AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 4  Abril   2001
#Español en Cataluña
Cartas al director ABC 4 Abril 2001

#Revel denuncia la desertización cultural que causa el terrorismo
PARÍS. J. P. Quiñonero ABC  4 Abril 2001

#Democracia boba
Carlos DÁVILA ABC  4 Abril 2001

#Concejales y escoltas
Editorial El País 4 Abril 2001

#Vacilaciones sobre ETA
Editorial ABC 4 Abril 2001

#Necesario combate judicial contra Eta
Editorial La Razón 4 Abril 2001

#Los bandazos de la Sala
Maite Cunchillos Libertad Digital 4 Abril 2001

#La tángana
Jaime CAMPMANY ABC 4 Abril 2001

#Eta-Eh, a reventar las elecciones
Enrique de Diego Libertad Digital  4 Abril 2001

#La Audiencia aplaza las excarcelaciones por un dato relevante expuesto en el voto particular
Libertad Digital  4 Abril 2001

#Pactista e institucionalista
Charo ZARZALEJOS ABC 4 Abril 2001

#El Supremo avala la expulsión de un ertzaina condenado por ayudar a ETA
MADRID. ABC  4 Abril 2001

#Redondo y Savater censuran al PNV por 'banalizar' la situación de miedo
L. R. A. | Madrid El País  4 Abril 2001

#Lo que hay que ver
ROSA DÍEZ El País   4 Abril 2001

#Concejales dimisionarios
Editorial La Estrella  4 Abril 2001

#El ‘carné vasco’
ANTONIO PAPELL El Correo  4 Abril 2001

#Adiós Pujol
ANTONIO GALA El Mundo   4 Abril 2001

#Disputa
FÉLIX DE AZÚA El País  4 Abril 2001

Español en Cataluña
Cartas al director ABC 4 Abril 2001

Ha salido el informe anual correspondiente al año 2000 sobre los Derechos Humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano. Como en años anteriores se pone de manifiesto la grave discriminación que sufren los ciudadanos de habla española que viven en Cataluña.

Este documento recoge que existe un conflicto lingüístico con los decretos de aplicación de la Ley, y en concreto en el cine, que tuvo que ser derogado. Manifiesta que a una profesora de una Universidad de Tarragona se le eliminó de las pruebas de Selectividad por repartir dos exámenes en español a alumnos que lo solicitaban en esa lengua y que un Tribunal de Justicia suspendió determinados artículos del Reglamento de Usos Lingüísticos de esa Universidad, por considerarlos discriminatorios para los castellanohablantes, y elogió a la referida profesora por defender los derechos de los alumnos.

Como podemos ver, ya se conoce en todo el mundo la grave discriminación de los español-hablantes de Cataluña.
Mario Santander Tiadó. Barcelona.

Revel denuncia la desertización cultural que causa el terrorismo
PARÍS. J. P. Quiñonero ABC  4 Abril 2001

El filósofo Jean François Revel dedica en su último libro, «Les plats de saison» (Platos de temporada), algunas páginas significativas al análisis y denuncia de las nuevas formas de la violencia y la criminalidad terrorista, insistiendo en un extremo que considera capital: la correcta utilización de las palabras para calificar la naturaleza de los crímenes que, a su modo de ver, desvirtuamos con calificativos como «fascismo».

Revel insiste en dos dimensiones devastadoras de la gangrena terrorista: la desertización cultural y la destrucción de las semillas y raíces de la lengua, transformando la incapacidad de análisis del crimen en un proceso de nuevo cuño de erosión y destrucción de la cultura, socavando nuestras relaciones con la memoria colectiva y la cultura universal.

Para Revel, el caso más evidente de desertización cultural, a través del crimen terrorista, es el chantaje y la destrucción de las libertades básicas de expresión, comunicación y enseñanza. Cita el caso de un amigo suyo, profesor de filosofía, en un colegio de Álava, donde el 95 por ciento de los alumnos sólo sabe expresarse en español. (N. del E.: querrá decir en  "vasco")

Cuenta que su amigo comenzó por recibir a unos «emisarios» de ETA, quienes le «aconsejaron» dar sus clases en euskera. El profesor alegó que no siempre era ni es fácil encontrar en vasco la terminología técnica necesaria para estudiar algunas disciplinas filosóficas. ETA denunció al amigo de Revel como un adversario a liquidar, físicamente. El profesor de filosofía decidió abandonar su tierra, agravando el proceso en curso de desertización cultural.

Revel analiza otro proceso quizá más complejo, pero igualmente devastador: la incorrecta calificación de los crímenes terroristas, presentados, con frecuencia, en la Prensa española como delincuencia perpetrada por «asesinos fascistas». Revel estima que esa ligereza terminológica también transforma el asesinato en una dimisión cultural, simiente de nuevos problemas de fondo. Recuerda que fascismo y nazismo fueron frutos históricos que no tienen nada que ver con la criminalidad etarra, que tiene un origen doble: nacionalista y marxista.

Según Revel, «en el proyecto de ETA hay una componente nacionalista, pero eso no le impide continuar a la izquierda. Es engañar al gran público imputar a un fascismo imaginario unos crímenes cuya génesis ideológica es muy explícitamente marxista, o, en el caso vasco, nacionalista y marxista al mismo tiempo».

Democracia boba
Por Carlos DÁVILA ABC  4 Abril 2001

A los que no les gusta casi nada el Estado, les gusta que, por lo menos, el que exista, sea bueno. Y que se defienda. O sea, que el poco Estado que debe funcionar, funcione. Y se implique sin mala conciencia y sin debilidad. Y el Estado —¡qué hastío decirlo!— son tres poderes. En tres días contamos con dos ejemplos de cómo protagonistas de estos Poderes o se llaman andanas o, por pusilanimidad, se pronuncian en contra de lo que debe ser, de lo que dicta el sentido común. El inaudito alcalde de San Sebastián y los jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional representan a la democracia blanda que otorga razón a los delincuentes por negligencia o por temor, en el caso más negativo. Aún habría que citar el caso de Pepe Rei, imputado como terrorista por Garzón, y su babosa «Oveja Negra», un panfleto que dicta sentencias de muerte anticipada y pone a los pistoleros en la pista de sus objetivos. Odón Elorza en San Sebastián se ha convertido en un cagueta filonacionalista que respalda a etarras, los jueces de la Audiencia colocan a Matanzas (¡qué apellido el suyo más premonitorio!) en la calle, y algunos periodistas se oponen a que «Ardi Beltza» sea cerrada en aras de la intangible libertad de expresión. Son tres ejemplos de democracia boba. Elorza se hace perdonar por los asesinos, los jueces se tapan para que ETA no se fije en ellos, y los periodistas nos la cogemos con papel de fumar sin caer en la cuenta de que un libelo que apunta a las víctimas y denuncia a «espías» de Interior, es un peligro público contra el que hay que protegerse. Realmente estamos bobos. Estamos, aunque no lo seamos. Parece como si aún andáramos por los balbuceos de la Transición, cuando la defensa del Estado de Derecho se asimilaba a la persistencia del franquismo. Los paradigmas exteriores de una Alemania combatiendo con dureza a los «Baader» o de una Francia arreando sin piedad a los terroristas de «Carlos» y sus secuaces, resultaba para España una demasía. Y lo peor es que continúa pareciendo. Por eso el etarrismo aún está tranquilo: mientras cuente con el nacionalismo cómplice, y con jueces memos o asustados, la banda seguirá matando. En la democracia boba.

