AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 12 Noviembre   2001
#No sólo es ETA
Editorial ABC 12 Noviembre 2001

#Los proetarras, a cara descubierta; los policías y los héroes, encapuchados
Luis María ANSON La Razón 12 Noviembre 2001

#Patriotismo constitucional
M. MARTÍN FERRAND ABC 12 Noviembre 2001

#Ilegalizar el grupo proterrorista Batasuna
Enrique de Diego Libertad Digital 12 Noviembre 2001

#Apuntes vascos
José Luis Manzanares La Estrella 12 Noviembre 2001

#El legado de la violencia
ROGELIO ALONSO El Correo 12 Noviembre 2001

#Zapatero respalda «sin fisuras» a Redondo en la ‘crisis de identidad’ del socialismo vasco
J. J. CORCUERA BILBAO El Correo 12 Noviembre 2001

#Yo, como el «Post»
ANTONIO BURGOS El Mundo 12 Noviembre 2001

#Silencio
Espido FREIRE La Razón 12 Noviembre 2001

#«Nos han llamado apestados durante 22 años por ser hijos de una víctima del terrorismo»
Javier Aguilar - Pamplona.- La Razón 12 Noviembre 2001

#En el punto de mira de ETA y acosados por el PNV
MADRID. Nieves Colli ABC 12 Noviembre 2001

#Un puyazo al vascuence
Carlos IBÁÑEZ QUINTANA La Razón 12 Noviembre 2001


No sólo es ETA
Editorial ABC 12 Noviembre 2001

Ciertos atentados de ETA tienen la triste eficacia de levantar el velo que cubre situaciones de intimidación arraigada contra determinados grupos sociales del País Vasco, por causas no siempre imputables únicamente a la banda terrorista o a sus sicarios. El de los periodistas es uno de esos grupos, y muy cualificado. Pero no es el único. Desde el asesinato de José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, los jueces que ejercen en el País Vasco han sufrido el salto cualititato de vivir en una amenaza genérica a padecer la violencia de forma directa. Es ahora cuando se hacen análisis de los antecedentes de esta tragedia y se descubren -por algunos, con sorpresa fingida- la convergencia de dos tácticas que no son inéditas en el País Vasco: el señalamiento de «agentes hostiles» del Estado español en tierra vasca y la ejecución de la lógica terrorista sobre los sujetos marcados. De lo primero, se encarga el PNV. De lo segundo, ETA.

Desde 1997, los jueces destinados en el País Vasco han sido el objetivo de campañas constantes de coacción para la utilización del euskera como lengua de la actividad jurisdiccional, objetivo que carecía de justificación sociológica. El Sindicato de Abogados Euskaldunes, amparado por Herri Batasuna, promovió el boicoteo de juicios mediante la exigencia del uso del euskera sin intérprete, aderezando sus manifiestos amenazantes contra jueces y magistrados concretos con actos de «kale borroka» contra sedes judiciales e incluso contra testigos protegidos en sumarios abiertos por tales actos. No tardó el PNV en demostrar -con hechos, nunca con discursos- su satisfacción por este estado de cosas, convertido por Xabier Arzalluz, siempre sincero, en ocasión para propiciar una «limpieza étnica» en la Justicia, invitando a los jueces no euskaldunes a marcharse del País Vasco. Otra vez, el nacionalismo se había encargado de enturbiar la inocencia de las víctimas, quienes avisaron de lo que podía ocurrir aunque no fueron debidamente escuchados por quien tenía la obligación de hacerlo. Las quejas de numerosos magistrados de los Juzgados y Audiencias del País Vasco por la cicatera defensa que les proporcionó el anterior Consejo General del Poder Judicial deben estar presentes en la disposición de los nuevos vocales y de su presidente, Francisco Hernando. La política de contemporización que puso en práctica el Consejo presidido por Javier Delgado no sirvió para moderar la voracidad del nacionalismo, como lo prueba el último Decreto sobre plantilla judicial, que ha sido recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. No sólo el Consejo no estuvo a la altura de las circunstancias. Tampoco los Colegios de Abogados y algún sector minoritario de la asociación Jueces para la Democracia.

El euskera no fue el único argumento de la coacción sobre la Justicia. También han servido a esta táctica de desgaste progresivo argumentos como la servidumbre de los Tribunales a la lucha antiterrorista del Ejecutivo, la fracasada descalificación de España como Estado de Derecho ante la opinión internacional, la reivindicación de un poder judicial propio o la promoción de la desobediencia civil contra las leyes del Estado. El resultado es el estado de inseguridad vital en que viven los jueces, el rechazo al País Vasco como destino de las nuevas promociones y el deterioro de la presencia del Estado. Con tales planteamientos, el nacionalismo no está legitimado ahora para reclamar la protección de la Justicia, a la que sus dirigentes y sus políticas han dejado al descubierto frente a ETA. El PNV sigue sin asumir que para acabar con ETA es preciso defender aquello que el terrorismo quiere destruir, llámese Estatuto, Constitución, libertad de expresión, pluralidad política o Justicia. La táctica de mover vientos y lamentar las tempestades que provocan no es sino el reconocimiento de una culpa política en la extensión de la violencia contra todas las representaciones del Estado en el País Vasco. En ningún caso puede servir como condonación de su responsabilidad.

Los proetarras, a cara descubierta; los policías y los héroes, encapuchados
Luis María ANSON La Razón 12 Noviembre 2001
de la Real Academia Española

El héroe de la detención del comando Madrid ha preferido ponerse una capucha y mantenerse en el anonimato. Es posible que lo haya hecho turbado por la modestia. No se puede descartar tampoco que sienta preocupación por las consecuencias de su acción cuando contempla todos los días en la pequeña pantalla cómo los policías nacionales y autonómicos se enmascaran cuando operan contra Eta.

