AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 2 Febrero  2001
#Ciudadanos contra el miedo
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 2 Febrero 2001

#Por duro que suene
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  2 Febrero 2001

#El Manifiesto
Carlos DÁVILA ABC  2 Febrero 2001

#La última batalla del Ebro
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Febrero 2001

#El Plan Hidrológico y los reinos de taifas
Lorenzo Contreras La Estrella  2 Febrero 2001

#Profecía
ERASMO El Mundo   2 Febrero 2001

#Cuerda y Guevara, del PNV, relanzan el sector crítico a Arzallus y se solidarizan con «Basta ya»
E. Mejuto - Bilbao .- La Razón    2 Febrero 2001

#¡Basta Ya! extiende sus actividades a Vitoria con concentraciones mensuales
Vitoria  EL PAÍS  2 Febrero 2001

#Las dos caras de Pujol
Ignacio Villa Libertad Digital   2 Febrero 2001

#Consideraciones sobre el déficit democrático
GABRIEL JACKSON El País 2 Febrero 2001  

#RAFAEL LAPESA : El ser y el devenir de la lengua
IRENE LOZANO El Mundo 2 Febrero 2001  


Ciudadanos contra el miedo
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 2 Febrero 2001

En las localidades vascas de menos de veinte mil habitantes «la libertad ha sido sencillamente suprimida», ha dicho el profesor universitario vasco Carlos Martínez Gorriarán en la presentación en Álava de la iniciativa ciudadana ¡Basta ya! En efecto, la mezcla reiterada de muerte y miedo durante años ha creado en el País Vasco un estilo de vida, una forma de comportarse ante uno mismo y ante los demás. Atenazados por el miedo, compañero inevitable de la muerte, y con la sensación de que hay un ojo que todo lo ve, muchos vascos han decidido hacerse invisibles como ciudadanos: van a trabajar, están con la familia, comen con los amigos, van al monte o a la playa, salen los fines de semana, pero jamás hablan de la cosa, prefieren no sacar a colación ‘el tema’ y si lo hacen otros o bien guardan silencio o asienten a las burradas que pueda decir el más bruto de la cuadrilla que, ese sí, no tiene que mirar a su alrededor para vociferar su único pensamiento, ni tiene que bajar el tono de voz para jalear a los que matan.

Han sido muchos años de silencio, de pensar que el problema sólo les salpicaba a los otros, de creer que nunca les tocaría a ellos, de decir mecánicamente aquello de que «como en el País Vasco no se vive en ninguna parte» mientras cada vez eran más las calles marcadas por la sangre, que por eso ahora resulta un trabajo ciclópeo restablecer lo obvio. Esa clausura durante muchos años y en tantos vascos de la cualidad de ciudadanos -seres que piensan por sí mismos, que se expresan sin miedo ante los problemas que les rodean, que exigen sus derechos- ha hecho costra en muchas sensibilidades hasta crear una subcultura de la supervivencia: si no me meto en líos no me matan, porque sólo matan a los que se salen del patrón impuesto por los que matan. Haga como yo, dicen que decía el dictador Franco, no se meta en política y no le pasara nada.

En ese clima silencioso y silenciado, los terroristas han gozado de un plus, de una dosis de comprensión que ha impedido ver la brutal realidad de sus actos, que ha anestesiado los mecanismos humanos de la solidaridad y que ha convertido a las víctimas en doblemente apestadas. Ahora hay un cierto escándalo en algunos porque esos silencios se van rompiendo. Cada vez hay más gente que ya no se calla y que deja clara cual es su opinión en el trabajo, en la familia o en la calle. Los que matan siguen siendo igual de indeseables, pero ahora son más los vascos que les expresan su rechazo. Antes se mataba y las víctimas apenas protestaban; ahora siguen matando, pero se va superando el miedo que acompaña a la muerte.

Algunos, más cómodos con la sumisión anterior, llaman a esto enfrentamiento civil, cuando en propiedad deberíamos hablar de insurrección ciudadana, pacífica, frente a la dictadura del miedo que durante tantos años les ha salido gratis a los oficinistas de la muerte. Se dice ahora que existe una fractura social, pero deberíamos hablar del comienzo de una desobediencia civil, del despliegue de una insumisión cívica y pacifica que sólo con la palabra está poniendo en un brete a los que no atienden a los argumentos convencidos de que la muerte es suficiente para combatir el pensamiento.

En este clima de empezar a sacudirse el miedo no es casual que nacionalistas tan significados como el alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, y el ex diputado foral de Álava, Emilio Guevara, hayan hecho público su apoyo a la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!. Dos personas sin las cuales no se puede estudiar la historia del nacionalismo en Álava forman parte de una iniciativa ciudadana que esta sirviendo de referencia para decenas de miles de ciudadanos, que está dando a las víctimas el amparo que algunas instituciones les han negado. Gestos como estos demuestran que ha llegado la hora de ser ciudadanos, de decir lo que se piensa, cada uno en su ámbito, cada uno en su gremio, en voz alta, para que lo que es evidente empiece a percibirse cada vez por más vascos que recuperaran así su condición de ciudadanos, clausurada por la dictadura del miedo.

