AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 15  Marzo  2001
#Gil-Robles acusa al Gobierno vasco de no proteger los derechos ciudadanos
El Mundo 15 Marzo 2001

#Elecciones vascas
Juan Alberto Belloch La Razón El Mundo 15 Marzo 2001

#Estellados
Enrique de Diego Libertad Digital  15 Marzo 2001

#“Vasquitis”
Amando de Miguel Libertad Digital  15 Marzo 2001

#El carné de los nuestros
Guillermo Dupuy Libertad Digital  15 Marzo 2001

#Maketos merodeando por el baile
PATXO UNZUETA El País 15 Marzo 2001

#La Iglesia vasca levanta el destierro al jesuita que criticó a Setién y lo manda a Tudela
M. R. Iglesias - Madrid .- La Razón 15 Marzo 2001

#Informe del señor Álvaro Gil-Robles, Comisario de Derechos Humanos, sobre su viaje a España y en particular al País Vasco (5-8 de febrero de 2001) para el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria.

#Evaluar si los profesores de la Universidad saben valenciano es legal
NEUS CABALLER | Valencia El País  15 Marzo 2001

Gil-Robles acusa al Gobierno vasco de no proteger los derechos ciudadanos
El Mundo 15 Marzo 2001

Denuncia en su informe el «funcionamiento anormal» de la Ertzaintza

MADRID.- El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, sostiene en el informe que ha realizado sobre la situación del País Vasco que el Gobierno presidido por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, es el principal responsable de la desprotección de los derechos ciudadanos que sufren, especialmente, los no nacionalistas.

La lectura del extenso documento de casi 30 folios, que ha elevado al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria de la UE, revela que Gil-Robles también denuncia la pasividad de la Ertzaintza en la persecución de la violencia callejera -la llamada kale borroka- y la utilización «excluyente y agresiva» de la educación y de los medios de comunicación controlados por Ajuria Enea.

En su informe, del que da cuenta El País en su edición de hoy, sostiene, además, que el voto a favor de los partidos políticos constitucionalistas «se ha vuelto especialmente arriesgado en las pequeñas aglomeraciones donde los nacionalistas radicales controlan las alcaldía», y concluye, en este sentido, que «es evidente que la acción terrorista está dirigida directamente contra el funcionamiento del sistema democrático y la libertad de los ciudadanos».

Gil-Robles no hace responsable solamente a ETA de la situación de terror y de falta de libertad que, a su juicio, vive «más del 50% de la población que no se considera nacionalista militante», sino también a los activistas de la kale borroka.

En cuanto a la acción de la banda terrorista, sostiene que pasa «conscientemente por el crimen o la extorsión individual para crear un clima general de miedo, en el que una parte de la población, no nacionalista, y en particular sus elementos representativos e intelectuales, se sienten amenazados del tal suerte que renuncian a ejercer sus derechos y abandonan el País Vasco o recurren a la protección policial, con todo lo que ello supone, como dificultades en la acción política, sin contar con la angustia personal y familiar».

Pero también constata «la realidad de una violencia urbana con objetivos políticos de persecución de los no nacionalistas» que, según los testimonios por él recogidos, «se desarrolla prácticamente en un estado de impunidad, porque la policía autónoma vasca interviene generalmente tarde, o cuando los hechos violentos ya han tenido lugar, sin efectuar prácticamente detenciones significativas y sin proceder a un trabajo serio de investigación sobre los orígenes, la composición o el funcionamiento de estos grupos violentos».

Añade el Comisario Europeo de Derechos Humanos que ésta situación de impunidad se acentuó «después de los famosos acuerdos o Declaración de Lizarra, suscritos por los partidos nacionalistas democráticos con los radicales y otros grupos nacionalistas, entre ellos algunos cercanos a ETA».

En el documento recoge numerosas denuncias en este sentido del sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, una de ellas especialmente reveladora: los agentes «explican que, aunque disponen de una excelente brigada móvil, expresamente preparada para intervenir en casos de violencia urbana, no pueden hacerlo sin recibir una orden directa del viceconsejero de Interior, lo que evidentemente retrasa su intervención».

Esta situación «pone de manifiesto», afirma el propio Gil-Robles, «un funcionamiento anormal de la policía autónoma vasca en cuanto a la represión y a la investigación de estas conductas delictivas que afectan tan gravemente a la vida democrática del País Vasco».

Y concluye que en la violación «de los derechos y las libertades fundamentales» de los no nacionalistas «se puede apreciar cierta responsabilidad del Gobierno vasco».


Una política cultural excluyente
El informe de Gil-Robles denuncia con especial dureza la política cultural del Gobierno vasco. En su opinión, «la transmisión de la cultura entre jóvenes y niños» se realiza a partir de una concepción legítima de las posiciones nacionalistas, «pero hecha desgraciadamente según una sola opinión de exclusión y agresiva hacia los no nacionalistas, rozando a veces la incitación a posiciones xenófobas». También propone estudiar el contenido de determinados libros de texto, que no promociona «la comprensión y la convivencia», y cree conveniente erradicar «algunos programas de la televisión pública vasca en los que se tolera que los niños canten canciones de desprecio hacia los españolistas».

Elecciones vascas
Juan Alberto Belloch La Razón El Mundo 15 Marzo 2001

El problema central de las elecciones vascas consiste en que los electores comprendan lo que realmente está en juego. El fondo del tema se reduce a dos consideraciones básicas. La primera es asumir que el PNV no va a renunciar al poder institucional con tal exista la posibilidad matemática de sumar más parlamentarios que el PSOE y el PP. Le podría bastar con la abstención o el voto favorable de Madrazo (IU). Pero a la vista de las expectativas electorales, de ningún modo, le haría ascoso a la operación más costosa pero más probable, de volver a contar con los votos de Otegi (EH o HB, como ustedes prefieran). La segunda consideración es que sólo resulta posible, al menos a corto plazo, la vuelta del PNV a la escena democrática concentrando los votos en las opciones constitucionalistas.

    El corolario lógico es que sólo un gobierno PSOE-PP encierra en sí mismo la posibilidad de un cambio real en el País Vasco. Cualquier otra fórmula, hoy por hoy, o es inviable -como por ejemplo un gobierno de concentración que incluyan nacionalistas y constitucionalistas, por más que en abstracto sea perfectamente argumentable -o supone peor de lo mismo- esto es, dejar en manos de Eta la viabilidad de las instituciones políticas permanentemente sometidas a quedar en minoría, tan pronto como el PNV pretenda desviarse lo más mínimo no ya de los objetivos de Eta, la independencia, sino de la metodología utilizada para conseguirlos.
    El PNV, en efecto, ni puede renunciar al poder institucional ni puede, para conseguirlo, renunciar a la senda soberanista. Su única alternativa es Eta.

