AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 26 Enero 2001
#El TSJC anula las normas de uso del catalán en dos universidades
Libertad Digital 26 Enero 2001

#Bomba en la cocina
Editorial La Estrella  26 Enero 2001

#La terrible normalidad
Enrique de Diego Libertad Digital  26 Enero 2001

#Tres golfos
Alfonso USSÍA
ABC 26 Enero 2001

#De la equidistancia a la soberbia
Editorial La Razón 26 Enero 2001

#Identidades compartidas
ALFONSO BASAGOITI El País  26 Enero 2001

#ETA asesina a un cocinero civil del Ejército con una bomba-lapa en San Sebastián
Bilbao. Agencias ABC  26 Enero 2001

#Montesquieu, anciano pero no muerto
José Antonio Zarzalejos. Director de ABC  26 Enero 2001

#Cristina Cuesta dice que aún hay curas vascos que piden dinero para familias de presos
EUROPA PRESS ALBACETE El Correo  26 Enero 2001

#Erne llama «incompetente» a Balza y le exige más eficacia
ÓSCAR B. DE OTÁLORA BILBAO El Correo   26 Enero 2001

#Nadie quiere sustituir al edil del PP asesinado en Viladecavalls
Redacción - Valencia .- La Razón   26 Enero 2001

El TSJC anula las normas de uso del catalán en dos universidades
Libertad Digital 26 Enero 2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los principales artículos del reglamento de uso del catalán de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y ha suspendido la vigencia de los aspectos más destacados del reglamento lingüístico de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Según fuentes de este Tribunal, las sentencias son firmes por lo que no caben recursos.

La Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dictado sendas sentencias, en respuesta a dos recursos diferentes, en las que da parcialmente la razón a la asociación Profesores para la Democracia y a CCC, plataforma impulsada por el eurodiputado del PP Aleix Vidal Quadras.

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
El TSJC entiende que el reglamento de la universidad tarraconense, en sus puntos prinicipales, es "excluyente" de forma "clara y manifiesta" de la lengua castellana pues, según decían los demandantes, "disponen el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial", el castellano. No obstante, el tribunal proclama la legalidad del resto del reglamento del catalán de la URV, avala la jerarquía de la universidad para autoregularse con reglamentos como éste y desestima presentar cuestión de inconstitucionalidad de la ley del catalán, aprobada por el Parlament en 1998, por entender que persigue la igualdad de uso del catalán.

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
En cuanto al reglamento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el TSJC anula parte del artículo 4.2, el artículo 7, parte del apartado 4 del artículo 16 y primer apartado del artículo 29. Se refieren estos artículos, principalmente, a la redacción en catalán de los estatutos, normas, acuerdos y resoluciones y a la rotulación, en este idioma, de las dependencias del centro. El TSJC considera que mantener la vigencia de los citados artículos del reglamento de la UPF "comporta un perjuicio de difícil reparación que justifica su suspensión". 

Bomba en la cocina
Editorial La Estrella  26 Enero 2001

El sendero de los crímenes de ETA llega a todas partes y recorre todos los escalafones de la vida social. Las instituciones, casa familiar, empresas, los cementerios, una tienda de caramelos, la librería, la discoteca, el político, empresario, periodista, militar, policía, el fontanero y ahora el cocinero civil de un cuartel de la Marina española.

El crimen infame de Ramón Díaz, cocinero de ese cuartel de San Sebastián, con una bomba lapa en su coche da una idea del desvarío ciego y de la crisis (buscan víctimas fáciles de alcanzar) que vive ETA en el tiempo actual, tras la captura de algunos de sus comandos y el fallo de algunos dispositivos para los atentados. Se veía venir que la banda, que sufrió en Barcelona y Sevilla duros golpes por parte de las policías municipales, estaba a punto de actuar, y lo hizo eligiendo una diana entre los pucheros de una cocina militar.

El atentado llega en momentos cruciales para la vida política, cuando el lehendakari Ibarretxe está a punto de deshojar la margarita de la fecha electoral, que algunos anuncian para el día seis de mayo. Una convocatoria inevitable que este atentado hace mas necesaria y cuyo anuncio no debería demorarse ni un minuto mas.

