AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 27 Enero 2001
#Festín de muerte
Editorial ABC 27 Enero 2001

#La salvaje muerte de un cocinero
Editorial La Razón  27 Enero 2001

#Un cocinero
Editorial El País  27 Enero 2001

#MATAR A UN COCINERO: EL CRIMINAL DESQUITE DE ETA
Editorial El Mundo 27 Enero 2001

#Todos en la diana
Editorial El Correo  27 Enero 2001

#Beste bat
ANTONIO ELORZA El Correo  27 Enero 2001

#Bomba en la cocina
Editorial La Estrella   27 Enero 2001

#Víctimas del terrorismo
Z. RANA La Estrella    27 Enero 2001

#Rancho de monseñores
Carlos HERRERA ABC   27 Enero 2001

#Radiografías
EDUARDO HARO TECGLEN El País    27 Enero 2001

#Una universidad más libre
Editorial La Razón  27 Enero 2001

#Discriminación del castellano en Cataluña
Impresiones El Mundo  27 Enero 2001

#Euskadi y su orfeón episcopal
Lorenzo CONTRERAS La Razón  27 Enero 2001

#ETA se desquita de sus últimos fracasos asesinando a un cocinero
OSCAR SUBIJANA El Mundo 27 Enero 2001

#Escudos humanos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 27 Enero 2001

#Anuladas todas las medidas que discriminan el castellano en la Universidad de Tarragona
LALI CAMBRA, Tarragona El País  27 Enero 2001

#El TSJC anula el reglamento de uso del catalán en dos universidades por excluir al castellano
Xiana Siccardi - Barcelona .- La Razón  27 Enero 2001

#La Justicia obliga a dos universidades catalanas a utilizar también el castellano
MONTSE MARTINEZ El Mundo   27 Enero 2001

#El TSJC anula los reglamentos de uso del catalán en dos universidades por ser "excluyentes con el castellano"
Barcelona La Estrella Digital   27 Enero 2001

#Los ciudadanos se echan a la calle para gritar «Eta, no»
E. Mejuto/ Redacción - Bilbao/ Madrid .- La Razón  27 Enero 2001

#El asesino y su víctima
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo  27 Enero 2001

#Un País Vasco asfixiante
MARIA SAN GIL El Mundo  27 Enero 2001

Festín de muerte
Editorial ABC 27 Enero 2001

La fortuna no podía durar tanto y, al final, ETA logró que una de sus bombas estallara. Un muerto —Ramón Díaz García—, una viuda y dos huérfanos son las últimas aportaciones de ETA a su proyecto de construir una Euskal Herria soberana. Una forzada abstinencia de sangre ha llevado a ETA a matar cuanto antes y a quien fuera, un festín urgente de muerte, porque la moral de los «entornos» se deprime ante los primeros síntomas de debilidad o ineficacia. Esta vez ha sido un cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián. Cualquier vínculo de la víctima con lo que el nacionalismo llama conflicto vasco no iba más allá de dar de comer a militares. O quizá haya sido por esto y de ahí que, a corto plazo, también pasen a ser grupos de riesgo los que les venden el pan o el periódico, les cortan el pelo o les recetan un antibiótico. Este es el miedo disolvente que ETA ha instalado en el corazón de la sociedad vasca, cuya fractura aumenta días tras día porque los amenazados lo son cada vez más y los inmunes lo son cada vez mejor. Porque la paz en el País Vasco es sólo para unos, los nacionalistas, y quienes no la tienen son los de siempre, los no nacionalistas. Por eso, cuando la Iglesia vasca pide paz para todos, y está bien que lo haga, debe quedar claro que es para todos aquellos que no la tienen. Y que el perdón cristiano, formulado por los obispos del País Vasco y de Navarra con la misma generalidad, es el que se concede después del examen de conciencia, del dolor de los pecados, del propósito de enmienda, de decir los pecados al confesor y de cumplir la penitencia. Si en el clero vasco se hubiera impuesto siempre esta claridad pastoral —matar es pecado, sin más— no harían falta ahora aclaraciones como la de monseñor Sebastián, arzobispo de Pamplona, bienintencionadas pero erróneas al pedir que se entienda el mensaje de la Iglesia «en el contexto religioso», olvidando que el contexto que importa no es el suyo, sino el de unas víctimas que tantas veces han echado de menos lo que anunció Dios por boca de Jeremías: «Os pondré pastores según mi corazón». Este es el único y verdadero conflicto vasco: el escoramiento social de la seguridad física y moral que ha dispuesto ETA a favor de los suyos y de los cercanos, tranquilizada por un nacionalismo que comparte sus fines como legítimos, lo que, con asesinatos de por medio, acaba en la tolerancia íntima de los medios.

Con la comunidad no nacionalista condenada a buscarse la paz bajo sus coches o detrás de sus nucas pero mayoritaria en el Parlamento, ¿qué concepto de normalidad política o social puede defender Ibarretxe para no dar paso a una crisis democrática mediante la llamada a las urnas? Visto y acreditado que el nacionalismo, dueño y señor de los medios de comunicación públicos, de la enseñanza y de la policía autonómica, no quiere movilizar ni uno sólo de estos recursos para combatir sin ambigüedades a ETA y a sus viveros, la necesidad de una nueva mayoría de gobierno es algo más que el presupuesto para un cambio político. Es el requisito indispensable para moralizar la vida pública de la Comunidad vasca y demostrar que la legitimación democrática no se agota cuando se cierran las urnas, sino que ha de mantenerse permanentemente en el ejercicio de las potestades administrativas. Y esto sólo se conseguirá en el marco del sistema constitucional y estatutario. Sin embargo, el lendakari va a abrir el Parlamento vasco el día 2 de febrero e irá a él con el cuajo del actor que se sube a un escenario para repetir la enésima sesión de la tragicomedia en que se ha convertido el Gobierno nacionalista del País Vasco. Cabe la posibilidad de que el nuevo período de sesiones dure veinticuatro horas. Pero también es posible que, para frustración de sus apuntadores, a socialistas y populares todavía les quede aliento y convenga alargar la agonía del Parlamento, con la voluntad predeterminada de no cumplir las leyes que apruebe la oposición. Lo importante para el PNV será ganar tiempo para que caiga una tregua del cielo o que la supuesta invencibilidad de ETA mejore sus resultados o/y que en el seno del Partido Socialista vayan subiendo el número y el nivel de los que piden a Zapatero que hable con Arzalluz, como postre envenenado de almuerzos no menos tóxicos. Nunca ha estado tan claro lo que une a los no nacionalistas en el País Vasco.

La salvaje muerte de un cocinero
Editorial La Razón  27 Enero 2001

Tras el asesinato del cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz García, despedazado por la expolosión de una potentísima bomba lapa en su coche, cabe preguntarse si habrá alguna persona con una mínima sensibilidad que no se estremezca. Habrá que preguntarse también cuál es el nivel de degradación moral que puede llevar a que alguien lo justifique. Y habrá que interrogarse igualmente si hay alguien lo suficientemente idiotizado que crea que a través de un asesinato como éste pueda lograr algún género de objetivo político.

    La banda mafiosa Eta ha asesinado en los últimos tiempos a un fontanero y a un vendedor de golosinas, ambos concejales de base del PP, sin mayor peso político. Ahora lo ha hecho con un cocinero afiliado a Comisiones Obreras. ¿Contra qué enemigos está luchando Eta? ¿Contra el Estado, contra la sociedad entera? ¿No es más bien esta dinámica enloquecida de destrucción una forma de megalomanía, para demostrar el poder sobre la vida y la muerte de las personas, a sabiendas de que nada de lo que hace tiene más consecuencias que las puramente humanas, el dolor de una familia, la destrucción de una vida, el derramamiento de la sangre inocente?

    Eta se ha convertido en una secta mafiosa que quiere manifestar su prepotencia. Pero es un grupo de miserables que, si logran matar, es porque es desgraciadamente muy fácil acabar con la vida de un cocinero desarmado y desprevenido. Más fácil todavía si la víctima no puede esperarlo por estar integrado en la sociedad vasca, tener hijos de nombre vascuence y trabajar para las sociedades deportivas y gastronómicas de San Sebastián.

    La manifestación trágica de lo que es Eta tiene que llegar ahora a sus propios compañeros de tamborradas y calderadas, a los pelotaris del frontón que frecuentaba, a los miembros de su sindicato y a los vecinos de su barrio, donde no son pocos los votantes de Herri Batasuna, el brazo político de Eta.

    Todos ellos pueden haber sabido ahora, si es que no pararon a pensarlo con los ochocientos asesinatos anteriores, que la banda terrorista es el cáncer mayor de la sociedad vasca, con metástasis distribuidas para el dolor del conjunto de los españoles.

    La realidad cruda ahora es que Eta no ha avanzado ni un milímetro en sus pretensiones independentistas. Cada vez repugna más esta relación entre política y terrorismo. Cada vez hay un mayor frente alineado contra la violencia, porque hasta los más ambiguos y equidistantes de los espectadores del terrorismo se abochornan más de la crueldad desatada. La inequívoca reacción de la Iglesia vasca en esta ocasión demuestra que la violencia de Eta ya no puede dejar paso a la ambigûedad. Los asesinos de Ramon Díaz se pudrirán en la cárcel, pero cada vez serán menos los que se lamenten de los pobres presos de Eta. Bastante será con pedir a la sociedad que sea la Justicia y no la venganza la que se encarge de ellos.   

Un cocinero
Editorial El País  27 Enero 2001

RAMÓN DÍAZ, un cocinero contratado por la Comandancia de Marina de San Sebastián, ha sido la primera víctima mortal de ETA en este nuevo siglo. ETA existe en la medida en que mata; tras varios atentados fallidos, ha buscado un objetivo fácil. Ya que no puede asesinar a un general, o a un almirante, porque llevan escolta, y ni siquiera a un sargento, porque mira cada mañana debajo de su coche, arrebata la vida a un cocinero que trabaja para la comandancia: a alguien que, como dijeron ayer sus conocidos, ni remotamente podía sospechar que pudiera ser objetivo de los terroristas; a un afiliado a CC OO, definido como jatorra (majo) por los vecinos del barrio, aficionado a la pelota, nacido en Salamanca pero cuyos hijos se llaman Arkaitz y Aintzane y "son abertzales".