    ¿Por qué no puede renunciar al poder institucional? Primero, porque se caería como un castillo de naipes el tinglado caciquil de intereses y favores mutuos en que se sostiene la aparente cohesión de la actual cúpula del PNV. No se trata sólo de los puestos de trabajo directos que implica para sus militantes el control de las instituciones, sino también, los de carácter indirecto generados a través de las Cajas de Ahorro sometidas a sus designios políticos. Por no hablar de la privilegiada posición que perdería en términos financieros los empresarios próximos al PNV que, de clientes especialmente mimados, pasarían a la inusitada posición de empresarios corrientes y molientes. Y segundo, que perdidos los puestos de trabajo o las posiciones de privilegio como consecuencia directa de una errónea línea política, habrá que convenir en que a los afectados les sería más sencillo comprender las equivocaciones cometidas y recordar con añoranza los viejos buenos tiempos de la época autonomista y democrática. La consecuencia residual desde luego sería dar definitivamente un adiós a Eguibar y Arzallus.

    ¿Por qué no pueden renunciar, hoy por hoy, a la senda soberanista? Se podría pensar que si el pánico a la pérdida de poder reviste tal intensidad, lo razonable sería dar los pasos necesarios, volver a la Constitución y al Estatuto para que fuera posible conservar ese poder. No resulta fácil razonar por qué el PNV prefiere volver a los brazos de la serpiente Eta. El PNV ya ha engañado sucesivamente a socialistas durante más de una década y a populares durante los cuatro años de la anterior legislatura, sobre la utilidad de mantener una política de continuas concesiones como mecanismo de garantía para mantener la solidaridad con la política antiterrorista del Gobierno de la Nación. Al menos hay que reconocer que en la época de Felipe González se obtuvieron más contrapartidas puesto que los del PNV no se subieron al monte. Sin embargo, durante la Presidencia de Aznar, es un hecho la virulencia de la confrontación política. De cualquier modo y en ambos casos, con un fracaso de fondo, pues ni unos ni otros hemos conseguido garantizar su lealtad con las reglas del juego, su lealtad política con la Constitución. La cúpula del PNV ya no puede seguir amenazando con el legendario ¡que viene el lobo!, no sólo porque ya nadie les cree sino sobre todo porque los lobos ya han venido y habitan entre nosotros. Subsidiariamente, Arzallus e Eguibar ya intuyen que en esta situación ni al PP ni al PSOE les basta con palabras o gestos ambiguos. Se les va a exigir su activa implicación en la cacería democrática contra los lobos terroristas. Un cambio tan radical de rumbo conllevaría de manera inevitable su propia defunción política, cosa de la que por lo visto no son especialmente partidarios. Por el contrario, su previsible incremento de diputados a costa de HB confirmaría la bondad de su línea política y de paso su perpetuación en sus respectivos cargos. Por eso eligen a Eta.

    Por todo lo anterior resulta meridianamente claro que sólo un gobierno PSOE-PP puede garantizar, como decía, un verdadero cambio enmarcado en un postulado fundamental que no es otro que garantizar derechos y libertades para todos los vascos.

    Hoy por hoy el único matiz que creo percibir es la mayor o menor intensidad que socialistas y populares ponemos en la necesidad de recuperar a medio plazo para el bloque democrático a los otrora nacionalistas moderados. Unos y otros sabemos que tal recuperación sólo será posible si el PNV por primera vez en la historia de nuestra democracia, habita en los duros bancos de la oposición. Es cierto que los socialistas tenemos más cuidado en tratar de no romper del todo todos los puentes que algún día pueden llegar a utilizar los nacionalistas democráticos para volver a la casa de todos.

    La obligación de los políticos es poner encima de la mesa los verdaderos términos del debate. No se trata solo de unas elecciones que por su trascendencia merezcan la misma atención que unas elecciones generales. Probablemente se trata de algo más importante. Estamos hablando de unas auténticas elecciones constituyentes. Son los ciudadanos vascos los que tienen en su mano su propio destino.

Estellados
Por Enrique de Diego Libertad Digital  15 Marzo 2001

El PNV no se presentó en las elecciones pasadas con la autodeterminación en su programa electoral. Esta vez sí. El PNV, en medio de la legislatura, intentó dar un golpe de estado desde arriba, un arzallazo, que fue roto y no consumado, porque los de Sabin Etxea no aceptaron esa romería kafkiana del plebiscito en los siete territorios históricos, y todo quedó en un expolio de los presupuestos públicos en beneficio del entorno etarra, o sea de Eta. Eso ha hecho innecesarios los secuestros. Algo es algo.

PNV y EA comparecen a estas elecciones completamente estellados. La subversión del orden constitucional y estatutario es la principal propuesta de su programa al asumir la autodeterminación, que es la intensificación y la extensión del conflicto, como su propuesta de futuro. Sobre esto no cabe engañarse, ni despistarse con la insoportable levedad de Ibarretxe. El PNV intenta moderarse para no perder votos hacia el PP, mientras con la autodeterminación espera a recolectar votos de EH y gobernar luego con ellos.

PNV y EA han roto su ambigüedad de manera plena de cara a estas elecciones, aunque la falta de conocimientos sobre lo que la autodeterminación significa –ha sido la causa de casi todos los genocidios del siglo XX— hace que la alarma política y mediática no sea mayor, salvo las claras declaraciones de Javier Rojo sobre que significaría un aumento de las víctimas. Constitucionalistas, por supuesto.

En ese sentido, el pacto entre Partido Popular y Unidad Alavesa es un dato muy positivo, porque si los constitucionalistas siguen avanzando en Álava y queda clara la distancia con el nacionalismo, la autodeterminación se mostrará en su esencial absurdo, porque el ámbito alavés de decisión se distanciaría del ámbito de decisión guipuzcoano, ya que el conflicto vasco es a día de hoy básicamente provincial, de una sola provincia. Quizás Aznar debería empezar a ceder protagonismo a Jaime Mayor Oreja, que es quien se la juega.

“Vasquitis”
Por Amando de Miguel Libertad Digital  15 Marzo 2001

Todo el mundo un poco sensible está de acuerdo con que las próximas elecciones vascas van a ser decisivas. Lo son para los vascos, nacionalistas o no, y para el resto de los españoles. Sin embargo, fuera del País Vasco la gente está un tanto saturada de la cuestión vasca. Es un asunto que acapara la atención de los comentaristas políticos hasta la reiteración y el hastío. Nos gustaría ocuparnos de las otras regiones, tengan o no ínfulas de naciones o de “soberanismo”. Los vascos habrán resuelto su problema cuando no nos ocupemos de ellos. Más que paz, indiferencia.

El carné de los nuestros
Por Guillermo Dupuy
Libertad Digital 
15 Marzo 2001

La iniciativa de los partidos nacionalistas vascos de promover la implantación del DNI vasco en plena precampaña electoral, enviando cartas en las que solicita a los ciudadanos datos personales para cumplimentarlos, no es sólo una muestra de la unidad de objetivos de los nacionalistas, sean terroristas o no, sino una descarada prueba de hasta que punto el PNV y EA están dispuestos a sacar provecho del miedo a la violencia nacionalista. Es una forma más de lograr un distintivo que separe a los “buenos” de los “malos” vascos. Los nacionalistas del III Reich ya hacían algo parecido obligando a llevar a los judíos brazaletes con la estrella de David, distintivo con el que también marcaban los domicilios y los comercios de quienes no consideraban dignos de ser alemanes.

