AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 28  Enero  2002
#Contrapoderes en Francia
Editorial El País 28 Enero 2002

#Córcega, otra espina de Jospin
Editorial ABC 28 Enero 2002

#Subvenciones indeseables
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 28 Enero 2002

#PP-CIU, la alianza natural
Luis María ANSON La Razón 28 Enero 2002

#Terrorismo y terroristas
BALTASAR GARZÓN REAL Y JOSÉ MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ El País 28 Enero 2002

#La granja vasca
Breverías ABC 28 Enero 2002

#Los valores de la España de las Autonomías
Jaime MAYOR OREJA ABC 28 Enero 2002

#Nicolás Redondo gana la batalla de las ideas
El Mundo 28 Enero 2002

#Las nuevas bombas trampa halladas en Pau ponen en alerta a la Policía
ÓSCAR B. DE OTÁLORA BILBAO El Correo 28 Enero 2002

Contrapoderes en Francia
Editorial El País 28 Enero 2002

El Consejo Constitucional francés, máxima institución judicial del Estado, ha asestado en menos de una semana dos serios varapalos al Gobierno socialista de Lionel Jospin. El primero, al rechazar una parte crucial de la Ley de Modernización Social, la que regula las condiciones de los despidos empresariales. El último, al negarse a convalidar el texto legal que garantiza una limitada autonomía a la isla de Córcega. En diciembre pasado, el órgano independiente que vigila la constitucionalidad de las leyes ya había censurado el modelo de financiación aprobado para sufragar la semana laboral de 35 horas.

La acumulación de correctivos contra los grandes proyectos sociales y políticos del primer ministro, amén de su importancia intrínseca, tiene en estos días la relevancia añadida de que se producen en medio de la fiebre que precede a las elecciones presidenciales y legislativas de esta primavera, para las que velan sus armas Jospin y el presidente, Jacques Chirac, cabezas de sendos proyectos antagónicos. Las decisiones del Constitucional, además, enrarecen la relación del jefe del Gobierno con sus aliados izquierdistas y con los sindicatos, a tres meses vista de la contienda electoral.

En el caso de la regulación de los despidos, Jospin ha cedido al oportunismo electoral y, contra la opinión de miembros de su Gabinete, sucumbido a las presiones de sus socios comunistas. La ley restringe tanto las circunstancias de los despidos, que el Consejo Constitucional ha entendido, al censurarla, que ponía en peligro la competitividad de las empresas francesas y limitaba la libertad de acción de sus responsables. En los crudos términos de la economía globalizada, una compañía no podría desprenderse de parte de sus empleados para obtener mayores beneficios y atraer más capital para crecer.

En la cuestión de Córcega, el rechazo por el Consejo Constitucional de la capacidad legislativa de la Asamblea autonómica, una cuestión clave que al final había inclinado a los nacionalistas a favor del proyecto después de largas negociaciones, tendrá probablemente consecuencias significativas sobre la naturaleza del Estado. El proceso autonómico corso vuelve al empantanamiento y Francia sigue siendo el único país relevante de la Unión Europea que mantiene un perfil decididamente centralista.

El Consejo Constitucional se ha ido convirtiendo en 30 años en pieza imprescindible del debate político-social, en el verdadero Tribunal Constitucional no querido por De Gaulle. Es cierto que, como instituciones similares en otros países, su composición no es fruto del sufragio directo, y que de sus nueve miembros -designados a partes iguales por el presidente de la República y los de la Asamblea Nacional y el Senado- la mayoría sintoniza más con el talante conservador de la oposición. Pero sus fallos a lo largo de los años, al margen de la irritación de los gobiernos afectados, han cumplido un papel decisivo en el fortalecimiento del Estado de derecho y han resultado claves en el mantenimiento del equilibrio de los principios enunciados en la Constitución francesa.

Córcega, otra espina de Jospin

Editorial ABC 28 Enero 2002

A tres meses de las elecciones a la Presidencia de la República, Jospin ha encontrado en los poco más de 8.600 kilómetros cuadrados de Córcega un dique que detiene parte de las posibilidades del candidato socialista en su carrera hacia el Elíseo. Después de que la gestación del proyecto de autonomía para la isla provocase serios contratiempos en su gabinete (la dimisión de Chevenement como ministro del Interior), hace unas fechas el Consejo Constitucional francés desguazaba la Ley auspiciada por Jospin y la libraba de todo su contenido político: la Asamblea corsa no puede modificar leyes estatales.

