AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 25 Junio   2001
#La política contra la ética
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 25 Junio 2001

#Menos que HB
Editorial EL País 25 Junio 2001

#BATASUNA DESAFIA AL ESTADO
Editorial El Mundo 25 Junio 2001

#El debate triste
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 25 Junio 2001

#La paz
M. VÁZQUEZ MONTALBÁN El País 25 Junio 2001

#La Eurocámara contra Eta
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 25 Junio 2001

#El debate huele a tongo
Pablo Sebastián La Estrella 25 Junio 2001

#Ibarreche amplía a toda la administración los privilegios para visitar a presos de Eta
M. R. Iglesias - Madrid.- La Razón 25 Junio 2001

#El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en los contratos de los gobiernos regionales
Redacción - Madrid.- La Razón 25 Junio 2001

#Los municipios incumplen la ley sobre horarios, retribuciones y vacaciones de los funcionarios
FRANCISCO MERCADO Madrid El País 25 Junio 2001




La política contra la ética
Por Federico Jiménez Losantos Libertad Digital
25 Junio 2001

Hay gravísimos asuntos políticos que Gobierno y oposición deberían abordar en un Debate sobre el Estado de la Nación. El primero, el peligro separatista forzado dramáticamente en el País Vasco y Navarra por la actuación de ETA y la complicidad de los nacionalistas. Terrorismo y separatismo no son problemas separados. De ahí que también convenga aclarar en un debate si el PSOE está dispuesto a liquidar a este Estado para abrir un nuevo período constituyente o desconstituyente que, en aras del fantasmal "federalismo asimétrico", se cargue la legalidad vigente y ponga en crisis a la misma idea de España.

El segundo aspecto es el que se refiere a las libertades ciudadanas, amenazadas por una delincuencia creciente con espeluznantes ejemplos recientes y, sobre todo, por la inseguridad que provoca un sistema judicial donde toda estupidez teórica tiene su asiento legal, toda presión política logra efectos al más alto nivel y toda incapacidad técnica alcanza su recompensa. La libertad de enseñanza y la de comercio tienen, por otra parte, su primer enemigo en el Estado de las Autonomías, donde los nacionalismos han consagrado la división en ciudadanos de primera, de segunda o de tercera según cuál sea su lengua materna y su origen geográfico para acceder a toda clase de cargos y funciones públicas. El nacionalismo, disfrazado de victimismo, ha impuesto de hecho una dictadura más o menos cruenta pero efectiva en la mayor parte del territorio nacional. Hora es ya de que se debata en serio.

Ligado al sistema de libertades, que es inseparable de la seguridad ciudadana, se encuentra el problema de la inmigración ilegal, uno de los que más claramente inciden en nuestro presente y más lo harán en nuestro futuro, sin que hasta ahora exista una política de inmigración digna siquiera de ese nombre. El envejecimiento de la población, una de las razones de la avalancha migratoria, debería mover a Gobierno y oposición a reformar el sistema de pensiones, en vez de asegurar su quiebra para la próxima generación.

Y puesto que de gasto se trata y también de la superviviencia nacional, bueno es que se debata en serio la reforma del sistema fiscal, porque el actual es injusto, desincentiva el ahorro y no encuentra argumentos ni éticos ni políticos para entregar buena parte de lo que ganamos a una España que se empieza por negar y se termina por hacer impagable. Debe haber una razón ética para colaborar en la tarea nacional. Para ello hacen falta las dos cosas: la idea nacional y la ética.

Pues bien, este Debate que se abre sobre una doble ocultación: la de la presunta corrupción de un ministro del Gobierno del PP y la nada presunta sino presente, escandalosa corrupción del PSOE andaluz en las Cajas de Ahorros, la financiación del partido y el tráfico de créditos y medios de comunicación entre Cajas, PSOE y PRISA. PP y PSOE se han comprometido públicamente a no hacer de la corrupción el centro del debate. Dicen que no preocupa a la gente. Quieren decir que a ellos les preocupa y que todavía les preocupa más que la gente se entere. O sea, que la corrupción es un mal –si lo es– tan necesario como intercambiable. Y que los ciudadanos estamos para aplaudir consensos y pagar impuestos, no para inquirir sobre comportamientos éticos. Tenemos experiencia en los gobiernos del PSOE de ver cómo la política trataba de imponerse a la ética, lográndolo a menudo. La derrota de la ética por acuerdo, consenso o conspiración de la clase política era lo único que nos faltaba por ver. Y parece que ya nos falta poco.

