AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 11 Noviembre   2001
#La lucha global es contra todos los tipos de terrorismo
Impresiones El Mundo 11 Noviembre 2001

#Ilegalizar el grupo proterrorista Batasuna
Enrique de Diego Libertad Digital 11 Noviembre 2001

#¿Fanáticos o mercenarios?
Cartas al Director ABC 11 Noviembre 2001

#Patriotismo sin tribu
FRANCESC DE CARRERAS El País 11 Noviembre 2001

#Un factor funcional
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 11 Noviembre 2001

#Richard Haass: «Hay algo que puedo decir muy claro: con respecto a ETA, las cosas han cambiado»
ANA ROMERO El Mundo 11 Noviembre 2001

#Amores y celos en Cataluña
Enric SOPENA ABC 11 Noviembre 2001

#Los jueces de Euskadi exigen seguridad y más apoyo político
JOSÉ LUIS BARBERÍA Bilbao El País11 Noviembre 2001

#Los proetarras extienden el terrorismo callejero a Francia con el ataque al domicilio de un policía
Agencias Libertad Digital 11 Noviembre 2001

#Los vasos comunicantes del mundo aberzale
R. GORRIARÁN (MADRID) La Voz 11 Noviembre 2001

La lucha global es contra todos los tipos de terrorismo
Impresiones El Mundo 11 Noviembre 2001

En su primera comparecencia ante la comunidad internacional, representada en la Asamblea General de la ONU, Bush ha quitado argumentos a quienes le acusaban de tener una visión selectiva y discriminatoria del terrorismo. El presidente norteamericano hizo un poderoso llamamiento a todos los países del mundo a sumarse a la lucha sin cuartel contra todos los tipos de terrorismo.

Bush ha reconocido que esta lacra puede tener causas, motivaciones y objetivos muy diversos entre sí, dependiendo de cada contexto. Y, sin embargo, ha dicho, de forma contundente, que no existe el «buen terrorista».Es decir, que ninguna aspiración religiosa o política puede justificar el asesinato de un ser humano indefenso.

El diagnóstico del presidente estadounidense coincide plenamente con la doctrina de Aznar respecto al terrorismo. De hecho, la posición del Gobierno español en esta materia está ganando un creciente número de adeptos, no sólo más allá de las fronteras de nuestro país, sino también de la propia Unión Europea.

En una entrevista que hoy publicamos, Richard Hass, mano derecha de Colin Powell y uno de los principales estrategas de la lucha contra Al Qaeda, lo deja muy claro. «Desde el 11 de Septiembre, en EEUU hay cero tolerancia hacia el terrorismo».«Con respecto a ETA, las cosas han cambiado».

Los únicos que no parecen comprenderlo son, por un lado, quienes insisten en mantener su estéril campaña de muerte y destrucción y, por otro, quienes esperan sacar rédito político de una lacra que la comunidad internacional en su conjunto está decidida a combatir.

La existencia de individuos sin escrúpulos dispuestos a utilizar el terror ya sea el tiro en la nuca de ETA o la amenaza de un ataque nuclear como la lanzada anteayer por Bin Laden obliga a adoptar la postura de tolerancia cero que defienden tanto Bush como Aznar.

Ilegalizar el grupo proterrorista Batasuna
Por Enrique de Diego Libertad Digital 11 Noviembre 2001

Es de estricta racionalidad estar de acuerdo en la frase “ETA y Batasuna son lo mismo”. En fechas recientes, ha sido repetida por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y por el ex ministro, Jaime Mayor Oreja. Pero si A es igual a B, no se entiende por qué A es ilegal y B es legal. De hecho, Batasuna no es otra cosa que la ETA política, presente en los ritos electorales para conseguir utilizar los beneficios del sistema -incluida la financiación- con el fin de destruirlo. Batasuna promueve el terrorismo, marca los objetivos y aporta los pistoleros y las pistoleras en un proceso de cantera sin solución de continuidad.

Es el Estado de Derecho mismo el que padece por esta absurda esquizofrenia, y por supuesto esto multiplica las víctimas, pues las tareas de reclutamiento de la banda son facilitadas y una parte de su infraestructura es financiada con cargo a los fondos públicos en forma de sueldos de concejales, ayudas electorales o con las generosas subvenciones de Ibarretxe. No se trata, por supuesto, de ilegalizar a Batasuna para que a los días se llame Herri, siendo los mismos perros con idénticos collares. Ese juego esperpéntico de las siglas, como en el caso de las juventudes, se debe a que para ilegalizar es preciso establecer la pertenencia a ETA. Una ficción porque son lo mismo.

Existe una figura -muy clara desde el 11 de septiembre, muy evidente en la relación entre Al-Qaeda y los talibán y sus madrasas- que es la del grupo proterrorista. Los grupos proterroristas deben ser ilegales, por la sencilla razón de que de hecho lo son, combaten no sólo la legalidad, sino la misma civilización, pues el mal absoluto es el terrorismo. Grupo proterrorista es el que promueve y colabora con el terrorismo. Es aquel que considera la lucha armada o asesinato político como una estrategia legítima y desarrolla labores de logística política, como la promoción de ambientes ideológicos para la captación de nuevos terroristas. Más grave aún, como es el caso, resulta la existencia de canales comunes de financiación.

En contra de la ilegalización de Batasuna se cita un dato cuantitativo: el apoyo de una parte del electorado manifestada en las consultas electorales. Pero la existencia de una minoría favorable al crimen no debe llevar en ningún caso a considerar el homicidio legal, ni tampoco a permitir formaciones políticas promovidas, por ejemplo, por los sicarios de los carteles colombianos para conseguir despenalizar los crímenes en ajustes de cuentas. De hecho, una parte de ese apoyo es fruto del miedo coactivo en los pequeños pueblos de las zonas rurales.