Hace falta que hablen las urnas de una vez, que   las instituciones vascas recuperen vitalidad y que la unidad de todos los demócratas brille por encima de toda lucha política y electoral. Y todo esto ya solo es posible a partir del día después de las elecciones vascas. La muerte del inocente Ramón Díaz merece una respuesta política y policial y la política pasa por la fecha electoral. Si es el 6 de mayo bien está y que se diga de una vez para que los ciudadanos, hoy de nuevo consternados, en torno a la familia de don Ramón Díaz, vean un horizonte de estabilidad.

La terrible normalidad
Por Enrique de Diego
Libertad Digital  26 Enero 2001

La banda terrorista va poniendo operativos unos comandos a medida que caen otros. Es una estrategia suicida, en la que los terroristas parten de la base de que irán a la cárcel, sin ningún plan de retirada. Es un terrorismo que recuerda al del fundamentalismo islámico. El frente de la violencia ha vuelto al País Vasco, donde sigue sin haber elecciones y donde el asesinato se practica en nombre del pacto de Lizarra, con complicidad política y moral de todo el nacionalismo.

Ahora son bombas-lapa y objetivos militares. Asesinar a un cocinero del Ejército es terrorismo indiscriminado, porque si la muerte de todo hombre es una tragedia máxima que destruye o busca destruir la convivencia, en términos de cualquier estrategia por muy demencial que sea, éste es una estúpida manifestación de psicopatía criminal: la búsqueda de una suma de asesinatos, a cual con menos sentido.

Esto sólo muestra la perversión moral de la que es capaz el nacionalismo; de biotipo patético y genocida que crea el nacionalismo; esa infinita estupidez de la raza o de la patria como el último reducto de los asesinos.

Tres golfos
Por Alfonso USSÍA
ABC 26 Enero 2001

EL obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, es un nacionalista romántico, bonachón y sonriente. Intuyo que incluso cree en Dios. Nada que ver con su antecesor, que, como Felipe González en la política, se dedica a hacer daño desde el retiro. Uriarte pasó unos años, buenos para él, de obispo de Zamora, donde desarrolló una labor exclusivamente pastoral. Cuando sucedió al malvado Setién, se atrevió a iniciar algún gesto de caridad cristiana con las víctimas del terrorismo. No ha superado su compromiso nacionalista, y sus palabras insisten en establecer la odiosa equidistancia entre los asesinos y las víctimas, pero con un tono diferente. Uriarte es incapaz de despachar a dos mujeres amenazadas que representan a una parte de su feligresía —María San Gil y María José Usandizaga, cuando visitaron a Setién para rogarle más apoyo a las víctimas del terrorismo—, preguntándolas «que dónde estaba escrito que había que querer a todos los hijos por igual». No, monseñor Uriarte, que puede tener las simpatías —y las tiene—, más cerca de Arzallus que de Mayor Oreja o Iturgáiz, se acuerda de vez en cuando de que es el obispo de todos los donostiarras —de todos los que quieren tener un obispo, matizo—, y el diálogo con él es más fluido y humano. Mantiene a su lado, aunque se espera que por poco tiempo, al íntimo colaborador de Setién, el vicario Pagola, un pájaro de cuenta. En diciembre del pasado año, un mes atrás apenas, Pagola respondió a la carta pastoral del cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, con su acostumbrada vileza. Decía monseñor Rouco que el «terrorismo es intrínsecamente perverso» y que no admite ningún tipo de cobertura ideológica. Pagola manifestó su desacuerdo con esto declarando que la «ETA tiene sus causas», o sea, su justificación de existir y de matar. El problema para Pagola es que «ETA se ha equivocado, quizá, de siglo». Para el vicario de San Sebastián, el Quinto Mandamiento de la Ley de Dios, «No matarás», es cuestión de interpretación secular. En un siglo matar está muy bien y en otro, es pecado mortal.

Su influencia es grande, y monseñor Uriarte no se libra de ella. Muy probablemente, haya sido Pagola, previa orden recibida de «Sabin Echea» o de «Euskal Herritarrok», el causante de la negativa de tres párrocos a oficiar un funeral por el alma de Gregorio Ordóñez, el dirigente popular vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado por la ETA hace cinco años. No se entiende que tres sacerdotes de la Iglesia católica se nieguen a oficiar una misa por el alma de un cristiano honesto y ejemplar cuyo único pecado grave fue el de combatir con la palabra y las ideas a los disparos en la nuca, las bombas, las metralletas y los secuestros del terrorismo etarra, ese terrorismo que «tiene causas», según el vicario de San Sebastián.

