AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 30 Agosto   2001
#Un tribunal reconoce como catedráticos a 728 profesores eliminados por el catalán
JOSEP MARIA CORTÉS  Barcelona El País 30 Agosto 2001

#La verdad de las víctimas
MIKEL AZURMENDI El País 30 Agosto 2001

#Democracia vasca
Editorial El País 30 Agosto 2001

#La obsesión
Editorial ABC 30 Agosto 2001

#Polo de libertad
Breverías ABC 30 Agosto 2001

#Concejales
Faustino F. ÁLVAREZ La Razón 30 Agosto 2001

#El jacobinismo enano
José A. SENTÍS La Razón 30 Agosto 2001

#Globalización y nacionalismo
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 30 Agosto 2001

#Amenazas y solución policial
Enrique de Diego Libertad Digital 30 Agosto 2001

#Ceguera etarra
Cartas al Director ABC 30 Agosto 2001

#Aznar reprocha al PSOE que se alíe con el nacionalismo radical en Galicia y Baleares
C. M. / A. S. - Quintanilla de Onésimo (Valladolid).- La Razón 30 Agosto 2001

#Iturgaiz propone a los socialistas candidaturas municipales conjuntas en los pueblos «difíciles»
E. Mejuto - Bilbao.- La Razón 30 Agosto 2001

Un tribunal reconoce como catedráticos a 728 profesores eliminados por el catalán
La Generalitat tendrá que pagar 2.000 millones en atrasos a los docentes perjudicados
JOSEP MARIA CORTÉS  Barcelona El País 30 Agosto 2001

728 profesores de instituto que fueron suspendidos en las oposiciones de 1991 convocadas por el Departamento de Enseñanza de Cataluña deben ahora ser reconocidos como catedráticos y recibir el sueldo correspondiente, con carácter retroactivo, en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Las citadas oposiciones fueron recurridas, entre otras razones, porque valoraban más los conocimientos del catalán que los de la materia de la asignatura a la que se optaba. El mismo tribunal había obligado ya al Departamento de Enseñanza a modificar los baremos de las oposiciones a catedráticos por considerarlos 'no conformes a derecho'.

En 1991, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat convocó 1.200 plazas de catedrático de instituto a las que podían optar únicamente los profesores de secundaria. En aquella convocatoria, en la que la Administración estableció cuotas para cada especialidad -103 plazas para ciencias naturales o 131 para matemáticas, por ejemplo- quedaron descartados un total 728 profesores. Después de la criba, cinco entidades presentaron recursos impugnando las oposiciones. Algunos solicitaron la nulidad de las pruebas y otros la modificación de los baremos.

Uno de estos recursos, el presentado por el Colegio Oficial de Biólogos (COB), reclamaba la modificación de los baremos, entre los cuales destacaba el referido al nivel de catalán que exigía el Departamento de Enseñanza a los profesores de secundaria, ya que, según el recurso ahora estimado, 'ser doctor en la propia especialidad puntuaba menos que ser licenciado en filología catalana'. El colegio profesional alegaba también que los cursos de formación impartidos a sus asociados 'se encontraban infrapuntuados en las oposiciones para las plazas de institituto respecto a las oposiciones y concursos de mérito que realizan los profesores universitarios'.

En el pliego de anomalías que acompañaba el recurso, el COB indicaba asimismo que las memorias exigidas por la Generalitat a los profesores para acceder a las plazas de catedrático 'debían limitarse a los aspectos relacionados con la reforma educativa, lo que representaba una arbitrariedad respecto a la formación general de secundaria'.

Modifican los baremos
La impugnación presentada por los biólogos provocó dos años después, en 1993, una setencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC por la que se obligaba a la Generalitat a modificar los baremos de las oposiciones. Sin embargo, el Departamento de Enseñanza esperó todavía siete años para convocar nuevas oposiciones a catedrático de instituto, y en este caso fue por el procedimiento de concurso de méritos. Las convocó en mayo del 2000 y en ellas obtuvieron la cátedra, de acuerdo con los nuevos baremos, los 728 profesotres que habían sido suspendidos en el primer intento de 1991.

Ahora, en la nueva sentencia de finales de junio, el TSJC obliga a la Generalitat a reconocer la categoría de catedráticos a los 728 catedráticos con efecto retroactivo, lo que implica 'que se les otorga la catedra desde la sentencia de 1993, que modificó los baremos', según un portavoz del Colegio de Biólogos. La misma fuente asegura que la Generalitat adeuda más de 2.000 millones a los profesores, 'es decir, el resultado de multiplicar las 25.000 pesetas mensuales que hay de diferencia entre el sueldo de un profesor y el de un catedrático, por el número de beneficiarios y los seis años transcurridos'.

La sentencia del TSJC hace referencia a la 'posible dificultad que supone para la Administración abonar las cantidades, dada la elevada cuantía', pero señala que los reglamentos preceptivos del caso 'impiden suspender el cumplimiento ni declarar la inejecución total o parcial del fallo'.

La sentencia no deja ningún resquicio para interpretaciones que pudieran modificar el sentido del fallo que habilita a los profesores, de quienes afirma que 'perdieron la condición de catedrático no por falta de condiciones sino por haber redactado la Administración educativa unas bases contrarias a la ley y al Derecho'.

Por otra parte, otro de los recursos presentados contra las oposiciones de 1991, el de la Asocación Nacional de Profesores de Enseñanza, ha desembocado en la suspensión cautelar del resultado de aquellas oposiciones, que no significa su anulación, a la espera de la sentencia definitiva en la que el tribunal se pronunciará sobre los aspectos concretos impugnados.