El tiempo pasa para todos excepto para ETA. En 1978, cuando comenzaba a extenderse entre los más miserables la costumbre de gritar en las manifestaciones "ETA, mátalos", un comando asesinó a un guardia que compraba verduras en el mercado de San Sebastián. Poco después este periódico publicaba un artículo en clave sarcástica titulado "ETA, mátalos, pero a todos". El texto trataba de llevar al absurdo la lógica que revelaba aquel crimen. Si había asesinado a un guardia civil que compraba lechugas para el cuartel, cualquiera podía convertirse en víctima: el ordenanza de un ministerio, los profesores de la "universidad vascongada", cualquier inmigrante por mucho que hubiera puesto a sus hijos "nombres vascos para disimular"; e incluso los condenados en el "proceso de Burgos" que "chupan del erario parlamentario".

Lo que hace 20 años era un sarcasmo, algo que sonaba inverosímil, es asumido hoy con naturalidad por miles de personas. Algún día lo negarán (como los nazis), pero muchas de esas personas participarán hoy mismo en San Sebastián en una manifestación convocada por Euskal Herritarrok para decir "Basta ya a las agresiones sufridas por Euskal Herria", y en particular por "el euskera, la cultura vasca y la libertad de expresión". ¿Qué clase de guerra es ésta en la que sólo un bando dispara, y encima se presenta como víctima?

El lehendakari pedía ayer a ETA que parase y se preguntaba "qué podemos hacer los demás". Cada cual, lo que es de su responsabilidad. Él, convocar elecciones cuanto antes para acabar con esta situación de deterioro institucional que multiplica el efecto desmoralizador que ETA pretende con sus crímenes.

MATAR A UN COCINERO: EL CRIMINAL DESQUITE DE ETA
Editorial El Mundo 27 Enero 2001

Ramón Díaz García era un hombre tranquilo. Su nombre no figuraba en ninguna lista de objetivos de ETA. ¿Qué podía temer un cocinero empleado en la Comandancia de Marina de San Sebastián? ¿Quién iba a tener algo en contra de un hombre popular y dicharachero, apasionado de la pelota vasca, que en sus ratos libres cocinaba suculentos platos en una sociedad gastronómica del populoso barrio de Loyola, donde hay tantos votantes de HB? Una potente bomba lapa colocada en su coche lo destrozó ayer después de desayunar con su cuadrilla en el mismo bar de todas las mañanas.

Los crímenes de ETA son todos despreciables, inútiles y absurdos. Pero hay asesinatos que, por sus circunstancias, son especialmente miserables y sádicos porque acaban con vidas de personas particularmente indefensas. Como Ramón Díaz. En este caso, la habitual vesania de los terroristas ha venido acompañada de una saña sin límites. La banda había fallado en sus intentos de matar a personalidades tan destacadas como Luis del Olmo o la cúpula del PP en el cementerio de Zarauz. Y necesitaba, desesperadamente, demostrar que su capacidad criminal sigue tan intacta como su locura. Por eso eligieron a una víctima tan fácil. No tenía escolta y no miraba en los bajos de su coche porque tampoco tenía miedo. Esta vez, a diferencia de otras, el mortífero artefacto adosado al vehículo funcionó con precisión y lanzó hasta un segundo piso el cuerpo destrozado de un modesto cocinero. De esta forma criminal ha querido desquitarse la banda terrorista de sus últimos fallos.

¿Cómo justificarán este crimen los asesinos en su próximo comunicado? ¿Tal vez afirmarán que este trabajador afiliado a CCOO era el símbolo de la represión que Estado español ejerce contra el pueblo vasco? ¿Acaso dirán que el cuerpo destrozado de un cocinero supone un avance en la construcción nacional del País Vasco? ¿Sostendrán, tal vez, que los poderes fácticos han sufrido un duro golpe porque una mujer y dos hijos han quedado destrozados para siempre?

El cobarde asesinato demuestra, una vez más, que todos somos víctimas de ETA, no sólo los que figuran en las listas de sus comandos. Por eso todos somos también responsables de que los criminales acaben entre rejas. También los vecinos del barrio de Loyola que votan a HB y que, tal vez, disfrutaron de unos platos que Ramón Díaz ya nunca podrá volver a cocinar.

Todos en la diana
Editorial El Correo  27 Enero 2001

La bomba que en la mañana de ayer reventó el cuerpo y las ganas de vivir de Ramón Díaz García confirma, sin género de duda, cuál es el futuro que ETA ha trazado para cualquiera que se le antoje matar. No hay argumento alguno que pueda justificar la muerte de un semejante, sea quien sea éste, pretendan lo que pretendan sus asesinos. Pero esta afirmación resulta especialmente elocuente cuando la víctima elegida por la barbarie etarra es un hombre sencillo, cocinero de profesión y vocación en una tierra de cocineros, amante del deporte, activista de la amistad, afiliado a CC OO. Posiblemente Ramón nunca pudo imaginar que moriría así, en medio de un charco de horror y sangre, destrozado por la saña de quien esta vez no quería fallar en su intento. Ni sus seres más queridos ni la gente afecta a él podrán explicarse jamás el porqué de su asesinato. Simplemente porque el terrorismo de ETA no tiene ninguna explicación. Pero dentro de unas semanas, un comunicado rutinario de la banda armada rematará a Ramón Díaz con algún calificativo calumnioso y cruel, con el que los asesinos pretenderán notificar a sus incondicionales las delirantes causas por las que ETA ha condenado a muerte a un donostiarra más.

Mientras tanto, esos votantes de HB que los sondeos muestran contrarios al uso de la violencia -y que algunos nacionalistas democráticos dicen conocer- seguirán amordazados por la comodidad, incapaces no sólo de rogar a ETA que deje de matar, sino ni siquiera de expresar su incomodidad ante tamaña ignominia, a la espera de que las reacciones de condena amainen. El verdugo necesita hacerse la víctima para soportarse a sí mismo. Hoy, cuando todas las personas de buena voluntad se sientan unidas a la manifestación prevista en San Sebastián, quienes se aprovechan de la libertad y anuncian «guerra para otros treinta años» pasearán su cinismo por las capitales vascas en un ritual recurrente que les permita ocultar el asesinato de Ramón Díaz y la atrocidad con que cada explosión vacía -cada vez un poco más- las conciencias de los intolerantes.

Para nuestra vergüenza, la opinión pública internacional sabe que hay en el mundo civilizado un rincón llamado Euskadi o Euskal Herria, en cuyas entrañas una minoría extremista produce y exporta terror. Pero lo que quizá no conozca es que en ese rincón cada mañana aumenta el número de ciudadanos que se asoma a la calle con miedo o precaución en su mirada. Hombres y mujeres que requieren escolta o se preocupan de autoprotegerse, atentos a cualquier señal de acecho y amenaza a su derredor. Hombres y mujeres que comprueban a diario los bajos del coche y evitan subirse a su automóvil en compañía de sus hijos. Hombres y mujeres que malviven con semejante angustia, mientras tratan de ahorrarles esa intranquilidad a sus seres queridos.

Nunca se sabrá cuántas personas han decidido, de hecho, abandonar su domicilio en busca de alivio, de seguridad, de una libertad sin coacciones. Pero resulta necesario advertir que serán siempre muchas más de las que podamos imaginarnos. Tampoco sabremos nunca cuántas personas padecen la indignidad de tener que variar los hábitos de su vida cotidiana, de convertir la privacidad en escondite, de desconfiar de sus propios conciudadanos. Pero es suficiente que cada vecino de este país se fije en quienes le circundan para que se percate de la proximidad de la amenaza terrorista y del irreparable daño que está haciendo a la convivencia y a la conciencia cívica de los vascos. Es suficiente con que cada ciudadano piense en sus propios amigos para hallar en alguno de ellos un atisbo de inquietud cuando no de miedo. Si han matado a Ramón Díaz con la saña propia de quien esta vez no quería fallar en su intento, nadie que no se aliste en las filas de la barbarie puede sentirse a salvo de su alocada espiral. La sociedad vasca y sus instituciones no pueden eludir por más tiempo la responsabilidad de combatir, unidas, la lacra terrorista. Desterrar la violencia que anega nuestra convivencia y se proyecta contra el resto de los españoles no puede constituir un objetivo más, sujeto a polémica, sino que ha de convertirse en la tarea común e inaplazable hasta lograr que ningún ciudadano vasco se sienta amenazado o inseguro en su propia tierra. Pero, junto a esa lucha visible de pronunciamientos públicos y movilizaciones, la gravedad de la situación requiere un compromiso solidario más callado y tenaz, para que cada persona amenazada pueda aliviar su situación porque sienta el calor compasivo y firme de sus amigos, de sus vecinos, de cualquiera que conozca o intuya la angustia que está padeciendo.

Beste bat
ANTONIO ELORZA El Correo  27 Enero 2001

Los últimos fallos debían tener preocupados a ETA y a sus amigos: la celebración del primer aniversario del regreso de la muerte había tenido lugar bajo el signo del fracaso de las voladuras previstas y de la detención de los matarifes que con tanta eficacia venían ensangrentando Barcelona. Ahora pueden respirar tranquilos. Ha sido ciertamente una muerte barata, pues la pieza cobrada, un trabajador vinculado a Comisiones Obreras, aún cuando prestase servicios como cocinero en un organismo militar, mal puede ser identificado con alguno de los agentes de la opresión que al parecer sufre Euskal Herria. Pero lo importante era matar por fin a alguien y lo han logrado. La muerte sigue.

Y de hecho todo sigue igual. El crimen de Donostia ha helado la sonrisa que pudieran haber suscitado las brutales declaraciones del ex presidente italiano, Francesco Cossiga, uno de los personajes más turbios de la política italiana en el último medio siglo. Este «amigo de los vascos» viene a recibir el premio Sabino Arana, un galardón que le cae como anillo al dedo por su condición de desestabilizador del orden democrático en Italia, y a ejercer como ‘reina por un día’ la siempre escasa solidaridad internacional con la política del PNV. De paso, el viejo enredador, lo que Manzoni llamaba ‘azzeccagarbugli’, que es Cossiga, amén de insultar a los dirigentes del PP, se permite nada menos que calificar al patrón de su premio de precursor innegable de la democracia cristiana. Genial. Así queda de manifiesto que Arzalluz no sólo tiene como únicos amigos en Europa a auténticas ‘destrozonas’ de la vida democrática, sino que esos colegas son por añadidura gente dotada de una ignorancia agresiva y petulante. A tal señor, tal honor.

