AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 1 Agosto   2001
#Nacionalismo y justicia
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 1 Agosto 2001

#El horizonte judicial de Ternera
Editorial La Razón 1 Agosto 2001

#UN «TEST» PARA LA JUSTICIA, OTRO PARA EL PNV
Editorial El Mundo 1 Agosto 2001

#Pasar al acto
Lucrecio Libertad Digital
1 Agosto 2001

#El orden de las cosas
ANTONIO ELORZA El País 1 Agosto 2001

#Farsa previsible
Carlos DÁVILA ABC 1 Agosto 2001

#El diálogo imposible
JOSE ANTONIO GOMEZ MARIN El Mundo 1 Agosto 2001

#Balza y Rajoy no se tomarán vacaciones
Lorenzo Contreras La Estrella 1 Agosto 2001

#La soledad de muchos
Pablo Sebastián La Estrella 1 Agosto 2001

#El error de base
Enrique de Diego Libertad Digital 1 Agosto 2001

#Un cauce
ANTONIO PAPELL El Correo 1 Agosto 2001

#El almanaque de la infamia etarra
REDACCIÓN (A CORUÑA) La Voz 1 Agosto 2001

#La AVT niega el autogobierno vasco, «ni ahora ni cuando Eta deje de matar»
Redacción - Madrid.- La Razón 1 Agosto 2001

#María San Gil denuncia que Odón Elorza «es un fraude»
El Mundo 1 Agosto 2001

#Garzón pide al TSJ vasco que actúe contra «Ternera», al considerarle jefe de Eta y Ekin
F. Velasco - Madrid.- La Razón 1 Agosto 2001

#Incendian un autobús en Rentería
El Mundo 1 Agosto 2001

#Queman con cócteles molotov una pancarta contra ETA colocada en la balconada del Ayuntamiento de Lasarte
VITORIA. J. J. S. ABC 1 Agosto 2001

Nacionalismo y justicia
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 1 Agosto 2001

El rector de la Universidad de Tarragona se ha librado de una condena a ocho años de inhabilitación porque la juez que ha dictado la sentencia ha estimado que, a pesar del cúmulo de «despropósitos administrativos» de su actuación, no se había dado la plena voluntad de tomar a sabiendas una resolución contraria a la ley. Por supuesto, la interpretación de las normas y el sentido de su aplicación deja siempre un margen, en ocasiones bastante amplio, a la subjetividad y al matiz, y es ahí donde cada magistrado pone su particular visión de las cosas. Por eso hablamos de jueces conservadores, jueces progresistas, jueces con más o menos sensibilidad social, jueces machistas, y demás adjetivos con los que etiquetamos, no siempre adecuadamente, a los titulares de nuestros tribunales.

   La defensa de Lluis Arolas ha mostrado la adecuada combinación de inteligencia y cinismo que se espera de un buen picapleitos. Su línea argumental ha sido de antología: si bien el reglamento al que el rector se había atenido para borrar a Josefina Albert de la lista de calificadores de pruebas de acceso a la Universidad era manifiestamente anticonstitucional y, por consiguiente, ilegal, el magnífico se limitó a darla por válida y golpear con ella los derechos de su indefensa víctima. En otras palabras, el rector blandió la espada, pero como él no la había forjado, es inocente. El hecho de que se ensañase con su compañera de claustro llevado de una inequívoca voluntad de represalia contra una docente ejemplar cuya única falta había consistido en velar por que todos los alumnos pudiesen examinarse en iguales condiciones, sin discriminaciones por razón de lengua, no parece haber pesado en el ánimo de la juez, que se ha ceñido estrictamente a la perspectiva más favorable al acusado.

   Nadie se puede sorprender de este desenlace. Cuando la coordinadora Convivencia Cívica Catalana solicitó al entonces Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que presentase recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña, origen de una larga serie de abusos posteriores, todos ellos frenados para vergüenza de Jordi Pujol en instancia contencioso-administrativa, el teórico campeón de las libertades civiles, al igual que ahora María José Gago, optó por una crítica despiadada de la norma, demostrando así la validez de los argumentos de los solicitantes, pero se arrugó también al final renunciando a presentar el recurso. La Justicia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, muestra a veces una cuidadosa prudencia ante el nacionalismo. Los nacionalistas lo saben y de ahí la exhibición amenazadora en el juzgado como canto de Els Segadors incluido, con la clara intención de amedrentar a la sala. El Estado de Derecho nos ampara, pero dentro de un orden, el dictado por el santo temor a las iras del dios identitario.

El horizonte judicial de Ternera
Editorial La Razón
1 Agosto 2001

El cerco de la Justicia está a punto de cerrarse en torno a Josu Ternera, el que fue dirigente etarra en una de las épocas más sangrientas de la banda terrorista y que hoy vive en insultante impunidad. El juzgado de la Audiencia Nacional dirigido por Baltasar Garzón, que investiga a la organización Ekin como parte de la trama de Eta, ha ordenado el procesamiento de tres decenas de sospechosos como presuntos miembros de la banda y enviado las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que proceda contra Ternera como presunto dirigente activo del complejo etarra, dada su condición de diputado regional.

   La pelota está a partir de ahora en el tejado del Tribunal Superior, que es quien debe comenzar los trámites que terminen por sentar a Ternera en el banquillo y enfrentrarse a una Justicia de la que había escapado hasta ahora por oscuros trámites procesales sólo entendibles por los profesionales del Derecho.

   El horizonte penal del hombre que recibió en público y ante las cámaras el homenaje de Eta, del protagonista del esperpento que supuso situarle al frente de una comisión de derechos humanos, se amplía felizmente con la decisión de Garzón. Y podría ser aún mayor si, como ha informado LA RAZÓN, se concretan las investigaciones de la Guardia Civil sobre el salvaje atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas once personas, tres de ellas niños, que al parecer vinculan el nombre de Ternera, como jefe etarra, con las órdenes que recibieron los autores materiales de la matanza.

   El asunto Ternera será un buen método para medir el verdadero compromiso del PNV en la lucha contra Eta y su mundo. Porque será el parlamento de Vitoria, donde tiene mayoría el nacionalismo, quien deba conceder el suplicatorio que solicite en su momento el Tribunal. Y es de esperar que, para entonces, los diputados del PNV apoyen a la Justicia, al menos con la misma determinación con la que, en la pasada legislatura, apoyaron a Ternera para elevarle a la categoría de miembro de la comisión vasca de derechos humanos.