Este revés del máximo intérprete de la Carta Magna francesa se suma a otros dos tantarantanes cosechados por Jospin, en menos de un mes, en asuntos que el primer ministro había asido como bandera (mejor, como banderín de enganche de votos) y que tenían que ver con la financiación de la Ley de las 35 horas a cargo de la Seguridad Social y con la llamada norma de modernización social. Mientras su rival en las elecciones, Chirac, ve despejado su horizonte judicial al confirmarse su inmunidad para no declarar en el caso de los viajes «gratis total» pagados con fondos públicos, Jospin no para de recibir reprimendas judiciales por su defectuoso proceder a la hora de redactar o promover leyes. Conceder a una minoría tan rotunda como la corsa (poco más de 260.000 ciudadanos) la capacidad de enmendar leyes estatales elaboradas por los representantes de 60 millones de franceses, para «adaptarlas» a la realidad local, es una equivocación muy aparatosa para quien aspira a ocupar la máxima magistratura del Estado francés. La izquierda gala, imbuida aún por un alcanforado jacobinismo doctrinal, tiende con demasiada facilidad a subordinar la Constitución a los objetivos políticos, cuando debería ser al contrario. Esta especie de «dislexia jurídica» a la hora de establecer la preeminencia de los rangos legales tiene epígonos a este lado de los Pirineos: el nacionalismo y parte del socialismo, esos ingeniosos «federalistas asimétricos», mantienen aquí esa misma confusión.

En contra de los ánimos apaciguadores que parecieron mover a Jospin, Córcega sigue siendo un problema que trasciende el ámbito político al estar jaspeado con sangre por la lacra del terrorismo. En un cuarto de siglo, el nacionalismo «integrista» corso ha reivindicado 4.000 atentados y varios centenares de asesinatos, al tiempo que, como suele ocurrir en este tipo de fenómenos, ha entablado entrañables amistades con redes mafiosas que operan en la isla, reafirmando así la teoría de la retroalimentación de ambos fenómenos.

El Constitucional francés le ha refrescado a Jospin un viejo invento francés llamado división de poderes, al tiempo que le aclaraba que la «patente de corso» hoy en día es sólo una metáfora, pues uno no puede saltar por encima de la ley para ganar unas elecciones.

Subvenciones indeseables
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 28 Enero 2002

Un liberalismo bien entendido casa malamente con una política de subvenciones. En el caso español, el matrimonio es perfecto, sobre todo, porque el liberalismo que se practica es light y las subvenciones que se otorgan son interesadas. Quienes desde una tribuna liberal arremeten contra el Estado por ser dueño y gestor de una empresa, no dudan en reclamar desde la misma tribuna suculentas subvenciones para esas otras empresas públicas que son los partidos políticos. No podemos, por ejemplo, subvencionar a una empresa láctea, pero permitimos que los sindicatos, de trabajadores y de empresarios, se nutran de dinero público y reciban subvenciones que provienen de los impuestos que pagan quienes no están afiliados a sindicato alguno.
Esto es así hasta ahora, y de tanto practicar esta política sectaria ¬aquí subvencionamos porque nos interesa y aquí, en cambio, no interesa subvencionar¬ nos hemos acostumbrado a transitar por este mundo de la financiación pública con total normalidad. Partidos políticos, sindicatos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales viven instalados en el presupuesto público.

