AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 5 Enero  2002
#El patriotismo sin patria
Edurne URIARTE, profesora de Ciencia Política de la UPV ABC 5 Enero 2002

#PATRIOTISMO Y SOCIEDAD ABIERTA
ALFONSO DE LA VEGA La Voz  5 Enero 2002

#Salirse del sistema
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  5 Enero 2002

#El problema es Zapatero, no Redondo
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Enero 2002

#Ibarretxe encuentra compañeros de viaje
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  5 Enero 2002

#El proyecto de España del PSOE
Cartas al Director ABC  5 Enero 2002

#El PP dice que un Gobierno que no paga impuestos no puede exigir a los ciudadanos vascos que abonen los suyos
Cartas al Director ABC  5 Enero 2002

#El PP ve a Batasuna tras la estrategia del PNV
Efe - Vitoria.- La Razón 5 Enero 2002

#Enrique Villar: «La desobediencia civil de Ibarretxe es lo más grave que ha ocurrido en la democracia»
VITORIA. J. J.Saldaña ABC 5 Enero 2002

#La historia interminable
FERNANDO VALLESPÍN El País 5 Enero 2002

El patriotismo sin patria
Edurne URIARTE, profesora de Ciencia Política de la UPV ABC 5 Enero 2002

POR fin estamos hablando en España de patriotismo. Y eso es bueno, porque durante 25 años el patriotismo se había convertido en una palabra casi tabú. Pero como los tabúes no se rompen de la noche a la mañana, de momento hemos recuperado el concepto, pero no tanto el objeto final de su contenido, es decir, la nación española.

La propuesta del patriotismo constitucional es una buena forma de comenzar con la recuperación de un debate urgentemente necesario en España. Pero la obsesión por el adjetivo de constitucional, incluso en quien está liderando la recuperación, es decir, el Partido Popular, y, sobre todo, el empeño del PSOE en relacionar este concepto con los fantasmas del pasado, muestran que las élites políticas e intelectuales españolas tienen todavía un largo camino por recorrer para normalizar las relaciones con su nación.

Todavía hoy en día, en España tenemos que disculparnos por decir que nos sentimos españoles. Y calificar a España como una nación sigue pareciendo una osadía. Es siempre más recomendable hablar de país, o de la pluralidad española, o de la España de las autonomías. O, lo que es siempre socorrido, de la Constitución que nos une, o de nuestro sistema político. Cualquier fórmula es válida, siempre que se evite conceder a España una identidad histórica y cultural y la capacidad de ser algo más que la suma de sus partes, es decir, las autonomías, las naciones, las auténticas identidades culturales e históricas que accidentalmente se han reunido bajo una construcción artificial a la que han llamado España.

España es hoy en día lo que le dejan ser sus autonomías, y, sobre todo, esos nacionalismos periféricos que dictan en este país lo que se debe y lo que no se debe decir, lo que es «progresista» y lo que no, y, desde luego, lo que es nación y lo que no es. Los nacionalistas sentenciaron hace tiempo que España y lo español eran intrínsecamente perversos y que las únicas identidades culturales e históricas válidas eran las que ellos se acababan de construir. Y es sorprendente la enorme capacidad que han tenido para vaciar de contenido a la palabra España, mucho más allá de los límites de sus propias comunidades.

Ciertamente, el franquismo y sus consecuencias han tenido mucho que ver. Como la única memoria de patriotismo español que conservamos es la del franquismo, hay mucha gente incapaz de superar ese fantasma del pasado, empeñada en ver tics franquistas en cualquier alusión a la patria española o a la nación, como si el patriotismo lo hubiera inventado el franquismo, o como si los españoles fuéramos los únicos occidentales incapaces de ser demócratas y patriotas al mismo tiempo.

La recuperación de la nación española es, en primer lugar, un signo de libertad y de superación del pasado. Porque cuando ya ha pasado un cuarto de siglo desde el fin de la dictadura, es hora de poder hablar de España sin complejos, de recuperar el derecho a una identidad histórica y cultural, el derecho a una españolidad, abierta, plural y democrática, claro está, pero españolidad, al fin y al cabo. Porque la apertura, la pluralidad y la democracia están más que consolidadas, pero la españolidad es todavía un capítulo pendiente de nuestra normalización democrática.

En segundo lugar, España ha completado una fase de su etapa democrática y comienza otra en la que ya no valen los esquemas del pasado. El pasado es la historia de la descentralización, de la construcción autonómica, del fortalecimiento de las posibilidades de expresión de las identidades regionales. Todo eso era necesario, pero ya se ha realizado. España le ha dado una respuesta mucho más generosa y profunda que cualquiera de sus democracias vecinas. España ya ha aprobado esa asignatura, pero le ha dedicado tantos esfuerzos que ha descuidado otras tareas que son las que ahora hay que abordar.

Sobre todo, España se ha descuidado a sí misma. España es hoy lo que son sus autonomías, la suma de las partes, pero parece no tener entidad ni identidad propia, como si hubiera nacido cuando nacieron sus autonomías, y como si los siglos de historia anteriores, nuestra lengua común o la identidad española fueran inventos franquistas que la democracia tuviera que suprimir.