   Para medir el discurso nacionalista, voluntariamente confuso, no hay mejor fórmula de acudir a los hechos, tozudos, como mejor instrumento. Porque parece que ya hay que poner en duda hasta las declaraciones de Ibarreche tras su visita a Aznar. Hay datos que indican que su monólogo (no permitió preguntas de los periodistas) ofrecido al término de la entrevista no coincide por completo con lo expuesto al presidente del Gobierno y que se repite un doble discurso: uno para Madrid y otro para Vitoria, matizados ambos con la suficiente sal como para resultar platos distintos. Pero no interesa tanto lo que dijo Ibarreche como lo que quería decir y, sobre todo, habría que conocer las razones por las que eludió hablar de las propuestas concretas que le hizo José María Aznar para la colaboración contra Eta. Valdría la pena que Ibarreche se hubiese definido en el momento, y dado una contestación firme ante las proposiciones del presidente del Gobierno, que todavía espera una respuesta capaz de transformar las palabras en hechos.

UN «TEST» PARA LA JUSTICIA, OTRO PARA EL PNV
Editorial El Mundo
1 Agosto 2001

E
l hecho de que tres de los siete parlamentarios autonómicos de EH -es decir, de Batasuna- se hallen a dos pasos del banquillo y a tres de la cárcel puede contribuir a reforzar las sospechas sobre la relación directa entre ETA y su entramado político. Al mismo tiempo, la petición de suplicatorios supone todo un test, primero, para los jueces del País Vasco y, después, para el grupo mayoritario en la Cámara de Vitoria, que es el del PNV.

Por una parte, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se enfrenta a una pena de cárcel e incluso de alejamiento del País Vasco tras la querella criminal interpuesta contra él, por exaltación del terrorismo, por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El fiscal del Estado cree que sus cantos a los gudaris (soldados vascos) en el entierro de la etarra Olaia Castresana están tipificados en el art. 578 del Código Penal.

Otegi, acusado por Mariano Rajoy de pertenecer «al entramado de ETA», se decía ayer muy tranquilo y afirmaba que, como con otra querella hace un año tras la muerte de cuatro etarras que manipulaban una bomba, ésta se archivará. Pero quizá olvida que, desde entonces, el artículo 578 ha sido reformado. Así, el anterior texto sólo castigaba «la provocación, la conspiración y la proposición para cometer» los delitos de terrorismo, pero el nuevo precisa: «El enaltecimiento o la justificación (...) de los delitos (de terrorismo) o de quienes hayan participado en su ejecución (...) se castigará con la pena de prisión de uno a dos años». El juez puede incluso acordar en la sentencia la prohibición «de volver al lugar en que se haya cometido el delito».

El procesamiento de Otegi, que es aforado, precisará de la concesión de un suplicatorio, como sucede con los parlamentarios de EH Josu Ternera y Jon Salaberria, de los que Garzón cree que son los principales responsables de Ekin, considerado el aparato político de ETA. A la vez que procesaba a otros 31 miembros de ese grupo por pertenencia y colaboración con banda armada, el juez remitía una exposición razonada al TSJPV sobre ambos.

Es previsible ahora una enorme presión del entorno de ETA sobre el alto Tribunal vasco. Luego estaría el trámite parlamentario: sin respaldo del PNV no se concedería el suplicatorio. Arzalluz y otros dirigentes ya tildaron de garzonada la anterior iniciativa del juez contra Ekin, y han expresado repetidas veces su oposición al procesamiento de dirigentes de EH.

Pasar al acto
Por Lucrecio Libertad Digital
1 Agosto 2001

Tal vez fuera el deseo largamente acunado. O tal vez, sin más, la necesidad de encubrir una derrota: particularmente amarga. Pero, masivamente, la opinión pública española se plegó al equívoco. Luego de que el recuento de las últimas elecciones vascas revelara lo peor –la derrota de la gran batalla contra el nacionalismo–, una piadosa cantinela si abrió paso: en el fondo habría sido una victoria, puesto que derrotado quedaría el nacionalismo terrorista (EH) y vencedor el “moderado” o “democrático” nacionalismo del PNV. Nadie quiso entender –o afrontar, al menos– que “nacionalismo moderado” o “nacionalismo democrático” es un doloroso oxímoro. Que no hay nacionalismo que pueda desplegar su lógica de otro modo que no sea el de la exclusión –material como simbólica, racial como lingüística– del otro.

Ibarreche en Madrid nos pone ante la realidad. Era hora.
¿Qué pasó en aquellas elecciones? Una concentración de fuerzas. Materialmente forzada por la intensidad límite de un conflicto civil (yo prefiero llamarlo por su nombre, “guerra”, pero entiendo que esa brutalidad léxica sea difícilmente aceptable). Partida por la mitad, la sociedad vasca agrupó sus fuerzas en torno a la fortaleza axial de los momentos de crisis: el Estado. Pero hay dos Estados: el que constitución e instituciones regulan (el español, que agrupó, por primera vez a todos los partidos constitucionales) y el Estado alternativo, geográficamente bien acotado, al cual llamamos PNV.

Digo, con toda deliberación, “llamamos”, porque el PNV no es un “Partido”, ni siquiera el Partido, como aspiraron a serlo las organizaciones Kominternianas. El de Sabino Arana, y hoy de Arzallus, no nació con perspectiva de concurrencia política dentro de un marco institucional de juego. Nació como Estado Vasco. Como tal, inventó bandera, lengua, mitologías. Como tal, se ha comportado hasta hoy. Con un matiz importante, a partir de las últimas elecciones: la génesis de una correlación de fuerzas que le permite plantear el paso de Estado paralelo —no tan lejano al que constituyeron las mafias sicilianas en el momento de la formación del Estado italiano, soberbiamente analizado en El Gatopardo de Lampedusa–, a Estado oficial.

Que el voto de ETA se desplazase de EH a PNV, es cualquier cosa menos un consuelo. Significa, sencillamente, que el Estado-PNV ha cerrado su ciclo de consolidación como referente institucional único del independentismo vasco: y que, en el futuro, será él quien administre los costes y beneficios de la acción armada. Y que, a partir de ahí, nada recompondrá una sociedad, la mitad de la cual ese Estado-PNV excluye.

Ha venido Ibarreche a Madrid a dejar fría constancia de eso. Nadie que no esté loco puede seguir engañándose acerca de lo que viene luego. Es el paso al acto de un proyecto loco. Y el paso al acto de la locura se llama, en psicoanálisis muerte.

El orden de las cosas
ANTONIO ELORZA El País 1 Agosto 2001

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense.

Primero fue el espino, luego el roble y por fin el nogal, que acabó convirtiéndose en emblema de la política nacionalista. De ahí que el balance de la entrevista celebrada entre el presidente Aznar y el lehendakari Ibarretxe pueda ser resumido en los términos del refrán navarro 'itzaur guti ta arroitu anitz' ('pocas nueces y mucho ruido'). Era de esperar. En el interminable desencuentro político que protagonizan ambos no se había registrado últimamente indicio alguno de que exista un terreno común entre ambos para abordar razonablemente el gran problema de Euskadi. Existían en todo caso cuestiones de fondo que impedían el acercamiento, y para apreciarlo basta con recoger el orden de prioridades temáticas que el lehendakari fija para futuros encuentros: Autogobierno, Soberanía, Estatuto, Constitución. Difícilmente un jefe de Gobierno constitucional puede aceptar tal escala de prioridades para entablar una discusión, y menos si su interlocutor elude cuidadosamente precisar cuáles son sus intenciones al respecto. La adivinanza es fácil, pero no le toca a él resolverla.

