AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 30  Julio   2001
#El Ayuntamiento de La Coruña exige el conocimiento del gallego para una oposición a Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Nota del Editor 30 Julio 2001

#Analizando un analizador
EMILIO LAMO DE ESPINOSA El País 30 Julio 2001

#Historia y nacionalismo: el caso vasco
Juan Pablo Fusi El País30 Julio 2001

#¿DIALOGO DE SORDOS O INTERPRETACION TEATRAL?
Editorial El Mundo 30 Julio 2001

#Esperando a Ibarreche
Editorial La Razón 30 Julio 2001

#Terrorismo callejero en Cataluña
Editorial La Razón 30 Julio 2001

#Autodeterminación e independencia
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ El País 30 Julio 2001

#Autodeterminación bajo las pistolas
José María CARRASCAL La Razón 30 Julio 2001 

#Nacionalistas y cínicos
Enrique de Diego Libertad Digital
30 Julio 2001

#Las serpientes de verano
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 30 Julio 2001 

#Campanillazos de Aznar
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 30 Julio 2001

#La primera piedra
Luisa PALMA La Razón 30 Julio 2001

#Resistencia de materiales
ÁLVARO DELGADO-GAL El País 30 Julio 2001

#Un mal momento para la entrevista Aznar-Ibarreche
Lorenzo Contreras La Estrella 30 Julio 2001

#El fiscal general ordena al del TSJ del País Vasco que presente una querella contra Otegi por exaltar el terrorismo
Madrid. Ep ABC 30 Julio 2001

#EH gobierna 17 municipios con apoyo del PNV y EA
Zabalbeitia - Madrid.- La Razón 30 Julio 2001

#Radicales atacan varias sucursales en otra noche de violencia en el País Vasco
BILBAO EL CORREO 30 Julio 2001

#Pujol anuncia una ofensiva para aumentar el patriotismo de los catalanes
PERE RUSIÑOL  Planoles El País 30 Julio 2001

El Ayuntamiento de La Coruña exige el conocimiento del gallego para una oposición a Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nota del Editor 30 Julio 2001

En la dirección de Internet del Ayuntamiento de La Coruña, ayuntamiento, empleo, Oposiciones, INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS( 1/03/2001) aparece

"3. Requisitos exigidos:
Estar en posesión de Título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos."
"CUARTO EJERCICIO
Conocimiento del gallego. Consistirá en la traducción directa y/o inversa de un texto facilitado por el Tribunal.
Tiempo de realización: 30 minutos.
La calificación de este ejercicio será exclusivamente de apto o no apto."

Lo que es claramente anticonstitucional, así que, a ver quién le pone los cascabeles al gato.

Analizando un analizador
EMILIO LAMO DE ESPINOSA El País 30 Julio 2001

No es frecuente que un rector se siente en el banquillo de los acusados. Hasta donde alcanza mi memoria, los dos únicos casos conocidos se han dado en los últimos meses, el del antiguo rector de la Universidad Complutense y el del actual rector de la Rovira i Virgili, procesado por el juzgado de lo Penal de Tarragona y absuelto al comprobarse que en su conducta no había ilegalidad penal, sino sólo administrativa. Y, aunque comparto el deseo del rector y de la Generalitat de no magnificar el asunto evitando su instrumentalización, tampoco debemos banalizarlo. Pues quienes han instrumentalizado el caso transformándolo en un ataque contra Cataluña y olvidando que (como recordaba el fiscal), 'no se juzgaba ni a la universidad ni al catalán', sino sólo un asunto de derechos fundamentales lingüísticos, son los mismos que ahora denuncian su instrumentalización.

Lo que el tribunal levanta durante el proceso muestra un cúmulo de problemas que hacen del asunto lo que los sociólogos llamamos un 'analizador': un tema sin excesiva importancia, pero que pone de manifiesto una situación que sí la tiene. Cierto que el rector 'actuó de buena fe' cumpliendo una normativa aprobada por el Parlamento catalán y, según la cual, sólo se darían exámenes en castellano en caso de que la dificultad de comprensión del alumno no pudiera subsanarse consultando a un profesor y con permiso del presidente del tribunal, medida amedrentadora que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por discriminar esta lengua. Pero no cabe duda 'de la existencia de despropósitos administrativos', dice la sentencia, y la exclusión de profesora de las pruebas el año siguiente fue, además, 'ilegal'. Y, sobre todo, tres conclusiones.

Primera, no se entiende cómo las autoridades consideraron ajustada a derecho una norma que viola el artículo 3.1 de la Constitución y la propia ley de normalización lingüística, que establece que en las universidades catalanas profesores y alumnos 'tienen derecho a expresarse... en la lengua oficial que prefieran'. En los acusados, dice la sentencia, 'no había intención deliberada de perjuicio', pero el reglamento era 'manifiestamente injusto y antijurídico'. No es poca cosa. Y que pueda ser considerado normal, democrático y de 'buena fe' imponer un proceder manifiestamente injusto y antijurídico es algo políticamente anormal y que llama la atención.

Segunda. Es cierto que, como señalaba el consejero de Universidades de la Generalitat, 'si hay alguna lengua en situación de inferioridad, es el catalán'. Pero ¿de qué inferioridad estamos hablando? Si se trata de inferioridad fáctica, numérica, es evidente; el castellano no necesita protección y el catalán sí, y a la Generalitat le amparan en esa tarea de promoción la Constitución y no pocos españoles (entre los que me cuento). Pero si hablamos de protección jurídica de las lenguas, los datos que exhibe el caso son contundentes: lo que está en inferioridad legal en Cataluña es el uso del castellano, y eso, en una comunidad donde no menos del 50% tiene esa lengua como materna, carece de sentido.

La tercera. Lo más significativo políticamente es que nadie ha prestado su apoyo a quien, a todas luces, tenía la razón desde el principio: la profesora de la Universidad. No lo ha hecho el Partido Socialista de Cataluña, que más bien estaba del lado del despropósito que, en este caso además, era el del poder. No lo ha hecho el Partido Popular, que ha preferido mirar hacia otro lado. Sólo la prensa, tímidamente, le ha dado al tema cierta relevancia. Es más, la profesora sancionada ha sufrido un verdadero linchamiento moral lanzado desde el nacionalismo, con el apoyo de los rectores catalanistas y visto con comprensión (si no alentado) desde la propia Generalitat. Y todo ello por el terrible delito de acudir a los tribunales en defensa propia. Y, sin embargo, la sentencia reconoce que 'fue ella quien garantizó los derechos fundamentales de los estudiantes'; no el rector, ni la Generalitat. Sólo ella y los tribunales. No es razonable que pleitear contra el nacionalismo sea, también en Cataluña, un acto de heroicidad. Esta desprotección política, que no jurídica, debería hacer meditar al catalanismo, de uno u otro signo.

Mientras tanto, seguiremos el debate, pero, por favor, señor senador Varela, sin insultar y con buen seny.

Historia y nacionalismo: el caso vasco
Por Juan Pablo Fusi El País30 Julio 2001

PUEDE que, como escribió Renan, el nacionalismo falsifique siempre la propia historia. Pero a veces convive (aunque sea de mal grado) con una historiografía revisionista y crítica de sus propias visiones e interpretaciones históricas. En Irlanda, por ejemplo, bajo el liderazgo de historiadores como Theodore W. Moody, James C. Beckett y F.S.L. Lyons, la historia irlandesa supo imponerse a las exigencias emocionales del nacionalismo y crear una historiografía independiente, altamente cualificada, crítica y rigurosamente profesional. En Israel, una nueva generación de escritores «revisionistas» (Benny Morris, Tom Segev, Aviv Schlaim, Amos Elon...) ha procedido desde los años noventa a demoler muchos de los mitos fundacionales del Estado de Israel, como las raíces del sionismo, la Palestina anterior a 1948 o la propia guerra de independencia.

En la propia España, la historiografía surgida en la década de 1970 propondría una visión de España que aceptaba como algo diferenciado y propio los particularismos vasco, catalán y gallego, que no creía que lo ocurrido en la historia peninsular hubiera sido inevitable -aunque hubiese sido probable: lo mismo se tratase de la invasión musulmana que de la unión de los Reyes Católicos, de la Monarquía de los Austrias o de la guerra de 1936-39-, que rechazaba interpretaciones o continuistas o «casticistas» de la evolución del país, y que, en suma, veía la historia española, como toda historia, como un proceso discontinuo, no lineal, impulsado por múltiples y complejos factores y aun por el juego de lo contingente y lo imprevisible: y la identidad española, como una suma de identidades sucesivas.