Después de 25 años de respuesta a todo tipo de reivindicaciones regionales, España debe recuperar esa entidad común sobre la que se han articulado las autonomías. La recuperación de esa entidad común, de ese eje central cohesionador y articulador, debe presidir una nueva fase de nuestra democracia en la que es preciso dar por cerrada la construcción autonómica. En primer lugar, porque ya no hay nada más que ofrecer a los nacionalismos periféricos cuando todas sus reivindicaciones históricas han sido atendidas. En segundo lugar, porque estos nacionalismos han conseguido instaurar una dinámica de la eterna insatisfacción, de la reivindicación permanente, del discurso del agravio, del victimismo estructural, de la culpabilización de España, que ha pervertido llamativamente nuestra cultura política. Y, en tercer lugar, porque ya ha quedado mostrado que la profundización de la disolución de España no sacia las ansias de poder nacionalista sino que exacerba aún más su actitud de cuestionamiento hacia la legitimidad y estabilidad del proyecto común.

El discurso sobre el concepto de España o sobre los intereses de España no puede seguir siendo dictado por las apetencias y la estrategia de los nacionalismos vasco y catalán. Y, sin embargo, las reacciones de algunos intelectuales ante el planteamiento del patriotismo constitucional, blandiendo los peligros del franquismo o de los patriotismos no democráticos del pasado, muestra en qué medida parte de la sociedad española vive todavía atrapada por el pasado y sometida a la imposición permanente de los nacionalismos periféricos. El federalismo asimétrico de Maragall que, sorprendentemente, todo el PSOE acaba de adoptar, no es sino una prolongación más de una articulación de España hecha a medida de los nacionalismos.

Pero España es algo más que lo que pretenden los nacionalismos vasco y catalán. Y el concepto de patriotismo constitucional es útil para poner en el primer plano de debate la necesidad de abrir una nueva etapa de la política española de fortalecimiento del proyecto político común que nos une a los españoles por encima de nuestras autonomías y de nuestras peculiaridades culturales. Que ese proyecto está presidido por el consenso político alrededor de la Constitución es obvio, que lo que nos une son principios políticos y no étnicos también. Pero ese proyecto se llama España, y eso es algo más que su Constitución, y es hora de superar los complejos históricos que nos siguen impidiendo reconocerlo, mal que les pese a los nacionalistas vascos y catalanes.

PATRIOTISMO Y SOCIEDAD ABIERTA
ALFONSO DE LA VEGA La Voz  5 Enero 2002

Desde que Popper escribiera su famoso libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos, algunos de ellos han perdido importancia; otros, por el contrario, como el nacionalismo y la rama islámica del integrismo religioso, se han exacerbado, dando lugar, en sus formas más virulentas, al terrorismo.

En Occidente, a favor de la popperiana sociedad abierta, lucharon la Ilustración, la Enciclopedia, la Revolución Francesa. Su plasmación fue la instauración más o menos estable y profunda de una concepción laica de entender la legislación y de tratar de fundamentar la Moral pública y el ejercicio de la ciudadanía en lo que tienen de común todos los hombres. En España, estos ideales ilustrados, mejor o peor desarrollados e instrumentados, se trataron de restablecer con la actual Constitución. Sin embargo, desde el siglo XIX, el integrismo religioso y sus estrechos aliados los nacionalismos representan instrumentos de la reacción de la sociedad cerrada contra los intentos de construir una sociedad abierta.

Ahora, con el término patriotismo constitucional, políticos del PSOE y del PP parecen referirse al caso que estoy comentando, es decir, la razón de la sociedad abierta frente al mantenimiento de las sociedades cerradas. Se trata de un término quizás contradictorio al menos en su aspecto etimológico, (patriota deriva de estado paterno, justificación del movimiento oligárquico ateniense) y en el caso español, además paradójico, puesto que la Constitución de 1978 resulta tan ambigua que si bien realiza una apuesta clara por la sociedad abierta, ha permitido la creación de embriones de sociedades cerradas o su mantenimiento so pretexto de tradición foral (en este aspecto, los padres de la Constitución de 1812 lo tenían más claro).

Sin llegar a la degradación del País Vasco, la observación de la realidad política española nos permite apuntar la hipótesis de que el sistema autonómico viene siendo instrumentado más por los valedores de las sociedades cerradas que por los de las sociedades abiertas. En efecto, el sistema parece funcionar de modo que en la práctica impide la alternancia sean cuales sean los partidos gobernantes en cada comunidad autónoma. En el caso de comunidades con nacionalistas, es decir, con formaciones partidarias por definición de las sociedades cerradas en las que basan su propia supervivencia, el instrumento suele ser la falsificación cultural e histórica y la manipulación de las emociones. En casi todas, el clientelismo hábilmente explotado por las formaciones gobernantes o al menos la exaltación del ombliguismo localista (es decir, la exaltación de ser vascos, catalanes, gallegos, andaluces o castellanos) conspiran contra las razones de la ciudadanía (ser españoles, miembros de un pueblo soberano y unido que viven en una u otra región) para progresar en la convivencia civil democrática para la que es condición sine qua non la posibilidad real de alternancia política entre formaciones sinceramente partidarias de dicha sociedad abierta y la gestión neutral y objetiva de las cuestiones técnicas.