Pero ahora se produce una noticia, cuanto menos, sorprendente. Resulta que populares y socialistas quieren, y así lo han pedido a través de una enmienda, que los poderes públicos no den ningún tipo de ayuda o subvención a las asociaciones que justifican la violencia (o sea, el asesinato), enaltecen los delitos de terrorismo, menosprecian a las víctimas o cuentan con miembros que han sido condenados por servir o colaborar con banda armada. Y decimos que la noticia es sorprendente porque por ella nos enteramos que no está prohibido lo que ahora quieren prohibir. Dicho en otros términos, que los poderes públicos, con el dinero del contribuyente, están ayudando y subvencionando a las asociaciones que justifican la violencia (o sea, el asesinato), enaltecen los delitos de terrorismo, menosprecian a las víctimas o cuentan con miembros que han sido condenados por colaborar con banda armada. No hay quien lo entienda. Estamos pidiendo a la Europa del euro medidas represivas contra los que justifican la violencia y enaltecen los delitos de terrorismo y aquí tenemos a los poderes públicos subvencionando dentro a aquellos que denunciamos fuera. Lógicamente, si las ayudas a estas gentuzas estuvieran prohibidas, como ocurre en todo el mundo, no haría falta que populares y socialistas pidieran ahora su prohibición.

Una iniciativa plausible, cual es prohibir que los amigos de los terroristas perciban subvenciones públicas se torna en una iniciativa difícil y compleja si hay que explicar cómo es posible que no esté prohibido todavía lo que ahora se quiere prohibir. En cualquier caso, y aunque produce sonrojo pensar en el dinero público que reciben los amigos de los terroristas, habrá que admitir que nunca es tarde si la dicha es buena.

PP-CIU, la alianza natural
Luis María ANSON La Razón 28 Enero 2002
de la Real Academia Española

Desde el punto de vista ideológico, la mayor parte de los electores de CiU podrían votar sin aspavientos al centro reformista que representa hoy el Partido Popular. Las reiteradas victorias del Partido Socialista inclinaron a CiU a un entendimiento contra natura, albriciado, además, por el complejo del centro derecha español, que sigue considerando de forma absurda que se autentifica como democrático cayendo de hinojos ante la izquierda y enjabonándola con delectación. Pero lo lógico, lo natural, también lo verdaderamente progresista, es que PP y CiU caminen del brazo.

Aznar lo ha entendido muy bien y ayer, en el discurso con que cerró la apoteosis inquebrantable del congreso popular, reiteró su ofrecimiento. No me parece fácil que los convergentes acepten. Pero si se vencen obstáculos que en el fondo son meramente oportunistas, se habrá dado un paso de gran alcance en la normalización de las posiciones partidistas y en la estabilidad de Cataluña y del resto de España.

La propuesta de Aznar está avalada por la honradez política. El presidente, asentado sobre una amplia mayoría absoluta, no necesita a CiU. Tampoco juega al futuro personal porque se va. Tiende la mano a Pujol y a Mas porque considera que la presencia de los convergentes en el Gobierno es positiva para el bien común de los españoles. Desde 1977 lo he escrito cien veces, así que derramo estos gramos de canela fina para sumarme al guiso que muchos catalanes quieren que cocine Mas. Honorablemente, claro.

Terrorismo y terroristas
BALTASAR GARZÓN REAL Y JOSÉ MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ El País 28 Enero 2002

Baltasar Garzón Real es magistrado de la Audiencia Nacional y José Manuel Gómez-Benítez es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Con frecuencia, el presente se impone con tal intensidad, que parece no formar parte de la historia, como si fuera, simplemente, una realidad arbitraria e inexplicable.

Aunque pudiera pensarse que en esas circunstancias la evidencia de lo que está sucediendo hace imposible su manipulación o tergiversación, sucede exactamente lo contrario: la realidad admite interpretaciones más paradójicas cuanto más se aísla de su contexto.

Esto suele ocurrir con el terrorismo. Desde que Osama Bin Laden, por ejemplo, ha sido calificado como el terrorista más buscado del mundo, no sólo parecen importar poco o nada su pasado y la responsabilidad de quienes lo forjaron, sino que, además y al tiempo: 1) ha sido impunemente declarado objeto de persecución bajo recompensa hasta que sea entregado 'vivo o muerto'; 2) ha estado a punto de ser declarado personaje del año por una conocida revista norteamericana.

Mientras tanto, desde el punto de vista del derecho penal, los atentados contra las Torres Gemelas han vuelto a poner sobre la mesa un buen número de preguntas sobre los conceptos de terrorismo y terrorista, que hace tiempo podríamos y tendríamos que haber respondido con firmeza.