Ese argumento es inmoral. Se basa mucho menos en la prudencia política de lo que parece, pues de manera muy clara Batasuna sirve para la regeneración constante de ETA. Si la fuerza del Estado de Derecho estuviera donde debe estar -en la persecución de los proetarras-, estos no podrían desarrollar con facilidad el proceso de entrar en las juventudes, luego “legal” como concejal de HB para pasar a la clandestinidad -hay casos que ni eso, siguen siendo concejales- como terrorista de tiro en la nuca o coche bomba. Batasuna es terrorismo en potencia de pasar a acto, o sea a ETA. Es decir, una forma de movimiento hacia el crimen. Cuanto antes se ilegalice a los grupos proterroristas menos víctimas habrá.

¿Fanáticos o mercenarios?
Cartas al Director ABC 11 Noviembre 2001

No sin escandalizado estupor vemos cómo todo un señor obispo sugiere «valoraciones metafísicas» entre las distintas especies de terrorismo, aunque todos ellos practiquen las mismas crueldades. Para mí que no es más que una oportunista trampa dialéctica en la que no debe caer el Poder Ejecutivo, «responsable necesario» del mejor orden social y, por lo tanto, perseguidor natural e implacable de cualquier persona que practique el terrorismo.

Sobre esto de las personas que practican el terrorismo sí que cabe una reflexión: ¿qué es lo que les convierte en enemigos de la humanidad a ciertos hombres y mujeres con apariencia de normalidad? ¿Son igualmente culpables o perversos todos ellos? Para responder habremos de entrar a considerar el origen de cada caso y es cuando vemos dos principales fuentes de motivación: un infiltrado fervor (religioso, racista, nacionalista...) o el adelanto y promesa de «dinero fácil».

En el primer caso se encuentra el terrorista fanático con la capacidad de juicio absorbida por un hipócrita, aprovechado, cobarde y criminal líder (pseudo-religioso o político). Este terrorista fanático es la principal víctima de la mayor y más criminal de las estupideces.

En el segundo caso está el inútil para un trabajo productivo, el mercenario sin escrúpulos a quien no le importa la suerte de los demás, cuya vida considera simple mercancía.

La evidencia nos dice que, entre los terroristas de nuestro entorno, hay muy pocos, tal vez ninguno, de la especie de los terroristas fanáticos y muchos, tal vez la totalidad, de los terroristas mercenarios, ésos mismos cuya obsesión principal es el redondeo de su ombligo y que, cuando son apresados, cantan todo lo que haga falta para evitar una más que merecida condena.

Si ello es así ¿para cuándo el enjuiciar en sus justos términos los comportamientos y catálogo de monsergas de tantos «iluminados» con sus correspondientes tiralevitas? Antonio Fernández Benayas. Madrid.

Patriotismo sin tribu
FRANCESC DE CARRERAS El País 11 Noviembre 2001

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona

Cuenta Juan Benet en su estupendo libro Otoño en Madrid hacia 1950 como le definían la palabra patria en el servicio militar. 'La Patria es vuestra Madre', les decía el sargento. Y ante las dudas conceptuales de los reclutas, añadía: 'Os lo voy a explicar de una vez para siempre. ¿A que cuando veis a un francés os da rabia? ¿Sí? Pues eso es la Patria'. Quizá simplificaban un poco, pero ésta ha sido hasta ahora la esencia de la idea de patria en nuestro país.

Un patriotismo de corte semejante fue el alemán que, con el tiempo, condujo a dos guerras mundiales, a Hitler y al holocausto. Ante tales consecuencias, ser a la vez patriota y demócrata se hizo imposible tras 1945. Con motivo de la celebración del 30º aniversario de la actual Constitución alemana, en 1979, Dolf Sternberger sugirió la idea de que el orgullo de ser alemanes no debía nacer de su penoso pasado histórico sino del presente, de la nueva Alemania de aquellos años, cuyo mejor símbolo era la Constitución. A eso, dijo, le podríamos llamar 'patriotismo constitucional'. Esta idea cayó en el vacío hasta que Jürgen Habermas la reformuló y popularizó diez años más tarde. El senador socialista Juan José Laborda la introdujo en la política española en una conferencia pronunciada en 1991 y, a partir de entonces, es un concepto frecuentemente utilizado en el debate político. En los últimos días, el PP ha propuesto incorporarla a su programa. Si bien el término es nuevo, su contenido es antiguo, aunque ahora vuelva a estar de gran actualidad. Sin remontarnos a los filósofos estoicos latinos, se corresponde con la idea de nación surgida de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de Kant y de Sièyes, entre tantos otros. En definitiva, se trata de integrar a los miembros de una colectividad por medio de valores universales que la cohesionen y no por las particularidades que los separan: raza, lengua, cultura, tradición, costumbres. Frente a un concepto prepolítico y prejurídico de patria basado en un pasado histórico compartido con la voluntad de constituir una comunidad de destino, el patriotismo constitucional propugna una identidad colectiva basada en los valores de libertad e igualdad, de Estado de derecho y de democracia. No se trata de defender la letra de un texto constitucional determinado sino los principios que lo inspiran. Con ello, una colectividad se identifica no por criterios nacionales sino por criterios racionales, no por las características particulares que excluyen a los que no forman parte de la tribu sino por valores universales que permiten incluir a todos.

Ahora bien, ¿hacen falta en una sociedad y en un Estado estos principios integradores? Ciertamente, pueden caber dudas y, desde una posición de liberalismo radical, la respuesta debe ser negativa. Como dice un amigo mío: '¿Patriotismo?, ni el constitucional'. Además, la palabreja es, a estas alturas, francamente antipática. Sin embargo, desde el sentido común puede considerarse que los hombres no somos átomos aislados unos de otros sino piezas de un conjunto que no debe ser incompatible con nuestra igual libertad individual. El patriotismo constitucional soluciona así esta aparente incompatibilidad: permite el libre ejercicio de los derechos individuales y sirve de punto de integración de la diferencias culturales e ideológicas que hoy son propias de toda sociedad, al ser, precisamente, el pluralismo, el respeto a la diferencia y a la diversidad, uno de los valores esenciales del constitucionalismo democrático. Ello resuelve la integración tanto en sociedades pluriculturales -que son todas, dada la intensidad creciente de los flujos migratorios- como en las grandes entidades supraestatales.