Menos que HB
Editorial EL País 25 Junio 2001

Lo que comenzó como un proceso de integración de los sectores radicales atraídos al mundo de HB gracias a la tregua se ha convertido, confirmada la vuelta de ETA a lo de siempre, en una refundación de lo mismo: de una organización cuya principal actividad consiste en dar cobertura política a lo que en cada momento decida ETA. Ahora, poner en primer plano la 'territorialidad' de Euskal Herria como un todo; aunque ello sea visto con sospecha por los nacionalistas vascofranceses o una parte de la militancia radical en Navarra. Pero donde manda capitán no manda marinero.

El proyecto de refundación de Herri Batasuna ha desembocado en la reducción de su nombre a la palabra Batasuna, que significa unidad, en la aprobación por abrumadora mayoría de una ponencia que reafirma la necesidad de la violencia terrorista (aunque expresado de forma más barroca) y en la elección de una dirección rejuvenecida, procedente en buena medida de la generación forjada en la kale borroka.

El desenlace de este debate era una de las variables de las que dependía la estrategia de Ibarretxe para el próximo periodo. Las dudas ya han sido despejadas: la propuesta de plantear una estrategia independentista no violenta, que pasaba por la exigencia de una tregua a ETA, fue rechazada por el 90% de los votos. Las esperanzas de que los sectores críticos pudieran al menos condicionar el debate en el sentido de impulsar una cierta autonomía respecto a ETA también se han desvanecido. Colectivos como Zutik y Batzarre, procedentes de la antigua extrema izquierda, que se habían incorporado a Euskal Herritarrok con la tregua, y teorizado que ETA era 'un estorbo' para una política soberanista eficaz, se han visto arrollados y se han desligado del proceso. El colectivo Aralar, contrario a la estrategia violenta, sigue dentro, pero su incidencia ha resultado mínima.

Mientras sea ETA quien mande, sería utópico esperar otra cosa. Pero la existencia de un sector independentista no violento dentro de Batasuna podría ser decisiva si se produce una situación de derrota política de ETA como la que pareció posible tras las detenciones de Bidart o la que precedió a la tregua de 1998. Tal vez entonces lo que ahora es disidencia marginal se convierta en alternativa dentro del independentismo y el brazo político sea capaz de exigir a ETA (como el Sinn Fein al IRA) el abandono de la violencia. Pero para llegar a esa situación hay que empezar por combatir, política y policialmente, a ETA, y no por pactar con ella, como ocurrió hace tres años.

BATASUNA DESAFIA AL ESTADO
Editorial El Mundo 25 Junio 2001

L
a fotografía de la dirección de Batasuna, denominación que sustituye a HB, permite concluir -con honda preocupación- que el nuevo partido está en manos de personas menores de 30 años procedentes de Jarrai que, puño en alto, son la viva imagen del más trasnochado marxismo-leninismo. Los muchachos de la kale borroka han sustituido a los veteranos de la formación radical y, en consonancia, han aprobado una ponencia en la que afirman que «todas las clases de lucha son necesarias para construir Euskal Herria». Sólo el 7% de los asistentes a la asamblea constituyente apoyó las tesis de Aralar, corriente partidaria de abandonar el apoyo a la lucha armada.

Nace, pues, una formación de corte revolucionario. Lo cual no sería grave si su amenaza contra la democracia no estuviera acompañada por una organización terrorista que posee explosivos y armas para cometer los más abyectos crímenes sin parpadear. Los duros han vuelto a ganar, por lo que quienes pensaron que podía haber un Sinn Fein vasco que impusiera las tesis políticas frente al asesinato a sangre fría pueden abandonar toda esperanza. Uno de los más aclamados de la asamblea fue el hijo del ex dirigente de ETA Josu Ternera.