Unas oposiciones controvertidas
La notificación de la sentencia ha provocado gran nerviosismo en la dirección del Departamento de Enseñanza, que ha convocado a sus altos cargos para evaluar las consecuencias, tanto económicas como políticas.

La sentencia que obliga a Enseñanza a reconocer la categoría de catedráticos a 728 profesores perjudicados por unos baremos que sobrevaloraban el conocimiento del catalán, entre otras anomalías, es el segundo varapalo en poco tiempo que recibe la política lingüística del gobierno de CiU por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El primero y de mayor calado se produjo en enero pasado, cuando el alto tribunal anuló 16 apartados del Reglamento de Usos Lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 'por disponer el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen a la otra lengua oficial'.

El mismo tribunal se pronunció también en favor de la profesora Josefina Albert en su contencioso contra la misma universidad y contra la Generalitat por haber sido excluida de las pruebas de acceso a la selectividad después de haber entregado a dos alumnos una copia en castellano del examen, en contra de las directrices dictadas por las autoridades universitarias catalanas.

El recurso que ahora ha sido sancionado por el tribunal considera ilógico, entre otros aspectos también recurridos, que se diera más valor al conocimiento del catálán en unas oposiciones que al de la materia de la especialidad.

Aunque la sentencia que responde al recurso presentado por el Colegio de Biólogos no se refiere explícitamente a la cuestión del catalán, el fallo es muy claro al recalcar que los baremos de las oposiciones no son conformes a la ley.

Las citadas oposiciones fueron objeto de numerosas críticas, que dieron lugar a diferentes recursos. Cinco en total. Tres de ellos, sin embargo, fueron retirados más tarde por los colectivos que los avalaban tras negociar con Enseñanza unos nuevos criterios en los que se recogían sus demandas.

Entre quienes abandonaron la vía judicial se encontraba la Federación de Enseñanza de UGT, cuyos dirigentes fueron sensibles al criterio, defendido entre otros por CC OO, de que el recurso, en caso de dar lugar a una anulación de las oposiciones, podía perjudicar a un gran número de profesores que habían esperado mucho tiempo la oportunidad de promocionarse. En la enseñanza secundaria, el acceso una cátedra es una de las pocas formas de ascenso.

La verdad de las víctimas
MIKEL AZURMENDI El País 30 Agosto 2001

Mikel Azurmendi es profesor y escritor.

En la opinión pública vasca ha comenzado a aparecer por fin la reflexión sobre las víctimas. Fueron la plataforma cívica ¡Basta Ya! y, enseguida, los dos partidos de la oposición al nacionalismo, el PSOE y el PP, quienes la pusieron sobre el tapete de manera perentoria durante la última campaña electoral de mayo, conscientes de la infame tergiversación a la que se estaba librando el Gobierno de Ibarretxe durante su contubernio institucional con el terrorismo. Con el auxilio del PNV, un asesino tan conspicuo como Josu Ternera, que jamás ha intuido que sus asesinatos no estaban justificados por nada y que jamás ha pedido perdón a nadie por los vivos y difuntos que él ha dejado en la más cruel inhumanidad, asentaba sus credenciales en una comisión de derechos humanos del Parlamento vasco. Esta comisión estaba dirigida por un joven peneuvista vizcaíno, el señor Urkullu, que se oponía a que dicha comisión se calificara de 'víctimas del terrorismo': en una manipulación semántica digna de Goebbels, la comisión debía llamarse de 'víctimas de la violencia'. Ya se sabe, el tal Ternera era también víctima de la violencia política que históricamente ejercitan sobre él España y Francia, así como sobre la etarra muerta por su propia bomba en Torrevieja. Muerta en defensa propia, como se sabe, contra España y Francia. El propio lehendakari tuvo la desfachatez de decirle a una comisión de víctimas del terrorismo a la que, por fin, recibió, que no sabían lo que querían. El señor Larreina, también dirigente de la coalición gubernamental de Ibarretxe, tuvo la excelente idea de anunciarles a las víctimas que tal vez estaban equivocadas, pero que ellos, los políticos, ya dirimirían lo que al respecto conviniese.

Para que no se crea que esta actitud es sólo una interesada obcecación de gentes nacionalistas poco abiertas, referiré que el propio alcalde socialista de San Sebastián, quien acaba de auspiciar un homenaje a una sola y única víctima del terrorismo, a Lluch, dedicándole incluso un centro municipal, cuando recibió a una comisión de víctimas del terrorismo que exigía una placa conmemorativa de todas las víctimas en la ciudad tuvo la gallardía de preguntarles a ver qué pensaban del acercamiento de las víctimas etarras encarceladas en España. Por eso, tanto este alcalde como el progresista de Bilbao se han negado a colocar una placa en memoria de las víctimas del terrorismo. A la viuda de un ertzaina, cuyo nombre callo, le sucedió en la pescadería, a la que iba con asiduidad, que la dueña le dijo un buen día que, cuando ETA asesinase a alguien, no hiciese comentarios en la pescadería, porque acababan de contratar a un empleado de HB y no le querían molestar. Y mientras el miedo generalizado humilla doblemente a las víctimas, a quienes se les exige poner buena cara y no hacer comentarios ante los amigos del verdugo, nuestro colega Aranzadi, tras ponerse a tronar contra la instrumentalización política de las víctimas por parte del bloque constitucionalista vasco, se pregunta retóricamente sobre la legitimidad moral o política de la víctima y sus allegados a exigir algo a los ciudadanos, aparte de las legales subvenciones monetarias.