El nacionalismo (irlandés, israelí, español, catalán, vasco...) debe asumir que la crítica histórica es parte esencial de la educación cívica de las sociedades democráticas y abiertas. Por ir al caso vasco: ver en la aparición del nacionalismo, y luego de ETA, manifestaciones de un larguísimo conflicto entre Madrid y los territorios vascos que se remontaría a las guerras carlistas del siglo XIX y a la abolición de los Fueros vascos en 1839 y 1876 es un formidable error. Las guerras carlistas (1833-39; 1874-76), que tuvieron, en efecto, especial incidencia en las provincias vascas y en Navarra no surgieron de «contenciosos» entre aquellos territorios y el gobierno central. Fueron guerras españolas, promovidas por cuestiones dinásticas, legitimistas e ideológicas. La abolición de los Fueros, consumada en 1876, fue consecuencia, no causa, de las guerras: fue además rectificada con la concesión en 1878 de los conciertos económicos, un régimen de autonomía fiscal que fue una de las claves del excepcional crecimiento económico que Vizcaya y Guipúzcoa experimentaron en las décadas posteriores a aquella fecha.

En realidad, lejos de generarse desde el siglo XIX una convivencia frustrada de los vascos con el Estado español, lo que se produjo, sobre todo desde 1880-90, fue el espectacular despegue de la sociedad vasca contemporánea (industrialización, bancos, vida intelectual, arquitectura y pintura vascas) en el seno del Estado español. Bilbao se convirtió en uno de los centros decisivos de la vida española a partir de 1890, no antes. Lo que llamamos cuestión nacional vasca (identidad vasca como expresión de una nacionalidad propia y distinta; demanda de autogobierno para Euskadi entendida como la patria de los vascos) tuvo desde el primer momento, desde la década de 1890 en que apareció el nacionalismo vasco, dos dimensiones: el conflicto (mayor o menor) entre los gobiernos de Madrid y las aspiraciones del nacionalismo vasco; y la división de la sociedad vasca sobre el proyecto etno-nacional de este último.

Porque el nacionalismo vasco fue, por un lado, una reacción a la abolición foral de 1876; pero, por otro, fue una reacción a la amenaza que para la identidad tradicional vasca (fueros, religión católica, euskera, vida rural) suponían los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo a finales del siglo XIX en el propio país vasco. Esto último explica el carácter étnico y ultrarreligioso del primer nacionalismo vasco (del nacionalismo de Sabino Arana); explica que si el nacionalismo supo dar idea de identidad a parte de la sociedad vasca, fuera al mismo tiempo elemento de división de esa misma sociedad, cuya realidad histórica y social (historia separada de los territorios, integración de éstos o en España o en Francia, retroceso del euskera, crecimiento económico...) y cuyo acusado pluralismo político, cultural y lingüístico parecía pugnar con los postulados del nacionalismo. Dicho de otro modo: no fue el supuesto «conflicto» lo que creó el nacionalismo, sino al revés: fue el nacionalismo lo que creó el conflicto.

La misma aparición de ETA en 1959 supuso un giro, una ruptura, en la evolución del problema vasco (no su prolongación), desde el soberanismo étnico y cultural más o menos explícito del nacionalismo moderado (desde los años 1910-20, un movimiento social-cristiano euskaldunista y popular) a las tesis e ideas marxistizantes, revolucionarias y violentas de la liberación nacional. La violencia de ETA no fue, ni es, una respuesta a determinadas circunstancias históricas y políticas (la dictadura de Franco) ni la consecuencia última de un conflicto antiquísimo y no resuelto. Desde 1980, año en que se aprobó el Estatuto de Autonomía, Euskadi goza de la mayor autonomía posible en un Estado democrático: es menos que un Estado, pero es mucho más que una región. El terrorismo de ETA fue, y es, ante todo el resultado de una determinada concepción estratégica hacia la independencia y hacia la hipotética conquista del poder vasco, resultado, por tanto, de las decisiones de sus dirigentes y militantes. La violencia y el terrorismo fueron, y son, para ETA, parte esencial del proceso de «liberación» y de control de la sociedad vasca: una opción deliberada, no una necesidad inevitable.

¿DIALOGO DE SORDOS O INTERPRETACION TEATRAL?
Editorial El Mundo
30 Julio 2001

P
inta mal la reunión que hoy mantendrán Aznar e Ibarretxe en La Moncloa porque llegan a ella después de 13 meses sin entrevistarse, caracterizados por un enfrentamiento que culminó en la campaña electoral y al que se sumó la ambigua postura mantenida por el PNV tras el 13-M y las nada diplomáticas interpretaciones que el jefe del Ejecutivo hizo de los resultados.

En las horas previas, ninguno de los dos se ha esforzado por abrir paso a la distensión. Antes al contrario, han escenificado sus posturas antagónicas: el lehendakari considera que el Estatuto -por el cual ha sido elegido presidente de una de las regiones europeas con más poder autónomo- «ya no es un punto de encuentro». Sin embargo, el presidente del Gobierno se aferra a la ortodoxia constitucional, aunque se muestra dispuesto a seguir negociando partidas dentro del marco estatutario que ahora rehuye el PNV.

Puede ocurrir que la reunión de hoy se convierta en un absurdo diálogo de sordos, a menos que Ibarretxe esté haciéndose el remolón para obtener el máximo desde una hipotética posición de fuerza. Pero Aznar cometería un error si aceptara discutir la letra pequeña sin aclarar antes la grande. El presidente debe asegurarse la lealtad del lehendakari al Estatuto, no vaya a ser que el PNV comience a preconizar su liquidación apenas concluida la negociación de nuevas transferencias. Resulta improbable, sin embargo, que Ibarretxe plantee hoy a Aznar un cambio del marco jurídico, sin sustento legal ni apoyos políticos.

Pero la confusión está servida, sobre todo por parte de los nacionalistas, que en los últimos días han combinado una encomiable firmeza contra los proetarras que planeaban siniestros homenajes a la terrorista Castresana, con las declaraciones contradictorias de sus líderes sobre la consulta en torno a la autodeterminación.

Con estos antecedentes, es casi imposible que Aznar e Ibarretxe avancen hoy en el diálogo pero, al menos, es lícito pedirles que definan nítidamente su posición. Ibarretxe debe elegir entre la autodeterminación o el marco legal actual, y Aznar debe concretar qué está dispuesto a negociar para desarrollar el Estatuto. Lo peor que podría pasar es que mañana la política vasca siguiera envuelta en la misma nebulosa que hoy. Y que mientras ETA sigue matando y el miedo sigue apoderándose de los vascos, el PNV no haya aclarado si comparte los fines de ETA, aunque reniegue de los medios.

Esperando a Ibarreche
Editorial La Razón
30 Julio 2001

El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe hoy en el Palacio de la Moncloa al presidente del ejecutivo autónomo vasco, Juan José Ibarreche, en su primera visita tras ser reelegido como lendakari. El encuentro, de profundo contenido político, se desarrollará en un clima previo de favorecimiento del diálogo bien distinto del previsto hace tan sólo una semana. La realidad es que, en los últimos días, el PNV y sus asociados de EA, han demostrado un talante bien distinto, moderando de forma extraordinaria su lenguaje. Con alguna salvedad, los líderes del nacionalismo vasco han sido prudentes para no recalentar el ambiente, en una estrategia que eliminó temporalmente tensiones y permitió que la normalidad institucional fuese la clave de su visita al Rey el pasado viernes, y que se ha mantenido hasta hoy.

   La entrevista de ambos líderes, con ser importante para el curso de la política española, es francamente difícil que resuelva alguno de los problemas que afectan a Aznar e Ibarreche. De entrada, parece más que improbable que el lendakari llegue siquiera a plantear al presidente español la posibilidad de convocar un referéndum sobre la autodeterminación. Si lo hace, habría que pensar que Ibarreche acude a la Moncloa con la única y exclusiva finalidad de dinamitar el acuerdo y enrarecer aún más las relaciones.