No sabemos si los herederos de Sabino Arana, cuyos escritos no destilan menos violencia y odio hacia los “maketos” que los de Hitler hacia los judios, llevarían a la práctica los extremos nazis en una Euskalherria independiente. Por ahora Arzalluz asegura que se contentaría con relegarlos al estatus de los “alemanes en Mallorca”. Pero sus compañeros de viaje ya han dado muestras, y siguen dándolas, de que son partidarios de la eliminación física de los traidores a la patria, mientras que el propio dirigente del PNV ha considerado “muy vasco” eso de empuñar pistolas.

Está claro que el DNI vasco supone retomar la unidad activa de los nacionalistas con los proetarras avanzando en la creación de estructuras administrativas paralelas como las que se defendía desde “Udalbiltza” para conseguir la secesión. Un viaje de la mano con los proetarras, que se decía roto tras la ruptura de la “tregua” terrorista, pero que ahora, vistos los sondeos, constituye la única forma que tendrían los nacionalistas de impedir un gobierno constitucionalista en el País Vasco.

Si esta iniciativa supone la antesala de ese nuevo acuerdo parlamentario entre el lehendakari Juan José Ibarretxe y el secuestrador Arnaldo Otegui, el tiempo lo dirá. A lo mejor sólo sirve para que Arzalluz, si asesinan a alguno “de los suyos”, muestre a ETA su error con más indignación y pruebas documentales.

Maketos merodeando por el baile
PATXO UNZUETA El País
15 Marzo 2001

Ha dicho el delegado del Gobierno para la Inmigración que sería conveniente que los llegados compartieran, además de la lengua, la religión: porque favorecería su integración. La apreciación es razonable y no debería equipararse a otros pronunciamientos de neto sabor xenófobo. Hace un siglo, fue precisamente el hecho de que la primera generación de inmigrantes llegados a Euskadi compartiera con (la mayoría de) los nativos lengua, cultura y religión lo que exacerbó el rechazo por parte de los nacionalistas, cuyo temor era justamente la integración. La inmigración, escribió Sabino Arana en 1897, sería inofensiva 'si el español no fuera recibido aquí como conciudadano y hermano sino como extranjero' [porque] 'como extranjeros estarían siempre aislados de los naturales en aquella clase de relaciones sociales que más influyen en la transmisión del carácter moral, cuales son el culto, la enseñanza, las costumbres y la amistad y trato'.

Lo primero el culto, para disimular, pero lo más importante era la amistad y trato. Por ejemplo, en el baile. En las fiestas de San Pedro de ese mismo año, en la villa de Bergara, un jesuita apellidado Ibarguren se flageló públicamente en reparación por el pecado de los vecinos que habían ofendido a Dios bailando agarrao. Comentando la noticia, Sabino Arana escribió, en un artículo titulado Efectos de la invasión, que 'al norte de Marruecos hay un pueblo cuyos bailes peculiares son indecentes hasta la fetidez', y al norte de ese pueblo 'otro cuyas danzas nacionales son honestas y decorosas hasta la perfección'. La conclusión era que había que prohibir 'el bailar al uso maketo, como es el bailar asquerosamente abrazado a la pareja'.

La literatura nacionalista está llena de referencias al baile en pareja como uno de los efectos más perniciosos del contacto con los españoles. 'Presenciad un baile español y si no os causa náuseas el liviano, asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos, queda acreditada la robustez de vuestro estómago', había advertido Arana a los suyos un mes antes de fundar el PNV. En 1909, los socios del batzoki (sede social nacionalista) de Sestao aprobaron por unanimidad una norma por la que se expulsaría 'a todo socio del que se tenga noticia de haber bailado el agarrao'.

En los estudios sobre los orígenes del nacionalismo vasco se ha destacado la evidente influencia de los flujos migratorios, pero quizá no suficientemente el elemento sexual: los inmigrantes eran en su mayoría hombres, y hombres jóvenes. Hay indicios de que la competencia por las mujeres fue un factor decisivo en los sentimientos de temor y hostilidad al maketo en que germinaría el primer nacionalismo.

Los fantasmas de la generación de Arana no son muy diferentes a los de la población nativa masculina de El Ejido en la actualidad. El sociólogo Julio Carabaña ha hablado, a propósito de la situación creada en esa localidad, de 'machos merodeadores'. El brusco aumento del número de varones en un espacio reducido es vivido por los naturales como una amenaza. Lo que determina la dificultad de asimilación no es tanto la distancia cultural, aunque también, sino el número. Los forasteros merodean en grupo por los espacios públicos -la plaza, discotecas, bares- en busca de mujeres; pero sólo hay una mujer por cada tres o cuatro hombres, y ése es el verdadero origen del conflicto.

En un escrito de 1924, 'El origen deportivo del Estado', Ortega considera que en el nacimiento de la organización social -la autoridad, la división de tareas, la ley- está la inclinación de los varones jóvenes a secuestrar mujeres de otras tribus, y la correlativa de evitar el robo de las de la propia. Según Ortega, la primera sociedad humana propiamente tal es la de esas fratrías de hombres jóvenes en busca de mujeres extrañas al grupo consanguíneo. Esas hermandades organizadas para la guerra y la fiesta, y sometidas a ritos estrictos, fueron, dice Ortega, 'el primer cuartel y el primer convento'.

Entre el convento y el cuartel, el nacionalismo actual se enfrenta a una situación inédita: la nueva oleada migratoria no estará ya formada por católicos habitantes de ese pueblo situado al norte de Marruecos, sino por mahometanos marroquíes; a no ser que, como recomienda Enrique Fernández-Miranda, se estimule la llegada de latinoamericanos.

La Iglesia vasca levanta el destierro al jesuita que criticó a Setién y lo manda a Tudela
Tras cinco años encerrado en el Santuario Loyola es trasladado a un colegio emblemático navarro
El provincial de la provincia de los jesuitas del País Vasco y Navarra comunicó ayer a los integrantes de la orden que se había acordado el traslado del padre Miguel María Sagûes del Santuario de Loyola, donde estaba desterrado desde hace cinco años por haber criticado a Setién, al colegio navarro de Tudela. La reacción de la Iglesia vasca, que se produce después de que LA RAZÓN destapase la situación de Sagûes y el jesuita rompiese su silencio en este periódico, produjo una gran satisfacción en los integrantes de la orden de San Ignacio. Sagûes está en un colegio de casi mil alumnos.
M. R. Iglesias - Madrid .- La Razón 15 Marzo 2001

La noticia corrió ayer como la pólvora entre los jesuitas vascos. La jerarquía de la orden, tras hacerse público el caso al destaparlo LA RAZÓN, se ha visto obligado a cambiar su postura y dar su brazo a torcer. El provincial comunicó a mediodía de ayer que Miguel María Sagûes desde el día anterior ya no estaba en en el Santuario de Loyola, sino que había sido destinado al colegio de los jesuitas de la localidad navarra de Tudela.

    Tras cinco años de destierro y de llegar a estar totalmente incomunicado por haber criticado duramente al ex obispo donostiarra, José María Setién por no haber condenado la violencia de Eta y la complicidad de HB, Miguel María Sagûes desarrollará su vida religiosa a partir de ahora en un colegio donde hay casi mil niños matriculados, la comunidad es mucho menos nacionalista, y es un centro integrado en una importante localidad.