El Estado tiene que ser consciente de la envergadura del reto al que se enfrenta y de que existe una gran inquietud en la ciudadanía. Según la encuesta de Sigma-Dos que hoy publicamos, el 43,6% cree que el Estado pierde terreno en la lucha contra ETA y una rotunda mayoría piensa que la actuación contra el terrorismo es regular o mala. Y no es porque la opinión pública quiera ceder lo más mínimo ante la amenaza etarra. Más bien lo contrario. Quiere que la democracia se defienda con todos los resortes legales de los que dispone. El 72,6% es partidario de la cadena perpetua para los terroristas con delitos de sangre que no se arrepientan. Una idea sobre la que conviene reflexionar, aunque PSOE y PP la hayan descartado. Igual que los jueces discrepantes de Garzón deberían tener en cuenta que la inmensa mayoría -un 80,4%- opina que el entorno de ETA tiene que ser perseguido penalmente.

Ni éstas ni otras medidas se van a discutir en el debate del estado de la Nación, ya que existe un pacto entre los partidos mayoritarios. Pero a lo mejor los ciudadanos piden a sus políticos algo más que la exaltación complaciente del consenso frente a quienes quieren destruir la democracia.

El debate triste

FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS
El Mundo 25 Junio 2001

Para los que nos tomamos en serio la regeneración democrática de las instituciones durante los 13 años aciagos de González; para los que creímos que Aznar y el PP no tomaban la bandera de esa lucha contra la corrupción sólo porque les convenía en la Oposición, sino que la combatirían también desde el Gobierno; para los que soñamos que la vigilancia, denuncia y control (recíprocamente controlado, mafiosamente vengado) del felipismo, dejaría tras su derrota unos medios de comunicación independientes, capaces no sólo de compensar la inmensa fábrica de lavado de conciencias del Imperio Prisa sino de denunciar cualquier abuso y de servir realmente a la sociedad española y a la causa de la libertad -que es siempre la del control del Poder- sin mirar el color del Gobierno; en fin, para los que fuimos lo que somos o nos dejan ser, este Debate sobre el estado de la Nación va a ser muy triste.

En él se certificará, a orillas de la Mayoría Absoluta como modo de gobierno y en aras del Federalismo Asimétrico como modelo de Estado, el gran pacto de silencio sobre la corrupción, que tuvo su prólogo en el apaño anticonstitucional sobre el CGPJ, también llamado Pacto sobre la Justicia. Ahora, PP y PSOE representarán el esperpento parlamentario de taparse mutuamente las vergüenzas: la Oposición callará sobre el Caso Piqué y el Gobierno callará sobre la corrupción del PSOE en su finca andaluza, con las Cajas de Ahorro como cuevas de Alí Babá y Ben Chaves, los medios de comunicación como mencanismos para el trinque a pellonazo limpio y, cómo no, Polanko como socio, cooperante y beneficiario último del pringue de Prensa Sur.

El PSOE lo tiene fácil: le basta olvidar cuando Piqué, tras servir a Pujol, parecía uno de los suyos, de ahí el cargo delicado que el gobierno González le permitió ocupar en Ercros. El PP lo tiene más difícil: debe olvidar su propio código ético, el proclamado y el sobreentendido, el que le costó la cabeza a Demetrio Madrid y a Salvador Palop, a Hormaechea y a Canyellas, a Naseiro, claro, y a un centón de ministros y vicepresidentes sociatas: Albero, Solchaga, García Valverde, García Vargas, Corcuera, Alfonso Guerra, Narcís Serra...

En todos esos casos, los medios de comunicación no felipistas jugaron un papel activísimo, esencial. En este caso del pacto de silencio sobre la corrupción, también, pero al revés. La regeneración democrática se va reduciendo en lo periodístico a una alternativa: aceptar el papel de memorioso maldito, tolerado cuanto marginal, o el de comparsa silente. O dejar la escena. La corrupción siempre necesitó a los medios. Hoy, sobran medios. De ahí el pacto. Por eso el de mañana será un debate triste. Tristísimo.