Por ejemplo, en España deberíamos saber muy bien que una organización terrorista es algo más complejo que un conjunto de personas que mata, pone bombas y secuestra para conseguir sus objetivos políticos.
Para explicar esta aparentemente simple conclusión, merece la pena volver al caso de Osama Bin Laden. Suponiendo que éste no haya dado nunca un tiro en la nuca, ni puesto bomba alguna en una embajada de Estados Unidos, y dando por seguro que no secuestró avión alguno el 11 de septiembre, ¿por qué es, no obstante, un terrorista?

Si, como es lógico, se admite que quien dirige una organización terrorista es un terrorista, aunque no haya matado ni secuestrado o extorsionado personalmente a nadie en su vida, ¿son terroristas también todos los integrantes de esa organización, aunque tampoco hayan realizado personalmente ninguno de esos hechos?
Suponiendo, como sigue siendo razonable, que se afirme que todos lo son, aunque puedan admitirse distintos niveles de responsabilidad penal entre ellos, y dando por seguro que no existe un libro de asociados en esta clase de organizaciones, hay que preguntarse acto seguido: ¿quiénes son integrantes de una organización terrorista?

Pero como esta pregunta puede parecer muy genérica, es conveniente concretarla algo más: ¿la integran, por ejemplo, también quienes la financian asiduamente?

Si, de nuevo dentro de la lógica más elemental, la respuesta es afirmativa, la siguiente debe ser: ¿quiénes la financian? ¿Sólo quienes, por ejemplo, cobran el llamado impuesto revolucionario o también quienes organizan campañas para conseguir fondos con los que financiar sus actividades o ayudar a quienes se adiestran en el manejo de aviones para usarlos como misiles contra edificios abarrotados de personas o a quienes ya han dado el tiro en la nuca? ¿Forman también parte de su entramado financiero los contables de la organización, los que controlan sus inversiones y quienes se dedican a blanquear el dinero conseguido mediante el atraco o la extorsión o a negociar las operaciones de compraventa de armas para la organización en el mercado clandestino?

Sobre la base de que no debe caber duda que todos ellos forman parte del entramado de la organización, ¿por qué no se considera, entonces, que también están integrados en ella quienes cumplen funciones igualmente esenciales, pero en otros ambitos? Por ejemplo: ¿integran, también, la organización los que, siguiendo una estrategia común y persiguiendo los mismos fines, planifican y/o llevan a cabo las denominadas 'formas de lucha complementarias de la lucha armada'?

La planificación o realización no meramente ocasionales de funciones financieras o de actuación violenta pone de manifiesto que estas conductas y otras similares no significan una simple colaboración desde fuera de la organización, sino que, por el contrario, quienes las realizan son parte esencial de ella, es decir, de su funcionamiento.

Sigamos, pues, concretando la pregunta sobre quiénes son los integrantes de una organización terrorista. ¿Lo son, también, quienes le venden asiduamente las armas, municiones y explosivos, aunque desconozcan los atentados concretos en los que van a ser utilizados? ¿Los que cumplen la función no meramente ocasional de proporcionar información precisa sobre posibles víctimas? ¿Los que dan cursos de formación en el uso de armas o explosivos a los comandos? ¿Los que tienen por función captar y adoctrinar a las personas para que se integren en la organización?

Todas estas funciones son, asimismo, esenciales para el funcionamiento de la organización y suelen reconocerse -excepto la última- como algunas de las que realizan sus integrantes. ¿Por qué, entonces, algunos ofrecen cierta resistencia a considerar a estos últimos como parte de la organización? No debe olvidarse que este adoctrinamiento constituye todo un proceso que, como ha quedado demostrado tanto en España desde hace tiempo como en Estados Unidos con motivo de los atentados del 11 de septiembre, puede durar años, y comprende desde la captación y selección de los candidatos a su preparación para el cumplimiento de determinadas funciones en el entramado de la organización. No es razonable, en consecuencia, considerar ajenos a la organización a quienes realizan esta crucial función.