    La historia de este jesuita navarro comenzó cuando hace cinco años, el doce de febrero de 1996 publicó una carta en un diario vasco en la que arremetía duramente contra Setién, a quien acusaba de ser cómplice de la violencia etarra por su silencio. Sagûes demandaba de la iglesia vasca más claridad en sus pastorales, y llegaba a señalar que si los obispos hubiesen denunciado año tras año la complicidad de Herri Batasuna con la banda Eta, en estos momentos muchas víctimas de la banda estarían entre nosotros.

    Casi al día siguiente de que esta carta apareciese publicada, el jesuita fue desterrado al Santuario de Loyola, un monasterio ubicado en la localidad de Azpeitia, con una comunidad con tintes nacionalistas y que casi se considera «la enfermería» o el «asilo» de la provincia vasca, ya que sus integrantes son todos muy mayores.

    A los cinco años de permanecer en Loyola, Sagûes rompió su silencio en declaraciones a LA RAZÓN, y señaló entre otras cosas que «los responsables del terrorismo son los que matan, los que vitorean a los que matan y los obispos que callan».

    Así mismo calificó el pacto anti- terrorista de Partido Popular y Partido Socialista como bueno e insistió en que la esperanza de la sociedad vasca se ha abierto con la convocatoria de las elecciones el próximo día 13 de mayo. Tras estas declaraciones fue incomunicado y se le prohibieron las llamadas. Ahora tras la presión ha sido «liberado» de su destierro y ha vuelto a la normalidad en un gran colegio.

Informe del señor Álvaro Gil-Robles, Comisario de Derechos Humanos, sobre su viaje a España y en particular al País Vasco (5-8 de febrero de 2001) para el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria.

I. Introducción

1. Del 5 al 8 de febrero, realicé, por iniciativa propia, una visita a España, concretamente a Madrid y a la Comunidad Autónoma Vasca, motivada por la situación creada en esta comunidad Autónoma por la continua violación de los derechos humanos, provocada por la acción terrorista.  

Durante los últimos meses he recibido varias quejas sobre la situación que soportan los ciudadanos de toda España y muy particularmente los residentes en la Comunidad Autónoma Vasca, como consecuencia de las amenazas y la acción terrorista, así como a causa de la violencia urbana llamada Kale Borroca. Esta situación se ha deteriorado hasta tal punto que afecta claramente no sólo a los derechos individuales fundamentales, sino también al libre ejercicio de ciertos derechos cívicos y políticos que son la base y el soporte de toda democracia, como expondré seguidamente.  

Como comisario de Derechos Humanos, que cuenta entre sus funciones esenciales la de velar por el respeto efectivo al pleno disfrute de los derechos humanos en los Estados miembros, no podía ni debía ignorar una situación semejante, sea cual sea el país en el que se produce, en tanto pertenezca al Consejo de Europa, no sólo como indispensable gesto de solidaridad con los que, de una u otra forma, son víctimas del terrorismo, sino también como ejercicio de mis competencias estatutarias que son también obligaciones ineludibles, colaborando así en la defensa de la democracia, de la libertad y del estado de derecho.  

Está claro, pues, el objetivo exclusivo del viaje, que en ningún caso se puede entender como una hipotética intervención de mediación política, fuera de lugar en un Estado miembro que disfruta de un sistema plenamente democrático y dispone de mecanismos institucionales adecuados para determinar su vida política en paz y en libertad.  

2. Por esto empecé por mantener los contactos oportunos con el ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de preparar la visita y, una vez fijadas las fechas, debo agradecer a este ministerio su cooperación en la elaboración de la agenda de las entrevistas, habiéndose tenido en cuenta todas mis solicitudes y habiéndome sido prodigado el necesario apoyo logístico y de seguridad a lo largo de mi viaje. También me gustaría expresar en particular mi agradecimiento al embajador Guillermo Kirkpatrick, por su inestimable ayuda en la preparación del viaje, así como por su presencia en Madrid durante los encuentros oficiales.  

3. Durante la visita, que se desarrolló el 5 y el 8 de febrero en Madrid y el 6 y 7 en la Comunidad Autónoma Vasca (provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), mantuve encuentros con autoridades nacionales (el ministro de Asuntos Exteriores y  de Interior, la Presidenta del Congreso de los Diputados, y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial) y autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca (Presidente del Gobierno Vasco, Consejeros de Interior, Cultura y Justicia), varias organizaciones representantes de las víctimas del terrorismo y otras agrupaciones ciudadanas cuyo único objetivo es pedir la paz y denunciar la acción terrorista, así como la que representa a las familias de los presos por causa terrorista.  

Pude hablar largo y tendido con el sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, los representantes de los partidos políticos, a petición suya, los portavoces de los grupos parlamentarios tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Vasco, el obispo de San Sebastián y otras entidades y personas que sería largo enumerar aquí (pero que se mencionan en el programa adjunto a este informe).  

La entrevista con el Rector de la Universidad del País Vasco fue de una importancia especial por el hecho de que un buen número de sus profesores son objeto de una persecución especial, con amenazas, agresiones físicas e incluso bombas que, en algunos casos, les han llevado a abandonar temporalmente su actividad de enseñanza y en otros a emigrar fuera del País Vasco para salvar la vida.  

También pude visitar, aunque rápidamente, la prisión de Basauri, en Bilbao, y entrevistarme con el Ararteko (Ombusdsman) del País Vasco, así como con los medios de comunicación, lo que me ha permitido tener un conocimiento directo y creo que muy completo de la situación tal y como se vive en esta Comunidad Autónoma.  

Durante la visita estuve acompañado por Mika Boedeker, al que agradezco su inestimable colaboración.  

II. Estudio general

1. Después de haber escuchado, con ocasión de mi primera visita a Bilbao, a un grupo de personas procedentes de ambientes diversos (profesores de universidad, magistrados, periodistas, médicos, consejeros municipales, alcaldes, etc...) de ideologías diferentes, he podido constatar la enorme tensión a la que están sometidas las personas que desempeñan un cargo electo, las que despeñan la función judicial o las que, en privado (o incluso en público) han tomado posiciones a favor del orden constitucional en vigor, así como las que hayan podido emitir o escribir opiniones críticas sobre el nacionalismo u opuestas a la banda terrorista ETA y, naturalmente, de forma muy especial a los que pertenecen al cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado.  

2. Todas estas personas están de acuerdo en el hecho de que la actuación de la banda terrorista ETA (asesinatos, secuestros, extorsiones a los comerciantes y empresarios) no era la única causa de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que sufre una gran parte de la población vasca (concretamente la que no se considera nacionalista militante, es decir, más del 50% de la población vasca), y que la violencia ejercida por grupos de jóvenes en la calle, denominada Kale Borroca, era un factor determinante para mantener el clima de terror a su alrededor, y en particular entre los intelectuales y los responsables de partidos no nacionalistas, funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado. Según mis interlocutores, a esto hay que añadir que estas agresiones se producen no sólo contra personas acusadas de ser españolistas o constitucionalistas, sino también contra sus familias y sus bienes. Esta violencia se ejerce, según ellos, en un clima de impunidad casi total, debido a la pasividad de la policía autónoma vasca (llamada Ertzaintza) cuando se trata de reprimir eficazmente la acción de esos grupos y de realizar el indispensable trabajo de investigación al respecto.  