El patriotismo constitucional, si significa algo positivo, debería ser la profundización en la realización de la sociedad abierta en España, también en el coto aparentemente cerrado y bloqueado de las autonomías. Ya veremos lo que queda del patriotismo constitucional si no se logra una nueva mayoría absoluta por parte de cualquiera de los grandes partidos.

En el siglo XXI, y con las amenazas actuales, la patria no es ya herencia de la oligarquía como en la época ateniense, sino la voluntad consciente de formar parte de la humanidad libre, tolerante y responsable así como de combatir los contravalores que la asolan. Pero, eufemismos aparte, el patriotismo constitucional ya está inventado con otro nombre: los clásicos valores republicanos que configuran la sociedad abierta cuya plasmación política se llama la República.

Salirse del sistema
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  5 Enero 2002

Asombra la sutileza con la que se desenvuelve Ibarretxe: saca a todos los consejeros como si les hubieran puesto en el paredón, y pronuncia un discurso en el que sólo le faltó soltar dos tacos. Sin duda, lo que hace es poner un gran telón de humo para ocultar su pésima situación interna: dado que no tiene el Parlamento ganado, quiere ganarse la calle, aunque sea por las bravas.

En un momento en el que España se está ocupando de cosas importantes ¬Euro, Presidencia de la UE, persecución del terrorismo, etc.¬, Ibarretxe insiste en que tiene una urgencia que quiere resolver a costa de lo que sea. Su aprieto le provoca una suerte de flatulencias que está dispuesto a pedorrear sin disimulo: ha llegado a la conclusión de que ser presidente regional es poco y quiere convertirse jefe de Estado para sentarse en los órganos políticos de la Unión. Y le dicen que, oiga, es que usted no gobierna un país, sino una región a la que llamamos «país», pero su «país» no es un país para el resto de los países. Su decisión es salirse del sistema. Amenaza con saltarse la Ley al más puro estilo de la kale borroca, con la diferencia de que los consejeros no llevan capucha junto al paredón, pero la impresión es la misma: dicen que o hacemos lo que quieren, o se van. Dicen que van a circular por la autopista en dirección contraria y que si nos chocamos, la culpa es de los demás. Dicen que o hablan en Europa o no reconocen a España. Es una risa.

El ministro de Hacienda, Montoro, a todas éstas, tiene que andar escogiendo las palabras con sumo cuidado, bajando el tono, acertando en las expresiones... Porque si se le ocurre contestar con las mismas bravuconadas de Ibarretxe, le crucifican. Y queda una pregunta ¿qué pasa si se sale del sistema? Pues nada, que sería muy gracioso ver a Ibarretxe exiliado de la España democrática del siglo XXI. Al paso que va, le quedan dos telediarios para anunciarlo.

El problema es Zapatero, no Redondo
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Enero 2002

El PP agranda su distancia electoral respecto al PSOE. A Zapatero sólo le queda confiar en los errores del contrario más que en sus aciertos. En los últimos tiempos sus errores son tan llamativos que parece difícil que el PP los iguale. A este paso el socialista puede convertir la sucesión de Aznar en un trámite.

Los datos son, en ese sentido, tozudos e indican que el PSOE tiene mucho más un problema Zapatero que un problema Redondo, pues Nicolás era -y espero que siga siendo- una solución. El secretario general ni tan siquiera ha iniciado algo parecido a un proceso de renovación ideológica. Atenazado por los lastres heredados -Felipe González y la poco santa compaña- Zapatero cada día se hunde más por la senda ya recorrida por Joaquín Almunia, poniendo buena cara a estrategias viejas, caducas y amortizadas.

En el País Vasco no lo está haciendo mal, lo está haciendo rematadamente mal. Está dilapidando su mejor activo. Lo de Patxi López parece un chiste de batzoki. Se comprende cada vez más por qué Zapatero sigue siendo bien valorado mientras su partido se hunde: los militantes y votantes del PP le dan una alta valoración porque no resulta inquietante. No, desde luego, en términos electorales, pero en la cuestión clave de la convivencia común y la defensa de la libertad empieza a ser un riesgo. Nicolás Redondo sería mejor secretario general del PSOE y lo votaría más gente en unas elecciones generales. Zapatero no está ni a sus zapatos.