   Tanto el lendakari como el propio Aznar saben que no están legitimados para adoptar decisiones, ni aún en nombre del diálogo, que supondría vulnerar la ley. No se puede obviar, en modo alguno, que las dos personas que hoy se reunen lo hacen en su calidad de representantes de los españoles, elegidos por sufragio popular, y no en su condición de dirigentes del PP y el PNV, respectivamente. Están, por lo tanto, obligados por una parte a superar la política partidista, y por otra a no alterar el marco legal que determinan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

   Entre las obligaciones del Gobierno se encuentra la de escuchar al lendakari vasco y establecer con él cuantos acuerdos de colaboración sean posibles y viables para hacer frente al problema de la falta de libertades en una parte de España como es el País Vasco. Ibarreche deberá hablar sin subterfugios sobre las intenciones de su Gobierno y debe quedar muy claro si el Ejecutivo de Vitoria será leal con el Estatuto de Guernica o, por el contrario, si planea, como parece desprenderse de su programa de Gobierno, que sólo quiere superarlo y saltar asimismo por encima de la Constitución.

   Tras la reunión se sabrá además si las últimas muestras de responsabilidad de los nacionalistas son flor de un día, mera representación, y terminarán al día siguiente de la entrevista. Si Ibarreche quiere de verdad combatir a Eta, sabe perfectamente, que está obligado a romper toda atadura con la banda, y que ello obliga a desmontar todos y cada uno de los puentes que aún hoy ligan a su partido con el mundo etarra. Seguro que al lendakari no le hacía falta informe policial alguno para saber que detrás de Haika, de los batasunos y un sinfín de organizaciones, está siempre Eta. Precisamente por ello, y por el desconcierto causado por su proyecto de corte separatista, debería acudir al encuentro en la Moncloa con pruebas de su lealtad al Estado de Derecho: una, evidente, habría sido la ruptura del acuerdo que su partido mantiene pese a todo con los proetarras y, como hoy informa LA RAZÓN, les permite disponer de 18 alcaldes batasunos en municipios del País Vasco, sostenidos con los votos de los ediles de PNV y EA.

Terrorismo callejero en Cataluña
Editorial La Razón
30 Julio 2001

Otras dos sucursales bancarias de Cataluña sufrieron ayer el ataque de terroristas armados con cócteles molotov. Es el estilo «kale borroca» que se repite con demasiada frecuencia ¬son ya 17 los actos de violencia callejera en lo que va de mes, y 76 los ocurridos este año en Cataluña¬ en una tierra que se caracteriza por su respeto cívico y la convivencia en paz.

   Es posible, como afirma el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Manuel Silva, que lo ocurrido hasta ahora sea sólo un problema puntual y no haya que temer un terrorismo callejero a la catalana, porque no tendrá «el más mínimo respaldo por parte de la sociedad» y desaparecerá como lo hicieron otros episodios de terror en Cataluña. Así lo creemos, pero es imprescindible que a la merecida confianza en el pueblo catalán se una la llamada a la moderación de los partidos más radicales y la exigencia a la Generalitat y a la Delegación del Gobierno para que extremen su trabajo y sepan poner coto a estos terroristas de nuevo cuño. El trágico ejemplo de lo ocurrido en el País Vasco debe ser más que suficiente para considerar una amenaza muy seria cualquier intento de dañar la convivencia y convertir las calles en campo de batalla.
 

Autodeterminación e independencia
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ El País 30 Julio 2001

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho.

En los últimos meses, en el País Vasco, la confrontación ideológica fue creando dos teologías con creyentes y fieles, que actuaban como miembros de sectas religiosas incompatibles, con lo que la lucha política casi se convirtió en una guerra de religión. El abismo, la incomprensión entre los contendientes, crearon falta de respeto. La amistad cívica y la tolerancia positiva, es decir, la atención por situarse en las razones del adversario para entenderse, estaban ausentes. La descalificación del hereje, la actitud inquisitorial, llevaron el momento electoral a una tensión dramática y con raíces casi teológicas.

Las elecciones dieron un claro ganador, la coalición PNV-EA; un claro perdedor, EH; dos estancados, PP y PSE, lo que supo a derrota por las expectativas que se habían creado, y una resucitada Izquierda Unida, que puede jugar un papel importante en el retorno a la racionalización si ella misma es capaz de racionalizarse.

No se trata ahora de pedir cuentas al pasado ni distribuir reproches, porque en esa coyuntura la racionalidad estaba, a mi juicio, de parte de los defensores de la sociedad abierta, es decir, de la Constitución y el Estatuto, aunque en la dialéctica de confrontación los métodos y las estrategias también se excedieron, quizás porque el nacionalismo había hecho una apuesta por Lizarra, que coincidía con ETA y con EH en los fines, aunque, como decían, no en los medios.

En todo caso, las elecciones limpiaron el ambiente y, una vez que el pueblo vasco habló, la tensión disminuyó radicalmente y hasta ahora se han mantenido las formas y los procedimientos. El señor Ibarretxe es ya lehendakari. ETA sigue ciega y sorda matando a sus adversarios políticos, y esa barbarie no puede ser objeto de reflexión, sino sólo de constatación del hecho como principal problema del País Vasco y del resto de España.

Es verdad que las elecciones han tenido un efecto analgésico y pacificador de las tensiones, como corresponde al principal instrumento de la Democracia, sin el cual éste no existe. Pero también es indudable que la democracia en el País Vasco tiene graves déficit y no existe en plenitud. Mientras que los terroristas sigan matando para acabar con las ideologías adversarias y esa situación no se haya erradicado, plantear otros temas es como pretender escalar el cielo, un imposible, que además puede acabar con la calma que ha seguido a la tempestad del pacto de Lizarra.

Éste es quizás el principal obstáculo para que la democracia en plenitud se pueda desarrollar en el País Vasco, pero hay un segundo problema que genera incertidumbre e inseguridad, y es la ambigüedad del Partido Nacionalista Vasco, que no se ha disipado, sino que se mantiene, aunque con otras formas que se mueven entre los fines de Lizarra, independentismo y autodeterminación, y la condición del lehendakari de representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma, es decir, entre el separatismo y el autonomismo.

Ya desde la celebración de la victoria electoral apareció patente la apuesta por el independentismo cuando todos vimos a la señora presidenta de EA unirse a los jóvenes nacionalistas que gritaban 'independencia', acompañándoles incluso en sus saltos juveniles. Y esto se formalizó cuando, antes de la investidura, al independentismo reivindicado por EA se añadió la autodeterminación, propugnada por el PNV y por el candidato a lehendakari. Posteriormente, en la investidura se utilizó un término más ambiguo, como que el pueblo vasco pudiera elegir libremente su futuro, con un tono más conciliador y con ofertas de diálogo, que no pasaron desapercibidas por los observadores políticos. Más tarde, cuando el presidente del Parlamento vasco, señor Atutxa, informó al Rey de la elección del lehendakari, declaró en Madrid que el PNV y el Gobierno vasco siempre respetarían las reglas del juego. Finalmente, el lehendakari, después de prestar juramento, afirmó que tomaba posesión también de su condición de representante ordinario del Estado, en la comunidad vasca, con lealtad a la Corona y respeto a la Constitución, al Estatuto y al resto de la legislación vigente.

No cabe duda de que se afirma al mismo tiempo una alternativa y su contraria, que son al menos parcialmente incompatibles, que crean confusión, desasosiego, y que no son el mejor escenario para una colaboración fructífera con el Gobierno del Estado. Es verdad que, de las dos alternativas, el independentismo, que es la más fuerte y la más alejada del escenario constitucional de 1978, es, sin embargo, compatible con el mismo, en el sentido de que es legítimo y posible defenderlo. Por el contrario, la autodeterminación, que es la más suave y que parece que se pretende abordar con prioridad, es absolutamente incompatible con el marco constitucional.

Para muchos, la autodeterminación es un concepto que se aplica en el ámbito del derecho internacional para situaciones coloniales donde los pueblos no se podían expresar ni decidir libremente, y es más que dudosa la aplicación extensiva a una situación como la del País Vasco. Por otra parte, en el País Vasco se votó favorablemente la Constitución, aunque hubiera más del cincuenta por ciento de abstenciones en Vizcaya y Guipúzcoa, y ya está bien de falsear ese hecho afirmando que en el País Vasco no se aprobó la Constitución. Desde entonces, los vascos se han pronunciado en elecciones municipales, autonómicas y generales desde 1977, en varias ocasiones y siempre con participaciones superiores al cincuenta por ciento. Resulta por demás sorprendente que quien ha sido elegido lehendakari por ese sistema, y aprovechándose de sus procedimientos y de sus mayorías, afirme que reclama que los vascos puedan decidir libremente.