3. Parecía muy revelador que la mayoría de los participantes en esta cena, una docena de personas, estuvieran acompañados por una escolta de policía, que algunos de ellos reconocieran que habían tenido que cambiar de domicilio a lo largo de los últimos meses, que otros hubieran abandonado sus clases en la universidad, mientras que algunos de sus amigos especialmente amenazados habían tenido que exiliarse en el extranjero para salvar la vida. Aunque nadie lo pidió expresamente, era evidente que había que mantener en secreto sus nombres.  

4. Y toda esta dramática narración estaba hecha por ciudadanos de una Comunidad Autónoma de 2.098.628 habitantes, regida por un Estatuto de Autonomía (Ley 3/1979 del 18 de diciembre) que crea sus propias instituciones de autogobierno (Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma) y que goza de un marco de competencias exclusivas muy amplio (enseñanza, sanidad, transportes, carreteras, industria, cultura, entre otras competencias que sería muy largo citar extensamente y que están reconocidas en la Constitución y en el Estatuto, sin olvidar las competencias transferidas a lo largo de estos últimos años por más de 90 decretos correspondientes). Además, esta Comunidad Autónoma disfruta, gracias a un acuerdo con el Estado, de una capacidad propia de recaudación de impuestos, de una policía autónoma vasca (la Ertzaintza) concebida como policía integral, así como una televisión y radio públicas vascas que emiten en vasco, que se reconoce como lengua oficial, y la enseñanza se hace en vasco y en español, aunque en determinadas escuelas, incluidas algunas subvencionadas, la enseñanza se realiza fundamentalmente en vasco. Todo esto hace que esta Comunidad disponga hoy día de más competencias que un land alemán, por poner un ejemplo de un Estado Federal avanzado.  

5. También hay que constatar que militantes nacionalistas vascos conocidos, que han tenido puestos públicos importantes, o que asumen actualmente tales funciones, como el Alcalde de Bilbao o el Presidente del Parlamento Vasco, me han puesto al corriente, muy claramente, de su profunda inquietud frente a los actos violentos perpetrados en el País Vasco y sus consecuencias. El Presidente del PNV ha negado formalmente la existencia de cualquier pacto concreto con ETA.  

III. Sobre las causas concretas de la violación de los derechos humanos en el País Vasco 

Aunque sea imposible en este informe tratar en profundidad todas las causas que han llevado a la actual situación de violencia que reina en el País Vasco, creo, sin embargo, que en este momento se pueden identificar dos causas principales como generadoras de la actual violación de los derechos humanos en una parte de la población vasca, a saber: la acción directa de la banda terrorista ETA y la violencia urbana ejercida por grupos de personas próximas a ETA y que se llaman Kale Borroka.  

1.No cabe duda de que la acción de ETA atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre – el derecho a la vida – y también a la libertad y a la seguridad de las personas (los secuestros criminales son verdaderos actos de tortura para las víctimas, sus familiares y sus amigos), a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación. En efecto, los atentados contra políticos no nacionalistas, así como contra periodistas, han creado una situación de enorme dificultad para la acción política y de partido para los no nacionalistas, o para el ejercicio del derecho a la información, hasta el punto que la actividad periodística de los amenazados o la función de representación de estos consejeros municipales y parlamentarios debe desempeñarse con una protección policial personal.  

Para hacerse una idea de la amplitud de la acción terrorista de ETA, hay que saber que, según las estadísticas oficiales, desde 1968 hasta finales de 2000, esta organización ha cometido 782 asesinatos, de los cuales 709 después de la aprobación de la Constitución en 1978 (La Asociación Víctimas del Terrorismo – COVITE – ha elevado esta cifra a 719 hasta 1998, en un contexto de 2.789 atentados que han producido 1.867 heridos), es decir, una vez restablecido el régimen democrático, constituido el Estado de las Autonomías y desde luego después de la amnistía de todos los delitos de origen político que se decretó a la llegada de la nueva etapa democrática a España.  

Pero desde principios de 2000 (según los datos de la Oficina del Consejero de Interior del Gobierno Vasco concerniente al periodo que va desde el 21/1/00 al 26/1/01, la actuación de ETA, con 25 asesinatos, se ha vuelto más selectiva, concentrando sus acciones contra representantes elegidos por el pueblo (consejeros municipales y diputados de partidos políticos, en particular del Partido Popular y el Partido Socialista), sobre periodistas, profesores de universidad, editorialistas, empresarios que se niegan a pagar el dinero que se les solicita baja amenaza de muerte y naturalmente también contra los militares, las fuerzas de seguridad del Estado, y a menudo contra la propia policía vasca.  

Después del asesinato de José Luis López de la Calle, periodista del diario El Mundo, la organización “Periodistas sin fronteras” realizó un estudio según el cual durante el año 2000, además de este crimen, se perpetraron amenazas y atentados contra otros nueve periodistas de toda España y contra más de diez medios de comunicación (periódicos y emisoras de radio), de los que el más cruel fue el atentado fallido contra la pareja de periodistas Aurora Intxausti (El País) y Juan Palomo (Antena 3TV) por medio de una bomba depositada a la puerta de su casa y cuya explosión, por suerte, no funcionó en el momento en que salían con su hijo de un año para llevarlo a la guardería.  

2. Además, la actuación de ETA se ha dirigido también contra intelectuales y profesores de la Universidad del País Vasco que están considerados como “españolistas”, aunque sean vascos de varias generaciones, por el simple hecho de no defender las tesis nacionalistas independentistas radicales (o incluso soberanistas, según el término empleado en ciertos medios). Su Presidente, una persona profundamente serena, a pesar de estar él mismo amenazado de muerte, reconoció ante mí la dificultad de la situación, sobre todo desde que pusieron una bomba en el ascensor de la facultad donde impartía sus clases la profesora Edurne Uriarte, que salvó la vida gracias a la perspicacia de su escolta, lo que ha llevado a que otros profesores igualmente amenazados, hayan tenido que abandonar la enseñanza y otros incluso, se hayan ido a universidades extranjeras.  

Al preguntar cuántos profesores se encontraban en esta misma situación y estaban protegidos por la policía, me pidió que no publicara esos datos, deseo que respeto, naturalmente, comprendiendo perfectamente las razones, deseando hacer saber la profunda angustia que pude sentir al constatar la dura realidad a la que deben enfrentarse los alumnos, los profesores y los intelectuales que siguen defendiendo su libertad de pensamiento, aun corriendo un riesgo personal. Creo que el reciente acto de solidaridad de 52 presidentes pertenecientes a la Conferencia de los Rectores de Universidades Españoles hacia sus colegas de la Universidad Vasca es también un claro compromiso en defensa de la libertad.  