Una crítica frecuente al patriotismo constitucional es su dificultad integradora debido a su frialdad, a su falta de emotividad, sobre todo si lo comparamos con el patriotismo étnico tradicional. La razón es un principio menos primario que los toscos sentimientos de apego a la tierra y de solidaridad de sangre. Ahora bien, en un civilización desarrollada como la nuestra, ¿puede defenderse que emociona más la 'rabia al francés (o al español, catalán o vasco)' que los grandes ideales modernos de libertad, igualdad y democracia? Sin duda, el patriotismo constitucional necesita argumentar más y mejor -es decir, es más difícil de comprender- pero también es mucho más acorde con el mundo del siglo XXI. A mi parecer, la idea de patriotismo constitucional es válida y adecuada para la España y la Europa actual. Lo peor que podría pasarle es que fuera patrimonializada por un partido y los demás la rechazaran por razones de mero tacticismo político. Es una idea transversal, útil desde muchos sectores e ideologías. Ante ciertas reacciones a la propuesta popular, quizás sería bueno no olvidar que el mejor artículo teórico sobre este concepto se debe a Juan Carlos Velasco Arroyo y se ha publicado en el último número de la excelente revista Cuadernos de Alzate que dirige Juan José Solozábal y edita la Fundación Pablo Iglesias.

Un factor funcional
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 11 Noviembre 2001

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED

Un debate sobre la viabilidad actual de una suerte de patriotismo constitucional es inseparable de la consideración de las funciones que puede cumplir en una sociedad como la española. La primera de esas funciones sería la de hacer más fácil la vida de un Estado que va a prolongar su vida en un proceso de integración europea que no aparece como antagónico con unos proyectos de Estado-nación, sino como complementario de ellos. La vida del Estado y de la sociedad españoles a lo largo de este proceso de integración europea necesita de un soporte comunitario que es la idea de nación española y del correspondiente sentimiento de identificación con ella que puede aportar un proyecto de patriotismo constitucional. El desarrollo histórico de los Estados europeos demanda esa construcción que es la nación política, entendida como comunidad de ciudadanos en que se asientan los grandes proyectos políticos que pueden interesar a las sociedades europeas en los inicios del siglo XXI.

Quizá el rumbo de los estudios politológicos e históricos de las últimas décadas ha contribuido a despistar sobre el carácter de los materiales sobre los que se construye esa realidad nacional. Lo cierto es que desde las primeras revoluciones liberales, la nación responde más a esta idea de comunidad política de los ciudadanos que aceptan unas reglas de juego liberal-democráticas para su convivencia que a una idea de comunidad étnica, el otro gran estímulo de la idea nacional. En la medida en que este sentido liberal de la idea de nación engarza con la obra de los Estados modernos, constructores de un adelanto de esa idea, hay argumentos para revisar la tendencia moderna a ver los genuinos hechos nacionales como el resultado, poco menos que exclusivo, de la politización de unos datos culturales. Contra la pretensión de los nacionalismos periféricos españoles de que ellos representan genuinas realidades nacionales confrontadas con una realidad estatal a la que quedaría reducida España, habrá que aceptar la legítima existencia de una nación española, fruto de la acción de un Estado moderno y de una revolución liberal, que se ha abierto, con el paso del tiempo, al reconocimiento de unas nacionalidades culturales fruto del segundo momento histórico de la construcción de los hechos nacionales. Una situación de pluralidad que, en el marco de unos principios de lealtades compartidas, pluralismo cultural y tolerancia, aspira a encontrar una convivencia razonable.

El patriotismo constitucional que haga explícita esa actitud de reconocimiento e identificación con la nación española habrá de ser considerado como un dato normal y funcional para la vida de una sociedad y un Estado que, como los españoles, demandan ese sustrato nacional para su vida, sin justificar una polémica en torno a una idea en la que deben coincidir los grandes partidos de ámbito estatal. La gran cuestión es armonizar esta idea de nación cívica española y el consiguiente patriotismo constitucional a su servicio, con la existencia de otras lealtades de signo nacional existentes en la vida española. Creo que en este terreno cabe demandar al patriotismo constitucional otra de sus funciones. No es realista pensar que la resolución del contencioso nacional presente en nuestra vida pública se alcance mediante el ocultamiento de algunas de las realidades nacionales que conforman ese contencioso. Este camino ya fue intentado por el nacionalismo español en las últimas décadas del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, negando la existencia a unos emergentes nacionalismos de base cultural en Cataluña y el País Vasco. Se trata de un camino rectificado en la II República y rectificado todavía de modo más explícito tras el restablecimiento de la democracia en España. Es un camino, sin embargo, por el que han transitado los nacionalismos periféricos en las últimas décadas, empeñados en no reconocer el estatuto nacional de España dentro de su proyecto.

Desde la perspectiva española de conjunto se ha aceptado en ocasiones, al menos tácitamente, la vigencia de este planteamiento de los nacionalismos periféricos, oscureciendo la realidad nacional española en un intento de facilitar la integración de estos nacionalismos. Creo que, con la perspectiva del tiempo transcurrido, se ha podido comprobar lo equivocado de esta estrategia. El encogimiento de un patriotismo de signo español se ha saldado con una expansión de los nacionalismos periféricos que no ha contribuido a hacer más real el reconocimiento de la auténtica pluralidad de España. Una pluralidad que no es el resultado, como en ocasiones parece argumentarse desde la perspectiva de los nacionalismos catalán, vasco y gallego, de la mera coexistencia de un proyecto de 'Galeuzca' con el resto de España o Castilla, sino de la convivencia de una idea de nación política española con la existencia de otras nacionalidades culturales surgidas dentro de ella. En la medida que el patriotismo constitucional español contribuya a poner de manifiesto esta realidad, hay que considerarlo un factor funcional para la definitiva superación del problema.