Por duro que suene
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  2 Febrero 2001  

Cuando un modesto agricultor, una señora de la limpieza, un guarda de aparcamiento o un cartero han de desarrollar sus tareas cotidianas escoltados por dos guardias civiles, ertzainas o policías nacionales, se ha llegado al fondo de un pozo oscuro de irracionalidad y de angustia. En el País Vasco los silencios están cargados de atemorizada elocuencia, determinados comentarios a los periodistas se hacen bajo la exigencia temblorosa de anonimato y muchos ciudadanos circulan por calles y caseríos sin mirar a los lados, sin escuchar nada que no sea su propio vacío interior, con la conciencia anestesiada, con la dignidad irremisiblemente perdida.

    El Partido Nacionalista Vasco puede estar orgulloso de los brillantes resultados de sus veinte años ininterrumpidos de gobierno: centenares de inocentes vilmente asesinados, una juventud cargada de odio entregada a la destrucción, un pueblo escindido en dos por un hacha ensangrentada, miles de exilados que han huido de la bomba, la pistola o la extorsión, ingentes inversiones perdidas, una atmósfera irrespirable sucia de miedo, de cobardía y de rencor acumulado, un futuro que se curva sobre si mismo como un animal herido, y una capa gélida de amargura cubriendo los tres territorios históricos, desprovistos de esperanza y transidos del dolor de tantas muertes inútiles.

    La última barbaridad de Arzalluz instruyendo a Eta para que no pierda tiempo y dinamita con pobres panaderos y se concentre en militares, policías, ministros, diputados, fiscales y jueces, ha causado gran escándalo y se ha clamado que podría ser constitutiva de delito. Estamos sin duda ante un hecho penalmente perseguible, pero eso no es novedad porque toda la trayectoria del líder secesionista es una ristra de fechorías a cual más repugnante. Aquí lo que interesa comprender y asumir es que la distinción entre nacionalismo vasco democrático y nacionalismo vasco violento hace tiempo que ha dejado de tener sentido. Xabier Arzalluz, en su demencia iluminada, ha arrastrado a su centenaria formación por la senda fangosa del deshonor envileciéndola con pactos nefandos con la peor ralea de matarifes a sueldo del mundo occidental. Es difícil que un proyecto colectivo caiga más bajo de lo que ha caído el PNV, aunque en el terreno de la felonía el tronante exclaustrado merece un amplio margen de confianza. Los militantes, simpatizantes y votantes de la organización aranista han de ser conscientes de que ya no pertenecen, ni apoyan ni votan a una formación presentable. Su carismático gurú ha conseguido con perseverante empeño transformar unas siglas respetadas y añejas en un foco de fascismo agresivo. Un partido que acepta la colaboración de una banda terrorista, a la vez que su máximo dirigente la anima a centrar su siniestra labor en los servidores del Estado constitucional, ha perdido cualquier asomo de vitola democrática. Por duro que suene, nacionalismo vasco es hoy sin distinciones sinónimo de amenaza totalitaria.

El Manifiesto
Por Carlos DÁVILA ABC  2 Febrero 2001

Podría escribir del Plan Hidrológico Nacional y del patético espectáculo de un PSOE dividido que insulta a los propios hijos (Bono e Ibarra) llamándolos «trincones» (se dejaron sobornar por el Gobierno) o «memos» (no se enteraron —Narbona, dixit— de lo que votaron). Podría recoger la impresión generalizada de que en junio habrá elecciones en el País Vasco, después de que dos amigos de ETA, Arzalluz y Egibar, hayan dado su aprobación al apreciado monaguillo Ibarretxe. Podría también referirme a la pena que causan los jueces vascos que han negado su sede al Foro de Ermua. Y ya que de jueces hablamos, podría escandalizarme con la designación del jubilado García Ancos para el Tribunal de las escuchas del Cesid. Ancos es juez y parte; implicado como estuvo al lado de Serra. La cosa mueve o a la desesperación o a la risa.

Dicho esto, lo que motiva los siguientes párrafos es el Manifiesto «contra la opresión de ETA» que han firmado más de 2.000 profesores de la Universidad del País Vasco. El texto es incluso cauto, pero vale como denuncia de una situación tan extravagante que admite que el rector sea el único del mundo que se protege con escolta, que soporta que los alumnos de ETA amedrenten a sus examinadores para que no se les ocurra suspenderlos, que aguanta, enjuto, que los profesores de EH impartan los contenidos claramente subversivos, o que los estudiantes del mismo brebaje terrorista adviertan a sus maestros «que no queremos religiones extrañas, queremos saber las del País Vasco».

El caso es insólito pero esperanzador. Por esto: porque dirige la Universidad un catedrático no nacionalista que intenta trabajar como si nada pasara, a pesar de que hace un año ocurrió lo más importante: que él fue elegido. Es una experiencia «in vitro» de lo que puede suceder en las próximas elecciones vascas. En este país lo anormal reside en algo que hasta ahora se ha dado por supuesto: que el nacionalismo se tiene que llevar todos los cocidos. La Universidad Vasca demuestra que no.

La última batalla del Ebro
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Febrero 2001

Los nacionalismos se montan así. Como lo está haciendo el PSOE en Aragón. Los Estados se rompen con batallas como la que está dando el PSOE en Aragón. Y, por cierto, no hay mejor forma de liquidar lo que queda de la izquierda que mantener estas posiciones provincianas, de taifas, insolidarias, irracionales. La posición de los socialistas aragoneses es un atentado contra todos los supuestos más respetables que distinguieron en otros tiempos a la izquierda.

El PSOE aragonés, por otra parte, no está haciendo nada que deba sorprendernos. Está comprometido en la lucha contra todo lo que pretende ser «nacional». Contra todo lo que puede ser vertebrador. Contra toda política que pueda identificar España con solidaridad. ¿Un plan «nacional» del agua? No siga, me opongo. ¿Nacional dice? Luego reaccionario, simplemente facha.