Es el mundo al revés, la sociedad encorvada y quebradiza. Los presuntos delincuentes, los proetarras, los activistas de kale borroka se manifiestan altaneramente dando la cara mientras extorsionan a todos con impunidad. Los policías tienen que encapucharse para evitar represalias personales. Y cuando un ciudadano anónimo entra en la esfera de la heroicidad, en lugar de mostrarse en televisión y recibir el aplauso de la opinión pública tiene que ponerse el capuz del anonimato para evitar la venganza de los terroristas. En 1977 publiqué un artículo titulado «La dictadura del miedo», que tuvo la suerte de ganar el Premio González Ruano. Presidía yo la agencia Efe y mi admirado Adolfo Suárez me acusó de catastrofista y de que todo iba bien porque contaba con el PNV como partido leal y seguro. Era la actitud voluntarista de los políticos de aquella época. Tal vez anticipé demasiado pronto la realidad esquinada que se nos venía encima. Ahora el ministro diez del Gobierno, Mariano Rajoy, habla abiertamente de la dictadura del miedo. Está lejos, por desgracia, el tiempo en que los policías y los ciudadanos héroes puedan despojarse de sus capuchas.

Patriotismo constitucional
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 12 Noviembre 2001

La del «patriotismo constitucional» pertenece a ese ámbito de ideas más bienintencionadas que precisas y felices. En Alemania surgió de la necesidad de oponer un patriotismo alemán democrático y liberal frente a los desmanes criminales del «patriotismo» nazi. Frente a la patria excluyente de la tribu aria, se levanta la patria integradora y cosmopolita de los derechos constitucionales. La patria no sería la tierra de los antepasados ni el solar de la raza sino el territorio de la Constitución, el ámbito de la ciudadanía. Allí donde se encuentren protegidos mis derechos allí se encuentra mi patria. El caso español, a pesar de sus enormes diferencias con el alemán, también podría ser campo abonado para el «patriotismo constitucional» al menos por dos razones. La primera, para contrarrestar los efectos del patriotismo nacionalista del régimen de Franco. Frente al ensueño del imperio, la patria habita en el articulado de la Constitución. La segunda, para combatir los delirios secesionistas de los nacionalismos periféricos. Por encima del ser catalán, vasco o gallego, está la condición de ser ciudadano, y esta condición sólo puede apoyarse en la Constitución española. Pero entonces lo español pasa de ser sustantivo a ser meramente adjetivo. Frente a la idea de que la patria sea la tierra de los antepasados o la tierra de los hijos, o ambas cosas, pues no son incompatibles, el patriotismo constitucional convierte a la patria en algo así como el precipitado de las instituciones jurídicas liberales.

La idea resulta tan piadosa y benéfica como simple y extraviada. En realidad, es un patriotismo residual y a la defensiva. Hay una idea de continuidad de lo español que no puede fundarse en la Constitución porque es previa a ella y porque incluye formas políticas e institucionales tan variadas como las que conformaron los reinos medievales, el Estado moderno, la Monarquía liberal, la República y el Estado autoritario. La Constitución española no puede fundamentar la patria y la nación porque se basa precisamente en ellas y no al revés. La adhesión a unos valores constitucionales no puede fundar la pertenencia nacional ni el patriotismo.

Por semejantes que pudieran llegar a ser las Constituciones de Japón y España, no quedarían borradas las diferencias nacionales. Una cosa son las estrategias políticas y otra los análisis históricos y las realidades. Lo importante de la Constitución en este ámbito no es su capacidad para promover un nuevo patriotismo sino para integrar al mayor número posible de españoles en el proyecto común. Si Nación es, ante todo, empresa y proyecto (Ortega), la Constitución no es sino el cauce jurídico de ese proyecto pero, en absoluto, puede ser el proyecto mismo. A los delirios criminales del totalitarismo habrá que oponer los valores liberales y democráticos, pero la patria es algo más radical y previo que la mera vigencia de ciertos valores políticos e institucionales, por justos y legítimos que éstos puedan ser. Una cosa es que la Constitución actual sea un poderoso factor de integración nacional, principalmente porque no excluye a nadie por sus ideas, y otra que funde la patria. Ni el fundamentalismo testimonia contra la religión ni el nacionalismo frenético contra el patriotismo.

Ilegalizar el grupo proterrorista Batasuna
Por Enrique de Diego Libertad Digital 12 Noviembre 2001

Es de estricta racionalidad estar de acuerdo en la frase “ETA y Batasuna son lo mismo”. En fechas recientes, ha sido repetida por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y por el ex ministro, Jaime Mayor Oreja. Pero si A es igual a B, no se entiende por qué A es ilegal y B es legal. De hecho, Batasuna no es otra cosa que la ETA política, presente en los ritos electorales para conseguir utilizar los beneficios del sistema –incluida la financiación– con el fin de destruirlo. Batasuna promueve el terrorismo, marca los objetivos y aporta los pistoleros y las pistoleras en un proceso de cantera sin solución de continuidad.

Es el Estado de Derecho mismo el que padece por esta absurda esquizofrenia, y por supuesto esto multiplica las víctimas, pues las tareas de reclutamiento de la banda son facilitadas y una parte de su infraestructura es financiada con cargo a los fondos públicos en forma de sueldos de concejales, ayudas electorales o con las generosas subvenciones de Ibarretxe. No se trata, por supuesto, de ilegalizar a Batasuna para que a los días se llame Herri, siendo los mismos perros con idénticos collares. Ese juego esperpéntico de las siglas, como en el caso de las juventudes, se debe a que para ilegalizar es preciso establecer la pertenencia a ETA. Una ficción porque son lo mismo.

Existe una figura –muy clara desde el 11 de septiembre, muy evidente en la relación entre Al-Qaeda y los talibán y sus madrasas– que es la del grupo proterrorista. Los grupos proterroristas deben ser ilegales, por la sencilla razón de que de hecho lo son, combaten no sólo la legalidad, sino la misma civilización, pues el mal absoluto es el terrorismo. Grupo proterrorista es el que promueve y colabora con el terrorismo. Es aquel que considera la lucha armada o asesinato político como una estrategia legítima y desarrolla labores de logística política, como la promoción de ambientes ideológicos para la captación de nuevos terroristas. Más grave aún, como es el caso, resulta la existencia de canales comunes de financiación.

En contra de la ilegalización de Batasuna se cita un dato cuantitativo: el apoyo de una parte del electorado manifestada en las consultas electorales. Pero la existencia de una minoría favorable al crimen no debe llevar en ningún caso a considerar el homicidio legal, ni tampoco a permitir formaciones políticas promovidas, por ejemplo, por los sicarios de los carteles colombianos para conseguir despenalizar los crímenes en ajustes de cuentas. De hecho, una parte de ese apoyo es fruto del miedo coactivo en los pequeños pueblos de las zonas rurales.