Pero en todo caso la contradicción palmaria se produce cuando afirman que respetan las reglas del juego y los procedimientos de la Constitución y de todas las normas que de ella derivan, empezando por el Estatuto, y al tiempo quieren preguntar a los vascos si quieren elegir libremente. Es, otra vez, defender una idea y su contraria al mismo tiempo, y desde luego pretender romper, con la autodeterminación, las reglas del juego que afirman respetar. Además de ser una ambigüedad kafkiana e introducir confusión o engaño en un momento en el que todos los poderes públicos deben actuar unidos para luchar contra el terrorismo, es que tiran piedras contra su propio tejado, porque, si se rompen las reglas del juego, todos tendrían también ese poder y se rompería el compromiso constituyente, que es lo que garantiza la autonomía del País Vasco, y que permitió que pasasen de cero al autogobierno que ahora tienen.

Ningún Gobierno responsable podría consentir esa ruptura de los procedimientos y debería actuar en consecuencia. Seguro que ellos lo saben, y no se entiende bien ese interés por seguir 'mareando la perdiz', cuando comprenden que es un esfuerzo inútil, jugar con fuego, y mantener una tensión que sólo favorece a los violentos.

Sí se puede defender la independencia, desde el respeto a la Constitución, porque ésta garantiza la libre expresión y la defensa de cualquier posición, por muy radicalmente distante que esté respecto del núcleo duro de nuestra Carta Magna, y la integridad territorial forma parte central de éste. Naturalmente que el respeto a las reglas del juego, que con toda seguridad no tendría consenso suficiente para ser aprobada, ni sería bien recibida en un contexto internacional de la Europa de los Estados y de una Conferencia de Seguridad y Cooperación que mantiene la intangibilidad de las fronteras. Evidentemente, además, esa situación de independencia alejaría, por mucho tiempo, a Euskadi de Europa y le traería dificultades económicas y de otro tipo. Dejo para otro artículo los inconvenientes doctrinales, de fondo, en el ámbito de la filosofía política y jurídica, a mi juicio muy poderosos, que justifican la tesis negativa. Pero, aun con todo eso, pueden defender, sin que eso sea un delito, la independencia. No pueden defender la autodeterminación, más allá de vaguedades verbales, por las razones que he expuesto, y porque si avanzasen en serio por ese camino sí que se encontrarían con el Código Penal.

De la misma forma que votaron contra la autodeterminación en el debate constitucional, quizás al cabo del tiempo parece que hubiera sido prudente que hubieran votado la Constitución. En fin, eso ya no tiene remedio, y hoy parece que el independentismo es legítimo, pero tiene pocas posibilidades de prosperar, desde el respeto a los procedimientos, y la autodeterminación planteada como exigencia del ámbito vasco de decisión, ni es legítima ni es legal. Quizás deberían abordar en serio estos temas, reflexionar sobre ellos y afrontar una aceptación del marco constitucional y estatutario con todas sus consecuencias para trabajar desde él, en la lucha para erradicar la violencia, y construir un futuro de paz, libertad y prosperidad para el País Vasco en el conjunto de España. Como las otras opciones tienen nulas posibilidades, persistir en su defensa irá erosionando su credibilidad inexorablemente, además de proporcionar una justificación objetiva, aunque ésa no sea su voluntad, al terrorismo de ETA. Si no pueden hacerlo inmediatamente deberán dar pasos en ese sentido, que parece lo que la prudencia aconseja.

Autodeterminación bajo las pistolas
José María CARRASCAL La Razón 30 Julio 2001 

Lo que iba a ser gran duelo, se ha convertido en florituras. La autodeterminación no parece que vaya a ser el eje del encuentro entre Aznar-Ibarreche, como se temía, convirtiéndolo en choque frontal de dos trenes a alta velocidad. Ambos presidentes han visto que no les convenía y lo han metido debajo de la alfombra. Pero eso no significa que desaparezca. Sólo que no es el momento apropiado para plantearlo. Pero sigue ahí, al acecho, más amenazador que nunca y conviene estar preparados para cuando saque de nuevo los dientes.

   La primera pregunta para tal eventualidad es: ¿Se puede autodeterminar un territorio donde el 50 por ciento de sus habitantes están potencialmente condenados a muerte? ¿Es válida una consulta cuando los partidos de la oposición no encuentran candidatos, no porque no tengan seguidores, sino por el miedo que les atenaza? Si los dirigentes del PNV jugaran limpio, contestarían a ambas preguntas con un rotundo no. 

Es imposible autodeterminarse con una pistola en la nuca y no tiene validez una consulta cuando una de las partes está tan atemorizada que ni representantes tiene. De ahí que, antes de nada, haya que liberar a los vascos del miedo que les atenaza, acabar con las amenazas, conseguir que todos puedan expresar su opinión sin tener que jugarse la vida por ello. La democracia no exige mártires, aunque los tiene. Desdiciéndose por segunda vez desde las últimas elecciones, Ibarreche dice ahora que su prioridad es la paz. Vamos a ver cuánto tarda en volver a decirnos que la autodeterminación es tanto o más importante. Que es tanto como ofrecer a los no nacionalistas el destierro o la paz de los cementerios.

   ¿Y después se indignan cuando les reprochamos que están colaborando con Eta! ¿Y luego se ponen como basiliscos cuando dudamos de sus valores democráticos! Para un verdadero demócrata, lo primero es establecer las condiciones en que puede expresarse libremente la voluntad de un pueblo, liberarle del miedo.

Mientras no se le libere, las consultas estarán viciadas de origen. Pero de creer lo que dicen, no en Madrid sino en el País Vasco, los planes de PNV, de Arzallus, de Atucha, de Ibarreche, trazados sobre la última victoria electoral, incluyen como una de sus prioridades alcanzar la independencia a través de la autodeterminación. El cómo se efectúe ésta es ya secundario. Cuando la democracia es, sobre todo, el «como» se hacen las cosas, el respeto a la norma y a los principios. Al proceder como lo está haciendo, el PNV nos hace más que confirmar nuestros peores temores: que el nacionalismo vasco se ha repartido los papeles para alcanzar su objetivo común. Eta aterroriza y el PNV recoge los votos. O como decía Arzallus, unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces. De ahí que, de la reunión de hoy me contentaría que cuando Ibarreche diga que su prioridad es la paz, Aznar le contestase: ¿Cómo va a conseguirla?

Nacionalistas y cínicos
Por Enrique de Diego Libertad Digital
30 Julio 2001

Hace unos días, Xabier Arzalluz hacía del cinismo una costumbre nacionalista indicando que lo de la autodeterminación es un invento de Aznar para tapar otros problemas. Ahora Ibarretxe insiste en el invento para tapar los esenciales problemas del nacionalismo incapaz de vertebrar la sociedad vasca. El nacionalismo abunda en el eufemismo para marear a una parroquia caracterizada por la escasez de espíritu crítico y con cierto clima de secta. La propuesta de una especie de comisión mixta negociadora indica el alto espíritu nacionalista del PNV pero su escaso sentido democrático, pues tal engendro implica la negociación entre dos estados o la pretensión de la existencia de dos soberanías en plano de igualdad. ¿A quién quiere engañar con estas torpes ingenuidades? Ibarretxe tendría primero que establecer, por ejemplo, una mesa negociadora con la Diputación General de Álava, porque él es el que tiene problemas en casa y no es cuestión de extenderlos o transferirlos.

El nacionalismo pretende desarrollar una estrategia a medio plazo, entre año y medio y dos años, para presentar al Gobierno en posición irreductible, mientras agita a organizaciones tipo Elkarri para dar la impresión de una reivindicación social. Por de pronto, tanto el debate como el objetivo se hurtan a la racionalidad, porque la salida de Europa es marcar como horizonte una mezcla de Liechsttein y de la Albania de los viejos tiempos, con fuertes ingredientes balcánicos a lo Milósevic.

Es conveniente desarrollar un discurso en positivo, porque la España constitucional representa, respecto al País Vasco, la defensa de la convivencia, la libertad personal y la pluralidad interna, la concreta, la real, la de cada individuo. Es una continua afirmación de los mejores valores de la civilización occidental, una defensa de la cultura abierta y de la voluntad de emprender.

Quizás el ejecutivo de Ibarretxe está haciendo méritos para una legislatura con nuevas mociones de censura.

Las serpientes de verano
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 30 Julio 2001 

Se nota que estamos ya en pleno estío. Y se nota, sobre todo, por las «noticias» que se publican. En este bello oficio de la pluma apresurada, cualquier cosa es buena en estos días de calor, como era bueno antaño cualquier cosa para el convento, que decía aquel fraile con una furcia al hombro. Y ahora, cuando lo ha permitido el submarino inglés, las vacas chifladas y el aceite de orujo de oliva, se publican el descubrimiento del Mediterráneo, la existencia de las Pirámides de Egipto y nos enteramos que áfrica está en el Sur.