Richard Haass: «Hay algo que puedo decir muy claro: con respecto a ETA, las cosas han cambiado»
Una entrevista de / ANA ROMERO El Mundo 11 Noviembre 2001

WASHINGTON. Richard Haass rompe la solemnidad que reina en la cocina de la política exterior estadounidense al salir él mismo del despacho para recibir a sus visitas. Larguirucho y rubiasco, avanza despacio y en silencio, con las manos metidas en los bolsillos, como si paseara por una de las calles de su Brooklyn natal. «¡¡Buenasss tarrrdesss!!», dice de repente, alto, fuerte y en español. Hasta sus 19 predecesores en el cargo, encabezados por George Kennan en una amarillenta serie de retratos, parecen sorprenderse ante el desparpajo del director de Planificación Política (policy planning) del Departamento de Estado.

En el edificio de la calle C no se para desde que empezó la crisis, pero él parece relajado. El encuentro es tarde, en la noche en la que Estados Unidos anuncia la inclusión de ETA en la lista de grupos terroristas cuyos bienes van a ser bloqueados. Tiene las paletas separadas, los ojos risueños y, según su propia protesta, «bastante más pelo que Mijail Gorbachov». De vida y milagros, habla poco. «Ahora no hago otra cosa que trabajar», dice cuando una le pregunta por los sombreros panamá y el bate de béisbol que se ven junto a la mesa de este enamorado de los equipo de los Yankees.

Su trabajo está dando frutos. Nombrado en primavera enviado especial con rango de embajador para el proceso de paz en Irlanda del Norte, hace tres semanas que consiguió que el Ejército Republicano Irlandés (IRA, en sus siglas en inglés), anunciara el inicio de la destrucción de sus arsenales. «No me gustaría que se exagerara mi papel. Ya había habido mucho progreso antes en las negociaciones de paz. El acuerdo del Viernes Santo [1998], ése era el marco más importante», señala Haass, experto en estrategia militar y Oriente Próximo. «Además, el IRA llevaba tiempo sintiendo la presión, fruto del consenso general, de que tenía que inutilizar sus armas».

En Europa se cree que fue consecuencia directa de la presión de Estados Unidos tras el 11-S.

Bueno, hubo varias cosas. Es cierto que una parte de la presión venía de aquí, pero también procedía de Irlanda y de Irlanda del Norte. Habiendo avanzado en los distintos aspectos del acuerdo, ahora había una clara sensación de que le tocaba el turno al IRA. Pero otros dos factores influyeron decisivamente. Primero, la detención en Colombia de tres miembros del IRA. La idea de que el IRA pudiera estar ayudando a las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en guerra desde 1964], que para nosotros es un grupo muy peligroso, afectó mucho a la posición del IRA aquí en Estados Unidos. Muchos ciudadanos que habían sentido simpatías por el Sinn Fein [brazo político del IRA] o por el IRA mismo, se preguntaron qué hacían ayudando a una organización terrorista como las FARC, que es antinorteamericana y que está promoviendo las drogas y la violencia.

El tercer motivo sí fue el 11-S: «Cristalizó aún más la intolerancia de este país ante el terrorismo. Psicológicamente y políticamente, el 11-S tuvo mucho impacto. Por primera vez, destacados irlandeses-americanos que habían estado consiguiendo dinero para el Sinn Fein toda la vida, dijeron: '¡No máss!'».

Haass utiliza el español para poner más énfasis en esta frase, que da nombre al movimiento por la paz y contra la violencia de Colombia. «A mí me gusta utilizar el ejemplo de las drogas para explicar el sentimiento que hay ahora en Estados Unidos: desde el 11-S, aquí se habla de tolerancia cero hacia el terrorismo», continúa. «Por eso, es fácil entender que el IRA cogió pronto el mensaje de los tradicionales amigos del republicanismo en EEUU. Ese mensaje fue: 'Tienen que cambiar. Su actitud es inaceptable'.Ese fue el cambio de contexto que se produjo».

Estudiante de Oxford con una beca Rhodes, como el presidente Bill Clinton, conoce al dedillo el proceso irlandés: «El IRA estaba preocupado porque se le culpabilizara del fracaso del proceso de paz. A ese sentimiento hay que sumarle el impacto de Colombia, el del 11-S y déjeme decirle lo que considero más positivo: la gente, después de todo, cambia. El liderazgo del Sinn Fein había evolucionado, ellos mismos habían iniciado el viaje que les llevó de ser miembros de una organización paramilitar a convertirse en políticos. El liderazgo del Sinn Fein tenía muy claro que debía seguir por ese camino. Sabía que tenía que dar pasos en dirección de la paz o de lo contrario nunca alcanzaría sus objetivos, ni en Irlanda del Norte ni en la propia Irlanda».

El desenlace irlandés es analizado muy de cerca desde España, donde ETA sigue matando. Al mismo tiempo, se espera que esa tolerancia cero a la que usted alude, también ayude en la lucha contra los que matan. Sin embargo, en España preocupa esa distinción que me han explicado que usted hace, entre el llamado terrorismo político y el global.

Hay diferentes tipos de terrorismo, pero ninguno es bienvenido. Hay terrorismo local y hay terrorismo global. La segunda distinción son los objetivos. Para algunos grupos podría ser la independencia. Por el contrario, Al Qaeda y Osama bin Laden, tienen objetivos ilimitados. También hay una distinción en cuanto a los medios, a lo que hacen. Algunos terroristas practican una violencia limitada, y otros matan a miles de personas. Y luego está la naturaleza de los objetivos. Unos sólo atacan a militares o políticos y, otros, van a por hombres, mujeres y niños. Pero da igual. Desde nuestro punto de vista, cualquier tipo de terrorismo es malo, cualquier tipo de terrorismo está equivocado. El presidente ha dejado claro que vamos a hacer todo lo posible por erradicar todos los tipos de terrorismo en el mundo.