Concejales y escoltas
Editorial El País 4 Abril 2001

Como Froilán Elespe, el concejal socialista de Lasarte-Oria asesinado por ETA, los tres concejales, también socialistas, de Zumárraga (Guipúzcoa) que han dimitido por su negativa a llevar escoltas son de aquellos ciudadanos que, aplicando la lógica, se resisten a aceptar que les puedan matar tan sólo por ostentar su representación política en un ayuntamiento. Y se rebelan contra esa posibilidad irracional. Pero esa lógica democrática pugna con el discurso práctico de los terroristas, para quienes los 243 concejales vascos del PSOE y los 223 del PP son 'objetivos legítimos a eliminar' precisamente por lo que representan.

Nada hay de reprochable que ante la tesitura de llevar escoltas los concejales de Zumárraga hayan optado por dimitir, al considerarlo una afrenta a su dignidad personal y una servidumbre insoportable en su vida cotidiana. Entre su libertad personal y sus deberes de representación, los concejales dimitidos han escogido lo primero. Nadie puede ponerles un reparo. La atención recriminatoria hay que enfocarla en quienes insisten en afirmar que 'aquí no pasa nada' y miran hacia otro lado ante los inequívocos propósitos de ETA de proceder a una limpieza ideológica no nacionalista en las instituciones representativas del País Vasco. Una sociedad en la que existen ciudadanos obligados a elegir entre su vida personal y su vida política, por no ser compatibles ambas, tiene un grave problema de falta de libertad. Éste es el problema central.

La amenaza de ETA a los concejales del PSOE y del PP busca erradicar del País Vasco a quienes representan cerca del 40% de los votantes. Ni el Estado de derecho ni los partidos democráticos pueden quedarse con los brazos cruzados ante semejante agresión. Deben garantizar que esa representación, sea del tamaño que sea, y eso es algo que corresponde decidir a los electores vascos, siga presente en las instituciones. Si es imprescindible que los cargos electos lleven protección policial, no habrá más remedio.

Vacilaciones sobre ETA
Editorial ABC 4 Abril 2001

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado la decisión sobre los recursos contra las órdenes de prisión dictadas por el juez Baltasar Garzón contra los responsables de «Ekin», considerada por la Policía, el Ministerio Fiscal y el juez instructor como la dirección política de ETA. Ni el aplazamiento de la decisión ni la resolución misma sobre tales recursos serían motivo de expectación ni de preocupación si no fuera porque la Sección Cuarta ha sentado una doctrina débil y peligrosa, en términos jurídicos y fácticos, sobre el concepto penal de terrorismo. Según este Tribunal, ETA no tiene más tramas que la integrada por los terroristas armados, por lo que no es posible reconocer judicialmente la existencia de sujetos colectivos de apoyo a ETA, sino únicamente comportamientos individuales. Con esta tesis de partida, han quedado en libertad personajes como Elena Beloqui, Gorka Martínez o Mikel Egibar, reputados militantes de la izquierda proetarra, responsables de su aparato internacional, llamado «Xaki». El resultado de estos pronunciamientos judiciales es la configuración del terrorismo como una versión moderna de bandolerismo, sin apoyos políticos, financieros, sociales o internacionales. Un auténtico despropósito que ignora la realidad constatada del terrorismo etarra.

La filtración de las deliberaciones sobre la investigación del caso «Ekin» ha permitido saber que existe una fuerte tensión entre los magistrados de la Sección Cuarta, de los que dos se decantan por dejar en libertad a varios de los catorce procesados, entre ellos al abogado Txema Matanzas, considerado máximo responsable de la trama política de ETA. El tercer magistrado se opone a las excarcelaciones y apoya las decisiones de Garzón. La notificación del auto, prevista para ayer al mediodía, ha quedado aplazada, lo que prueba un enconamiento desproporcionado en el seno del Tribunal para lo que debería ser el objeto de su decisión. El problema es que esta Sección está condicionada por sus antecedentes, que han convertido los recursos de apelación sobre los procesamientos y las medidas de prisión decretados por Garzón en auténticos juicios de fondo sobre la existencia de pruebas directas acerca de la culpa de los procesados. Esto no es, evidentemente, lo que se ventila en estos recursos, sino la constatación de que el instructor ha encontrado lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina «indicios racionales de criminalidad». Se trata, por tanto, de un juicio externo, procesal y no sustantivo, de la actividad instructora, que no está previsto para que la Sala de apelación se convierta en una especie de instructor a distancia. Ni es el momento de exigir pruebas —porque bastan indicios, y ambas cosas son distintas— ni la Sala puede subrogarse en juicios que corresponden al instructor, al menos en la fase en que actualmente se encuentra la investigación.

Necesario combate judicial contra Eta
Editorial La Razón 4 Abril 2001

La Sala IV de la Audiencia Nacional ha decidido esperar hasta hoy para decidir sobre la excarcelación de algunos de los miembros de Ekin acusados por el juez instructor, Baltasar Garzón, de formar la trama «civil» de Eta. El contundente voto particular de uno de los magistrados, Antonio Díaz Delgado, ha aconsejado a los otros dos, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, una nueva deliberación sobre su primer criterio de liberar a varios de los imputados, entre los que se encuentra el abogado Matanzas.

