CASQUEIRO, Madrid El País   21 Enero 2001

#Manzanas
Carlos DÁVILA ABC  21 Enero 2001

#Manzanas y los buenos terroristas
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 21 Enero 2001

#«Operación Aralar»
FERNANDO LAZARO El Mundo 21 Enero 2001

#¿Estamos ante "La banda del Poder Judicial"?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21 Enero 2001

#La sala del crimen
Jaime CAMPMANY ABC 21 Enero 2001

#«Álava es el ejemplo de que los nacionalistas estarán cómodos si gobierna el PP»

JOSÉ V. MERINO VITORIA El Correo 21 Enero 2001

#Los proetarras extienden al País Vasco francés la extorsión del «impuesto revolucionario»
MADRID. D. Martínez / J. Pagola ABC  21 Enero 2001

JUECES COACCIONADOS
PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 21 Enero 2001

El Estado de Derecho descansa en la independencia y la profesionalidad de los jueces. La situación de violencia física y psicológica en la que viven los ciudadanos del País Vasco está afectando también, desgraciadamente, a quienes tienen el deber de hacer cumplir las leyes. Los testimonios que hoy publica EL MUNDO de algunos jueces vascos ponen negro sobre blanco las dificultades a las que se enfrentan. En 1999, el 30% de los magistrados abandonaron el País Vasco.

A pesar de que las competencias para juzgar los delitos de terrorismo están en manos de la Audiencia Nacional, los jueces vascos tenían bajo su jurisdicción algunos de los desmanes cometidos por los jóvenes de la kale borroka. A partir de la reforma legal aprobada recientemente, todo lo relacionado con la lucha callejera pasa a depender de la Audiencia. Se trata de una excepcionalidad en el principio jurídico de que los ciudadanos tienen derecho a un juez natural, es decir, del mismo lugar donde se comete el delito.

Pero es una excepcionalidad inevitable debido al ambiente de coacción, insoportable, en el que se imparte justicia en el País Vasco. Así se ha puesto de manifiesto muchas veces, tanto en las dificultades para condenar a los bárbaros que siembran el terror en las calles como en el penoso acuerdo por el que el Tribunal Superior negó sus dependencias para tributar un homenaje a una fiscal asesinada por ETA. Y así lo denuncian los propios jueces, que no sólo responsabilizan a los violentos de amenazarles, sino que también culpan a Xabier Arzalluz de «ponerles en el disparadero» con sus ataques.

Mudanza en desolación
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA El Correo  21 Enero 2001

A tenor de unas recientes declaraciones de su portavoz, así como de otros indicios más soterrados, pero no menos elocuentes, el Partido Nacionalista Vasco se apresta a concurrir a la próxima cita electoral siguiendo la recomendación ignaciana de que no se haga mudanza en tiempo de desolación. Quiere esto decir que, en contra de las previsiones de los más ingenuos y defraudando las esperanzas de los más confiados, el partido que hasta ahora ha liderado las instituciones del país no está preparando un nuevo giro estratégico, sino que ha optado por quedarse donde estaba. Desde ahí, afincado en esa tierra de nadie que a él se le antoja ser la centralidad y flanqueado por socios tan solventes como Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, que bastante tienen con ‘hacer pie’ de puntillas sobre la nueva plataforma electoral del tres por ciento, el Partido Nacionalista Vasco aspira a articular políticamente toda esa mayoría social que, según él, no querría verse arrastrada hacia los extremos y clamaría por un diálogo incondicional y sin exclusiones que fuera el remedio de todos los males que nos aquejan.

Con tal opción, el partido otrora comprometido, según creíamos, con la vertebración de un país social y territorialmente cohesionado renuncia a tan plausible empeño y se resigna, de momento, a dirigir un Gobierno que, en el incierto caso de que la aritmética electoral le permitiera constituirse, a lo más que podría aspirar es a convertirse en un remedo parcheado del que ahora existe. La debilidad que al actual le provoca la mayoría parlamentaria de la oposición se vería sustituida por la precariedad que al próximo aquejaría por mor de la inconsistencia de su propia composición interna. Nos encontraríamos, en el mejor de los casos, en vez de con un gobierno vapuleado por una oposición que actúa desde la Cámara, con otro, más blindado, pero que sobreviviría a expensas y a la espera de las decisiones que pudieran tomarse fuera de ella.

Lo peor de esta opción no estriba, sin embargo, en la incertidumbre y precariedad de su éxito -con ser esto ya, de por sí, suficientemente malo-, sino en las razones que han conducido a adoptarla. Analicémoslas. Hay quienes piensan -los más benévolos- que lo más grave de la opción es que no es tal, es decir, que la opción no es el fruto maduro de una decisión bien ponderada y deliberada, sino la mera consecuencia inevitable de una prolongada indecisión. En versiones invertidas de la parálisis del asno de Buridán, defienden dos interpretaciones alternativas o complementarias: o bien que el Partido Nacionalista Vasco no habría sido capaz de decidirse por una de las contradictorias tendencias que pugnan en su seno y se habría quedado colgado en la indefinición; o bien que dicho partido, tras haber protagonizado la más frenética y espectacular huida hacia delante de su historia -en busca del vellocino dios sabe si de la paz o de la construcción nacional- y enfrentado ahora a la humillante perspectiva de tener que desandar, cabizbajo, todo lo andado, no se habría atrevido a decidir y se habría quedado parado, con esa fatua arrogancia que se alimenta del sentimiento de dignidad herida, a mitad de camino, sin poder consumar la huida hasta su término ni emprender el regreso al punto de partida.

Quienes así piensan tienden a culpar a los adversarios del nacionalismo y, especialmente, a los socialistas -que deberían ser los más comprensivos con sus dificultades e incluso los más interesados en que las supere- de impedir, con sus actitudes intransigentes, el retorno a casa del hijo descarriado, quien, por su parte, fiel a su reciente tradición institucional -llamada también apego al poder-, estaría deseoso, a pocas facilidades que se le dieran, de recomponer elegantemente su figura ante la inminencia de las elecciones y de presentarse, una vez más, a ellas con el aspecto más amigable y componedor de quien en su vida ha roto un plato.

Tal sería la interpretación más benévola. Tiene, sin embargo, en su contra que minusvalora, de un lado, la envergadura del cambio estratégico que en el nacionalismo se ha producido y sobrevalora, de otro, la influencia que en su seno ejerce la disidencia interna, la cual, al no ser orgánica, resulta tan meritoria como irrelevante. La dirección nacionalista ha dado sobradas pruebas de que la huida hacia delante que se inició abiertamente en 1998 no era un movimiento táctico y coyuntural, que se justificaría en exclusiva por el objetivo inmediato de la consecución de la paz, sino que contenía implicaciones ideológicas y doctrinales, que comprometían tanto la redifinición del nacionalismo en clave exclusivamente soberanista como la nueva estrategia de alianzas que de tal redefinición se derivaba. Así se explica que, frustrada ya la esperanza de la paz con la ruptura de la tregua, los máximos líderes nacionalistas continuaran insistiendo en la vigencia de los principios de Lizarra, aunque el acuerdo mismo hubiera quedado invalidado, admitieran no haber conseguido el objetivo -la paz-, pero negaran al mismo tiempo, y en aparente contradicción, haberse equivocado, y se empeñaran en mantener Udalbiltza, que, como ellos mismos habían reconocido en su día, no es un instrumento de paz, sino de construcción nacional. Así podría explicarse también -y ¡ojalá fuera ésta una interpretación equivocada!- el inquietante silencio que la dirección peneuvista ha mantenido frente al ataque que ETA acaba de dirigir, en su boletín interno, contra el Diputado General de Gipuzkoa Román Sudupe por defender el Estatuto y frente a la explicación que la propia ETA ha dado, en el mismo boletín, del asesinato de Ernest Lluch por intentar recomponer el entendimiento con los nacionalistas. ¡Preocupante, en verdad, tan atronador silencio!

Si esta segunda, ciertamente menos benévola, fuera la razón que ha conducido a la opción electoral que se apresta a presentar el Partido Nacionalista Vasco, quedaría claro que la victoria en las elecciones es para su dirección más un obstáculo a sortear que un objetivo a alcanzar. Lo fundamental es el mantenimiento de la nueva estrategia a largo plazo, para lo cual la permanencia en el poder sería importante, pero no imprescindible: no merecería, desde luego, el precio de entablar alianzas y pactar coaliciones que pudieran poner en entredicho la línea trazada por la dirección jelkide e hicieran dudar, a quienes observan desde fuera la escena, de la seriedad y solidez de su empeño.

La aritmética electoral, y sus posibles consecuencias negativas, podrán, sin duda, hacer mella en este proyecto, que a muchos se les antoja descabellado. Pero reconducir las cosas antes de que se cuenten las papeletas de las urnas no está en manos de terceros. Sólo pueden hacerlo quienes, dentro de la organización partidaria e instalados, sobre todo, en posiciones orgánicas, reconozcan el riesgo de la aventura y estén dispuestos a evitarlo y a ahorrarnos, de paso, a todos sus consecuencias. El tiempo es corto y corre veloz. Ni el propio san Ignacio habría imaginado, cuando desaconsejó hacer mudanza, que la desolación pudiera durar tanto tiempo.

ETA intenta matarnos... pero a Arzalluz no le importa
Carta del Director PEDRO J. RAMIREZ  El Mundo  21 Enero 2001

Una de las más certeras aportaciones de Ian Kershaw en su ya varias veces glosada macrobiografía de Hitler es la explicación de cómo el Tercer Reich estimulaba los vínculos entre sus más salvajes camisas pardas y la cúpula de un movimiento obligado a mantener una fachada respetable y unos principios de legalidad que teóricamente le obligaban a perseguir el terrorismo y la violencia callejera. Citando literalmente a un alto cargo prusiano el historiador galés subraya que lo que se les transmitía a los nazis más fanáticos era que su deber consistía en «trabajar hacia el Führer». Es decir en actuar en consonancia con la ideología y el talante del jefe, tratando de interpretar sus más íntimos designios, aun cuando esos designios no se tradujeran en consignas expresas.