Pero el PSOE aragonés no está sólo. Le cubre estratégicamente la dirección que preside Zapatero y que sigue a pies juntillas la línea que marcó, en su día, Felipe González; al poder a través de la fragmentación de España. Es la tentación más peligrosa del Estado autonómico: los objetivos deberán ser radicalmente «territoriales». La armonización de todos ellos corresponderá al partido/Estado, articulador de los egoísmos autonómicos. Éste será quien tenga la clave del puzzle, del asimetrismo federal o del confederalismo.

Con esta batalla los socialistas aragoneses entran de lleno en la estrategia que vienen planteando Maragall, Pérez Touriño, Odón Elorza... y que llevará al autonomismo a la fase suprema del federalismo. Todos ellos, con Zapatero a la cabeza, están convencidos de que será la única forma de desplazar a la derecha «nacional», al fachismo residual, al españolismo. Con los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos harán los acuerdos que sean necesarios como corresponde a una España «plurinacional» en estos momentos supraestatales y globalizadores. La oposición frontal al Plan Hidrológico Nacional es la ocasión única para afirmarse en el cantonalismo progresista, para definir al «pueblo» aragonés o mallorquín o andaluz frente a la entelequia española y españolista... Esto es lo que piensa el presidente Iglesias y sus compañeros de partido e incluso gentes que votaban hasta ahora al PP. En esta locura están metidos él y su partido. Y por esa razón, Zapatero ha dado un repaso a José Bono y a Rodríguez Ibarra, tipos obsoletos, antiguos, la parte atrasada del socialismo. Pero tanto el uno como el otro tendrán que atenerse a la disciplina del partido el día que llegue el debate al Parlamento. Entonces, el Partido Socialista en bloque votará en contra del trasvase del Ebro.

Así piensan los socialistas acerca del Plan Hidrológico y también de todas las políticas que tengan pretensiones «nacionales», esto es, centralistas o sencillamente españolas.

Sin embargo, aunque la penosísima batalla que están dando los socialistas de Aragón se atiene a la fórmula que en otras regiones ha dado como resultado el nacimiento de movimientos nacionalistas, aquí, en este caso, en Aragón, no producirá sino frustración. De momento el PSOE sacará muchos votos, tantos como desprestigio a largo plazo. La hazaña quedará para la historia. Pero una cosa puede asegurarse. De aquí no saldrá ningún tipo de nacionalismo aragonés.

Aquí falta el ropaje ideológico que justificó el nacionalismo vasco (Dios, los fueros y el etnicismo sabiniano) o el nacionalismo catalán (aranceles más tardo-romanticismo y unas gotas de Almirall y Prat de la Riba). Ninguna de las canciones esténtoreas de Labordeta podrá tener la misma eficacia que «Els segadors». Ya es tarde. Sólo queda la farsa. Aquí el victimismo está desamparado y hasta los mitos están en contra. Para construir en Aragón un movimiento nacionalista habría que poner a Agustina al lado de los franceses.

El Plan Hidrológico y los reinos de taifas
Lorenzo Contreras La Estrella  2 Febrero 2001

La aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por el Consejo Nacional del Agua ha dado lugar a una votación dividida en la que se ha puesto de manifiesto la disparidad de intereses que caracteriza a la España de las autonomías. Esta disparidad de fondo siempre existió en razón a la propia diversidad de sus regiones, hoy constituidas en comunidades autónomas. Pero nunca hasta ahora se experimentó tan vivamente el sentido de lo propio en un planteamiento geoeconómico que abarca a numerosas comunidades. El agua del Ebro, que nace en Cantabria pero riega fundamentalmente a Aragón, es en este comienzo de siglo un factor de discordia de primera categoría.

Es importante saber que Aragón, Asturias, Andalucía y Baleares se han opuesto al proyecto y que sorprendentemente Castilla-La Mancha y Extremadura han votado a favor, rompiendo la unidad de actitud de los socialistas. Lo que vaya a ocurrir al final, cuando llegue el día de las decisiones, pertenece a la disciplina de partido. Pero eso no evita considerar lo que la configuración autonómica de España determina cuando –como es el caso presente– las llamadas "patrias chicas" funcionan. Y algo más que esas minúsculas patrias si se tiene en cuenta que determinados amores no se miden en afectos, sino en votos, de tal manera que cuando los políticos se rompen la cara por lo suyo, nunca mejor empleada la palabra "suyo" si el vocablo significa poder.

Antes de que se abordara el Plan Hidrológico en términos de decisión y no de mera polémica, este reino de Taifas que empieza a ser España ha sabido resolver eficientemente y con rapidez la comunicación por Tren de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Valencia, pasando por La Mancha (Albacete, Cuenca). Entiéndase que esto se ha resuelto sobre el papel, pero con armonía de intereses entre tres políticos: Alberto Ruiz-Gallardón, Eduardo Zaplana y José Bono. Es decir, tres presidentes de comunidad autónoma, cada uno de ellos caracterizado por la profundidad de sus ambiciones. Tres escorpiones en una botella y no se han matado en la discusión del trazado ferroviario. Era lo principal.

