AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles  2 Enero  2002

Compromiso obligado
Breverías ABC 2 Enero 2002

España, obligada a comprometerse en la guerra de lenguas que se libra en Europa
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal ABC 2 Enero 2002

A los ministros alemanes se les ha olvidado el inglés
BRUSELAS. A. S. corresponsal ABC 2 Enero 2002

Euro e identidad
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  2 Enero 2002

El Repaso: La gran operación del PSOE
Carlos DÁVILA ABC  2 Enero 2002

Las amenazas de Ibarretxe
Editorial ABC  2 Enero 2002

El legado de Nicolás Redondo
MARIO ONAINDIA El Mundo  2 Enero 2002

El triunfo hurtado
Enrique de Diego Libertad Digital  2 Enero 2002

Noticias del limbo
JAVIER PRADERA El País  2 Enero 2002

«Kale borroka» en Nochevieja
El Mundo  2 Enero 2002

Un socialista discreto
ANTONIO ELORZA El Correo 2 Enero 2002

El sistema garantiza la movilidad geográfica de los trabajadores
ABC 2 Enero 2002


Compromiso obligado
Breverías ABC 2 Enero 2002

Sin que nadie se explique las causas, el español ha ido perdiendo terreno, poco a poco, en las instituciones europeas. El último episodio, su exclusión en la Comisión Europea, en beneficio del inglés, el alemán y el francés. La diplomacia española ya ha denunciado esta flagrante discriminación, pero la pelota está ahora en manos del Gobierno español, que debe aprovechar la presidencia europea para, a pesar de la neutralidad que se le impone, comprometerse en la guerra de lenguas que se libra en Europa. Y ese compromiso debe ser una obligación para José María Aznar. O se impone el inglés para todos, o a las lenguas de Shakespeare, Goethe o Racine habrá que sumar la de Cervantes.

España, obligada a comprometerse en la guerra de lenguas que se libra en Europa
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal ABC 2 Enero 2002

El deber de neutralidad que impone la presidencia de la UE no impide que España se vea en la obligación de comprometerse en la guerra de lenguas que se libra en Europa. Al contrario, es la presidencia de turno la que marca el rumbo de la polémica. Situación ante la que nuestro país defiende que, si no
hay más remedio que reducir gastos, la única opción equitativa es la del inglés para todos.

El enconamiento de la actual «guerra de lenguas» en la Unión tiene su origen en la ofensiva mantenida desde hace años por Alemania para que, después de la Ampliación, las únicas tres lenguas de trabajo en la UE sean las de Goethe, Shakespeare y Racine. Es una guerra sorda que nunca se da en el terreno de los principios, sino que se libra en ámbitos endiabladamente técnicos y siempre con la excusa del ahorro por delante. Así, milímetro a milímetro, durante décadas la lengua de Cervantes ha ido perdiendo terreno en las instituciones europeas hasta el punto de haber sido ya expulsada de plazas tan esenciales como la Comisión. En estos últimos años, la diplomacia española ha pasado a adoptar una actitud ligeramente más escrupulosa, al insinuar la flagrante discriminación que supondría la imposición de tres lenguas sobre todas las demás y al admitir que no hay escaramuza pequeña en esta batalla. La presidencia de España durante este semestre impone el deber de neutralidad, pero también fuerza a comprometerse.

LAS REGLAS DEL JUEGO
La presidencia debe velar por las reglas del juego, incluidas las del uso de lenguas. Y en el caso español, además, tendrá que presentar una propuesta de compromiso en la batalla librada en torno a la patente europea, que se ha convertido en la reyerta más emblemática de la actual guerra de lenguas. La propuesta sobre la futura patente europea defendida por el comisario de Mercado Interior, el holandés Frits Bolkestein, pretendía limitar su régimen de lenguas al inglés, francés y alemán para ahorrar. Durante mucho tiempo ésta parecía una controversia meramente técnica en la que se presionaba a nuestro país con la acusación de que se oponía cerrilmente a un plan que sólo pretendía acelerar la competitividad, la ciencia en Europa. Sin embargo, la última propuesta de compromiso preparada por la anterior presidencia belga de la UE presentaba una fórmula más barata que la de Bolkestein, aceptada por España, pero rechazada por Francia y Alemania. Un cambio esencial de estrategia. En apariencia, se mantenía un régimen de lenguas basado en el inglés, francés y alemán. Pero sólo en apariencia. En la práctica, se establecía la posibilidad de presentar la traducción de la patente a una sola de esas tres lenguas. Un sistema que, por la fuerza de los hechos, significaba que, a la hora de la verdad, se optaría siempre por la traducción al inglés que es la lengua que impera en el mundo de la empresa y de la ciencia.

Aquí fue cuando alemanes y franceses se olvidaron del progreso y del ahorro y se opusieron por consideraciones de fondo. Los germanos se apercibieron de que, si se proponen expulsar el español de las instituciones europeas, tendrán que arrollar también la lengua de Molière. Y para Francia no habría mayor hecatombe cultural que la exclusión de su lengua del negocio europeo. Alemania no quiere molestar a la lengua de Moliere porque teme una virulenta respuesta nacionalista. De ahí que, para asegurar un lugar a su idioma, centrase su ataque en el español con el embeleco -tan del gusto galo- de que en el norte de Europa se habla inglés; en el centro, alemán; y en el sur, francés.

LA VÍA MÁS EQUITATIVA
Pero la opción de la presidencia belga no ofrecía duda. Y no por consideraciones nacionalistas, sino de orden práctico. Un sistema basado en el inglés para todos es más económico y competitivo. Y en términos de discriminación, siempre es más equitativo que sean dos países (Reino Unido e Irlanda) los que gozan de ventaja en vez de que sean seis (Alemania, Austria, Reino Unido, Irlanda, Francia, Luxemburgo) los que están en situación de dominio junto a cinco casi indiferentes (Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Finlandia) y cuatro en franca desventaja (España, Italia, Portugal y Grecia). Habrá que ver ahora si la presidencia española persevera en esa vía como la más equitativa. Con la dificultad añadida de que a Francia se le justificará cualquier razón meramente nacionalista, pero que a España se le exigirá objetividad.