Un documento interno fechado en marzo del 36 concretaba la traducción de tan atroz sobrentendido, circunscrito por el momento a los abusos iniciales del nazismo: «El Führer tenía que prohibir las acciones individuales contra los judíos para guardar las apariencias por razones de política internacional. Pero en realidad estaba completamente de acuerdo en que cada individuo debía continuar por su propia iniciativa la lucha contra los judíos de la forma más rigurosa y radical posible».

Habiendo sido el joven dramaturgo Borja Ortiz de Gondra el último intelectual vasco que ha comparado la Alemania de los años treinta con la Euskadi de nuestros días, sólo se puede añadir a sus lúcidas declaraciones en El Cultural que la actualidad de esta semana prueba ese paralelismo. El elemento más obvio es de índole estadística: ¿cómo es posible, si no es desde la condescendencia inducida por sus mandos, que la Ertzaintza apenas practicara un centenar de detenciones al cabo de casi seiscientas acciones de kale borroka -con un promedio de no menos de diez participantes por agresión- durante la ininterrumpida «noche de los cristales rotos» en que para los militantes del PP y PSOE se convirtió el año 2000 en gran parte del País Vasco?

Pero aún mucho más grave que esta flagrante omisión del deber de auxilio policial, es el ominoso silencio del PNV respecto al último intento de asesinato de un miembro de la tribu periodística, colectivo al que sin duda sus dirigentes han contribuido a identificar y señalar en términos equivalentes a como hace sesenta años lo fue la vanguardia del sionismo.

Profesionales muy allegados a Luis del Olmo cuentan que aún está esperando que un Arzalluz, Egibar o Anasagasti cualquiera descuelgue el teléfono y le haga una gallarda llamada basada en el clásico estoy en desacuerdo con todo lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pudiera seguir diciéndolo. Ni pública ni privadamente Antonio Burgos recibió tampoco ese mensaje después de que el comando Andalucía se apostara a la puerta de su casa. La frialdad nacionalista tras los atentados contra Carmen Gurruchaga o Aurora Intxausti, desde luego tras el asesinato de López de Lacalle, fue casi tan inolvidable como el propio horror de los hechos. En las páginas del órgano del PNV es más fácil encontrar estos días malévolas insinuaciones sobre la relación causa-efecto entre la pública denuncia de Luis del Olmo y la detención del infame Pepe Rei por su amigo Garzón que palabras de solidaridad hacia quien estuvo a punto de ser asesinado o de reproche para sus frustrados verdugos.

Puesto que tan elocuente silencio sucede a los más ruidosos anatemas contra la muy diversa prensa que les incomoda -que si la «Brunete mediática», que si al bombardeo de Guernica ha sucedido el bombardeo periodístico...- parece lógico deducir que el recado que nos mandan los jefes del PNV es que, estando en desacuerdo con todo lo que decimos o escribimos, no les importa que demos por ello nuestras vidas y dejemos de poder decirlo o escribirlo.

Si hay algún plano en el que las opiniones de los líderes del PNV y EH no es que vayan en paralelo sino que son intercambiables hasta en su más estricta literalidad, es en el de la descalificación del mejor periodismo español contemporáneo. No importa que fulano critique la despótica destitución del director general de Telemadrid, que zutano se oponga con fundada vehemencia a la repelente concesión de honores al torturador Manzanas, o que mengano haya perseguido a los GAL -a la luz del espíritu del mesón «Chuchi» esto casi es un agravante- con el mismo ahínco que a ETA. Da igual, todos somos sicarios de Mayor Oreja y por ende enemigos de un pueblo vasco autodeterminado por ellos mismos.

Que una organización terrorista empiece a matar periodistas, cuando los movimientos subversivos de todo el mundo han tratado siempre de captar su simpatía o al menos su comprensión, es la prueba del algodón de que ha perdido hasta su más remota esperanza de convencer de nada a la opinión pública y se ha convertido en un zombi capaz tan solo de extender el terror hasta el momento de ser capturado o abatido. Tratándose de ETA esto no es ninguna sorpresa. Pero que un partido democrático con vocación de mantener su hegemonía en las urnas se haga el longuis y pretenda lavarse las manos como Pilatos después de haber marcado como objetivos del Angel Exterminador a quienes en definitiva no somos sino instrumentos que los ciudadanos eligen libremente para recibir la información que desean, es una muestra de cómo la mala sangre de unos jefes obcecados puede llevar a la ruina moral y -antes o después las urnas lo dirán- al declive inexorable al conjunto de la organización.

Bien pensado, a nadie debe extrañar que Arzalluz sea tan poco beligerante en favor del derecho a la vida de aquellos a quienes considera sus enemigos ideológicos, cuando incluso la eliminación de algunos de sus aliados más próximos no le lleva más allá de la mera condena de rigor. ¿Qué respuesta ha dado el PNV al asesinato de Lluch al margen de su presencia en el homenaje organizado por Odón Elorza en el Kursaal? ¿No habría sido exigible que, una vez que ETA ha dicho expresamente que mató al amigo del PNV porque trataba de acercarlo al PSOE, Arzalluz hubiera como mínimo interrumpido para siempre toda relación o expectativa de ella con los amigos de ETA que no se posicionaran frontalmente contra ese crimen?

Está visto que esperar del actual líder del PNV los más elementales reflejos acordes con un código de valores basado en la democracia y los derechos humanos es pedirle peras al olmo. Desde el momento en que urdió su alta traición en diálogos secretos con los pistoleros en el sur de Francia y consumó la deslealtad constitucional de suscribir con ellos el Pacto de Lizarra, todo -incluido el derramamiento de sangre- ha quedado supeditado al empecinamiento en un utópico, inverosímil y ucrónico proyecto soberanista-bucólico-pastoril.

O sea que aunque estremezca pensar que existe una caterva de afectados por la variedad sabiniana de la encefalopatía espongiforme dispuestos a intentar hacer volar por los aires a una estrella de la radio para «liberar» los prados del Goierri de la contaminación españolista, aquí lo verdaderamente espeluznante es que -como diría el afectado- esos «pájaros» tengan motivos para creer que al hacerlo están «trabajando hacia Arzalluz». O al menos «trabajando con Arzalluz».

pedroj.ramirez@el-mundo.es

Mondongo
Por Alfonso USSÍA ABC   21 Enero 2001

Cuando desapareció de los platós de TVE —era la única—, y de los escenarios, perdió la canción española a su intérprete más surrealista y divertido. Dodó Escolá era —y espero que lo sea aún—, un catalán genial que cantaba bastante mal y caía siempre bien. Su canción «La naranja y el limón» tenía un final estremecedor y reivindicativo. La historia de siempre. Un naranjo y un limonero inmediatos, y una naranja y un limón que se enamoran apasionadamente. Todo iba de perlas, «pero un día / triste día / llegó un barco naranjero, / y a su media naranjita / se llevó hasta el extranjero, / y el limón del limonero / se puso enfermo y se murió. / Y aquí termina esta historia de amor / ¡Por culpa de la exportación!».

Cuando el Congo se independizó de Bélgica, y pasó de Congo Belga a Congo mondo y lirondo, se desencadenó el odio tribal en su territorio. La eterna herida del África negra. Los tutsis mataban a los hutus y viceversa. Patricio Lumumba era el líder revolucionario y Moisés Tshombé el conservador. Terminaron mal y ninguno incluyó al otro en su círculo de amistades. En esas estaban cuando apareció Mobutu, el gran tirano que se mantuvo en el poder más de treinta años. Bautizó al Congo como Zaire, adornó su apellido con un sonoro Sesé Seko y mató y robó con alegría y eficacia hasta que el gordo Kabila se puso gallito. Ahora se han cargado a Kabila y el nuevo presidente del Congo —ha vuelto a llamarse Congo—, es el hijo del asesinado, que tampoco las tiene todas consigo.

La guerra del Congo, sus atrocidades, los intereses internacionales, el proceso de descolonización, su sangre derramada, en resumen, su tragedia, fue analizada por centenares de eminentes comentaristas internacionales, grandes reporteros y sesudos analistas. Pero el único que dio en la diana fue Dodó Escolá, con su canción «¿Qué pasa en el Congo?». El estribillo decía más o menos así: «¿Qué pasa en el Congo? / ¿qué pasa en el Congo? / Que llega cualquiera / y te hace mondongo». El surrealista cantante, con una pregunta lógica y una respuesta absurda supo resumir perfectamente lo que sucedía en el Congo. Y aún permanece en vigencia su agudo diagnóstico. Que llega cualquiera y te hace mondongo, como se ha demostrado recientemente.

España, que es una nación europea, rica y desarrollada, con más de quinientos años de Historia común entre sus pueblos y territorios, y con una Constitución que ampara y garantiza la libertad de todos sus ciudadanos, tiene su Congo particular. En un Estado de Derecho de la Europa del siglo XXI, algunos españoles se han inventado una historia, han reafirmado su invento en la etnia tribal y se han lanzado a matar a los que no piensan como ellos para alcanzar un fin poco menos que imposible. A esos españoles no les han explicado que fueron fundadores principales de España, a la que aportaron mucho y de la que más que mucho recibieron.

La diferencia es que en el Congo, los tutsis odian a los hutus y los hutus a los tutsis, y en las Vascongadas, los tutsis asesinan a los tutsis que no piensan como ellos, valiéndose de los hutus que quieren ser reconocidos como tutsis a cambio de su colaboración con los crímenes. Una tragedia incomprensible para cualquier mente normal y equilibrada, por cuanto en España la convivencia racial es fundamento de su razón de ser. Si a la ceguera criminal y étnica añadimos la colaboración de los brujos religiosos de la tribu, nos encontramos con un panorama estallante de odio y desolación. Hace poco, un brujo religioso, el hechicero Pagola, ha dicho que la «ETA tiene sus causas», es decir, su justificación de existir. Y para redondear su perversidad ha manifestado que el error de la ETA «es haberse equivocado de siglo». Para el hechicero Pagola, sacerdote católico, el Quinto Mandamiento de la Ley de Dios, «No matarás», es cuestión de un siglo o de otro.

Se echa de menos, a pesar del drama, la tragedia y la infinita tristeza que nubla a España, un juglar surrealista que resuma en cinco palabras la realidad de nuestro Congo particular. El Congo vasco.

Presos, ETA y disciplina
JAVIER ROJO El Correo  21 Enero 2001

Hoy, más que nunca, si cabe, es importante dejar clara la posición sobre el derecho de aquéllos que están en la cárcel privados de libertad por actos terroristas.