Una primera impresión poselectoral fue que Ibarretxe había optado por la concordia, que el reconocimiento del pluralismo de la sociedad vasca le llevaba a mirar el futuro sobre la base de la conciliación de intereses entre nacionalistas y no nacionalistas. El discurso de investidura se presentó como un ungüento balsámico destinado a cicatrizar las heridas del pasado. Claro que si el tono fue siempre conciliador, el contenido encerraba una gran sorpresa. Hasta entonces, el gran reproche al lehendakari había consistido en vincular indisolublemente el objetivo de la paz y el supuesto 'conflicto político' vasco. Pues bien, ahora Ibarretxe planteaba un vuelco espectacular: el famoso 'diálogo', el rechazo de ETA, todas las palabras gastadas para hablar de la paz se depositaban en el escaparate, y el primer objetivo del nuevo gobierno era el proceso de autodeterminación. El recurso al eufemismo era marca de la casa, en ese estilo Elkarri que gusta de usar Ibarretxe: se haría 'respetar la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca'; Egibar y Deia tradujeron de inmediato, y luego, por distintas vías, lo aclararon Atutxa y Arregi: la tarea política de la legislatura iba a ser la puesta en marcha de la autodeterminación. '¿Qué hay de malo en ello?', se preguntaba Ibarretxe de modo ingenuo en su discurso. Con la cortina de humo de los eufemismos casi nadie percibió cómo el as de bastos había salido de la manga.

Fue una jugada maestra de Ibarretxe, o de sus mentores, a la vista del desconcierto sembrado por su discurso. Rigurosos especialistas consideraron el mismo como una reafirmación del pacto estatutario. Cuando lo planteado era que el Estatuto sirviera de plataforma para su propia 'superación', es decir, para lograr que Euskadi fuese soberana. No sin antes reivindicar su versión del cumplimiento pleno de las transferencias, lo que para espectadores poco avisados coloca a Ibarretxe en el plano de la legalidad y al Gobierno en el de la cerrazón, olvidando que las reticencias del segundo ante determinadas transferencias tienen sobrada base constitucional. Falta decir que en el discurso de Ibarretxe el Estatuto sirve por lo menos de trampolín para que su marco normativo sea desbordado, en tanto que la Constitución pura y simplemente no existe.

La pregunta obligada es: autodeterminación, ¿para qué? De entrada, si queremos entender lo que el Gobierno PNV-EA entiende por autodeterminación, es necesario dejar de lado lo que la autodeterminación significa como principio en cuanto protagonismo del ciudadano en la adopción de decisiones desde el punto de vista de la filosofía política. La autodeterminación es entonces una precondición de la democracia, y ello explica por qué tantos demócratas -y unos cuantos leninistas- la propugnen para Euskadi sin percibir que tal exigencia, en el sentido que fijan los famosos 14 puntos de Wilson y se ha consagrado en la historia constitucional, representa otra cosa. Autodeterminación supone algo bien concreto: decisión de un sujeto colectivo, asentado sobre un territorio, para modificar o confirmar su vigente status político.

La primera autodeterminación moderna vino definida por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, rompiendo la subordinación respecto de Inglaterra, y la segunda, en 1790, supuso la anexión de Alsacia a Francia, en contra de los tratados con el Imperio alemán y atendiendo al derecho de los alsacianos a unirse por su propia voluntad, según explicó el asambleísta Merlin de Douai. No hay que marear la perdiz. Ésta es la autodeterminación de que hablan Ibarretxe y el PNV, y, como toda autodeterminación, tiene siempre un contenido -igual que en el caso del matrimonio, el ejercicio del derecho supone un para-, nunca es un fin en sí misma. Plantearla en el caso vasco no puede responder sino a la persecución de una meta: la secesión. De otro modo, cuanto hacen y dicen los nacionalistas resultaría absurdo.

La baza principal de Ibarretxe consiste en ir hacia la 'soberanía', jugando inteligentemente con la confusión entre la autodeterminación como supuesto democrático, apoyado por las tres cuartas partes de los vascos, y el derecho de autodeterminación que el PNV persigue como máscara de independencia, donde el respaldo desciende al 30 por ciento y es, por tanto, muy minoritario. Ésta es la clave de la estrategia, dado que una consulta abierta en pro de la independencia tiene todas las posibilidades de verse sepultada, en tanto que puede imponerse bajo el disfraz de una preferencia por la autodeterminación, transferida inmediatamente a la capacidad de decisión adscrita para el tema al Parlamento vasco desde 1990. Los tres escalones descritos por Arregi irían tranformando la minoría en mayoría a favor del creciente enfrentameinto con Madrid y de la transferencia última a un Parlamento donde sin duda los batasunos cumplirían gozosos el deber patriótico.

Se confirma así una vez más que si el principio de autodeterminación es siempre democrático, el derecho de autodeterminación con frecuencia no lo es y, salvo en la descolonización, su ejercicio consistió casi siempre en una técnica de manipulación y de falseamiento. Por algo ninguna Constitución democrática lo consigna en la actualidad, y los antecedentes históricos de la Constitución soviética de 1936 y dela yugoslava de 1974 no son ejemplos para entusiasmarse. A la vista de las constantes maniobras del nacionalismo para encubrir sus fines, tampoco cabe ser optimista en Euskadi. Por algo Ibarretxe se olvidó cuidadosamente del tema en la campaña electoral -fue un punto más en el programa PNV-EA- para ahora decir que al plantearlo cumple el mandato de los electores.

Otra dimensión no menos sorprendente del viraje poselectoral es que ETA, políticamente, ha dejado de existir. Condenas verbales, todas, pero en el diccionario político de Ibarretxe, ETA no cuenta ni debe contar, ante esa necesidad primaria que es al parecer cumplir con lo silenciado antes del 13-M. El problema político de Euskadi 'no es con ETA, sino con el PP y Aznar'. Las consecuencias políticas del terrorismo no le conciernen, y tampoco que la convergencia en los fines aliente las campañas de terror compensando el mal trago de la derrota electoral de EH. Ignorancia de la significación política de las víctimas, falta de toda solidaridad política con los partidos afectados por la lógica de exterminio de ETA, suposición de que 'la voluntad de los vascos' puede expresarse libremente a la sombra del terror, son demasiadas inhibiciones como para pensar que la apuesta de Ibarretxe tiene un fondo democrático y de oposición política a ETA. Todo ello, antes de entrar en su constitucionalidad.