Ibarretxe encuentra compañeros de viaje
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  5 Enero 2002

Tal vez ni el propio Juan José Ibarretxe sepa con certeza qué clase de camino es el que ha emprendido con su desafío abierto a la legalidad constitucional, ni mucho menos a dónde conduce esa tortuosa senda, pero curiosamente no ha tardado mucho en encontrar compañeros dispuestos a compartir con él las peripecias del viaje: a su izquierda política (porque si algo define al PNV es su carácter profundamente conservador y representante de la más rancia derecha sociológica), un sector considerable de la vieja guardia socialista dispuesto a cualquier cosa con tal de entorpecer la labor del Gobierno del PP. A su derecha nacionalista (es decir; en el espacio que ocupan los euskonazis partidarios de imponer a tiros en la nuca su peculiar visión de un País Vasco independiente, étnicamente puro y regido por un pensamiento tan único como mezquino), una Batasuna siempre pronta a acudir en ayuda de su retaguardia conforme a las normas de funcionamiento de esa sociedad de auxilios mutuos que conforman los nacionalistas de uno u otro signo con el fin de impedir eventuales acercamientos pecaminosos a un partido español como el PSOE.

De modo que sin más estrategia que la de intentar gestionar día a día esa apuesta soberanista plasmada en el último programa electoral del PNV, que sin embargo no termina de producir el salto lógico definitivo a la ruptura con las instituciones del Estado, el jefe del Ejecutivo autónomo vasco acaba de sumar a sus filas dos poderosos aliados que, sin compartir medios, tiempos o incluso fines, anteponen en sus respectivos cálculos el deseo de perjudicar al Gobierno de España y/o al PP, a la voluntad de no hacer el juego al partido al que dicen oponerse.

En el caso de Batasuna, cuya dirección armada se sabe acosada como en 1998 y necesitada, al igual que entonces, de toda la cobertura política que puedan proporcionarle sus socios de Estella, las motivaciones no presentan demasiadas interrogantes. Las razones de fondo de algunos dirigentes socialistas así como de ciertos influyentes columnistas y editorialistas de importantes medios de comunicación, que llevan meses predicando la necesidad de que el socialismo vasco se aleje de las posiciones que comparte con el PP, aun a costa de enterrar cualquier esperanza de alternativa democrática en las urnas y quebrar el bloque constitucionalista que resiste valerosamente a la doble presión de la mayoría peneuvista y las pistolas de ETA, ésas ya no están tan claras.

Ya sea por puro despecho, ya por convicción genuina o simplemente por necesidad de marcar distancias en todos los terrenos con un partido que consolida encuesta tras encuesta su liderazgo, lo cierto es que en esta ocasión el campo elegido para esta partida resulta estar sembrado de minas y ya ha provocado una víctima cuyo pronóstico es por el momento reservado: se trata de Nicolás Redondo Terreros, abandonado a su suerte por la Ejecutiva Federal de su partido y forzado a dimitir para mantener su discurso y su dignidad personal y política, que hace balance en estos momentos de las fuerzas con las que puede contar antes de decidir si presenta finalmente batalla frente a sus enemigos u opta por aceptar el cómodo retiro dorado que se le ofrece en Madrid.

Y mientras Redondo deshoja la margarita, Ibarretxe (sabiamente aleccionado por Arzalluz, que mantiene cordialísimas relaciones con algunos socialistas paisanos y foráneos) prosigue su escalada de provocaciones gratuitas, en la certeza de que la prudencia del Gobierno y del Estado español harán que sus desafueros de cara a la galería nacionalista no causen quebranto alguno a los ciudadanos vascos. O sea, que una vez más el PNV juega al victimismo irresponsable con las cartas marcadas y todos los ases en su mano, mientras un sector del PSOE juega a repartir culpas desde la equidistancia bienpensante, dejando en la cuneta a una parte considerable de su propio electorado. ¿A que jugará Zapatero en última instancia?

EL ENIGMA
Los trabajos de Mayor Zaragoza
Observatorio. Adivina, adivinanza: ¿Cuánto ha cobrado del Gobierno vasco Federico Mayor Zaragoza por presentar el denominado Observatorio de Derechos Humanos (que patrocina y supervisa el citado Ejecutivo de Ibarretxe) y cómo ha caído la participación estelar del ex director general de la UNESCO en dicha actividad, entre algunos dirigentes de foros y fundaciones a las que había sido invitado a incorporarse precisamente en su condición de máximo representante del organismo de Naciones Unidas para la promoción de la Cultura?

EL PERSONAJE
Los «exploradores» de Arzalluz
La interlocución. Gorka Agirre, Joseba Egibar y Juan Mari Ollora, tres dirigentes del PNV que históricamente han desempeñado y probablemente estén desempeñado en estos momentos el papel de interlocutores con ETA, en busca de una tregua, son conocidos en medios políticos y periodísticos madrileños como «El Trío de la Bencina». Pues bien, en fuentes nacionalistas a estos tres personajes no se les denomina de ese modo, sino de otro mucho más elocuente: responden ante sus compañeros al significativo apelativo de «Los Exploradores».

LA NOTICIA
Cuidados remunerados
La atención. El Ministerio de Trabajo prepara un proyecto destinado a garantizar que el cuidado habitual de personas ancianas o discapacitadas pueda ser considerado como una actividad laboral similar al servicio doméstico, que con unas cotizaciones mínimas (como las que actualmente gravan la citada modalidad) abran la puerta a la percepción de las principales prestaciones sociales, empezando por una pensión de jubilación. El obstáculo consiste en fijar la cuantía de la remuneración a percibir por este trabajo y la de la consiguiente cotización.