   Así, el pasado mes de julio los periódicos se hacían eco de una noticia que habrá dejado a más de uno sorprendido por lo inédito de la misma: un fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido actuar contra «Josu Ternera» al considerarle dirigente del aparato político de Eta. ¿Qué le parece a los lectores semejante descubrimiento a principios del siglo XXI por parte de nuestras autoridades? ¿Quién había pensado alguna vez en su vida que «Josu Ternera» pudiera ser un dirigente político de Eta? Ahora sólo nos queda felicitar a los autores de tan asombroso descubrimiento y pedir para ellos los mayores honores y las más grandes condecoraciones.

   Junto a descubrimientos de tamaña naturaleza, se insertan también hechos que dejaron de ser noticias hace muchos años. Por ejemplo, que el Bloque Nacionalista Gallego ha retirado la bandera de España y el retrato del Rey del Ayuntamiento de Cee. Aquí la noticia hubiera sido justo la contraria: que en algunas instituciones públicas del Estado español se han vuelto a colocar la bandera de España y el retrato del Rey. Pero que una bandera de España se retire de un ayuntamiento español es algo más viejo que Noé. Al parecer, el alcalde de la citada localidad, del Partido Popular, aunque esto último es secundario, ha puesto los hechos en conocimiento del subdelegado del Gobierno y de la Xunta de Galicia, dando por hecho que ni el subdelegado ni los miembros de la Xunta leen los periódicos. Además, el alcalde pone los hechos en conocimiento «por si pudiesen ser constitutivos de delito». ¿Hombre!, alcalde, para eso basta con preguntar a cualquier alumno de primero de derecho, no hay que molestar ni a la Xunta ni al subdelegado. Lo dicho, el estío maldito que hace subir algo más que la temperatura.

   Bueno, nada más empezar el verano ya nos hemos enterado que «Ternera» es de la Eta; que se retira la bandera de España de un ayuntamiento; que el alcalde no sabe si la retirada de la enseña constituye un delito, y que el subdelegado del Gobierno en Galicia no lee la prensa. Ya sólo nos queda conocer el resultado de las investigaciones de la Fiscalía General para saber si Arzallus insultó al Rey y quienes son los fabricantes del carné de identidad vasco.

   Y mientras, continúa el estío.

Campanillazos de Aznar
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 30 Julio 2001

No hay orden ni concierto en las posiciones del Gobierno y del PP frente a la autodeterminación. El desconcierto proviene del conocimiento defectuoso que tiene Aznar de la nación como realidad objetiva. Los nacionalistas quieren creer, con Ortega y Primo de Rivera, que la nación es un proyecto común que se hace o se construye a voluntad (Pujol, Arzallus, Aznar). Si esta idea subjetivista tuviera fundamento, habría que dar la misma entidad al sugestivo proyecto común de deshacer o deconstruir naciones mal hechas. Hacer y deshacer naciones era el ideal romántico de los filósofos alemanes del XIX que dieron a los pueblos la idea de autodeterminación moral propia de personas.

   Los no nacionalistas sabemos que las naciones no se hacen, sino que son involuntarias porque en ellas se nace. No es que neguemos a los vascos el derecho de separarse (cosa que no pueden hacer sin contradecirse los que tratan la nación como proyecto), es que se lo negamos a la propia España. Tan ilegítimo sería un Referéndum secesionista si sólo votaran los vascos, como si lo hicieran todos los españoles. Ser o no ser español no es una cuestión moral que la libertad colectiva pueda decidir.

El crimen está en la pregunta. Someterla a discusión en las Cortes, como Aznar pide con ruda jactancia al lendakari, para que se abra un debate suicida de su representación española, negaría la esencia del Sistema. Debatir el sexo de los ángeles sería menos bizantino que dictaminar en las Cortes la condición española de los vascos. La historia impide negarla. La voluntad de renegación, al ser doble negación, la implica.

   El señor Aznar ha oído campanas y no sabe dónde. Porque las ha oído, acierta cuando dice que la secesión vasca «no tiene fundamento histórico ninguno». Porque no sabe dónde, comete la torpeza de añadir una retahíla de razones inconvenientes:

   1. Ser superflua, al gozar el País Vasco de niveles de autogobierno como nunca había conocido.
   2. Ser la finalidad del terrorismo.
   3. No respetar las reglas de juego, puesto que debe ser debatida en las Cortes.
   4. No ser ético plantearla a corto plazo, cuando existe el terrorismo.
   5. No estar reconocida como derecho en ninguna Constitución del mundo.
   6. El derecho de los vascos a decidir su futuro ya lo ejercitan en cada cita con las urnas.

   Estas razones oportunistas suponen mala fe intelectual.

   El adagio popular «lo bueno que abunda no hace daño», olvida que se torna pernicioso por lo excesivo. Este rosario de razones innecesarias es contraproducente. Se vuelve contra el que lo esgrime tan pronto como dejen de ser actuales. Decir no ahora, por razones circunstanciales, equivale a decir luego sí (o es posible), si los impedimentos desaparecen. El presidente del Gobierno ha dejado entrever una autodeterminación posible.

   Oír campanas y no saber dónde es un refrán significativo de conocimiento erróneo, que cristalizó en la civilización aldeana cuando el ritmo de la vida social lo marcaba el campanario y era peligroso ignorar la procedencia del tañido. Todavía se llama campanil al término vecinal. En Euskadi, el repique por la autodeterminación requiere doblar a difuntos. Cada parroquia oye su toque. Pero los campanólogos de la Transición no fundieron campanas que tocaran a libertad en el sentimiento de España.

Y aznar lo sustituye con campanillazos de respeto a lo solemne. Al cura que tenía varias razones para no tocar las campanas en una iglesia sin campanario, lo paró en seco la lógica de que todas ellas sobraban. Como sobran las de Aznar, por la razón suficiente de que la democracia basta para cerrar la puerta que la oligarquía deja entornada a fin de que el toque con sordina de autogobieno no suene, por ahora, a rebato de secesión. Los campaneros de este badajeo anuncian el peligro que ellos crean.

La primera piedra
Luisa PALMA La Razón 30 Julio 2001

Dicen los populares que las preocupaciones de Aznar no están tanto en el funcionamiento de su Gobierno (mejorable) sino en la situación del País Vasco. El curso político se despide con una importante entrevista, la que va a mantener el presidente del Gobierno con el lendakari. Pocos son los que esperan resultados concretos, pero sí, desde luego, que sea algo más que un obligado contacto institucional, por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde. Cierto es que el ambiente previo se ha enrarecido con los atentados de Eta o con la perra de la autodeterminación de Ibarreche, en la que subyace, se quiera ocultar o no, la apuesta por el separatismo en un futuro más o menos próximo. Pero seguro que si se dejaran aparte algunos orgullos mal entendidos el inmovilismo político dejaría de ser tal. El País Vasco necesita un encaje de bolillos político que le encamine hacia el progreso y la primera piedra debería ponerse en esta entrevista. Y más si es cierto que, como dijo Mariano Rajoy hace muy poco, con Eta se puede acabar policialmente. Nadie quiere creer y, por supuesto menos que nadie el propio Aznar, que al PNV no le interese que Eta sea derrotada.

Resistencia de materiales
ÁLVARO DELGADO-GAL El País 30 Julio 2001

El encuentro, hace una semana, de Ibarretxe con el Rey vino precedido de un bla-bla-bla alarmante: según rumores, Ibarretxe iba a confirmar solemnemente su decisión de convocar el referéndum sobre la autodeterminación. Si en Madrid se bloqueaba la celebración de la consulta, el PNV replicaría procediendo a actos de desobediencia institucional. Se oyeron algunas cosas y, sobre todo, se oyó un desmentido formal del Gobierno vasco. Las declaraciones posteriores de Arzalluz relegando para un futuro indefinido la autodeterminación inclinan a pensar que de momento no habrá novedad. Sea como fuere, la idea del referéndum está en la agenda del Ejecutivo de Vitoria, y un mínimo sentido de la previsión recomienda imaginar qué ocurriría si en los meses inmediatos, o dentro de un año o dos, el Gobierno autónomo lleva adelante su propósito expreso de someter la cuestión autodeterminista al dictamen de las urnas. Pensemos primero a corto plazo y luego a medio o largo.