A los ministros alemanes se les ha olvidado el inglés
BRUSELAS. A. S. corresponsal ABC 2 Enero 2002

A los ministros germanos, de pronto, se les ha olvidado el idioma inglés. Y no es que el aprendizaje de otras lenguas esté en retroceso en Alemania. Sino todo lo contrario. Se trata de una estratagema más para que, después de la Ampliación, la alemana sea una de las tres lenguas indiscutibles de trabajo en la Unión.

En las denominadas «reuniones informales» de ministros y responsables de los Quince, se habla tanto en inglés como en francés y, cuando algún representante alega un dominio insuficiente de tales lenguas, se añade la traducción al idioma del que lo requiere. Pues bien, desde hace ya algunas décadas, cada vez que los ministros se reúnen «en plan informal» no hay un sólo representante germano que no requiera traducción a su propia lengua.

LA LENGUA DE SCHILLER
No es casualidad. La reclamación, a menudo, era justificada; por ejemplo, en el caso del anterior ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Klaus Kinkel, que apenas chapurreaba la lengua de Samuel Johnson. Pero sería un auténtico despropósito en el caso del actual jefe de la diplomacia germana, Joschka Fischer, que tiene muy buen dominio del idioma de Shakespeare.

Así que, un paso adelante, Alemania exige ahora la traducción a su lengua. Para ello, ponen sobre la mesa el argumento de que la ley le ampara, porque siempre ha sido así. Ejemplo práctico de cómo se dan -y se ganan- las guerras de lenguas en la Unión Europea.

Habrá que ver ahora qué reglas del juego establece la presidencia española de la Unión Europea. La más severa sería eliminar la traducción al alemán cuando el ministro germano de turno tenga buen dominio del inglés. La más suave, aceptar la traducción al español, italiano y demás lenguas cuando se le solicite. No se recuperaría con ello el terreno ya ocupado por el alemán, pero se remacharía el precedente de que cualquier ministro -no sólo el representante germano- tiene el derecho a hablar su propia lengua, aunque se defiendan más o menos en inglés.

La lengua de Schiller no tendría preeminencia sobre el resto de los idiomas. Aunque también se pueden dejar las cosas como están: en francés, inglés y alemán.

Euro e identidad
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  2 Enero 2002

Los nacionalistas han puesto de moda, para nuestra desgracia, la cuestión de la identidad, transformando lo que debiera ser natural y casi inconsciente en un problema lacerante. De hecho, practican una refinada versión psicológica de la guerra biológica al fabricar un inmaterial virus letal que, una vez inoculado en el cándido espíritu de las víctimas, las transforma en consumidoras ansiosas del antídoto que únicamente ¬y ahí está el truco¬ ellos están en condiciones de administrar, llámese autodeterminación, independencia, normalización lingüística o presencia diferenciada con voz y voto en los consejos europeos. La única forma de combatir su refinada maldad es por elevación, es decir, incorporando al imaginario colectivo nuevas identidades cada vez más amplias desprovistas de la carga venenosa de lo étnico. Por eso, además de por todas las razones de orden económico que tan bien se han explicado, hay que dar una cálida y esperanzada bienvenida al euro.

Porque el euro posee una fuerte capacidad generadora de identidad y la prueba está en la reacción de los ciudadanos en el primer día de circulación de la nueva divisa. A pesar de que existe un período de seis meses para cambiar en los bancos las pesetas que aún estén en nuestros bolsillos, de que las tarjetas de crédito funcionen ya en euros sin ningún problema, de que la totalidad de cajeros automáticos suministrarán billetes de uso corriente en un par de semanas, y de que se pueden seguir utilizando pesetas hasta fin de febrero, muchos de nuestros buenos compatriotas han invertido varias horas de una mañana festiva en hacer largas colas para obtener los preciados papelitos, como si les fuera en ello la existencia.

Semejante comportamiento no es racional y a poco que se analice resulta absurdo. Consumir un preciado tiempo de asueto de pie en la calle o en una entidad financiera para realizar una operación que no es en absoluto urgente ha de obedecer a motivaciones de carácter atávico impermeables al análisis imparcial y objetivo. En efecto, el hecho de que centenares de miles de españoles se hayan precipitado a las ventanillas de bancos y cajas el primero de enero para obtener unos cuantos billetes que pueden conseguir sin ninguna molestia más adelante, y de los que hay suficiente cantidad en circulación como para alejar el más mínimo temor de escasez, sólo se explica a la luz de un enfoque identitario. La sensación que ha cundido es que si no tienes euros en la cartera no es que no seas nadie, es que no eres. Y éste es un sentimiento insoportable que arrastra a los mayores sacrificios para evitarlo.

Gloria y larga vida al euro, pues, porque viene a sustituir en parte la raza, la lengua o el recuerdo morboso de viejos agravios por el gusto por el comercio, la libertad de movimientos y un futuro sin fronteras en el que una única moneda sea el vehículo de una fraternidad sin banderas ni cañones.

El Repaso: La gran operación del PSOE
Por Carlos DÁVILA ABC  2 Enero 2002

Da pereza empezar el capicúa como se terminó el primer año del XXI: con el recurrente asunto vasco como asunto-estrella. Pero la renuncia-trampa que, en los estertores del 2001, perpetró el PNV para hacer pasable (para los incautos) su exigencia de entrar en Europa por la vía espuria de un reconocimiento estatal que nunca tendrá y, sobre todo, la gran operación que comienza a dibujarse tanto en el País Vasco como para España toda, exigen la primera información del año.