El proyecto de España del PSOE
Cartas al Director ABC  5 Enero 2002

En las últimas semanas, hemos asistido al desesperado intento de algunos significados socialistas (vascos y no vascos), por diferenciarse del PP en Euskadi. El problema estriba en que la principal batalla que libra el PP en aquellas tierras es la de la defensa de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la vida y la libertad de todos los vascos. ¿Qué problema tienen algunos socialistas en seguir estas directrices básicas? Los Elorza, Eguiguren, González y compañía parecen haber olvidado que, en el País Vasco, quienes hace tiempo han roto la baraja son los nacionalistas. Ayer firmaban con ETA un infame pacto para lograr la independencia; hoy amenazan con incumplir la legalidad en el contencioso del «cupo», sin tan siquiera plantearse el seguir las vías de impugnación que el Estado de Derecho reconoce para recurrir la decisión del Parlamento. El problema del PSOE es que todavía no sabemos cuál es su proyecto de España, si es que lo tiene.

Las iniciales esperanzas depositadas en Rodríguez Zapatero han acabado sucumbiendo ante su falta de liderazgo interno. David Miranda Riera. Barcelona.

El PP dice que un Gobierno que no paga impuestos no puede exigir a los ciudadanos vascos que abonen los suyos
BILBAO. ABC  5 Enero 2002

El portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, considera «patético» que el mismo Ejecutivo que decide no pagar todo el cupo pretenda al día siguiente tranquilizar a la sociedad. «Ningún Gobierno que incumple sus obligaciones legales puede exigir a los ciudadanos que cumplamos con las nuestras», afirmó Barreda. El dirigente popular manifestó en declaraciones a Vasco Press que «si el lendakari o las Diputaciones no cumplen con sus obligaciones legales, tampoco podrán exigir a los ciudadanos que paguen lo que les corresponda, por ejemplo, el IRPF».

A juicio del portavoz del PP, el vacío jurídico en materia de concierto económico no se ha producido, porque el Gobierno ha prorrogado la vigencia de la ley, «garantizando así el marco para el ejercicio de las competencias forales y las relaciones económicas-financieras en la Comunidad autónoma», resaltó.

Barreda considera «paradójico» que sea el Gobierno vasco quien tranquilice a los ciudadanos ante la actual situación, cuando ha sido el Gabinete de lbarretxe quien, con su «bravata», ha cometido la «irresponsabilidad» de hacer un llamamiento a la «insumisión fiscal».

Además, el portavoz del PP vasco pidió al Gobierno autonómico que retire su exigencia europea no sólo de su propuesta para la renovación del concierto, sino de toda negociación con el fin de que pueda haber un acuerdo con el Estado.

En declaraciones a Europa Press, Barreda dijo que «lo grave» de toda esta cuestión «no es el tema económico», en alusión a la negativa del Ejecutivo autonómico a pagar el cupo, sino que, en su opinión, se trata de una «amenaza» al concierto económico. Barreda señaló que «lo que hace falta es que, de una vez, el Gobierno vasco haga un ejercicio de responsabilidad y elimine todas las cuestiones políticas ajenas al concierto, en especial el asuntos europeo».

Para el dirigente popular, «es necesario que no se condicione la firma del concierto a nada que tenga que ver con Europa, porque nada que tenga ver con la UE forma parte de la norma vasca. Es evidente que, si se dejan de poner condiciones políticas, no hay ninguna dificultad para el acuerdo».

El PP ve a Batasuna tras la estrategia del PNV
Efe - Vitoria.- La Razón 5 Enero 2002

El secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, aseguró ayer que «es obvia la complacencia y satisfacción que se aprecia en las filas de Batasuna y en el entorno de Eta ante el escenario de enfrentamiento que se vive entre las instituciones central y vasca, a raíz de la postura de desafío planteada por el Gobierno de Ibarreche con motivo de la negociación del Concierto Económico».

A su juicio, «Batasuna ha encontrado en el PNV, con su actual posición de beligerancia e insumisión a las reglas de juego del Estado de Derecho, un aliado perfecto para recrudecer su ofensiva de ruptura con las instituciones».

«La estrategia de tensar la cuerda de la legalidad planteada en este momento por el Ejecutivo de Ibarreche, en capítulos como la ley del Concierto Económico o en el forzamiento de la votación por separado de las enmiendas en el debate de los Presupuestos vascos, no hace más que reforzar la sintonía de objetivos entre el PNV y Batasuna».

Barrio destacó que, actualmente, ambas formaciones se encuentran interpretando la misma partitura aunque con diferentes letras, y «eso no hace más que dar oxígeno y argumentos a los violento».

Por otra parte, el portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, advirtió que «un Gobierno que no paga sus impuestos, no puede exigir a los ciudadanos que paguen los suyos», en referencia a la decisión del Ejecutivo vasco sobre el Cupo que debe abonar al Estado.