La paz
M. VÁZQUEZ MONTALBÁN El País 25 Junio 2001

Pocas horas después del intento de ETA de volar la calle Mayor de Logroño, atentado perteneciente al proceloso adjetivo de lo indiscriminado, la organización pacifista vasca Elkarri proponía una Conferencia por la Paz, a iniciar en otoño, de largo recorrido y de plural participación: desde el PP a Euskal Herritarrok. La sensatez que suele guiar la estrategia de Elkarri obliga a buscarle todos los significados posibles a palabras como conferencia, paz, todos y en busca de los significados más abiertos y posibles la conferencia se plantea sin obligatoria mesa de encuentro, la paz como un objetivo que ante todo necesita un camino y el todos como un intento de debate directo o indirecto que no necesita la foto final colectiva: marchemos todos juntos, yo el primero, por la senda constitucional.

Puede sorprender, incluso legítimamente escandalizar, que mientras el terrorismo sigue siendo la barbarie casi cotidiana, los partidarios del diálogo sigan buscando estrategias para conseguirlo, desde la casi evidencia de que el no diálogo empeora la situación y la pugna entre el Todo y la Nada levanta castillos, refuerza almenas desde las cuales todos podemos entonar el ¡no pasarán!

La conferencia propuesta por Elkarri es en realidad un debate sobre la posible vía de salida al conflicto, vía que no existe, hoy menos que nunca, que ni siquiera parece diseñada como proyecto, insisto, más acá o más allá de una opción inútil: el todo o la nada. Ese debate por la paz exigirá un lento y hábil tejido de una red de comunicación entre los sujetos implicados y luego una total transparencia informativa de cara a la sociedad, vasca y española, para que por primera vez todo lo que está en cuestión, parezca posible o imposible, sea mencionado, forme parte del enunciado explícito de la tragedia que vivimos y no se refugie en la piedad o en la cobardía del lenguaje ocultista.

Como en las guerras, la población civil es la principal víctima de este conflicto y no se le puede pedir paciencia histórica sin establecer una total complicidad informativa, incluso sobre la aparente contradicción que hay en convocar una Conferencia por la Paz días después del intento de volar Logroño.

La Eurocámara contra Eta
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 25 Junio 2001

Parlamento Europeo, cámara cuya utilidad hasta ahora es desconocida, ha decidido tomar medidas contra los violentos de Eta. Por cierto, ahora que nos habíamos acostumbrado a llamar fascistas a los etarras, van los del Partido Popular y llaman fascistas a los socialistas andaluces por su comportamiento en relación con la fusión de la Caja de San Fernando y El Monte. Al final, lo raro será encontrar a alguien que no sea fascista. Pero volvamos al Parlamento Europeo. La llamada eurocámara ha puesto en marcha los mecanismos oportunos tendentes a la aprobación de la orden de busca y captura de terroristas, lo que, al parecer, facilitará la extradición de etarras violentos. Esta iniciativa debe de ser sumamente importante, y sorprende que no haya sido tomada antes en consideración. El pasado mes de abril, en plena campaña electoral vasca, el candidato a lehendakari y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que el terrorismo tendría «los días contados» cuando se ponga en marcha la orden de busca y captura europea. Por eso, dado que los violentos provocan muertes, sorprende que una medida que hará que los terroristas tengan los días contados, no haya sido aprobada todavía. Alguna explicación seria y rigurosa tendría que dar, en este sentido, los eurodiputados, sobre todo, los españoles, que con tanta prontitud firman pactos, constituyen mesas y formalizan comunicados.

   Pero mientras esperamos esas explicaciones, lo que procede es que la Cámara europea trabaje bajo el procedimiento de urgencia, dada la gravedad del fenómeno a combatir, esto es, la violencia. La ley puede estar en vigor dentro de pocos días, ya que no hay nada más importante que evitar la muerte de seres humanos, y los Estados miembros deberían estar preparados para actuar a la vuelta del verano. Lo que no sería explicable es que los violentos no tuvieran «los días contados» por desidia de los eurodiputados y por pereza de los gobernantes de los países miembros de la Unión.