Protagonista de ella es el PSOE más que el Partido Socialista de Euskadi, que está virando su estrategia y su propia filosofía con una rapidez que se asemeja a la furia de un converso. De la confrontación con el nacionalismo, del convencimiento de que es imprescindible una alternativa al movimiento secesionista, se ha pasado a la apuesta por la colaboración o, como dice el nítido Odón Elorza, a una revisión general del marco existente del autogobierno. Claramente, a una superación no solo del propio Estatuto, sino incluso de la misma Constitución. Y esta no es sólo una operación vasca; lo es sobre todo española.

El objetivo final que han diseñado los precipitados ejecutivos del PSOE nacional es un acuerdo con nacionalistas y regionalistas de todo jaez, desde el PNV, pasando por Convergencia, y acabando por los catalanistas mallorquines, los fenicios andaluces de Rojas Marcos o los marxistas (lo reconoce Beiras) del Bloque Gallego, para intentar en el 2004 el desalojo del PP. La operación se ha realizado en el tubo de ensayo balear, quedó frustrada, gracias a los resultados de Fraga, en Galicia, está funcionando peor que mal en Aragón y ha llevado a ciudades como Sevilla a la inacción, cuando no al despilfarro o la corrupción. Que se consulte si no a nuestro amigo Carlos Herrera. Es una construcción heterogénea de «todos contra el PP», para la que se fabrica ahora mismo el cimiento vasco.

Quien antes ha recaído en la fórmula es Batasuna, porque Otegi y sus antiguos etarras podrán ser colaboradores de los asesinos, tirando por lo bajo, pero no son tontos o, mejor, no son memos los incógnitos jefes de cuello blanco que, probablemente desde despachos aparentemente respetables de Bilbao o San Sebastián, son los auténticos budas del criminal etarrismo. Y como los tales se han dado cuenta, han posibilitado que Ibarretxe tenga ya aprobados sus Presupuestos. Es decir, que mientras el PSOE gesta la operación, el PNV juega a dos barajas con el fin, eso sí, de que esta vez el PSOE pueda suscribir un Estella-2. El tiempo nos dará razón. González, con su odio, Maragall con su idea y Zapatero con su zafia debilidad nada angélica, son los protagonistas.

Las amenazas de Ibarretxe
Editorial ABC  2 Enero 2002

El año nuevo ha sido poco novedoso en la actitud del Gobierno vasco ante los problemas que dejó abiertos al finalizar el 2001. El lendakari se muestra dispuesto a prolongar la crisis política sobre el Concierto Económico todo lo que sea preciso para mantener el estado de enfrentamiento con el Gobierno central, demostrar a Batasuna que es capaz de hacer una política soberanista sin nuevos pactos de Estella y comprometer el proceso de reflexión interna de los socialistas vascos. Hallándose éstos inmersos en un debate sobre un nuevo discurso que les dará otras coordenadas entre el nacionalismo y el PP, la polémica sobre el Concierto es un gravamen para su reflexión y, al mismo tiempo, una tentación para utilizarla, en algún momento, como ocasión para dar imagen de las distancias marcadas con los populares.

Las críticas de la clase empresarial vasca por el empecinamiento de Ibarretxe en condicionar la renovación pactada del Concierto a la presencia de las instituciones vascas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, ha influido, junto con la propia arbitrariedad de la exigencia, en la última oferta que el Gobierno vasco remitió el día 31 de diciembre al Central. Oferta que mantiene la misma exigencia, pero en dos fases. El Ejecutivo vasco propone aprobar el Concierto sin el pacto sobre la Unión Europea pero con el compromiso de que el Gobierno central acepte negociarlo en el plazo de seis meses, en el seno de la Comisión Mixta del Cupo y con el resultado que el Gobierno de Ibarretxe predetermina en su escrito. La oferta, en sus propios términos, no difiere sustancialmente de lo que se ha venido discutiendo en los últimos meses. Incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado que endurece las propuestas iniciales. Así, mientras la renovación pactada del Concierto se mantenga condicionada, de una forma u otra, a la presencia de las instituciones vascas en comunitarias, el problema seguirá siendo el mismo, porque a lo que se opone el Gobierno es tanto al procedimiento -vincular ambas cuestiones, a pesar de ser heterogéneas- como al resultado -dar presencia directa a la autonomía vasca-. Las variaciones de ambos elementos no alteran el producto político, pero sí revelan que el nacionalismo está dispuesto a explotar las divergencias con el Gobierno central más allá de lo razonable, que es donde acaban situándose la mayoría de las propuestas del nacionalismo, desde los pactos de 1998 con ETA y la izquierda radical.

Las incógnitas que se plantean ahora se refieren al contenido de las anunciadas «medidas jurídicas, políticas y económicas» que hoy hará públicas Ibarretxe tras la reunión de su Consejo de Gobierno. Dado que los portavoces de su Ejecutivo niegan la vigencia del Concierto, pese a estar prorrogado por Ley del Parlamento nacional, las amenazas de Ibarretxe pueden tomar cuerpo en el impago del Cupo o en la dejación de otras obligaciones públicas, inaugurando un período de lo que desde la prensa nacionalista se ha llamado «desobediencia soberana vasca». La otra incógnita es la respuesta de los socialistas vascos, quienes no podrán permanecer durante mucho tiempo al margen de esta polémica, porque constituye un pulso al Estado con una finalidad rupturista, lo que aconseja dejar a un lado actitudes mediadoras, quizá útiles en tiempos pasados cuando la ambigüedad del nacionalismo permitía mediaciones y puentes. Ahora ya no hay ambigüedades para nadie ante una actitud públicamente declarada como soberanista y que facilita la definición política del Gobierno central. Sin embargo, entre tanta confusión, la propaganda nacionalista sobre la culpa de Aznar -porque, para el PNV, la culpa siempre es de Aznar- apenas puede tapar la realidad de que el Concierto sí está vigente gracias al Parlamento Nacional, de que el Gobierno central había cerrado el acuerdo con Vitoria y las Diputaciones Forales sobre el cupo y las normas tributarias del Concierto y de que cada vez es más visible la obsesión de Ibarretxe y del PNV por crear, a toda costa, el máximo nivel de conflicto con el Estado.