    Ante todo, es preciso decir que todas las decisiones judiciales, incluida la que hoy se determine, merecen el más absoluto respeto. Ésa es la diferencia entre las sociedades civilizadas que constituyen estados de Derecho con los grupos salvajes donde no existe la ley. Dicho esto, no se puede menos que recordar que entre estos últimos, las bandas de criminales que perturban la convivencia, amedrentan a los ciudadanos, imponen el terror y asesinan a ciudadanos inocentes está la banda mafiosa Eta. Justamente aquella cuya dirección política forma, según la acusación y a falta de juicio definitivo, la red Ekin.

    Por esta razón, la Justicia ha de ser sensible a su papel de proteger a la sociedad frente a quien la agrede. Y debe en ello extremar su celo, siempre, por supuesto, con la salvaguardia de todas las garantías. Si los magistrados de la Sala IV entienden que, según la ley, han de liberar a presuntos jefes de terroristas, o terroristas ellos mismos, habremos de aceptarlo. Es la paradoja grandiosa del sistema: respetar los derechos de quienes no respetan los de los demás. Pero si tienen indicios razonables sobre su posible culpabilidad, sin menoscabo de las antes citadas garantías, no pueden cometer el trágico error de dejar en libertad a los imputados.

    La lucha contra las mafias terroristas no es como la que se desarrolla contra delincuentes individuales. Se trata de tramas en las que es difícil, aunque no imposible, demostrar la conexión entre los que matan, lo que ayudan a que maten, los que justifican las muertes y los que las rentabilizan. Todo ello es un solo cuerpo, con diferentes miembros. Y la responsabilidad de la Justicia, como poder del Estado democrático, es combatirlo con toda la fuerza de la legalidad.

    Decidan lo que decidan, los jueces han de saber que la lucha contra el terrorismo es el principal servicio que se puede hacer a la sociedad amenazada y a la propia supervivencia del sistema democrático. La dejación de esta función sería imperdonable, y mucho más si se realizara por miedo. Porque, además, los terroristas se crecen con la impunidad, y si el Estado es débil contra ellos, ellos se crecen contra el Estado. La cantera de Eta se alimenta con la esperanza de victoria, y es preciso demostrarle que jamás la logrará.

Los bandazos de la Sala
Por Maite Cunchillos Libertad Digital 4 Abril 2001

Lo más honrado e inocente será creer que Antonio Díaz Delgado, con su voto particular, ha abierto los ojos de sus compañeros de Sala, Carlos Cezón y Juan José López Ortega. Después de dos meses y medio de deliberaciones y varios borradores de auto, resulta curioso pensar que ahora, el voto particular descubre datos reveladores incriminatorios contra quienes iban a salir, este mismo martes, de la cárcel.

Da la impresión de que los dos magistrados de la Sección Cuarta se han sentido desmontados al leer los contundentes argumentos de quien firma el voto discrepante. En un exhaustivo relato de hechos, este juez incluye todos los indicios que aprecia contra los responsables de EKIN. Y, entonces, ¿de qué han estado hablando los jueces desde enero?

Puede ser que en este replanteamiento de la Sala haya influido lo que en latín se conoce como “rebus sic stantibus” (cambio de las circunstancias). Se había filtrado la decisión de los jueces, eso había levantado una polvareda política y mediática y, para colmo, un voto particular demoledor...

Sería deseable que la Audiencia Nacional siguiera, en materia de terrorismo, un criterio de coherencia y rigor ajeno a factores externos a la propia conciencia de los jueces. Los “bandazos” en los posicionamientos generan una cierta incertidumbre que, sin duda en este caso, la opinión pública ha podido percibir. Rectificar es de sabios, siempre y cuando el juez haga esos cambios siguiendo única y exclusivamente lo que le dicte su conciencia.

La tángana
Por Jaime CAMPMANY ABC 4 Abril 2001

Arnaldo Otegui, el asesino frustrado de mi amigo Gabriel Cisneros, quiere votar en las elecciones autonómicas con el DNI vasco. Se ha adelantado a advertir, o mejor dicho, a amenazar, con montar una tángana si no le permiten votar con ese documento de identificación no válido. El personaje es así de chulángano, y si no le dejan hacer lo que quiere, la arma. Menos mal que la tángana no es una escabechina, sino un alboroto, una pelea o una marimorena, y Arnaldo Otegui, asesino frustrado de mi amigo Gabriel Cisneros, no ha amenazado con cargarse allí mismo, en el colegio electoral y ante la urna, al señor presidente de la Mesa, al apoderado del Partido Popular y a todo el que se le ponga por delante. Lo que sí se sabe es que Otegui cuenta con gente que puede hacer ese trabajito.

A mí, que Arnaldo Otegui, asesino frustrado de Gabriel Cisneros, vote o deje de votar es cosa que me trae al fresco, porque lo suyo no es precisamente el voto sino el disparo de unas papeletas de 9mm. parabellum. Otegui vota disparando, y cuando se decide a depositar una papeleta en la urna, es para elegir a sus compañeros de banda. Luego, sólo van a la asamblea legislativa si sus votos son necesarios para que salga lehendakari algún mandado de Xabier Arzalluz, amigo y aliado de Arnaldo Otegui, el asesino frustrado de Gabriel Cisneros. Otegui llega al Parlamento, vota para que salga elegido Ibarreche, el mandado de Arzalluz, se larga y ya no vuelve por allí hasta otra. Es decir, que Arnaldo Otegui es lo que se dice un espejo de demócratas.

Podemos estar orgullosos de la exquisitez de nuestro Estado de Derecho y del escrupuloso respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Tenemos en la calle a Arnaldo Otegui, asesino frustrado de Gabriel Cisneros, y además amenazando con armar la tángana si no le dejan incumplir las leyes y pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Ahora van a poner en la calle a un tal Matanzas. No, no me pregunten. Parece ser que ese es su apellido auténtico y no un apodo o un nombre de guerra. Lo metió en la cárcel el juez Baltasar Garzón y lo saca de la cárcel la Sala de la Audiencia Nacional. Y no es el único que entró y que sale en las mismas condiciones. Matanzas es algo así como el buque insignia de la organización exterior de «ETA».

Una de dos: o que enseñen a Garzón a dictar autos y a instruir sumarios, o que enseñen a los magistrados de la Sala de la Audiencia a no coger unos casos con papel de fumar mientras cogen otros con papel de estraza, o lo que es peor, con papel de lija. A ver si aprenden a coger a todos los españoles con el mismo papel. Con esta plaga de la «ETA» que nos ha caído a los celtíberos están sucediendo cosas extrañas. Los jueces mandan al trullo a etarras de distinta función, ordenar, organizar, matar, informar, denunciar, administrar, deambular por la política, colaborar en fin, y luego llega un tribunal superior y los pone en la calle. Tendríamos que saber quién se equivoca ahí, si los que encierran primero o los que redimen después.