Ese argumento es inmoral. Se basa mucho menos en la prudencia política de lo que parece, pues de manera muy clara Batasuna sirve para la regeneración constante de ETA. Si la fuerza del Estado de Derecho estuviera donde debe estar –en la persecución de los proetarras–, estos no podrían desarrollar con facilidad el proceso de entrar en las juventudes, luego “legal” como concejal de HB para pasar a la clandestinidad –hay casos que ni eso, siguen siendo concejales– como terrorista de tiro en la nuca o coche bomba. Batasuna es terrorismo en potencia de pasar a acto, o sea a ETA. Es decir, una forma de movimiento hacia el crimen. Cuanto antes se ilegalice a los grupos proterroristas menos víctimas habrá.

Apuntes vascos
José Luis Manzanares La Estrella 12 Noviembre 2001

El movimiento secesionista en el País Vasco ha diseñado su estrategia como un juego en el que, amén de llevar la iniciativa, avanzando reivindicaciones o simulando apaciguamientos, utiliza cuantas cartas marcadas puedan asegurar su triunfo. Un marcaje muy particular, porque el otro jugador es consciente de ello desde hace mucho tiempo, si bien haya tenido escrúpulos en denunciarlo para no disgustar al tramposo. La partida será larga, pero se ganará si de una vez por todas se abandonan viejos complejos y se corrigen los graves errores cometidos durante veinticinco años. Se quiso ver en ETA un enemigo de Franco y no de España, pese a que la banda armada no ocultó nunca su apuesta por la independencia. Y se puso en manos del nacionalismo separatista -sin reservas ni control de ninguna clase- el adoctrinamiento sectario de la juventud. Una vez más la sucesión de lodos, barros y sangre de los que al final no responderá nadie.

Un observador foráneo pensaría que hasta ayer mismo no conocíamos el pensamiento de Sabino Arana, glorificando al vasco mitológico, dechado de virtudes incluso en sus andares, frente al español blasfemo, de movimientos desangelados y portador de traicionera navaja. Es decir, un ideario que resiste cualquier comparación -si no la supera- con el racismo nacionalsocialista que llevó al holocausto, a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y, como reacción, al rechazo expreso de tales doctrinas por parte de todo el mundo civilizado.

Ese mismo espectador no comprendería tampoco la insensata tolerancia con el envenenamiento de una juventud entendida como vivero para nutrir las filas de ETA tras realizar prácticas en la kale borroca o "violencia de baja intensidad", dos eufemismos más para disimular los continuados fracasos en el nuevo frente abierto por el crimen organizado. Y mientras tanto, la bandera española era -¿y es?- expulsada de las sedes de las corporaciones locales, cuando no quemada o pisoteada impunemente. Se cedió en el pulso de la autovía de Leizarán, y la apología pública del terrorismo era -con el Código Belloch en la mano- menos grave que la sustracción de un bolso de señora por el procedimiento del tirón.

El lector podría añadir sin esfuerzo otros ejemplos inimaginables en otras latitudes. A un terrorista, Josu Ternera, se le encarga la protección de los derechos fundamentales de los vascos -es de suponer que empezando por las víctimas del terror- y a los representantes del brazo político de ETA se les permite elaborar a la carta su fórmula de juramento o promesa a las Cortes Generales. Entendían los seguidores de Hitler que quien decía A debería decir seguidamente B. Apoyados quizá en la estupidez de que si uno no quiere dos no riñen, nosotros hemos recorrido ya medio alfabeto.

No basta con combatir las manifestaciones sangrientas del terror y confiar en la extinción por cansancio. El agotamiento puede operar en ambos sentidos. Recuérdense las declaraciones del Defensor del Pueblo andaluz a raíz de un asesinato en Sevilla, el pasado verano, deplorando que su comunidad hubiera puesto ya demasiados muertos en una guerra que no era la suya. Y las propias elecciones son espurias allí donde sólo un héroe se atrevería a colocar en el balcón de su casa, junto a la ikurriña, la enseña nacional.

El legado de la violencia
ROGELIO ALONSO El Correo 12 Noviembre 2001

El nacionalismo vasco insiste en que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ha sido lo que ha llevado al IRA a decretar el cese de su violencia. Así lo sugirió el 31 de octubre Xabier Arzalluz mediante una nota de la ejecutiva del PNV en la que se indicaba que «el problema o su solución en Irlanda del Norte nunca ha sido de autonomía, más o menos profunda, sino de autodeterminación, cuyo reconocimiento ha conducido paulatinamente a la situación actual tras 30 años de conflicto». Esta interpretación carece de rigor, pues tanto el IRA como el Sinn Fein han reiterado que al pueblo irlandés se le sigue negando hoy la autodeterminación. Ello demuestra que el IRA no ha interrumpido su violencia porque finalmente consiguiera el reclamado derecho a la autodeterminación, sino por otro motivo a menudo ignorado por el nacionalismo vasco: los republicanos deseaban salir de una guerra que no estaban ganando.

Muchos nacionalistas vascos exageran la importancia de la Declaración de Downing Street firmada en 1993, uno de los referentes a los que aluden para reivindicar el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Este documento fue rechazado por el IRA y el Sinn Fein, pues, como ocurrió con el Acuerdo de Viernes Santo en 1998, el derecho a la autodeterminación no era reconocido en los términos reivindicados por los republicanos. Al anunciar su alto el fuego en 1994, el IRA ya indicó que «la Declaración de Downing Street no es una solución», al no garantizar que el derecho a la autodeterminación tuviera como base una circunscripción única en la forma de toda la isla de Irlanda.

Al igual que el Acuerdo de Viernes Santo, la Declaración suscribía que el ejercicio del derecho a la autodeterminación se realizaría utilizando una fórmula totalmente inadmisible para los republicanos a lo largo de las últimas décadas. Tradicionalmente, el IRA y el Sinn Fein han considerado a Irlanda del Norte como una entidad política artificial sin legalidad ninguna que fue impuesta por los británicos, por lo que cualquier cambio en el estatus constitucional de la región debería ser aprobado por el conjunto de la población de la isla de Irlanda. Por lo tanto la celebración de dos referenda simultáneos en el Norte y el Sur de la isla como método para ejercer el polémico derecho se oponía a los principios del republicanismo pues, como enfatizó Gerry Adams al autor en un entrevista personal en 1996, «no se puede resquebrajar el derecho a la autodeterminación».