«Si el lendakari o las Diputaciones no cumplen sus obligaciones legales, tampoco podrán exigir a los ciudadanos que paguen lo que les corresponda, por ejemplo, en el IRPF», sentenció.

Enrique Villar: «La desobediencia civil de Ibarretxe es lo más grave que ha ocurrido en la democracia»
VITORIA. J. J.Saldaña ABC 5 Enero 2002

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, asegura que «la desobediencia civil» respecto al concierto económico y al cupo vasco proclamada por el presidente del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe, «es lo más grave que ha ocurrido en el periodo democrático». Advierte de que las leyes, gusten o no, están para cumplirlas y que el Estado tiene «todos los argumentos y medios» para hacer efectivo su cumplimiento.

Villar reitera, asimismo, que si el Gobierno se lo ordena, «no me temblará la mano» para impedir la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Una afirmación que le puede acarrear, a petición de Batasuna y con el apoyo del tripartito vasco, que el parlamento autonómico le declare «persona non grata», prohibiéndole el acceso a la cámara vasca. «Que sepan que ni sus querellas, ni sus medidas administrativas me van a impedir intentar ejercitar mi libertad personal», subraya.

-Parece que el Gobierno vasco ha comenzado el año con las cartas encima de la mesa al proclamar la desobediencia civil.
-El concierto económico es una firma de confianza que está premiada de poder político, económico y legislativo. Por ello está reñida con ese exceso soberanista que tiene el gobierno nacionalista y por eso no lo han firmado. A pesar de que casi todo eran ventajas para los vascos, han preferido una política partidista que les permita mantener el tipo soberanista.

INDEPENDENCIA A PLAZOS
-¿Estamos ante un salto cualitativo en la línea rupturista del PNV?
-Lo que están intentando es una independencia a plazos. Y por independencia a plazos se puede entender Estella, Udalbiltza y salidas de tono como las que ha habido. Esto es, ni más ni menos, una independencia a plazos, que no van a conseguir.

-Ante esa estrategia, ¿qué puede hacer el Estado?
-Simplemente, el Estado tiene que ser muy delicado en el cumplimiento de la ley. El PNV lleva mucho tiempo incumpliendo la ley en muchas cosas, por ejemplo, en algo que puede parecer nimio, la ley de banderas. Las leyes hay que cambiarlas si no gustan pero, en cualquier caso, hay que cumplirlas. El Estado tiene todos los argumentos y todos los medios para hacer cumplir la ley. Ese es el campo estricto en el que el Gobierno debe mantener su actuación. En cuanto nos salgamos lo más mínimo perderemos la razón en valor total.

-¿Qué ocurrirá con el concierto económico ante la negativa de Ibarretxe a pagar el cupo?
-Puede ocurrir que simplemente sea una bravuconada y que no llegue a más. En todo caso el Gobierno lo que tiene que hacer es intentar que se cumpla la ley.

-Sí, pero ¿cómo?
-No tengo que decir al Gobierno lo que tiene que hacer, pero hay muchas cuentas de «haber» y de «debe» y en alguna de ellas se podrá cobrar por adelantado. Tampoco lo sé porque no soy un especialista y porque, lo primero, no quiero que esto ocurra. Esta situación es algo muy malo para el País Vasco. Se lo han dicho ya al PNV los empresarios y el presidente de la Diputación de Álava, que lo único que ha hecho es tender puentes y buscar continuamente soluciones y, sin embargo, los nacionalistas lo tratan poco menos que de traidor.

-¿Asistimos a una crisis institucional sin precedentes en el País Vasco?
-Este mal ejemplo de desobediencia civil es lo mas grave que ha ocurrido por lo menos en el periodo democrático. Sí que podemos estar, en ese sentido, en el momento mas álgido. Les pido que que se dejen de fanfarronadas y que esto acabe, que cumplamos todos la ley por el bien fundamental de Euskadi y de los vascos.

-¿Es posible que el Ministerio de Hacienda materialice un acuerdo con la Diputación de Álava para renovar el concierto?
-Ramón Rabanera, diputado general de Álava, ha dicho con claridad que él quiere procedimientos normales y, en ningún caso, procedimientos anormales. Por lo tanto, no pongamos en boca del diputado general cosas que no son, lo que él quiere es un acuerdo. Ahora, aquí es una tontería el refrán castellano de que «dos no riñen si uno no quiere» porque si es necesario, algunos meterán el dedo en el ojo las veces que sea necesario para que el otro se enfade.

-Pero, ¿habrá o no acuerdo unilateral con Álava?
-No quiero ponerme en el peor de los escenarios. Hasta llegar a él hay una gran cantidad de pasos intermedios. Personalmente, es una solución que no me gustaría. La solución tienen que ser global pero hay que poner por parte de todos.

FUGA EMPRESARIAL
-¿Tiene datos para alertar sobre una fuga empresarial?
-No tengo datos, pero sí sentido común. El dinero necesita seguridad y rentabilidad y sin lo primero, no se puede dar la segundo. En una situación como en la que estamos no hay, por lo menos, una seguridad jurídica. Esta bravuconada del presidente del Ejecutivo vasco y de su equipo, sus once muchachos, debe terminarse cuanto antes.