Precisamente ahora el Tribunal de Estrasburgo ha decidido que no puede entrar a considerar el caso de los capitostes de Herri Batasuna que el Tribunal Constitucional puso en la calle después de haber sido condenados por el Supremo. Dicen los jueces de Estrasburgo que en este caso se trata de una acusación y no de una defensa de Derechos Humanos. Ya veremos en lo que queda el empecinamiento de Otegui, frustrado asesino de Gabriel Cisneros, para votar con el DNI vasco. Con ese procedimiento podrían anular buena parte de las actas electorales, que tal vez sea lo que buscan. Y después, a ver lo que las leyes y los jueces dicen respecto de la tángana. ¿Es delito la tángana electoral? Pregunto.

Eta-Eh, a reventar las elecciones
Por Enrique de Diego Libertad Digital  4 Abril 2001

La consigna de Eta a sus simpatizantes de que voten con el llamado “DNI vasco” va mucho más allá del gesto de provocación para ser una apuesta clara por el conflicto civil atacando a la misma médula de la democracia. Se trata de reventar las elecciones por el clásico sistema fascista de la patada en la urna, en versión moderna, puesto que ese es el efecto de introducir un voto ilegal: todas las papeletas quedan fuera del recuento.

La fórmula permite, además, convertir la jornada electoral en una manifestación a gran escala de kale borroka, de terrorismo callejero en las mismas puertas de los colegios electorales. Puede darse el caso de que el presidente de la mesa sea de Eh y pretenda permitir el voto con el carnet alegal. Eso generará un conflicto con los interventores. O que no lo permita, con lo que los militantes de Eh se manifestarán en los alrededores del colegio electoral para que los votantes tengan que pasar por medio de auténticos piquetes violentos y coactivos. Lo que trata de impedir la banda terrorista es tanto una victoria de los constitucionalistas, como la misma claridad del resultado, pues ello afecta a su legitimidad. El “DNI vasco” es un instrumento totalitario de guerrilla urbana.

Nunca ha sido más obvio que Eh es un partido dedicado a intentar destruir a la democracia. Con este nuevo pulso, las elecciones del 13 de mayo son aún más decisivas de lo que pensábamos, y era mucho. Toca al gobierno vasco y a la policía autónoma asegurar la limpieza de los comicios, la legalidad del resultado y la seguridad en la jornada electoral. El “DNI vasco” es una de las consecuencias de Estella/Lizarra, una de las bromas pesadas del contubernio nacionalista, pues si bien la política hace extraños compañeros de cama, nadie en su sano juicio se mete en el lecho con gentes que ponen bombas en el somier.

Las urnas son el antídoto contra la guerra civil, que es la apuesta de Eta, hasta ahora con la estúpida complicidad de Arzalluz, que en su fatal arrogancia ha caído en el peor error: pensar que podía utilizar en su favor a los violentos. Sólo a un personaje de tan poca talla moral se le puede ocurrir tamaño disparate.

La Audiencia aplaza las excarcelaciones por un dato relevante expuesto en el voto particular Libertad Digital  4 Abril 2001

Los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seguirán deliberando este miércoles sobre la excarcelación de siete de los catorce imputados en la organización EKIN que están en prisión. La clave de esta dilación es la importancia de un dato que aparece en el voto particular discrepante redactado por el magistrado Antonio Díaz Delgado, quien asegura que en el proceso de instrucción hay que valorar los indicios y no las pruebas de cargo para decidir si los imputados permanecen en prisión. Según asegura "La Razón" uno de los jueces que apoya la excarcelación está amenazado.

A pesar de que el martes la Audiencia Nacional diese orden de excarcelar a siete de los catorce miembros de Haika detenidos por orden de Garzón, finalmente, los jueces dieron marcha atrás y decidieron seguir deliberando. El dato expuesto por el magistrado Antonio Díaz Delgado podrían afectar al número de excarcelados entre los que se encuentra el abogado de Gestoras Pro Amnistía, Txema Matanzas, imputado en varias ocasiones por su vinculación con ETA y defensor de procesos como el atentado de Hipercor o el secuestro de Ortega Lara. Matanzas brindó cuando supo del asesinato del concejal popular José María Martín Carpena.

El voto discrepante sostiene que el proceso se encuentra en una fase de instrucción en la que deben bastar los indicios para confirmar la prisión de los imputados. El análisis de las pruebas de cargo debe afrontarse cuando se celebre el juicio oral, es decir, con la instrucción más avanzada. El voto redactado por el magistrado Díaz Delgado hace hincapié en que el recurso contra el auto de prisión que se está estudiando se refiere a septiembre de 2000, cuando ingresaron en prisión por orden de Garzón, y que la sala debería limitarse a evaluar si en ese momento existían indicios para ejecutar esa orden. En resumen, ahora no se está juzgando sino instruyendo. Es la instrucción la que puede convertir los indicios en pruebas y el propio Garzón podría acometer excarcelaciones a lo largo del proceso.

Los magistrados Juan José López Ortega y Carlos Cezón han dado marcha atrás en la comunicación del auto, dilatando la deliberación hasta este miércoles pese a que en la mañana de este martes el último proyecto de resolución que se manejaba se centraba en la excarcelación de siete imputados bajo fianzas de entre medio millón y un millón de pesetas. No hay duda de que la salida de la cárcel de producirá pero ahora, con el estudio a fondo del citado voto particular, pueden variar las condiciones en número y, sobre todo, en la identidad de los beneficiados por la medida.

Se da la circunstancia de que el nombre del juez Carlos Cezón apareció entre los documentos que fueron encontrados en Francia en poder de la cabecilla etarra Belén González. En los papeles incautados se explicaba quien era, donde vivía y a que se dedicaba, así como algunos detalles sobre sus costumbres habituales.

Independientemente de la resolución que termine adoptando la sala, Garzón se dispone de manera inminente a ilegalizar EKIN, según anunció la semana pasada en una providencia en la que pedía al fiscal que alegara “lo que considere oportuno sobre la eventual ilegalización de la organización alegal EKIN, como en su día lo fue KAS y como parte de la codirección subordinada de ETA-EKIN”.