La misma actitud crítica mostraba el IRA en un comunicado en abril de 1998 al evaluar el Acuerdo de Viernes Santo, señalando lo siguiente: «Mantenemos nuestra posición de que un acuerdo de paz duradero exige el final del dominio británico en Irlanda y el ejercicio del derecho del pueblo de Irlanda a la autodeterminación nacional. Desde el punto de vista de nuestros objetivos republicanos y de cualquier análisis democrático, claramente este documento se queda corto a la hora de presentar una base sólida para un acuerdo duradero. En nuestra opinión, los dos inminentes referenda no representan el ejercicio de la autodeterminación nacional». Poco después, durante el congreso extraordinario del Sinn Fein en el que los republicanos analizaron el Acuerdo de Viernes Santo, Gerry Adams rechazó de nuevo que los dos referenda constituyeran un auténtico ejercicio del derecho a la autodeterminación tal y como reclamaban los republicanos.

Otros comunicados del IRA en los dos últimos años han insistido en que «mientras la ocupación militar británica persiste, al pueblo irlandés se le niega su derecho a la autodeterminación nacional y la soberanía». En uno de ellos, el IRA recalcaba: «Reafirmamos nuestra creencia de que las causas en la raíz del conflicto son la reivindicación de Gran Bretaña sobre una parte de Irlanda, su negación de la autodeterminación de los habitantes de la isla de Irlanda, la partición de nuestro país y el mantenimiento de desigualdades sociales y económicas. (...) Aunque no somos parte del Acuerdo de Viernes Santo, hemos adoptado una serie de iniciativas sin precedentes que continúan demostrando nuestro compromiso y deseo de una paz permanente en Irlanda».

Por lo tanto, puesto que el IRA considera que al pueblo irlandés se le sigue negando la autodeterminación, lo coherente desde su mentalidad tradicional sería la continuación de la violencia. Sin embargo, la renuncia a la lucha armada en esas condiciones confirma que el conflicto al que el proceso de paz se ha enfrentado no es tanto el de la territorialidad como el que la violencia ha creado. La perpetuación del terrorismo durante décadas ha generado más odio, ha profundizado las divisiones y ha polarizado a las comunidades norirlandesas, creando un terrible legado que ha condicionado también el futuro. Como consecuencia de todo ello, el nacionalismo ha sacrificado sus ideales sobre la autodeterminación fiel a un realismo político que, ya a comienzos del conflicto, el historiador J. C. Beckett describió así: «La partición no depende de un límite físico que puede ser alterado por una acción política, sino de importantes diferencias en las actitudes de dos grupos de personas; y aunque la división política pueda acentuar estas diferencias, no desaparecerán necesariamente como resultado de la imposición de la unión política. La auténtica partición de Irlanda no está en el mapa, sino en las mentes de los hombres».

Desde 1969, el IRA liderado por Adams y Martin McGuinness había ignorado esas palabras intentando imponer una solución que la utilización de la lucha armada hace imposible: la desaparición de una frontera que la violencia ha fortalecido en las mentes y comportamientos de quienes la han sufrido. En consecuencia, el legado de la violencia ha obligado al nacionalismo irlandés a dejar de promover la integridad territorial como requisito para resolver el conflicto, al ser ésta inviable en una sociedad fracturada. Por ello, el proceso de paz ha intentado articular mecanismos de convivencia y participación política como la Asamblea autonómica.

Lo esencial sobre el derecho de autodeterminación en Irlanda es que el nacionalismo norirlandés no ha visto satisfechas sus aspiraciones máximas respecto al mismo. Así lo ha sintetizado recientemente el cardenal Cahal Daly, uno de los más feroces críticos de la violencia republicana durante las últimas décadas, al señalar: «Los nacionalistas han dejado de ver la unidad irlandesa como la absorción de una minoría unionista en una Irlanda unida por parte de una mayoría nacionalista en el conjunto de toda la isla. Ese concepto de democracia tan primitivo basado en el autoritarismo de la mayoría ha sido relegado al pasado (...). La mayoría irlandesa ni desea ni podría absorber una comunidad unionista con la que no se ha logrado la reconciliación y que se opone de manera recalcitrante a dicha unidad. (...) ¿Quién en su sano juicio puede querer empujar hacia una Irlanda unida a un millón de protestantes a fuerza de bombas?».

La reconciliación era una de las claves de unas palabras que exponen por qué la autodeterminación en los términos del nacionalismo tradicional no tiene ningún sentido en una sociedad desvertebrada y heterogénea como la norirlandesa. Al contrario de lo que ha planteado el PNV, en Irlanda del Norte ‘la cuestión’ no es sobre el «solemne reconocimiento del derecho de autodeterminación», sino sobre la creación de unas instituciones que se confía puedan ser el marco en el que los norirlandeses superen el antagonismo sobre la cuestión nacional. Así lo ha reconocido el propio IRA al respetar su alto el fuego a pesar de repetir que el derecho a la autodeterminación se le sigue negando hoy al pueblo irlandés.

Zapatero respalda «sin fisuras» a Redondo en la ‘crisis de identidad’ del socialismo vasco
La ponencia que elabora el líder del PSE suprime todos los puntos polémicos que incluyó Eguiguren El secretario general del PSOE pretende implicarse más en la vida política del País Vasco
J. J. CORCUERA BILBAO El Correo 12 Noviembre 2001

José Luis Rodríguez Zapatero comunicó a Nicolás Redondo Terreros su «respaldo sin fisuras» en la polémica abierta sobre la futura estrategia del PSE-EE, durante una reunión que ambos mantuvieron en Madrid el pasado martes, según confirmaron a este periódico fuentes próximas a la dirección socialista.

Miembros de la ejecutiva federal del PSOE ya habían abogado hace dos semanas por retirar de la circulación el borrador de la ponencia encargada a Jesús Eguiguren para la próxima conferencia del PSE, prevista para finales de año. Un extenso trabajo en el que se admite una «consulta popular con garantías», se abre la puerta a un eventual debate sobre la autodeterminación y se reconoce la existencia de un conflicto previo al surgimiento de ETA. No obstante, el propio Redondo se negó a archivar el polémico documento y aseguró que lo utilizaría como base para realizar uno nuevo y de consenso, en un intento de no abrir una fisura insalvable con el ‘número dos’ de su ejecutiva.