La Conferencia Episcopal Española, imitando más a Poncio Pilato que a Cristo, se ha lavado las manos, y ante el escándalo e indignación social —y cristiana— que ha provocado la intolerable actitud de los tres párrocos donostiarras, ha permanecido muda, excepto para decir que el estudio y tratamiento de este caso corresponde exclusivamente al obispo de San Sebastián. Una cobardía más —y van...—, de nuestros señores obispos.

Tiene, pues, la patata caliente monseñor Uriarte. No se concibe que tres párrocos, tres auténticos golfos con sotana, se nieguen a oficiar una misa por un feligrés donostiarra, representante popular y asesinado por la ETA. Según ellos, los golfos, hay un mandato superior que «prohíbe la celebración de funerales individualizados». Pero el padre jesuita Antonio Beristain, que sí ofició la misa por Gregorio Ordóñez, ha salido al paso recordando «que no conoce ninguna norma que prohíba celebrar una misa en memoria de un amigo o de un familiar en el aniversario de su muerte». No lo conoce el padre Beristain porque la norma no existe. Se lo han inventado los golfos que dicen ser párrocos y a los que, es de esperar, el obispo de San Sebastián imponga un correctivo ejemplar y público. A los tres golfos y al jabalí que tiene como vicario.

De la equidistancia a la soberbia
Editorial La Razón 26 Enero 2001

En lugar de entonar un «mea culpa», como parecía desprenderse de recientes posturas de la Iglesia al reconocer tibieza en su apoyo a las víctimas de Eta, el arzobispo de Pamplona, monseñor Sebastián, ha decidido pasar al ataque contra quienes critican ambigûedad de miembros de la jerarquía católica ante el terrorismo. Según Sebastián, el problema no está causado por la equidistancia y falta de claridad de los mensajes pastorales sobre la violencia, sino por la mala voluntad de quienes los interpretan. Con esto, no sólo hacen «daño a la Iglesia», sino que logran que sus pronunciamientos «no alcancen la fuerza moral que podrían alcanzar si los interpretasen rectamente».

    Resulta sorprendente escuchar del arzobispo estas palabras, pues podría ser que el mensaje de la jerarquía navarra (y la vasca) fuera interpretado torticeramente, o simplemente que fuera tan poco claro que llevara a esta mala interpretación. Nos tememos que, sin embargo, no sucede ninguna de ambas cosas. De la línea de esta jerarquía, y de la de un número no pequeño de curas de esas diócesis, se deduce exactamente lo que se quiere deducir: el deseo de la equidistancia entre los verdugos y las víctimas, sin dar toda la razón a ninguna y sin quitársela tampoco a ninguna. O ¿cómo se puede interpretar si no las propias palabras de Monseñor Sebastián en su furibundo alegato de ayer: «No coincidimos con los terroristas pero no por eso tenemos que coincidir siempre y en todo con los contrarios»? ¿Cómo no se va a poder coincidir siempre con los contrarios al terrorismo? Que nosotros sepamos, el Papa se ha pronunciado inequívocamente en ese sentido, porque es la única alternativa moral que puede tener un ser humano, no ya un pastor de almas, en la defensa de la vida.

    Lo quiera ver o no monseñor Sebastián, la actitud de la Iglesia ante el terrorismo en el País Vasco ha terminado por desbordar el vaso de la indignación de numerosos creyentes. Y no por lo que alguien pueda traducir de sus mensajes, sino por la falta de contundencia de éstos. No se entienden mal: se explican mal. Si se le exige a la jerarquía eclesiástica más claridad es porque hace falta ese liderazgo moral para combatir el terrorismo. Con la equidistancia de la Iglesia se rearman los que justifican el asesinato por objetivos políticos. Algunos pastores pueden haber cometido el pecado de desatender a los débiles, a las víctimas y a sus familias. Ahora, otros pueden cometer el pecado de soberbia al no admitir errores trágicos en su magisterio.

Identidades compartidas
ALFONSO BASAGOITI El País  26 Enero 2001

No es ningún secreto que la actual situación de crispación política en el País Vasco amenaza con eliminar todos aquellos vínculos que durante largos años han servido como nexo de entendimiento para el conjunto de la sociedad vasca, al margen de posicionamientos partidistas e ideologías particulares. Hasta hace bien poco, la permanente desvertebración vasca no había impedido ni el consenso de los vascos en torno a un proyecto de vida en común, ni la armonía de identidades compartidas. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho evidente el riesgo de una fractura que amenaza con socavar nuestro marco de convivencia democrática.