«Nuestra prioridad a corto plazo son Al Qaeda, Osama bin Laden, y el liderazgo talibán», agrega Haass, quien acaba de ser nombrado enviado especial para Afganistán. «A largo plazo, iremos a por el terrorismo global porque nuestra principal preocupación es el terrorismo que puede afectar a los estadounidenses en cualquier lugar del mundo y, luego, a por los Estados que apoyan el terrorismo.Los grupos terroristas cuajan en situaciones en las que un gobierno determinado los apoya activamente o, por lo que sea, es incapaz de detenerlos. En Afganistán, el Gobierno talibán los apoya activamente. Insisto en que estamos en contra de cualquier tipo de terrorismo, pero tenemos nuestras prioridades, porque algunas formas de terrorismo son peores que otras».

Hay españoles que se preguntan por qué tienen que apoyar tanto a Estados Unidos, si en España sufren el terrorismo desde hace 40 años. ¿Qué tiene que pasar para que nuestro terrorismo sea una prioridad para ustedes?

Esa es una buena pregunta, es justa. Creo que mucho depende del grado de cooperación que tengamos. Cuando Estados Unidos se convierte en socio de verdad de otro país en la lucha contra el terrorismo, esa asociación es de doble vía, como todas. Ambos países comparten entonces inteligencia [espionaje], información, medidas legales, como la extradición, o financieras, como el cierre de cuentas bancarias. Si un país hace eso, nosotros somos recíprocos y hacemos lo mismo. Creo que lo más importante es, sin duda, compartir la inteligencia. El instrumento más efectivo contra el terrorismo es el espionaje, la información, porque ésa es la única forma de pararlo antes de que ocurra. También existe la posibilidad de hacer entrenamiento común en técnicas policiales y militares. Hay un menú muy grande de posibilidades.

¿En ese menú no se incluye que usted pudiera convertirse en el enviado especial para el País Vasco, como en Irlanda del Norte?

La situación de Irlanda del Norte es muy especial. En EEUU hay 40 millones de ciudadanos con ascendencia irlandesa. Algunos protestantes, algunos católicos. La mayoría del dinero para la causa republicana venía de aquí. Aquí había muchos intereses. En el Congreso, sobre todo. Aquí no existe el mismo interés político en el terrorismo vasco que en toda la situación en Irlanda del Norte, pero, de nuevo, el presidente ha dejado muy claro que la lucha contra el terrorismo, cualquier tipo de terrorismo, se ha convertido en una prioridad para nosotros. El papel del antiterrorismo en la política exterior de Estados Unidos ha subido claramente después del 11-S, y eso es así para todos. Todo se va a mirar a partir de ahora de forma diferente. No quiero prometer nada concreto. No quiero desilusionar a la gente en España, no quiero prometerles cosas que luego no vayamos a hacer. Todavía no sé cuáles van a ser las consecuencias concretas de nuestra nueva política antiterrorista, entre otras cosas, porque yo mismo todavía no he mirado con seriedad el problema de ETA. Pero hay algo que sí puedo decirle muy claro: las cosas han cambiado en EEUU con respecto a ETA.

Descrito como paloma, se resiste a apropiarse del feliz desenlace del proceso irlandés, porque éste fue gestionado por los demócratas: «Los tiempos son fundamentales en política. A veces te atribuyen éxitos y a veces te culpabilizan de cosas que no has hecho». En estos pasillos del Departamento de Estado es un secreto a voces sus diferencias de opinión con el halcón Paul Wolfowitz, del Departamento de Defensa, al que se le atribuye el deseo de hacer la guerra prescindiendo incluso de la coalición internacional.¿Qué lado triunfará? «Una de las lecciones de la actual crisis es que Estados Unidos no puede enfrentarse solo a un problema global como el terrorismo».

«Por definición, los problemas globales necesitan soluciones globales», señala el autor del libro The Reluctant Sheriff (1998), el manual que inspira a Colin Powell, y en el que adelanta que en el siglo XXI, EEUU tendría que actuar como sheriff sin quererlo, liderando a un grupo de naciones contra Estados gamberros surgidos en el mundo de la pos-posGuerra Fría. «En Afganistán, EEUU tiene que trabajar con otros para hacer lo que necesita desde el punto de vista militar. No podemos combatir solos el terrorismo».

Consejero especial del padre del actual presidente entre 1989 y 1993, Haass fue condecorado por George Bush sénior por su contribución política a la Guerra del Golfo. ¿Continuará la guerra también contra Irak, como quiere el ala dura? «Las prioridades son Al Qaeda y el liderazgo talibán. De momento, no hay ningún vínculo significativo entre lo que pasó el 11 de Septiembre e Irak. Si lo hubiera, las cosas cambiarían».

Hoy por hoy, lleva la voz cantante. Su oficina, en el séptimo piso del Departamento de Estado, está junto a la de Powell. Antes de su nombramiento, esta primavera, Haass era vicepresidente de la prestigiosa Brookings Institution, un think tank fundado en 1916 para el estudio de asuntos económicos, gubernamentales y de política exterior. A Haass se le considera uno de los hombres más preparados para lidiar con Afganistán.

Conseguir un gobierno de amplia base, (BBG, Broad Based Government), se está complicando con las seis ramas de la oposición antitalibán.Ya se habla de un protectorado dividido en líneas étnicas.

El Gobierno que surja tendrá que ser consistente con la realidad afgana, con sus tradiciones y su cultura. Nuestro principal objetivo es formar un Gobierno que no proteja al terrorismo, que no produzca drogas ni millones de refugiados. Esos son los objetivos posibles.También nos gustaría que respetase los Derechos Humanos y la participación política, y que diese mayores oportunidades a las mujeres. Pero muchas de estas cosas dependen de los propios afganos.