   Lo lógico sería que el Estado fuera autosuficiente en todo lo relacionado con la seguridad de las personas y los bienes, pero ya que no es así, por lo menos conviene azuzar y meter prisa a los demás para que concluyan cuanto antes un trabajo que repercute en beneficio de la colectividad. Paralelamente al trabajo de los eurodiputados, aquí se recomienda, tanto por parte del Delegado del Gobierno como del Defensor del Pueblo, que los que vivan en urbanizaciones, los que no que se fastidien, contraten seguridad privada. Vamos, que faltan soldados para vigilar las instalaciones militares y faltan policías para garantizar la seguridad de las personas.

   Por cierto, que tras el crimen de Pozuelo por parte de un inmigrante moldavo, aquí han hablado casi todos, menos el máximo responsable de la cosa, el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda.

El debate huele a tongo
Pablo Sebastián La Estrella 25 Junio 2001

No ha empezado todavía y ya huele a tongo y apaño el debate sobre el estado de la nación que se inicia mañana, como el debate político estelar de este Parlamento atolondrado o almidonado por la señora Rudí y su estrecho reglamento. Y por los pactos y consensos públicos y secretos de los grandes partidos que todo tapan y hurtan en menoscabo del derecho de los ciudadanos a la información y al libre ejercicio de la soberanía nacional.

El PSOE no para de decir que no hablarán de corrupción en el debate, ni del "caso Piqué", ese convidado de piedra en el banco azul en cuyo caso, el del Ercros, se está implicando cada día más el Gobierno por la obstrucción de la justicia que está practicando el Ejecutivo a través del ministro Acebes, y éste condicionando la acción del fiscal general. Si no hubo responsabilidad política en sí (queda la parte del crédito deuda cancelado del que habla el Tribunal de Cuentas), esa responsabilidad la está compartiendo este Gobierno al frenar al fiscal.

Por qué no quiere hablar de todo esto Zapatero, cuando ésta es la máxima actualidad? Pues porque el lado felipista del PSOE (el lado oscuro, el reverso de la falsa moneda de los pasados años) teme que en represalia Aznar no conceda los indultos esperados por el PSOE y que Galindo, Manglano, Vera y Corcuera se pongan a cantar, y digan todo lo que saben de  su tiempo estelar. ¿Y qué tiene eso que ver con el tiempo de Zapatero? En teoría nada, pero es lo mismo que ocurre con Piqué aunque al revés.

Zapatero quiere seguir con el discurso suave y templado de los consensos, y de los consejos al presidente del Gobierno, al que por esa vía va a ser muy difícil que lo pueda derrotar. A la vez, Zapatero tiene dentro de su partido una canción protesta que suena continua y permanentemente y en la que se le acusa de no hacer oposición.

En realidad el pecado no está en Zapatero y en Aznar. El pecado está en el modelo político de los pactos y los consensos, un modelo que ha de favorecer siempre al Gobierno porque prueba que la oposición no tiene un proyecto muy diferente y alternativo. Si están de acuerdo en la lucha antiterrorista (y casi van juntos a las elecciones del País Vasco); si están de acuerdo en repartir la Justicia y en tapar los abusos de ambos; si están de acuerdo en defensa y seguridad (como lo propone Zapatero); o en política exterior, plan hidrológico y en financiación autonómica, como quiere Aznar; y todo esto puede llegar, ¿para qué sirve la oposición?

Si Zapatero va por ese camino, sólo le quedará aplaudir el discurso de Aznar. Y al resto de los ciudadanos sólo les quedarán los discursos de las minorías, que, visto el reglamento, apenas pueden hablar. En realidad, el hemiciclo del Congreso sólo sirve para ratificar lo que los dos grandes partidos pactan en secreto en el salón de los consensos. Luego aparecerán unas cuestiones de forma más que de fondo, si habló uno mejor que otro, y si en la réplica uno consiguió tocar al contrario. Cuestiones de estética que luego se presentarán en sociedad, cada uno con su propio multimedia, de manera contradictoria y estelar. Pero el fondo del debate político español no saldrá a flote, permanecerá, como siempre, en la mayor oscuridad.