Por su parte, Aznar, lo de siempre: confunde firmeza y resistencia democrática con intransigencia. El tema de las transferencias sería un terreno adecuado para conjugar aquéllas con una actitud de flexibilidad y de constante explicación a los ciudadanos. El conflicto vasco que hoy ya existe, rubricado por Ibarretxe en La Moncloa, se juega también ante la opinión pública. Y la imagen de un muro resulta siempre poco atractiva.

Farsa previsible
Carlos DÁVILA ABC 1 Agosto 2001

Todo un síntoma. Para reafirmar su endeble posición de ambiguo vaporoso, el lendakari, Juan José Ibarretxe, paró el lunes su coche a doscientos metros de La Moncloa y enarboló el banderín con la ikurriña. Como si fuera un visitante extranjero, pero vergonzante.

Ibarretxe cifró toda su autoridad en una entrada con bandera y sin música y en una retahíla de intenciones que sólo intentan encubrir sus objetivos. Aún después de su fantasmal paso por La Moncloa, hay quienes parecen dispuestos a seguir confiando en la presunta moderación institucional de Ibarretxe. Y ésta no hay por dónde cogerla.
En cuanto se le fuerza con propuestas concretas, el lendakari recula porque su proyecto no es de este Reino. Lo que pasa es que, ni ante el Rey, ni ante el presidente del Gobierno, José María Aznar, Juan José Ibarretxe se atrevió a abrirse en canal porque es un melindres que teme la bronca, el rigor y la advertencia.

Prefiere pasearse en su papelito de hombre bueno que predica el diálogo, y la disposición de un político humilde que subraya, con sonsonete incordiante, «a ver si nos entendemos». Todo esto le va mejor que mojarse en compromisos concretos. Porque disimula. Pide, como si fuera un gobernante que viene a medirse con otro «de Estado a Estado», una comisión «al más alto nivel», pero cuando se le replica que la comisión empiece reuniendo a Mariano Rajoy y a Javier Balza, él responde que allá cuando llegue septiembre. Y así en todo.

Ibarretxe escenificó en Moncloa una farsa previsible. Útil todavía para que algunos tontoncios que juegan a todo, incluso a la destrucción de España con tal de meter un dedo en el ojo de Aznar, sigan estúpidamente apostando por su lealtad. Pero ésta tampoco existe. Ibarretxe, como todos los demás nacionalistas, camina -lo descubrió ayer Edurne Uriarte- directamente al suicidio. Es curioso que los bobos citados les acompañen en el imparable camino.

Juan José Ibarretxe y el Partido Nacionalista Vasco tienen milimétricamente perfilado su proyecto, trufado de etapas intermedias, que conducen todas a la autodeterminación, a la independencia. Ante esto, las caretas ocasionales del exasperante lendakari no deberían confundir a nadie. Todo lo que no sea defenderse de esta loca sinrazón, dentro y fuera de España, es un pecado de Código Penal. Lo dicen los más conspicuos y progresistas hombres de nuestra Constitución. A ellos hay que atenerse.

El diálogo imposible
JOSE ANTONIO GOMEZ MARIN El Mundo
1 Agosto 2001

E
l acuerdo estatal de financiación autonómica es, probablemente, el suceso más importante que ha ocurrido en el Estado fundado en las autonomías desde que la LOAPA quiso desmocharlo. Se consigue un marco global e indefinido, se progresa hacia la corresponsabilidad fiscal, se deja abierto en el tiempo. Era necesario. Andalucía había perdido por la terquedad de Chaves de no
firmar el anterior más de 90.000 millones de pesetas que ahora le devolverá la flexibilidad negociadora de sus adversarios, a pesar de que ha tratado de oponerse al final feliz hasta el último minuto. Mejor, porque Andalucía no tenía por qué pagar los platos rotos de la confrontación partidista. Da la sensación, en cualquier caso, de que este acuerdo aporta al régimen autonómico un refuerzo esencial al poner en claro, dentro de lo posible, las cuentas de las comunidades y cargar a cada una de ellas, en medida decisiva, el peso de la exacción fiscal: el que haga la obra y corte la cinta que dé la cara y suba los impuestos.

El mayor riesgo de secesión no le viene a España hoy de los aberchalismos sino de la quiebra de la solidaridad interregional que ha producido, como un subproducto indeseable, la circunstancia autonómica. Oigo decir en la radio a un catalanista culto como Francesc Sanuy, insinuando el agravio, que Cataluña es la cuarta comunidad por la cola en el reciente reparto. Pues claro, no querría que lo fuera por la cabeza. Estamos viviendo una crisis nacional en la que el Estado es el único garante de la solidaridad porque las autonomías se han convertido en un puzzle competidor y el mecanismo justiciero no puede ser otro que la discriminación positiva de las comunidades menos ricas. Por otra parte, tras este paso decisivo, en España las comunidades autónomas gastarán una de cada dos pesetas presupuestadas y ése será el mejor cemento para consolidar una estructura no poco improvisada que hasta hace poco no se creían ni sus promotores. Si el acuerdo en cuestión hubiera osado asignar también a los ayuntamientos su parte en el reparto la operación hubiera sido definitiva. Pero aún así, hoy el Estado de las autonomías entra en una nueva era basada en un concepto claro de la responsabilidad de cada cual. El Estado va adelgazando su sombra. Sería cosa de evitar que las autonomías no entiendan el mensaje de la nueva solidaridad.

Balza y Rajoy no se tomarán vacaciones
Lorenzo Contreras La Estrella 1 Agosto 2001

Al final, lo único verdaderamente positivo de la entrevista Aznar-Ibarreche en el palacio de la Moncloa es que hablaron. Y lo más destacado de ese encuentro es la propuesta de Aznar en el sentido de propiciar una inmediata cita política de Mariano Rajoy con Javier Balza. Porque si hay algo urgente para favorecer la prioridad de la lucha contra el terrorismo, anunciada por el lehendakari en su programa, ese algo es la coordinación de las distintas policías. La conocida queja nacionalista de que el Ministerio del Interior no informa a la consejería que regenta Balza, ni al Gobierno de Vitoria en su máxima representación, recibe en este caso una rectificación de rumbo, pues ya no se trataría de saber quién ignora más a quién mientras ETA sigue asesinando y la represión de la kale borroka continúa siendo una de las mayores asignaturas pendientes de Ajuria Enea.