-¿El aviso de Arzalluz de un año «muy fuerte», de contraataque, y las triquiñuelas parlamentarias de Ibarretxe pretenden poner al Estatuto contra la pared?
-Ibarretxe obedece a su peor consejero y jefe. Antes el autor de los exabruptos era Arzalluz y no nos extrañaba. Lo preocupante hoy es que es el presidente del Gobierno vasco el autor de los exabruptos, y además respaldado por todo su equipo, por todo su gobierno.

-¿Qué opina del auxilio de Batasuna al Gobierno? ¿Estamos ante un Lizarra-2?
-Se le llame como se le llame, la aprobación de los presupuestos ha sido gracias al apoyo de Batasuna al tripartito. No sé que les han ofrecido, pero evidentemente llegaron a un acuerdo para hacer que estos señores cambiaran de actitud y se presentaran en el parlamento. Tampoco me duelen prendas a la hora de decir que, al margen del procedimiento de engaño que ha utilizado Atutxa para los votaciones, es preferible que se aprueben los presupuestos y no que funcione una prórroga por segundo año consecutivo.

-Ante la crisis desatada en el PSE-EE, ¿baraja una posible ruptura del pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito por PP y PSOE?
-Entra dentro de lo posible si ganan en el congreso las personas que aparentemente están tomando posiciones de poder. Una cosa que no entiendo es que uno sea «arte y parte», ya que es muy difícil ser candidato y ser de la gestora, pero eso es una cosa que tiene que resolver la ética de cada partido.

NICOLÁS REDONDO
-¿A quién beneficia más el giro que ahora plantean, de ser la «alternativa» al nacionalismo de Redondo a la de la «colaboración» de Eguiguren o Jáuregui?
-Es un movimiento interno en el que no voy a entrar, aunque sí voy a hablar en positivo para decir que para mí Nicolás Redondo ha sido un hombre de palabra, cabal, y que ha visto que el problema de este país es la alternativa. Todos los demás que con su pan se equivoquen.

-¿Cómo explica que ahora el PSE haya hecho frente común con el PNV y defienda que es viable la presencia de Euskadi en Europa y que lo que pasa es que el PP no tiene «cintura»?
-Al señor Jáuregui también le he visto un poquitín más gordo de lo habitual, por lo tanto debe andar también con menos cintura para repetir las cosas de siempre. El Estado tiene buena voluntad y hay una comisión en la que se pueden reunir para tratar temas que lleguen después directamente a la UE. No pasa nada porque un señor de un Lander vaya a una comisión como puede ir un día un vasco al frente de una determinada comisión, pero eso es porque lo decide el Estado no porque se lo impongan.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
-¿Ha visto, al igual que los socialistas, una mejora en el trato del Gobierno de Ibarretxe a las víctimas del terrorismo?
-¿Cuándo no ha querido constituir una comisión específica de víctimas del terrorismo, precisamente no asistiendo para que no hubiera quórum? Los que llevamos muchos años aquí queremos tener buena voluntad pero, desde luego, de tontos ni un pelo.

-¿Acaso el nacionalismo trata de desactivar la acción cívica contra ETA?
-En algunos casos sí es así. Si son equivocaciones o direcciones de Gobierno ellos lo sabrán. Pero está claro que si es esto último, lo van a pagar.

-¿Cree que ETA prepara junto al PNV una nueva tregua?
-No lo sé. Pero siempre que no vaya por delante la entrega de las armas, será como dijimos algunos en la época de Lizarra, una tregua-trampa.

«No me temblaría la mano para impedir un referéndum»
En su «bagaje» como delegado del Gobierno en el País Vasco -cargo que ocupa desde 1996-, Enrique Villar recopila dos querellas, una de ellas por prevaricación y otra por calumnias, presentadas contra él por el Ejecutivo vasco, y también un expediente disciplinario en el Parlamento vasco, a raíz de una iniciativa parlamentaria presentada por Batasuna para declararle «persona non grata». Una moción que podría salir adelante con el apoyo del tripartito vasco -PNV, EA e IU-, y que constituiría un antecedente de enorme magnitud en el actual clima de confrontación.

-A pesar de las consecuencias que le puede acarrear, ¿reitera en que hará todo lo posible para hacer cumplir la ley en el País Vasco?
-Sí. Me ha supuesto algunos líos pero si no me han asustado los batasunos o ETA, menos me van a asustar los movimientos administrativos. El lendakari, Juan José Ibarretxe, apuntó que, en el caso de que lo viese necesario y no hubiera acuerdo, no le temblaría la mano para convocar un referéndum y yo dije que si mi Gobierno me lo ordenaba, no me temblaría la mano en impedirlo porque es una ilegalidad. ¿Cómo me lo tiene que mandar?, por el procedimiento que la ley lo normaliza, punto. Los nacionalistas pueden decir lo que les venga en gana; insultan a mis ministros, a mi Gobierno, a mi presidente y no son respetuosos, en lo que deben ser, con la Casa Real y, encima, en cuanto a ellos les dices lo mas mínimo, cae sobre ti la condena eterna.