Solamente desde la falta de rigor en la crítica, con la pretensión de generar confusión, y de esta manera confundir a la opinión pública, se puede entender la defensa que algunos hacen sobre supuestos derechos violados de quienes están en la cárcel por actos terroristas.

Esta posición, además de confundir, genera tensión política y social innecesaria, devalúa las instituciones democráticas y pone en riesgo a los funcionarios de prisiones que lo único que hacen es cumplir con su deber como servidores públicos en un Estado de derecho.

El tratamiento penitenciario que reciben las personas condenadas por delitos de terrorismo se ajusta plenamente a la Ley y al Derecho, a la Ley Orgánica General Penitenciaria y al Reglamento Penitenciario. Es importante subrayar este aspecto porque se viene difundiendo la idea de que existe un derecho absoluto del penado a cumplir su condena en la cárcel más próxima a su entorno social y familiar. Si así fuera, bastaría la simple reclamación del interesado ante el correspondiente Juez de Vigilancia Penitenciaria, no cabría hablar de opciones de política penitenciaria y sobraría el debate político. Pero no existe tal derecho absoluto. Lo que la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 12.1, y el Reglamento Penitenciario en su artículo 9.1 y 9.2 regulan es la ubicación de establecimientos penitenciarios en áreas territoriales coincidentes, en lo posible, con las Comunidades Autónomas, de los que se procurará que haya un número suficiente para satisfacer las necesidades penitenciarias, y evitar el desarraigo social de los penados con, al menos, un establecimiento por provincia para preventivos, otro ordinario y otro para jóvenes. De ahí se puede deducir que, si no median otras circunstancias y es posible, los penados puedan cumplir condena en la cárcel de su provincia. Pero no se trata de un derecho absoluto, porque esa posibilidad depende además de su clasificación, del grado en que se encuentren en su proceso de rehabilitación. Y éste y no otro es el núcleo de la cuestión.

Todo sistema penitenciario, -esto es, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad- está orientado a la reeducación y reinserción social de los penados, como dice el artículo 1 de la Ley Orgánica Penitenciaria.

La reeducación y reinserción de las personas condenadas por delitos de terrorismo no consiste en que éstas abjuren de sus ideas o reivindicaciones políticas, sino en que abandonen la violencia, la actividad terrorista y la disciplina de la organización o banda armada, bajo la cual cometieron los crímenes por los que han sido condenados. Porque sólo si lo hacen, habrá garantías de que cuando alcancen la libertad no vuelvan a dedicarse a la misma actividad criminal que les condujo a la cárcel.

Esta finalidad es esencial en toda política penitenciaria en relación con las personas condenadas por delitos de terrorismo, porque el abandono de la violencia por parte de los penados es fundamental para recuperar individualmente a estas personas para la vida democrática. Por eso la reinserción exige como condición primera reducir la influencia de la organización armada ETA sobre sus presos para contribuir así al logro de una convivencia pacífica.

Naturalmente la aplicación de este criterio de política penitenciaria requiere responder a un interrogante: ¿Cómo puede conseguirse mejor que cada penado, por su propia y libre decisión, llegue a la conclusión de la necesidad del abandono de la violencia? ¿Agrupando en uno o varios establecimientos a todos los condenados por delitos terroristas u ordenando el cumplimiento de sus penas en diferentes establecimientos?

La experiencia indica que los delicuentes encuadrados en bandas organizadas y armadas tienen limitada su libre capacidad de decisión por la organización a la que pertenecen. Ocurre con las organizaciones terroristas pero también con otro tipo de delincuencia organizada como el narcotráfico, porque la organización bajo cuya disciplina cometieron sus crímenes procura, por todos los medios a su alcance, impedir las decisiones individuales de abandono.

El agrupamiento de presos de ETA hace posible a la organización reimplantar su disciplina con suma facilidad a través, incluso, de la coacción cuando otros métodos de persuasión no funcionan. Esta es la estrategia de organización terrorista; por eso la alternativa mejor es justamente la contraria, la de ordenar el cumplimiento en diferentes establecimientos si lo que de verdad se persigue es que estos penados puedan madurar decisiones individuales de abandono de la violencia y de la disciplina de la organización armada ETA.

Esta es la mejor manera además de proteger los derechos y libertades de los presos, entre ellos el derecho a adoptar con toda libertad sus decisiones y la realización íntegra de los demás derechos individuales, tal y como el Reglamento Penitenciario reconoce.

No nos olvidemos de que estamos hablando de quienes estuvieron en la actividad terrorista. Está bien que se atiendan sus derechos, pero no más.

La guarda cuidadosa
Antonio Gala El Mundo   21 Enero 2001

Si la cárcel de Nanclares de Oca dependiera de Ruiz-Gallardón, ya habrían sido cesadas allí hasta las cucarachas. Y quizá hasta Ruiz-Gallardón. Se supone que algo sucederá. Igor Solana no es un angelito alado que se fuga entre rejas. Tenía sierra, dinero, mapas, gente esperándolo... Si la alta seguridad es eso, en otras cárceles los carteristas serán despedidos con banda de tambores y trompetas... El miedo es absolutamente libre, pero los funcionarios, absolutamente responsables. Miedo a represalias; miedo a negar peticiones... Bueno es apresar terroristas. Pero siempre que se los mantenga presos.

Jueces en el punto de mira
Los magistrados vascos defienden su independencia, pero crece entre ellos el temor a un atentado de ETA: en 1999, el 30% abandonó Euskadi
JOSE L. LOBO. Enviado especial El Mundo  21 Enero 2001

UN COLECTIVO AMENAZADO. ETA jamás ha atentado contra un juez en el País Vasco. Pero los asesinatos del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y del magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Querol, el pasado año; la abundante documentación sobre magistrados vascos intervenida a los últimos comandos desarticulados; y los ataques lanzados por el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, contra los jueces que «son de fuera» y que «desprecian» el euskara, han desatado el miedo entre los profesionales de la Justicia: el 30% de ellos abandonó Euskadi en 1999. Para algunos, su independencia está a salvo de las bombas; otros, en cambio, dicen que la Justicia está «exhausta» por la convulsa situación política.

BILBAO/SAN SEBASTIAN/VITORIA.- A Fernando Grande-Marlasca, un bilbaíno de 38 años que aparenta alguno menos, le encanta el cine español. Lo cual no tendría nada de particular si no fuera porque la última vez que se sentó en el patio de butacas, hace unas pocas semanas, casi estuvo más pendiente de los dos corpulentos espectadores discretamente acomodados en la fila de atrás que de las idas y venidas en la pantalla de Emma Suárez, protagonista de Besos para todos.

Aquella noche, a Grande-Marlasca, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, no sólo le preocupaba si la pareja de ertzainas que desde hace dos meses le sigue como una sombra se aburría en la penumbra con las peripecias de tres estudiantes que comparten piso con unas cabareteras. Le angustiaba, sobre todo, la idea de empezar a acostumbrarse a la cruel paradoja de desnudar cotidianamente su intimidad ante dos perfectos desconocidos que, llegado el caso, podrían morir por salvarle la vida.

«Tú apenas sabes nada de tus escoltas, pero ellos están al corriente de con quién vives, quiénes son tus amigos y hasta con quién te acuestas», se lamenta el joven juez. «Hasta ahora, en mi vida sólo entraba la gente que yo quería. Pero eso se acabó: si voy al cine, al restaurante o al supermercado, ellos no se despegan de mí. Lo llevo fatal, y me pregunto si va a ser así para siempre. Es como tener un brazo enyesado y no saber cuándo podrás recuperar la movilidad».

Los «fusilamientos»
Grande-Marlasca lleva la vida en cabestrillo desde el pasado 10 de noviembre. Ese día, la Policía Nacional sorprendió en Bilbao a Asier Karrera y sus cuatro compinches del comando Vizcaya de ETA cuando ponían a punto la carga mortífera de un coche bomba. Luego, los agentes registraron la vivienda que ocupaban los terroristas, y ahí estaba él: su foto, su dirección en Bilbao, sus costumbres, recortes de periódico con los casos que llevó siendo juez instructor... Y una nota, torpemente manuscrita, que le definía como el «protector de los fusilamientos».

¿Fusilamientos? «Archivé el caso», recuerda, «porque consideré que la Guardia Civil actuó en legítima defensa». En la medianoche del 23 de septiembre de 1997, varios agentes del cuartel bilbaíno de La Salve se toparon con dos miembros del comando Vizcaya frente al número 3 de la calle de la Amistad: en el tiroteo murieron los dos terroristas y cayó herido un guardia civil.

«Hasta ahora siempre me había negado a llevar escolta, pero, esta vez, la Consejería de Interior ha insistido para que la aceptara», asegura Grande-Marlasca. «No sólo porque mi nombre y mis datos aparecían en la documentación incautada, sino porque estaban muy recientes los asesinatos del fiscal Portero y del magistrado Querol».

Al final tuvo que claudicar. Y ahora, prematuramente hastiado de cambiar continuamente sus pequeñas rutinas diarias, de telefonear a los ertzainas y esperar pacientemente su llegada cada vez que decide salir de casa, de sobresaltarse cuando llaman a la puerta, de convencerse de que el odio entre vascos «sólo acabará cuando lleguen otras generaciones a las que no se inculque esta cultura de la violencia» y de preguntarse si compensa vivir así... justo ahora, el «protector de los fusilamientos» ha empezado a rumiar la idea de meter la toga en la maleta y poner tierra de por medio.

«¡Cómo no me lo voy a plantear, si mi vida privada se está convirtiendo en un calvario!», dice con amargura. Y, a continuación, añade con solemnidad: «Pero el miedo no influye en mi independencia como juez. No lo permitiría. De lo contrario, ya me hubiera marchado. Sé que mucha gente piensa que en el País Vasco es más difícil juzgar con imparcialidad los casos de terrorismo o de kale borroka [lucha callejera], pero no creo que ninguno de mis compañeros que están en la jurisdicción penal se deje condicionar por sus ideas».

Un dato alarmante
En 1999, con la tregua de ETA aún vigente, 56 jueces abandonaron el País Vasco y se trasladaron a otras comunidades autónomas. El dato, revelado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Manuel María Zorrilla, resulta, cuando menos, alarmante: los que se fueron representan el 30% de los casi 190 jueces destinados en las tres provincias vascas.