Lo cierto, es que el secretario general de los socialistas vascos está consiguiendo zanjar con firmeza la ‘crisis de identidad’ que, de forma cíclica, atenaza al Partido Socialista de Euskadi. Una prueba de ello fue lo ocurrido en la movida reunión de la ejecutiva del PSE, celebrada el pasado 23 de octubre, que acordó encargar a Redondo, sin necesidad de votación, la elaboración de una nueva ponencia.

En aquel encuentro, dirigentes guipuzcoanos, como Manuel Huertas o Gemma Zabaleta, y el líder de los socialistas vizcaínos, Patxi López, insistieron en que el borrador de Eguiguren suponía un «buen punto de partida» y expresaron su temor a que el episodio pudiera interpretarse como una desautorización del segundo de a bordo en el PSE-EE. Redondo, según distintas fuentes consultadas, zanjó la cuestión señalando que «no se trata de desautorizar a nadie y, mucho menos, de que el desautorizado sea el secretario general».

Personas y mensajes
Redondo Terreros ha recuperado, por el momento, las riendas de la situación. La mejor demostración de que la crisis no es orgánica ni de poder, sino de ideas, se resume en el apoyo de Zapatero a Redondo -entre los dos no ha existido hasta ahora una buena química personal- y en el hecho de que el líder del PSE esté auxiliado en todo momento por muchos de los que hasta ahora han sido sus mayores ‘críticos’, como Javier Rojo o Rosa Díez. «La militancia se ha decantado no por las personas, sino por los mensajes. Nos están matando mientras debatimos, como para venir diciendo que el PNV tiene razón en la existencia de un conflicto histórico y que la solución es la autodeterminación», asegura la eurodiputada socialista.

La nueva ponencia que prepara «con tranquilidad» Redondo suprime los aspectos más conflictivos del texto de Eguiguren, entre ellos, las alusiones al modelo de Québec, el sí condicionado a debatir sobre la autodeterminación y la existencia del supuesto conflicto. El texto persigue adaptar el programa electoral con el que el PSE concurrió a las elecciones a una «estrategia de oposición» y a un «proyecto autónomo que nos permita ser alternativa», en palabras del propio Redondo.

El documento recoge, por tanto, los elementos básicos que han venido defendiendo los socialistas en los últimos meses en materia de marco jurídico, autogobierno y pacificación, aunque incluye novedades, como la reforma del Senado en una auténtica Cámara autonómica, la recuperación de las relaciones institucionales con Navarra o la propuesta de caminar hacia una especie de federalismo solidario. «No vamos a discutir de lo que quiera el PNV -aseguró a este periódico el líder del PSE-. Hablar de autodeterminación nos crearía más problemas que beneficios».

Redondo no descarta, sin embargo, incluir algunos de los postulados del socialismo vasquista de Eguiguren como un anexo a título particular, aunque independiente del texto oficial. La nueva ponencia que será debatida en la conferencia del PSE está siendo coordinada por Teo Uriarte y cuenta con aportaciones, entre otros, de Redondo, Eguiguren, Mario Onaindía, Javier Rojo, Ignacio Latierro, Francisco Llera, José Antonio Maturana y de varios intelectuales y profesores universitarios. El texto final no superará el centenar de folios.

«El PSOE es el PSE»
El respaldo de Rodríguez Zapatero a la estrategia de Redondo no es puramente testimonial. Según ha podido saber este periódico, el máximo líder del PSOE estaría firmemente decidido a involucrarse con mayor intensidad en el futuro del partido en Euskadi y en la vida política vasca. El responsable socialista cree que su formación puede servir de puente entre los nacionalistas y el PP, en un momento, además, en el que su figura política y su labor de oposición se encuentran seriamente cuestionadas. «La referencia federal del PSOE es ahora el PSE. Los que les damos crédito somos nosotros», asegura Redondo.

Zapatero quiere alejar la sombra de la celebración de un congreso extraordinario del PSE, que cuestionaría los liderazgos y estrategias actuales, y pretende llegar a las elecciones municipales vascas de 2003 con un partido cohesionado, porque esos comicios supondrían un banco de pruebas para las elecciones generales de 2004.

Yo, como el «Post»
ANTONIO BURGOS El Mundo 12 Noviembre 2001

Es lástima que no viniera ayer una foto de la mesa de Richard Haass, la mano derecha de Colin Powell en el Departamento de Estado, cuando le decía a Ana Romero que «con respecto a ETA, las cosas han cambiado» en Estados Unidos. Quizá en esa mesa estaban los grandes periódicos americanos del día, el New York Times o The Washington Post, y los boletines de las grandes agencias, Reuter o Associated Press. Esos papeles hubieran sido la prueba del nueve de ese cambio de actitud, que no me creo precisamente leyendo esos papeles. En los últimos días, España ha salido mucho en las gacetas americanas. Por lo de siempre: un coche bomba y un juez asesinado. Y en esas noticias no ha habido el menor cambio. En The Washington Post, el 8 de noviembre, Pamela Rolfe escribía: «Spain is enduring a new wave of violence that police attribute to the Basque armed separatist group ETA, including the assassination of a judge today and a car bomb attack». De calificación de terrorismo, nada. De condena, menos.En el mismo periódico y día, lo de la Torre Picasso es descrito así: «Basque separatists were plotting an attack two years ago on Madrid's tallest skyscraper».

Será cosa del Post, pienso. Para el New York Times sí serán terroristas... Ilusión vana. Leo a Emma Daly, el 4 de noviembre: «New attacks by Basque separatists one month after the Sept.11».Y, antes, el 1 de noviembre, la misma corresponsal: «The police have arrested 13 members of two prisoner support groups, accusing them of belonging to the armed Basque separatist organization E.T.A., which has killed some 800 people in its 30-year struggle for Basque independence». Y para Reuter, lo mismo. Esto fue el coche bomba de Prosperidad en Reuter: «Armed separatist group ETA, which was quickly blamed by Spanish authorities for Tuesday's car bomb, has killed some 800 people in a campaign of bombings and shootings spanning 30 years to back its demand for Basque self-determination». Igual para la Associated Press. Daniel Woolls, desde Madrid, el 7 de noviembre, hasta habla de la patria vasca: «More than 800 people have been killed during ETA's 33-year drive for an independent Basque homeland». Por no citar a la CNN, que el 6 de noviembre decía: «Police and local officials blame the Basque separatist group ETA for the blast. ETA has frequently carried out car- bomb attacks in its 33-year campaign for independence of the northern Basque region».