El hecho de que ETA haya generado víctimas y lo siga haciendo (aunque también las generaron en respuesta a ETA el Batallón Vasco-Español, el GAL y la Triple A) debe dejar claro que el significado de la víctima es inteligible únicamente en sí misma y no por algún hecho social, ideológico o político que justifique, explique o dé algún tipo de cobertura descriptiva de sus ideas o de las del verdugo. Lo característico de la víctima, aquí y ahora, no en Vietnam ni en la España del siglo XVI, es que un ser humano ha sido destruido contra su voluntad en condiciones de paz y legalidad y que, en consecuencia, el asesino se ha deshumanizado completamente al abandonar el recinto político de la convivencia, abandonando en la desolación a los familiares y amigos que tenían sentido humano junto a aquel ser, ahora destruido. La sociedad misma de derecho queda también en la desolación, ya que o funciona como el espacio de la seguridad de las vidas humanas donde éstas cobren sentido en cuanto humanas unas junto a otras, o no tiene sentido alguno. Una sociedad democrática, donde ocurra que unas vidas le son amputadas arbitrariamente y al margen de su intransferible poder (la legitimidad de la violencia, precisamente), es como un reloj que no funciona, pues no da la hora.

Víctima es quien fue un humano que perdió su voz y no puede decir ya nada en el seno de una sociedad que funciona para dar plena libertad a todas las voces por igual y no queden atemorizadas ni en la humillación del súbdito soportando a un señor soberano. Y nadie podrá ponerle jamás voz a la víctima ni decir nada en lugar de ella. Pero la víctima no lo es por sus ideas, sino porque era un ser expresivo y simbólico cuya existencia sólo tenía sentido mediante sus palabras; y mediante ellas se expresaba como humana, dijera lo que dijese, tuviera ideas de izquierda o de derecha. La víctima fue destruida en su expresión de voz, no en la calidad, tono o timbre de su voz. Por eso, nadie mata las ideas de la víctima, sino que la asesina a ella únicamente, a ella en cuanto capacidad de hablar y decidir con voz propia. Por eso mismo nadie es asesinado por sus ideas, sino para que no tenga ideas ni las exprese jamás. Lo que mata el verdugo en la sociedad democrática es la capacidad de expresar, la facultad de ser humano, y se deshumaniza fatalmente y se destruye él mismo como humano. De ahí que las ideas de 'diálogo' de Lluch no son, en sí mismas, ni más ni menos verdaderas que las de sus verdugos o las de otras víctimas que no estaban por 'ese' diálogo, de la misma forma que tampoco las ideas de los mártires cristianos o las de un fundamentalista musulmán serán más verdaderas por atreverse a morir él por ellas. Lluch, Ordóñez, Korta, como cientos y cientos de asesinados más por ETA, de la corriente ideológica que fuere, son igual de víctimas, son el mismo tipo de víctima. Son inocentes.

El verdugo, en cambio, no es inocente. No lo es nunca. Tiene unas ideas estúpidamente crueles y mata desde ellas, por ellas, para ellas: las de perseguir -como fin perpetuo- a cuantos discrepen con sus proyectos, ahora y luego. Es decir, el verdugo es un ser pre-político con fines de subvertir el estado de cosas de la sociedad de los iguales en voz: el verdugo hoy aquí es fascista y totalitario. Pero su naturaleza es la deshumanidad, la de no permitir que un humano lo siga siendo desde su propia capacidad de hablar y expresarse. Y el verdugo no es víctima ni cuando le estalla la bomba en sus manos ni cuando está encarcelado. Todos los etarras sueltos y encarcelados son verdugos, y por mucho que sufran y hagan sufrir a sus familiares, siguen siendo verdugos.

Es, pues, absolutamente gratuita su violencia, por tenaz que sea, pues se enfrenta al conjunto de la violencia legítima de la sociedad democrática, con lo cual su acto no muestra nada nuevo que no pudiese ser dicho en esa sociedad ni aporta información alguna de algún sufrimiento o injusticia que pudiesen ser satisfechos en esa sociedad. Y esa gratuidad de la violencia deslegitima cualquier causa justa que pudiese haber en sus intenciones y hasta en sus ideas. Y eso debiera entenderlo el conjunto del nacionalismo vasco. En cambio, la violencia de las instituciones del Estado democrático es legítima cuando se ejerce legalmente, pues sin ella no podríamos ser humanos ninguno de nosotros ni podríamos hablar unos con otros para lograr algo sin coacción mutua. Y esta violencia legítima es el mayor bien social de toda sociedad humana en democracia. De manera que la víctima apunta a ese hecho fundacional de la sociedad humana en paz y libertad que está siendo subvertida en cada asesinato o extorsión. Y, hoy por hoy, aquí la Constitución y el Estatuto vasco de Autonomía son el único cuaderno donde se inscribe el significado mismo de víctima y de verdugo. Sin ese cuaderno no habría ni víctimas ni verdugos, sino simples asesinatos de inofensivos y pusilánimes corderos cometidos por lobos listillos. El protagonismo moral de los allegados vivos de la víctima únicamente cobra sentido en su referencia explícita al estado de paz social fundacional donde la voz de su familiar quedó excluida. Su legitimidad moral es eminentemente política: uno de los iguales fue desigualmente tratado, pues se le privó de su humanidad, es decir, su voz propia. Sólo es ésa su reivindicación, expresar su apoyo al Estado de derecho, sin el cual ellos podrían recurrir a la venganza privada. Y no es retórico reconocer que los allegados de las víctimas son precisamente quienes han evitado hasta ahora la serie en cadena de una reyerta civil interminable al expresar 'que mi muerto sea el último'.