Es un episodio que ante todo suscita una impresión de tristeza, como en general la política seguida por el nacionalismo democrático en este último año. El río de sangre no ha hecho cambiar al grupo dirigente del PNV más que en una política de gestos de aparente dolor y de condena estéril después de cada asesinato. Todas las manifestaciones contra el terror -perdón, contra «la violencia»- son asumibles por el Gobierno de Gasteiz y por el vértice nacionalista, los cuales, con las expresiones contritas de Ibarretxe y de Imaz, parecen estar clamando desesperados contra la estrategia de ETA. El gesto, inequívoco, y el rendimiento ante la opinión de su uso recurrente, no menos claro. Más allá de eso, el vacío. Un año de atentados no ha conseguido modificar en lo más mínimo la adopción de los objetivos políticos fijados en Lizarra. Así que una nueva tregua de ETA, y el entusiasmo por la búsqueda de la Gran Euskal Herria, no solamente se verá confirmado, sino reforzado. El único inconveniente es que por ahora, al menos hasta la cercanía de las elecciones, y aún entonces si las previsiones son lo suficientemente graves para EH/HB, de tregua ni hablar. Lo que no deja al PNV y a Ibarretxe otra salida que seguir instalados en esa esquizofrenia pragmática, consistente en la condena formal de los atentados de ETA y en la persistencia de la confrontación con quienes se oponen a la banda y son los blancos de sus ‘ekintzas’. En apariencia, tal actitud es inexplicable, y de hecho ha da ser condenada en términos morales y políticos. Sin embargo, sirve para sostener la apuesta principal que consiste en mantener a cualquier precio la hegemonía nacionalista, encarnada por el PNV, sobre la sociedad vasca.

Los nacionalistas auténticamente democráticos, como Guevara y Arregi, pueden escribir lo que quieran en torno a esa descabellada idea de la construcción nacional que alientan Arzalluz, Egibar e Ibarretxe. Sólo serán oídos si el veredicto de las urnas obliga a un cambio de línea política. De ahí precisamente que el gobierno faccioso de Ibarretxe, a favor de los antiguos votos de HB y de un vacío legal, se permita aguantar en el poder, sin convocar elecciones hasta el momento en que pueda esperar un resultado favorable. Indigno, pero realista de cara al fin perseguido.

Así las cosas en el nacionalismo democrático, nada aconseja a ETA el abandono de su decisión de reanudar el terror, golpeando selectivamente a los políticos que hoy por hoy defienden la democracia vasca, con la envoltura de una intimidación a todos los niveles, desde la amenaza a un vecino o el incendio del vehículo de un ertzaina hasta asesinatos absurdos como el de ayer en Donostia. En la medida que el PNV soporta políticamente sin pestañear crimen tras crimen -en espaldas ajenas, es cierto- y mantiene la fraternidad ideológica, la elección racional del terror consiste en sostener mientras pueda su presión con el objetivo bien simple que Arnaldo Otegi explicaba a los telespectadores de Madrid en el programa luego maldito, y que bien podía interpelar a todos los vascos demócratas. Es el argumento clásico del gángster: si queréis vivir tranquilos, pagad el precio que os exigimos. Lo cual lleva consigo una connotación evidente: si no pagáis ese precio, seguiremos -perdón, ETA seguirá- matando. Como ocurre con toda estrategia de intimidación brutal, siempre cabe contar con el cansancio de las víctimas potenciales. Sólo falta para invertir la imagen de cara a la opinión, unos de criminales y otros de cómplices pasivos del crimen, presentarse como los portadores de la solución mágica: el ‘diálogo’. Eso sí, tanto ETA como Ibarretxe dejan ver con claridad que ese diálogo no sería únicamente un camino para suprimir el terror; tendría que ser también político, es decir, en el fondo sería un diálogo sobre el precio a pagar por los demócratas y, llegados a este punto, tampoco cabe hacerse ilusiones: todo diálogo que no versase de inmediato sobre la ‘soberanía’, es decir, sobre la independencia con los complementos de Lizarra, sería inmediatamente denunciado por los encapuchados y por los pacíficos gobernantes de Gasteiz como una burla que «los vascos» no iban a soportar.

El horizonte es pesimista, y todavía lo resulta más si tenemos en cuenta la clave estrictamente antinacionalista con que el PP reacciona a la oposición política del PNV. Por no hablar del papel de sierpe que en sentido opuesto desempeña la actuación de Felipe González, con sus emisarios, bastante siniestros todos ellos, para lograr un entendimiento a toda costa con Arzalluz. Queda no obstante en pie la dinámica democrática del pacto PP-PSOE, que la lucha por las elecciones ha de reforzar, con la esperanza de que sigan ejerciendo su iniciativa dentro de la alianza aquellos socialistas que en el mismo ven una plataforma para luego reconstruir una coalición por la paz, sin exclusión del PNV, que alguna vez ha de cambiar. Es un camino estrecho y difícil, pero sin duda el único para hacer saltar el cerco a que en la actualidad se encuentra sometida la democracia vasca.

Bomba en la cocina
Editorial La Estrella   27 Enero 2001

El sendero de los crímenes de ETA llega a todas partes y recorre todos los escalafones de la vida social. Las instituciones, casa familiar, empresas, los cementerios, una tienda de caramelos, la librería, la discoteca, el político, empresario, periodista, militar, policía, el fontanero y ahora el cocinero civil de un cuartel de la Marina española.

El crimen infame de Ramón Díaz, cocinero de ese cuartel de San Sebastián, con una bomba lapa en su coche da una idea del desvarío ciego y de la crisis (buscan víctimas fáciles de alcanzar) que vive ETA en el tiempo actual, tras la captura de algunos de sus comandos y el fallo de algunos dispositivos para los atentados. Se veía venir que la banda, que sufrió en Barcelona y Sevilla duros golpes por parte de las policías municipales, estaba a punto de actuar, y lo hizo eligiendo una diana entre los pucheros de una cocina militar.

El atentado llega en momentos cruciales para la vida política, cuando el lehendakari Ibarretxe está a punto de deshojar la margarita de la fecha electoral, que algunos anuncian para el día seis de mayo. Una convocatoria inevitable que este atentado hace mas necesaria y cuyo anuncio no debería demorarse ni un minuto mas.

Hace falta que hablen las urnas de una vez, que   las instituciones vascas recuperen vitalidad y que la unidad de todos los demócratas brille por encima de toda lucha política y electoral. Y todo esto ya solo es posible a partir del día después de las elecciones vascas. La muerte del inocente Ramón Díaz merece una respuesta política y policial y la política pasa por la fecha electoral. Si es el 6 de mayo bien está y que se diga de una vez para que los ciudadanos, hoy de nuevo consternados, en torno a la familia de don Ramón Díaz, vean un horizonte de estabilidad.

Víctimas del terrorismo
Z. RANA La Estrella    27 Enero 2001

El asesinato de Ramón Díez, cocinero al servicio de la Comandancia de Marina de San Sebastián, es, con su inevitable carga de dolor, un "suma y sigue" en la inacabable cuenta del terrorismo etarra. Una nueva ocasión para que el obispo del lugar manifieste su muy inquietante equidistancia pastoral entre víctimas y verdugos.

Esa cuenta, que comenzó a elaborarse hace más de cuarenta años, incluye sumandos como el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado en diciembre de 1973, cuando salía de misa en los Jesuitas de la calle Serrano de Madrid.

Ahora llama la atención que, al hilo de la nueva Ley de Solidaridad con las víctimas del Terrorismo, que concede una indemnización de 23 millones de pesetas a los fallecidos, la familia de Carrero haya solicitado a Interior esa indemnización. Incluso he escuchado en una radio de las de control gubernamental palabras críticas contra la petición de la familia del que fue presidente del Gobierno de Franco. La familia, por cierto, no ha solicitado la condecoración a la que, según la Ley, también tiene derecho.

El que haya quien, treinta años después de su asesinato, cuestione el derecho de la familia Carrero a solicitar lo que le corresponde según una Ley democráticamente aprobada, es, pienso, una muestra de la implacable enfermedad que nos afecta.

La mezquindad, esa cosa tan española, suele cegar las miradas de unos y otros para hacer la vida más áspera y difícil. ¿Será posible una declaración de paz?

Rancho de monseñores
Por Carlos HERRERA ABC   27 Enero 2001

Esta vez ha sido un cocinero. Freír pescao en la flamante Euskal Herria es amenazar gravemente su futuro, su identidad. Y ETA, lógicamente, ha actuado en consecuencia. Le ha dado su ración de rancho. Nadie que sofría cebolla puede, pues, considerarse libre de la terrible culpa de hacer sufrir a los hijos erectos de ese Sabino Arana en cuyo nombre el PNV ha premiado al perfecto imbécil de Cossiga (Arana y Cossiga... Dios los cría).

Esta ETA rejuvenecida y, por lo tanto, algo inexperta en el uso de determinados materiales, ha acabado acertando con el famoso detonador y ha elegido como víctima a un hombre de cincuenta y dos años cuyo peligroso trabajo consistía en elaborar un potaje todos los días. Ya no importa quién sea el muerto, hay que matar a alguien como sea, que últimamente, para desesperación de Otegui y de alguno de los hijos de Arana, están cayendo muchos comandos y puede haber algún incauto que se crea que la solución, al final, esté a punto de ser policial. Quita, quita. Ramón Díaz será enterrado, tal vez, en esa Euskal Herria que ha sido la causa de su muerte, y dentro de cinco años, cuando los suyos quieran recordarle celebrando una Misa de Difuntos deberán peregrinar por las parroquias de la zona en busca de cura que no considere una provocación invocar a Dios por el consuelo de sus almas. Darán con él, está claro, pero que estén antes preparados para escuchar de labios de algún cura —o de algún obispo— aquello tan cristiano de que «no hay que contemplar el problema individualmente», lo que quiere decir que hay que estar a la misma distancia del cocinero, que ha muerto, que del etarra que lo ha matado, que, por lo visto, también sufre. Cosas de curas, digo.

Y no sólo de curas rasos sin galones. A la vez que eso ocurre, cuatro monseñores de Euskal Herria se quitan de en medio y escurren el bulto. El cocinero ha muerto y, entre tanto, la Conferencia Episcopal española sigue dando palpables muestras de estar formada por una pandilla de timoratos. Con alguna excepción, afortunadamente.

Radiografías
EDUARDO HARO TECGLEN El País    27 Enero 2001

La más reciente encuesta oficial señala que el tema que más preocupa a los españoles es el terrorismo, seguido a poca distancia del paro. No es real. Son reales las respuestas, pero es artificial la creación del clima en que se producen. Aun teniendo un cadáver caliente desde ayer, aun en día de entierro y desgarramiento, convertir este fragmento de la historia de una nación en su tema principal es un triunfo de los asesinos y del Gobierno; unos matan y otros lo convierten en tema prioritario, en productor de unidades heterogéneas de protesta. En creador de pactos.