En España, mientras, condena unánime del régimen terrorista talibán que te crió... Pues como donde las dan las toman, yo de momento, mientras los medios americanos no llamen a la ETA por su nombre, voy a empezar a nombrar a Laden como «filantrópico millonario» y a proclamarlo como «referente moral de los derechos inalienables de la patria afgana». www.antonioburgos.com

Silencio
Espido FREIRE La Razón 12 Noviembre 2001

Ha muerto otra persona, un juez en este caso, se le ha condenado al silencio eterno, y mientras tanto se continúa pidiendo diálogo, y palabras de paz, y posiblemente se inicien interminables debates y más y más sonidos ocultarán los hechos: a una persona, profesor en mi antigua universidad, se le ha negado la oportunidad de una vida corriente, la fecha correcta de su muerte. Ya no hay remedio, se ha vulnerado una vez más el orden, y queda pagar por ello. A los asesinos, a las víctimas y sus familiares, a la sociedad que alberga a ambos.
¿Para quién se habla? ¿A quién se continúa pidiendo paz? ¿Diálogo? ¿Solidaridad? No resulta justo pedir a los que han perdido un padre, un esposo, que perdonen. ¿A quién? ¿A quienes no han pedido perdón? ¿A quienes no se han arrepentido, ni piensan cambiar de táctica? ¿A quienes, desde las plataformas que aún se les permite, reciben un trato democrático que niegan a sus compañeros? Es esperar demasiado. Se ha acogido con alegría la aparición de un héroe anónimo que persiguió a los terroristas; pero no puede pretenderse esa actitud en quienes han sido privados de un ser querido. Demandamos héroes, encontramos mártires. No podemos exigir santos.

Para los ciudadanos no nacionalistas, nada hay por hablar mientras la violencia continúe; las peticiones de los terroristas son doblemente ilegítimas. Por el medio empleado, el miedo, la presión y la muerte. Porque no comparten la idea de un País Vasco independiente. Mientras tanto, padecen el terror, sufren las noticias y lamentan los muertos. Para los ciudadanos nacionalistas tampoco parece haber mucho por hablar. Se consideran los primeros perjudicados por las tácticas terroristas pero tampoco parecen alentar una condena clara de los asesinatos. No creen tener razones para modificar sus pretensiones, y viven la política del gobierno central como desprecios e injerencias. Mientras tanto, defienden sus ideas, su cultura y su concepto de sociedad. Con los terroristas, el diálogo ha sido imposible: incluso cuando se ofrecían razones para la esperanza, cuando las negociaciones llevaron a la tregua, se perseguían otros objetivos. Compraron nuevas armas y lograron nuevos aliados, pistoleros a sueldo y simpatizantes nuevos. Nunca abandonaron las amenazas ni las extorsiones, nunca desapareció el miedo en las calles vascas, no se alteraron las mentes, ni el lenguaje perdió su carga de prevención y cautela, de subterfugios y sinónimos prudentes. Se vuelcan palabras en oídos ciegos.

¿Para quién hablar, por tanto? Porque palabras no faltan: declaraciones públicas, propósitos, nuevas normas, teorías proclamadas en alto, y folletos con contrainformación. Unos hablan, y hablan otros. Nadie escucha, nadie convence a nadie. Durante años hemos buscado trucos, atajos, formas legítimas de llegar a un acuerdo. Creemos decir cosas con sentido, esgrimir argumentos sólidos. Da igual; continuaremos hablando en el vacío, y el vacío absorberá las palabras. Frente a las muertes, sólo existirán silencios.

«Nos han llamado apestados durante 22 años por ser hijos de una víctima del terrorismo»
Los hijos de Jesús Ulayar, ex alcalde de la localidad navarra de Echarri Aranaz asesinado por Eta, relatan a LA RAZÓN las vejaciones, sus encuentros con el pistolero y el abandono de la Iglesia
La familia Ulayar Mundiñano sufrió en 1979 el zarpazo del terrorismo. Eta asesinó al aita, vascoparlante y amante de las tradiciones de su tierra, por haber sido alcalde de Echarri Aranaz en los últimos años del franquismo. Desde aquel día los Ulayar han vivido un ambiente irrespirable: miradas insidiosas, enfrentamientos verbales y físicos con el asesino, y el abandono de la Iglesia, que les recordaba que los etarras no eran terroristas. Veintidós años después, la viuda y los cuatro hijos de Jesús Ulayar ya no viven en la localidad navarra. Allí sólo quedan la tumba del padre y los recuerdos.
Javier Aguilar - Pamplona.- La Razón 12 Noviembre 2001

Sábado, 27 de enero de 1979, ocho de la tarde. Jesús Ulayar Liliaga, ex alcalde de Echarri Aranaz, sale de su domicilio en compañía de su hijo pequeño Salvador, de 13 años, y se dirige hacia su furgoneta. Cuando se dispone a abrir la puerta del vehículo, se acerca un encapuchado armado con una pistola. «Cuando aquel individuo le descerrajó cinco tiros a mi padre, lo primero que sentí fue miedo, porque creí que yo también podía recibir otros cinco tiros», recuerda, como una nebulosa, Salvador Ulayar Mundiñano. Unos meses antes del asesinato, y debido a la tensión que ya se vivía en la localidad, el padre le había dicho a su hijo: «Un día de estos me pegan cuatro tiros». Se equivocó en uno.

Miércoles, 7 de noviembre 2001, ocho de la tarde. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias escucha las vivencias de la viuda de Jesús Ulayar, Rosa Mundiñano Ezcutari, y de tres de sus cuatro hijos, durante el encuentro de Don Felipe con miembros de la delegación navarra de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Allí están Jesús, José Ignacio y Salvador, el más pequeño; falta Mari Nieves, que escuchó desde la cocina los «disparos como petardos» que segaron la vida de su padre.