Una le recuerda que la Alianza del Norte también trafica con drogas, y que lo hace en extraña colaboración con los talibán.«Eso tiene que ver con la situación económica. Por eso vamos a hacer un enorme esfuerzo para devolverles sus sistemas de irrigación, sus hospitales. Me apuesto lo que usted quiera que la comunidad internacional va a colaborar mucho. No sólo por generosidad, sino porque si no queremos hacer esto [la guerra]otra vez dentro de cuatro o cinco años, tenemos que ayudar a los afganos a alcanzar cierto grado de estabilidad política y económica».

Si fracasan ahora, será mucho más difícil para ustedes [el ala menos radical] seguir diciendo que hay que colaborar con el resto de las naciones.

Por eso estoy seguro de que vamos a ganar.

¿Encontrar a Osama bin Laden, acabar con los talibán? ¿Todo antes del verano?
No voy a poner una fecha, pero se puede hacer.

Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACION POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /50 AÑOS / Formación: MASTER Y DOCTORADO EN POLITICA EXTERIOR POR LA UNIVERSIDAD DE OXFORD / Credo: REPUBLICANO / Aficiones: EL BEISBOL  www.anaromero.ws

Amores y celos en Cataluña
Por Enric SOPENA ABC 11 Noviembre 2001

Media hora da para poco. Pero una imagen vale más que mil minutos. Lo cierto es que este jueves Pasqual Maragall y Alberto Fernández Díaz anunciaron que, sin llegar a la «pinza», sí están dispuestos a pactos parlamentarios concretos. Hablaron de modificar la normativa de los consejos comarcales y el reglamento del Parlamento autonómo catalán.

En resumen, dos anuncios de pescozones a CiU. Desde el PSC, por razones opositoras de carácter obvio. Por parte del PP catalán, porque les irrita el desdén de Jordi Pujol.

Fernández Díaz, el tranquilo y sensato lider del PP, circula a menudo por el desfiladero. Parte de sus bases le exigen guerra a CiU, acaso recordando los tiempos del tan belicoso como brillante Vidal-Quadras. Pero Vidal-Quadras fue defenestrado por Aznar precisamente como prueba de buena voluntad hacia un Pujol del que, entonces, era rehén.

Ahora no es así. Si acaso, al revés. A Aznar le basta y le sobra con su mayoría, mientras que CiU gobierna gracias al PP. Sin embargo, las instrucciones que llegan a la sede barcelonesa del Partido Popular desde Madrid son tajantes: a Jordi Pujol no se le toca. A lo sumo, se le advierte como hiciera Piqué el viernes en Barcelona.

La razón es sencilla. A Aznar no le conviene una Generalitat con hegemonía socialista. Además, la cautela es sinónimo de inteligencia. ¿Qué pasaría si el PP se quedara sin mayoría absoluta tras las próximas elecciones? CiU podría volver a ser la bisagra imprescindible.

No es prudente humillar ahora a un aliado. El cual, hay que reconocerlo, cierra filas con la Moncloa en momentos delicados: desde el «caso Ercros» al «caso Gescartera» y la Ley de Universidades.

Políticamente, Cataluña continúa instalada más en el coqueteo -como método amoroso o como instrumento de encelar a la pareja propia- que en la oposición. Convergència se entiende como puede con Unió.

La coalición mantiene, a su vez, una relación estable con el PP, pero su amor secreto es ERC. Carod-Rovira se deja querar por Pujol, aun sabiendo que la disyuntiva para él es o Maragall o, probablemente, nada. El PP baila, a distancia, con Maragall, que es, para algunos, como bailar con lobos.

Sólo el PSC e Iniciativa se mantienen como pareja de hecho. Su origen, el 68. Y ambos creen que, al menos, siempre les quedará París.

Los jueces de Euskadi exigen seguridad y más apoyo político
Magistrados y fiscales se quejan de la falta de seguridad y de una campaña nacionalista en su contra
JOSÉ LUIS BARBERÍA | Bilbao El País11 Noviembre 2001

Con la desolación en los rostros y una tristeza infinita que les roía las entrañas del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el miércoles al mediodía en Bilbao una reunión de urgencia destinada a evaluar la situación creada con el asesinato, pocas horas antes, de José María Lidón y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compañero. Cuando el documento era sometido a la aprobación de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que sólo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ¿No deberíamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayoría se mostró capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho público tal cual, pero la aparición misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro anímico alcanzado.

En las reuniones de estos días, en los encuentros surgidos en torno al cadáver de su compañero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisión de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administración vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y explícito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunización, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extraños, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a raíz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunció el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclamó que los jueces que no saben euskera -sólo lo domina un porcentaje residual- 'deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habrá que atribuirlo a la actitud militante de un núcleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopción, que como el propio José María Lidón asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quizás, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensación de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transición política, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo día de su toma de posesión, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el País Vasco era una justicia provisional, transitoria, de pésima calidad.

'Los jueces que no saben euskera deben dejar el sitio a los que lo saben' (Arzalluz, 1996)

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaquín Giménez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guipúzcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, Cándido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos décadas optó por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qué trayectos hace, dónde vive, cómo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', añade, 'ya no sirven medidas genéricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jesús Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', añade Joaquín Giménez, 'porque está en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compañeros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos años atrás'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades también entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los últimos 20 años, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 años de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administración de Justicia recurrió el pasado año a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustitución y suplencia tras un nombramiento honorífico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocación judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces más. El número de funcionarios asciende a 1.700. Sólo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos años de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo albergó la esperanza de sentirse algún día plenamente integrado en el País Vasco. 'Es una situación de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aquí hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no están protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas específicas. 'Hay más trabajo a causa de las vacantes crónicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', señala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su país. 'Nuestros juzgados están a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebastián, por ejemplo, está ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de José María Lidón es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habría que hablar más bien de la consumación de un propósito asesino trabajado durante los últimos años. Eso es algo acreditado por la documentación incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organización terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campañas de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura sólo aparecían 4 jueces en la documentación incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que venían a por nosotros; de hecho, algunos compañeros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando tenía registrados todos sus movimientos al mínimo detalle', indica un magistrado. Durante estos últimos años, el asunto de la seguridad ha dado lugar a polémicas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejería de Interior, si bien en los últimos meses la situación parecía encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar fórmulas de seguridad con aquéllos que reclamaban protección, algo que no se produjo con José María Lidón. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deberían decirnos cuál es nuestra situación y no al revés', dice el titular de un juzgado.