El legado de Nicolás Redondo
MARIO ONAINDIA El Mundo  2 Enero 2002

Repuestos de la sorpresa de la dimisión de Nicolás Redondo y una vez que la gestora que le ha sustituido está en plena actividad, parece llegado el momento de hacer un balance de lo que ha representado la aportación de su Secretaría General al socialismo vasco.

Quienes consideran que sus desencuentros con el nacionalismo respondían poco menos que a una manía personal deberían tener en cuenta que lo primero que hizo Nicolás Redondo cuando fue propuesto para la Secretaría General fue reunirse con los representantes del socialismo guipuzcoano, Jesús Eguiguren y Manolo Huertas, para proponerles el desarrollo de una estrategia que pasara por un pacto estratégico con el nacionalismo, capaz de profundizar la política desarrollada anteriormente por Ramón Jáuregui, confiando en que su biografía y la de su familia despertarían menos recelos entre las bases más tradicionales del socialismo vizcaíno.

Si esta estrategia no pudo llevarse a la práctica no fue por falta de voluntad política de los socialistas, sino porque, antes de la celebración del Congreso en que fue nombrado Secretario General, se produjo un hecho transcendental que cambió el panorama político vasco: el asesinato de Miguel Angel Blanco y el surgimiento del espíritu de Ermua, así como la reacción del PNV ante este nuevo escenario, como gustan llamar.

La primera reacción del lehendakari Ardanza consistió en intentar ponerse a la cabeza de la revuelta democrática contra el terrorismo, que dio pie a unos encuentros con los socialistas en los que se intentó diseñar una estrategia común, con vistas a un nuevo posible acuerdo de gobierno. Si esta estrategia hubiera cuajado, por primera vez los vascos habrían contado con un Gobierno autonómico dotado de una estrategia clara no sólo contra ETA sino de defensa y legitimación del sistema democrático.

No todos los socialistas compartían esta estrategia; al contrario, paradójicamente, los dirigentes que tenían una mayor experiencia de colaboración con el nacionalismo en gobiernos de coalición, desde Fernando Buesa a Rosa Díaz pasando por Maturana, eran quienes más vivamente desconfiaban de la viabilidad de esta política.

Los hechos les darían pronto la razón porque, sin dejar de hablar con los socialistas, los dirigentes del PNV pactaban con ETA y ponían en marcha el Pacto de Estella que, si bien trajo una tregua del terrorismo de los comandos de ETA, produjo no sólo la marginación política del socialismo, sino el acoso de sus militantes que vieron cómo no pasaba ni un solo día sin que arrasaran una Casa del Pueblo.

Al romperse la tregua se abrió uno de los periodos más duros para la militancia socialista, sólo superado por la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. Vimos cómo numerosos dirigentes del partido eran vilmente asesinados por defender no sus ideas, sino las leyes que garantizan la libertad de todos.

Y durante este bienio negro, Nicolás Redondo no dejó de mantener contacto con los nacionalistas democráticos para facilitar su giro hacia la alianza con los demócratas. Pero los sucesivos fracasos de la estrategia soberanista en las urnas, lejos de facilitar este giro, sólo servían para que se enrocasen cada vez más en sus posturas. Ya las elecciones municipales y forales pusieron en evidencia que el proyecto soberanista carecía de los apoyos democráticos necesasarios, pero el PNV persistió en su estrategia aliándose con Herri Batasuna en los municipios.

Las elecciones del 13 de mayo de 2001 no produjeron el cambio de Gobierno por la atracción del voto nacionalista radical hacia el PNV EA, pero tampoco significaron el triunfo del nacionalismo soberanista, en la medida en que 33 diputados están lejos de la mayoría parlamentaria, incluso si se suman los tres de Izquierda Unida, como estamos comprobando en el debate presupuestario, a pesar de las arbitrariedades de Juan María Atutxa.

Lo más curioso del comportamiento de los socialistas vascos es que hayamos sabido resistir con extraordinaria dignidad las peores circunstancias de acoso imaginables, en las que nuestra capacidad de respuesta estaba limitada por la estrategia del PP que pretendía convertir a Aznar en el referente social de los vascos perseguidos y acosados y al ministro del Interior en lehendakari, y, sin embargo, que, cuando se vislumbra el fracaso de la estrategia soberanista por falta de apoyo parlamentario, lejos de administrar esta victoria con flexibilidad e inteligencia hagamos estallar todas las contradicciones internas.

Así las cosas, la dimisión de Nicolás Redondo no aparece motivada por cuestiones estrictamente políticas, en la medida en que la inmensa mayoría de los socialistas vascos está de acuerdo con la política de su grupo parlamentario de mostrar las insuficiencias de la estrategia soberanista de Ibarretxe pero abriendo a la vez vías de colaboración con aquellos sectores más autonomistas, como los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, siempre que se acepten una condiciones políticas mínimas que lleven a una defensa y legitimación del sistema democrático. Pero ello no indica que haya sido irresponsable o frívola. Porque lo cierto es que existen diferencias objetivas de orden más profundo, tanto ideológico como estratégico.