Obviamente, hay que imputar a ETA y a sus tentáculos políticos y sociales la principal responsabilidad y autoría de un clima de violencia generalizada, y también la manifiesta vulneración de los más indispensables principios que caracterizan a cualquier sociedad civilizada. En ese sentido, la crueldad de los asesinatos, el perverso aliento a la violencia callejera, la cínica respuesta que se esgrime para justificar el amedrantamiento de los ciudadanos y la inmoral pasividad que se sostiene ante todo lo anterior, califica al amplio mundo de ETA como un peligro totalitario ante el que los partidos democráticos hace ya tiempo que deberían haber reaccionado con una sola voz y una única respuesta.

De ahí que el actual desencuentro entre las fuerzas democráticas vascas -motivado esencialmente por intereses electorales en el corto y medio plazo- sirva como eficiente instrumento para los fines de ETA, con la consiguiente generación de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía.

Así pues, en una época en la que muchas de las incertidumbres económicas que laceraron el País Vasco a mediados de los años 70 parecen despejadas, surgen de forma paralela y paradójica numerosas interrogantes sobre el futuro social y político de un País Vasco ya hastiado por tanta sinrazón violenta. Y ante ello, no es fácil la respuesta de una sociedad civil que sólo existe como definición conceptual en la conciencia de los partidos políticos, pero no como expresión uniforme, libre e independiente de un amplio conjunto de esa ciudadanía que no desea la fractura y la división, sino más bien la continuación de una larga y enriquecedora tradición de identidades compartidas. Habrá, por ello, que dar satisfacción a ese anhelo de paz y seguridad desde la firmeza del Estado de Derecho y desde la legitimidad de las instituciones democráticas, pero también desde una profunda reflexión de los partidos democráticos que propicie un básico consenso sobre valores éticos. Con ello se impedirían tanto la tentación de aprovechar electoralmente la actual situación, como la eventual legitimación de conductas que alientan y fomentan la violencia.

Al mismo tiempo, y aunque sea desde esa incomprendida pero necesaria sociedad civil, se hace indispensable que nacionalistas y no nacionalistas contribuyamos a restaurar los cauces y los puentes de entendimiento y tolerancia que durante muchas décadas han cimentado nuestra convivencia y, por qué no decirlo, nuestra prosperidad. Es el caso, por ejemplo, de un Estatuto de Gernika que, se diga lo que se diga, no puede ser ni deficientemente desarrollado ni perniciosamente arrumbado ante dudosos proyectos políticos, puesto que hoy por hoy no existe otro marco jurídico que concite la misma adhesión de los vascos o que sirva como lugar de encuentro para tan plural sociedad. Otro tanto se puede decir del Concierto Económico, que es una de las piezas esenciales del Estatuto y del autogobierno vasco, además de un fiel reflejo del encaje jurídico-político de los Territorios Forales en el conjunto del Estado.

De tal forma, y ante una próxima renegociación que debería sustraerse al enfrentamiento partidista y a la confrontación electoral, no sería entendible un menoscabo del Concierto, ya que ello pondría en entredicho conceptos que, como el Estatuto y el Autogobierno, implican tanto el necesario sustento de una armónica relación entre el País Vasco y el conjunto del Estado, como sobre todo un elemento común para todos los vascos, más allá de sus posicionamientos ideológicos.

Desde esta perspectiva, debe entenderse que el Concierto Económico no es un privilegio fiscal, sino un sistema tributario singular con eficiencia ya suficientemente contrastada. Por eso mismo, aun reconociendo las lógicas limitaciones que se le plantean en el ámbito de la armonización fiscal europea, hay que propiciar su renovación en un clima de respeto a la capacidad autónoma de los vascos en materia fiscal y, en racional reciprocidad, con un espíritu de solidaridad, coordinación y colaboración con el sistema fiscal del Estado.

Se trata, en fin, de centrarnos en todo aquello que nos ha unido y nos une, para que desde un consenso básico podamos superar los grandes retos de nuestro futuro y, sobre todo, la amenaza anacrónica de un grupo violento y totalitario que pretende aniquilar los fundamentos de nuestra convivencia pacífica y democrática.