Ya veremos si se da la misma armonía cuando haya que decidir sobre trazados futuros del AVE. De momento, volviendo al Plan Hidrológico, valga decir que no habrá tanta placidez o armonía. Las comunicaciones son cosa muy seria, pero el agua lo es más. No se trata de pasar un ferrocarril por esta o aquella ciudad o territorio o paisaje, sino de repartir un bien disminuyendo el caudal del que más tenía y hacerlo en beneficio de los que más lo necesitaban. Ahora, después, de tantos años de resignación o conformidad, descubren los aragoneses que tienen proyectos propios y andan escasos de agua para atenderlos.

El Gobierno va camino de imponer su Plan Hidrológico aplicando el punto 22 del artículo 149 de la Constitución, según el cual "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma" le corresponde al Estado como competencia exclusiva. El matiz polémico puede surgir a la luz del artículo 148 de la propia Constitución, cuyo punto décimo establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en "los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma".

Éstos son los miembros legales para confeccionar el Plan. Los miembros básicos. No todos. Ya vendrán las complicaciones para desafiar un precepto constitucional no menos básico, concretamente el que establece que la Constitución "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Solidaridad. He aquí el concepto clave.

Profecía
ERASMO El Mundo   2 Febrero 2001

Ay de Arzalluz, que en su dubitativa cavilación, sólo recordó, cuando ya era tarde, el inconmensurable augurio del bardo euskaldún Barutx Ursubi: cuando se eclipse y desvanezca el rostro lívido de Illargui (Luz de los muertos, La Luna) no perturbarás el reposo eterno de los sepulcros. Mas tras la bomba en el camposanto de quienes quisieron matar a los muertos, la suerte quedó echada.

Cuerda y Guevara, del PNV, relanzan el sector crítico a Arzallus y se solidarizan con «Basta ya»
El movimiento encabezado por Savater se constituyó en Vitoria para «reaccionar» contra el miedo
La iniciativa ciudadana «Basta ya» se constituyó en la mañana de ayer en Vitoria con una primera incorporación de sesenta personas del mundo de la cultura, la universidad y la política. Entre algunos de sus miembros destacan el ex alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda; el ex diputado general de Álava y miembro del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Guevara; el socialista Mario Onaindia; y el «popular» Carlos Urquijo. Como dijo su editor, Ernesto Santaolalla, la plataforma nace por la necesidad de «reaccionar» ante el miedo pudiendo expresar opiniones disidentes.
E. Mejuto - Bilbao .- La Razón    2 Febrero 2001

En la mañana de ayer se dio a conocer la constitución formal de la inciativa ciudadana «Basta ya» en la capital alavesa. Este colectivo, nacido el año pasado, ha tenido hasta ahora una presencia limitada a Guipúzcoa y su capital, San Sebastián, ciudad en donde organizaron dos manifestaciones y donde se celebra una concentración silenciosa todos los primeros jueves de cada mes.    

Concentraciones
«Basta ya» nace en Vitoria con la voluntad de coordinar sus actividades con el colectivo guipuzcoano por lo que ayer, primer jueves de mes, organizó su primera concentración en la Plaza Correos a las ocho de la tarde. Como es habitual, el motivo del acto fue denunciar el terrorismo, las amenazas y las extorsiones que padecen los ciudadanos vascos, así como solidarizarse con las víctimas de la violencia.

    La iniciativa ciudadana de Vitoria cuenta, de partida, con el apoyo de sesenta personas del mundo de la cultura, la universidad y la política, según informó ayer el editor Ernesto Santaolalla, portavoz del colectivo. Entre los miembros de esta plataforma figuran, entre otros, el ex alcalde de la ciudad, José Ángel Cuerda; el ex diputado general de Álava y afiliado crítico al PNV, Emilio Guevara; el ex senador socialista Mario Onaindia; y el dirigente del PP vasco Carlos Urquijo.

    En su intervención, Enrique Santaolalla se encargó de precisar las razones que han llevado al surgimiento de esta iniciativa que, según dijo, nace ante «una necesidad de reaccionar» ante la «presencia del miedo en el cuerpo a poder trasladar opiniones que realmente sean disidentes».

    Santaolalla explicó que la posibilidad de dar forma a una iniciativa de estas características en la provincia de Álava surgió en la presentación del libro de Cristina Cuesta «Contra el olvido» en Vitoria y que, tras unos meses, representantes de formaciones políticas y de distintos ámbitos sociales han optado finalmente por ponerla en marcha.
    «Basta ya» de Álava surgió de una iniciativa alrededor de una necesidad -aseguró- la coincidencia en pasar al ataque en un mundo que cada vez se nos está quedando más estrecho, que cada vez nos cohíbe más y cuando cada vez empiezas a encontrar en ti mismo fórmulas de expresión que no puedes exteriorizar», dijo.   
    Santaolalla destacó que «estamos hablando de la presencia del miedo en nosotros mismos y de la necesidad de reaccionar» ya que, tal y como afirmó, «he venido descubriendo que había cosas que me tenía que frenar en decir y que, comparativamente, durante el franquismo no me las callaba». Así, señaló que este «descubrimiento personal» se extiende a muchos ciudadanos, al manifestar que «he comprobado con muchos amigos que realmente tienen el miedo en el cuerpo, miedo a poder trasladar opiniones que realmente sean disidentes».

    Por su parte, el profesor de la Universidad del País Vasco Carlos Martínez Gorriarán, uno de los fundadores de «Basta ya» de Guipúzcoa, respaldó con su presencia el nacimiento de la iniciativa alavesa que ha reunido a personas que coinciden en los principios de «Basta ya»: la exigencia de la disolución de Eta sin contrapartidas políticas; el apoyo al Estado de Derecho; y el apoyo a las víctimas del terrorismo.    