Desde siempre, desde mucho antes de compartir militancia, he sido un admirador de las ideas de Jesús Eguiguren sobre los derechos históricos recogidos en la disposición adicional de la Constitución y su posible desarrollo, y pocos políticos como él me han enseñado a comprender la realidad política de Guipúzcoa, tanto de los socialistas como incluso de Batasuna. Pero creo sinceramente que algunas ideas que figuran en su Documento, como la existencia del contencioso vasco tal como aparece formulado o la posibilidad de la aplicación de la vía de Québec al caso vasco, no me parecen un desarrollo lógico de sus ideas anteriores, sino un corte cualitativo respecto a ellas, que llevaría al PSE a anteponer el acuerdo con el nacionalismo a la defensa de la libertad. Lo creo sinceramente.

El Documento de Nicolás Redondo, por otra parte, me parece una aportación sustancial para definir el socialismo, no sólo vasco, sino español y europeo, del siglo XXI, en la medida en que supera la tradición liberal para engarzar con concepciones propias de la democracia cívica, vitales e imprescindibles para ofrecer argumentos a los vascos acosados y perseguidos para defender el sistema democrático de libertades.

Curiosamente, este radicalismo de los objetivos y de los perfiles del socialismo es el que permite un acuerdo con otras fuerzas políticas, particularmente las nacionalistas. Durante 20 años no ha sido posible que se cumpla la utopía de que el nacionalismo vasco deje de poner disposiciones adicionales a los acuerdos fundamentales entre las fuerzas democráticas, señalando que no renuncia a sus objetivos y por tanto restando legitimidad al resultado del acuerdo. No creo que sea distinto en el futuro.El pacto con los nacionalistas no puede ser, por tanto, para que éstos cambien de naturaleza, sino que debe explicarse dentro de la estrategia socialista de defensa de la libertad y del sistema democrático que la ampara.

Quizá es en este terreno donde se manifiestan mayores lagunas del Documento de Nicolás, lógicamente, porque está pensado para una Conferencia y no para un Congreso.

Es cierto, sin embargo, que ambos documentos contienen numerosas ideas comunes que constituyen el patrimonio de todos los militantes, pero no es menos cierto que encierran concepciones diferentes sobre el papel de los socialistas en la sociedad vasca. Y no se debería privar al conjunto de la militancia, soberana en cada congreso, del derecho de debatir y decidir una cuestión tan transcendental para la libertad en Euskadi, en nombre del acuerdo de supuestas sensibilidades (Dios mío, ¿quién habrá inventado un término tan cursi para describir algo tan prosaico como el poder territorial? No es menos graciosa la diferenciación entre vasquistas y españolistas, adjetivos que sólo tienen sentido para los nacionalistas).

Con todo, considero que las dos grandes aportaciones de Nicolás Redondo al socialismo vasco consisten en el Pacto por las Libertades, un empeño casi personal, extraído de la experiencia irlandesa, en el que por primera vez se pone en primer plano la defensa de la libertad, más que de la paz, y de las leyes que la amparan.Y en segundo lugar, Nicolás Redondo quizá haya sido el primer secretario general socialista que se ha percatado de que si el socialismo vasco quiere jugar un papel decisivo en la política vasca para alcanzar la libertad y la justicia, sin ser un mero moderador del PNV o del PP, es preciso un partido cohesionado en torno a una ideología sólida y una estrategia clara y no una confederación de familias o de sensibilidades que hacen la guerra por su cuenta.

Sería una pena que los socialistas vascos olvidaran estas experiencias y cayeran en el autoengaño de considerar que fue culpa nuestra o más en concreto de Nicolás Redondo el giro soberanista del nacionalismo. Y sería imperdonable que olvidáramos que la relación con el nacionalismo es una cuestión de estrategia política y no de talante y mucho menos de imagen.

Mario Onaindia es presidente del PSE EE en Alava y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

El triunfo hurtado
Enrique de Diego Libertad Digital  2 Enero 2002

El plante en el debate de los presupuestos del ejecutivo vasco ha tenido efectos homeopáticos. Ha puesto en evidencia lo obvio. Es decir, que el PNV, ni tras haber fagocitado en las listas a EA, ni tras haber comprado el concurso del saltimbanqui de Madrazo, tiene mayoría absoluta, ni puede asegurar la estabilidad, salvo por la condescendencia de los terroristas representados por Batasuna. Ibarretxe no sólo sigue instalado en la dinámica de Estella -su infantil pulso en el Concierto se mueve en esa mala dirección- sino que gobierna gracias a ese esquema. Batasuna forma parte del equipo gubernamental, bien que de forma tácita. Las referencias de Ibarretxe a que deberían formar gobierno los constitucionalistas y Batasuna no es más que un ejercicio de cinismo de la ultraderecha nacionalista vasca, pues es ella la que gobierna en coalición implícita con los batasunos, a cambio de sustanciosas subvenciones que, en cualquier sitio donde no se haya perdido tanto el sentido común, se considerarían financiación del terrorismo.

Pero entre esos efectos homeopáticos está también la operación de acoso contra Nicolás Redondo diseñada desde Prisa y Gobelas, asumida por Ferraz y ejecutada por los Patxi López y los Odón Elorza. Contra la evidencia de los datos, se decidió que las elecciones habían sido un fracaso y que el chivo expiatorio debía ser Nicolás Redondo. A pesar del acierto de su estrategia, que impidió la desbandada de votantes en aras del voto útil, los intereses mediáticos y los resentimientos de Felipe se anteponen a los del proyecto nacional y al del mínimo democrático de lucha a favor de la libertad personal. La sumisión al nacionalismo se percibe en la recaída en el cinismo de los nuevos dirigentes del socialismo vasco. Acusar a Mayor Oreja de dañar las relaciones entre el PSOE y el PP por mostrarse dispuesto a ser la alternativa en solitario no deja de ser un insulto a la inteligencia cuando es la relación con el PP lo que se diaboliza desde el PSOE para intentar enterrar a Redondo y su legado

La cuestión que no parece haberse planteado la “guardería” -con ese inefable personaje de José Blanco, cuyo fracaso en Galicia es notorio- es qué coste electoral tendría para el PSOE presentarse a unas elecciones nacionales con la propuesta de trocear la piel de toro, siendo los vástagos de Pablo Iglesias los mamporreros de la saga de Arana o proponiendo una reforma constitucional para abrir la espita de la secesión. El 13 de mayo hubo un triunfo del constitucionalismo que los grupos de presión decidieron hurtar desde la misma noche electoral. En esto están.