Ibarreche, y por supuesto Balza, han comprendido que el terrorismo etarra no se toma vacaciones. Dejar para septiembre el posible diálogo de los dos máximos gestores de las respectivas policías, la estatal y la autonómica, habría significado suspender la asignatura en el más clásico y convencional de los sentidos. Con el riesgo añadido de que la materia a estudiar se haría más compleja y la desconfianza mayor. Desconfianza que se sumaría a otras muchas desconfianzas largamente acumuladas por años de recíprocos recelos. Madrid no puede ignorar el peligro de que sus confidencias en el capítulo de la seguridad resulten mal administradas. Y Vitoria siempre entenderá, a través del prisma nacionalista, que las "fuerzas de ocupación" ya tienen bastante con su propio despliegue y sus particulares recursos.

Ibarreche vino a Madrid con una gran pretensión emboscada en un conjunto de formulaciones de menor calado. Concretamente, la propuesta de que se cree una comisión política de alto nivel Madrid-Vitoria o Vitoria-Madrid. Pero no para acorralar a ETA y buscarle sus puntos vulnerables, sino para "desbloquear el Estatuto". Ésa es la gran postulación política de Ibarreche, la que Ibarreche lleva el encargo de plantear y ha planteado este pasado lunes. Cuestionar el Estatuto al más alto nivel no es una aspiración de segundo grado. Consiste en cuestionar la propia Constitución, de la que, quieran los nacionalistas o no, el Estatuto es desarrollo y pura consecuencia. Es el gran desmontaje. Es intentar la complicidad de Madrid en la gran traición a los principios que fundaron la convivencia del nuevo Estado democrático.

Un Estatuto desnaturalizado, sobredimensionado, desbordado e invasor de competencias propias del Estado es lo que los nacionalistas buscan como trampolín para el gran salto adelante. Y no quieren ver, y si lo ven no les importa, que ésa es la gran victoria de ETA. La victoria que la banda terrorista empezó a asegurarse en los pactos de Lizarra, no por presuntamente olvidados menos vigentes. En esa ofensiva "institucional", Ibarreche ha asumido la capitanía política. Es decir, se la han hecho asumir al conjuro de las elecciones del 13 de mayo, convirtiéndole en el líder que nunca fue y probablemente nunca será en términos verdaderos.

Ibarreche, más presentable que Arzallus a los ojos del Gobierno central, es un instrumento que ha ganado en eficacia. Su problema es que Aznar es inflexible. Aznar no ha digerido el 13 de mayo. Y es difícil que algún día lo consiga.

La soledad de muchos
Pablo Sebastián La Estrella 1 Agosto 2001

Hay muchos españoles que residen en el País Vasco y fuera del País Vasco que están permanentemente amenazados por ETA y su entorno. Y los que residen en el País Vasco tienen además de esa amenaza la tensión que produce la fractura social que se vive en Euskadi por causa del enfrentamiento global entre nacionalistas y españolistas. Esa fractura hace que familias, vecinos, amigos y hasta estudiantes de todas las edades hayan visto cómo en los últimos meses, casi más de un año, unos y otros se han ido distanciando como consecuencia del enfrentamiento habido entre la cúpula de los partidos españolistas y nacionalistas, más concretamente entre el PP y el PNV.

Naturalmente, los líderes políticos piensan en política y también en términos electorales o electoralistas. Calientan las elecciones, se lanzan reproches mutuos y luego pasa la ola electoral y los ciudadanos de a pie de uno y otro lado se quedan allí indefensos y divididos en una sociedad que necesita más que nunca estar unida frente a la amenaza del terror. Y esto es lo que no ha entendido el presidente Aznar, o lo que no parece entender, o lo que no parece importarle demasiado, por más que habla sin parar de ETA y las amenazas. El presidente debe saber que los miles de españoles españolistas que residen en el País Vasco están aislados de una parte importante de la sociedad vasca, como han demostrado las pasadas elecciones. Y que esa fractura es nueva, reciente, de hace apenas un año. De cuando el PP decidió que había que acabar con el PNV y con sus dirigentes fuera como fuera, sacándolos del poder.

Ahora han terminado las elecciones y el diálogo no funciona, y todos esos miles de ciudadanos, muchos de los cuales no quieren ser concejales ni tener cargos públicos por sobrados motivos de su seguridad personal y familiar, están en una muy difícil situación. Y necesitan no sólo el calor de los suyos o de su entorno, sino el calor del conjunto de la sociedad vasca, y eso sólo será posible si hay unidad en la cúpula política del poder.

Los dirigentes nacionalistas también tienen su parte de responsabilidad. No pueden, desde las instituciones vascas, dejar a la intemperie a quienes viven bajo la amenaza, sin plena libertad y con riego de su vida. Hace falta que Ibarretxe, su Gobierno y demás instituciones controladas por los nacionalistas demuestren de verdad, con hechos, que no van a consentir que ningún habitante del País Vasco sufra o lo pase mal.

En todo caso, Aznar e Ibarretxe hablaron ayer de sus posiciones políticas y electorales, pero dio la impresión de que se olvidaron de los protagonistas de esa sociedad.

El error de base
Por Enrique de Diego Libertad Digital
1 Agosto 2001

Hay un error de base en el ambiente: la identificación de nación con cultura. En sentido estricto o esencialista no existe una cultura española como no existe una cultura vasca, sino individuos que participan de regularidades. Personalizar los conceptos, aunque sea de manera laxa, es condenarse a la desazón y al desastre. La nación se identifica, en el actual momento evolutivo, con el Estado de Derecho y por ende con la libertad personal.

Por ello, no se puede ceder porque eso es abrir postigos al totalitarismo y cuestionar la libertad de todos y cada uno. La libertad de los constitucionalistas vascos no es otra cosa que la avanzadilla de la libertad de cada uno, del resto. Puede haber golpes de Estado en la nación española o en alguna de sus partes. Esa es la cuestión. Quien quiera contribuir al intento de suicidio de España no hace otra cosa que perpetrar un suicidio por sustitución y abrir horizontes de fosas comunes. No se trata de la sacrosanta unidad de España, ni de la fuerza vital de un magma llamado España, sino de lo que hoy representa España como sociedad abierta de ámbito de libertad.

Parece necesario, junto a la claridad y a la toma de iniciativa por parte del Gobierno, plantear un discurso en positivo de la idea de España, del compromiso con la libertad personal, de la idea de pluralidad concreta, real, no la abstracta de conflictos entre nominalismos del tipo Euzkadi contra España. Ese discurso no es de confrontación, sino sencillamente superador. Es recurrente analizar el nacionalismo, tan sencillo y visceral en sus planteamientos, tan blindado por el sentimiento a la racionalidad. Pero, a la postre, la racionalidad es cuestión indeclinable para el ser humano, y decisiva para la mayor parte de los votantes del PNV. Hay que ir a una racionalidad constructiva e ilusionante, a un patriotismo de la libertad. Al sentido noble y humano de la fraternidad. Al modesto y espléndido “vive y deja vivir”.