Soledad y vejaciones
Desde 1979, la vida de la familia Ulayar ha sido una odisea. Pero lejos del relato fantástico de Homero, ésta ha sido una odisea de soledad, de vejaciones e insultos, de olvidos, y de agravios a la memoria de un navarro que hablaba euskera con fluidez, que amaba las tradiciones de su tierra: bailaba el «dantzaki» y cantaba el «Gernikako arbola». Cuando Eta reivindicó su asesinato calificó a Ulayar de «fascista y antivasco».

«Nos han llamado apestados por ser hijos de una víctima de Eta», interviene dolido José Ignacio, el mismo que se encontró con el asesino de su padre recién salido de prisión: «Iba paseando con mi mujer y mi hija, me lo encontré de frente y le llame asesino, sinvergüenza y caradura; él me contestó con una patada en el pecho y llamándome hijoputa». Los vecinos apartaron al agresor, mientras otros avasallaban a la familia vejada.

Toda la familia ha ido abandonando poco a poco el municipio natal de Echarri Aranaz, gobernado ahora por Batasuna; unos por razones profesionales, y otros por el ambiente irrespirable, lejos de la mejor educación para los niños, los nietos que no conoció Jesús Ulayar.

De hecho, los cuatro condenados por el atentado eran de Echarri Aranaz (una sentencia de la Audiencia Nacional condenó en 1980 a los hermanos Vicente y Juan Nazábal a 27 y 22 años de cárcel como autores del asesinato; a Jesús Repáraz , a 12 años por cómplice; y a Eugenio Ulayar ¬hijo de un primo carnal del asesinado¬ a 6 años, como encubridor del crimen). «Desde el primer momento supimos que los autores del asesinato eran del pueblo», señala convencido Salvador, que añade, que «en otros casos, cuando los asesinos no son de allí, funciona muy bien la información, aunque aquí no hizo falta».

Hijos predilectos
José Ignacio ha sido el último en abandonar la localidad, ha vivido cómo los asesinos de su padre fueron nombrados hijos predilectos en 1995, y ha visto como sus fotografías colgaron de la fachada del Ayuntamiento. Por si fuera poco, Juan Nazábal y Jesús Reparaz fueron homenajeados por el Ayuntamiento, al ser los encargados de lanzar el chupinazo que abría las fiestas, mientras en el lugar donde cayó asesinado Ulayar hay hoy tres contenedores de basura. «Cerca de allí está la plaza de los gudaris, donde vivía un miembro de Eta, muerto a manos de la banda, aunque ésta quiso hacer ver que fue la Policía; lo convirtieron en un martir, y en esa plaza nunca pondrían contenedores», comenta con indignación la memoria de Salvador.

El olvido al que han sido sometidos tiene nombres: las Instituciones ¬con excepción del diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo¬ y la Iglesia. Los sacerdotes de Echarri les pidieron que perdonaran y no consideraran terroristas a los miembros de Eta, «¿échale hilo a la cometa!», exclama Salvador. «A pesar del daño que me ha producido la actitud del clero, sigo siendo creyente», reconoce
.
El pequeño de los Ulayar tiene una hija de seis años que hace unos días le preguntó ¿Qué es Eta?; Salvador le respondió: «Unos señores malos». Algún día, dice, le contaré qué pasó.

En el punto de mira de ETA y acosados por el PNV
MADRID. Nieves Colli ABC 12 Noviembre 2001

José María Lidón ha sido el primer juez asesinado por ETA en el País Vasco. Con anterioridad, la banda criminal ya había segado las vidas de otros profesionales de la Justicia en Madrid o en Granada... Jueces y fiscales forman parte de uno más de esos colectivos encuadrados desde hace años en la amplia diana de los terroristas etarras; uno de esos colectivos que, además, sufre desde hace tiempo el acoso del nacionalismo vasco.

La promoción de jueces salida de la Escuela Judicial en 1998 puso en los últimos lugares de sus preferencias ejercer la profesión en el País Vasco. De las 187 plazas vacantes en toda España, nueve correspondían a Juzgados de otros tantos municipios en esa Comunidad. Sólo dos de esas plazas fueron ocupadas por jueces vascos, pues incluso los tres opositores nacidos allí optaron por otros destinos.

Son datos sacados del Boletín Oficial del Estado (BOE) hace tres años. Y son producto de la incómoda y delicada situación que este colectivo doblemente presionado viene soportando en el País Vasco por las amenazas de ETA y el acoso del nacionalismo.

La inclusión de los jueces entre los objetivos de la banda terrorista ETA coincide en el tiempo con la imputación y posterior juicio celebrado por el Tribunal Supremo contra los miembros de la «mesa nacional» de Herri Batasuna, acusados de un delito de colaboración con banda armada por difundir un vídeo de ETA en los espacios gratuitos de propaganda electoral durante la campaña para las elecciones generales celebradas en 1996. En noviembre de 1997, el Supremo condenó a los dirigentes batasunos a siete años de cárcel.

DESPLIEGUE DEL «COMPLEJO» ETA
Ese año, el «complejo» ETA desplegó sus efectivos. HB llegó a hacer públicos los nombres de tres jueces y tres fiscales de Álava -por su «especial beligerancia» contra el mundo proetarra y por «estar al servicio de la Policía»-, en un claro ejercicio de «señalamiento».

Los presos de ETA aportaban su «granito de arena» durante la celebración de los juicios en la Audiencia Nacional al proferir claras amenazas: «No voy a dar explicaciones a esta cuadrilla de fascistas. Vais a caer uno detrás de otro, jueces y fiscales», espetó un miembro del «comando Itxasadar» en septiembre de 1997.

La «kale borroka» cumplía las órdenes de sus superiores y los ataques a las sedes de los Juzgados del País Vasco se unían a las habituales quemas de cajeros automáticos, autobuses y mobiliario urbano.

Un año más tarde, ETA confirmaba en el número de diciembre de 1998 de su boletín interno «Zutabe» lo que ya se sabía, que los jueces y los fiscales se encontraban en su punto de mira. En plena «tregua» (la banda terrorista había anunciado el cese de los atentados en septiembre de ese año) ETA advertía que la violencia callejera no cesaría y apuntaba hacia los profesionales de la Justicia como objeto de «nuestro enojo y falta de paciencia». Los terroristas proponían la quema de sus vehículos particulares o la celebración de concentraciones ante sus domicilios y lugares de trabajo para «marcarles». Asimismo, el incendio de las sedes judiciales.