Libertad de expresión
Martínez Gorriarán, que definió la plataforma como un «una corriente de opinión política, pero apartidista», hizo hincapié en que no es casualidad que este grupo no cuente con representación en pueblos del País Vasco, ya que, «en las ciudades más grandes la posibilidad de libertad personal y de convivencia social son mayores que en los pueblos que los que se ha constituido una trama fascista de control de la población». Así, explicó que «en pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa es imposible manifestar en público las ideas porque inmediatamente se trasluce en la expulsión de esas personas del pueblo».

¡Basta Ya! extiende sus actividades a Vitoria con concentraciones mensuales
Vitoria  EL PAÍS  2 Febrero 2001

La plataforma ciudadana ¡Basta Ya! inició ayer su actividad en Vitoria con una concentración que repetirá los primeros jueves de cada mes, como hace en San Sebastián. Al llamamiento en la Plaza de Correos acudió cerca de un centenar de personas. El presidente del PSE-EE en Álava, Mario Onaindia, y el parlamentario popular Carlos Urquijo sostenían entre otros la pancarta. No hubo presencia nacionalista.

El editor Ernesto Santolaya explicó su compromiso con la plataforma en el "descubrimiento personal" de estar frenando por miedo la expresión de ciertas ideas. El portavoz de la agrupación, Carlos Martínez Gorriarán, reivindicó el carácter político aunque "apartidista" de la plataforma, ya que el terrorismo requiere un tratamiento político desde la democracia y el Estado de derecho en busca de la derrota de ETA.

Gorriarán contrapuso este planteamiento a los "discursos melifluos" que atribuyó a obispos y movimientos pacifistas. ¡Basta Ya!, afirmó, se define por el activismo, en el convencimiento de que "como ante el franquismo, lo esencial es la movilización ciudadana".

Las dos caras de Pujol
Por Ignacio Villa Libertad Digital 
  2 Febrero 2001

Jordi Pujol ha reaparecido en Madrid tras una larga ausencia. Y en esta ocasión ha estado acompañado de su sucesor, Artur Mas. No deja de ser curioso que sea Madrid el lugar escogido para ofrecer, los dos, la primera rueda de prensa conjunta desde que Mas desempeña el puesto de “consejero jefe”.

Pujol, lo anunció hace tiempo, se encuentra en sus cuarteles de invierno. Aceptó con resignación la mayoría absoluta del PP y sabe que, antes o después, se le pedirá ayuda en el Congreso como apoyo para un Ejecutivo sin mayoría absoluta. Han perdido la influencia pero no renuncian a ella en el futuro.

En esta ocasión, nos hemos encontrado a un Pujol con dos caras. Por un lado el de la reivindicación tradicional: en Madrid se margina a los nacionalismos catalán y vasco. Por otro lado el de la negociación: este año es clave para la financiación autonómica y con la mayoría absoluta del PP no hay motivo para los ataques públicos y determinantes. El mejor aliado es la prudencia, aunque sea pasajera.

En este contexto Pujol, mantiene una línea de distancia con el Gobierno. Evita la cercanía. No hay prevista una entrevista con José María Aznar. Transmite un mensaje: nos llevamos bien, pero lo hacemos desde lejos.

Pujol reconoce su dependencia del PP en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, no va a desaprovechar el importante capítulo de financiación autonómica. En definitiva, es el doble rostro de un político que prepara ya la sucesión.

El momento que atraviesa la política catalana es muy distinto al de los últimos años. Es una etapa de reivindicación, pero dentro de unos límites. Se acabaron, por el momento, aquellos tiempos en los que desde Moncloa, cada mañana, se miraba hacia Cataluña. Ahora cada uno se dedica a lo suyo. No sabemos por cuanto tiempo.

Consideraciones sobre el déficit democrático
GABRIEL JACKSON El País 2 Febrero 2001  

España acaba de celebrar los 25 años transcurridos desde la muerte del dictador, el general Franco, y los comienzos de lo que felizmente se ha convertido en el primer régimen democrático estable de toda su historia. Como sabe cualquiera que haya leído mis artículos en las últimas dos décadas, frecuentemente he celebrado esa gran transformación, se tratara o no de conmemorar el quinto, el décimo, el vigésimo o el vigesimoquinto aniversario. Pero también, desde finales de los ochenta hasta hoy, y especialmente en los últimos años, me ha parecido que había grandes deficiencias en la conducta de los gobiernos españoles que antes o después podrían llegar a minar el considerable progreso conseguido en la década siguiente a la muerte de Franco.

Dado que hoy en día prácticamente todos los gobiernos y partidos se llaman a sí mismos democráticos (un gran tributo al prestigio mundial de ese ideal), comenzaré definiendo lo que yo entiendo por democracia en un Estado contemporáneo y económicamente desarrollado. Un gobierno democrático, sea cual sea su particular estructura judicial y burocrática, asume de buen grado las siguientes responsabilidades:

1) Libertad personal y política total para sus ciudadanos; cosas como elecciones libres y periódicas, con un cómputo honrado de los votos; libertad total de discurso, publicación y expresión en todos los medios audiovisuales; justicia rápida, sin cohecho o tortura, en tribunales cuyos procedimientos son transparentes; y control civil de las fuerzas militares.

2) Una economía con normas de procedimiento conocidas y cuentas transparentes tanto en el sector público como en el privado.