Madrid tiene abiertas dos alternativas: o impedir la convocatoria o dejar que se celebre y fingir que el asunto carece por entero de trascendencia. Ya opte por lo uno, ya por lo otro, las consecuencias podrían ser portentosas. Y cuando digo portentosas no quiero decir sólo grandes, sino también impredecibles. Por tanto, prefiero morderme la lengua y no entrar en el juego de los futuribles a corto plazo. Las cosas se comprenden mejor a ojo de pájaro; esto es, manejando el plazo largo.

En mi opinión, el dilema estatuto-independencia es más realista que el de estatuto-autodeterminación. De aquí se desprende, inmediatamente, que la posición del PNV no es realista. Puesto que los nacionalistas están en el segundo dilema, no en el primero. Su objetivo es una suerte de autodeterminación permanente que desaloje del País Vasco lo que aún resta allí de Estado y que les permita al tiempo retener las ventajas relativas a que daría lugar su remansamiento en una suerte de ámbito español. Me refiero, claro es, a los mercados, un anclaje fácil en la Unión y, probablemente, más subvenciones desde el centro. La operación no está mal ideada. Pero no es viable en el sentido que ahora han puesto de moda los ecologistas. O lo que es lo mismo, no es sostenible. Coloquémonos... en Madrid, haciendo abstracción de la persona o el partido que eventualmente ocupe el poder.

Madrid acumula dos razones teóricas para soportar los costes, económicos y políticos, de lo que, en la práctica, equivaldría a una confederación. Uno, la protección de la minoría (casi un 50% de la población) no nacionalista. Dos, el deseo de salvar parte de los muebles, o sea, la carcasa residual del sistema autonómico. Una autonomía confederada, y el resto, como ahora; ése es el escenario al que se resignan los inclinados a no tomarse las cosas por la tremenda. Por desgracia, éste es el mundo imaginario de la señorita Pepys.

Primero, lo de la protección de los derechos es un falso señuelo. Si ahora no se están protegiendo, más complicado será protegerlos más tarde. Porque lo del ámbito vasco de decisión suena a lo que es: a la renuncia absoluta de Madrid a decidir arriba del Ebro. Pensar en otros términos es engañarse. En lo que hace al segundo punto, también pintan bastos. El motivo es paladino: asegurarse el monopolio en casa sin costes añadidos dibuja una perspectiva arrolladoramente atractiva para cualquier partido nacionalista o, si me apuran, para cualquier oligarquía política local. De resultas, el arreglo vasco haría metástasis: lo normal es que se apuntaran a él los nacionalistas catalanes primero, y luego, muchos más. Que el proceso condujera al caos no sería un disuasivo determinante. De un lado, el Estado central dejaría de ser una garantía para quienquiera que siguiese acogido a su sombra. Del otro, nos encontramos con que el hombre no hace cuentas colocándose en el punto de vista de los intereses generales, sino mirando lo que saca en limpio del esfuerzo ajeno. En caso contrario habrían estado perdiendo el tiempo quienes dedican sus desvelos a la teoría de la acción colectiva. Naturalmente, estoy especulando. Hacer otra cosa es difícil cuando los nacionalistas dicen 'sí' y 'no', y luego añaden 'veremos'.

Un mal momento para la entrevista Aznar-Ibarreche
Lorenzo Contreras La Estrella 30 Julio 2001

Hoy es el día de la entrevista del lehendakari con el presidente del Gobierno central en el palacio de la Moncloa. Una entrevista en cuyo marco participan los habituales actos de la kale borroka en varias localidades del País Vasco, Bilbao incluido, y el fallecimiento del general Justo Oreja, del cuerpo de Intervención, después de un mes de agonía tras el atentado etarra de la calle López de Hoyos.

Nada, pues, ha cambiado en el escenario político y nada tampoco podría aportar el más mínimo factor de distensión en una conversación difícil. Ni que decir tiene que no era precisamente el momento apropiado para que el Gobierno de Aznar se hubiese distinguido, en una línea de generosidad institucional, mediante la concesión del traspaso de las treinta y siete competencias que Ibarreche reclamó en su reciente discurso de investidura y que harían de la Administración autonómica vasca una especialísima beneficiaria del autogobierno, con agravio comparativo incluido para otras comunidades.

La reivindicación vasca de las treinta y siete competencias, que implicaría entre otras situaciones el final del principio de caja única de la Seguridad Social y nada menos que el control de los centros penitenciarios, ha recibido un tajante "no" de la Secretaría de Estado de Organización Territorial. Con lo cual, anticipándose a la audiencia de la Moncloa, Aznar asume una posición de firmeza en defensa de las competencias del Estado. Competencias establecidas en el artículo 149 de la Constitución, cuyo texto dista de ser pétreo, pese a la catalogación de dichas competencias como "exclusivas". En materia de Seguridad Social, concretamente, el citado artículo atribuye al Estado, con ese carácter exclusivo, la legislación básica y el régimen económico, concediendo a las Comunidades Autónomas tan sólo la ejecución de los servicios. En cambio, Ibarreche, desempolvando el "informe Zubía" aprobado por el Parlamento de Vitoria en 1993, pretende que su Administración asuma la competencia en diez materias, entre las cuales destacan las prestaciones por desempleo, la Formación Profesional con todas sus implicaciones económicas, la gestión del propio régimen económico de la Seguridad Social y hasta el Fondo de Garantía Salarial.

La referencia al carácter no pétreo de las competencias exclusivas del Estado, en una insólita concesión que los padres de la Constitución hicieron como quien abre una ventana por la que se arrojan las prerrogativas estatales, aparece reflejada, como tantas veces se ha comentado y lamentado, en el artículo 15 de la Carta Magna, según cuyo apartado segundo "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal...".

Por ahí vinieron las grandes tentaciones de los eternos descontentos, los incorregibles teóricos de los "hechos diferenciales", esa vía que podría permitir el desmantelamiento del Estado si por hecho diferencial se entiende la consolidación de la autonomía asimétrica, un concepto grato a vascos y catalanes y que da al traste con el principio de igualdad constitucionalmente consagrado para los distintos territorios.

De todos modos, la firmeza de la negativa gubernamental frente a las pretensiones de Vitoria tiene algo que ver con las malas relaciones que se han ido gestando entre el Gobierno central y el vasco. Lo ha dicho con toda claridad Ramón Jáuregui, vicelehendakari en su día, socialista y firmante del "informe Zubía", según cuya interpretación actual, "si el Gobierno vasco nacionalista fuera leal constitucionalmente, asumiera a fondo el Estatuto de autonomía y no lo utilizara como un escalón más para futuras metas soberanistas, se podrían resolver muchos de los problemas pendientes del desarrollo del Estatuto..." O sea, palabras que representan todo un monumento a la desconfianza política.

El fiscal general ordena al del TSJ del País Vasco que presente una querella contra Otegi por exaltar el terrorismo
Madrid. Ep ABC 30 Julio 2001

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó hoy a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presentar una querella contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por un delito de exaltación o justificación del terrorismo, por las manifestaciones que ha realizado durante el entierro de Olaia Castresana, muerta el pasado día 24 al estallarle el artefacto que preparaba, informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía General del Estado.

La querella está basada en la reforma legislativa de diciembre del año pasado, en la que se endurecieron los delitos de terrorismo y, en concreto, el artículo 578, que desde entonces también pena el ensalzamiento o justificación del terrorismo, con hasta un máximo de dos años de prisión.

Una querella similar ya fue interpuesta en agosto del año pasado, cuando Otegi calificó de "compañeros" y "patriotas independentistas vascos" a los cuatro etarras que fallecieron en Bilbao al explotar los artefactos que transportaban en un coche. No obstante, como la reforma aún no se había producido, tenía pocos visos de prosperar.

Durante el entierro de Castresana, el portavoz de Batasuna, afirmó que el debate de autodeterminación "no se ha conseguido ni por la lucha institucional, ni por otro tipo de luchas", sino que ha sido posible situarlo en el centro del debate político gracias a la lucha de la izquierda abertzale y de los "gudaris" de ETA. Indicó que es la generación nacida en el Estatuto la que se adhiere a la lucha armada y que el sentimiento que mueve a los miembros de ETA es el amor al pueblo.

"Todos sabemos que no sería posible situar el debate de autodeterminación en el centro del debate político en 2001, si no
hubiera existido la lucha de la izquierda abertzale en Euskal Herria", dijo Otegi, al tiempo que dedicó, "a todos los ´gudaris´ que han caído en esa larga lucha por la autodeterminación, nuestro aplauso más caluroso". "Sin vosotros no hubiera sido posible", agregó.