La socialización del sufrimento es, en cambio, el intento de generalizar la guerra civil como único recurso que le queda al verdugo. Pero ¿cómo rehumanizar al verdugo y sacarlo del fondo de inhumanidad en que se ha enfangado? Si, como afirma Primo Levi, 'nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción del hombre', tampoco disponemos de un léxico que exprese la rehumanización del verdugo. Ésta es esencialmente una tarea que depende de él mismo, de que sepa ver en su víctima la inocencia y pueda, en consecuencia, salir él mismo 'del fondo' del abismo. Y reconocerse como un ser sin legitimidad moral alguna y a merced de que descubra su constitutiva dependencia de la víctima. El futuro del verdugo depende de que se signifique él mismo como un ser descarriado y fuera de la libertad de expresarse como un humano en democracia.

Democracia vasca
Editorial El País 30 Agosto 2001

Tres ediles de Irurtzun, miembros del partido regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN), han presentado su dimisión un día después de que lo hiciera en la localidad de Villava, próxima a Pamplona, un corporativo del mismo partido cuyo negocio familiar fue recientemente atacado por los que se dedican al vandalismo callejero en el País Vasco y Navarra. El asesinato, el 14 de julio, de José Javier Mújica, concejal de UPN en Leitza (Navarra), ha planteado en este territorio, con la misma crudeza que antes en Guipúzcoa, la realidad de las limitaciones impuestas por el terrorismo al funcionamiento de las instituciones democráticas. Mientras no sea posible defender unas determinadas ideas políticas democráticas sin que ello implique el riesgo de ser convertido en víctima, no existirá igualdad de oportunidades en la política vasca.

Ayer se cumplió un año del asesinato de Manuel Indiano, concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa). Fue acribillado en el interior de la tienda de golosinas con la que se ganaba la vida. Hoy es el día en que su plaza no ha podido ser cubierta. Él mismo era el sexto de la lista del PP en la localidad: los tres anteriores habían renunciado. Zumárraga, localidad de 11.000 habitantes, tuvo alcalde socialista entre 1995 y 1999. Ese año el PSOE perdió, por 235 votos, la primera posición en favor de la coalición PNV-EA. Tras los atentados contra ediles socialistas de los primeros meses del año, y de las medidas obligatorias de seguridad ordenadas por su partido, los cinco concejales del PSOE dimitieron, y hasta el momento no han sido sustituidos. Así pues, en el Ayuntamiento de un pueblo en el que el PSOE era hasta hace poco la primera fuerza, no queda actualmente ningún representante de ese partido; y uno de los dos del PP fue asesinado.

Dentro de dos años hay elecciones municipales. Es muy probable que en muchas localidades vascas PP y PSOE no puedan completar candidaturas. Que se necesite virtudes cívicas en grado de heroísmo para ser candidato revela que existe un problema democrático gravísimo, cuya solución debería ser la preocupación esencial de los actuales gobernantes de Euskadi (y de Navarra). Frente a la evidencia de que no todos los ciudadanos tienen la misma libertad para defender sus ideas, resultan ofensivas las declaraciones de algunos dirigentes nacionalistas que hablan de 'déficit democrático' porque no se plantea una consulta sobre la autodeterminación.

Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, expresó ayer su tristeza por las dimisiones de concejales de partidos no nacionalistas amenazados por ETA, pero las consideró 'fruto y consecuencia de un clima de conflicto político'. Conflictos políticos los hay en muchas partes, pero sólo los fanáticos consideran que la forma de resolverlos es matar a los que no piensan como ellos.

La obsesión
Editorial ABC 30 Agosto 2001

Las espeluznantes declaraciones ante el juez de Fernando García Jodrá, cabecilla del «comando Barcelona» apresado por la Guardia Civil, revelan que la persecución a los medios de comunicación ha superado la categoría de directriz, de objetivo genérico marcado por la dirección de ETA, para asentarse en el terreno de la obsesión personal. Que un pistolero confiese que ha intentado matar ocho veces al periodista Luis del Olmo revela su tesón asesino y la extrema peligrosidad de esa fobia. Que entre los objetivos del «comando Barcelona» se encontrase también el Grupo Zeta, unido a los tristes precedentes de asesinatos y atentados cometidos contra quienes ejercemos este oficio de contar lo que pasa, colocan a la prensa en lugar preferente de la diana etarra. Los medios de comunicación, como cauce que hace llegar información a la sociedad, han sido siempre una fijación de ETA, un fenómeno reductible a través del miedo y el terror. La verdad suele molestar a quienes, como los etarras y sus siniestros jaleadores, se esconden entre un montón de mentiras que intentan imponer a la fuerza. Tan importante como la «liberación nacional» es, al parecer, callar al mensajero, cueste lo que cueste, con amenazas, a tiros o con bombas.

En nada ayudan a rebajar esa casi psicopática fijación las andanadas que desde el mundo nacionalista se lanzan contra la prensa no afín, que al parecer es casi toda. Perversas locuciones verbales, como la «gracia» de la «Brunete mediática», ceban ese odio incontrolado que amenaza a toda una profesión y al ejercicio mismo de la libertad.

Polo de libertad
Breverías ABC 30 Agosto 2001

Por si alguien dudaba de la vigencia del Pacto por las Libertades y frente al Terrorismo firmado por PP y PSOE antes de las elecciones autonómicas vascas de mayo, las libertades perseguidas y el acoso del terror vuelven a unir a populares y socialistas para defender lo que queda de democracia en el País Vasco, sostenido sólo por el sacrificio de los representantes de ambos partidos. Reconocen las dos formaciones políticas que tendrán problemas para cerrar las candidaturas en las próximas elecciones municipales, propone Iturgaiz hacer listas conjuntas y apunta Rodolfo Ares que el PSE hará primero un llamamiento a los independientes para pedir ayuda. Aunque entre los concejales populares y socialistas vascos no se han registrado bajas oficiales, el desánimo tras los resultados electorales del 13-M y el incesante acoso de ETA y sus aliados han reducido su presencia en la vida pública entre la habitual indiferencia nacionalista.