La opinión de Jesús Cardenal
Según el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, “debería mantenerse la situación de prisión” para los catorce miembros del “aparato político” de ETA, EKIN, que permanecen encarcelados por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Antes de participar en un acto de entrega de despachos a fiscales, Cardenal añadió que “si el fiscal se había opuesto al recurso que interpusieron los representantes de los que están presos”, la decisión de excarcelarlos sería, “en principio, contraria a lo que el Ministerio Fiscal piensa que debe hacerse en estos casos”.

El origen: la operación “Lobo Negro”
La operación policial contra EKIN, denominada "Lobo Negro", se saldó el pasado 13 de septiembre con la detención de veinte personas, de las que dieciocho ingresaron en prisión dos días después por orden de Garzón. En el auto de prisión, el juez apreciaba evidencias de que EKIN, controla políticamente y planifica actividades de organizaciones ajenas tales como Herri Batasuna-EH, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai-Haika y sus organizaciones satélites.

Además, atribuía al abogado de las Gestoras Pro Amnistía José María Matanzas un “papel esencial” en el control del colectivo de presos etarras. El 3 de octubre, Garzón confirmó la prisión de los dieciocho encarcelados, medida que la defensa recurrió ante la sala de lo penal, que el 16 de enero ordenó la puesta en libertad bajo fianza de un millón de pesetas de cuatro de los imputados. La sala acordó también entonces aplazar su decisión sobre los otros catorce, para los que el fiscal pidió que se mantuviera la prisión al considerar que eran los máximos responsables de EKIN.

Además de Matanzas, permanecen encarcelados desde septiembre Xabier Alegría, Jaime Iribarren, Rubén Nieto, Olatz Egiguren, Juan María Mendizabal, Ane Lizarralde, Xabier Balanzategi, Peio Ion Sánchez, Paul Asensio, David Soto, Francisco Gundín, Unai Hernández y Loinaz Antton Ollokiegi.

Pactista e institucionalista
Por Charo ZARZALEJOS ABC 4 Abril 2001

Estuvo muy acompañado y entre la compañía había de todo. Consejeros nacionalistas y socialistas que fueron de sus gobiernos, muchos de los actuales con el portavoz Josu Jon Imaz al frente; algún crítico o «michelín» que diría Arzalluz como Emilio Guevara y Joseba Arregi; representantes del mundo de la «influencia» como Jon Azúa y Alfonso Basagoiti y otros como Miguel Herrero, Joaquín Almunia, Xavier Trias, Ramón Jáuregui, Iñaki Azkuna, y una amplia representación institucional como Juan María Atutxa y de los auténticos popes del entramado institucional vasco como son los diputados generales: Josu Vergara y Román Sudupe.

Lo confesó él mismo y si no es porque le convenció Sánchez Asiaín, a lo mejor no hubiéramos oído hablar a Ardanza «a título personal» y representándose solo «a mí mismo». Fue el discurso de Ardanza el de un nacionalista pactista e institucionalista, moderado y pragmático que no utilizó ni una sola vez términos como el de «ámbito vasco de decisión», «déficit democrático» o «unidad territorial de Euskadi» ni, mucho menos, de «soberanía originaria», conceptos tan de moda en su partido.

Reivindicó el estatuto como punto de encuentro, no sin señalar la frustración que para el nacionalismo ha supuesto su no desarrollo íntegro. Habló de Ajuria Enea y de cómo la política de oposición del PP lo puso en peligro y habló también del llamado plan Ardanza recordando cómo en Ajuria Enea el diagnóstico establecido para el terrorismo no era otro que «la manifestación más dramática de la intolerancia antidemocrática».

En este repaso histórico llegó a Lizarra aunque sin pasar por Ermua. Y habló de Lizarra por encima, pero sin dejar por alto algo tan definitivo como que en aquel acuerdo su partido, el PNV, volvió a diagnosticar el terrorismo de ETA en términos de «expresión de un conflicto político irresuelto»; es decir, el diagnóstico de Lizarra se apartó sustancialmente del diagnóstico de Ajuria Enea.

Ya en el tramo final, Ardanza aseguró que el desencuentro es estéril y que corresponde al nacionalismo democrático asumir el protagonismo en la ruptura «de esta vinculación ilegítima y en el desenmascaramiento de esa descarada manipulación» que hace ETA al establecer vinculaciones entre la violencia que ellos ejercen y el conflicto político. Ardanza habló de diálogo y pidió diálogo pero dejó caer la conveniencia de que este diálogo quedara pospuesto, al menos en sus términos de debate, «a que se superara definitivamente el terrorismo». Todo esto lo escucharon los únicos representantes del EBB que asistieron a la conferencia: Josune Aristondo, única mujer en la ejecutiva del PNV con mando en plaza, y el siempre silencioso y pelín misterioso Gorka Aguirre.

El Supremo avala la expulsión de un ertzaina condenado por ayudar a ETA
MADRID. ABC  4 Abril 2001

El ex colaborador de ETA Francisco Añorga comenzó a trabajar ayer como almacenero en el Parque de Bomberos de San Sebastián. La Justicia se acaba de pronunciar sobre un caso similar al de Añorga: el Supremo ha avalado la decisión del Gobierno vasco de expulsar de la Ertzaintza a otro ex colaborador de ETA, Jesús Guergue, condenado a la misma pena que Añorga.

El concejal responsable del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Javier Urbistondo (PP), dijo que el destino laboral de Francisco Añorga, que antes de ingresar en prisión era policía municipal, se lo comunicó la edil de Régimen Interior, Susana Corcuera (PSE-EE), por lo que él mismo trasmitió la orden al jefe del Cuerpo de Bomberos donostiarra, Eduardo Aragolasa.

Aragolasa precisó, por su parte, en declaraciones a Efe, que Añorga se incorporó a las diez de la mañana de ayer a su nuevo trabajo y, tras conocer al resto de los empleados y las instalaciones del Parque, ubicadas en el centro de San Sebastián, comenzó a aprender sus nuevas funciones.

UN PUESTO «DISCRETO»
Añorga se encargará del mantenimiento de todos los equipos y materiales del Parque, como máscaras, aparatos de respiración autónoma, botellas, motobombas o protecciones. Aragolasa dijo que la plaza de almacenero estaba vacante desde hacía aproximadamente un año. Responsables de la sección sindical del LAB en el Consistorio calificaron de «discreto» el puesto laboral asignado a Añorga y aseguraron que no tendrá contacto directo con el público ni acceso a un ordenador.

Urbistondo reiteró que Añorga debió ser expulsado de la Policía Municipal tras la sentencia en la que fue hallado culpable de colaborar con ETA. «Si ésta es la forma de solucionar esta situación kafkiana, como es tener que admitir a un criminal convicto otra vez en un puesto porque el expediente se hizo así en su momento, pues tendrá que ser así», se resignó el edil popular.