Participamos en ello singularmente los medios de comunicación, unos porque son especialmente sensibles, por sus personajes, al tema vasco y a la militancia antinacionalista; otros, por gubernamentales, y quizá alguno porque está en el círculo vicioso de atender a lo más sensible de la opinión con lo cual crea la opinión sensible al tema. La alternativa del Gobierno de situar por un lado la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el imperio de la ley, y en el de enfrente el asesinato, es muy tentadora y bastante aproximada a la realidad, pero es demasiado grosera y se come todos los matices: tiene la apariencia suficientemente justa como para crear esa mayoría de opinión contabilizada y fabricar un ciudadano político que no es el ciudadano real.

El ciudadano político responde como debe, como en clase o en unas oposiciones y porque realmente odia el terrorismo como todos excepto los terroristas de acción o de mantenimiento. Pero cuando se despierta por la mañana, cuando habla con los suyos o con los menos suyos, son otros problemas los que le preocupan. Él tiene su primera página, también, en su consciente; y sus editoriales y sus titulares. Su otra vida, distinta de la que le contamos en los periódicos; sus tópicos naturales, personales, individuales, de español de verdad. El éxito del terrorismo es precisamente haber convertido su burda idea de nacionalismo en crimen, y el nacionalismo vasco, en la primera preocupación del español. Probablemente si a los nacionalistas vascos civiles se les hiciera la radiografía mental, también se encontraría que el terrorismo no es su primera preocupación, ni siquiera el nacionalismo. La disyuntiva "el nacionalismo o la vida' sólo puede parecer cierta en el Congo o en Pakistán, en Israel, por decir países donde el ser nacional está en relación directa con la comida y el trabajo y el amor y el descanso y la sombra de la libertad y las leyes. No me parece que sea éste el caso.

Una universidad más libre
Editorial La Razón  27 Enero 2001

Los alumnos de las Universidades Rovira i Virgili de Tarragona y Pompeu Fabra de Barcelona son desde ayer un poco más libres. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló los principales artículos del reglamento de uso del catalán de ambas instituciones porque imponían la utilización «de una de las dos lenguas cooficiales excluyendo la de la otra», en este caso el castellano. El tribunal subsanó una flagrante injusticia y recompuso un derecho fracturado para una buena parte de los jóvenes, después de que las autoridades de esos centros llevaran su deseo de fomentar y defender el deseable uso del catalán, que es, no lo olvidemos, patrimonio cultural de todos, hasta la represión de los castellanohablantes. Un acto de agresión cultural intolerable que debiera sonrojar a sus autores y, tal vez, arrastrar responsabilidades posteriores a la resolución judicial.

    En cualquier caso, causa alivio y satisfacción poder asegurar que ya no se podrá volver a repetir la vergonzante situación de aquel alumno que no habría podido realizar el examen de selectividad, al no entenderlo por estar presentado en catalán, si no hubiera mediado el buen juicio de una profesora, que luego fue expedientada por defender el derecho a que un ciudadano español realizara la prueba en castellano, lengua oficial de España. En definitiva, es el Estado de Derecho quien ha ganado con una resolución que, sin embargo, tiene un matiz a lamentar como es que el TSJC rechazara la pretensión de los autores del recurso contra las universidades, Profesores para la Democracia y Convivencia Cívica Catalana (CCC), de plantear cuestión de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Política Lingûística de Cataluña, que regulan el uso del catalán en los ámbitos de la enseñanza, la redacción de documentos y las relaciones entre la Generalitat y otras administraciones establecidas en Cataluña. Los jueces pensaron, tal vez, que era ya un sapo demasiado grande para que las fuerzas vivas del nacionalismo catalán lo tragaran en un solo auto.

Discriminación del castellano en Cataluña
Impresiones El Mundo  27 Enero 2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña invalidó ayer diversos artículos de los reglamentos del uso del catalán de las Universidades Pompeu Fabra y Rovira i Virgili. El Tribunal considera que la obligación de utilizar el catalán en las clases, en los exámenes y en las comunicaciones internas de ambos centros constituyen una discriminación del castellano, la otra lengua cooficial de la comunidad. Por tanto, habrán de modificar sus estatutos para que éstos garanticen la igualdad entre los dos idiomas. El Tribunal rechaza, sin embargo, la pretensión de una plataforma cívica de plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Política Lingüística. La Generalitat acogió esta decisión como un éxito. Pero no lo es. Deberá extremar su vigilancia para que no se vuelvan a repetir situaciones como las de estas dos universidades, que no son precisamente una excepción en el mundo de la educación.

Euskadi y su orfeón episcopal
Lorenzo CONTRERAS La Razón  27 Enero 2001

Viene siendo larga la digestión de ese escandaloso hecho que consistió en regatear desde la Iglesia el tipo de funerales que se pretendía para Gregorio Ordóñez en el aniversario de su muerte por asesinato. Con el pretexto de una regla según la cual los funerales deben ser colectivos se negó a dicha víctima del terrorismo los honores de unas exequias personales. Cabría recordar aquí la cantidad de veces que esa norma, costumbre o lo que sea se ha obviado en favor de este o aquel muerto más o menos ilustre. En consecuencia hay derecho a pensar que la Santa Madre se ha tentado la ropa en nombre de una prudencia estrechamente emparentada con el miedo.

    Han pasado días desde ese suceso o episodio y no acaban de apagarse los comentarios. Todo lo que la Iglesia -y más la Iglesia vasca- hace u omite cuando por medio está el problema del terrorismo y sus secuelas alcanza un eco especial. Es la única institución o estamento que hasta ahora no ha recibido la tarjeta de visita de Eta y no parece sino que se siente agradecida. Por consiguiente, recordar a Gregorio Ordóñez individualmente se convertiría para ella, con la solemnidad de un oficio religioso «ad hoc», en una especie de desafío a la banda. En el supuesto de que así fuera, que no lo es o no lo habría sido, ¿qué pasa? La Iglesia debe considerarse con la suficiente autoridad moral para adaptar sus normas a la importancia de una fecha cargada de simbolismo condenatorio de una fechoría. Aquel asesinato marcó el comienzo de una cadena de crímenes cualitativos encaminados a conseguir la desmoralización de un concreto grupo político, cuyos representantes han ido cayendo inexorablemente sin que los acentos pesarosos de la Iglesia hayan estado a la altura de la monstruosidad etarra. Eso sí, el día 13 de enero, los obispos vascos convocaron en Vitoria una manifestación por la paz, cuya celebración parecía el preludio de una actitud eclesial más firme frente a los habituales conculcadores del quinto mandamiento de la Ley de Dios. Fue un grito de moderado volumen, graduando el sonómetro con declaraciones contextuales capaces de dejar pensativos a los mejor pensados.

    La miseria de Eta, que acaba de asesinar a un cocinero militar porque no tenía nada más ruidoso a mano, convive en el País Vasco con una Iglesia pusilánime que invoca como criterio de autoridad sus propias maneras de expresarse, o sea, su propio estilo de decir sin decir del todo, que en el llamado Euskadi equivale a no decir nada que merezca la pena. Se fue Setién a la jubilación anticipada que tenía largamente merecida, pero quedó su impronta, su huella, el pentagrama de su ambigua y cobarde melodía para uso del orfeón episcopal.

ETA se desquita de sus últimos fracasos asesinando a un cocinero
El cuerpo de Ramón Díaz García, empleado de la Comandancia de Marina, quedó destrozado tras salir despedido hasta una altura de dos pisos por el efecto de una bomba lapa colocada bajo su automóvil en San Sebastián - La Ertzaintza dice que los terroristas han buscado una víctima fácil utilizando un artefacto muy bien preparado y muy potente para demostrar, tras sus reiterados fallos, que siguen siendo capaces de matar
OSCAR SUBIJANA El Mundo 27 Enero 2001

SAN SEBASTIAN.- ETA se desquitó ayer de sus últimos fracasos asesinando a un cocinero en San Sebastián. Ramón Díaz García, un civil que trabajaba en la Comandancia de Marina de San Sebastián, se convirtió en la primera víctima de este año al explotar una bomba lapa, adosada a los bajos de su coche, que causó también heridas leves a tres personas.

Una potente bomba, con un dispositivo bien preparado, según la Ertzaintza, destrozó su cuerpo, tras lanzarlo a una altura equivalente a un segundo piso.

El atentado ocurrió a las 7.40 horas en la calle Sierra de Aralar del barrio donostiarra de Loyola, cuando Ramón Díaz, de 51 años de edad, casado y padre de dos hijos, una chica de 24 y un chico de 17 años, cogió su coche, un Ford Orion de color blanco, para dirigirse a su trabajo, tras tomar café en un bar con unos amigos, como hacía todos los días.

Tras salir del bar Etxarri se encontró con que otro coche obstaculizaba su salida. Era el de otro cliente del establecimiento -conocido del fallecido- que apuraba su café para irse. En el momento en que quedó libre la parte trasera del coche, Ramón Díaz, afiliado a Comisiones Obreras, se montó en el vehículo, accionó el contacto, dio marcha atrás y al meter la primera para tomar la dirección hacia San Sebastián, la bomba colocada bajo el vehículo explotó.

Según precisó el departamento vasco de Interior, la bomba lapa era un artefacto compuesto por entre dos y cuatro kilos de dinamita. Las mismas fuentes indicaron que el cuerpo de la víctima salió despedido por el techo del coche y cayó al asfalto.

La fuerte explosión, que se escuchó en todo el barrio de Loyola, zonas próximas y hasta en barrios a tres kilómetros de distancia, causó heridas de carácter leve a tres personas que se encontraban en el lugar, que fueron trasladadas por los servicios sanitarios al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los heridos leves son un joven de 16 años, U.T.B., quien presentaba perforación del tímpano del oído derecho; un hombre de 40, R.A.V, que sufrió múltiples erosiones de carácter leve; y un varón de 59 años, E.R.G., a quien se le diagnosticó «hipoacusia con afectación timpánica por onda expansiva», informa Efe.

Fuentes del Hospital de Aránzazu indicaron que todos ellos fueron abandonando el centro sanitario a lo largo de la tarde de ayer. La explosión también causó daños en dos coches que circulaban por las inmediaciones.

El lugar del atentado, próximo al acuartelamiento militar de Loyola y a una pequeña zona de juegos infantiles junto al río Urumea, está a escasos 70 metros de la vivienda del fallecido, ubicada en el segundo piso del número 8 de la calle Sierra de Urbasa.