Noticias del limbo
JAVIER PRADERA El País  2 Enero 2002

No tuvo el pasado 21 de diciembre su mejor día la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; dos autos suyos de esa fecha pusieron en libertad bajo fianza -de una parte- a seis procesados por pertenencia a banda armada (como presuntos miembros de EKIN, 'el aparato político de ETA', según el juez instructor Baltasar Garzón) y - de otra- a Carlos Ruiz Santamaría, procesado por la Operación Temple (el frustrado intento de introducir en España 10 toneladas de cocaína en julio de 1999), que se dio a la fuga nada más ser excarcelado. Ni el espíritu navideño, ni las garantías constitucionales sirven para explicar esas dos desatinadas resoluciones; algunos cinéfilos podrían interpretarlas incluso como una indeseada consecuencia del golpe de Estado en el infierno anunciado por Agustín Díaz Yanes en su inquietante película Sin noticias de Dios: la decisión de suprimir la igualdad ante la ley satánica de los condenados al fuego eterno, a fin de favorecer a los réprobos con poder suficiente para corromper o intimidar a los tribunales de Lucifer, se habría propagado también a la Tierra. Resulta más probable, sin embargo, que las benevolentes excarcelaciones decididas por la Sección Cuarta hayan sido dictadas desde el limbo y no desde las hirvientes calderas de Pedro Botero.

Coincidentes a la hora de otorgar la libertad provisional a unos procesados mantenidos en prisión por el juez Garzón, los autos del 21 de diciembre difieren, sin embargo, en aspectos muy relevantes. Varía, así, la tipificación penal de los comportamientos delictivos: pertenencia a banda armada o narcotráfico, según los casos. Un magistrado de la Sección Cuarta discrepó de sus dos compañeros a la hora de poner en libertad a los seis procesados del caso EKIN; en cambio, la excarcelación de Carlos Ruiz Santamaría fue adoptada por unanimidad. Los dos procesos no sólo se hallan en fases diferentes de tramitación sino que el juicio oral correspondiente será fallado por distintos tribunales de la Audiencia Nacional: de un lado, los presuntos terroristas ahora en libertad serán juzgados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, una vez que Garzón concluya su trabajo -todavía abierto- de instrucción; de otro lado, el sumario de la Operación Temple fue ya cerrado por Garzón y su vista oral, fijada para el 14 de enero, correrá a cargo de la misma Sección Cuarta cuya falta de celo acaba de hacer posible la fuga de Ruiz Santamaría.

Aunque los dos autos han causado un considerable revuelo, sólo la excarcelación del presunto narcotraficante podría poner en marcha expedientes disciplinarios o peticiones fiscales contra los magistrados de la Sección Cuarta. Las libertades bajo fianza del caso EKIN, por criticables que sean, no han sorprendido a nadie. Las discrepancias jurídico-técnicas con Baltasar Garzón de los magistrados Carlos Cezón y José Luis López Ortega sobre la definición de terrorismo y el organigrama de ETA les había llevado previamente a revocar autos de prisión y de procesamiento dictados por el juez instructor contra miembros de la constelación siempre cambiante de siglas legales, alegales e ilegales (KAS, EKIN, Xaki, Jarrai, Haika, Gestoras, etc.) que forma parte de la banda armada. Si bien el voto discrepante del magistrado Carlos Ollero es más convincente y ajustado a derecho que el candoroso auto de sus dos compañeros de tribunal, Carlos Cezón y José Luis López Ortega no incurren en responsabilidades disciplinarias o penales por el mero hecho de avencindarse en el limbo y negar la evidencia de que ETA no es sino el puzzle construido por las diferentes piezas del rompecabezas.

En cualquier caso, la fuga de Carlos Ruiz Santamaría, cuya verdadera identidad y auténtica nacionalidad no se conocen todavía a ciencia cierta, ha superado la capacidad de comprender o disculpar los errores judiciales. La excarcelación domiciliaria -veinte días antes de la celebración del juicio oral- de un procesado que se enfrenta con una petición fiscal de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas de multa por un delito de narcotráfico no puede ser justificada con el argumento de que su depresión necesita tratamiento médico: ¿para qué existen entonces los hospitales penitenciarios? De nuevo, sólo la residencia en el limbo descargaría a los magistrados de sospechas desagradables capaces de enviarles al purgatorio o al infierno.

«Kale borroka» en Nochevieja
Un grupo organizado de jóvenes «abertzales» provocó importantes disturbios en Vizcaya
El Mundo  2 Enero 2002

BILBAO. Los jóvenes radicales vascos quisieron ser, una vez más, los protagonistas de la última noche del año en el País Vasco.

Un grupo de 40 encapuchados, que actuaban perfectamente organizados, atacaron la madrugada de ayer con cócteles incendiarios lanzados contra varias sucursales bancarias de la localidad vizcaína de Gernika y contra patrullas de la Ertzaintza, aunque no se produjeron víctimas.

Los incidentes comenzaron hacia las tres de la madrugada del Año Nuevo, cuando un grupo organizado de desconocidos arrojaron artefactos incendiarios contra las entidades ubicadas en las calles Adolfo Urioste e Industria de la citada localidad, que causaron destrozos en cuatro sucursales.