Alfonso Basagoiti es presidente del Círculo de Empresarios Vascos.

ETA asesina a un cocinero civil del Ejército con una bomba-lapa en San Sebastián
Bilbao. Agencias ABC  26 Enero 2001

Ramón Díaz García, un cocinero civil que trabajaba en la Comandancia de Marina de San Sebastián, ha muerto esta mañana al estallar una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo en el barrio de Loyola de San Sebastián. La víctima, de 51 años, casada y con dos hijos, había nacido en Salamanca y formaba parte del personal laboral fijo de la Comandancia. Otras tres personas resultaron heridas leves por la explosión, que se produjo a las 7:40 de la mañana en la calle Sierra de Aralar.

Tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos explicaron que conocían a Ramón Díaz desde hace tiempo porque coincidían casi todos los días tomando café. «Éramos bastante amigos. Pertenecíamos a la misma sociedad, la sociedad Loiolatarra», precisó uno de ellos, quien comentó que solían tomar café entre las 7,20 y las 7,40 horas en el bar Etxarre. Esta mañana, al igual que lo hacían habitualmente, tomaron café a esa hora y, poco antes de las 7,40 horas, Ramón Díaz les dijo que se
iba a trabajar.

Uno de estos testigos, Arturo, explicó que salieron juntos del bar Etxarre y la víctima se dirigió a recoger su coche, que estaba aparcado en  batería frente al bar Etxarre. «Yo estaba abriendo el coche, que lo tenía aparcado en segunda fila, a tres o cuatro metros del suyo. He visto que él echaba marcha atrás y, cuando ha salido a mitad de la carretera, en ese momento ha reventado el coche, seguramente cuando ha metido la primera marcha», afirmó Arturo. «Estoy vivo gracias a que había una furgoneta en medio», agregó Arturo.

ENTRE DOS Y CUATRO KILOS DE DINAMITA
Según las primeras investigaciones de la Ertzaintza, la bomba lapa estaba compuesta por entre dos y cuatro kilos de dinamita.

El artefacto, de una gran potencia, estaba adosado a los bajos del vehículo y se ha activado en el momento en que éste se ponía en marcha. La potencia de la deflagración ha destrozado el techo del automóvil y ha provocado que el cuerpo de la víctima saliera despedido y cayera en el asfalto.

TRES HERIDOS LEVES
´Dos de los heridos leves son dos hombres de 16 y 40 años que sufren perforación de tímpano y erosiones múltiples,  respectivamente, según confirmaron fuentes sanitarias. Tras la explosión estos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde permanecen en observación y donde son atendidos de sus heridas. 

Un tercer herido, un varón de 59 años, ingresó en el Servicio de Urgencias del centro sanitario pasadas las nueve de la mañana y se le ha diagnosticado "hipoacusia con afectación timpánica por onda expansiva".

Montesquieu, anciano pero no muerto
Por José Antonio Zarzalejos. Director de ABC  26 Enero 2001

EL uso alternativo del derecho es una técnica que relativiza la aplicación de las normas por los Tribunales de Justicia, de tal manera que un mandato legal o reglamentario sirve para un fallo y su contrario por el simple procedimiento de ajustar la argumentación al propósito del juzgador que obvia la seguridad jurídica e introduce criterios no necesariamente ilegítimos pero sí subjetivos. Pues bien: la resolución del Tribunal Supremo en el conocido caso del indulto a Javier Gómez de Liaño y la sentencia de la Audiencia Nacional de «descongelar» los sueldos funcionariales, son casos típicos de la utilización por ambas instancias del mecanismo del uso alternativo del derecho. Y, de alguna forma, la invasión jurisdiccional del Tribunal Constitucional en la revisión de las sentencias del Tribunal Supremo -excarcelación de los dirigentes de Herri Batasuna, por ejemplo- es otra forma, más sofisticada pero igualmente perturbadora, de alterar gravemente el correcto funcionamiento del esquema de la división de poderes y de los distintos ámbitos competenciales.