Las organizaciones terroristas menos recientes han conseguido formar un entramado económico, político y de adoctrinamiento que pretende aparecer como autónomo con respecto a la propia organización, aunque quienes lo integran sirven a sus fines y a los medios violentos y delictivos utilizados para conseguirlos. Así, han conseguido altas cotas de impunidad, pese a que de esta forma la organización como tal alcanza uno de sus objetivos operativos fundamentales, a saber, presentar sus acciones terroristas como actos de contenido político sin recibir una respuesta penal adecuada desde la legalidad.

Una organización terrorista clandestina compleja requiere personas que cumplan distintas funciones. Dada, precisamente, su clandestinidad, el común acuerdo entre ellas se produce, generalmente, a través de vínculos difusos y personas muy variadas que ocupan muy distintos puestos en la organización a la que sirven al modo de los eslabones de una cadena.

En consecuencia, quienes cumplen las funciones antes aludidas y otras muchas igualmente esenciales de manera coordinada y asidua son, sin duda, integrantes de la organización terrorista, es decir, terroristas.
Legalmente, todos ellos deben responder, entonces, por el delito de asociación ilícita terrorista o, en terminología del derecho de corte anglosajón, por el de conspi-ración para el terrorismo, aunque -excluida la de muerte- las penas correspondientes a los dirigentes puedan y deban ser más graves que las de los demás integrantes: se trata de una distribución consciente de funciones para la comisión de un delito de asociación ilícita terrorista.

Nuestro Código Penal no admite demasiadas interpretaciones al respecto: toda banda armada o grupo terrorista es una asociación ilícita y, en cuanto al grado de responsabilidad de los que a ella pertenecen, sólo diferencia entre la de los promotores y directores de la organización o de alguno de sus grupos, por un lado, la de los meros integrantes por otro, y, finalmente, la de quienes conspiran, proponen o provocan para cometer el delito de asociación ilícita terrorista.

En consecuencia, quienes deseen mantener que los que obedeciendo a un mismo plan delictivo se distribuyen las distintas funciones esenciales de una organización terrorista compleja no son, al menos, integrantes de la misma, tienen la carga de demostrarlo.

Una organización delictiva clandestina -sea terrorista o no- no es más que un entramado de personas que cumplen coordinadamente distintas funciones al servicio del mismo fin y de los medios delictivos para conseguirlo, y que está dotada de cierta permanencia y coherencia internas, además de jerarquía en determinados niveles. Quienes obedecen instrucciones de los dirigentes de la organización o de sus grupos a través de distintos eslabones, y las cumplen -sean de la naturaleza que sean-, o quienes reportan a sus dirigentes o hacen confluir sus flujos económicos, forman, sin duda, parte de ese entramado funcional que es la organización misma.

Pero, incluso quienes colaboran o favorecen ocasionalmente y desde fuera las actividades de la organización, realizan un delito relativo al terrorismo, aunque no formen parte de la organización, conforme a nuestro Código Penal.

Además de este primer significado, es decir, el que se refiere a los integrantes de una organización terrorista, el término terrorista alude también a los que son responsables del delito de terrorismo, es decir, de las muertes, lesiones, secuestros, extorsiones y demás delitos cometidos por los integrantes de estas organizaciones o por quienes actúan a su servicio o colaboran con ellas.

A esta segunda dimensión del terrorismo se refiere, también, la aparentemente simple pregunta con la que se inicia este artículo: ¿por qué es un terrorista, también en este sentido, quien no ha dado nunca un tiro en la nuca, ni secuestrado un avión y matado a miles de personas al estrellarlo contra un edificio, o puesto una bomba en una embajada o bajo un coche? ¿Son, en este sentido, terroristas Osama Bin Laden y todos los dirigentes de Al Qaeda o de cualquier organización similar, o lo son sólo aquellos que tienen que lavar su ropa para limpiar los restos de la sangre de sus víctimas?

Los dirigentes de organizaciones terroristas que, como las más conocidas, funcionan como auténticos aparatos organizados de poder, es decir, en las que los dirigentes o superiores jerárquicos saben que sus órdenes serán ejecutadas automáticamente por cualquier integrante de la organización, realizan también los delitos de terrorismo cometidos personalmente por otros. Los tribunales alemanes han tenido la oportunidad de dejar bien sentado en las sentencias recaídas contra los dirigentes de la antigua República Democrática Alemana por las muertes causadas por policías de fronteras a los ciudadanos que intentaban pasar a la otra parte de Alemania, que quienes dieron las órdenes genéricas de disparar a muerte contra los que intentaran pasar el muro de Berlín son tan responsables de los homicidios como quienes dispararon sus fusiles.