Testigo presencial
Un testigo presencial que compartió su café con el último que tomó Ramón Díaz no podía creerse lo que había pasado. «Ramón se estaba tomando un café como hacía todos los días en el bar Etxarri. Da la casualidad de que el día anterior había podido aparcar su coche frente al bar para poder salir rápido al día siguiente hacia el trabajo», argumenta José Luis, compañero del fallecido en la sociedad Loyolatarra.

«En el bar había 10 personas. A esta hora el establecimiento es muy frecuentado por repartidores y operarios de los distintos gremios que se toman algo antes del trabajo».

«Cuando Ramón terminó e iba hacia su coche le dije en broma: 'Ramón, anda vete a dar el café con leche a los soldaditos'. Se metió en el vehículo, echó marcha atrás y se escuchó la explosión. Una chica que estaba sentada en la primera mesa del bar gritó: '¡Ramón!', y todos salimos a la calle y nos dimos cuenta del desastre».

Según este testigo, la onda expansiva «tiró al suelo a Jesús, camarero del bar, que se golpeó contra la parte de atrás de la barra en la cabeza y en la muñeca derecha. A ninguno de nosotros, más que a Jesús, nos afectó la onda expansiva».

Dos furgones de grandes dimensiones aparcados en segunda fila hicieron de pantalla y evitaron que los destrozos fueran muy superiores y que algunas de las personas que transitaban por las cercanías en ese momento perdieran la vida. La onda expansiva afectó sobre todo a dos comercios, una farmacia y una droguería. Otro testigo precisó que el fallecido acudía únicamente unas horas por la mañana para preparar la comida en la Comandancia de Marina, aunque también tenía otros empleos, ya que en la temporada de sidrerías trabajaba en una de ellas.

Los servicios sanitarios y las patrullas de la Ertzaintza y policía municipal que se desplazaron al lugar encontraron el cuerpo ya sin vida de Ramón Díaz tendido en el suelo, por lo que evacuaron primero a dos heridos leves, y una hora más tarde a un tercero, de 59 años.

Ayer, la madre de Juan Ignacio Lago, que resultó mutilado por ETA el 10 de enero de 1991, señaló que Ramón Díaz, asesinado ayer por la banda terrorista, salvó a su hijo al atornillarle una pierna, y subrayó: «Hoy le ha tocado a él».

Varios concejales de San Sebastián, representantes del PP con su presidenta en Guipúzcoa, María San Gil, a la cabeza, del Partido Socialista y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, fueron las primeras autoridades en acudir al lugar.

El cuerpo del cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz, fue trasladado al Instituto Anatómico Forense del cementerio de Polloe de San Sebastián, después de que el juez decretara el levantamiento del cadáver.

El velatorio quedó instalado en el Tanatorio Donostialdea del barrio de Rekalde. En estas instalaciones permanecerá el cadáver de Díaz García hasta las 11.30 horas de hoy, hora a la que está previsto su traslado al cementerio de la cercana localidad de Hernani, donde recibirá sepultura.

Por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará el funeral, oficiado por el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, en la parroquia del Sagrado Corazón del barrio donostiarra de Loyola, en el que residía el fallecido.

«Comando Donosti»
El departamento vasco de Interior ha atribuido la acción al comando Donosti de ETA. El artefacto estaba «muy bien hecho», a diferencia de lo que ocurrió en los últimos atentados frustrados por diversos fallos en los artefactos, informaron a Efe fuentes de la investigación. La dinamita, tipo Tytadine, es de la robada en Francia durante la tregua.

Las mismas fuentes indicaron que los etarras del comando Donosti han buscado en esta ocasión un «objetivo fácil» tras los «fracasos» de las últimas acciones. A este mismo comando se le atribuyó también el último atentado frustrado, perpetrado el pasado miércoles en la localidad navarra de Zizur Mayor, al colocar también una bomba lapa bajo el vehículo del subteniente del Ejército José Díaz Pareja, que resultó ileso al fallar el mecanismo de activación del artefacto.

Según los portavoces de Interior del Gobierno vasco, los terroristas «han buscado un objetivo fácil de matar para solventar los fracasos que han tenido últimamente», al no estallarles los coches bomba y explosivos colocados tanto en Getxo como en Zarautz.

Ramón Díaz García es la segunda víctima de ETA con el mismo nombre. La organización terrorista asesinó a otro Ramón Díaz García, policía nacional, el 8 de diciembre de 1990 en Sabadell.

Tampoco es la primera vez que ETA atenta contra un cocinero. Ya acabó con la vida de un trabajador del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián, Albino Alfredo Machado Pirés, en julio de 1996 en San Sebastián, con el mismo método que empleó ayer: la colocación de una bomba lapa.

Escudos humanos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 27 Enero 2001

El cementerio donostiarra de Polloe, donde descansan los restos mortales de Gregorio Ordóñez, asesinado de un tiro en la nuca a los 36 años, está situado en lo alto de una colina. El pasado martes, sexto aniversario de su trágica muerte, la carretera que lleva al camposanto y cada rincón del mismo estaban literalmente tomados por las Fuerzas de Seguridad, ante la posibilidad más que real de que la tumba del concejal que tuvo el triste «honor» de encabezar la larga lista de víctimas «políticas» del terrorismo etarra en su segunda gran ofensiva histórica, se convirtiera también en el sepulcro de los compañeros que acudían a rendir homenaje a su memoria.

Rezar o simplemente llorar ante aquella lápida y lo que representa no era en absoluto parecido a hacerlo ante cualquier otra, pero para el Obispado de San Sebastián, que evidentemente no envió a nadie a orar en su nombre, Ordóñez fue un feligrés como cualquier otro y es hoy en día un difunto más de los que albergan sus registros, que no merece misa aparte. Para el Obispado de San Sebastián, igual que para el Gobierno vasco y para el PNV, curiosa coincidencia, la apariencia de normalidad, en una situación de absoluta anormalidad, es un empeño obsesivo.

Al Obispado de San Sebastián le gustaría que Ordóñez hubiera muerto en su cama, en lugar de hacerlo en La Cepa, en medio de un charco de sangre. También habría preferido que Ramón Díaz García expirara en cualquier otro lugar que no fueran los hierros retorcidos de su coche, volado con una bomba lapa. Las cosas, sin embargo, son como son y al no poder modificarlas, se adaptan los comportamientos: «Arrodillaos, haced los gestos y llegará la fe» decía Pascal, hoy emulado por buena parte del clero vasco, que se obstina en hablar de unidad y de igualdad en una sociedad profundamente dividida y crispada por la violencia, en la que una parte, precisamente, la que se niega a admitir la grave excepcionalidad de las circunstancias, disfruta de todos los derechos y comodidades, mientras la otra sufre, muere y padece un acoso indescriptible.

Ahora bien, la realidad es terca y siempre acaba imponiéndose a las consignas. Basta darse un paseo por San Sebastián con un cargo electo del PP o del PSOE para comprobar que, por mucho que se obstinen unos y otros en presentar a Euskadi como el mejor de los mundos posibles, o lo repitan los medios de comunicación que controla el PNV, ni Gregorio o Ramón son difuntos como cualesquiera otros, ni en el País Vasco rige un sistema democrático que ampare por igual las libertades colectivas, ni siquiera el sol brilla por igual para todos, ya que muchos se ven condenados a contemplarlo con la sombra permanente de la escolta que les acompaña. Por eso hace unos días Iturgaiz formulaba un llamamiento desesperado en Antena 3 y pedía a los nacionalistas «escudos humanos» para proteger a sus compañeros de los devastadores efectos de la dinamita etarra. Una vez más, en un alarde de coraje democrático y solidaridad, el PNV dio y sigue dando la callada por respuesta.

Hablando de escudos, aunque en este caso no precisamente humanos, el verdadero experto en la materia debe ser el ex presidente italiano Francesco Cossiga, recién galardonado con el premio «Amigo del pueblo vasco» que otorga la fundación Sabino Arana, implicado hasta el cuello en aquella oscura trama denominada Gladio que en los años 70 almacenaba clandestinamente armas y concebía planes paramilitares para derribar a un eventual gobierno comunista que pudiera ser elegido en las urnas. Ayer Corcuera y Vera; o sea, el GAL, y hoy Cossiga; es decir, Gladio. Verdaderamente Arzalluz se rodea de gentes muy recomendables. Sabido es que Dios los crea...

EL RUMOR
Pacto secreto

Acuerdo «peneuvista». En medios periodísticos se habla del pacto secreto suscrito la pasada Navidad entre el PNV y un poderoso grupo de comunicación con periódico, cadena de radio y proyectos televisivos. El acuerdo comprometería a los medios del grupo a no mostrarse beligerantes con el partidode Arzalluz durante la próxima campaña autonómica, a cambio de un trato favorable por parte del Gobierno de Vitoria en el reparto de televisiones locales vascas. Los primeros efectos del arreglo ya empiezan a notarse en las ondas...

LA NOTICIA
Marineros en tierra

Pesimismo pesquero. Tanto en Madrid como en Bruselas cala el pesimismo en lo referente al convenio pesquero pendiente con Marruecos. A falta de perspectivas de éxito y ante lo que en los pasillos se denomina falta de empuje del actual monarca Mohamed VI, que a diferencia de lo que tantas veces hiciera su padre no ha logrado dar un impulso definitivo al acuerdo, el Gobierno prepara ya un plan de reconversión de la flota, que en principio recolocaría a 1.300 pescadores en la mar, previa búsqueda de otros caladeros, y a 3.500 en tierra.

LA LLAMADA
Padrinos poderosos

Interés por Gusinski. A lo largo de las tres últimas semanas, al menos tres miembros del Gobierno español han recibido insistentes llamadas telefónicas de sus homólogos israelíes, del primer ministro de dicho país y de un altísimo cargo de la Administración Clinton, para «interesarse por la suerte», así se dice en lenguaje diplomático, del magnate de la comunicación ruso Vladimir Gusinski, reclamado por la Justicia de su país, detenido en España por orden de Garzón y pendiente de un proceso de extradición, que se encuentra en libertad condicional.

Anuladas todas las medidas que discriminan el castellano en la Universidad de Tarragona
El Tribunal Superior de Cataluña rechaza las normas que imponen el uso exclusivo del catalán
LALI CAMBRA, Tarragona El País  27 Enero 2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado 16 apartados del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona "por disponer el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen a la otra lengua oficial", el castellano. El tribunal ha fallado además a favor de la profesora de la URV Josefina Albert, que fue apartada de las pruebas de selectividad por haber entregado exámenes en castellano. El tribunal, sin embargo, ha rechazado plantear la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Política Lingüística.