QUERELLAS
-También, alguna querella...
-Que sepan que a mí, por lo menos, sus querellas y sus medidas administrativas no me van a impedir que intente ejercitar mi libertad personal. Les gané las dos querellas, interpuestas a raíz de que afirmara que nos resultaba difícil dar información antiterrorista a personas relacionadas con los asesinos, y después de estar durante cuarenta y tantos días en su prensa, en el periódico Deia, cuando se las gané, la noticia salió en siete líneas. El Gobierno vasco recurrió y el recurso, que se lo volví a ganar, no sé si lo publicaron siquiera. Su justicia en el tratamiento indica lo que son.

La historia interminable
FERNANDO VALLESPÍN El País 5 Enero 2002

No hace ni un par de semanas asistíamos a las difíciles y conflictivas negociaciones para hacer efectivas las transferencias de sanidad a las Comunidades Autónomas que aún seguían dentro del sistema general del Insalud. Ahora presenciamos la disputa en torno al Concierto vasco, que ha contribuido a reverdecer también una cuestión no resuelta todavía como es la representación de las CC AA en las instituciones europeas. Mañana y pasado mañana seguiremos contemplando algún nuevo conflicto o reorganización de esta permanentemente inacabada distribución territorial del poder que llamamos Estado autonómico. Llevamos así más de veinte años. Y en esas seguiremos, porque cada cambio en la titularidad del poder ejecutivo -e incluso de la relación de fuerzas dentro del propio Tribunal Constitucional- nos augura importantes retoques del status quo. Por no mencionar su radical cuestionamiento por parte de todo el nacionalismo vasco y grandes sectores del catalán, que tienen que aclararse también a su vez respecto a cuál ha de ser su relación específica con eso que llaman Estado español.

A esto podríamos llamarlo el Estado en mutación permanente. Aunque lo más sorprendente es que el sistema funciona razonablemente bien y ha permitido un tránsito desde un país férreamente centralizado a otro que viene a ser técnicamente federal. No hay que volcarse, pues, en buscarle un cierre apresurado. Sobre todo porque siguen también en marcha importantes transformaciones inducidas por la propia construcción europea. Pero tampoco podemos permitirnos el lujo de habitar en un Estado que parece el manto de Penélope, que se va tejiendo y destejiendo al albur de las distintas coyunturas políticas. ¿Qué hacer entonces? Uno de los mejores teóricos contemporáneos de la democracia, Robert Dahl, nos sugeriría que hiciéramos balance de lo logrado hasta ahora e incorporáramos propuestas de reforma. A su juicio, 'una vez cada veinte años, o algo así', debería reunirse 'un grupo de expertos constitucionalistas, líderes políticos y ciudadanos informados' para evaluar su Constitución a la luz de las experiencias habidas y pronunciarse sobre cómo poder mejorar su funcionamiento. Proceder a este tipo de diagnósticos no es una mala propuesta para el tema que nos ocupa y de hecho es algo que se viene haciendo ya en distintos foros. El problema es la dificultad por alcanzar los acuerdos que serían precisos para convertir dichas propuestas en medidas de reforma política efectiva. Si hay algo que nos ha enseñado la ya dilatada experiencia de práctica autonómica es que a los típicos intereses de partido se superponen ahora también los propios de las élites políticas locales.

Entre los 'expertos constitucionalistas' hay ya además un consenso nuclear en torno a la naturaleza federal de facto de nuestro sistema de distribución del poder territorial. Con una única particularidad en el modelo español: la naturaleza asimétrica en la atribución de competencias entre comunidades. Y una importante disfunción: la inutilidad del Senado como Cámara territorial. Ahí es donde se producen muchas de las patologías a las que estamos asistiendo continuamente. Basta observar el funcionamiento de este tipo de Cámaras en otros sistemas federales para percibir su gran eficacia a la hora de integrar los Estados federados en la estructura más general del Estado. Según Eliseo Aja, sus ventajas se manifiestan ante todo en su gran capacidad para permitir la cooperación horizontal entre comunidades, la aprobación de todas las leyes que afecten a su ámbito competencial o la participación en la designación de algunos órganos centrales del Estado. En países como Alemania, esta Cámara sirve incluso para coordinar la representación de los Länder en la delegación alemana ante la Unión Europea. Sobre ese trasfondo no se entiende el inmovilismo que a este respecto promueve el Gobierno. Seguramente haya que leerlo a la luz del temor reverencial que provoca toda reforma constitucional y del pánico a que lo que comienza en 'retoques' pueda acabar como el rosario de la aurora. La prioridad debe ponerse, por tanto, en acumular los consensos necesarios para abordar de una vez el verdadero escollo: la definición de las desviaciones efectivas al principio de igualdad entre comunidades; o sea, el definitivo encaje del País Vasco y Cataluña.

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