Un cauce
ANTONIO PAPELL El Correo
1 Agosto 2001

Al menos se han guardado las formas. Los dos líderes democráticos, cuyas cohortes habían recalentado el ambiente en los días previos a la entrevista Aznar-Ibarretxe, han abierto al menos un cauce de comunicación, por más que de momento sólo sirva para canalizar la incomunicación. Lo insostenible era que quienes representan a las dos instituciones vitales por cuyas manos circula el desentendimiento vasco ni siquiera se hablasen, o lo hicieran abruptamente a través de los medios. Quizá sea difícil hacer camino al andar en esa relación cuando conscientemente se diverge en lugar de converger, pero es positivo que los grandes diferendos entre Madrid y Vitoria sean al menos manejados mediante una relación civilizada. A fin de cuentas, cualquier solución habrá de pasar, si se produce, por el diálogo.

Aunque es absurdo que la información suministrada por ambas partes se haya reducido a sendos comunicados escuetos y bien poco expresivos, todo indica que la reunión fue un verdadero choque de trenes, aunque cortés y formalmente amable. Ibarretxe tiene un plan, sólo conocido en su integridad por unos pocos iniciados, que incluye una secuencia gradual y ascendente de debates parlamentarios en los que los nacionalistas irán planteando una progresiva secuencia de metas ‘soberanistas’ que arrancan del cumplimiento íntegro del Estatuto, y en cuyo extremo, todavía inconcreto y probablemente muy lejano, estaría la autodeterminación. Pero frente a este afán por «hacer política», Aznar -y no sólo Aznar, obviamente- piensa que ese camino reivindicativo, o cualquier otro que pudiera plantearse, debe ser aplazado hasta que se den las condiciones idóneas para recorrerlo. Es decir, hasta que haya cesado definitivamente la violencia terrorista en todas sus formas. Partiendo de criterios y opciones tan distintos, es natural que no haya sido posible obtener acuerdo alguno de la reunión. Sólo el de seguir hablando, que no es poco.

El socialista Jesús Caldera, horas antes del encuentro, había expresado la posición del PSOE al respecto, en todo coincidente con la del Gobierno: no es razonable un proceso político de reformas institucionales en el País Vasco mientras arrecia la presión terrorista. Pero esta misma tesis es mantenida en público por relevantes líderes nacionalistas, como el alcalde de Bilbao o el ex lehendakari Ardanza. Y la pertinacia en mantener la propuesta reformadora a pesar de todo no sólo no conducirá a parte alguna, sino que impedirá avanzar también en las transferencias estatutarias. De momento, Aznar ya ha declinado la propuesta de una comisión bilateral «al máximo nivel» (el Estatuto establece los procedimientos para negociar tales transferencias en comisiones mixtas), y es improbable que haya progresos en el inmediato futuro. Primero, porque falta confianza para respaldar las transferencias más delicadas; y, segundo, porque el planteamiento de Ibarretxe es contradictorio: no parece muy cabal reclamar que se complete un Estatuto que, para el Gobierno vasco, tiene que ser «superado» y ha dejado de ser el «punto de encuentro» de los vascos.

Así las cosas, y aunque se efectúe un singular esfuerzo de razón y de voluntad para promover la unidad democrática frente a ETA, no habrá modo de conseguir la fusión de la ‘comunidad’ nacionalista y del agregado no nacionalista en torno a este designio en tanto Ibarretxe se mantenga en el papel de abanderado principal de las reivindicaciones nacionalistas, que son tan legítimas como inoportunas. Porque, aunque sea de forma involuntaria, tal planteamiento alimenta objetivamente a ETA porque la organización terrorista utilizará el argumento -ya enunciado por Otegi en su panegírico a la etarra muerta en Torrevieja por su propia bomba- de que son en realidad los ‘gudaris’ quienes fuerzan el debate sobre la autodeterminación.

En definitiva, la reunión de La Moncloa ha planteado el ‘impasse’ que puede quedar dramáticamente abierto si no cunde la cordura: el que se suscitará si el nacionalismo no entiende que su razón de ser ideológica, cuya legitimidad nadie discute, ha de ceder a su razón de ser democrática, que ha de supeditarse al afán de poner fin a la violencia por todos los medios del Estado de Derecho, como objetivo preferente y único. No se trata de un pretexto de los no nacionalistas para aplazar un debate que el nacionalismo tiene perfecto derecho a plantear, sino de la evidencia lógica de que, para llevarlo a cabo con serenidad y las necesarias dosis de consenso, es preciso extender primero una convivencia pletórica y no mediatizada por la violencia. Tal aplazamiento no es, como algunos dicen, una claudicación ante ETA sino el reconocimiento inteligente y civilizado de que, si se quieren defen- der ciertos valores permanentes, es necesario dosificar los ritmos y los tiempos a la hora de suscitar las reformas. Tampoco es tan difícil de entender.

El almanaque de la infamia etarra
REDACCIÓN (A CORUÑA) La Voz 1 Agosto 2001

Hoy, miércoles 1 de agosto, es uno de los pocos claros en los que el terror etarra no mancha de sangre el calendario. Durante los 41 años que han pasado desde que ETA asesinó a la niña Begoña Urroz Ibarrola, primera víctima de su despreciable andadura, hasta hoy, son pocos los días en los que la sombra negra del terror no se cierne sobre las efemérides del año.

A lo largo de 304 de los 365 días del año, se reparten los 848 crímenes de la banda y en distintos lugares de España se recuerda a un familiar, un amigo o un vecino que murió vilmente asesinado por los terroristas.

Sólo la casualidad impide que los 848 asesinatos de la banda terrorista no invadan todos los días del año. A lo largo de 33 días (más de un mes) al año se recuerda a 5 víctimas o más de atentados terroristas y en ocho de ellos son diez o más los muertos.
Hay días especialmente marcados por la infamia, días que han pasado a la memoria colectiva de la sociedad española y que coinciden con las acciones más criminales de la banda. El 19 de junio registra la sima más honda en el calendario del infierno etarra: el asesinato de 21 personas con un coche bomba en el Hipercor de Barcelona en 1987 hace que se eleven a 24 el número de personas a las que los terroristas arrebataron la vida en esa fecha.

Otros días marcados, como el 11 de diciembre con 20 víctimas, 11 de ellas muertas en 1987 en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza; o el 14 de julio y el 13 de septiembre, alcanzan la cifra de 14 asesinatos, coincidentes con los atentados contra un convoy de la Guardia Civil en 1986 en Madrid y la bomba en los servicios de la cafetería Rolando en 1974 en Madrid, respectivamente.
Junio es el mes con mayor virulencia etarra, no sólo por el número de días que son aniversario, cuyo único respiradero es el día 11, sino que alcanza la indignante cifra de 109 muertes en tan sólo sus 30 días. El mes de agosto, con 44 víctimas, es el más descargado del año.
La escalofriante discrecionalidad de los terroristas a la hora de matar la demuestran los 30 muertos menores de edad y los tres no nacidos que fueron asesinados, dos de ellos a la vez que sus madres, el tercero a causa de las heridas sufridas por su madre en un atentado.