Por qué no debatió nunca el Congreso de los Diputados la corrupción, el golpe del 23-F, el GAL, la guerra de Kosovo, el ingreso en la OTAN, la crisis de la Justicia y de la libertad de expresión, etcétera? Pues por lo mismo que en este debate de salón que viene no habrá ninguna discusión fundamental.

Ibarreche amplía a toda la administración los privilegios para visitar a presos de Eta
M. R. Iglesias - Madrid.- La Razón 25 Junio 2001

En el Boletín Oficial del País Vasco del día 11 de mayo de este año se publica el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el año 2001 del personal funcionario del servicio de la Administración de la Comunidad autónoma y de sus Organismos Autónomos en el que en el artículo 49 se regulan los permisos «por el tiempo necesario» para visitar a familiares que estén encarcelados. Por este acuerdo se extienden los privilegios de que gozaba el personal de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, desde el pasado siete de diciembre, a todos los trabajadores del Gobierno vasco.

   A partir de ahora todos los trabajadores de la administración autonómica, que tengan más de un año de antigüedad, tendrán derecho a un permiso, en principio no retribuido pero que se podrá recuperar, para visitar «a parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad, por el tiempo que resulte necesario para ello, siempre y cuando las visitas no puedan efectuarse fuera del horario del trabajo».

   Además este tipo de permiso que está incluido en los «permisos por asuntos propios» donde ninguno de ellos podrá ser retribuido, también es distinto a la hora de afectar al cómputo de las vacaciones. Mientras que ninguno de los días que los funcionarios libren por otros motivos computará para el cálculo de las vacaciones, el tiempo que se ausenten de su puesto de trabajo para ir a las cárceles a visitar a sus familiares presos sí que se tendrá en cuenta para marcar las vacaciones ya que se pueden recuperar.
   
   El País Vasco es la única Comunidad española que regula la posibilidad de que sus funcionarios falten al trabajo para visitar a los encarcelados, y además lo hace con fuertes agravios comparativos a los demás permisos o licencias. Así, junto a la visita a presos, se regula en el mismo artículo 49 los permisos por asuntos propios para cualquier otro motivo que «en ningún caso serán retribuidos» y «no podrán exceder de tres meses en dos años», además de que estarán en función de «las necesidades del servicio». Pero si se trata de un permiso específico para visitar a presos, desaparece la negativa a ser retribuidos, el límite de tiempo y la condición de que estarán en función del servicio, es decir, desaparecen las tres limitaciones que marcan cualquier permiso por asuntos propios.

   En comparación con otros permisos o licencias, el acuerdo para poder visitar a presos sale claramente beneficiado. Así el mismo acuerdo contempla en el artículo 38, por ejemplo, tres días por fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que se ampliará dos días más si el fallecimiento se produce a más de 150 kilómetros. En cuanto a enfermedad grave de un familiar, los trabajadores vascos pueden disfrutar de cinco días libres. Si la enfermedad grave persiste, se podrá pedir otro permiso de la misma duración pero sólo cuando haya pasado un mes. Para visitar a presos el tiempo será «el necesario» sin límite alguno.

   Otra de las regulaciones que se incluyen en este acuerdo, y que también cuenta con privilegios y facilidades, son los permisos para que los funcionarios aprendan euskera tanto en horario laboral como fuera del horario laboral.

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en los contratos de los gobiernos regionales
Utilizan de forma masiva los concursos cuando la subasta permite presupuestos más bajos
La contratación de los gobiernos regionales se pone en entredicho. El Tribunal de Cuentas ha detectado que en 1998 se cometieron irregularidades en la contratación administrativa por parte de las comunidades autónomas. Además, el Tribunal señala en un informe que las autonomías utilizan de forma masiva el concurso y apenas la subasta, cuándo ésta permite obtener presupuestos más bajos. En el apartado sobre la contratación de obras y servicios, el estudio señala que, en ocasiones, las adjudicaciones que realizan los gobiernos autónomos se fundamentan en informes técnicos deficientes.
Redacción - Madrid.- La Razón 25 Junio 2001

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la contratación administrativa por parte de las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que utilizan de forma masiva el concurso y apenas la subasta, pese a que esta última permite obtener presupuestos más bajos. Esa es una de las conclusiones del informe anual de Tribunal de Cuentas relativo a los sectores públicos autonómico y local en el año 1998, al que tuvo acceso Efe.