En Navarra, mientras tanto, UPN intenta mantener su representación en las localidades controladas o amenazadas por Batasuna. En Villava han encontrado un héroe llamado José Luis Medrano para sustituir a Juan Eransus, que dejó el cargo cuando su negocio sufrió un atentado.

El objetivo de ETA es conseguir que PP, PSE y UPN desaparezcan física y políticamente de las localidades vascas y navarras. El silencio, el lavarse las manos de los nacionalistas de PNV y EA en esas localidades y en el Gobierno de Ibarretxe, es un silencio culpable, casi de cómplice si el ingrediente del miedo a sus antiguos aliados en Estella no estuviera también por medio. Si la banda consiguiera su objetivo habría caído el penúltimo bastión de la democracia en el País Vasco. Eso sí, se habría dado un gran paso hacia la «construcción nacional», ya no habría molestos representantes «no nacionalistas» en los pueblos que estropearan el paisaje soñado por Sabino Arana, y los desafectos al régimen podrían ser tratados, según el programa de Arzalluz, como «alemanes en Mallorca».

Concejales
Faustino F. ÁLVAREZ La Razón 30 Agosto 2001

Cuando se constituye una corporación municipal, hasta se ve con normalidad que haya más voluntarios para la concejalía de Urbanismo que para la de Bienestar Social, y más también para Economía que para Educación. No voy a generalizar en una injusta teoría sobre la utilización de la política local en beneficio propio, pero hay quienes, queriendo engañar, hasta se engañan a sí mismos postulándose como rigurosos promotores de vivienda pública y como equilibrados salomones a la hora de convertir, en plazos no escandalosos, las zonas verdes en edificaciones, el césped en hormigón, y los viejos parques públicos en lento territorio invadido por chalets adosados. Ya digo que éste es un guión conocido, repetido, tópico y hasta asimilado por los jugos gástricos de la razón democrática y sus resignadas derivaciones (nada utópicas).

La novedad es que dejes de ser concejal, de urbanismo o de lo que sea, por miedo, como les ocurrió a tres ediles de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la localidad de Irurtzun, y a algún otro colega en otros ayuntamientos. Vaya por delante una actitud de comprensión hacia su miedo, acosados y acorralados por la barbarie terrorista, y sacando una elemental conclusión en el momento en que disciernen entre lo que es su compromiso político y lo que es su obligación de defenderse y de proteger a su familia. A los italianos se les atribuye el dicho de que «soldado que huye sirve para otra guerra», algo que me comentó en Milán, con seria ironía, el gran Indro Montanelli, a quien casi fusilan cuando contó la verdad de la intervención de sus compatriotas en Santander durante la guerra civil española.Y no es que «concejal que huye sirve para otros comicios», sino que la situación de riesgo evidente en la que viven no puede ser obligatoria.

   Sería fácil argumentar con la teoría del héroe, del hombre que derrama (¿inútilmente?) su sangre por los demás, de quien se inmola en beneficio de intereses superiores (dudosamente) a los de su propia vida. Pero ésa es otra historia, que nada tiene que ver con el servicio cívico de unas personas en un ámbito de convivencia que se hace noblemente político desde el momento en que hay que establecer prioridades. Ni todas las calles se asfaltan, por razones presupuestarias, en un mismo ejercicio, ni todos los concejos de España pueden tener, en las fiestas patronales, a Julio Iglesias o a Isabel Pantoja como atracciones deslumbrantes, ni en todos los municipios se instala una empresa que destruya o atenúe la lista de parados.

   Si muchos quieren ser concejales de Urbanismo, otros no se permiten el sarcasmo, con el asesinato anunciado, de ser concejales víctimas del terrorismo. Todo es comprensible, pero me resulta más respetable el miedo de los concejales navarros que la codicia, en miles de ayuntamientos, por la responsabilidad de partir y repartir la tarta del suelo, sabiendo que las hormigoneras y las plusvalías desprecian el tiro en la nuca.

El jacobinismo enano
José A. SENTÍS La Razón 30 Agosto 2001

Pues ahora resulta que el neoautonomista Jospin se ha caído del caballo y dice que de referéndum de autodeterminación para Córcega y de amnistía para los independentistas, nada de nada. Pensaba, y el muy ingenuo lo dijo, que, con una autonomía limitada para la isla, el terrorismo iba a desaparecer en un horizonte de paz, pero en vez de encontrase con ese milagro, en el que el buen vino autonómico viene después del mal vino centralista, ha visto como su único sortilegio ha sido la multiplicación de los panes terroristas en Cócega, y los peces independentistas en otras regiones.

   Este Jospin era un insensato. Está claro que nadie aprende en cabeza ajena. ¿No le había bastado ver los resultados del invento español de autonomías limitadas (poco limitadas, por cierto)? ¿No se había dado cuenta de que esa federación artificial, montada desde arriba, no ha servido para dar los resultados previstos por sus mentores, sino más bien los contrarios? Porque en España, ni se ha acabado con el terrorismo nacionalista, ni se ha contentado a los nacionalistas identitarios, ni se ha evitado la discriminación entre comunidades. Para los primeros, los terroristas, cualquier concesión descentralizadora no es sino una victoria frente al Estado gracias a su iniciativa armada. Para los segundos, la descentralización es una trampa del Estado, porque lo que pretenden es soberanía de Estado, pero del suyo. Y para los terceros, a la envidia del Estado se añade el agravio comparativo. Y si equiparo los tres problemas, que aparentemente son desiguales, es porque los tres tienden a lo mismo. ¿O alguien piensa que es una broma que surjan ahora propuestas autodeterministas en regiones tan poco sospechosas de secesionismo como Andalucía o Baleares?