3. En el curso de mis encuentros con todos los responsables, tanto del Estado como de la Administración Autónoma, he encontrado un rechazo y una condena absoluta de esta acción terrorista que está considerada como inexplicable en un país donde los poderes públicos respetan y defienden todas las libertades y en particular las de pensamiento y asociación. En efecto, en el País Vasco, donde hay siete partidos con representación parlamentaria, se encuentra entre ellos uno llamado Euskal Herritarrok, que asume los postulados de ETA, promueve la independencia de lo que él llama Euskal Herria (entidad territorial hipotética que englobaría el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Navarra y las provincias vasco-francesas) y cuyos responsables y los cargos electos (salvo alguna rara excepción individual) nunca condenan un acto terrorista, sino al contrario, defienden la razón de ser de la acción terrorista, debida a la existencia de lo que ellos llaman un conflicto político entre el Estado español y Euskal Herria. Este partido se presenta a las elecciones y tiene representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Vasco, aunque han rechazado participar en las sesiones de las cámaras legislativas.  

No hace falta, pues, que esta acción terrorista de ETA esté directa y sistemáticamente en el origen de la violación de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas directas de sus crímenes, y de todas las demás que, dado el sistema de terror ambiente, se siente restringidos en el libre ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, en tanto que ciudadanos de una verdadera democracia y cuando no se identifican con las opciones de los independentistas. En resumen, la acción de ETA pasa conscientemente por el crimen o la extorsión individual, para intentar crear un clima general de miedo, en el que una parte de la población, no nacionalista, y en particular sus elementos representativos e intelectuales, se sienten amenazados de tal suerte que renuncian a ejercer sus derechos y abandonan el País Vasco, o recurren a la protección policial, con todo lo que ello supone, como dificultades en la actuación política, sin contar la angustia personal y familiar. Y no hay que olvidar que el voto a favor de opciones no nacionalistas se ha vuelto especialmente arriesgado en las pequeñas aglomeraciones donde los nacionalistas radicales controlan las alcaldías. Desde este punto de vista es evidente que la acción terrorista está dirigida directamente contra el funcionamiento del sistema democrático y la libertad de los ciudadanos.  

4. Pero hoy día sería insuficiente considerar la acción directa de ETA como la única causa de las múltiples violaciones de los derechos humanos, especialmente en el País Vasco.  

Después de haber escuchado a muchas personas, organizaciones y representantes del sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, no cabe duda de que la llamada Kale Borroka se ha convertido también en una causa directa de la violación de los derechos humanos en el País Vasco.  

La acción violenta en las calles, que va desde el ataque a los comercios, el incendio de autobuses y de mobiliario urbano, al ataque contra los consejeros municipales, parlamentarios, periodistas y sus familias, incluida la colocación en las calles de carteles con la imagen de personas denunciadas como españolistas que, en muchos casos, han sido después víctimas de atentados, mortales en algunos casos, es en sí un elemento determinante de la sensación (realidad) de inseguridad en la que viven numerosos ciudadanos directamente afectados (cerca de tres mil personas especialmente en el punto de mira, según los testimonios), y es en todos los casos una causa directa de la imposibilidad para una parte de la comunidad de ciudadanos de ejercer libremente sus derechos cívicos y políticos.  

La asociación Gesto por la Paz considera que esta violencia de la Kale Borroka ha pasado de una fase difusa a una “estrategia clara y premeditada de ataque y de persecución de ciertas personas”, debido a su ideología o a su condición de representantes de la ciudadanía; y que en consecuencia “no hay duda de que estamos frente a unos auténticos ataques a la libertad política y a la misma democracia, porque se trata de restringir la expresión del pensamiento y de la acción política a cierto sector de la ciudadanía”. Por eso esta asociación califica al Kale Borroka, sencillamente, de “violencia de persecución”.  

La misma Iglesia Católica, en voz del muy respetado arzobispo Juan Uriarte, ha advertido que “hay una palabra que se intenta encadenar y amordazar por medio de la amenaza y el asesinato. Es el atentado más grave posible a la libertad de expresión. Es completamente intolerable ahogar la voz de alguien, incluso si es exagerada e injusta, eliminando físicamente al emisor” (carta pastoral Renovarse y pacificar, adviento 2000, pag.38).  

5. Por lo tanto, he podido constatar la realidad de una violencia urbana con objetivos políticos de persecución de los no nacionalistas. Ya nadie niega esta violencia que se burla cada día de los derechos humanos de numerosos ciudadanos vascos. Aunque esto ya sea muy grave, hay otro dato que me parece aún más grave: es la acusación que he oído por parte de los intelectuales, profesores, periodistas, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las representantes de las víctimas del terrorismo, así como de los consejeros municipales y otros, cargos electos de diversos partidos, que semejantes acciones de violencia se desarrollan prácticamente en un estado de impunidad, porque la policía autónoma vasca (la Ertzaintza) interviene generalmente tarde, o cuando los hechos violentos ya han tenido lugar, sin efectuar prácticamente detenciones significativas, y sin proceder a un trabajo serio de investigación sobre los orígenes, la composición o el funcionamiento de estos grupos violentos, claramente complementarios de la acción de ETA, que parece dirigir o inspirar sus acciones violentas.  

Se afirma que esta pasividad policial se acentuó durante la última tregua mantenida por ETA, después de los famosos acuerdos o declaración de Lizarra, suscritos por los partidos nacionalistas democráticos con los radicales y otros grupos nacionalistas, entre ellos algunos cercanos a ETA.  

6. Las autoridades competentes, a saber: el Consejero de Interior y el Lehendakari o Presidente del gobierno vasco, a que los pregunté a este respecto, rechazaron enérgicamente esta acusación, reafirmando el compromiso de la policía vasca en la defensa de las libertades.  

Según las cifras oficiales, los efectivos de esta policía autónoma integral son de 7.182 agentes, de los que 4.323 se ocupan de la prevención, 1.540 de la investigación, 232 de la información, 71 de la neutralización y 524 de la protección de personas (es decir, las escoltas de las personas amenazadas) y los otros 429 de tareas diversas.  

Para poner en evidencia la dificultad de la acción policial, se afirma que durante el año1999 tuvieron lugar 5.024 manifestaciones y 14.507 durante el año 2000. En cuanto a las acciones urbanas violentas, la oficina del Consejero de Interior, aun reconociendo la dificultad de establecer estadísticas totalmente fiables, reconocía sin embargo que se habían producido unas 774 durante 1999 y cerca de 893 durante el año 2000. Las detenciones realizadas por la Ertzaintza durante el año 2000 en relación con estos actos del Kale Borroca ascienden a 97 (más tres para la policía municipal y 18 para la policía nacional dependiente del Estado). Si, según la oficina del Consejero de Interior, “se añaden las anteriores detenciones llevadas a cabo por la Ertzaintza no sólo por sabotajes sino también por otras causas incluidas en el concepto de violencia urbana (amenazas, coacciones, orden público) la cifra total asciende a 203”. Sin embargo, un análisis de estas últimas cifras en su contexto presenta más bien que se refieren a detenciones por actos violentos urbanos, no necesariamente ligados al Kale Borroka.  