Ahora bien: ¿sintieron todos ellos el mismo espanto que empieza a carcomer la entereza de Grande-Marlasca? ¿O sólo pesó en su decisión el deseo de regresar a sus regiones de origen o unas legítimas ambiciones profesionales? Emilio Olabarría, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex diputado del PNV en el Congreso, ve la violencia como un «factor de distorsión» en la judicatura vasca, pero no cree que ése sea «el principal condicionante para dejar el País Vasco».

Sostiene Olabarría que la razón de mayor peso para explicar esa movilidad profesional habría que buscarla en la secular «escasez de vocaciones judiciales» en el País Vasco. Dicho de otra manera: que la mayoría de jueces y magistrados que ejercen en Euskadi proceden de otras comunidades autónomas, y aspiran a regresar a ellas a la primera oportunidad.

«Aunque esa tendencia ya se empieza a corregir», asegura el vocal del CGPJ, «aquí siempre ha habido muy poca tradición opositora. Históricamente, las empresas privadas del País Vasco han absorbido a la inmensa mayoría de los licenciados universitarios, incluidos los de Derecho, y ése es el motivo de que siempre haya habido no sólo pocos jueces vascos, sino también pocos notarios y pocos registradores de la propiedad».

Un portavoz del CGPJ admite que el País Vasco es, junto a Cataluña y Canarias, la comunidad autónoma con mayor índice de movilidad entre los profesionales de la judicatura. Pero, a renglón seguido, advierte que el CGPJ no maneja esas estadísticas porque «los concursos de ascenso y traslado se celebran continuamente». Así pues, sentencia: «Habría que preguntarles a todos los que cambian de destino en Euskadi por qué se van, y dudo mucho que algunos de los que se marchan estuviesen dispuestos a reconocer que lo hacen por miedo».

La explicación que Juan Pablo González, juez decano de Bilbao, encuentra a este fenómeno es que, mientras la lengua en Cataluña y la insularidad en Canarias empujan a muchos jueces a «buscar destinos más golosos», en el caso del País Vasco el factor decisivo de la diáspora judicial es «la inseguridad provocada por la presión ambiental». Coincide en su análisis con el PP de Vizcaya, que asegura en un documento interno que «la alta conflictividad social convierte los destinos y plazas judiciales de nuestra comunidad autónoma en puestos escasamente atractivos, lo que da lugar a una gran frecuencia de traslados que dificulta la tramitación de los procedimientos».

González fue uno de los primeros jueces del País Vasco que disfrutó el dudoso privilegio de la escolta, de eso hace ahora poco más de un año. ETA acababa de romper la tregua, pero faltaban unas cuantas semanas para que reanudase su macabra faena. Y aquel 3 de enero del 2000 a punto estuvo de hacerlo, de no ser porque la policía apresó en Basauri a tres pistoleros del comando Vizcaya preparados para hacer estallar un coche bomba al paso de un convoy de la Guardia Civil.

Sombrío análisis
Los terroristas planeaban reventar a los agentes y refugiarse en una vivienda de la calle de Prim, en Bilbao. Y allí estaba la hoja de servicios de González. «Desde entonces», asegura el juez decano, «aparezco en todas las listas de ETA habidas y por haber».

Siete meses después de descubrir que el comando Vizcaya le había incluido en su siniestro catálogo de víctimas, González supo que uno de sus potenciales verdugos, Iñaki Rementeria (el conductor del coche bomba que la policía interceptó en Basauri, y que en aquella ocasión logró escabullirse de los agentes), había saltado en mil pedazos cuando manipulaba, esta vez en Bilbao, la carga explosiva con la que pretendía dejar un nuevo reguero de cadáveres. La muerte del etarra, y los convulsos acontecimientos que siguieron (el Ayuntamiento de Markina, de donde era natural Rementeria, estremeció a casi toda España con su decisión de ceder el salón de plenos para instalar en él la capilla ardiente), ilustra el sombrío análisis que González hace de la salud de la Justicia en el País Vasco: «Está exhausta por la situación política; se ha convertido en una caja de resonancia del clima de confrontación social».

«Para los jueces que venimos de fuera, la integración en el País Vasco no resulta fácil, porque hay un sentimiento de rechazo hacia nosotros en determinados sectores sociales», se lamenta Antonio García, magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya. «Nos ven como jueces españoles, como si ser español fuese algo satánico».

Esa atmósfera enrarecida se respira, incluso, en la elaboración de este reportaje: se ha renunciado a incluir, por expreso deseo de varios de sus protagonistas, datos que pudieran comprometer su seguridad; se han silenciado, por idéntico motivo, opiniones poco convenientes; se ha camuflado la identidad que se oculta tras algunos testimonios; se ha cedido ocasionalmente al ruego de no revelar quién está amenazado o quién lleva escolta, para no alarmar a familiares y amigos; y se ha prescindido, en fin, de la opinión de quien exigió un cuestionario previo o del que ofreció una resistencia invencible a ser entrevistado. El miedo se ha colado de rondón.

Manuel Díaz de Rábago, presidente de la Sala de lo Social del TSJPV y miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, entra en una de las categorías recién descritas. Nació en Madrid, pero lleva 26 años ejerciendo en el País Vasco. «Aquí hay una clara identidad nacional, una sensación de pueblo», opina, «y eso va a seguir siendo un caldo de cultivo del terrorismo mientras no se encuentre la fórmula que dé salida a esas ansias».

«Nadie controla a ETA»
En un ya lejano 1979, Díaz de Rábago compartió candidatura al Senado por el PCE con José Luis López de Lacalle y Juan María Jáuregui, asesinados por ETA el año pasado. La muerte de sus dos antiguos compañeros de utopías, con los que seguía manteniendo una buena relación, fue un verdadero mazazo. «Yo soy muy escéptico, y cada vez veo más lejana la solución a la violencia. Creo que, en estos momentos, nadie controla a ETA, y tengo serias dudas de que, incluso con la autodeterminación, se acabe con ella. ETA sólo está dispuesta a aceptar la independencia, al precio que sea».

Díaz de Rabago fue uno de los siete magistrados de la Sala de Gobierno del TSJPV que el pasado 22 de diciembre impidió con su voto la cesión del Palacio de Justicia de Bilbao para la entrega al Foro de Ermua del premio Carmen Tagle, la fiscal de la Audiencia Nacional asesinada en 1989. «Nuestra obligación es juzgar y aplicar las leyes, pero jamás debemos implicarnos en luchas políticas, porque entonces nos veríamos arrastrados a la misma vorágine de división que impera en la sociedad», argumenta. «Si hubiéramos autorizado ese acto, ¿con qué argumento íbamos a negarnos en el futuro a ceder las instalaciones a personas o instituciones de signo opuesto?».

González, compañero de Díaz de Rábago en la Sala de Gobierno, votó a favor. Y pocos días más tarde denunció haber recibido presiones «muy sutiles», cuyo origen, aún hoy, se niega a revelar. «La decisión de prohibir el acto fue un grave error», asegura. «No se puede confundir la independencia del Poder Judicial con la equidistancia».

Esa agria polémica ha reforzado la convicción de González de que en el País Vasco «no se dan las condiciones para juzgar con garantías los delitos de terrorismo. La Justicia no está aquí preparada para afrontar esa responsabilidad». Y recuerda el bochorno que sintió cuando, en 1997, un jurado popular absolvió a Mikel Otegi, el simpatizante de HB que asesinó a sangre fría a dos ertzainas, y que huyó después de que el TSJPV anulase el veredicto. «Estoy convencido de que Otegi está hoy escondido fuera de España y con ayuda delmundo de ETA», afirma. «No puede haber otra explicación, porque era un aldeano sin recursos».

Jaime Tapia, juez de menores de Alava y portavoz de Jueces para la Democracia, rechaza de plano ese argumento. «Yo defiendo públicamente que los casos de terrorismo y kale borroka deben ser juzgados por el juez natural, es decir, en el mismo lugar donde se cometió el delito. Las medidas de reinserción son mucho más eficaces si se aplican en el mismo entorno».

APOYOS
El euskara, en el banquillo
J. L. L.

El bilingüismo en el País Vasco, además de una riqueza cultural, es un arma política que en la judicatura, como en la enseñanza, alcanza las cotas de mayor virulencia.

Jaime Elías, letrado del Sindicato de Abogados Euskaldunes, próximo a HB, asegura que la Justicia «no puede ser ajena a la realidad de la sociedad vasca, que es bilingüe. Y los jueces que ejercen en Euskadi ven el uso del euskara en la Administración de Justicia como un problema político, lo que les sirve para atrincherarse y obstaculizar su normalización».

Lo cierto es que apenas el 1% de los procedimientos se tramita en euskara (no basta que el juez domine esa lengua: también deben hablarla fiscales, abogados, procuradores, demandados y demandantes), y que la intervención de intérpretes no satisface a todos. «Con la traducción se pierden matices, y en un juicio el matiz es vital, porque te ayuda a captar la expresión del declarante y formarte la convicción de si está diciendo la verdad o no», afirma Manuel Díaz de Rábago, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Para Rábago, la solución sería crear un «circuito de jueces en euskara, para que los asuntos que se tramiten en esa lengua los juzguen los jueces euskaldunes». Pero Juan Pablo González, juez decano de Bilbao, rechaza de plano esa fórmula: «Eso entrañaría riesgos que irían en perjuicio de otros requerimientos tan importantes o más que el euskara, como son la formación y la cualificación profesional».

Pero no son pocos los que se esfuerzan en aprender esa lengua: el 40% de los casi 190 jueces que ejercen en el País Vasco se han apuntado a cursos de euskara en el presente año judicial.

«Xabier Arzalluz nos ha puesto a todos en el disparadero con sus ataques»
J. L. L.

Manuel María Zorrilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), denunciaba el pasado 13 de octubre, en unas declaraciones a Radio Euskadi, el «incremento relativamente alarmante de la dosis de inseguridad, subjetiva y objetiva, de los jueces y fiscales que ejercen en el País Vasco». Cuatro días antes, ETA había asesinado en Granada al fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero; y apenas tres semanas más tarde, los terroristas segaban en Madrid la vida de Francisco Querol, magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Pero la banda, en sus cuatro décadas de existencia, jamás ha atentado contra un miembro de la judicatura vasca. ¿A qué venía, entonces, la inquietud de Zorrilla?