   El Estado que juega a deshacerse en autonomías es un aprendiz de brujo. Pone en suerte el conjuro, pero desconoce sus efectos. Por eso, los independentismos regionales insisten en su derecho a la secesión, pero no cometen el error de plantear el mismo derecho a las provincias, comarcas o municipios que componen su ámbito. Son igual de jacobinos, sólo que de casita de muñecas. Es el jacobinismo enano.

   Jospin ha tardado algunos atentados y alguna encuesta para saber que el azar autodeterminista no casa con su necesidad presidencial. Por eso reniega del referéndum, con lo que su diseño autonómico para Córcega nace muerto, porque quienes pretenden nacionalidad lo hacen bajo el sueño de la nación, que también produce monstruos.

   Si Jospin pretende abanderar la libertad política, que recuerde a sus ancestros revolucionarios, que le explicaron que el titular de ésta es el ciudadano, y no el indeterminado pueblo, cuya invocación sólo alimenta las pasiones totalitarias, esgrimido instrumentalmente por oligarquías afanosas de poder.

Globalización y nacionalismo
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 30 Agosto 2001

Dos fenómenos radicalmente distintos, el separa- tismo y la globalización, producen víctimas mortales que hieren nuestro sentimiento ciudadano. Trataré de la globalización (hecho menos original de lo que piensa el ideólogo comunista Toni Negri, en su obra «Empire», ensalzada en el New York Times), cuando la protesta se manifieste en España. Hoy relaciono globalización y nacionalismo, para salir al paso de los errores que comienzan a caminar por los estrechos senderos intelectuales del nacionalismo periférico. Pues la visión nacionalista del amorfo fenómeno de la globalización y de la protesta internacionalista contra el de-sequilibrio entre continentes explotadores y explotados, es muy superficial y contradictoria.

   Por un lado, los intelectuales del nacionalismo gobernante interpretan la globalización política como síntoma de caducidad del Estado-nación y de la necesidad de federaciones estatales para dirigir el mercado universal. Idea que sirve a la derecha nacionalista para pedir su integración directa en el Imperio con el Estado-región. Pujol lidera esta visón. Por otro lado, en los nacionalismos de oposición se cree que la globalización económica ratifica la tendencia al imperialismo del capital internacional, y que las transnacionales dirigen los Estados del mundo, incluso el de EE.UU, contra las necesidades urgentes de la humanidad. Idea que justifica la unión de Independencia y Revolución, mediante terrorismo económico contra las empresas imperantes y terrorismo político contra los Estados-satélites del Imperio empresarial.

   Entendida como política internacional de las potencias en materia comercial y medioambiental, la globalización contradice la tendencia del separatismo a multiplicar los centros nacionales de decisión. El Estado-nación no decae por el hecho de que los grandes coordinen sus políticas económicas, a fin de imponer a los pequeños su concepción del comercio mundial y de las fianzas públicas, a través de los organismos internacionales que los dominan. Todavía no se ha producido un hecho político que altere la concepción clásica del derecho internacional, donde los únicos sujetos son los Estados-naciones. La visión de Pujol no refleja la realidad del porvenir en la Unión Europea.

   Entendida como protesta internacional de sectores marginados de la definición de los objetivos mundiales en las relaciones comerciales y en los modos no contaminantes de producir servicios o mercancías, la globalización reformista tiene el mismo carácter que la estabilizadora impulsada por los gobiernos. Ni antiestatal ni antiglobalizadora. Se trata de un movimiento indefinido de la oposición civil a la política concreta del G-8 y los organismos mundiales de comercio y circulación monetaria, por medio de manifestaciones espectaculares de la conciencia internacional, medioambiental y humanitaria de la juventud, para reorientar la acción de esos organismos hacia las prioridades vitales de toda la humanidad.

   Pero en esa protesta internacional, distinta en este aspecto de las rebeliones juveniles del 68 ¬aunque similar en la ausencia de ambiciones y estrategias de poder, que determinó su fracaso¬, se han incrustado movimientos de violencia que buscan un nuevo sentido anarquista en al globalidad sin Estado y la potencia que les falta en sus organizaciones nacionales o sectoriales. Y, como en el 68, la espiral que crea la acción pacífica de grandes masas civiles, al ser perturbada por la violencia destructiva de grupos radicales, la provocación de infiltrados y la represión brutal de la policía, produce inseguridad en los medios gubernamentales y simpatía por la protesta pacífica en las masas gobernadas.

Amenazas y solución policial
Por Enrique de Diego Libertad Digital 30 Agosto 2001

Lo de la apología del terrorismo es un eufemismo. El delito habitual es el de amenazas e incitación al homicidio. No de otra forma cabe interpretar eso de “Eta, mátalos”, que es el deseo de un homicidio general, de un genocidio. Otegi amenaza de manera permanente. Que no esté en prisión muestra que un problema sigue siendo el miedo de los jueces a cumplir con su obligación –para eso cobran– y el exceso de confusión semántica, porque lo de la lucha armada no es otra cosa que sublimación del tiro en la nuca, del asesinato.