   En el apartado relativo a la contratación de obras y servicios por parte de las autonomías y sus empresas y entes dependientes, el informe señala que existen deficiencias como la falta de precisión en los criterios de adjudicación y en los límites a las variantes y alternativas que pueden incluir las ofertas. También detecta que en ocasiones las adjudicaciones se fundamentan en informes técnicos deficientes.

   Una vez adjudicados los contratos, añade, se producen «frecuentes retrasos» no justificados en la ejecución de las obras o servicios sin que conste que se hayan aplicado las sanciones correspondientes a los contratistas. Entre las causas de esos retrasos destaca la falta de posesión de los terrenos necesarios para las obras y la necesidad de redactar modificaciones que, en muchos casos, no responden a imprevistos sino que tenían que haber sido incluidas en el proyecto original.

   La mayoría, por concurso
   El informe también denuncia que en algunos contratos de consultoría y asistencia no se ha justificado que la administración que otorga el contrato no tenga medios propios suficientes para hacer esos trabajos. Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya que entre los 528 contratos correspondientes al año 1998 que ha fiscalizado, la mayoría (336) lo fueron por concurso y sólo 33 por subasta, pese a que ese segundo sistema permite reducir costes. Otros 159 contratos se adjudicaron por el llamado «procedimiento negociado» con el argumento de que sólo existía un posible proveedor o de que había derechos exclusivos en esa materia.

   En otros apartados, el Tribunal detecta incorrecciones contables, como la que cometen Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra al incluir en el presupuesto las dotaciones destinadas a las corporaciones locales por su participación en los ingresos del Estado, cantidades de las que las autonomías son meras intermediarias. El endeudamiento de las comunidades autónomas por operaciones de crédito en el periodo estudiado fue de 4,6 billones de pesetas y las comunidades más endeudadas (Andalucía y Cataluña) absorbían casi la mitad de la deuda, según el informe.

   Respecto a la ejecución presupuestaria, el Tribunal concluye que los presupuestos finales del conjunto de las Comunidades y ciudades autónomas fue de 10,3 billones, un billón más de lo inicialmente previsto como consecuencia de las modificaciones presupuestarias. El informe aporta también los resultados presupuestarios de las autonomías ¬excepto Galicia, por falta de datos¬ con la introducción de los ajustes derivados de la fiscalización del propio tribunal. En el conjunto el resultado era un déficit de 92.212 millones que, una vez ajustado, alcanza los 136.012 millones.

Los municipios incumplen la ley sobre horarios, retribuciones y vacaciones de los funcionarios
El Tribunal de Cuentas examina el cumplimiento de la normativa laboral de 46 ayuntamientos

FRANCISCO MERCADO Madrid El País 25 Junio 2001

Algunos ayuntamientos son tan generosos en su política laboral (retribuciones, vacaciones, jornada, permiso, pensiones, etcétera) que rebasan y vulneran los topes legales. Es la conclusión que han sacado los auditores del Tribunal de Cuentas en su informe de 1998 tras examinar los convenios de 46 municipios con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Mientras el Gobierno guarda silencio, los sindicatos divergen: UGT aboga por la autonomía de cada ayuntamiento para fijar su marco laboral, y CC OO propugna una negociación global de todos los funcionarios locales.

La primera queja que formula el Tribunal de Cuentas es que pese a que la 'jurisprudencia es reiterativa' en el sentido de rechazar la regulación en un mismo marco de las condiciones de trabajo de los funcionarios y los contratados, el 18% de los ayuntamientos fiscalizados no ha cumplido con esa determinación.

El informe recuerda que la legislación básica sobre la Función Pública impone que los funcionarios locales tendrán la misma estructura que la establecida con carácter general, y que las retribuciones complementarias se adecuarán a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios, si bien su cuantía global será fijada por el pleno de la corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se establezcan por el Estado.