«Después de lo de Portero y Querol, pero sobre todo tras las amenazas de Arzalluz a los jueces, ya no vas tan tranquilo por la calle». La frase, pronunciada por un miembro de la Sala de Gobierno del TSJPV que exige el anonimato, ofrece ya alguna pista. Antonio García, magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial deVizcaya, arroja algo más de luz: «Los ataques de Arzalluz nos han puesto a todos en el disparadero». Y Juan Pablo González, juez decano de Bilbao, despeja las últimas dudas cuando afirma que hay «un antes y un después» de que el presidente del PNV les «señalara con el dedo».

Tan severas acusaciones contra Arzalluz se explican por el amenazante discurso que éste pronunció el pasado 20 de enero en Bilbao, durante un debate organizado por el Sindicato de Abogados Euskaldunes, próximo a los postulados de HB. Durante su intervención, el líder nacionalista criticó que la mayoría de los jueces que ejercen en el País Vasco «son de fuera», les reprochó su «desprecio» por el euskara y reivindicó un «Poder Judicial vasco» porque la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional «no son imparciales».

Poco después, en una entrevista concedida a la revista Réplica y dúplica, editada por la asociación de abogados vizcaínos Res Pública, el presidente del PNV volvía a defender la conveniencia de que los jueces que ejerzan en Euskadi sean vascos, y proponía la creación de una Escuela Judicial Vasca como fórmula para alcanzar ese objetivo.

En ambas ocasiones, las polémicas declaraciones de Arzalluz provocaron la reacción inmediata de la Sala de Gobierno del TSJPV, que emitió dos duros comunicados de rechazo a las «presiones» del presidente del PNV sobre la judicatura vasca.

«El mensaje de Arzalluz está clarísimo: si no eres vasco, lo mejor que puedes hacer, por tu propia seguridad, es hacer las maletas y largarte a impartir Justicia a otra parte», afirma Antonio García, que a su condición de magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya une la de portavoz en el País Vasco de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora.

«Arzalluz no quiere jueces independientes, sino jueces nacionalistas, a la medida, que sean sumisos a sus postulados ideológicos. Pero un profesional de la Justicia no puede tener adjetivos: se es juez, simple y llanamente, pero no juez vasco», añade García.

Y concluye el portavoz de la APM con una sutil insinuación: «Los jueces del País Vasco somos conscientes de que hemos pasado a ser objetivo de ETA, cuando hasta hace poco nos veíamos como un colectivo a salvo de las bombas. Pero los últimos comandos desarticulados tenían en su poder información tremendamente detallada sobre algunos de mis compañeros. Y no se trata de una esquizofrenia injustificada».

Manuel Díaz de Rábago, presidente de la Sala de lo Social del TSJPV, admite que «ahora hay una sensación clara de inseguridad en el colectivo de jueces», y asegura que «la proliferación de escoltas» entre los magistrados del País Vasco «sólo se ha generado después de la ruptura de la tregua [diciembre de 1999]. Antes, apenas dos o tres jueces contaban con protección».

El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, sostiene que las presiones y amenazas de Arzalluz «provocaron un cambio radical en la actitud de las instituciones vascas hacia la judicatura, que pasó a ser de una abierta colaboración a un claro cuestionamiento». Y pone como ejemplo el colapso que la Comisión Mixta de Seguridad, formada por representantes de la Consejería de Interior del Gobierno vasco y de la Sala de Gobierno del TSJPV, de la que él mismo forma parte, sufrió a lo largo del año pasado.

La comisión, encargada de coordinar las medidas de protección de los jueces, dejó de reunirse durante varios meses a causa del bloqueo impuesto por la Consejería de Interior. Hasta el punto de que el TSJPV, en su última Memoria Judicial, exigió la «reanudación inaplazable» de esos contactos.

Atacan con artefactos las viviendas de un guardia civil jubilado y un ertzaina
Bilbao. Agencias ABC  21 Enero 2001

Desconocidos atacaron la pasada madrugada las viviendas de un guardia civil jubilado en Amorebieta y de un agente de la Ertzaintza en San Sebastián, ante las que explotaron sendos artefactos que provocaron daños materiales, en una noche en la que también fue atacado con cócteles molotov un concesionario de Peugeot en Baracaldo.

Fuentes de la Ertzaintza indicaron que las dos viviendas atacadas estaban ocupadas en el momento de la explosión, aunque no se produjeron daños personales.

Según explicaron, hacia las 2:20 horas de hoy explotó un artefacto pirotécnico compuesto por un petardo de grandes dimensiones en una de las ventanas de la vivienda de un agente de la Ertzaintza en San Sebastián, ubicada en un primer piso.

La explosión provocó la rotura de los cristales de la ventana y, asimismo, daños en la cornisa. Cerca de una hora después, hacia las 3:25 horas, otro artefacto de fabricación casera, compuesto por una especie de petardo, hizo explosión en el descansillo de la vivienda de un guardia civil
jubilado en la localidad vizcaína de Amorebieta.

Los daños materiales provocados fueron escasos ya que no llegaron a explotar todos los petardos y se centraron en el ennegrecimiento de la puerta de acceso a la vivienda.

Por otro lado, hacia la medianoche radicales lanzaron cócteles molotov contra un concesionario de Peugeot ubicado en la calle Lurkizaga de la localidad vizcaína de Baracaldo, lo que provocó importantes daños materiales.

Los violentos rompieron, al parecer, con una maza uno de los cristales del concesionario y, a continuación, lanzaron los artefactos incendiarios. Como consecuencia del incendio registrado, un vehículo que se hallaba en el interior del establecimiento resultó calcinado, otros dos muy dañados y otros cinco con daños menores. Asimismo, resultaron afectadas las instalaciones y las oficinas del concesionario.

Las mismas fuentes precisaron que pese al incendio registrado, que requirió la intervención del cuerpo de Bomberos, no fue preciso el desalojo de los vecinos del inmueble de viviendas en cuyos bajos se ubica el concesionario citado.

El PP anima a sus jóvenes militantes a combatir el miedo a la "mafia" de ETA
Iturgaiz destaca que el País Vasco es el mayor exportador de refugiados de Europa
JAVIER CASQUEIRO, Madrid El País   21 Enero 2001

El PP convirtió la segunda jornada del XI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, que se celebró ayer en Madrid, en una ocasión para combatir el fenómeno de terror y miedo que ETA y su entorno han impuesto en Euskadi. Los jóvenes dirigentes del PP calificaron ese "tinglado mafioso" como "la Cosa Nostra vasca". El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, estrella de la jornada, arremetió duramente contra la actual alianza nacionalista, a la que culpó de haber convertido la comunidad autónoma "en una tierra que exporta refugiados".

Iturgaiz levantó ovaciones entre los 800 compromisarios presentes en el congreso de Nuevas Generaciones, una organización con más de 70.000 afiliados que ayer renovó a su dirección y proclamó presidenta a María del Carmen Fúnez, diputada autonómica de Ciudad Real de 25 años. Pero lo que encendió los ánimos fue el relato de Iturgaiz sobre el "sinvivir" vasco, sobre la pérdida de amigos, sobre la obligación de vivir escoltado por estar en la diana permanente de "los canallas asesinos de ETA".

El dirigente vasco reiteró que su partido no renunciará jamás a sus ideas aunque tenga que acudir muchas veces a honrar a sus muertos a los cementerios, como harán este martes, en compañía de la cúpula nacional del PP y de relevantes dirigentes socialistas, para recordar la figura de Gregorio Ordóñez, asesinado hace seis años por ETA. Fue en ese contexto cuando Iturgaiz concluyó que "Euskadi se está convirtiendo lamentablemente en una tierra que exporta refugiados". Y enumeró la lista de profesores, periodistas, políticos, empresarios y artistas que han emigrado.

Iturgaiz constató que "los talibanes han cambiado el turbante por la capucha y la boina". En ese sentido, subrayó que los máximos responsables del PNV, Xabier Arzalluz y Joseba Egibar, no estén nunca ni en las listas de ETA ni lleven escoltas. Y denominó "delincuentes de cuello blanco" a Pepe Rei, a los dirigentes de EH, de Haika (los jóvenes proetarras) y de Gestoras pro Amnistía, a los que deseó un futuro tras los "barrotes".

En esa línea beligerante, el cónclave de Nuevas Generaciones elaboró un comunicado sobre la defensa de las libertades titulado La rebelión por la libertad en el País Vasco, redactado por el presidente regional de esa organización, Santiago Abascal. El escrito hace hincapié en la vida "con pánico" de los no nacionalistas en una Euskadi "sin libertad ni democracia" y sólo con "tiranía, pactos inconfesables y fanatismo". Subraya el "miedo diario ante la posibilidad de ser marcado como un judío", a ser asesinado. Y recalca el concepto de la exportación del miedo en el País Vasco, "el lugar de Europa donde menos se respetan los derechos y las libertades" y que compara con un "campo de concentración".

Abascal desmenuzó las distintas organizaciones que tejen esa red de la "Cosa Nostra vasca". Empezó por la coalición electoral EH. Siguió con el diario Gara, antes Egin, arropado ahora por la revista de Pepe Rei, Ardi Belzta. Mencionó la capacidad de amedrentamiento del sindicato LAB; los grupúsculos violentos alegales como Haika; el movimiento sindical estudiantil Ikasle Abertzaleak; el feminista Egizan; el ecologista Eguzki; el montado en pro del euskera Euskal Herrian Euskaraz; la red de escuelas de euskera AEK; la organización para la prevención de las drogas Askagintza; el colectivo internacional asentado en Suramérica Askapena; y las Gestoras pro Amnistía. Abascal sentenció: "Un Estado paralelo dentro del propio Estado; con un ejército de 200.000 chivatos".

Manzanas
Por Carlos DÁVILA ABC  21 Enero 2001

No se puede escribir ni una sola palabra para celebrar este muerto de hace muchos años, sí para respetarlo, porque todo cadáver merece un respeto. En el caso de Manzanas, hay que aplicarle en esta muerte antigua el respeto que, al menos al firmante, no le mereció en vida. En vida no causaba ningún afecto este policía especialmente aplicado en ejercer los métodos de la dictadura.