Puesto que el problema vasco es en lo básico, en un 99,9 por 100, para ser benigno, un problema inventado, surgido de una ventolera de xenofobia chusca de Sabino Arana, la solución es fundamentalmente policial. De hecho, es sólo policial. Porque la política, en el sentido nacionalista, que sería profundizar en el nacionalismo, o sea en la independencia, sólo embrolla el problema. Por eso yerra Imaz cuando habla de una solución policial y al tiempo política. Tal debate es algo más peligroso que el bizantino sobre el sexo de los ángeles, pero igual de estéril. Cualquier gobierno de cualquier sociedad civilizada ha de detener a los asesinos, evitar que haya víctimas y asegurar el disfrute de los derechos y libertades en la calle. Que el Gobierno vasco no lo haya asegurado hasta ahora, y siga sin asegurarlo en gran medida, es un problema suyo, que no se resuelve con retóricas.

Ceguera etarra
Cartas al Director ABC 30 Agosto 2001

Los que pusieron una carga de pólvora (que puede estallar y producir daños) en un cochecito de juguete, sabían que ese juguete podía llegar fácilmente a manos de un niño, y no obstante lo programaron y lo hicieron.

Su odio no tiene límites, y como símbolo y representación de ese odio tenemos la ceguera (por haberle estallado ambos globos oculares) de un niño de 16 meses. Una vida humana en su fase temprana, condenada a la oscuridad por la «ceguera odiosa» de sus «compaisanos».

Si a mí me diesen a elegir entre devolver la vista a ese niño o independizar mi región de otra región en la que estoy, sin duda alguna elegiría devolver los ojos sanos para toda la vida al pequeño «niño del juguete mortífero».

El nacionalismo radical, el etarra y sus cómplices y complacientes inermes, están llegando a un grado de crueldad propio de los casos de demencia grave.

Una bandera, un pasaporte, una lengua, unas tradiciones, un tener un puesto en la UE o en la ONU es para mí mucho menos importante que los ojos de un bebé de 16 meses que se han perdido por una odiosa acción de venganza.

A este precio, yo no quiero nada, yo me hago apátrida, pero no quiero tener un ápice de corresponsabilidad en la ceguera de un niño, de un hombre que toda su vida andará ciego, como recuerdo y símbolo de la ceguera etarra.

Y pido a los buenos oftalmólogos de la Escuela Barraquer y otros que hagan todo lo que puedan (incluyendo un posible aunque difícil trasplante de ojos) para ese niño vasco, Jokin.     M. Cruz Franco. Zúrich.

Aznar reprocha al PSOE que se alíe con el nacionalismo radical en Galicia y Baleares
Advierte en Quintanilla de Onésimo que «es un error recibir inmigrantes sin límites»
El presidente del Gobierno, José María Aznar, acusó ayer al PSOE de aliarse con los nacionalismos radicales con el único objetivo de que «el PP no gane con mayoría absoluta» en varias regiones. Aznar criticó la «poca claridad de ideas» de los socialistas, «como cuando les parece que el marco autonómico constitucional se ha quedado anticuado» o «cuando saltan del federalismo asimétrico al nuevo federalismo, sin explicar que ambas cosas pueden implicar ruptura de la soberanía de todos los españoles».
C. M. / A. S. - Quintanilla de Onésimo (Valladolid).- La Razón 30 Agosto 2001

El presidente del Gobierno, fiel a su cita habitual previa al inicio del curso político con los militantes de su partido, aprovechó su presencia en Quintanilla de Onésimo para criticar duramente las posturas expresadas por el PSOE respecto al marco constitucional, la inmigración, el Plan Hidrológico Nacional o la política fiscal.

   Aznar fue particularmente duro a la hora de analizar el debate sobre el federalismo en las filas del PSOE. «Si algo anima», aseguró, «a quienes les gustaría diluir la idea de España es ver tantas vacilaciones y tan poca claridad de ideas como tiene la oposición».

   Acto seguido, el jefe del Ejecutivo puso como ejemplo que a los socialistas «les parece que el marco autonómico constitucional se ha quedado anticuado» y añadió que «saltan del federalismo asimétrico al nuevo federalismo, sin explicar que ambas cosas pueden implicar ruptura de la soberanía de todos los españoles».

   Tras señalar, con ironía, que «parece que yo tengo la culpa» de la falta de cohesión y unidad nacional, en referencia a las acusaciones lanzadas por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar advirtió del riesgo que supone «jugar con algo tan básico como la idea de España o la vigencia de la Constitución» y aseguró que el PP no lo hizo cuando estaba en la oposición.Elecciones autonómicas

Además, el presidente del Gobierno advirtió de que los objetivos del PSOE se verán en los próximos meses: «En Galicia veremos cómo la esperanza del PSOE no consiste en ganar ni en llevar a cabo ningún programa político, sino en que el PP no gane con mayoría absoluta, para que ellos puedan gobernar con el nacionalismo radical».

   En este sentido, recordó que la misma situación se puede producir en las próximas elecciones autonómicas en Aragón y Baleares. Utilizando un tono irónico, Aznar calificó al PSOE de «un prodigio de partido cohesionado, con ideas claras y proyectos comunes».

   Durante la cena con los militantes de su partido, Aznar repasó también otros asuntos de la actualidad política y defendió que su Gobierno «ha promovido una legislación enormemente generosa para con los emigrantes». Fue aún más allá al afirmar que «queremos integrar a los inmigrantes, a muchos inmigrantes, en nuestra sociedad porque los necesitamos».

   No obstante, advirtió que «nuestra capacidad de acogida no es ilimitada» y que «es un error recibir inmigrantes sin límites». Llegado a este punto, Aznar arremetió contra la oposición asegurando que «está en contra» de su política pero que no ofrece ninguna alternativa. «A ver si conseguimos saber que política quieren aplicar», exclamó entre los aplausos de su audiencia.