Varias patrullas de la Policía Autonómica vasca se desplazaron al lugar de los hechos y el grupo de encapuchados lanzó contra ellas más cócteles molotov.

Las primeras investigaciones policiales señalaron que los participantes en los disturbios, además de causar destrozos materiales, tenían sin embargo como objetivo principal preparar emboscadas contra las patrullas de la Ertzaintza que acudieran, aunque los agentes las evitaron.

Los ertzainas localizaron en las cercanías de la Casa de Juntas de Gernika alrededor de cuarenta cohetes sin explosionar, una lanzadera para dirigir los artefactos, seis cócteles molotov, guantes de látex y capuchas que los participantes en las algaradas habían dejado allí depositado, con lo que se evitó que este material pudiera ser utilizado en nuevos ataques.

Asimismo, fueron retirados tres bidones con diez litros de gasolina y pólvora adherida con una mecha, que se encontraban colocados junto a diferentes entidades bancarias y que, presumiblemente, hubieran causado importantes destrozos en ellas de llegar a explosionar.

Doce horas antes de estos incidentes, un artefacto explosivo estalló en la entrada de una sucursal de Bankoa-Crédit Agricole de San Sebastián, en cuyo interior se encontraban cuatro personas que resultaron ilesas, informaron los bomberos de la capital guipuzcoana.

La bomba explotó pasadas las tres de la tarde del lunes, minutos después de que dos individuos entraran en la sucursal que esta entidad tiene en la calle San Marcial de la capital donostiarra y alertaran a los cuatro empleados que se hallaban en su interior de que habían colocado un artefacto junto a la puerta, tras lo que se dieron a la fuga, según explicaron fuentes de la entidad.

Los empleados se refugiaron en un sótano hasta que, tras la deflagración, una dotación de bomberos desplazada al lugar les ayudó a salir de la oficina sin que sufrieran heridas y los daños materiales fueron escasos.

La bomba consistía en un artefacto de fabricación casera compuesto por un aerosol y líquido inflamable.

Durante la noche del lunes también se produjeron ataques de kale borroka en la localidad navarra de Villava.

Un grupo de encapuchados atacó con cócteles molotov a las furgonetas de la Policía Nacional que habían acudido a Villava con motivo de una manifestación en favor del acercamiento de los presos vascos a prisiones de esta comunidad, que se celebraba en esa localidad, salpicando con ácido a una agente y a un joven que se encontraba en las proximidades.

Los incidentes tuvieron lugar pasadas las ocho de la noche del lunes, al término de dicha manifestación, momento en el que un grupo de encapuchados salieron de la calle Esteban Armendariz con unos cócteles molotov que habían recogido en las cercanías.

Los encapuchados, según relató el alcalde de la localidad, Alfonso Ucar, lanzaron los artefactos incendiarios contra las furgonetas de la Policía Nacional y alcanzaron a una de ellas, causando daños materiales en el vehículo y salpicando con ácido a la agente que la conducía.

Asimismo, un joven que se encontraba en las cercanías también fue alcanzado por el líquido y presentó una denuncia por estos hechos.

Los cócteles lanzados por los radicales abertzales impactaron además contra la fachada de la Iglesia de San Andrés y el suelo, según precisó Ucar, quien apuntó que los artefactos «estaban muy bien preparados».

Un socialista discreto
ANTONIO ELORZA El Correo 2 Enero 2002

En un reciente seminario de especialistas, el politólogo Francisco Llera presentó las conclusiones que cabía extraer de su serie de Euskobarómetros. Su intervención se cerraba destacando las posibilidades que se abrían para una política autonomista en Euskadi si tenía lugar una renuncia, «por activa o por pasiva, de los beneficios políticos colaterales de la red terrorista» y se provocaba la asfixia de la subcultura totalitaria de exclusión y de muerte que rodea a ETA.

De ahí podían deducir los oyentes una doble exigencia: de adhesión firme del PNV a la legalidad democrática, rechazando la tentación de seguir proporcionando coartadas ideológicas al nacionalismo radical, y de coordinación de los dos partidos estatutistas, más allá de la necesaria posición conjunta frente al terrorismo, ofreciendo soluciones tanto para la gobernabilidad vasca como para las reformas legales que fuesen necesarias para hacer que, por ejemplo, el Senado dejase de ser un recinto inútil y se convirtiese en una verdadera Cámara territorial. Paradójicamente, el nuevo clima internacional surgido del 11-S, muy poco propicio a ensayos tipo Lizarra, y el descubrimiento por parte del PNV, al llegar los Presupuestos, de que no había obtenido mayoría absoluta en las elecciones, favorecían las expectativas de su reconciliación con la realidad vasca.

El esquema era bien claro: sólo faltaba que respondieran los actores. Casi siempre soy pesimista, y en este caso mis reservas no concernían al nacionalismo democrático, que siempre que ve las cosas mal gira hacia el pragmatismo con tal de mantenerse en el poder, sino a las expectativas que cabía abrigar respecto de los partidos constitucionalistas; del PP en cuanto a su disposición hacia la reforma federalizante, y del PSE por su fragilidad. Nada excluía que se sumasen las vacilaciones de la dirección de Madrid y la disidencia pronacionalista en la propia Euskadi. La primera, dispuesta tras el fracaso del pactismo a marcar distancias a toda costa frente al Gobierno -incluso con maniobras como el extraño viaje de Zapatero a Marruecos, salvado sólo por la torpe agresividad de Aznar-, bien podía sentirse incómoda con la convergencia renovada de las actitudes de PSE y PP en el boicot a los Presupuestos. Y en la misma medida resultaba muy difícil el cumplimiento de la premisa de mantener la firmeza frente a un PNV que seguía eludiendo sus promesas de ‘diálogo’.