Manzanas fue asesinado por ETA y eso, además, sí que depara gran respeto. Alguno o algunos de los que le mataron se avergüenzan de haberlo hecho. Teo Uriarte, hoy principal consejero de Nicolás Redondo en el Partido Socialista vasco, me dijo un día algo estremecedor: «No hay ETA buena y ETA mala, los de antes y la de ahora; nosotros éramos unos hijos de puta». Perdón por la literal transcripción, pero, en este caso, es imprescindible. Lo único sensato que ha dicho el PSOE tras conocerse las condecoraciones (pensionadas) a todas las víctimas del terrorismo incluidos Manzanas y Brouard, lo ha expresado así Rubalcaba: «Ninguna víctima de la violencia de ETA es justificable». Los demás, en esta orgía acosadora que le ha entrado al dúo Zapatero-Caldera (reproducción clónica del que formaron González y Guerra en la oposición), han orinado fuera del tiesto. Y ya no en este caso, sino en otro más reciente. Hay que recordarlo. Álvaro Cuesta, otro del coro zapatista, ha denunciado que «al PP ya sólo le queda condecorar a Franco». Pues veamos: el único Gobierno que ha condecorado repetidamente a un torturador condenado expresamente por la Justicia, ha sido el del PSOE felipista. El PSOE no sólo enganchó medallas y medallas en el pecho de Galindo, sino que le ascendió a general. Es horrible torturar en dictadura, pero ¿en democracia? En democracia eso es impensable. Impresentable. Así que lo del PSOE es un continuo error; eso sí, con ruido que en este caso no puede callar las verdades: la primera, que Manzanas fue víctima del terrorismo y que gracias a ello ha recibido una medalla. La segunda, que el PSOE reconoció a un torturador reciente. La verdad.

Manzanas y los buenos terroristas
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 21 Enero 2001

Aquel del 68 fue un verano muy especial. Todavía estaban levantados los adoquines en los bulevares parisinos y las calles no se habían convertido en playas como habían prometido las consignas poéticas del Mayo contestatario. Aunque no sospechábamos que Danny Cohn-Bendit terminaría «verde», sí sabíamos que no era «rojo». Las playas seguían siendo las de siempre y yo me fui a la de Fuenterrabía (así se decía, como en los mapas del siglo XVI). Irún hablaba de Melitón Manzanas. Había un fru fru vindicativo y clandestino. Un día de aquellos fue cuando entraron en Praga los tanques rusos. Lágrimas de rabia frente al mar. La primavera había durado lo que duran las primaveras. Había tenido razón Miguel Delibes cuando me telefoneó para contarme sus experiencias. Le animé a que las escribiera para Triunfo, cosa que hizo. Sus intuiciones se cumplieron tal cual.

Digo que en Irún y Fuenterrabía no se hablaba más que del asesinato del comisario Manzanas. El primero, planeado. En términos marxistas, un salto cualitativo. En términos políticos, un acto de terror. En términos morales un acto injustificable y peligroso porque abría una nueva vía. Si el PCE condenó la invasión de Praga por los carros soviéticos, no se dejó deslizar por la oferta de la acción violenta a la que se entregaba aquella pequeña organización, hija del PNV, ya lejanamente democristiana, representativa de una mezcolanza de ideología campesina —casera— y potitos de marxismo/leninismo.

En el PCE se estaba por la reconciliación nacional y no por la violencia aunque, esto sí, se daba razón al autodeterminismo, a los pujos independentistas. De este modo los etarras aparecían como una incorrección política, como un desvío infantil y enfermizo que no se compartía pero que se comprendía. Así que mientras se hacían avanzar las mesas democráticas con personalidades procedentes del Régimen como Ridruejo, Areilza o Ruiz Giménez, se veía con algo más que comprensión la escalada revolucionaria de ETA. La simpatía de militantes del PCE, individuales y cualificados, a los cachorros de Arana y Lenin se estrellaba contra la estrategia de Carrillo y su dirección (los socialistas eran realmente inexistentes). Así se llegó hasta el magnicidio de Carrero. Los etarras representaban una vía heterodoxa pero hacían el trabajo sucio, beneficioso desde el punto de vista de la desestabilización del Régimen.

Este distanciamiento y esta implicación han pesado siempre sobre la izquierda. Existe una mala conciencia por los apoyos morales prestados a ETA durante el franquismo, ciertamente desde fuera pero activos moralmente hablando. Al PSOE le iba a sorprender que ETA siguiera matando aun cuando estuviera en el poder un partido de izquierdas. Como si eso les importara algo. Los socialistas no se habían enterado de que ETA iba contra España, por la independencia. Hasta que lo experimentaron. Pensaron que tenían alguna autoridad sobre ETA.

Ahora, cuando salta el caso de la condecoración de Manzanas ¿cómo los representantes de los partidos de izquierda no han tenido la inteligencia y el pudor de pasar de puntillas por el asunto? Una condena de Manzanas, una justificación del asesinato traen consigo el recuerdo de todos los apoyos a la organización terrorista durante años. Con el caso Manzanas, con el asesinato de Carrero se pone al día la responsabilidad de la izquierda en relación con ETA. Su falta de visión política. Su laxitud moral con la violencia asesina.

Postdata: además, está el hecho de haber aprobado por unanimidad una ley que ahora se quiere eludir. Y que nadie justifique el asesinato del torturador. Tenemos casos de torturas demasiado cercanos y casos de torturadores condecorados en vida.

«Operación Aralar»
La Guardia Civil mantiene un dispositivo para combatir la «kale borroka»
FERNANDO LAZARO El Mundo 21 Enero 2001

MADRID.- Desde 1996, la violencia callejera en el País Vasco y Navarra se convirtió en un serio problema para los responsables policiales. Los incidentes protagonizados por los radicales se multiplicaron y se convirtieron, además de los atentados de ETA, en la mayor preocupación de los responsables de la seguridad ciudadana.

Fue en esa fecha cuando la Guardia Civil decidió poner en marcha un dispositivo especial para combatir este fenómeno. La competencia de este Cuerpo, al igual que la Policía Nacional, se circunscribe a la comunidad foral de Navarra. Ese dispositivo fue bautizado como operación Aralar. Comenzó en el 96 y sigue plenamente operativo, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

En documentos internos del Instituto Armado se indica cuáles son las funciones de esta operación y qué unidades son las que participan en ella. «La aplicación de este dispositivo a partir de diciembre del 96 ha producido unos resultados considerablemente positivos. Se ha conseguido rebajar hasta en un 50% los actos de violencia callejera», según precisa un análisis interno de la Guardia Civil.

«Esta reducción se ha conseguido gracias al volumen de detenciones practicadas que, con la consiguiente imputación judicial, por las pruebas aportadas en las diligencias practicadas se transforman en internamientos en centros penitenciarios de los detenidos y, en consecuencia, en una reducción de las acciones violentas», precisa el informe.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que como consecuencia de esta operación, durante 1997 fueron detenidos dos taldes, en 1998, otros dos, tres más en el 99 y, finalmente, el pasado año, otros tres grupos de radicales que protagonizaban actos de violencia callejera.

Según los análisis policiales, «esta presión policial contra la violencia callejera se trasladó también a las movilizaciones que organizaban estos grupos, consiguiendo desde la aplicación de la operación una reducción muy importante en los actos vandálicos».

Un estudio interno indica también que la operación sigue aún vigente, «siendo una muestra de cómo, con buena voluntad y una correcta planificación se pueden atajar los distintos problemas que se nos plantean en el hacer diario. Contando con el apoyo de todos, en primer lugar el de la sociedad a la que tenemos que servir».

En estos estudios, los expertos en violencia callejera del Instituto Armado trazan también el perfil de los radicales que protagonizan estos actos en Navarra. Así, aseguran en sus informes que preferentemente son varones, entre los 16 y 26 años, estudiantes, sin trabajo fijo o, en caso de tenerlo, con un salario bajo, y vinculados políticamente a la organización radical Haika.

También describen cómo existen dos grupos bien diferenciados de radicales. El primero lo componen los que constituyen los grupos Y. Son, según estos informes, «los más peligrosos». Están organizados y encuadrados en el MLNV. Desarrollan sus acciones por «campañas» (varios actos de violencia callejera en un periodo de tiempo corto contra objetivos muy determinados). Tienen un radio de acción muy limitado.

Su nacimiento, según los expertos, se enmarca en las instrucciones que el ex dirigente de ETA José Luis Alvarez Santacristina, Txelis, lanzó a las bases de ETA antes de caer detenido en Bidart, en 1992. La finalidad de los grupos Y es provocar el mayor daño económico posible. Buscan el menor coste penal para ellos en caso de ser detenidos. En teoría, según los expertos, no buscan provocar daños personales.

La composición de cada grupo es de un mínimo de entre dos y tres jóvenes, instruidos en la confección de artefactos explosivos e incendiarios, contando con una formación básica en lucha callejera y siguiendo las instrucciones de Jarrai y de Haika.

La otra categoría definida por la Guardia Civil son los denominados grupos X. No están organizados, no tienen estrategia previa definida pero sus acciones son numerosas y violentas. Sus acciones están programadas por el MLNV. Al ser numerosas sus acciones, el coste económico que provocan sus daños es cuantioso. A diferencia de los grupos Y, al no estar organizados de antemano, su número de componentes varía. Preferentemente, sus objetivos son el mobiliario urbano y no obedecen ninguna estrategia.

¿Estamos ante "La banda del Poder Judicial"?
Por Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21 Enero 2001

En medios próximos a la asociación mayoritaria de los jueces se habla ya abiertamente de "La Banda del Poder Judicial" para referirse a ese nutrido grupo de jueces-políticos o políticos-jueces identificados con el felipismo y el polanquismo y que están demostrando en el caso Liaño que han tomado por asalto la cúpula del Poder Judicial y que piensan administrar ese poder como una finca particular y a su antojo, contra el Ejecutivo, el Legislativo, la Constitución española, la opinión pública y hasta la opinión de la mayoría de los jueces y fiscales españoles. Demasiado tarde llega la alarma a la APM: efectivamente, esa "banda" utiliza cuando le conviene el gremialismo de la derecha judicial para proteger sus fechorías de los medios de comunicación hostiles y se burla de las minorías cuando, como en este caso, piden un poco de consenso y de consideración con los que no participan de los fines y el estilo de la secta. Entre la derecha política y la judicial han ayudado a sobrevivir a un monstruo creyendo que se extinguiría por jubilación. Un error de cálculo basado en la dimisión moral. O sea, algo más que un error; lo más parecido al delito de denegación de auxilio a la Justicia.