La AVT niega el autogobierno vasco, «ni ahora ni cuando Eta deje de matar»
Redacción - Madrid.- La Razón 1 Agosto 2001

El director gerente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio Corredor, afirmó ayer que el Gobierno de España debe negarse a hablar de autogobierno y autodeterminación con el Ejecutivo del País Vasco porque, de por sí, ya es la región con más independencia y autonomía de toda España.

   En declaraciones a Servimedia, Corredor consideró «ilógico» que el «lendakari», Juan José Ibarreche, plantease un debate el lunes al presidente del Gobierno, José María Aznar, durante la reunión que mantuvieron ambos políticos en el Palacio de La Moncloa.

   «No hay nada que hablar sobre autogobierno e independencia porque el País Vasco es la región de Europa que más independencia tiene. No cabe hablar de nada mientras hable Eta. No cabe ni más autogobierno ni más independencia», explicó.

Insulto a los españoles
Tampoco se debe hablar de autogobierno cuando la organización terrorista Eta deje de matar, según Corredor, porque se trata de un debate que no es propiedad únicamente de los ciudadanos vascos. «Es cuestión de todos los españoles», resaltó.

   A su juicio, la oferta del «lendakari», Juan José Ibarreche, y los plazos que ha marcado para dialogar sobre el futuro de la Comunidad Autónoma vasca son un «insulto» a todo el conjunto de la ciudadanía española, en general, y a las víctimas y perjudicados por la barbarie terrorista, en particular, porque todos ellos son quienes «soportan las acciones de la banda terrorista Eta».

María San Gil denuncia que Odón Elorza «es un fraude»
El Mundo 1 Agosto 2001

MADRID.- La presidenta del Partido Popular en Guipúzcoa, María San Gil, aseguró ayer que «si se permanece en un cargo público y político con miedo estás siendo un fraude», en referencia al primer edil de San Sebastián, el socialista Odón Elorza. «En este momento, Odón es un fraude», concluyó. La primer teniente de alcalde de San Sebastián, que participó en el encuentro Terrorismo: las víctimas y la resistencia civil de los Cursos de Verano de El Escorial, explicó que cuando se ocupa un cargo político «hay unas normas que te dicen cómo tienes que actuar y que si te puede el miedo, y te nubla las decisiones, tendrás que dejar el cargo».

San Gil explicó que «Odón no era así», pero que el paso de los años y el ver atentados cerca de él «le ha producido mucho miedo». «Esa es la excusa que le doy para justificar una serie de actitudes que tiene», apostilló. La edil popular explicó que su relación con Elorza y la toma de decisiones políticas municipales con él son temas que lleva «a flor de piel», dado que comparten el Gobierno del Consistorio.

San Gil explicó que ambos pueden «compartir proyectos municipales de cómo querer que San Sebastián esté, pero que tienen unas posturas políticas absolutamente opuestas».

La dirigente del PP vasco criticó a «esa gente que cree que haciendo concesiones absurdas al nacionalismo, sobre todo al radical, va a salvar el pellejo». En ese sentido, San Gil explicó que «eso es perder dignidad», y que «al final te comen por los pies». Como ejemplo de esa situación citó la colocación, «el otro día con lo de la patriota», de una ikurriña con crespón negro en el balcón del Ayuntamiento de San Sebastián.

La primer teniente de alcalde explicó que «como Elorza se fue, yo como alcaldesa lo quité, porque si no habríamos estado cinco días con el Ayuntamiento lleno de pancartas». «Los ciudadanos de Donosti son plurales y hay mucha gente a la que eso le molesta», concluyó.

Garzón pide al TSJ vasco que actúe contra «Ternera», al considerarle jefe de Eta y Ekin
Adopta la misma decisión para el también diputado proetarra Jon Salaberría El juez procesa a 31 presuntos miembros del «aparato político» de la banda, entre ellos el abogado José María Matanzas El Tribunal vasco decidirá
  El juez de la Audiencia Nacional no tiene dudas de que, en virtud de diversos documentos incautados, Ekin forma parte integrante, junto con Eta, de una misma estructura, en la que la banda asume la «vanguardia», es decir, el «frente militar», y Ekin la dirección de los demás frentes que integran la banda terrorista. Por su presunta integación en Ekin, Baltasar Garzón ha procesado a 31 personas, entre ellas el abogado de Gestoras Proamnistía José María Matanzas y el ex responsable de KAS, Xavier Alegría. Además, sitía al diputado de EH José Antonio Urruticoechea en la dirección de Ekin, por lo que remite las actuaciones al Tribunal Superior del País Vasco para que éste actúe penalmente contra «Josu Ternera».
F. Velasco - Madrid.- La Razón 1 Agosto 2001

El parlamentario de EH en la Cámara de Vitoria y ex dirigente etarra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, «Josu Ternera» podría haber sido uno de los principales dirigentes de Ekin, considerado el «aparato político» de la banda Eta. A esta conclusión llega el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el auto en el que procesa a 31 personas por su presunta integración en Ekin, entre ellas el abogado de Gestoras Proamnnistía José María Matanzas.

   Ante estos indicios, el magistrado remite las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que sería el encargado de actuar penalmente contra «Josu Ternera» y el también parlamentario de EH Jon Salaberría, a quien Garzón considera igualmente otro de los dirigentes de Ekin.

   La presunta vinculación de Urruticoechea y de Salaberría estaría en relación con el control que Ekin ejercía del conjunto organizativo de la izquierda abertzale, «por delegación de Eta».

   Este control también se extiende a las organizaciones que componen el denominado «Movimiento Nacional de Liberación Vasco». Así, ocurre, según el auto, con Herri Batasuna-Euskal Herritarrok. «algunos de cuyos miembros más connotados forman parte», entre los que estarían Salabarrría y José Antonio Urruticoechea.

Responsable de Eta
Estos miembros de EH, añade Garzón, «incluso, aparentemente, ostentan la máxima responsabilidad política dentro de Ekin y, por ende, dentro de Eta en el interior de España, como ocurre con José Antonio Urruticoeceha Bengoechea».

   En esta misma línea, el magistrado entiende que, a raíz de toda la investigación practicada y documentos intervenidos, hay datos que acreditan, presuntamente, que Urruticoechea, como consecuencia de lo anterior, pordía ser «el interlocutor inmediato del aparato político de Eta». Así se desprende, añade la resolución judicial, de su asistencia a las reuniones orgánicas, a partir de 1999 hasta la actualidad, de Ekin y Jarrai, «prevaliéndose de su condición de aforado.