3) Mantenimiento de las instituciones básicas del Estado del bienestar: asistencia sanitaria, educación, prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación.

4) Atención respetuosa al equilibrio constitucional entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En el caso de España, ha habido al menos otros tres importantes cometidos que añadir a la lista:

1) Encontrar una solución de consenso a la relación política entre el País Vasco y la monarquía constitucional, y al terrorismo, que desde el principio ha sido la única gran amenaza para el futuro democrático de España en su conjunto.

2) Descentralización de la administración y establecimiento de una relación de consenso con las nacionalidades periféricas, las autonomías y los municipios.

3) Una solución práctica y humanitaria para la inmigración a gran escala, un fenómeno completamente nuevo en la experiencia española moderna.

A mí me parece que los gobiernos parlamentarios desde 1977 tienen un expediente bastante bueno en materias como la libertad política, el control civil, las modestas, aunque no plenamente satisfactorias, mejoras en el comportamiento policial, la sanidad pública y la educación elemental; y también en el reconocimiento de la diversidad nacional/cultural de España y en el avance hacia la descentralización. Todo esto ha creado una justificada confianza en el empeño democrático de un pueblo que, con la excepción de los cinco cortos años de la Segunda República, ha estado sometido durante todo su pasado a gobiernos aristocráticos y frecuentemente autoritarios.

Permítanme ahora pasar a los principales defectos de los gobiernos posteriores a Franco, más o menos por orden de aparición. A partir de 1978 quedó ya claro que ETA había dejado de ser fundamentalmente antifranquista y que se oponía a la España democrática tanto como a la España dictatorial. La reticencia de los nacionalistas vascos a condenar a ETA y la reticencia del gobierno francés a tratarla como una organización terrorista condujo a los gobiernos de UCD y posteriormente a los del PSOE a utilizar a policías corruptos y asesinos a sueldo en una guerra sucia diseñada para eliminar a los terroristas. Como sucede en todos los países capitalistas democráticos, y España no es una excepción, los delitos de un gobierno de izquierdas reciben mucha más publicidad que los de la derecha o el centro, y por lo tanto el terrorismo estatal, que fue aproximadamente el mismo en la época de UCD que en la del PSOE, se ha atribuido abrumadoramente al PSOE.

Un segundo defecto importante es el no haber conseguido desarrollar una economía realmente competitiva y transparente en el sector privado. En realidad, en España existe lo que en reuniones de Singapur, Malaisia, Indonesia o Corea se ha denominado indulgentemente "capitalismo de amiguetes". El PSOE tenía muy pocas personas con los conocimientos y las conexiones familiares suficientes para influir en el sector privado. Cometieron muchos errores nombrando a personas que, dependiendo del caso, resultaron ser o bien incompetentes, o bien hábiles o patosos ladrones de guante blanco. Los gobiernos de CiU en Cataluña y del PP en Madrid y diversas autonomías han producido más escándalos financieros de los que uno podría enumerar en un artículo corto, pero el denominador común es el "amiguismo", la constante interconexión entre las amistades personales y familiares, y la distribución de recursos económicos públicos o privados del área en cuestión como si fueran propiedad incuestionable de una oligarquía patrocinada por el gobierno. En el escándalo del lino y respecto a los problemas de salud presentados por las vacas locas, el gobierno restó importancia a la realidad de ambos problemas hasta que la UE lo llamó al orden. La transparencia y la integridad no parecen tener papel alguno a la hora de abordar las cuestiones económicas y sus implicaciones.

Un tercer problema ha sido la constante tendencia del ejecutivo a dominar al legislativo, y más recientemente, también al poder judicial. Ninguna de las legislaturas desde 1978 han disfrutado el tipo de debate vivo y constructivo tan normal en los parlamentos de Europa del Norte y en el británico. Todos hemos oído hablar del "rodillo" socialista de los ochenta, pero no era nada comparado con el comportamiento que últimamente ha tenido el PP. Cuando el entonces recién elegido líder de la oposición socialista, José Borrell, hizo las preguntas pertinentes al Presidente, en la emisora que yo escuchaba sonó como si un grupo de fanáticos del fútbol hubiesen invadido las Cortes, pero resultó que eran simplemente los diputados del PP. El primer gobierno del PP también intentó destruir a los principales medios de noticias independientes, EL PAÍS y Canal Plus, con una serie de acusaciones carentes por completo de fundamento. Afortunadamente, los tribunales rechazaron esas acusaciones sin valor. Pero el gobierno se había asegurado los servicios de un juez que posteriormente fue condenado por prevaricación continuada en la causa, y el mismo gobierno ha ejercido su derecho de indulto a dicho juez e intentado invalidar la decisión judicial restaurándolo de nuevo en la carrera judicial.

Un problema similar ha surgido a raíz de la reciente sentencia judicial que establece que el gobierno del PP no tenía derecho en 1997 a negar a los funcionarios las subidas salariales que formaban parte de un acuerdo de cuatro años firmado por el gobierno de González. Las cuestiones jurídicas se pueden interpretar de formas diferentes, pero lo que está más claro que el agua es que el gobierno anunció que simplemente no cumpliría el acuerdo ni negociaría uno nuevo en aquel momento. Cuatro años más tarde están intentando encontrar jueces que confirmen su manera de actuar totalmente arbitraria.