Los jueces del País Vasco hicieron llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupación por los continuo sabotajes sufridos por las sedes judiciales y las escasas medidas de seguridad de las mismas.

Llegaron a solicitar que el Cuerpo Nacional de Policía les diera unas nociones básicas sobre seguridad, iniciativa que se vio frustrada por el malestar que causó en el Gobierno autonómico que la Policía se inmiscuyera en cuestiones del ámbito de competencia de la Consejería de Interior y de la Ertzaintza.

EN NOMBRE DEL EUSKERA
Y es que el acoso a los jueces no sólo es atribuible al mundo de ETA. Desde el nacionalismo democrático, desde el PNV, se han seguido y amplificado las duras campañas emprendidas por los abertzales en nombre del euskera.

En febrero de 1998, el Sindicato de Abogados Euskaldunes (próximo a HB) advirtió que «marcaría» a los jueces que «obstaculizaran» el derecho de los vascos a ser juzgados en euskera. Herri Batasuna llegó a «invitar» a varios magistrados a abandonar el País Vasco. Panfletos aparecidos en las calles de San Sebastián les conminan a «irse con su circo a España» y les advierte que, de lo contrario, «se atengan a las consecuencias, porque ningún ataque contra el euskera va a quedar sin respuesta».

El respaldo del PNV a las exigencias de los radicales se hizo patente en una conferencia sobre «Poder Judicial» celebrada en enero de 2000 por el Sindicato de Abogados Euskaldunes. En su intervención, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, criticó a los jueces del País Vasco, de quienes afirmó que la mayoría «son de fuera, no saben euskera y no quieren aprenderlo». «Otros muchos, no quiero decir la mayoría -añadió- lo desprecian. Y así vivimos nosotros en nuestro pueblo».

El contencioso lingüístico llevó a numerosos jueces a solicitar el apoyo del CGPJ. Ya en 1998 pidieron su implicación «activa y decidida» en defensa de la legalidad vigente. En 2000, consideraron que manifestaciones como las de Arzalluz «afectan a la paz social».

ESCASO APOYO DEL CGPJ
La tragedia del asesinato de José María Lidón ha hecho saltar de nuevo las alarmas de la difícil situación del colectivo en el País Vasco. En una entrevista publicada ayer por «El Correo», el recientemente nombrado vocal del CGPJ Juan Pablo González se queja del escaso apoyo que prestó el anterior Consejo a los jueces ante «determinadas campañas de acoso».

Desgraciadamente, un juez vasco, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, se adelantó al tiempo en octubre de 1998, durante un congreso en el que se debatió agriamente la cuestión lingüística: «Espero que quienes difunden panfletos contra los jueces en el tema del euskera no asistan al funeral del primer juez que ETA asesine en el País Vasco», dijo.

Un puyazo al vascuence
Carlos IBÁÑEZ QUINTANA La Razón 12 Noviembre 2001

Desde su fundación, en 1920, constituyó la principal preocupación de los miembros de la Academia de la Lengua Vasca, la existencia de varios dialectos literarios. Era necesaria (yo diría mejor conveniente) una unificación que nadie se atrevía a emprender, por las dificultades que entrañaba y los problemas a que daría lugar. En sus sesiones, los académicos empleaban el guipuzcoano completado con aportaciones de otros dialectos.

En la década de los sesenta decidieron «coger el toro por los cuernos» y un grupo de prestigiosos académicos emitieron una serie de normas que constituyeron las bases de lo que hoy llamamos «batúa».

El batúa fue inmediatamente aceptado por los ideólogos de turno, casi todos vinculados a la izquierda marxista, que con un furor sectario venían preguntando: «¿ya sabes batúa?», «¿ya es batúa lo que estudias?» como si quisieran infundirnos el complejo de que lo que hasta entonces habíamos hecho era perder el tiempo por haber estudiado una forma dialectal concreta.

La Academia de la Lengua Vasca se escindió. Algunos se sus miembros formaron otra paralela para fomentar el uso del idioma vivo. Se trataba de escritores de cierta edad, muchos de ellos clérigos.

Se anunciaron muchos males para la vida del idioma debido a la persecución (porque en algunos casos de esto se trataba) que sufrieron los dialectos. Pero los ideólogos, que se creen que su sabiduría tiene el poder de convertir en realidades sus deseos, desde su olimpo despreciaban todas estas advertencias. Cierto es que el batúa hizo posible que en la vida oficial se utilizara un idioma normalizado para rótulos e impresos. Para la declaración de la renta nos facilitaban dos impresos: uno en castellano y otro en vascuence. Hoy sólo nos entregan el que pedimos porque hasta los vascoparlantes empleaban el impreso en castellano.

Pero el problema actual del vascuence es su supervivencia como lengua viva. A pesar de todas las campañas de euskaldunización, de la actividad de las ikastolas, el vascuence muere: sigue perdiendo terreno en la calle y en las familias. El vascuence es más conocido que hace unos años, pero menos usado. Se aprende y no se habla. Ya hace tiempo que nosotros hemos atribuido su pérdida en las familias a la imposición del batúa en las ikastolas. Y hablamos por experiencia, después de haber comprobado cómo una abuela y su nieta desistían de usar el vascuence y pasaban al castellano por no poderse entender.

Se ha celebrado en Bilbao el XV Congreso de Euskaltzaindía ( Academia de la Legua Vasca) bajo el lema «El euskera ante el siglo XXI». En la apertura del mismo, el académico y profesor de Filología de la Universidad del País Vasco KoIdo Zuazo, analizó la situación del idioma en la actualidad. Y según un diario de la Villa, la idea central de su comunicación fue que la estrechez normativa del batúa, frente a la riqueza expresiva de los dialectos y el habla familiar, supone un freno en la atracción de nuevos hablantes y en la capacidad de generar nuevas palabras desde la base de la propia lengua».

El batúa ha sido para el vascuence, si no la estocada o la puntilla (que Dios no lo quiera) un puyazo que pone en peligro su existencia, si no se rectifica ya. El tiempo dirá si el olvido en que se tuvo al vascuence por parte de los gobiernos de Madrid, ha sido más perjudicial para el mismo que la dictatorial actitud de los gobiernos autonómicos nacionalistas, que han impuesto como obligatorio lo que debía haber sido considerado como una recomendación de una institución científica.

Recortes de Prensa   Página Inicial