El tribunal ha aceptado, en cambio, el recurso presentado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona contra la resolución de otro juez que suspendió cautelarmente la totalidad de las medidas para la regulación y fomento del uso del catalán. Los magistrados mantienen en este caso la suspensión cautelar en sólo tres artículos y no se pronuncia sobre el fondo.

A juicio de la Sección Quinta del citado tribunal, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Tarragona se quedó corto al anular nueve apartados del reglamento de la URV y amplía la medida a 16, de un total de 30, "por disponer el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen a la otra lengua oficial". Con esta sentencia, el tribunal resuelve el recurso interpuesto por las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Profesores para la Democracia, vinculadas al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. La URV anunció ayer que modificará el contenido del redactado y lo someterá a nueva aprobación en el próximo claustro del mes de mayo, aunque estudiará la presentación de un recurso de casación ante el Supremo.

Los magistrados parten de las resoluciones del Constitucional y del Supremo por las cuales "la imposición del uso de una de las lenguas oficiales, con exclusión de la otra, es disconforme con el ordenamiento jurídico". Siguiendo este precepto realiza un exhaustivo estudio del reglamento de la URV, que consta de siete artículos. La sentencia anula tres en casi su totalidad: los referidos a usos lingüísticos internos, los externos y las actividades académicas. En este último apartado se exigía acreditar un nivel suficiente de catalán como requisito para la contratación de nuevos docentes.

El alto tribunal considera que estos artículos "disponen del uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial. Se apartan de lo dispuesto en la Ley de Política Lingüística y de la doctrina constitucional y deben ser declarados nulos de pleno derecho".

Los jueces se muestran conformes con la sentencia de primera instancia que reprochaba el uso del término "dominio lingüístico catalán" para referirse a los territorios en los que el catalán es lengua oficial y recomienda el uso de "ámbito lingüístico catalán". El reglamento imponía que la correspondencia con instituciones de Valencia o Baleares fuera sólo en catalán. En la práctica, el alto tribunal cuestiona todos los artículos que "de forma imperativa" regulan el uso exclusivo del catalán y deja incólumes los referidos a programas informáticos, la denominación institucional de la URV y aquellos que contemplan la posibilidad de utilizar otras lenguas.

El fallo tampoco se opone al artículo segundo, que oficializa el catalán "como lengua propia de la URV y, como tal, de uso general y prioritario en todos los ámbitos". Una apostilla del redactado, en el que se alude al estatuto de autonomía, es lo que le salva, puesto que éste sí reconoce la cooficialidad de catalán y castellano. Aun así el tribunal alerta: "Será en las actuaciones que la URV desarrolle en la aplicación del reglamento, que, de darse excesos, se podrá, eventualmente, reaccionar contra ellos". Sobre la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Política Lingüística de 1998, el fallo indica que expresiones como "vehículo normal" y "normalmente se tendrá que utilizar el catalán" son las que garantizan la constitucionalidad de la ley pues no excluyen el castellano.

El "dominio lingüístico catalán"
L. C.
, Tarragona
Los preceptos anulados del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) incluían, entre otras cosas, que se debía redactar exclusivamente en catalán la rotulación interna y externa de todos los centros que dependen de la URV, todas las actuaciones internas de carácter administrativo y la documentación dirigida al alumnado y al público en general.

La documentación dirigida a otras universidades y a las administraciones públicas "del dominio lingüístico catalán" también debía ser en esta lengua. Este concepto se aplicaba también a las comunicaciones a los medios y a los residentes en el citado dominio lingüístico. Asimismo, en los actos públicos realizados dentro del dominio lingüístico catalán, los representantes institucionales de la URV debían expresarse en catalán, "excepto casos excepcionales".

Los concursos para la provisión de plazas docentes y de profesorado contratado debían prever la acreditación de un nivel de suficiencia en el conocimiento de la lengua catalana.

Esta acreditación se podría establecer "en el momento de la realización del concurso, o bien en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de toma de posesión en el caso del profesorado funcionario, o bien en el plazo de dos años a partir de la fecha de inicio del primer contrato en caso del profesorado contratado".

La Generalitat denuncia una campaña en su contra
EL PAÍS, Barcelona
El Gobierno de la Generalitat intentó ayer quitar hierro al varapalo recibido por la Universidad Rovira i Virgili. El consejero de Universidades e Investigación, Andreu Mas-Colell, restó importancia a la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, aunque acusó a "determinadas organizaciones que llevan los temas lingüísticos a los tribunales" de intentar "marginar el catalán". Mas-Colell denunció una campaña con "nombre y apellidos", refiriéndose a Vidal-Quadras.

La actitud del consejero, sin embargo, apuntó un pequeño giro respecto a su postura anterior, al reconocer que "puede ser mejor no reglamentar hasta los últimos aspectos una realidad tan compleja como la lingüística". Esquerra Republicana (ERC) calificó las sentencias de "incongruentes y politizadas".

Los socialistas adoptaron una postura más distante. La responsable de temas de educación del PSC, Montserrat Duch, reconoció que las sentencias "nos obligan a todos a un esfuerzo para hacer compatible el avance del uso social del catalán y el respeto a los derechos lingüísticos individuales". Desde la izquierda no socialista, el dirigente de IC-V, Rafael Ribó, lamentó que "una cuestión tan fundamental como es el derecho a normalizar la lengua catalana tenga que pasar por los tribunales". El PP valoró el fallo: "Recoge la normalidad que vive el país", dijo su portavoz, Dolors Nadal.

El TSJC anula el reglamento de uso del catalán en dos universidades por excluir al castellano
La Rovira, que presentará un recurso, no descarta modificar su normativa tras la sentencia
Los reglamentos de usos lingûísticos de Universidad Rovira i Virgili (URV) y de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) cuentan, desde ayer, con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que establece qué puntos de ambos reglamentos no se ajustan a la constitucionalidad por emplearse de manera abusiva el catalán por encima del castellano de forma habitual en la vida universitaria. Mientras en la URV se ha añadido la anulación de nuevos puntos del reglamento, en la UPF se ha procedido a levantar la suspensión cautelar del reglamento a excepción de cuatro únicos puntos.
Xiana Siccardi - Barcelona .- La Razón  27 Enero 2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado la nulidad de algunos de los artículos del Reglamento de Usos Lingûísticos de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona al considerar que vulneran la Ley de Política Lingûística y la Reforma Universitaria. Algunos puntos de el reglamento en esta materia de esta facultad ya fue estudiado por un juzgado de Tarragona que estableció que algunos artículos del Reglamento de Usos Lingûísticos de esta facultad no se ajustaban a derecho por excluir el castellano en la vida universitaria e imponer el catalán.

    Después de que este juzgado estableciera que distintos puntos de algunos artículos eran anticonstitucionales, por lo que debían ser suspendidos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha añadido dos puntos a esta lista que también deben quedar anulados por excluir el castellano e imponer el catalán. Ambos recursos, el del TSJC y el del Juzgado de Tarragona, han sido recurridos por la asociación Convivencia Cívica Catalana, presidida por el eurodiputado del Partido Popular, Aleix Vidal-Quadras, y la Asociación Profesores por la Democracia ya que advirtieron que en esta facultad había una clara marginación del castellano.

    El TSJC reconoce la autonomía universitaria para elaborar su propio reglamento lingûístico, siempre y cuando se atienda «a las determinaciones de la Ley que regule la materia sobre la que versen», según figura en la sentencia, en este caso la Ley del Catalán de 1998 y la de Reforma Universitaria de 1983.

    El TSJC ha añadido a los puntos de los artículos del Reglamento de Usos Lingûísticos ya suspendidos por el juzgado de Tarragona durante el mes de junio del año pasado gran parte de los artículos 4 y 5 del reglamento que otorgan el uso del catalán «de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial, y se apartan» de la Ley del catalán en la rotulación de las dependencias universitarias.En relación con el reglamento de la URV, el TSJC ha decidido anular los apartados 1 y 4 del artículo 4, los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del artículo 5 y los apartados 6 y 7 del artículo 6, lo que se suma a la anulación ya decretada por el juez de Tarragona de otros dos apartados del citado artículo 5.

    Los ocho apartados del artículo 5 se refieren a los usos lingûísticos externos y establecen, por ejemplo, que la documentación dirigida al alumnado y al público en general se redactará en catalán, lengua que también se utilizará en los actos públicos «dentro del dominio lingûístico catalán y salvo casos excepcionales.

    Por su parte, el artículo 6, en sus apartados 6 y 7, fijan que toda la documentación administrativa y la académica de carácter institucional «debe ser en catalán». El TSJC entiende que el reglamento de la universidad tarraconense, en los citados puntos, es «excluyente» de forma «clara y manifiesta» de la lengua castellana pues, según decían los demandantes, «disponen el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial», el castellano.

Acreditación
El TSJC también ha anulado tres apartados del artículo 6 al considerar que establecen «condiciones de acceso a la función pública docente» ya que exigen la «acreditación del conocimiento del catalán en los términos que determine la Junta de Gobierno y establecer condiciones en la contratación de profesores», favoreciendo a los que conocen el catalán, cuando estas condiciones deben recogerse en los Estatutos, por lo que el TSJC habla de «una vulneración del principio de jerarquía informativa». También se declaran nulos los apartados del citado artículo que «imponen el uso exclusivo del catalán en la documentación administrativa de gestión académica y de carácter institucional».

    Sobre esta resolución no se ha hecho esperar la respuesta de la Universitat Rovira i Virgili, que estudia presentar recurso ante el Tribunal Supremo previa consulta con la Generalitat. Por otra parte el vicerrector de la facultad, Antoni Pigrau, explicó que la URV está comenzando a retocar algunos de los artículos que han sido objetos de las sentencias modificándolos para adaptarlos a las exigencias de los tribunales.

    Por su parte, tanto el Partido Socialista de Cataluña como el PP se mostraron a favor de las sentencias. Así, la secretaria de Educación del PSC, Montserrat Duch, señaló que «defendemos que la normalización se ha de basar en el consenso social y no en lógicas imperativas.

    La portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cataluña, Dolors Nadal, aseguró que desde el PP la sentencia «responde a la realidad bilingûe del país». Afirmó que su partido se muestra «a favor del impulso de la lengua catalana siempre que no suponga la discriminación» del castellano. Apuntó que el grupo parlamentario ya presentó una propuesta para que «respetando la autonomía universitaria, se reconocieran las dos lenguas en todos los ámbitos».
    