La Justicia se acaba de pronunciar sobre un caso muy parecido al de Añorga. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la Ertzaintza de un agente que fue condenado en 1990 a seis años de cárcel por un delito de colaboración con ETA al considerar que esa actividad criminal «es la lesión más directa que cabe imaginar de los deberes de un miembro de la Policía», por lo que la sanción fue proporcionada.

El Supremo ha ratificado, de este modo, la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, dictada en 1996, que rechazó el recurso de Jesús Guergue Gómez de Segura contra su separación definitiva de la Ertzaintza, que fue acordada por orden de 7 de junio de 1993 por el consejero de Interior del Gobierno vasco.

El motivo de la expulsión fue la comisión de una falta muy grave prevista en el artículo 151. 2 del Reglamento de la Policía vasca, de 1982, que castiga «cualquier conducta tipificada de delito doloso». Guergue recurrió al Supremo al entender que la sanción de expulsión fue desproporcionada. Para el Supremo, «la condena por colaboración con banda armada de un miembro de la Ertzaintza es la lesión más directa que cabe imaginar de los deberes de un miembro de la Policía, del prestigio de ésta, de la noción de seguridad ciudadana y de la confianza social de los ciudadanos en la referida institución, por lo que la sanción impuesta ha de considerarse proporcionada».

El ertzaina fue detenido el 16 de septiembre de 1989 por su relación con el «comando Araba» de ETA y fue condenado el 7 de abril de 1990 por la Audiencia Nacional a 6 años de prisión y multa de 300. 000 pesetas por un delito de colaboración con banda armada. Se le acusó de pasar información sobre un militar

Redondo y Savater censuran al PNV por 'banalizar' la situación de miedo
L. R. A. | Madrid El País  4 Abril 2001

El secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y candidato a lehendakari, Nicolás Redondo Terreros, y el filósofo y promotor de la iniciativa ciudadana ¡Basta ya!, Fernando Savater, coincidieron ayer en denunciar al PNV por la 'banalización' que está haciendo de la situación de miedo que se atraviesa en el País Vasco. Redondo fue el representante político en la presentación del libro Perdonen las molestias, de Savater, organizado por la Facultad de Derecho la Universidad Complutense de Madrid, y que recopila sus artículos sobre la situación del País Vasco.

Redondo manifestó que el PNV 'banaliza y superficializa' lo que sucede en Euskadi, en un intento de trasladar 'una imagen idílica' de la situación. En este sentido, el líder socialista valoró el papel que Savater y su iniciativa ¡Basta ya¡ están jugando en Euskadi 'al establecer, más allá de las siglas partidistas, la referencia más importante' frente al terrorismo y sus secuelas y que 'sabremos valorar en el futuro'.

Savater también atacó a quienes, desde el nacionalismo, sostienen que 'se exagera' la situación del País Vasco. 'El riesgo de confrontación social es grave, pero más grave es que la mitad de la sociedad vasca mire para el otro lado' mientras 'la otra mitad sufre la violencia'.

Savater calificó a la mitad no nacionalista de 'víctimas de una guerra civil en la que no luchan'. 'Sólo ponen los muertos', dijo el filósofo vasco. Puso un ejemplo reciente para definir la situación, como fueron las medidas policiales excepcionales que adoptaron el pasado fin de semana con ocasión de la boda del hijo del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, o la evacuación en helicóptero desde un monte cercano del diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Román Sudupe, ante el riesgo de una acción de ETA.

'Si esto sucede cuando no pasa nada ¿qué sucederá cuando pase?', preguntó el filósofo vasco. 'Más vale levantar la voz y no esperar a los acontecimientos para que nos encontremos con una situación sin salida', terminó Savater.

Lo que hay que ver
ROSA DÍEZ El País   4 Abril 2001

Rosa Díez es presidenta de la delegación española en el Partido de los Socialistas Europeos.

En la noche del 13 de mayo, mucha gente va a tener serias dificultades para explicar el resultado de las elecciones en el País Vasco.

Y no me refiero a los argumentos que tendrán que encontrar los que hayan perdido. Me refiero a los que tendrán que buscar algunos tertulianos y políticos de esos que podríamos llamar, grosso modo, de los nuestros.

Tendrán serias dificultades quienes con voluntad de salvar al socialismo vasco desde Madrid o desde cualquier otra parte de España, a través de columnas, tertulias o reuniones políticas -conveniente, maligna y torpemente filtradas-, que las elecciones no van a cambiar nada, que lo que el PSE tiene que hacer es 'mirar las encuestas y actuar en consecuencia', o que sin el PNV en el Gobierno no hay salvación.

Van a tener dificultades porque, por más esfuerzo que hagamos en explicarles algo que es de manual democrático, ellas-ellos no están dispuestos a rebobinar. Están demasiado apegados al pasado, son demasiado conservadores -sí, conservadores, aunque para otras cosas de la vida puedan ser o declararse de izquierdas- y viven demasiado lejos y demasiado cómodos como para aceptar que llevan años, al menos dos, equivocando el análisis y la conclusión.

Y aunque tengo poca fe en que lean estas líneas sin prejuicio, voy a hacer un nuevo esfuerzo para rebatir algunas de sus teorías. Por falta de insistir, que no sea.

En primer lugar, a los que crean, basándose en las encuestas, que las elecciones no van a cambiar nada, yo les animaría a llevar su reflexión hasta el final: que propongan una modificación en la Ley Electoral, que puede ser algo así como 'se convocarán elecciones cuando las encuestas demuestren que cambiarán las mayorías....'. Con eso puede que no volviéramos a hacer elecciones o que las celebráramos cada año, según lo que digan los encuestados, naturalmente en función del clima..., y de la pregunta.

En segundo lugar, les pediría a quienes piensen en serio que un partido político está para tomar sus decisiones en función de lo que digan las encuestas que se borren de la democracia y que, como diría un amigo mío, se apunten a la demoscopia.

Tercero: quien sostenga en serio que sin el PNV en el Gobierno nada bueno es posible, ni cree en la madurez democrática de los vascos, ni cree en el compromiso democrático de muchísimos militantes y votantes nacionalistas que se sienten representados por esas siglas, pero no por sus actuales dirigentes. Déjenme que insista en esta idea: los Arzalluz, Egibar, Ibarretxe y compañía traicionaron a la democracia cuando acordaron con ETA marginar y someter a quienes no somos nacionalistas. En ese mismo momento, ellos mismos se excluyeron del campo democrático. Pero miles de nacionalistas votantes y militantes de ese partido se sienten avergonzados por el comportamiento de sus dirigentes y mantienen un compromiso ético homologable con el de cualquier demócrata vasco. Son estos segundos los que mandarán a su casa a los primeros para recuperar la dignidad del nacionalismo democrático y para recuperar, cuando toque, el poder político en el País Vasco.