En cualquier caso, es significativo que sea el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien con el apoyo de la Policía Nacional, haya efectuado la más reciente operación de detención de elementos dirigentes y responsables de la organización juvenil Haika (6-3-01) acusados de ser los autores o los instigadores de la violencia urbana y el semillero de terroristas de ETA.  

7. El sindicato ERNE, el más representativo, por mayoritario, de los miembros de la Ertzaintza, mantiene una posición muy crítica frente a su comandante, al que atribuye la omisión de dar órdenes de persecución del Kale Borroka, y afirma que la mayoría de sus agentes se dedican a proteger a las personas, como escoltas, mientras que otros 3.500 realizan una protección estática y de apoyo a la protección personal, además de la circulación y la seguridad ciudadana en general, lo que hace que el trabajo de investigación prácticamente no se lleve a cabo. Los representantes de este sindicato sostienen que están desmoralizados por las instrucciones recibidas (nunca escritas) de no intervenir activamente en las persecuciones contra el Kale Borroka y que muchos agentes están desmotivados después de haber oído a sus superiores, durante los pasados meses, decir que lo importante era negociar. Como ejemplo de esta inactividad policial explican que, aunque disponen de una excelente brigada móvil, expresamente preparada para intervenir en casos de violencia urbana, no pueden hacerlo sin recibir una orden directa del viceconsejero de Interior, lo que evidentemente retrasa su intervención.  

Este sindicato, en un documento expresamente dirigido al Comisario de los Derechos Humanos afirma: “En nuestra opinión, la situación de los derechos humanos en el País Vasco atraviesa un período de profundo deterioro” y “la ejecución de la tarea institucional vasca de salvaguardar las libertades en el País Vasco y la protección de las personas y los bienes en su territorio ha sido claramente ineficaz”.  

Estas afirmaciones coinciden con una queja que me formuló el presidente de la Universidad del País Vasco que, enfrentado a incidentes violentos en el campus universitario, solicitó por teléfono la intervención de la Ertzaintza. Le respondieron que enviara su solicitud por fax, y tuvo que enviar el fax una segunda vez porque “no estaba legible”. Naturalmente, cuando llegaron los policías, ya sólo quedaban los vestigios de la acción violenta.  

8. Aunque sea muy difícil probar el carácter premeditado de algunas reacciones policiales cuando se trata de acciones del Kale Borroka, no es menos cierto que las denuncias que he recibido, en particular de personas que han sido víctimas de ello, así como del mismo sindicato de la Ertzaintza (sin olvidar el número de detenidos proporcionalmente muy bajo en relación con los actos públicos de violencia) ponen de manifiesto un funcionamiento anormal en la policía autónoma vasca en cuanto a la represión y a la investigación de estas conductas delictivas, que afectan tan gravemente a la vida democrática en la Comunidad Autónoma.  

Esta situación debe ser analizada urgente y seriamente por los responsables de estas fuerzas de seguridad, para tomar inmediatamente las medidas necesarias para permitir que la población amenazada sienta que la policía autónoma vasca es una policía eficaz y comprometida en la lucha contra este tipo de criminalidad, como lo fue – y ellos lo reconocen – en el pasado.  

Si, teniendo cuenta todo lo que se ha descrito, se puede apreciar cierta responsabilidad del gobierno vasco concerniente a la falta de una protección suficiente y eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tampoco se puede olvidar que, según el artículo 1º de la CEDH, es el Estado Español el que debe garantizar “a toda persona relevante de su jurisdicción los derechos y las libertades definidas en el Título I de la presente Convención”, por consiguiente quien debe también adoptar o reforzar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos vascos.  

IV. Otras cuestiones relacionadas con la protección y el respeto de los derechos humanos, planteadas por las organizaciones representativas de las familias de los detenidos y de los presos en relación con los actos terroristas, así como por sus representantes legales. 

1. Por otra parte, los representantes de la organización Senideak manifestaron su preocupación por el trato a personas detenidas por haber cometido actos terroristas o haber colaborado con banda armada. Estos detenidos, en su opinión, están sometidos regularmente a tortura y las garantías para luchar contra estas prácticas no son suficientes. Han reclamado el derecho de los miembros de ETA encarcelados a cumplir sus penas en prisiones del País Vasco, así como la necesidad de poner fin a las llamadas “entregas administrativas”de detenidos por parte de otros países a la policía española. 

Aunque sea evidente, en vista de lo anteriormente relacionado, que la verdadera violación de los derechos humanos en el País Vasco no reside en las condiciones de la detención de los terroristas ni de su permanencia en prisión, dada la naturaleza de las afirmaciones, se les pidió que aportaran datos concretos y una información específica que permitiera evaluarlos con precisión. Al día de hoy estas informaciones y documentos no han llegado a mi oficina.  

2. Sin embargo, a lo largo de mi viaje, yo mismo visité la prisión de Basauri para hacerme una idea de las condiciones de detención en este establecimiento penitenciario, y no recibí quejas de malos tratos o de torturas por parte de los presos con los que me encontré en esta ocasión. Por el contrario, varios vigilantes se quejaron de recibir continuas amenazas de la organización terrorista y de sus miembros cuando éstos se encontraban en prisión, amenazas que fueron seguidas por atentados y el asesinato de varios funcionarios.  

3. Por otra parte, sobre las garantías durante el período de detención, según los artículos 520bis y 527 del código de procedimiento penal, la duración del arresto preventivo por delitos de colaboración con banda armada y de terrorismo puede llegar (como para los otros casos) hasta tres días. Sin embargo, puede ser prorrogado hasta dos días más, por decisión motivada en las primeras cuarenta y ocho horas. La arresto preventivo podrá no comunicarse si el juez así lo decide en un plazo de cuarenta y ocho horas por decisión motivada. El arresto preventivo incomunicado tiene los mismos derechos de defensa que los previstos para el resto de los detenidos preventivos con las siguientes precisiones: el abogado (durante el arresto preventivo) será nombrado de oficio y el detenido no podrá entrevistarse en privado con él (como ocurre con los demás detenidos), y el hecho y el lugar de la detención no se pondrán en conocimiento de un pariente o de la persona deseada. El examen médico realizado un médico forense está previsto en las mismas condiciones que para el caso general de los arrestos preventivos.  

El Tribunal Constitucional español no ha declarado esta norma inconstitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha emitido hasta el momento ninguna condena sobre esta cuestión.  

Por su parte, y en su último informe sobre España, el Comité para la Prevención de la Tortura y las penas o el trato inhumano o degradante (CPT/Inf (2000(5) abordaba estas cuestiones en profundidad y ponía en evidencia que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1995 “que ha reforzado el dispositivo de sanción de los representantes del Estado culpables de actos de tortura, de malos tratos” o de “violación de las garantías constitucionales” por parte de una autoridad pública oficial y que “durante la visita, la delegación del CPT no ha recogido ninguna alegación de tortura por parte de las personas interrogadas que estaba o habían sido recientemente detenidas por las fuerzas del orden españolas”. Sin embargo, en ese informe, se hacían algunas recomendaciones sobre la posibilidad de reducción de los plazos de detención a lo estrictamente necesario para la eficacia de la investigación, así como sobre la práctica de intervención de los médicos forenses, que son completamente razonables, si me remito a ellas.  