Claro que una cosa era el diagnóstico de fragilidad y otra el colapso registrado un par de días después, de cuyas verdaderas razones sólo puede informar con precisión Nicolás Redondo Terreros. Vistas las cosas desde el exterior, la sensación es que al secretario general del PSE se le abrió el suelo bajo los pies. Muy posiblemente, no había contado en un principio con que el proyecto de ponencia redactado por Eguiguren, por encima de la danza india en torno a la autodeterminación, encerrase un jaque al rey respecto de su línea política. Ni que el conflicto fuera embrollándose cada vez más. Pero sobre todo debió de sorprenderle que en plena confrontación sobre los Presupuestos le llegaran desde Madrid señales de abierta desconfianza, culminadas con el fax de Benegas, que de haberse aceptado en cuanto al aplazamiento desencadenaba inevitablemente una mediación entre partes supuestamente iguales. A pesar de ello, no parece haber sido consciente de que el tándem Zapatero-Blanco deseaba de todo corazón librarse de él. Su dimisión no fue así el principio de una lucha democrática por afirmar la mayoría de su proyecto en el congreso de los socialistas vascos, sino un salto en el vacío del que ya resulta casi imposible recuperarse. Sus propuestas para la gestora fueron arrojadas directamente a la basura. Y por culpa suya, tampoco la conferencia pos-dimisión aclaró nada.

Los últimos movimientos de Nicolás Redondo evocan el estilo político de tantos líderes históricos de la margen izquierda, incluido su padre, que un viejo militante me describiera al hablar de Facundo Perezagua: «Era flexible como una barra de hierro». Además, ya no hay minas, ni altos hornos, ni navieras, y de esa transformación sufre sin duda el socialismo vasco, superviviente en Vizcaya a favor de una cultura política de defensa de los trabajadores cuya base económica tradicional ha desaparecido.

La mencionada rigidez tiene, no obstante, su vertiente positiva: tal y como refleja su documento base, Redondo ofrecía un proyecto político bien definido para el País Vasco de hoy, perfectamente alineado con la tradición democrática y autonomista del socialismo vasco. Un proyecto diáfano en su defensa de la unidad democrática frente a ETA, en la reivindicación del Estatuto como marco irrenunciable hoy para toda alianza, en el rechazo de que exista un ‘contencioso vasco’ causado por una supuesta situación de opresión sufrida por Euskadi y, por consiguiente, en la oposición tajante a la idea de independencia que persiguen las corrientes nacionalistas desde un enfoque que lleva a suprimir el pluralismo de la sociedad vasca. Y por ello, mientras el PNV siga en las nubes de la indeterminada autodeterminación, la oposición a su Gobierno resulta inexcusable para los socialistas vascos. ¿Más claro? Lo cual, sería preciso añadir, no excluye el deseo profundo de entenderse con un PNV, por muy independentista que sea, siempre que en su acción política se sitúe dentro de la legalidad estatutaria y constitucional, evitando las constantes derivas hacia la autodeterminación que son otras tantas razones para que ETA y Batasuna sigan en sus trece.

La coherencia constitucionalista procuró ya muchas críticas a este socialista discreto y poco brillante cuando en 1997 salió del Gobierno vasco como respuesta al viraje anti-Estatuto del PNV. Y sobre todo, Redondo se convirtió en el saco de los golpes tras las elecciones del 13-M, en las que cumplió con dignidad la difícil tarea de una alianza con el PP contra el nacionalismo que al parecer para muchos, desde magnates de la prensa al coro de equidistantes, era algo aberrante, pues suponía el sacrilegio de intentar desalojar del Gobierno a un PNV que lo ocupa por derecho propio y con vocación de eternidad. Pocas imágenes habrán dañado tanto a un político como la de Fernando Savater alzando los brazos de Redondo y Mayor en el acto de Basta Ya. Ahora Redondo ha caído. Pero las primeras palabras de Jáuregui se limitan a ser eco de las suyas, salvo en el guiño hacia un nacionalismo que debe «cumplir las reglas». ¿Cuáles? Primer signo de que entre Redondo y Madrazo el espacio resulta muy estrecho para una tercera vía, a no ser que lo importante sea aislar al PP. Objetivo bien dudoso en la actual situación vasca.

El sistema garantiza la movilidad geográfica de los trabajadores
ABC 2 Enero 2002

Si el nuevo Sistema Nacional de Salud debe garantizar una sanidad igual para todos los ciudadanos, no es menos cierto que también debe asegurar la igualdad de oportunidades para sus trabajadores. En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad se asegura que el Estatuto marco básico del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) garantizará la movilidad geográfica para que un médico, un enfermero u otro trabajador del SNS pueda desempeñar su labor en cualquier Comunidad Autónoma. Asimismo debe garantizar la formación, el desarrollo de una carrera profesional y una política clara de expectativas de promoción.

En cuanto a las retribuciones de estos trabajadores, la norma fijará unos criterios de retribución básicos y homogéneos para todas las Autonomías, si bien éstas tendrán la capacidad de fijar unas retribuciones complementarias atendiendo a multitud de criterios: objetivos de calidad, listas de espera, características asistenciales, tipo de centros, etc.

Atendiendo a los datos que para 2000 proporcionó la Confederación Española de Sindicatos Médicos, tal y como puede apreciarse en el gráfico, de las siete Comunidades que ya tenían competencias transferidas tenían unas retribuciones más altas Navarra, Canarias y País Vasco, con unas diferencias entre un 15 y un 30 por ciento superiores a las retribuciones en el territorio Insalud.

Esta es una cuestión que preocupa a los sindicatos y que tendrán oportunidad de discutir en la nueva mesa sectorial del Sistema Nacional de Salud -recogida en la futura Ley de Coordinación del SNS-, donde estarán representados todos los sindicatos a nivel nacional,

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