La Justicia obliga a dos universidades catalanas a utilizar también el castellano
La Justicia condena a dos universidades por discriminar el uso del castellano
El «conseller» Mas-Colell pide rótulos bilingües en la Capitanía General
MONTSE MARTINEZ El Mundo   27 Enero 2001

BARCELONA.- Varapalo judicial al reglamento lingüístico de dos universidades catalanas, la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó ayer dos sentencias en las que anula varios artículos de ambos reglamentos porque «excluyen» a la lengua castellana en favor del catalán.

De esta manera, los magistrados de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC satisfacen la demanda de la Asociación Profesores para la Democracia y de la Asociación Convivencia Cívica Catalana, esta última encabezada por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.

Sin embargo, el Tribunal Superior ha rechazado la pretensión de las asociaciones en el sentido de plantear la posible inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Política Lingüística de Cataluña; concretamente, los que regulan el uso del catalán en la enseñanza y en las relaciones entre la Generalitat y las otras administraciones públicas presentes en Cataluña.

La reacción de los responsables de las universidades aludidas se dirigió en un mismo sentido: minimizar los efectos de la decisión judicial.

El conseller de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, reaccionó de forma muy contundente: «En la universidad catalana, si alguna lengua está amenazada, y no digo que lo esté, es el catalán. Ciertamente, no es el castellano».

Esa decisión judicial provocó ayer duras reacciones del consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

Uno de los artículos que queda anulado porque «excluye» a la lengua castellana es el que reza: «La rotulación interna y externa de las dependencias de la universidad se hará en catalán».

Mas-Colell se refirió, de forma individualizada, a esta disposición al asegurar que «les recomendaría que empezaran -la rotulación en dos idiomas- por la Capitanía General».


Estudiar recursos
M.M.

BARCELONA.- La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona manifestó ayer su predisposición a modificar los artículos de su reglamento de usos lingüísticos anulados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El vicerrector de la URV, Antoni Pigrau, anunció ayer que, junto a la Generalitat, estudiarán la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC. Sin embargo, en este sentido, fuentes del más alto tribunal catalán explicaron ayer que la resolución es firme y, por lo tanto, no puede ser recurrida.

Sobre la posibilidad de modificar el reglamento de usos lingüísticos en aquellos apartados anulados, Antoni Pigrau comentó que las posibles rectificaciones a introducir en la redacción del reglamento se estudiarían en la reunión del claustro de la URV que se celebrará en mayo.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, por su parte, minimizó el alcance de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y señaló que tan sólo afecta a los artículos 4,7, 16 y 19 de su reglamento, por lo que el alcance de las medidas cautelares «ha quedado reducido de de forma extraordinaria y significativa».

El TSJC anula los reglamentos de uso del catalán en dos universidades por ser "excluyentes con el castellano"
El tribunal considera que mantener la vigencia de los artículos "comporta un perjuicio, al idioma, de difícil reparación lo que justifica su suspensión"
Barcelona La Estrella Digital   27 Enero 2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los principales artículos del reglamento de uso del catalán de la universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y ha suspendido la vigencia de los aspectos más destacados del reglamento lingüístico de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). El tribunal entiende que los reglamento de la universidad tarraconense, en los citados puntos, son "excluyentes" de forma "clara y manifiesta" de la lengua castellana.

Pese a ello, el TSJC ha rechazado la pretensión de los recurrentes, Profesores para la Democracia y Convivencia Cívica Catalana (CCC), de plantear cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 9.1, 20 y 10.1 y 10.2 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, que regulan el uso del catalán en los ámbitos de la enseñanza, la redacción de documentos y las relaciones entre la Generalitat y otras administraciones establecidas en Cataluña.

La Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dictado sendas sentencias, en respuesta a dos recursos diferentes, en las que da parcialmente la razón a la asociación Profesores para la Democracia y a CCC, plataforma impulsada por el eurodiputado del PP Aleix Vidal Quadras, según el texto de las resoluciones.

"Los preceptos son excluyentes porque imponen el uso
institucional de una de las dos lenguas cooficiales
excluyendo la utilización de la otra"

Fuentes del Tribunal que ha dictado ambas sentencias han afirmado a que son firmes pues no cabe la presentación de más recursos contra las resoluciones. Uno de los recursos fue presentado ante el TSJC por ambas asociaciones contra la sentencia del juzgado contencioso administrativo 1 de Tarragona, que anuló sólo dos apartados del artículo 5 del reglamento de la URV, que dan prioridad del uso del catalán en los actos públicos universitarios y los contratos, convenios, escrituras y otros documentos suscritos por la universidad.

El otro recurso fue presentado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona contra la decisión de otro juez contencioso de la ciudad, quien decidió en junio del 2000 suspender cautelarmente su reglamento de uso del catalán, también a petición de Profesores para la Democracia. En relación con el reglamento de la URV, el TSJC ha decidido anular los apartados 1 y 4 del artículo 4, los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del artículo 5 y los apartados 6 y 7 del artículo 6, lo que se suma a la anulación ya decretada por el juez de Tarragona de otros dos apartados del citado artículo 5.

Usos lingüísticos internos
Los puntos 4.1 y 4.2 hacen referencia a los usos lingüísticos internos de la norma en el seno de la URV y establecen el uso del catalán en la rotulación y las actuaciones internas de carácter administrativo. Los ocho apartados del artículo 5 se refieren a los usos lingüísticos externos y establecen, por ejemplo, que la documentación dirigida al alumnado y al público en general se redactará en catalán, lengua que también se utilizará en los actos públicos "dentro del dominio lingüístico catalán y salvo casos excepcionales".
   

Por su parte, el artículo 6, en sus apartados 6 y 7, fijan que toda la documentación administrativa y la académica de carácter institucional "debe ser en catalán". El TSJC entiende que el reglamento de la universidad tarraconense, en los citados puntos, es "excluyente" de forma "clara y manifiesta" de la lengua castellana pues, según decían los demandantes, "disponen el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial", el castellano.

No obstante, el tribunal proclama la legalidad del resto del reglamento del catalán de la URV, avala la jerarquía de la universidad para autoregularse con reglamentos como éste y desestima presentar cuestión de inconstitucionalidad de la ley del catalán, aprobada por el Parlament en 1998, por entender que persigue la igualdad de uso del catalán. Por lo que respecta al reglamento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el TSJC anula parte del artículo 4.2, el artículo 7,parte del apartado 4 del artículo 16 y primer apartado del artículo 29.

Regulación del uso del catalán
El artículo 4.2, en su inciso final, dice que el profesorado que ocupa cargos académicos debe utilizar el catalán. El artículo 7 señala que los estatutos, normas, acuerdos y resoluciones del rectorado del UPF y sus órganos se publicarán en catalán. El artículo 16.4 se refiere a la rotulación en catalán de las dependencias de la Universidad mientras que el 29.1 regula el uso del catalán en los centros vinculados a la UPF.

La sentencia indica que estos preceptos "contienen mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano parece claro y manifiesto y van en contra de lo establecido en la Ley 1/1998 de Política Lingüística (...), porque imponen el uso institucional de una de las dos lenguas cooficiales excluyendo la utilización de la otra". El TSJC considera que mantener la vigencia de los citados artículos del reglamento de la UPF "comporta un perjuicio de difícil reparación que justifica su suspensión".

Los ciudadanos se echan a la calle para gritar «Eta, no»
HB se manifestará hoy por la «soberanía»
Asociaciones de víctimas, instituciones, partidos y sindicatos han convocado varias manifestaciones hoy para mostrar su rechazo al terrorismo. Ayer, miles de ciudadanos secundaron en toda España concentraciones silenciosas en repulsa por el asesinato del cocinero Ramón Díaz García.
E. Mejuto/ Redacción - Bilbao/ Madrid .- La Razón  27 Enero 2001

La Plataforma Libertad -integrada por la Asociación Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, el Foro El Salvador, el Movimiento contra la Intolerancia y la Asociación por la Tolerancia de Cataluña- convocó ayer concentraciones que se celebrarán esta tarde, a las ocho, en todas las capitales españolas «ante el criminal asesinato nazi del trabajador de la Comandancia de Marina, Ramón Díaz García».

    En el País Vasco la Plataforma Libertad se sumará a la manifestación convocada a la misma hora en San Sebastián, que podría coincidir con otra de HB, solicitada con anterioridad, bajo el lema «Soberanía es paz», ante lo que las autoridades están tomando especiales medidas de seguridad para evitar incidentes. En Vitoria y Bilbao se realizarán concentraciones a dicha hora en las plazas de Correos y de Moyúa, respectivamente.

    El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, condenó ayer «rotundamente» el atentado y pidió participación a los ciudadanos. El diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, convocó una concentración silenciosa al mediodía en la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián que duró quince minutos. Los ciudadanos salieron a la calle de nuevo por la tarde, convocados por el Ayuntamiento, en una manifestación bajo el lema «ETA no, paz y libertad».

    La Ararteko (Defensora del Pueblo vasca), Merche Agúndez, condenó de forma «enérgica» el asesinato y pidió «la unidad de todos contra el terrorismo». El secretario general de EA, Gorka Knûrr, calificó de «crimen horrible» el asesinato.
    El Movimiento contra la Intolerancia también convocó ayer por la tarde, en la Puerta del Sol de Madrid, una concentración contra el terrorismo. En San Sebastián, los ciudadanos salieron a la calle convocados por el Ayuntamiento, en una manifestación bajo el lema «ETA no, paz y libertad».

Clamor unánime
Ayer, en Madrid, parlamentarios y trabajadores del Congreso y el Senado guardaron un minuto de silencio. Mientras, miles de ciudadanos respondieron al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias para que participasen en distintas concentraciones ante los ayuntamientos y asambleas autonómicas de toda España. En el llamamiento también se apelaba a que las corporaciones locales celebrasen plenos extraordinarios de condena por el atentado.

    En Navarra, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento participaron en una concentración silenciosa y el Ayuntamiento de Pamplona convocó para hoy un pleno extraordinario y una concentración silenciosa. En Castilla y León, todas las provincias secundaron manifestaciones, especialmente en Salamanca, donde nació Ramón Díaz García, que celebró una concentración de repulsa en la Plaza Mayor.

    Cientos de personas se concentraron frente a la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. También se produjeron concentraciones frente a la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y las sedes institucionales del Gobierno vasco. En Galicia, todas las capitales de provincia celebraron concentraciones silenciosas y el Ayuntamiento de Santiago hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se manifiesten hoy al mediodía en la Plaza del Obradoiro.

    En Castilla-La Mancha, entre los centenares de personas que se concentraron en las principales poblaciones de la región, se encontraban los cocineros y estudiantes de la Escuela de Hostelería de Toledo, que quisieron solidarizarse con la familia del asesinado y honrar su «respeto y memoria».