Este nuevo capítulo del caso Liaño, sin duda el mayor escándalo de la Justicia Española desde la Transición a la Democracia --que en el ámbito judicial no se ha producido--, esta nueva campanada y este nuevo encampanamiento del Supremo, rebelándose contra el Gobierno en defensa de Polanco, retorciendo sus argumentos más allá de la prevaricación, hasta el humor negro y el absurdo, y regodeándose en la descalificación del Ejecutivo como franquista si se atreve a defender su fuero, prueban que esa "Banda" existe, está envalentonada como nunca y tiene aterrorizados como siempre a la mayoría judicial y a este fatuo y estupidizado Gobierno que comparte con la derecha judicial la indignidad de no haber resistido la toma de Poder de los bacigalupos, clementes y moscosos. Y que para más INRI, ve cómo un precandidato suyo a una poltrona político-judicial, Martín Pallín --rechazado entonces por el PSOE-- redacta junto al peronista Bacigalupo una declaración de guerra al Estado de Derecho que parece escrita por dos progres de Justicia Democrática muy pasados de copas en el Pub Santa Bárbara allá por 1976.

Aquellos jóvenes marxistas, revolucionarios con toga, escasos alborotadores con trenka de un estamento mayoritariamente de gabardina y siempre sumiso al Poder político, han pasado del "uso alternativo del Derecho", es decir, de hacer mangas y capirotes de la Ley en función de un valor ideológico supuestamente superior, a la incautación de los tribunales, la apropiación de la Administración de Justicia y la expropiación del Estado de Derecho. Saltan del CGPJ al Supremo, del Supremo a "El País", de "El País" al PSOE, del PSOE a los ministerios y de los ministerios a los juzgados sin solución de continuidad, como quien juega al parchís. Pero, conforme ha ido creciendo su poder, el funcionamiento de secta ha dejado paso al comportamiento de mafia.

"La Banda del Poder Judicial" que ahora denuncian los juristas conservadores no es una metáfora: es un poder político, mediático y judicial que, hoy por hoy, no tiene contrapeso en nuestro país y cuya audacia no conoce límites. Hará falta algo más que denunciar este cáncer de la sociedad española que es el secuestro de la Justicia por un grupo de políticos y jueces desaprensivos si se quiere superar no sólo este bochorno, sino los que vendrán. Hay un tipo de poderosos, como González o Clinton, que sólo mueren matando y sólo juran perjurando. No es pecado, ni siquiera delito: es su naturaleza.

La sala del crimen
Por Jaime CAMPMANY ABC 21 Enero 2001

Ahí, en la Sala de justicia, que el vulgo cantor llama la sala del crimen, se riñe en estos momentos la más enconada batalla política entre el Gobierno de Aznar y la Oposición de Felipe and Zapatero. Si en las guerras urbanas se combate casa por casa y en las luchas electorales se pelea voto a voto, aquí la refriega se disputa toga por toga. El felipismo, que perdió en las urnas el poder legislativo y con ello también el ejecutivo, en cambio conserva todavía casi todas las adhesiones políticas que logró incrustar en el judicial. Con ese propósito cambió las normas de acceso a los órganos directivos de la Judicatura, y aquella jugada de la picaresca parlamentaria le salió a pedir de boca. Gracias a esa jugarreta legal, el felipismo prolongó su influencia, muchas veces decisiva, sobre un poder que ejerce el control sobre los otros dos.

Con ello, el felipismo gobernante y sus posibles epígonos se aseguraban una razonable clemencia en las inevitables causas donde se juzgaran sus conocidos crímenes, algunos de los cuales ya han sido condenados e indultados por el Gobierno de Aznar. Y al mismo tiempo adquirían la certidumbre de poder estorbar y entorpecer aquellas iniciativas legislativas y acciones de gobierno que menos les gustaran. Al final de la operación y culminado el proyecto socialista, vinimos a dar en una situación anormal, quizá perversa, irregular desde el punto de vista del aseo democrático. Es decir, una situación en la que se confunden y entremezclan intereses, no siempre claros y confesables, de los tres poderes de Montesquieu. Pobre Montesquieu.

Esta es la curiosa situación a la que ha llegado nuestra democracia. Los jueces que gobiernan las altas instituciones del poder judicial son elegidos por los miembros del poder legislativo, que a su vez deben mirar el dedo que les indica a quién deben votar para complacer al ejecutivo. Y aquí, si nos ponemos a realizar un análisis algo más profundo, saldría a relucir el poder «monstruoso», en el significado primero de la palabra, de las respectivas cúpulas de los partidos políticos. Algún enemigo o algún cabreado de esta democracia podría decir en este caso que estamos viviendo una dictadura de alternancia bipartidista, moderada por alguna bailía independiente.

El empecinado órdago que han echado al Gobierno un grupo de magistrados del Supremo a propósito del indulto de Gómez de Liaño es un episodio espectacular de la lucha política. La aniquilación del juez Gómez de Liaño es la aspiración de una «vendetta» de características sicilianas, pero también es un pretexto aprovechable para dejar sentada la preponderancia de la justicia dominada por el felipismo, que intenta imperar sobre cualquier otra institución y cualquier otra fuerza, ya sea política, administrativa, legal e incluso judicial. El grupo de magistrados que han echado sobre sus togas la «misión sagrada» de destruir a Gómez de Liaño, pretenden dictar decisiones inapelables al Gobierno, a la Ley y a otras instancias del propio Tribunal Supremo.

El Partido Socialista, conducido por la picaresca múltiple de Felipe González, impuso en altas salas de la Justicia una mayoría a prueba de razonados y razonables votos particulares destinados de antemano a quedar en minoría. No sólo es que toman decisiones y dictan sentencias, que en eso estarían en su perfecto derecho si no se dieran circunstancias personales muy evidentes y muy elocuentes; es que intentan que esas decisiones no tengan apelación ante nadie, ni que nadie (empezando por el Gobierno) tenga derecho a mantener su punto de vista acerca de sus prerrogativas ante otros tribunales u otras instancias del propio Tribunal. Formidable. La palabra apropiada es otra, pero formidable.

«Álava es el ejemplo de que los nacionalistas estarán cómodos si gobierna el PP»
RAMÓN RABANERA DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA Defiende la alternancia y pide elecciones ya para que el próximo lehendakari tenga más legitimidad
JOSÉ V. MERINO VITORIA El Correo 21 Enero 2001

En su despacho ha puesto las fotos del Rey y de Aznar, además de la bandera española y la alavesa, para complementar la imagen de Ibarretxe y la ikurriña que se encontró cuando llegó hace 18 meses. Ramón Rabanera, un histórico de AP, se precia de haber propiciado en la provincia unos niveles de convivencia que son «el ejemplo de que los nacionalistas estarán cómodos» si Mayor Oreja llega a Ajuria Enea.

-Su acuerdo con el PSE convierte a la Diputación alavesa en la primera gran institución en alcanzar la estabilidad presupuestaria. Usted calificó el pacto de «gran noticia para los que defendemos la paz y la libertad». ¿No es pretencioso?
-No. Dos partidos que en el resto de España se critican al ser Gobierno y oposición, aquí se dan cuenta de que hay, entre comillas, otra guerra: que se debe defender el Estatuto, la Constitución y, sobre todo, la libertad de todos, incluso de los nacionalistas democráticos.

-¿No defienden la libertad y la paz Ibarretxe o sus homólogos?
-No quiero hacer juicios de valor, pero los nacionalistas lo han hecho mal: están las cartas con los sellos de PNV, EA y ETA, y hay miedo. Cuando la gente teme hablar en el trabajo o en el bar, hay que pedir responsabilidades al gobernante.

-¿Y de quién es la culpa?
-Del Gobierno vasco y sobre todo del PNV, que es el que manda, de la política errática de Arzalluz y Egibar. Han conseguido que en sus filas haya perplejidad y en el conjunto de la ciudadanía, enfrentamiento. En Álava el PP ha hecho lo contrario, al apostar por la convivencia, por que estemos cómodos todos los que nos sentimos demócratas, nacionalistas o no.

-Ese planteamiento de ‘o yo, o el caos’ se asemeja al que han criticado ustedes a los nacionalistas.
-No es ‘yo o el caos’. Fui oposición durante 8 años cuando el PNV tenía otro rumbo y siempre colaboré con ellos. Pero como se han radicalizado, pasó lo que nadie se podía creer, que el PP gobierna, con normalidad, en las dos principales instituciones alavesas.

-Chocan estas afirmaciones en usted, que siempre ha abogado por entenderse con el PNV y que tuvo como secretario a un ex diputado nacionalista de Hacienda.
-No he hecho tabla rasa, sino dar ejemplo de que la alternancia es posible y que no pasa nada. Al contrario, hay más normalidad que en otros territorios. Pronosticaron que nunca ganaríamos, que no íbamos a gobernar, que no sabríamos gobernar. No se ha cumplido nada y estamos gobernando con moderación, sin apartar a nadie. Nunca lo permitiré, porque demasiadas veces he sufrido yo el arrinconamiento. PP y PSE sabemos que la normalización pasa por que no se postergue a nadie. Ningún alcalde nacionalista, y son la mayoría, podrá decir que no le hemos atendido. Los nacionalistas moderados están cómodos con nosotros.

-¿El PNV se ha radicalizado más desde que es diputado general?
-Estaban acostumbrado a gobernar y no saben hacer oposición. El PNV alavés tampoco manda. Está dirigido desde Bilbao y Arzalluz desconoce esta sensibilidad. Y es aquí donde surgen voces críticas, muy sensatas, contra el EBB.

-El PP siempre ha dicho que el PNV se moderaría en la oposición.
-El PNV alavés no manda. Muchos dirigentes me dicen en privado que no están de acuerdo con Arzalluz.

-¿A qué dirigentes se refiere?
-No lo voy a decir para que Arzalluz no vaya contra ellos. Pero de todos es conocido que hay gente que incluso se está retirando.