En cuanto al cumplimiento de las penas en centros penitenciarios del País Vasco cercanos al domicilio del detenido, esta medida no está contemplada en la Constitución ni en la legislación penitenciaria como un derecho, sino como un objetivo de la política penitenciaria para favorecer la reinserción del condenado. El Tribunal Constitucional lo declaró en varias ocasiones y hasta el momento el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no ha hecho una interpretación en sentido contrario. Sin embargo, y partiendo del hecho de que esta causa no está en el origen de ninguna violación de los derechos contemplados en la Convención Europea de los Derechos Humanos (arts. 5, 6, 7), creo que, en la medida de lo posible y a condición de que esto ayude realmente al proceso de reinserción, hay que favorecer el cumplimiento de las penas en los centros que ofrezcan más facilidades para la consecución de este objetivo,  y en este sentido la proximidad de sus familiares y de su lugar de origen puede y debe ser un elemento que tengan  en cuenta las autoridades competentes.  

4. Las entregas administrativas de los detenidos a las autoridades españolas por parte de otros países de la Unión Europea sin haber recurrido al procedimiento tradicional de la extradición, plantea algunas cuestiones que habría que tomar en consideración.  

Así el entendimiento tradicional de la soberanía de los Estados y las características de la comunidad internacional anterior al proceso de integración supranacional han hecho que la persecución de presuntos responsables de delitos, cuando se encuentren fuera de las fronteras del Estado del juicio o del tribunal conocedor de la causa, se efectúa únicamente según el procedimiento de la extradición. Sin embargo, en el marco jurídico-político propio de la Unión Europea es hoy posible contemplar la puesta en práctica de otros mecanismos legales para resolver eficazmente este problema, sobre todo cuando los países que la forman comparten tradiciones constitucionales comunes y han asumido además la Convención Europea de los Derechos Humanos y están por consiguiente sometidos a la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.  

Se puede hablar, por lo tanto, de un espacio europeo en cuyo seno se impone una misma concepción de estos derechos, de tal forma que, de acuerdo con las disposiciones del art.6º de la Convención, son comunes no sólo los derechos humanos de carácter nominal, sino también los de carácter instrumental, los que aportan las garantías gracias a las cuales se preservan los primeros. Es por lo tanto la identidad esencial de los derechos y garantías lo que distingue actualmente este espacio que se ha construido en Europa y en particular el que existe en el seno de la Unión Europea.  

Sin embargo, aunque desde el punto de vista anteriormente expuesto la entrega administrativa de un detenido no debe producir un cambio sustancial en su status, porque ello no disminuiría su posición jurídica, que se distingue siempre por su propio contenido, y tampoco interrumpe el curso del procedimiento que conduce a su puesta a disposición del juez que ha dictado la orden en virtud de la cual ha sido detenido en el lugar en que se encontraba, yo creo que la resolución adecuada de los interrogantes a los que hacía referencia en cuanto a la utilización de estas “entregas adminsitrativas”, debe encontrarse en la instrumentalización apropiada de los mecanismos legales alternativos (al menos en los países de la Unión Europea) al procedimiento tradicional de extradición.  

Para alcanzar este objetivo lo antes posible, un camino podría ser la reglamentación comunitaria del llamado “aviso europeo de busca y captura”, o un instrumento semejante, en particular para los delitos contemplados en el art.29 del Tratado (delincuencia organizada, terrorismo, trata de seres humanos, delitos contra los niños, tráfico ilegal de drogas y armas, corrupción y fraude) y según las disposiciones del art. 34 del mismo Tratado, pues es urgente establecer una vía legal que permita superar las dudas o las sospechas que podrían planear hoy día respecto a los derechos de los detenidos.  

V. Conclusiones finales 

Aunque en este primer breve informe no he querido abordar más que las cuestiones más graves concernientes a la violación de los derechos humanos por la violencia terrorista y urbana sobre la población vasca, no hay duda de que en el curso de mi visita pude escuchar y apreciar otras informaciones que merecerían un análisis más en profundidad, pues podrían estar a la base de numerosas manifestaciones de violencia como las ya descritas.  

Concretamente, el uso de los medios de transmisión de la cultura y del conocimiento para favorecer entre los jóvenes y los niños un acercamiento al conocimiento a partir de una concepción legítima de las posiciones nacionalistas, pero hecha desgraciadamente según una sola opinión de exclusión y agresiva hacia los no nacionalistas, rozando a veces la incitación a posiciones racistas o xenófobas, lo que es sin duda incompatible con una concepción democrática de la sociedad, y constituye un germen de violaciones de los derechos humanos.  

Aunque yo haya conocido por información directa del Consejero de Educación del Gobierno vasco, los esfuerzos y las campañas escolares que tienen lugar actualmente para promover valores como la igualdad, no es menos cierto que habría que estudiar el contenido de algunos libros de texto, no precisamente de acuerdo con un objetivo de promoción de la comprensión recíproca y de la convivencia, o la erradicación de determinados programas de la televisión pública vasca en los que se tolera que los niños canten canciones de desprecio hacia los españolistas.  

Todas estas cuestiones, por su importancia, merecen un análisis posterior y un seguimiento que yo no estoy en condiciones de realizar en este momento con el rigor necesario, limitándome por consiguiente a los puntos esenciales expuestos y a las recomendaciones formuladas.

Evaluar si los profesores de la Universidad saben valenciano es legal
NEUS CABALLER | Valencia El País  15 Marzo 2001

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado aprobado un polémico artículo de los Estatutos de la Universidad de Valencia que indica que 'el profesor que obtenga una plaza tendrá que someterse a las evaluaciones del conocimiento de las lenguas que son oficiales en la universidad', es decir, el castellano y el valenciano (variante de la lengua catalana). El tribunal obliga al Consell, que preside el popular Eduardo Zaplana, a publicar ese artículo de los estatutos (que forma parte de un paquete de modificaciones aprobado por el claustro el 24 de noviembre de 1997) en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y declara 'nulos de pleno derecho' los dos actos administrativos del Gobierno autonómico que negaron la expedición del certificado de aprobación. Contra la tesis del Ejecutivo de Zaplana, el TSJ considera que la reforma estatutaria quedó aprobada por la vía del silencio administrativo, como sostenía la Universidad al interponer el recurso.

El rector Pedro Ruiz Torres se mostró satisfecho con la sentencia y recordó que 'el artículo 167.4 ya estaba recogido en los Estatutos originales de 1985 y fue interpretado de manera equivocada' por el Gobierno del PP. Ruiz subrayó que 'en ningún momento la Universidad va a impedir que un profesor que no conozca las dos lenguas oficiales pueda optar a una plaza y tampoco va a plantear en la convocatoria ningún tipo de perfil, porque la adjudicación de plazas está regulada por la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y corresponde al Estado'. La secretaria general de la Universidad, Rosa Moliner, puntualizó que, en caso de realizarse la evaluación, ésta será posterior a la obtención de la plaza. Por su parte, la Generalitat reafirmó que considera el artículo inconstitucional y anunció que recurrirá el fallo.

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