El derecho penal así lo reconoce desde hace tiempo a través de las figuras del autor mediato y del coautor, que son perfectamente aplicables a estos supuestos: el delito cometido por el que dispara en la nuca o pone la bomba se les atribuye como hecho propio también a quienes dirigen las organizaciones terroristas, es decir, a quienes integran el órgano del que proceden las órdenes delictivas que concretan y ejecutan automáticamente los subordinados.

Sin embargo, la responsabilidad penal por estos concretos delitos no puede extenderse a todos los integrantes de la organización terrorista por el mero hecho de serlo, sino sólo a sus dirigentes y a quienes ejecutan o participan en ellos, ya sea realizándolos directamente, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento, o bien favoreciendo su comisión como inductores, cómplices o cooperadores necesarios.
Ésta es la razonable forma que tiene nuestro derecho penal de limitar la responsabilidad penal de las personas a sus propios hechos y a aquellos cuya realización por otro han facilitado.

Las anteriores explicaciones son convenientes, porque en el actual debate sobre qué es terrorismo y quiénes son terroristas estamos asistiendo a una doble confusión, que conviene despejar.

Por un lado, se pretende mezclar ambos planos, es decir, el de la responsabilidad penal por el delito de asociación ilícita terrorista y el de la correspondiente a los concretos delitos cometidos más frecuentemente por sus integrantes. Esta confusión conduce a una pérdida de matices esenciales en materia de responsabilidad penal, en general, cuya capacidad expansiva es, por lo demás, evidente. Sin embargo, estos matices han ido imponiéndose en Europa Occidental de la mano del propio Estado de derecho. No merece la pena, desde el punto de vista de los principios, ni es necesario para perseguir adecuadamente estas conductas, sacrificar aspectos esenciales del Estado de derecho.

En el polo opuesto se observa, sin embargo, en ocasiones una especie de resistencia a usar los instrumentos legales que el Estado de derecho ha creado para combatir el terrorismo y a los terroristas, con argumentos, a veces, ajenos a la realidad.

Es imprescindible, por eso, reflexionar conjuntamente y en voz alta sobre lo que forma parte del complejo entramado real de algunas sofisticadas organizaciones terroristas actuales, que no dudan en utilizar perversamente los principios y las instituciones democráticas en su propio beneficio, provocando grietas, cuando no fracturas, entre quienes deben aplicarles con rigor el derecho penal.

El Estado de derecho al que alude nuestra Constitución exige que la aplicación de las normas que nos hemos dado para proteger a la sociedad frente al terrorismo sea contundente y sin fisuras, no sólo para sancionar estos gravísimos delitos, sino también para prevenirlos, tal y como corresponde al gran reto que significa esta clase de crimen organizado.

Sin embargo, si esto resulta imprescindible, tanto o más lo es no renunciar a conquistas irrenunciables del Estado de derecho en aras de una supuesta o cierta mayor eficacia a corto plazo en la persecución del terrorismo. Si así se hiciera, degradaríamos nuestra propia diferencia moral y ética, a la vez que ofreceríamos coartadas de legitimación a los terroristas, enturbiaríamos, una vez más, la historia y, a la postre, estaríamos sirviendo a la perpetuación del enfrentamiento.

Frente al terrorismo y desde la legalidad pueden ser necesarias nuevas medidas que faciliten, por ejemplo, su persecución internacional, pero, sobre todo, es imprescindible aplicar razonablemente el derecho vigente.

La granja vasca
Breverías ABC 28 Enero 2002

Tras desentrañar el estándar racional de la gallina autóctona del País Vasco (todo un notición), el Ejecutivo de Ibarretxe ha perseverado en tan trascendental y homérica labor al lograr acotar las características de dos variantes de caballos vascos-vascos (el «Pottoka» y el «Euskal Herriko Mendiko Zaldia»). La vaca verdaderamente vasca tiene más suerte con el nombre y sólo se llama «Betizu»; todo un alivio para los ganaderos. Si hace tiempo que el PNV trazó la raya entre seres humanos vascos y no vascos, el reino animal no podía escapar a tan crucial distingo. No tendrá unos presupuestos serios, ni Concierto, ni habrá libertad para parte del pueblo vasco, pero Ibarretxe ya ha organizado la granja. Enhorabuena.