La Fiscalía General del Estado considera que estas manifestaciones pueden ser constitutivas de un delito de ensalzamiento o
justificación del terrorismo, por lo que ha ordenado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -órgano competente para investigar y juzgar a Otegi, por su condición de aforado- que interponga una querella criminal.

Las declaraciones fueron realizadas por Otegi en el acto de homenaje celebrado hoy en el cementerio de Polloe a la activista de ETA Olaia Castresana, fallecida el pasado martes en Torrevieja tras estallar la bomba que manipulaba. El acto contó con la participación de cientos de personas que corearon frases como "Gora ETA militarra", "Herriak ez du barkatuko" ("El pueblo no lo perdonará"), "Olaia, gudari, gogoan zaitugu", ("Olaia, ´gudari´, te recordamos") y "PNV errudun" ("PNV culpable").

EH gobierna 17 municipios con apoyo del PNV y EA
Pese a que Ibarreche no lo reconoce, los peneuvistas o sus socios apoyan en estas localidades a alcaldes proetarras en minoría. En otros tres, los «abertzales» han dado cargos a los nacionalistas pese a tener mayoría absoluta
Los concejales del PP y del PSE/PSOE de muchas localidades del País Vasco y Navarra tienen pocas esperanzas en los resultados de la entrevista que hoy mantendrán el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el «lendakari» Juan José Ibarreche. Y es que en al menos 17 municipios vascos y uno navarro, EH gobierna en minoría pero con tranquilidad, gracias al apoyo que le prestan los ediles del PNV y de EA en muchas votaciones, sobre todo las de carácter político. La colaboración no se queda ahí. En diez de estos ayuntamientos, el alcalde proetarra ha concedido una o dos tenencias de alcaldía a concejales del PNV y de EA, cuando podía haber nombrado para estos cargos a ediles de su propia formación.C. Zabalbeitia - Madrid.- La Razón 30 Julio 2001

La coalición Euskal Herritarrok (EH), hoy llamada Batasuna, supo sacar provecho de la tregua-trampa que la banda terrorista Eta mantuvo hasta el 28 de noviembre de 1999. El 13 de junio de ese año se celebraron los comicios municipales en todo el territorio español y la formación «abertzale» consiguió unos resultados electorales que le permitieron colocar en decenas de ayuntamientos del País Vasco y Navarra a cientos de concejales de su formación.

   Sólo en la primera de estas dos comunidades autónomas, EH consiguió que salieran elegidos 679 de sus candidatos. La cifra contrasta con los 616 escaños municipales que consiguió el principal partido del País Vasco, el PNV ¬siempre sin contar con los 378 escaños municipales que el partido presidido por Javier Arzallus obtuvo presentándose en coalición con Eusko Alkartasuna (EA)¬.

   Con ello, EH pudo hacerse con el sillón de la alcaldía en un total de 62 localidades vascas y navarras. Sin embargo, en muchos de estos municipios, en concreto 22, la coalición batasuna se quedó a escasos votos de conseguir la mayoría absoluta y, por ello, se ha visto obligada desde las elecciones de 1999 a gobernar en solitario.

   Pero no le ha resultado una tarea complicada. En al menos 18 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que EH está gobernando en minoría, la coalición «abertzale» cuenta con el apoyo tácito de los concejales del PNV y de EA para sacar sus propuestas adelante.

   Es cierto que en cuestiones económicas las diferencias pueden ser, en algunas ocasiones, insalvables entre los batasunos y los nacionalistas democráticos, pero en propuestas de carácter político los proetarras saben que tendrán el voto afirmativo, o en su caso la abstención, de los concejales del PNV y de EA.

Doce en Guipúzcoa
De estas 18 localidades, tres se encuentran en la provincia de Vizcaya (Elorrio, Gatika y Lekeitio); doce en la provincia de Guipúzcoa (Andoain, Antzuola, Arechabaleta, Mondragón, Eskoriatza, Ibarra, Motrico, Pasajes, Segura, Tolosa, Villabona y Zizurkil); dos en la provincia de Álava (Legutiano y Llodio); y una en Navarra (Vera de Bidasoa).

   En la Comunidad foral existen otras cuatro localidades (Irurtzun, Alsasua, Larraun y Basaburua) en las que el alcalde pertenece a EH y gobierna en minoría. No obstante, en estos cuatro ayuntamientos la llave de la gobernabilidad depende también de otras formaciones políticas de carácter local.

   Las situaciones más llamativas a ojos de populares y socialistas se dan en aquellos municipios en los que la coalición proetarra mantiene dentro de su equipo de Gobierno a representantes del PNV o de EA.

   En algunos municipios, los más pequeños ¬que en relación con este asunto son los menos¬, su nombramiento como responsables de algunas de las áreas municipales era algo necesario por una simple cuestión de funcionamiento interno del ayuntamiento, dado el escaso número de concejales que componen estas corporaciones.

   Sin embargo, en diez de los 18 ayuntamientos en los que EH gobierna en solitario la colaboración entre las tres fuerzas nacionalistas es más que evidente. Se trata del caso de las localidades de Gatika, Antzuola, Arechabaleta, Mondragón, Eskoriatza, Ibarra, Motrico, Villabona, Zizurkil y Legutiano.

Tenencias de alcaldía
En estos diez consistorios, los alcaldes batasunos concedieron una o dos tenencias de alcaldía a concejales del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna sin necesidad aparente, ya que EH disponía de ediles de su propia coalición para cubrir esos cargos. En el caso de la localidad alavesa de Legutiano, el primer teniente de alcalde, Joseba Iñaki Arregui, del PNV, presentó formalmente su dimisión, aunque estaba pendiente de ser sustituido. La segunda teniente de alcalde, María Estíbaliz Ibáñez, pertenece a Eusko Alkartasuna. Por otra parte, hay otros tres municipios ¬Anoeta, Oyarzun y Usurbil¬ en los que EH tiene la mayoría absoluta pero nombró como tenientes de alcalde a concejales pertenecientes a la coalición PNV-EA.

   En los consistorios en los que EH gobierna en minoría, los responsables de los partidos constitucionalistas, PP y PSE/PSOE, se han visto con las manos atadas ante la posibilidad de presentar mociones de censura y desbancar a los alcaldes de Euskal Herritarrok. Incluso, miembros del Partido Popular creen que hay un pacto no escrito para mantener a la coalición proetarra al frente de estos ayuntamientos.

   El PP y el PSE/PSOE han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición para aunar fuerzas con el PNV y EA y devolver la normalidad institucional a estos 18 ayuntamientos. Pero los partidos nacionalistas democráticos no han querido pronunciarse, al menos de momento. La única respuesta que hasta ahora han escuchado populares y socialistas provino de la propia colación proetarra.

   El pasado día 21, el parlamentario navarro y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Pernando Barrena, calificó la propuesta lanzada por el PP y el PSOE de «totalitaria y de carácter antidemocrático». Barrena señaló que se trata de una «propuesta que sigue la línea de exclusión planteada en los últimos años, insisten en una vía que se ha demostrado fracasada y que sólo acarrea a este país el prolongamiento de un conflicto que todos deseamos acabar cuanto antes». «Por medio de estas propuestas de guerra ¬dijo Barrena¬, sólo se agrava el clima de enfrentamiento».

   Lo cierto es que la oferta lanzada por populares y socialistas para desbancar a los alcaldes proetarras ha puesto nerviosos a los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna. En este sentido, y respecto a la posible respuesta del PNV y EA, Barrena reconoció que «tenemos serias dudas negativas al comprobar cómo en los últimos meses líderes destacados de ambas formaciones vienen lanzando mensajes tan contradictorios y peligrosos para la situación política que vive el país, como es el decir que hay que olvidar el diagnóstico de Lizarra».

   La última palabra en todo este asunto la tendrá la dirección del PNV, que se encuentra a la espera de los resultados de la entrevista que hoy mantendrán el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el «lendakari», Juan José Ibarreche.