   En clave económica, Aznar aludió al proceso de privatizaciones de las empresas públicas y subrayó que «los españoles han compartido esta política y han percibido los beneficios».

Iturgaiz propone a los socialistas candidaturas municipales conjuntas en los pueblos «difíciles»
El socialista Rodolfo Ares responde que «no contemplan en la actualidad» esa posibilidad
Los ataques etarras contra concejales del Partido Popular, Partido Socialista y UPN no han dejado de sucederse en los últimos años. Esta presión ha motivado que se produzcan numerosas renuncias para continuar ocupando los cargos electos. Los últimos ejemplos, los más recientes, han sido los concejales de UPN de Irurtzun. Por esta razón, Carlos Iturgaiz propuso ayer ante esta situación una única candidatura de populares y socialistas: «polo de la libertad». Esta propuesta se hace con vistas a las dificultades que se encontrarán para elaborar las listas para las municipales de 2003.
E. Mejuto - Bilbao.- La Razón 30 Agosto 2001

Uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar para dar muestras de la falta de libertad con la que se vive en el País Vasco, lo hallamos en la sucesión de dimisiones de cargos públicos no nacionalistas y que constituye, no sólo una dificultad para esos partidos, sino un grave problema para el conjunto de la sociedad democrática.

   Como viene siendo tristemente habitual, tanto el PP como el PSE-EE tendrán «serias dificultades a la hora de elaborar listas de cara a las elecciones municipales del 2003». Un extremo confirmado por el portavoz del grupo socialista en el País Vasco, Rodolfo Ares a LA RAZÓN, quien añadió que esperan poder «introducir modificaciones a la Legislación» para que puedan ser presentadas «listas en todos los municipios vascos». Desde el PSE-EE afirman: «Somos conscientes de las dificultades que suponen ser un concejal del PSE-EE, PP o UPN».Relevo inmediato en UPN

Mientras, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso de los Diputados, Jaime Ignacio del Burgo, anunció ayer que esta formación relevará de forma inmediata a los tres concejales de Irurtzun que anunciaron el último martes su dimisión. «Hay municipios de Navarra donde EH implanta la dictadura del terror, impone su ley», explicó Del Burgo a la Cope. «Después de hablar con los responsables de UPN, en la decisión de dimitir hay bastantes componentes personales y bastantes menos de temor como consecuencia de las acciones de Eta». Y anunció que se producirá un relevo «inmediato» de los tres concejales, ocasión que debería ser aprovechada por su formación y por los tres concejales de una agrupación independiente para relevar de la Alcaldía a EH, que la obtuvo con sólo tres concejales por los desencuentros de los demás.

   De todas formas, las dimisiones de los concejales de los partidos constitucionalistas se van sucediendo semana tras semana. Motivados por el clima de violencia, por el aislamiento social dentro de un pequeño municipio donde todos se conocen, van abandonando los cargos que durante años han llevado «con ilusión, con ganas de trabajar para sus vecinos». «Por las pocas gratificaciones que puedas obtener, no merece la pena amargarse la vida de esa manera, ni la tuya ni la de los tuyos», y más cuando «son tus propios vecinos, para los que se supone que estás trabajando, los que posiblemente te señalen». Y es que hay que entender que, detrás de cualquier concejal «hay una mujer, unos padres y unos hijos», como justificaba el dirigente de la formación foralista, Alberto Catalán, el abandono de sus compañeros en días pasados. Ante esta situación, el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz planteó ayer que PP y PSE vayan en «listas conjuntas» en las próximas elecciones municipales en «algunos pueblos vascos donde ambas formaciones tienen mayores dificultades para presentar candidaturas». Y señala que, los partidos nacionalistas, «también deberían unirse junto a PP y PSE en algunos municipios guipuzcoanos» y «presentar una única lista para desalojar a HB de corporaciones municipales donde gobiernan porque sólo se presenta su candidatura por miedo». Iturgaiz recordó que las dimisiones que se están produciendo en Navarra de algunos concejales de UPN se deben a las presiones y coacciones que ejercen sobre ellos personas «con nombres y apellidos» de Eta y de su entorno.

«Como leprosos»
En el caso del País Vasco, explicó que lo que pretenden Eta y Batasuna es que «tanto populares como socialistas desaparezcamos física y políticamente, por eso nos matan, nos coaccionan, nos tratan como a leprosos y amenazan continuamente» y «nos hacen la vida imposible» para que «no nos presentemos a las elecciones». Por ello, considera que en determinados pueblos debería haber «una unidad de acción de populares y socialistas» para presentar candidaturas que sean como un «polo de la libertad». Sin embargo, desde el PSE-EE, Rodolfo Ares declaró a este medio que, si bien «queda mucho tiempo» para las municipales, «no contemplan en la actualidad» esa propuesta, ya que, pretenden trabajar para conseguir sus «propias listas», bien sea de militantes como de independientes.

   Los concejales vascos que no apoyan las acciones de la banda están en permanente riesgo, lo cual provoca las dimisiones de los últimos meses. En abril de este año, dimitieron los concejales del PSE/EE de Zumárraga, en Guipúzcoa, quienes se negaron a llevar escolta. A estas renuncias se sumaron otras más en Zumaya, Pasajes, Elciego y Zalla, (Vizcaya). En esa ocasión, el PSE confirmó la dimisión de Genma Beltrán Berrocal, una estudiate de 19 años, que afirmó que «no podía soportar que un guardaespaldas fuera con ella a todos los sitios».

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