Los valores de la España de las Autonomías
Por Jaime MAYOR OREJA ABC 28 Enero 2002

La historia de la autonomía en España no es sólo la historia de un esfuerzo por solucionar y superar la España invertebrada a la que se refería Ortega, sino que constituye uno de los esfuerzos de vertebración más profundos de nuestra historia.

Es fácil responsabilizar a los nacionalismos de esa falta de vertebración de España. Pero es también nuestra falta casi histórica de convicción, es la falta de confianza en nosotros mismos y en el propio proyecto de España, donde han radicado los problemas de vertebración.

La fortaleza del valor de la autonomía es el principal instrumento para afrontar sin complejos el trecho que todavía debemos recorrer para convencer democráticamente a los ciudadanos de aquellas Comunidades que, por tener una fuerte implantación del nacionalismo, todavía recelan del proyecto de España.

La fortaleza de la España de hoy -presente en el bienestar y el desarrollo económico de los españoles, presente en el peso creciente de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional- es también fruto de la fortaleza de las Autonomías de España y de nuestro modelo territorial. La España de las Autonomías y las Autonomías de España constituyen por ello el instrumento más eficaz para decir «no» a la ofensiva nacionalista que algunos están impulsando al final de ese proceso de consolidación.

Lamentablemente, era lógico que un movimiento como el nacionalismo vasco impulsara su ofensiva cuando se aproximase la consolidación de la España de las Autonomías y cuando el papel de España se acrecentase en la Unión Europea. La ofensiva del nacionalismo vasco no es consecuencia de un desarrollo limitado de la autonomía. Es consecuencia del estancamiento del movimiento nacionalista. Y cuando hay una ofensiva de estas características no caben equidistancias ni puntos intermedios. No es justo, ni ético, ni limpio, ni honesto, ni aceptable el discurso político que afirma que, como en la vieja historia de España, hay separatistas y separadores, en dos trincheras. Estar con la Constitución, con la autonomía y la libertad es todo lo contrario de estar en una trinchera.

LA OFENSIVA DE LA SECESIÓN
Hay quien erróneamente asocia la autonomía y la construcción europea a un debilitamiento progresivo de la idea de España; y se equivocan. Porque los valores profundos de la autonomía son valores de España, de la misma forma que todos los valores de España son valores de la Unión Europea.

Recordemos estos valores: un nuevo, y siempre necesario, reparto político y territorial del poder. Un nuevo instrumento de participación política en el proyecto común de España. El valor del pacto y del encuentro. El valor de la proximidad. El valor de la estabilidad asociada a la pluralidad y libertad. El valor del equilibrio.
El valor de la cohesión.

En el siglo XXI, todos los proyectos democráticos del mundo tienen que saber poner el acento en el valor añadido de la unión. La UE, la España de las Autonomías son proyectos políticos asentados en la cultura de la unión. Ni la UE ni la España de las Autonomías son proyectos que nacen con la vocación de subrayar las diferencias entre los Estados, entre las naciones o entre las comunidades. Tampoco nacen como instrumentos al servicio de la diferenciación entre opciones y partidos políticos, ni mucho menos al servicio de la confrontación. Lo mismo cabe decir de la España de las Autonomías. Autonomía para aproximar, para sumar, para unir, para crecer, para prosperar, para fortalecer, para buscar y encontrar nuevos puntos de encuentro desde la pluralidad. Y no para dividir, alejar, restar, empobrecer o debilitar. Las Comunidades autónomas no pueden encerrarse. Para fortalecerse, tienen que abrirse. Para crecer y aumentar su peso específico, tienen que abrirse. Sociedades abiertas o sociedades cerradas; he ahí uno de los grandes dilemas en todos los lugares del mundo.