Eta ha cometido cuatro atentados desde el fin de la tregua-trampa en tres de las localidades de EH
Para muchos ciudadanos vascos, el panorama en estas localidades es desalentador, sobre todo cuando en tres de los 18 ayuntamientos en los que EH gobierna en minoría con el apoyo del PNV y de EA se han cometido cuatro atentados por parte de la banda terrorista Eta desde la ruptura de la tregua-trampa. Éste es el caso de los municipios de Andoain, Tolosa y Legutiano.
   En el primero de ellos, el 7 de mayo de 2000, los pistoleros de la banda asesinaron a José Luis López de Lacalle, de 62 años, colaborador del diario «El Mundo» y fundador del Foro Ermua. Recibió cuatro balazos cuando regresaba a su domicilio tras comprar varios periódicos. Estaba casado y tenía dos hijos.

   El 29 de julio de 2000, Eta asesinó en Tolosa al militante socialista y ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, de 49 años, casado y con una hija. Cuando se hallaba en una céntrica cafetería de la localidad, dos terroristas se acercaron y le dispararon dos tiros en la nuca. El ex gobernador fue atendido por una ambulancia en el mismo lugar de los hechos y posteriormente trasladado a la clínica de la Asunción donde murió. Los terroristas habían llegado minutos antes al establecimiento, donde estuvieron disimulando para evitar llamar la atención, según fuentes del Ministerio del Interior.

   El pasado 28 de marzo, también en Tolosa, la banda terrorista hizo estallar una bomba en las sedes de los juzgados, acto que se repitió el mismo día y con el mismo objetivo en la localidad de Azpeitia. Por fortuna, los artefactos no causaron víctimas, aunque sí cuantiosos daños materiales en los dos edificios y en los colindantes.

   Por último, el 30 de septiembre de 2000, la banda terrorista quiso arruinar al industrial guipuzcoano Miguel Alberdi, afiliado al PNV, que podría haberse convertido en objetivo de Eta por no pagar el impuesto revolucionario. Eta hizo estallar una bomba en el inmueble que alberga las oficinas de la empresa «Mecanizados Alberdi», propiedad del industrial y situada en el polígono industrial Gozain de Legutiano, a diez kilómetros de Vitoria. No hubo víctimas.

«Anteponer la democracia al nacionalismo»
Los populares aguardan a que el PNV mueva ficha en estos ayuntamientos y destacan que más que palabras, lo que quieren son hechos. «Lo que es evidente es que la nueva etapa abierta por el lendakari tras su discurso de investidura hay que corroborarla con hechos, como impedir que EH ocupe esas alcaldías», manifestó Carlos Urquijo, portavoz del grupo parlamentario popular en Vitoria y concejal en Llodio, uno de estos municipios.

   Urquijo señaló que «el PNV sabe que tiene la mano tendida del PP para hacernos con esas alcaldías, porque el desalojo se puede llevar a la práctica». «Si hay voluntad de anteponer la democracia al nacionalismo ¬continuó¬, el primer paso es el impedir la alcaldía de EH donde no tenga mayoría».

   El portavoz popular explicó que en Llodio ofreció a los concejales de la coalición PNV-EA la presentación de una moción de censura, pero éstos respondieron que no tenían «autonomía suficiente» para tomar una decisión de esa envergadura. «Tengo la impresión de que el PNV se mueve más por cuestiones de estrategia electoral a corto o medio plazo que de principios, y eso es lo que debe de estar analizando ahora. Ojalá me equivoque y en esta ocasión cambien de opinión», añadió.

Radicales atacan varias sucursales en otra noche de violencia en el País Vasco
Hacen estallar dos artefactos incendiarios contra la vivienda de un capitán de la comisaría de Bayona
BILBAO EL CORREO 30 Julio 2001

Por quinto día consecutivo desde la muerte de la activista de ETA Olaia Castresana cuando manipulaba una bomba, las calles del País Vasco y Navarra volvieron ayer a ser escenario de repetidos episodios de ‘kale borroka’. En coincidencia con la llegada de su cadáver a Rentería, donde la izquierda radical le tributó un homenaje, grupos violentos atacaron sucursales bancarias en varios puntos de Vizcaya e incendiaron cinco contenedores en Pamplona y en la localidad navarra de Elizondo.

Los primeros incidentes se produjeron en la calle Altube de Bilbao a las diez y media de la noche, cuando unos diez encapuchados cruzaron varios contenedores. Posteriormente, arrojaron ‘cócteles molotov’ contra dos oficinas de ahorros -una del BBVA y otra de la BBK- ubicadas en la calle Gordóniz e intentaron agredir con artefactos similares a los agentes de la Ertzaintza que acudieron al lugar, aunque no se registraron heridos.

Los ataques se reprodujeron horas después a ambos lados del Nervión. A las dos y cuarto de la madrugada, varios individuos hicieron estallar una bomba casera en un cajero automático de la BBK en la calle Goya de Barakaldo. Poco después, hacia las dos y media, dos sedes de la BBK en Leioa quedaron ennegrecidas por la explosión de sendos artefactos incendiarios.

Desalojo de vecinos
Los mayores daños se produjeron en la calle Sagarminaga de Bilbao, donde, a las tres menos diez, estalló un dispositivo compuesto por dos bombonas de camping gas y una garrafa de gasolina en otra sucursal de la BBK. La explosión causó un pequeño incendio en el interior y los vecinos del inmueble fueron desalojados, aunque pudieron volver a sus viviendas momentos después. Los destrozos fueron cuantiosos, ya que el fuego ennegreció el interior de todo el local.

Navarra también sufrió la acción vandálica de grupos radicales, que, a lo largo de toda la noche, prendieron fuego a cuatro contenedores en Pamplona y otro más en Elizondo.

Por otra parte, el domicilio de un capitán de la comisaría de Bayona fue atacado hacia las dos de la madrugada con dos artefactos incendiarios que no produjeron heridos, pero dejaron calcinado el vehículo del agente. La Policía del País Vasco francés sospecha que fue obra de simpatizantes de Segi, antigua Haika.

Pujol anuncia una ofensiva para aumentar el patriotismo de los catalanes 
PERE RUSIÑOL  Planoles El País 30 Julio 2001

Acabadas las 'difíciles' negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica, el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, anunció ayer una nueva 'batalla' para los próximos años que, esta vez, dijo, debe desarrollarse 'dentro de Cataluña'. Ante los jóvenes de su partido, que acabaron su Escuela de Verano en Planoles (Girona), coreando lemas independentistas, Pujol anunció una ofensiva de su Gobierno para aumentar el sentimiento patriótico de los catalanes y 'cohesionar' al país para cuando se acaben las mayorías absolutas en España y pueda exigirse un 'incremento del techo del autogobierno'. 'Sólo podremos servir a Cataluña si la amamos y la ponemos por encima de nosotros mismos', afirmó el presidente catalán entre aplausos entusiastas de los jóvenes de CDC.

Volvía el Pujol de las esencias.Si alguien creía que el presidente catalán acabaría su presidencia como mero gestor, ayer quedó claro que no. Lo que el líder de CiU se propone es dar un último impulso a la 'reconstrucción del país'. Pujol usó palabras grandilocuentes para contagiar a los jóvenes esa pasión que dice sentir por Cataluña. El dirigente nacionalista explicó que en aquellos años del franquismo se guiaba por una 'mística colectiva y una épica', y dijo que ha llegado el momento de 'recuperarla'. 'Yo no soy un político; soy un hombre que ama a Cataluña y sólo la podemos servir si la amamos y la ponemos por encima de nosotros mismos', subrayó al final antes de entonar Els Segadors.

El presidente del Gobierno de la Generalitat, que se mostró convencido de las posibilidades de CiU de mantenerse en el Gobierno tras el año 2003, explicó que dedicará lo que queda de legislatura a hacer acción de gobierno en sentido clásico -'escuelas, regadíos, residencias para la tercera edad', dijo-, pero situó una prioridad para los próximos años: trabajar para 'que haya más sentimiento de país'.

Contra la independencia
La ofensiva nacionalista anunciada no implica la apertura de ningún proceso inmediato de reivindicación. Pujol dejó claro que ahora no es el momento de exigencias porque el Partido Popular (PP) goza de mayoría absoluta. De lo que se trata es de sembrar para el futuro, para desesperación de sus actuales socios conservadores, que consideran concluido el desarrollo del Estado autonómico: 'Hemos de ir más lejos en patriotismo, autoestima y cohesión para cuando podamos incrementar el techo del autogobierno', subrayó. Pese al furor independentista de los jóvenes de CDC, Pujol insistió en que este incremento no debe llevar a la independencia, un concepto que, a su juicio, carece de sentido en la UE. Pujol no adelantó medidas concretas, pero dio pistas cuando se enorgulleció de la decisión de su Gobierno de incluir en el programa lectivo la enseñanza del himno catalán.

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