Quienes nos auguran tragedias mayores que las que hoy sufrimos si el PNV no gobierna tras el 13 de mayo debieran respirar hondo un par de veces antes de hacer tales afirmaciones. Porque si son coherentes con lo que dicen llegarán a la conclusión de que sobran las elecciones. Y lo que es peor: si el PNV ha de gobernar mientras ETA exista, ¿quién nos garantiza que desaparecerá algún día? Y no me digan que estoy poniendo en duda el espíritu democrático del PNV. Ya lo he dicho antes: no tengo ninguna duda de que sus actuales dirigentes se autoexcluyeron del sistema democrático cuando firmaron un acuerdo para marginar a los no nacionalistas y seguirán fuera del sistema mientras compartan los objetivos de los terroristas.

¿Creen ustedes que se es demócrata por el hecho de decir que se comparten fines y no medios? Pues no. Porque quien comparte objetivos totalitarios y fascistas sabe que los medios para imponerlos también serán fascistas.

Peregrino me parece también el argumento ese de que todo está tan mal que lo mejor es que sigan gobernando los mismos. O sea, que en las próximas elecciones generales, cuanto peor lo haya hecho el Gobierno del PP, con más fuerza pediremos que sigan gobernando ellos, ¿no?

La misma nota de originalidad les daría a aquellos que nos 'avisan' sobre lo que puede hacer ETA cuando haya un lehendakari no nacionalista. Suelo pensar que con ese argumento el PSOE debiera de haber renunciado a ganar las elecciones en el 82, tras el intento de golpe de Estado, no fuera a ser que lo que fracasó contra la derecha triunfara contra la izquierda. Claro que si alguien se hubiera atrevido a decir esas cosas entonces, si nos hubieran pedido que renunciáramos a hacer posible la alternancia y consolidar así la democracia le hubiéramos llamado facha. Hoy, quienes argumentan desde la misma lógica se llaman a sí mismos demócratas y progresistas...

Decía al principio que algunas gentes van a tener muchas dificultades para explicar lo que digan las urnas. Pero también es cierto que algunos de los que hoy no dan un duro por el futuro y siguen aferrados a un pasado imposible, el día 14 querrán colocarse a la cabeza de la manifestación. Que no se preocupen: les cederemos el paso con sumo gusto.

Concejales dimisionarios
Editorial La Estrella  4 Abril 2001

U
n nuevo episodio, entre los muchos que sin tregua nos viene ofreciendo la más que alterada existencia en el País Vasco, ocupa hoy estas obligadas líneas de la reflexión editorial. Tres concejales  socialistas de Zumárraga, de los cinco con que cuenta el PSE, han dimitido por negarse a llevar escolta como ordena el partido. En el momento de conocerse ayer la tercera renuncia se aseguró que los dos restantes estudiaban igualmente seguir el mismo camino. Por declaraciones a los medios de comunicación, se ha sabido que los dimisionarios han preferido dejarlo todo antes de verse sometidos las veinticuatro horas del día a la "traba insuperable" de una presencia policial constante que les recuerda segundo a segundo su estado de emergencia. 
Seguramente, lo menos relevante en un primer comentario de urgencia sea tratar de dilucidar si a los dimisionarios les asiste mucha o poca razón para dar la espalda a su partido, a los ciudadanos y a su propia responsabilidad. Cualquiera que sea el grado de justificación política o humana de esta medida, resulta preocupante en extremo que a los ya múltiples problemas de la vida vasca se añadan estos nuevos. Y más preocupante es el hecho de que, con haber tomado esta medida, ninguno de los concejales dimisionarios se libra del acoso y del peligro de ETA sobre ellos. 
Es innecesario decir que, tras estos abandonos, el llamado "problema vasco" exhibe una vez más su rostro real, su verdadera complejidad, en el momento seguramente menos aconsejable, es decir, en plena preparación de la campaña electoral vasca. Con independencia de que, de este modo, la banda terrorista sacude, indirectamente, la vida democrática del País Vasco por un flanco más, la decisión de los concejales de Zumárraga hay que entenderla como un claro reflejo de los destructivos efectos psicológicos que sobre la vida diaria de los  representantes socialistas y populares –y, en general, de los colectivos amenazados por la banda terrorista– ejerce esa demencial situación de emergencia en que tienen que vivir. 
En el fondo, esta presión psicológica es el mejor símil para explicar la anormalidad política y social de una comunidad en la que la falta de libertad individual supera, como no hace falta explicar con más datos que los que aporta diariamente la agitada crónica vasca, todo lo imaginable, al menos de acuerdo con los baremos civilizados del resto de  Europa. No les falta razón, sin duda, a los políticos vascos, sobre todo a los situados por decisión de ETA entre las víctimas potenciales del nacionalismo radical, cuando se quejan públicamente de que en el País Vasco está permanentemente menoscabada la libertad.

El ‘carné vasco’
ANTONIO PAPELL El Correo  4 Abril 2001

Como era fácilmente previsible, Euskal Herritarrok ya ha anunciado que ‘peleará’ por utilizar el llamado ‘carné vasco’ en las próximas elecciones autonómicas. Arnaldo Otegi así lo asegura en una entrevista recién aparecida en ‘El Siglo’, en la que establece una simetría entre el DNI español y su remedo euskaldún y afirma que «se montará una tangana si los interventores del PP se ponen burros y no lo permiten». No es ésta en cambio la posición de los nacionalistas del PNV y EA, conscientes al menos de que unas elecciones deben sujetarse a unas reglas procesales predeterminadas y claras, y de que cualquier violación de la normativa jurídica puede provocar la invalidación del resultado de una mesa electoral. Lógicamente, la Junta Electoral del País Vasco ha recordado que el ‘carné vasco’ no será válido a efectos de identificación, y que los únicos documentos acreditativos de la personalidad del elector que serán aceptados son el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía.

Aparentemente, esta controversia es un simple forcejeo ideológico sin mayor relieve. El nacionalismo radical, cuyos miembros rechazan calurosamente ser españoles, mostrarían así su enfado por tener que identificarse mediante un documento que los acredita como tales y que es homogéneo en todo el Estado. Y, para conseguirlo de una manera plástica, habrían promovido un documento simétrico que expresaría su condición de vascos.