    El Ayuntamiento de Valencia celebró un pleno extraordinario mientras que medio centenar de personas guardaron cinco minutos de silencio en su puerta.
    En Aragón, diputados y trabajadores del Parlamento guardaron un minuto de silencio. También los extremeños se concentraron ante los ayuntamientos de las principales ciudades, aunque en Cáceres la manifestación está prevista hoy.

    En Andalucía, Murcia, Asturias, La Rioja, Palma de Mallorca, Canarias y Ceuta, también se llevaron a cabo distintas concentraciones.
    El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hizo un llamamiento a la sociedad «para demostrar que los ciudadanos no se acostumbran a este goteo macabro de muertes». Unidad Alavesa pidió «la unidad de todos contra Eta, sin fisuras y sin cuartel». El Bloque Nacionalista Gallego insistió en que la unidad de los demócratas «es la única forma de poner fin a esta lacra».

    CCOO pidió eficacia y coordinación a los cuerpos de seguridad «ya sean dependientes del Gobierno vasco o del central». UGT insistió en que todos los demócratas «sigan sumándose al pacto antiterrorista».
    El sindicato ELA suspendió una manifestación prevista ayer junto a LAB, según su portavoz Germán Kortabarría, porque «hay cosas que ayudan a la unidad de acción sindical y hechos que no ayudan».

El asesino y su víctima
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo  27 Enero 2001

Estos días hemos tenido un debate inmoral y servil en torno a la condición de las víctimas. Algunos han reclamado con insistencia la igualdad de todas las víctimas, usurpando de forma ruin las virtudes de los mejores. La concesión infame de una medalla ha zanjado de forma brutal y definitiva la polémica. Se ha publicado su foto: esa cara borrosa e inexpresiva, esa insinuación de sonrisa autocomplaciente no presagia tanto horror oculto. Y, sin embargo, al mirarle fijamente unos segundos consciente de su impotencia en la actualidad, su lado oscuro, su conciencia negra se impone: la fotografía se transforma, y poco a poco un cuadro de Munch -‘El grito’- lo cubre todo. También yo tengo que taparme los oídos para apagar tanto grito de desesperanza y soledad abandonada en las salas de tortura. Definitivamente no. No todas las víctimas son iguales.

Lo único que comparten las víctimas es el asesino. Lo que siempre es igual es ese pequeño fogonazo que arranca la vida y la conciencia. Los asesinados son personas únicas e individuales, que frente al asesinato político, objetivo, reclaman con mucha mayor fuerza su individualidad, su propia conciencia. La bala, siempre igual, mata vidas diferentes. El equiparar de forma objetiva todas las víctimas resulta la forma más perversa de sembrar los argumentos que puedan justificar el asesinato político. Frente a la víctima del asesinato político sólo nos queda denunciar al asesino y reivindicar el yo individual del asesinado, negado por el asesino, al convertirlo en objetivo político.

Me parece pertinente recalcar este extremo hoy que la violencia terrorista está consiguiendo, al parecer, un doble objetivo: el asesinato de las personas y su negación. Desaparecen a una velocidad vertiginosa, casi obscena, las personas, las vidas individuales de los asesinados. Ni de sus nombres nos acordamos. Sólo vuelven como números y estadísticas, perdida ya su identidad, anulando de esta forma su sacrificio personal, individual y único. Yo les reivindico uno a uno, con sus nombres y sus vidas. Y, a algunos, les reivindico con más fuerza porque han hecho más, han sufrido más, para que en su comunidad haya libertad para todos.Es necesario diferenciar las vidas individuales de las víctimas de la voluntad del asesino. Sólo así podremos sin reservas, sin exclusiones, condenar con igual fuerza todo disparo que mata a una persona, condenar al asesino que quiere imponer su voluntad a los demás.

Sólo de esta forma puedo yo denunciar y condenar las amenazas que ETA está vertiendo en la actualidad a algunos periodistas y tertulianos que, olvidando toda honestidad, convirtiéndose en bufones del Poder, avivan los más peligros fuegos en la sociedad y pretenden por todos los medios dar cobertura moral a su pluma alquilada con su actitud de guerra a ETA.

Estamos llegando a situaciones de confusión total, de perversión absoluta. El terrorismo no sólo ataca la libertad, sino que, además, dejamos que decida quién es demócrata, quién defiende la libertad. Los terroristas jamás habían soñado con tener tal capacidad de perversión social.

Decir «yo estoy en contra de ETA, por tanto defiendo la libertad» es falso. Falso y muy peligroso porque esta afirmación crea espacios de impunidad -que está creando en la aplicación del derecho y en el uso de la libertad de expresión- para las personas y grupos que pretenden evadir el control político y social de sus actos. He leído, con pavor, cómo una periodista aplaudía con ardor el cese fulminante, político, del director de Telemadrid, y cómo defendía en la siguiente frase la impunidad de los responsables del programa y del periodista que elaboró la información.

El terrorismo es una enfermedad que todo lo invade, es una niebla que se incrusta en los resquicios más pequeños condicionando, manipulando -a veces de forma sutil- los comportamientos de todos. Me acuerdo de la denuncia de Adam Michnik a los tribunales de la Alemania unificada. Decía que la mayor perversión era utilizar los papeles de la Stasi, esa policía política manipuladora, para demostrar la inocencia o culpabilidad de los reos.

Algo de eso nos está pasando a nosotros. A ETA la estamos convirtiendo en juez de la conducta moral de unos y otros. A ‘sensu’ contrario quiero citar una frase inmoral y cruel, que hace dejación de todo análisis crítico, repetida hasta la saciedad entre nosotros -se sigue oyendo por desgracia- y que es pronunciada por personas sin libertad moral, justo cuando se apagaba el eco del disparo asesino: «Algo habrá hecho».

Es necesario recuperar lo básico. Tenemos que tener valor y poner la raya, claramente. En un lado estamos los que defendemos la libertad, la vida. El derecho a ser distintos. Los que proclamamos que cada persona puede construir su propia vida, su propia libertad. En el otro lado están los demás. No importa su color: blanco, amarillo o azul.

Yo estoy en contra de ETA porque defiendo la libertad, porque ETA mata la libertad. Los enemigos de mis enemigos no son mis amigos. Mis amigos son los que defienden la libertad.

Cuando esta locura irracional termine, que sin duda terminará antes de lo que pensamos pero con más sufrimiento del esperado, emularé la escena de una película polaca de culto. Pondré en fila pequeños vasos de cristal polaco y los iré llenando de vodka. Invocaré, después, uno a uno a los muertos más queridos: Ernest Lluch, Jauregi, López De La Calle, Korta, X, X, y también X, a los que el estruendo de las bombas y los telediarios irán poniendo nombre. Iniciaré entonces una ceremonia de agradecimiento por su valor y sacrificio. Daré fuego a cada copa para que esa breve llama avive su recuerdo entre nosotros, y el último vaso lo beberé en homenaje a todos los que aún tienen ojeras de tanto insomnio y las rodillas doloridas de ahuyentar el miedo mirando debajo de su coche.

Un País Vasco asfixiante
MARIA SAN GIL El Mundo  27 Enero 2001

Sólo habían pasado unas horas desde que abandoné desolada el hogar de Ramón Díaz. Había visto tanto dolor y sufrimiento que apenas podía articular palabra. Pensaba que si los terroristas hubieran presenciado aquella terrible escena de una familia rota, probablemente dejarían de inundar de dolor esta tierra. Pero pronto supe que aquello era una utopía, que el terrorismo de ETA sólo busca imponernos su particular sistema totalitario y que tiene en el miedo su principal instrumento. El miedo a ETA a lo largo de su macabra existencia ha limitado y mutilado la libertad en nuestra tierra.

Por un lado está ese dolor inmenso, humano, por la pérdida de un ser como Ramón, a quien una banda de asesinos decidió terminar con su vida sin explicación alguna. Al dolor del asesinato de ETA, al que jamás nos acostumbraremos, hay que añadir la desazón, nunca comparable, que producen las palabras de un lehendakari que sigue anclado en la equidistancia. Sus palabras, apenas unas horas después del asesinato de Ramón Díaz, reclamando la unidad de todos los políticos, me parecen de un cinismo sin igual. ¡Cómo si todos entráramos en el mismo saco! ¡Qué gran intención y hermosa voluntad la de un lehendakari (repetitivo hasta la saciedad y el aburrimiento) que entiende por unidad estar a bien con los partidos democráticos y al mismo tiempo con el brazo político de ETA! ¿Hasta dónde llega la desfachatez de Ibarretxe, incapaz de variar el rumbo de desesperanza que marca la vida de un País Vasco asfixiante? Para ser demócrata en el País Vasco no basta con estar contra ETA. Faltaría más; es imprescindible el inequívoco apoyo al Estado de Derecho.

Su paz, la paz del nacionalismo, la paz de la Iglesia, la paz de una sociedad amedrentada, suena más a retroceso hacia la bandera blanca que a compromiso concreto con las libertades cívicas. Sin embargo, la paz auténtica sólo se produce y subsiste cuando está basada en el respeto de la justicia para con los hombres, individual y colectivamente considerados. La violencia sólo se supera cuando prevalecen los principios democráticos de dignidad, igualdad de derechos y deberes, justicia y respeto mutuo de los hombres. En ese sentido, la paz y la libertad son indisolubles, cualquiera que sea el principio pisoteado.

Sentirse libre del miedo, sin amenaza a la seguridad personal ni intromisión a la intimidad, forma parte inseparable de la paz y de la libertad. Y ésas son carencias esenciales de un País Vasco asfixiante, cuya sociedad padece hoy un sufrimiento sin igual gracias a la tutela que ejerce una banda de asesinos con los que el Gobierno vasco comparte estrategia política. Baste con presenciar en Euskadi la ausencia de estos dos principios fundamentales.

Algunos dirán que me paso cuatro pueblos afirmando que en el País Vasco carecemos de esos derechos esenciales, pero basta con comprobar a pie de calle cómo viven hoy los electos no nacionalistas, los profesores de bachillerato y los universitarios, los periodistas disidentes del régimen, los empresarios, los comerciantes y los ciudadanos que se atreven a expresar opiniones opuestas al llamado MLNV, para cerciorarse del clima asfixiante que se vive en nuestra tierra, de la falta absoluta -y lo digo bien claro-, de democracia.

María San Gil es presidenta del PP de Guipúzcoa y portavoz popular en el Ayuntamiento de San Sebastián.

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