Si la Sala Segunda del Supremo ha convertido en «ilusorio» el derecho de gracia que constitucionalmente corresponde al Gobierno, la Audiencia Nacional ha quebrado de manera clamorosa aquel principio que acendradamente se nos inculcaba en la facultad de Derecho según el cual una norma de rango legal -La ley de Acompañamiento de los Presupuestos- no puede subordinarse a otra de menor rango, sea ésta de carácter reglamentario o de otra naturaleza -el acuerdo del Gobierno socialista con los sindicatos que incorporaba el compromiso de determinados incrementos salariales-. De tal manera que, como bien ha declarado el vicepresidente primero del Gobierno, la Audiencia ha roto las reglas del juego y ha vulnerado el principio de separación de poderes. Porque si son los Tribunales los que cercenan, más allá de lo establecido explícitamente en las leyes el derecho de indulto, y los que desatienden el mandato de una ley aprobada por las Cámaras Legislativas -todo ello con apariencia de aséptico ejercicio de la función jurisdiccional- ¿qué ámbito propio de discrecionalidad se deja al Gobierno y dónde queda el imperio de la ley? En un limbo de inseguridad en el que sólo se manejan los Tribunales con interpretaciones alambicadas, supuestamente irrefutables por el sacrosanto respeto que en democracia merece la acción jurisdiccional.

Aquietarse resignadamente a este errático gobierno de los jueces, mientras se depreda las facultades del Gobierno y el Parlamento, sería tan estúpido y acrítico como secundar la deslegalización de materias que practican los Ejecutivos, animar a ejercer la legislación de urgencia o mermar hasta el milímetro el margen de discrecionalidad de jueces y tribunales en la interpretación de las normas con los criterios que establece el Código Civil.

Es posible -al menos no quiero descartarlo- que estemos ante un problema exclusivamente técnico, es decir, de ignorancia concreta o de error coyuntural. Pero desde que Alfonso Guerra anunciara el entierro y funeral del autor del «Espíritu de las leyes» no es aconsejable circular en estas cuestiones como bienpensantes ciudadanos. Porque la necrológica guerrista de Montesquieu sólo fue el prólogo de la politización de la justicia conforme a cánones de poder -no jurisdiccionales- que se ha tornado ahora en la judicialización de la política, a modo de contrapoder extramuros del Parlamento.

Los sucesivos gobiernos socialistas comenzaron por anticipar la jubilación de magistrados, siguieron con la incorporación digital de jueces -el cuarto turno-, continuaron precarizando los medios de la Administración de Justicia, escasearon esfuerzos en la formación técnica de los futuros juzgadores, insistieron en desparramar las funciones de la Fiscalía General del Estado y propiciaron unas idas y venidas de los tribunales a la política y de la política a los tribunales de personajes que antes mandaban y ahora juzgan y viceversa. Súmese a este escenario, el asociacionismo judicial que reproduce tendencias políticas -plasmadas con total fidelidad en un inoperante Consejo General del Poder Judicial-, y la facundia con la que deambulan jueces y magistrados que sacan la cara a procesados por terrorismo o le dictan instrucciones al Gobierno sobre cómo conducir sus políticas -eso sí, sin dejar de emitir sentencias- y se verá que este asunto es, en el elenco de inquietudes y urgencias, uno de los primeros.

El Gobierno y el Parlamento -es de suponer que ni el Congreso ni el Senado pueden asumir sin indignidad la sentencia de la Audiencia Nacional que les ningunea el imperio de sus normas- acudirán a los mecanismos de corrección del actual estado de cosas. Y es de suponer también que, antes que admitir que el sistema de garantías quede al albur de resoluciones que manejan el derecho como plastilina, el Gobierno remita al Parlamento las reformas legislativas necesarias para restaurar el orden jurídico perturbado y conjurar los peligros que sobre su estabilidad democrática se ciernen. Porque los ciudadanos hemos depositado la soberanía nacional en el Congreso, pero no en los Tribunales, ni muchos menos en los jueces, ni en los cuarto turnistas ni en los que acceden por oposición, ni en los juzgadores de ida y vuelta a la política. Ellos no gobiernan. Ellos sólo -y ya es bastante- deben aplicar la ley y preservar la seguridad jurídica. Muchos ciudadanos españoles -y bastantes magistrados y fiscales- no estamos nada seguros de que lo estén haciendo correctamente. Es más, tenemos la inocultable sensación de que más de uno ajusta cuentas desde la falsa estética jurisdiccional. En definitiva, deseamos a Montesquieu anciano, pero no enterrado y que legislen y gobiernen los que han ganado las elecciones.