Por las razones que sean: escasez de efectivos, análisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declaró cuando era vocal que no entendía por qué el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la dirección de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del miércoles pasado en Bilbao es la coronación de lo que algunos magistrados llaman 'los años de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descrédito político que se inició en los prolegómenos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evolución lamentable', indica Joaquín Giménez, 'porque durante la época de Ardanza tuvimos siempre una sensación de respeto mutuo. Dábamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se había demostrado en la instrucción de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no estábamos considerados como vascos, muchos no lo éramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuviéramos un discurso propio. Todo ha cambiado después', agrega.

Lo que cambió, según varios magistrados, es la radicalización del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsión de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida rápidamente por la organización radical monolingüística Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organización denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces españoles se han atrevido sin ningún tipo de reparo a juzgar a un euskaldún. Que sepan los buitres el papel a qué están jugando, el desprecio que nos están haciendo a los euskaldunes y cuál es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que sólo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a España'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarrolló una campaña sistemática de 'señalamientos' públicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campaña de amedrantamiento a través de amenazas anónimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilización en las sesiones orales de los intérpretes y traductores y a continuación requerían la expulsión de los magistrados que seguían el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces señalados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del País Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantación de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes serían designados por las instituciones autonómicas, contribuyó a ese clima de 'demonización' de los jueces. 'Era una opción perfectamente legítima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros órganos la titularidad de las competencias para la selección de jueces y para la provisión de cargos judiciales, además de las funciones relacionadas con la inspección de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, también sin éxito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honoríficos euskaldunes.Con la desolación en los rostros y una tristeza infinita que les roía las entrañas del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el miércoles al mediodía en Bilbao una reunión de urgencia destinada a evaluar la situación creada con el asesinato, pocas horas antes, de José María Lidón y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compañero. Cuando el documento era sometido a la aprobación de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que sólo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ¿No deberíamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayoría se mostró capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho público tal cual, pero la aparición misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro anímico alcanzado.

Los magistrados piden que se les garantice a cada uno de ellos la seguridad para ejercer
En las reuniones de estos días, en los encuentros surgidos en torno al cadáver de su compañero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisión de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administración vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y explícito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunización, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extraños, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a raíz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunció el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclamó que los jueces que no saben euskera -sólo lo domina un porcentaje residual- 'deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habrá que atribuirlo a la actitud militante de un núcleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopción, que como el propio José María Lidón asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quizás, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensación de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transición política, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo día de su toma de posesión, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el País Vasco era una justicia provisional, transitoria, de pésima calidad.

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaquín Giménez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guipúzcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, Cándido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos décadas optó por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qué trayectos hace, dónde vive, cómo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', añade, 'ya no sirven medidas genéricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jesús Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', añade Joaquín Giménez, 'porque está en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compañeros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos años atrás'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades también entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los últimos 20 años, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 años de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administración de Justicia recurrió el pasado año a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustitución y suplencia tras un nombramiento honorífico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocación judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces más. El número de funcionarios asciende a 1.700. Sólo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos años de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo albergó la esperanza de sentirse algún día plenamente integrado en el País Vasco. 'Es una situación de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aquí hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no están protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas específicas. 'Hay más trabajo a causa de las vacantes crónicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', señala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su país. 'Nuestros juzgados están a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebastián, por ejemplo, está ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de José María Lidón es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habría que hablar más bien de la consumación de un propósito asesino trabajado durante los últimos años. Eso es algo acreditado por la documentación incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organización terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campañas de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura sólo aparecían 4 jueces en la documentación incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que venían a por nosotros; de hecho, algunos compañeros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando tenía registrados todos sus movimientos al mínimo detalle', indica un magistrado. Durante estos últimos años, el asunto de la seguridad ha dado lugar a polémicas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejería de Interior, si bien en los últimos meses la situación parecía encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar fórmulas de seguridad con aquéllos que reclamaban protección, algo que no se produjo con José María Lidón. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deberían decirnos cuál es nuestra situación y no al revés', dice el titular de un juzgado.

'Nadie nos puede pedir una heroicidad permanente. Esto va a quedar como un solar'
Por las razones que sean: escasez de efectivos, análisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declaró cuando era vocal que no entendía por qué el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la dirección de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del miércoles pasado en Bilbao es la coronación de lo que algunos magistrados llaman 'los años de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descrédito político que se inició en los prolegómenos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evolución lamentable', indica Joaquín Giménez, 'porque durante la época de Ardanza tuvimos siempre una sensación de respeto mutuo. Dábamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se había demostrado en la instrucción de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no estábamos considerados como vascos, muchos no lo éramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuviéramos un discurso propio. Todo ha cambiado después', agrega.

Lo que cambió, según varios magistrados, es la radicalización del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsión de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida rápidamente por la organización radical monolingüística Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organización denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces españoles se han atrevido sin ningún tipo de reparo a juzgar a un euskaldún. Que sepan los buitres el papel a qué están jugando, el desprecio que nos están haciendo a los euskaldunes y cuál es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que sólo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a España'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarrolló una campaña sistemática de 'señalamientos' públicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campaña de amedrantamiento a través de amenazas anónimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilización en las sesiones orales de los intérpretes y traductores y a continuación requerían la expulsión de los magistrados que seguían el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces señalados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del País Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantación de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes serían designados por las instituciones autonómicas, contribuyó a ese clima de 'demonización' de los jueces. 'Era una opción perfectamente legítima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros órganos la titularidad de las competencias para la selección de jueces y para la provisión de cargos judiciales, además de las funciones relacionadas con la inspección de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, también sin éxito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honoríficos euskaldunes.