Pero este inocente planteamiento no es realista en absoluto, ni describe cabalmente la situación. Tras el DNI vasco no sólo existe una pulsión vasquista, separatista, que, aunque lógicamente opinable, nada tendría ‘per se’ de antidemocrática: hay además un deseo vehemente y rechazable de diferenciar, en el seno de la comunidad autónoma, a quienes son ‘verdaderos vascos’ de quienes no lo son.

En efecto, el DNI común es, para la práctica totalidad de los ciudadanos, una herramienta puramente identificativa que no contiene la menor carga ideológica. Al margen de que ciertos respetables integrismos democráticos rechazan la existencia de un documento de identidad (en Estados Unidos no existe, como es conocido), razones de simple pragmatismo obligan en prácticamente todos los países occidentales a la existencia de un sistema de identificación que tiene además un significado fiscal. Pero éste no es el caso del ‘DNI vasco’, que ha sido concebido por sus promotores -entre los que sí están los llamados partidos nacionalistas democráticos- como una seña distintiva de militancia nacionalista. Comoquiera que dicho documento tiene que ser solicitado mediante un acto positivo voluntario -sus fautores enfatizan este carácter voluntario-, es claro que por este medio se pretende confeccionar un censo de ‘leales’, es decir, de ‘vascos auténticos’. Que serían quienes podrían votar si el nacionalismo decidiera convocar un referéndum de autodeterminación como el previsto en el desarrollo de Lizarra. El propio Arzalluz ha dicho en público, sin ningún pudor, que obviamente en un referéndum de estas características no todo el mundo que tuviera naturaleza jurídica vasca podría ir a las urnas: tan sólo quien reuniera determinados requisitos de vasquismo y acreditara un cierto período de residencia en el país.

En definitiva, con el ‘carné vasco’ se pretende, además de exhibir una definición ideológica, consolidar mediante la formación de un censo una fractura social, segregar a los vascos auténticos de los advenedizos, los tibios y los sencillamente ‘españoles’. No hace falta decir que el mero proyecto de convocar un plebiscito en el que sólo podrían opinar los partidarios de uno de los dos términos de la proposición es, además de un fraude, una idea totalitaria que sólo puede caber en la mente de quien cree que la circunstancia personal es más importante que la propia dignidad de la persona.

Después del holocausto, los censos de contenido ideológico o étnico producen desazón y miedo, y tienen que ser abierta e incondicionalmente rechazados por los demócratas. La sola idea de conseguir listas de afectos, que no pueden tener otro sentido que marginalizar o expulsar -¿exterminar?- a los desafectos, suscita repugnancia. La evocación del genocidio, figura que no está tan alejada de los crímenes que está cometiendo el nacionalismo violento contra quienes no comparten sus tesis, no es ni extemporánea ni inoportuna. Lo escribió Carlos Fuentes hace unos años: «Cuando Nietzsche habla del eterno retorno, se refiere también a la repetición infernal de eso que Freud concebía como una heredad inconsciente, generación tras generación, de los males de la Humanidad. Recordar el mal es la mejor manera de evitar su repetición. La memoria da su verdadero sentido a la Historia, la salva de la pretendida objetividad de los hechos de archivo, la conecta a la vez con la colectividad y con las vidas personales».

Porque, como dijo Primo Levi, superviviente de Auschwitz, en referencia al racismo extremo de los nacionalsocialistas, «no podemos comprenderlo pero sí comprender de dónde nace y estar alerta».

Adiós Pujol
ANTONIO GALA El Mundo 
  4 Abril 2001

Una democracia auténtica es incompatible con partidos autócratas. Pujol se va, y es bueno para todos. Su identificación personal con Cataluña consiguió hacerla antipática, chantajista, nepotista, despreciadora del diálogo y del parlamentarismo, endogámica y no emblemática. Ha sido fiel a la Constitución, pero ha querido sacar partido de cada una de sus fidelidades. Sus trueques interesados crisparon con frecuencia las relaciones entre el Estado y una autonomía de vaivén conveniente... ¿No se llevaría con él a Arzalluz y a Fraga? El tiempo gasta las más ásperas rocas. Cuando más suavizadas están, otras las sustituyen.

Disputa
FÉLIX DE AZÚA El País  4 Abril 2001

Sería una lástima que el cruce de guantazos entre Fernando Savater y Eduardo Haro quedara archivado como un conflicto entre 'dos fuertes personalidades', porque hay algo más. Son también dos modos opuestos de entender la responsabilidad cívica.

En la vida pública de Savater ha primado siempre el compromiso ético sobre la ideología política. Es un escritor más próximo a Camus que a Sartre. Si durante el franquismo no dudó en colaborar con los comunistas, ahora no duda en hacerlo con socialistas y populares vascos. El motivo no ha cambiado: defender las libertades individuales y luchar contra la muerte. Las opciones de Savater responden a situaciones concretas y elige a sus aliados según un criterio pragmático porque para él no hay ningún ente o esencia superior al individuo.

No es el caso de Haro, el cual pertenece a una tradición colectivista y gregaria de honda raíz católica. Fue gregario en su etapa franquista, colectivista en su etapa roja, y comprensivo con los totalitarios en la actualidad. Su convicción más profunda es que los individuos están al servicio de una razón superior, sea ésta la Nación, el Partido, el Pueblo o la Historia.

Durante años, individualistas y colectivistas se confundían en el conglomerado de la izquierda. Pero esa etapa pertenece al pasado. Los colectivistas, sean de añoranza comunista o de melancolía nacionalista, son ahora fuerzas conservadoras. Y el individualismo no tiene, en España, historia alguna. Nunca ha existido. Si alguien actúa por sí mismo, y no por disciplina, codicia u obediencia, provoca la suspicacia de los colectivistas, los cuales le acusarán de españolismo o derechismo. Como Haro a Savater y como los estalinistas a Camus.

Quienes opinamos en los diarios solemos caer en el exhibicionismo moral. Nos ponemos a la puerta del colegio con la gabardina abierta para dar en espectáculo nuestra grandeza de alma. Pero Savater se juega la vida por defender a sus vecinos. Mientras que Haro sólo se defiende a sí mismo por un sueldo. Yo también. Más nos vale mantener la gabardina cerrada. Corremos el riesgo de que se percaten del verdadero tamaño de nuestra alma.

 

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