Cristina Cuesta dice que aún hay curas vascos que piden dinero para familias de presos
EUROPA PRESS ALBACETE El Correo  26 Enero 2001

La portavoz del colectivo Víctimas del Terrorismo (AVT), Cristina Cuesta, manifestó ayer que la posición de la Iglesia ante el terrorismo de ETA sigue siendo «muy conflictiva» y que la manifestación de la Iglesia vasca y el perdón expresado por los obispos no es más que un «paso tímido», pero insuficiente, ya que «todavía quedan sacerdotes que en sus homilías piden dinero para familiares de presos etarras».

A juicio de Cuesta, este hecho no es esporádico y tuvo su reflejo también en el rechazo de dos curas a la celebración en sus iglesias del homenaje a Gregorio Ordóñez. «Ya no se puede ni velar a tus muertos, ni ponerles flores con tranquilidad» debido a las medidas «atroces» que deben tener las víctimas del terrorismo. La portavoz de la AVT reiteró el miedo y el terror al que se ven sometidos muchos ciudadanos, que tienen que vivir preocupados por su libertad y por la seguridad de su familia. Y en esta situación, afirmó, se encuentran 20.000 personas en el País Vasco.

Erne llama «incompetente» a Balza y le exige más eficacia
La central mayoritaria de la Ertzaintza dice que el consejero ha dejado a la Policía vasca «con el mínimo de credibilidad ante los ciudadanos»
ÓSCAR B. DE OTÁLORA BILBAO El Correo   26 Enero 2001

El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, lanzó ayer un duro ataque contra el consejero de Interior, Javier Balza, al que acusó de actuar de manera «incompetente» ante la violencia y de haber «dejado en los mínimos la credibilidad de la Ertzaintza ante los ciudadanos».

Estas acusaciones fueron realizadas por el portavoz de la central, Joseba Bilbao, quien también cuestionó la «legitimidad» del consejero para exigir a los ertzainas una mayor implicación contra la violencia callejera «cuando no ha hecho nada en ese campo durante dos años». Bilbao recordó los recientes sabotajes sufridos por ertzainas, así como atentados fallidos, como el del cementerio de Zarautz, y pidió a Balza que «sea digno y, en lugar de hacer juegos de palabras, aclare cuál va a ser su papel al frente de la Ertzaintza».

Las declaraciones del portavoz de la central se producen en un momento en el que la representación sindical de la Ertzaintza y la consejería han comenzado a negociar a una reestructuración de la plantilla que afecta a la práctica totalidad de los agentes. A finales de diciembre, Erne, ELA y CC OO decidieron romper las relaciones con la consejería y anunciaron movilizaciones -que finalmente no fueron llevadas a cabo- para sacar a la Policía vasca de «la peor situación vivida en los últimos años», según afirmaron en un comunicado conjunto.

Ayer, sin embargo, treinta delegados de Erne se manifestaron por su cuenta ante la comisaría de Bilbao, tras una pancarta con el lema «Balza incompetente», para exigir al departamento que «cumpla los acuerdos adoptados» y pedirle que «cambie su actitud en la negociación» . Según Bilbao, este tipo de concentraciones se repetirán en las principales bases de la Policía vasca. El portavoz sindical añadió que Erne, ELA y CC OO están estudiando la posibilidad de realizar una «huelga interna» como medida de presión.

Nadie quiere sustituir al edil del PP asesinado en Viladecavalls

Redacción - Valencia .- La Razón   26 Enero 2001

El número dos de la lista del Partido Popular en Viladecavalls, Andrés Martínez, comunicó a la dirección provincial de esta formación política que no sustituirá a Francisco Cano Consuegra, el concejal asesinado por Eta el pasado 14 de diciembre, según explicó ayer el coordinador general del PP en Barcelona, Josep Tutusaus. Ante esta negativa, es el número tres de la lista, Albert Rovirosa, el que debe ocupar la plaza de Cano aunque, según Tutusaus, «aún no ha dicho ni que sí ni que no».

    El pleno municipal del Ayuntamiento de Viladecavalls, que se celebró ayer tarde, dará la conformidad a la baja por defunción de Cano. Tras este trámite, la Junta Electoral ofrecerá, por ley, la credencial a Andrés Martínez, que renunciará. Entonces, el organismo ofrecerá el cargo de edil a Albert Rovirosa.

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