Sin embargo, las retribuciones de los funcionarios locales distan de encuadrarse dentro de esta homogeneidad. Están fuera de la ley. El Tribunal de Cuentas denuncia que 'los convenios de determinados ayuntamientos fijan retribuciones, compensaciones, ayudas económicas, subvenciones, gratificaciones, incentivos, pluses y premios no contemplados en las normas'.

Viaje de bodas
Así, los convenios de los Ayuntamientos de Colmenar Viejo (Madrid) y Águilas y Yecla (Murcia) establecen que las funcionarias, además del permiso legal por maternidad, 'percibirán determinadas cuantías que contravienen la normativa'. Y por conceptos como natalidad, adopción o guardería, el 53% de los ayuntamientos otorga ayudas económicas. Y el 63% de los ayuntamientos fiscalizados aporta subvenciones a sus funcionarios por hijos a su cargo o minusvalía de familiares. Algunos ayuntamientos no sólo conceden el permiso por matrimonio sino que costean parte del viaje o del banquete. Un 25% de los municipios auditados socorre económicamente a los novios con ayudas.

La ley señala que los funcionarios locales tendrán el mismo régimen de prestaciones sanitarias y de incapacidad laboral que el resto de trabajadores del sector público. Sin embargo, si por enfermedad se establece por ley una percepción entre el 60% y el 75% y del 75% en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 88% de los ayuntamientos auditados por el Tribunal de Cuentas elevan con ayudas tal porcentaje hasta abonar el 100% del salario.

De igual manera, algunos funcionarios locales, o sus parientes, no sólo cobran las pensiones que fija el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El 18% de los ayuntamientos auditados complementan dichas pensiones hasta alcanzar el volumen de las retribuciones en activo del funcionario.

Quebranto de moneda
Las ayudas que conceden ciertos municipios no acaban aquí. Existe un variopinto rosario de subvenciones económicas no previstas en la Ley. Un 18% de los ayuntamientos otorga ayudas para gastos sanitarios, de comedor, de transporte, préstamos para adquirir o rehabilitar viviendas, e incluso soportan parte de los créditos que solicitan los funcionarios. Un 38% de municipios retribuye a sus funcionarios con conceptos como nocturnidad, festividad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, disponibilidad, conducción de vehículos, y hasta quebranto de moneda.

Más de la mitad (53%) de los ayuntamientos retribuye en metálico a sus funcionarios por conceptos diversos como jubilación forzosa, mayor rendimiento, años de servicio, bolsas de estudio e incentivación a la jubilación anticipada. La cuantía de la asignación por fallecimiento supera ampliamente la cuantía legal para gastos de sepelio (5.000 pesetas) en el 25% de los ayuntamientos.

Si la regla es que los funcionarios deben cobrar dos pagas extraordinarias equivalentes a sendas mensualidades más trienios, el 38% de los Ayuntamientos incrementa tal paga extra calculada sobre las retribuciones básicas incorporando las retribuciones complementarias.

En materia de licencias y permisos retribuidos, el porcentaje de ayuntamientos que anteponen la generosidad a la ley es mayor. Un 78% de los municipios investigados fija un mayor número de días a los previstos legalmente para situaciones como nacimiento de un hijo, muerte o enfermedad grave de un familiar, traslado de domicilio y asistencia a exámenes.

Y algunos ayuntamientos se ponen a la cabeza de la batalla por la reducción de jornada. Si la jornada legal es de 37 horas y treinta minutos, el 60% de los ayuntamientos ha acordado una jornada de 35 horas.>

Así, la proclama del socialismo francés está entrando en España por municipios como Miranda de Ebro (Burgos) o Tomelloso (Ciudad Real).

Si la jornada es más corta, la vacación es más larga de lo legal en el 70% de los ayuntamientos cuyos convenios laborales han sido analizados. El mes de vacaciones es más que un mes. Tomelloso, nuevamente, junto con otros 27 municipios se halla a la cabeza de esta conquista laboral de la que no disfrutan los demás funcionarios.

Recortes de Prensa   Página Inicial