La lengua como coartada
La idea de que el nacionalismo trataba de domesticar a los jueces que trabajan en Euskadi y crear tribunales que por el hecho de estar formados por euskaldunes debían estar más cerca de los postuladores nacionalistas, está bastante extendida. 'El asunto del euskera ha sido utilizado como coartada y en ocasiones el propio Consejo del Poder Judicial ha entrado al trapo, tratando de discutir plazos para la euskaldunización, que para cualquiera que conozca algo la lengua y la situación resultan simplemente disparatados', afirma un magistrado que prefiere mantenerse en el anonimato. 'Con la incorporación de jóvenes licenciados euskaldunes podría haber ocurrido que el MLNV tuviera también sus propios jueces. El asunto del euskera es una falacia completa porque nadie', dice, 'está en contra de la euskaldunización y porque también ha habido jueces y fiscales eskaldunes que han tenido que irse. Me consta, además', añade, 'que algunos no han recibido nunca un texto en euskera por parte de los abogados que pertenecen al Sindicato de Abogados Euskaldunes'. Al nuevo Gobierno vasco, al lehendakari Ibarretxe, estos magistrados le reclaman que les reconozcan como sus jueces. 'Sin jueces no hay libertad', subraya Juan Luis Ibarra. 'Hoy un obrero de Bilbao puede tener la misma tutela judicial que aquel panadero de Postdam que cuando el emperador le amenazó con expoliarle su local pudo responder: sire, eso no sucederá mientras haya jueces en Berlín'. Ésta es la consigna que circula hoy también entre los atribulados magistrados vascos.

Los proetarras extienden el terrorismo callejero a Francia con el ataque al domicilio de un policía
Los radicales han vuelto a protagonizar actos de violencia callejera, esta vez en territorio francés y en la localidad vizcaína de Lequeitio. En ninguna de las acciones se han registrado heridos y como viene siendo habitual, tampoco se han practicado detenciones.
Agencias Libertad Digital 11 Noviembre 2001

La primera de las acciones se ha registrado en el municipio de Laressore, en el País vasco francés. El ataque se ha producido cuando un grupo de proetarras ha colocado un artefacto explosivo e incendiario contra la vivienda de un policía francés.

La explosión del artefacto, de fabricación casera y que incluía dos botellas de gas, causó destrozos en la vivienda del policía, quien, en ese momento, estaba allí con su familia. Aunque conmocionados, el policía de la comisaría de Bayona y sus familiares no han resultado heridos ya que los bomberos consiguieron controlar rápidamente el conato de incendio. Se trata de la séptima acción de este tipo contra policías u otros funcionarios del País Vasco francés en lo que va de año.

En Vizcaya, una oficina de Correos de la localidad de Lequeitio ha resultado con daños materiales en su parte exterior al ser atacada en la madrugada de este sábado con cócteles molotov por unos desconocidos. El ataque tuvo lugar en la sucursal de Correos situada en la calle Eliz Atea. El pequeño incendio causado por los cócteles molotov, que ha sido sofocado por una dotación de bomberos, ha ennegrecido la puerta y las ventanas exteriores de la estafeta, sin afectar al interior del local. Los bomberos han tenido que apagar además unos contenedores de basura situados en la misma zona y a los que los autores del ataque contra la oficina de Correos también habían prendido fuego.

Los vasos comunicantes del mundo aberzale
R. GORRIARÁN (MADRID) La Voz 11 Noviembre 2001

Desde 1998, según datos del Ministerio de Interior, once ediles aberzales, una treintena de dirigentes de HB, EH o Batasuna y una docena de miembros de Gestoras pro Amnistía han sido detenidos, procesados y encarcelados por pertenencia o colaboración con ETA.

El Gobierno y buena parte de la judicatura sostienen que el principio físico de los vasos comunicantes funciona a la perfección en el mundo aberzale. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, proclama que «el entorno de ETA y ETA es lo mismo, y a veces se confunden».

La doble militancia en ETA y Batasuna no es nueva. En 1991, Felipe San Epifanio, destacado dirigente de HB, huyó a Francia y reapareció tres años después encuadrado en el comando Barcelona. En los comicios municipales de 1995, hasta 23 concejales electos eran presos de ETA. Y en diciembre de 1997, los 23 miembros de la mesa nacional de HB fueron condenados a siete años de cárcel por colaboración con la banda terrorista, tras difundir un vídeo de ETA en sus espacios electorales televisivos.

Desde hace tres años, los casos crecen de forma exponencial. Concejales de EH en Portugalete, Hernani, Berriozar, Asteasu, Arbizu, Eibar, Vera de Bidasoa, Azkoitia y Ondárroa ingresaron en prisión por pertenencia a ETA, y en muchos casos por formar parte de comandos.

Otra forma de colaboración no pasa por la integración en los grupos operativos, sino en las redes que, según la Audiencia Nacional, dan apoyo a la organización armada. Así, en las operaciones del juez Baltasar Garzón contra Xaki, el «aparato de relaciones internacionales» de ETA; Ekin, «la estructura política» de la banda, y contra la trama de «desobediencia civil» fueron detenidas más de cuarenta personas relacionadas con el entorno aberzale, entre concejales y dirigentes de la coalición. La mayoría quedaron en libertad hasta la celebración del juicio, pero para entonces podrían estar ya al otro lado.

Los últimos episodios, a juicio de Interior, evidencian que los trasvases entre Batasuna y ETA son cada vez mayores. Asier Altuna, concejal en la localidad guipuzcoana de Azkoitia e integrante del comando Aranba, que escondía en su garaje un coche bomba, fue detenido el pasado 17 de octubre. Ana Belén Egües, edil de Elduayen y presunta responsable del comando Madrid, fue capturada el pasado martes. Otra integrante de este mismo comando que logró huir, Lexur Gallastegi, figuró en las listas municipales de Batasuna.

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