Respecto a la inmigración, el gobierno se ha visto abrumado por problemas para los que no estaba preparado. Algo que muy bien le podría haber causado problemas a un gobierno del PSOE. Hemos sabido, desgraciadamente, que un amplio porcentaje de los españoles son racistas, no principalmente contra los negros, como en Estados Unidos, sino contra los gitanos, los norteafricanos y los "sudacas". Pero la economía española necesita a los inmigrantes. El PP no creó las necesidades económicas ni el racismo. Pero ciertamente ha empeorado el problema al utilizar su mayoría absoluta y la revisión de la Ley de inmigración del año 2000 para reducir los derechos y las oportunidades de los inmigrantes. En la actual crisis relativa a los ecuatorianos indocumentados, no hay explicación racional para la insistencia en que los inmigrantes regresen a su país de origen para obtener visados válidos, en lugar de solucionar el problema a través de la embajada ecuatoriana en Madrid.

Volviendo al más grave de todos los problemas políticos, la cuestión vasca, el gobierno ha optado por denostar al PNV, o a lo mejor es psicológicamente incapaz de hacer otra cosa. Pero independientemente de lo mucho que le enfurezcan a uno los asesinatos de ETA, e independientemente de lo mucho que el PP o el PNV recelen (con razones plausibles) de los motivos del otro, no puede haber solución política sin unas negociaciones largas, intensas y honestas que abarquen a todos los partidos existentes que se han comprometido a utilizar medios no violentos. Los motivos y las quejas tendrán que ser discutidos a fondo, cara a cara, como parte del proceso de negociación. Y el comienzo de ese proceso se ha hecho mucho más difícil por la reciente acción de condecorar a un torturador franquista, Melitón Manzanas, en cumplimiento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. El gobierno puede afirmar que tenía que conceder la condecoración porque Manzanas fue de hecho asesinado por ETA. Pero como apuntó Marc Carrillo en un artículo reciente (La condecoración ignora la Constitución, EL PAÍS, 25 enero), el Art. 15 establece que la tortura es absolutamente inadmisible, y el honrar a alguien de quien se sabe que ha sido torturador atenta contra la Constitución que el gobierno afirma estar defendiendo.

Las conclusiones que yo saco de los hechos de los que he dado una pequeña muestra en las líneas precedentes, son que España disfruta ahora de completa libertad política y personal (si dejamos aparte al aterrorizado País Vasco), que tiene una Constitución excelente que cuenta con un amplio apoyo, y que mantendrá y muy probablemente mejorará las características básicas de su Estado del bienestar y la devolución de competencias a las autonomías y los ayuntamientos. Cuando los socialistas estuvieron en el poder hubo poco debate parlamentario significativo y mucha corrupción. Con el PP en el poder ha habido esfuerzos concertados, aunque afortunadamente sin éxito, para destruir la prensa libre, esfuerzos concertados y en gran medida con éxito para esconder sus propios casos de corrupción, un esfuerzo concertado por situar la economía en manos de una oligarquía al tiempo que se habla de "competencia", y un esfuerzo concertado por reducir las competencias de los poderes legislativo y judicial. La economía oligarca, y los esfuerzos para concentrar toda la autoridad real en manos del ejecutivo, constituyen peligrosas deficiencias de la democracia actual.   Gabriel Jackson es historiador.

RAFAEL LAPESA : El ser y el devenir de la lengua
IRENE LOZANO El Mundo 2 Febrero 2001  

En el asediado Madrid de 1937, empezó Rafael Lapesa, que ha fallecido ayer a los 92 años, a escribir la Historia de la lengua española, la más importante y completa que se ha publicado sobre nuestra lengua. Además de ser el más relevante historiador del español, desempeñó un papel clave en la continuidad de los estudios filológicos tras la diáspora intelectual que siguió a la Guerra Civil.

A sus 29 años, el joven discípulo de Ramón Menéndez Pidal, se hallaba entregado con entusiasmo al rastreo de datos sobre la historia del español, en solitario, con las papeletas etimológicas por toda tecnología y con el espíritu que dejó plasmado en la introducción: «En medio de la contienda fratricida se me brindaba la ocasión de hacer algo por la España de todos». Por esa España de todos, que en él despertaba un hondo patriotismo, interrumpió su trabajo unos meses después, en la primavera de 1938, cuando se le movilizó y, debido a su miopía, se le destinó a la alfabetización de soldados republicanos, «un quehacer inolvidable como experiencia humana», según sus palabras.

La Historia de la Lengua de Lapesa se publicó finalmente en 1942, prologada por Menéndez Pidal, y se convirtió enseguida en un libro de referencia. Era la primera vez que se abordaba de forma sistemática y exhaustiva la evolución del español y ha seguido siendo durante décadas, gracias a las revisiones constantes que realizaba el autor, el mejor compendio de lo que Lapesa llamaba «el mensaje que se guarda en el ser y el devenir de la lengua». La editorial Escélicer, por su parte, se guardó gran parte de lo que debería haberle pagado por los derechos de autor, algo que Lapesa sólo supo años después, cuando la empresa quebró. En los 80 Gredos la puso nuevamente en circulación, y desde entonces ha tenido nueve ediciones e innumerables reimpresiones.

Nacido en Valencia en 1908, Rafael Lapesa se trasladó de niño a Madrid, ciudad de cuya universidad salió doctorado con tan sólo 23 años. Además de escribir su tesis sobre El dialecto asturiano occidental en la Edad Media, en esos años colaboró con Menéndez Pidal en la confección de un glosario para Los orígenes del español. En los años 30 ya era catedrático del Instituto Calderón de la Barca de Madrid, donde también enseñaba Antonio Machado. Pero lo que marcó su destino a partir del fin de la Guerra Civil fue su trabajo en el Centro de Estudios Históricos, creado por la República para fomentar la investigación científica, en la estela de la Institución Libre de Enseñanza.