   Fue a partir de su puesta en libertad, el 14 de enero de 2000 cuando comenzó su vinculación con Ekin, «hasta el punto de dirigir esta organización».

   También participó en el proceso de fusión entre Jarrai y Gazteriak. La entonces responsable de Jarrai, Olatz Dañobeitia, mantuvo una comuncación con él para conocer su criterio respecto a ese proceso de fusión.

   En cuanto al segundo aforado, Jon Salaberría, Garzón entiende que hay también datos que permiten identificarle como uno de los responsables de Ekin. Así, entre otros elementos que aporta, cita su asistencia a una reunión orgánica de Ekin en el Ayuntamiento de Villabona en la que participó, entre otros, «Josu Ternera», los ex portavoces de Jarrai Ana Lizarralde y Olatz Eguiguren y el abogado José María Matanzas.

Información a Pepe Rei
Respecto a Matanzas, Garzón le considera responsable de Ekin en Álava y que actúa «desdoblado» en Gestoras Proamnistía, «en los que ejerce la responsabilidad y control del denominado frente de makos de Eta», es decir, del colectivo de presos etarras.

   Además, Matanzas, según Garzón, informò a Pepe Rei, entonces «responsable del denominado equipo de investigacion de Egin , en el seno del frente informativo de Eta, de los datos de varios miembros de la ertzaintza, tales como el número de registro personal».

   Por otro lado, el magistrado considera acreditado que Ekin controla los aspectos financieros y económicos de todo el entramado que rodea a la organización terrorista, el desarrollo de la «kale borroka», la «organización y dinamización» de las campañas de desobediencia civil y la «dirección política» del Mlnv, además de ejercer el control de presos etarras y de los miembros de la banda que están huídos en otros países.

   Ademas, Eta instrumentaliza la estructura de Gestoras Proamnistía y de su bufete de abogados para el control del «frente de makos», valiéndose para ello «de sus delegados de Ekin».

   También considera que Ekin es quien decide «la respuesta» ante el fallecimiento de etarras, como ocurrió en Bilbao, donde se produjo «una evidente apología» de Eta.

     En la extensa resolución del juez -mas de 300 folios- también sitúa a Herri Batasuna-Euskal Herritarrok en el entramado que constituye la organización terrorista Eta-Ekin. Así, señala que puede afirmarse que, «históricamente», Herri Batasuna «forma parte de la estructura de Eta-Kas-Ekin, integrándose en el denominado Frente político-institucional».

   Respecto a EH, pone de manifiesto cómo el hecho de que destacados miembros de esa coalición radical participaran en el homenaje a los etarras que murieron en Bilbao al explosionar el vehículo e el que transportaban explosivos, en una decisión adoptada al margen de la organización política, evidencia «el carácter instrumental que no sólo HB-EH» y de todo el entramado del Mlnv «tiene respecto de Eta y Ekin».

   Asesinato de Múgica
   Por otro lado, Garzón analiza pormenorizadamente la labor de Gestoras Proamnistía y concluye que realiza «funciones instrumentales dentro de la estrategia de Eta, para el control de su colectivo de presos, convirtiéndolo en un “frente de lucha” más bajo su disciplina», gracias a la activa participación de algunos abogados de su bufete.

   Otra de las «actividades» de Ekin se centra en el «señalamiento» de funcionarios y cárceles donde presuntamente se violan los derechos humanos. Esta «mecánica terrorista» continúa hoy día, pero ese «señalamiento» se ha extendido «a toda la sociedad» y, especialmente, a los concejales de PP, UA, PSE y UPN, «a los que desde Gestoras Proamnistía y Senideak se ha venido señalando como responsables de la situación de los presos de Eta, para que, una vez “marcados” como objetivos “pase lo que tenga que pasar”». Así ocurrió con el asesinato del edil del PP de Durango Jesús María Pedrosa.

   Además, documento intervenido en el registro de Carlos Íñigo Blasco acredita que los miembros de Eta-Ekin decidieron «señalar» también a los concejales de UPN como responsables de la situación de los presos etarras. «El último ejemplo sangriento ha sido el asesinato del concejal de esa formación en Leiza José Javier Múgica,previamente marcado y señalado por las diferentes estructuras integradas en Ekin».

Incendian un autobús en Rentería
El Mundo 1 Agosto 2001

Un grupo de jóvenes desconocidos incendió anoche, en la localidad guipuzcoana de Rentería, un autobús que cubría la línea San Sebastián-Oyarzun. Los violentos atacaron el vehículo a la altura del número 59 de la Avenida de Navarra y lo dejaron inservible, al quedar totalmente calcinado. Bomberos y agentes de la Ertzaintza se desplazaron al lugar para sofocar el fuego, pero no lograron detener a los autores de la acción.

Queman con cócteles molotov una pancarta contra ETA colocada en la balconada del Ayuntamiento de Lasarte
VITORIA. J. J. S. ABC 1 Agosto 2001

Varios desconocidos atacaron y consiguieron destruir, en la madrugada de ayer, la pancarta con el lema «ETA ez, ETA no», que pendía del balcón principal del ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa) sin que los atacantes hayan podido ser identificados. Asimismo, en Vitoria, radicales colocaron un artefacto casero contra la sucursal del BBVA de la plaza Gregorio Altube, que provocó importantes daños materiales en la oficina y en los vehículos estacionados en las inmediaciones.

El ataque contra el Ayuntamiento de Lasarte, municipio de Guipúzcoa en el que gobierna el PSE-EE con mayoría absoluta y que sufrió el asesinato de uno de sus concejales, tuvo lugar cerca de las tres de la mañana, cuando varios desconocidos lanzaron un artefacto incendiario contra la lona blanca de la pancarta de rechazo a la banda terrorista, colocada en el balcón principal de la casa consistorial.

EN UNA SUCURSAL DE VITORIA
La pancarta con el lema «ETA no», en castellano y en euskera, que pende de los ayuntamientos vascos gobernados por populares y socialistas, frente al eslogan de los consistorios nacionalistas de «Bakea behar dugu» («Necesitamos la paz»), resultó totalmente calcinada.

Unos minutos después, en Vitoria, estalló un artefacto casero, colocado por unos desconocidos en el exterior de la sucursal del BBVA de la plaza Gregorio Altube. El incendio que ocasionó la explosión hizo necesaria la intervención de los bomberos, y provocó importantes daños materiales en la oficina, así como en varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

Fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco, indicaron que el artefacto estaba compuesto por pólvora prensada y algún componente pirotécnico.

La Policía autónoma vasca, que hasta el momento no ha realizado ninguna detención sobre estos hechos, ha abierto una investigación para determinar la autoría de estos dos últimos de violencia registrados en el País Vasco.

Recortes de Prensa   Página Inicial