-Su antecesor, Félix Ormazabal.
-No daré nombres. Pero lo que digo está extendido. Hay alcaldes del PNV que me dicen ‘cosas de Arzalluz’. Se quieren desmarcar, saben que aquí el ámbito de decisión o la independencia no tienen mercado.

-¿Echa de menos el PNV de Emilio Guevara o Cuerda?
-Por supuesto. Para mí sería mucho más fácil gobernar.

-¿Habla con estos críticos?
-Los tres somos de la Fundación Fernando Buesa y charlamos, pero sin quedar de forma expresa.

«Creo a Redondo»
-¿Su colaboración con el PSE es un ensayo para Ajuria Enea?
-Ojalá lo fuera. Es un buen ejemplo de que la alternancia no debe asustar. Al contrario, aquí no ha pasado nada anormal.

-¿Confían de verdad en que tras las elecciones los socialistas irán con ustedes en vez de con el PNV?
-Creo lo que dice Redondo, un magnífico dirigente, y Zapatero. Y dicen que mientras el PNV no salga de donde está, se quedará solo.

-El PP, en cambio, afirma que no va con el PNV ni aunque cambie.
-¡Qué va! El PP estaría encantado de que el PNV dejara esas historias de Lizarra o de la independencia.

-Si pasa, el PP perdería electorado.
-Fui de AP. Entonces tenía 8.000 votos y ahora tengo 45.000. Y volvería a los 8.000 a cambio de que mis hijos tengan futuro. Lo deseo hasta por egoísmo: soy de aquí, me siento de aquí y no me quiero ir.

-A pesar de que han atacado cuatro veces su negocio privado y de que ETA intentó matarle.
-Pues sí, pero está asumido. Cuando salí elegido le dije a mi mujer ‘ahora sí estoy en la primera línea’. Quiero añadir una cosa.

-Adelante.
-Es sobre el PNV. En todos los partidos sucede que la gran reflexión se hace cuando se pierde. Si el PNV sigue en el poder después de lo que ha hecho, no sería posible su cambio. Perder sería positivo para ellos, reflexionarían, verían quienes han causado la derrota y se harían cargo personas con otro criterio.

-¿Su convicción de que tras las eleciones colaborarán PP y PSE se debe a que el pacto antiterrorista así lo contempla, a que todo está atado?
-No sólo lo contempla el pacto. Es que el pacto plasma un deseo de las bases de ambos partidos. Digo más, mucho nacionalista moderado tampoco lo vería con malos ojos. Nacionalistas de otras provincias me dicen ‘hay normalidad en Álava’. Debemos seguir siendo sensibles para que el nacionalismo en su conjunto esté cómodo, como aquí.

-Si el PNV gana, aunque entre PP y PSE sumen más escaños, ¿cederían la Lehendakaritza a Redondo?
-No es decisión mía y no puedo contestar. En cualquier caso, imaginemos que como dice el PNV no va a cambiar nada, aunque yo creo que sí. Pero imaginemos que ganan e Ibarretxe es lehendakari porque pacta con PP o PSE. Estaría mucho más legitimado, ya que ahora debe la Lehendakaritza a ‘Ternera’. Es decir, que aunque no cambie nada, cambiaría su legitimidad, lo que por ejemplo desbloquearía la situación en las otras dos diputaciones.

-Según el PP, si Mayor Oreja es lehendakari habrá más paz. ¿No es una afirmación arriesgada, a la vista de que la escalada de ETA se ha producido con un Gobierno del PP?
-Si por un acuerdo PP-PSE-UA Jaime Mayor es lehendakari, habrá un cambio en la forma de gobernar. Y eso ya es positivo. Se vivirán momentos duros, pero al menos en el fondo del túnel se verá una luz.

-Las contradictorias declaraciones del Gobierno sobre el Concierto, el cese en Telemadrid o el boicot a la cumbre parlamentaria de Atutxa dan municición a los nacionalistas.
-Yo gobierno una institución y hay cosas de las que no participo.

-¿Por ejemplo?
-Sin criticar, si me llamase el lehendakari, iría a hablar con él. Y lo digo a título personal, influido porque estoy en una institución y si llamo a un alcalde, me gusta que venga. A Ibarretxe le diría lo que ya le decimos. En cualquier caso, los gestos son lo de menos cuando se denuncia lo fundamental.

Demostración de ‘coraje’
-¿El PP no se ha extralimitado con Ibarretxe, hasta acabar deslegitimando las instituciones?
-Las han deslegitimado los nacionalistas. El PP ha demostrado un coraje tremendo. ¿Qué hubiera sido sin el PP, sin ese frontón al que han dado tantos pelotazos? No lo digo por mí, que tengo sueldo y acreditación social, sino por esos concejales que no tienen nada y dan la cara. Su coraje pasará a los anales de la historia. Entre el PSE y nosotros hemos arropado a todos, incluso a los nacionalistas moderados.

-¿Comparte todas y cada una de las actuaciones de Aznar e Iturgaiz?
-Ja, ja. ¡Hombre, todo...! Pero hay que decir dos cosas: Aznar ha demostrado gran cariño por el País Vasco. Con él se ha conseguido el mejor Concierto y el PNV ha sido desleal con su esfuerzo. En cuanto a Iturgaiz, es el político del PP más sacrificado; el que ha logrado, en momentos durísimos, mantener al partido unido; y quien ha mostrado el mismo cariño por un ministro que por el último concejal. A Iturgaiz, que se ha jugado muchas veces la vida, el PP vasco le tiene que estar tremendamente agradecido. Le admiro y creo que su futuro político será magnífico.

-¿Está a favor de la dispersión de presos, tras su desacuerdo inicial?
-Ya no hay duda de que es la única política posible. Igual me equivoqué en eso, como lo hice al pensar que la tregua no era trampa.

Los proetarras extienden al País Vasco francés la extorsión del «impuesto revolucionario»
MADRID. D. Martínez / J. Pagola ABC  21 Enero 2001

La asociación «Gureak», considerada como las «Gestoras pro Amnistía» de los proetarras galos, ha emprendido, por primera vez, una campaña de presión entre los pequeños empresarios y comerciantes del País Vasco- francés destinada a obtener fondos para los presos de la banda ETA recluidos en cárceles del vecino país, así como para que sus familiares puedan visitarlos.

Representantes de «Gureak», que se presenta como «Asociación de familias y amigos de los prisioneros vascos», han «visitado» comercios, establecimientos y pequeñas empresas del País Vasco-francés, a cuyos propietarios han entregado una carta solicitando una cantidad de dinero en apoyo de los presos de ETA, con la advertencia de que deben enviarla a la sede de esta asociación, para lo que facilitan su dirección. Estas misivas, a una de las cuales ha tenido acceso ABC, encabezadas con un «adixkideak» (amigos), en euskera, están fechadas el pasado mes de diciembre en Bayona, y las firma el representante de «Gureak» Mikel Berasaluce. «En este fin de año -—comienza el texto escrito íntegramente en francés— deseamos atraer vuestra atención sobre la situación de las familias y parientes de los prisioneros políticos vascos».

DESPLAZAMIENTOS A LAS CÁRCELES
«Cuando se aproximan las fiestas de fin de año, período de diversiones durante las cuales nada es más apreciado que la posibilidad de reunir a sus allegados, demasiadas madres, padres, hermanos, hermanas de los prisioneros vascos no podrán rendirles visita», agrega la carta de los proetarras. «Para familias de rentas a veces muy modestas, tener que pagar un desplazamiento de ida y vuelta de más de 1.500 kilómetros para unos minutos de visita es un gasto insostenible». «Otras dificultades son las que encuentran los abogados para poder asegurar, a semejante distancia, la defensa equitativa de sus clientes, lo que supone, sobre todo, una doble pena que es inflingida a los parientes y allegados de los prisioneros», se indica.

«Por todo ello lanzamos una llamada al apoyo financiero, para que las familias de los prisioneros puedan mantener un vínculo afectivo mínimo, no solamente durante estas fiestas, sino también a lo largo del año».

«Con vuestros donativos —añade la carta de «Gureak»—, toda una familia podrá visitar un pariente encarcelado hasta que el simple respeto del derecho les permita mantener vínculos más normales». La carta promete que «el anonimato de cada donador será reservado». «El respeto de los derechos de los prisioneros nos incumbe a todos y todos juntos podremos restablecer una situación justa y equitativa. Esperando un gesto de vuestra parte, quisiera que aceptara, señora, señor, la expresión de nuestros mejores sentimientos». Sorprendentemente, al pie de la carta, sus autores indican que «estos donativos son deducibles de los impuestos hasta del 50 por ciento» y «nosotros les haremos llegar un recibo».

Fuentes antiterroristas consultadas por ABC aseguran que detrás de «este lenguaje extremadamente cortés, como ocurre con las mafias puras y duras, se esconde un chantaje, porque todos sabemos qué es Gureak y al servicio de quién está». Así, recuerdan que en similares términos se expresan las cartas que grupos de apoyo a presos de ETA distribuyen desde hace años en el País Vasco, pero que el «propio contexto de terror las convierten en «instrumentos de chantaje». «A los receptores de estas cartas no les importa que les traten como amigos a la hora de pedirles dinero, si quienes lo hacen representan a una banda terrorista». En este sentido, los mismos medios consideran que estas cartas constituyen un «impuesto revolucionario más o menos camuflado», porque «si no se paga por las buenas, se les exigirá en una segunda fase que lo hagan por las malas».

EN EL «APARATO FINANCIERO»
Su distribución coincide con el envío por parte de ETA de una carta al futbolista galo Bixente Lizarazu en la que le exige el denominado «impuesto revolucionario». Los expertos en la lucha antiterrorista están convencidos de que la banda también ha enviado este tipo de cartas a más ciudadanos galos.

Se trata de la primera vez que ETA y sus grupos de apoyo extienden las campañas de extorsión a ciudadanos del vecino país.

Las fuentes sitúan a «Gureak», dedicada a apoyar a los etarras que huyen de España, en el entramado financiero de ETA. Su sede central de Bayona ha sido registrada en varias ocasiones por la Policía gala, como por ejemplo en 1992 en la operación en la que detuvo a dos de sus integrantes, el ciudadano francés George Aguerre e Izaskun Recalde, esposa del ex dirigente de ETA Santiago Arróspide, «Santi Potros», recientemente extraditado a España.

 

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