Prácticamente todos los intelectuales vinculados al Centro tuvieron que abandonar España al concluir la guerra: Américo Castro, del que Lapesa fue discípulo directo, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Tomás Navarro Tomás... Sólo se quedaron Dámaso Alonso y un joven Rafael Lapesa sin adscripción política, pero que tuvo que pagar con la depuración su relación con aquella empresa cultural de corte liberal, cuyo principio rector no era hacer política, sino promover la excelencia académica.

Paradójicamente, el delator que facilitó incontables purgas en el ámbito universitario de la inmediata posguerra, Joaquín Entrambasaguas, fue el mismo que salvó a Lapesa de un castigo mayor, aduciendo que era de derechas y católico. Le enajenaron su cátedra de Madrid y le destinaron, primero a Oviedo y luego a Salamanca. Lapesa siempre sostuvo: «De derechas nunca he sido, pero católico sí».

Su talante liberal y su firmeza de principios le acarrearon casi una década de ostracismo académico. En Salamanca fue profesor, entre otros, de Carmen Martín Gaite, hasta que las autoridades franquistas declararon «vacante por abandono», la cátedra de Historia de la Lengua de la Universidad de Madrid que había ocupado Américo Castro. Lapesa se negaba a opositar al puesto que había ocupado su maestro, entonces en el exilio. Tuvo que ser el propio Castro el que le hiciera desistir por carta de aquel gesto casi épico de honestidad, invocando la necesidad de «soldar las dos Españas».

Finalmente opositó y ganó la cátedra, que ejerció hasta 1978, conjugándola con la docencia esporádica en numerosas universidades extranjeras, sobre todo norteamericanas, como Princeton o Berkeley. Pudo quedarse en alguna de ellas, pero antepuso el compromiso que él entendía debe tener todo intelectual con el desarrollo de su país y prefirió dejar en las aulas españolas su simiente. Lapesa fue, desde Madrid, la conexión del exilio filológico, y la prolongación de su forma de concebir el rigor académico y la moral pública.

De las dificultades de su trabajo da cuenta el hecho de que no se le permitiera acceder a los materiales lexicográficos depositados en el Centro de Estudios Históricos, reconvertido en Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dominado entonces por investigadores conservadores bajo la égida del Opus Dei. Ni siquiera a partir de su integración en el Seminario de Lexicografía de la Academia, en 1947, se levantó aquel veto.

En España escribió las más de 300 obras que conforman su legado intelectual. Entre las más destacables figuran el Diccionario histórico de la lengua española o el Glosario del español primitivo, que la Academia ha anunciado publicará próximamente. Su entrega fundamental fue a la lengua, pero también publicó estudios literarios sobre Garcilaso o su celebrado De Berceo a Jorge Guillén.

En 1950 fue elegido miembro de la Academia de la lengua, de la cual era hasta ayer el decano y ocupó el sillón k. A glosar esta letra dedicó sus últimos esfuerzos, para el libro Al pie de la letra. Geografía fantástica del alfabeto español.

Lapesa, convencido de que la docencia es tan importante como la investigación, se entregó a ambas tareas, pero si tenía que detraer tiempo a una de las dos, sus alumnos eran lo primero. Corregía los exámenes exhaustivamente, y estaba siempre disponible para los estudiantes: muchos de ellos, ilustres profesores de Historia de la Lengua en distintas universidades hoy.

Hasta protector fue de la integridad física de muchos de ellos en los primeros 70, cuando la policía franquista tenía por costumbre entrar en las facultades. Lapesa se llevaba a sus estudiantes al Seminario de Lingüística, para ponerlos a salvo de apaleamientos y detenciones.

No obstante, algún agente hubo que se instruyó con él: a finales de los 60 se prohibió una conferencia de Lapesa sobre algo tan escasamente subversivo como Los determinativos en español. Finalmente pudo pronunciarla, aunque sólo con presencia de policías en la sala.

Su entrega a los alumnos le robó el tiempo que hubiera necesitado para culminar una Sintaxis Histórica que deja inacabada. Pero también le absorbió un singular compromiso: al morir Amado Alonso, en 1952, entregó a Lapesa una maleta llena de materiales para escribir la Historia Fonética del Español y le hizo prometer que la publicaría. Con ese ruego y esa maleta, Lapesa logró alumbrar dos volúmenes de la obra que concibió Alonso y aún conservaba en su casa documentos para un tercero.

En 1964 se le nombró secretario perpetuo de la Academia. Pero Lapesa prefería el estudio al protocolo: en 1971 dimitió para dedicarse por entero al Diccionario Histórico de la Academia. Fue director interino en 1987 -al año siguiente de haber recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras-, pero sólo ocupó el cargo un año.

Nombrado miembro de la Academia de la Historia, Lapesa retrasó su discurso de ingreso 14 años, entregado como estaba al cuidado de su esposa enferma. Leyó Crisis históricas y crisis de la lengua española en 1996, ya viudo. Poco después enfermó.

Rafael Lapesa Melgar, historiador de la lengua y académico, nació el 8 de febrero de 1908 en Valencia y ha muerto el 1 de febrero del 2001 en Madrid tras una larga enfermedad.



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