La Unión Europea, la España constitucional, cada Comunidad autónoma, serán instrumentos útiles y eficaces en la medida en la que la sociedad resultante sea más abierta, más tolerante, con más valores. El éxito de una autonomía no radica en el número de competencias nuevas que asume, ni en el grado del poder político de quien gobierna. Radica en la fortaleza de su sociedad. Radica en su bienestar, en sus ambiciones y en sus valores.

A España siempre le han sobrado los giros excesivos y bruscos, los movimientos pendulares exagerados, las reacciones desmesuradas. Todo proyecto democrático de España tiene que poner el acento en el valor de la tenacidad. La España de las Autonomías sólo se consolidará desde la tenacidad y la confianza. Tenacidad en la dirección de una nueva cultura política asentada en el pluralismo, en la cooperación entre comunidades y en su participación en el proyecto de España. Confianza porque el futuro de la España de las Autonomías está en el propio modelo autonómico.

Porque la España de las Autonomías no es un mero artificio, no es algo circunstancial, ni momentáneo para superar de cualquier forma una transición a la democracia. La España de las Autonomías es la España de la solidaridad. Y es, por ello, la mejor síntesis de nuestra historia y nuestro futuro más esperanzador. Con esos principios seremos capaces de entendernos con el nacionalismo moderado. Seremos capaces de no entendernos cuando los nacionalismos presenten una faz excluyente. Seremos capaces de decir no, desde esos mismos principios, cuando las opciones nacionalistas estén en la ruptura, en la ofensiva de la secesión. Pero sólo tendremos iniciativa y respuesta suficiente para todas y cada una de las posiciones y estrategias de los nacionalismos si tenemos una posición propia, principios y convicciones asentados en la Constitución y en la Autonomía. Los partidos nacionalistas no tienen ningún derecho singular para privar a las nuevas generaciones de españoles de la ilusión, del orgullo y de la esperanza de una España democrática y fuerte.

Cuanta más autonomía, más obligaciones políticas con el conjunto. Más lealtad hacia el proyecto de España. Cuanto más bienestar de una comunidad, más obligaciones sociales con el bienestar del conjunto de los españoles. Cuantos más derechos históricos, más obligaciones históricas con el conjunto de España. Cuanta más autonomía, más proximidad, más descentralización a favor de las Diputaciones y los Ayuntamientos, que son las instituciones más próximas y cercanas a los españoles.

Nos corresponde defender y levantar la bandera de la libertad. Nos corresponde no desistir, mantener, perseverar y perfeccionar una alternativa sobre el valor de la libertad y la Constitución. Nos corresponde intentar que los constitucionalistas mantengamos la supremacía de las convicciones, valores y proyectos sobre las estratagemas nacionalistas.

AMBIGÜEDAD NACIONALISTA
Por eso, muy especialmente en las comunidades de nacionalismo más radical, la autonomía no puede convertirse en un ejercicio de travestismo político; no puede ser una excusa para que la inicial ambigüedad de los nacionalistas se transforme en radicalidad. Ni puede ser una excusa para que las opciones nacionales se transformen en ambiguas imitando a los nacionalistas. Pero, ¿qué extraña tesis es esa de que para competir políticamente con los adversarios uno deba disfrazarse de ellos, abrazar o ser condescendiente con sus causas? Ése no es un ejercicio de inteligencia política ni una correcta manera de concebir el ejercicio de la autonomía; eso es falta de personalidad política propia, falta de principios y convicciones y debilitamiento de la autonomía como factor de enriquecimiento y de vertebración. Eso es lo que no debe hacer nunca el PP.
Nos corresponde presentar, más que nunca, un proyecto atractivo de España y un proyecto atractivo de la Unión Europea en cada rincón de nuestra geografía. Los viejos problemas de España se resuelven abriendo España, abriendo las Autonomías, inc.........falta en el servidor.

Nicolás Redondo gana la batalla de las ideas
El Mundo 28 Enero 2002

SAN SEBASTIAN. Nicolás Redondo Terreros parece estar ganando la batalla de las ideas, tal y como vaticinó el ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi el pasado 19 de enero, cuando renunció a presentarse a la reelección.

Ayer mismo, un grupo de dirigentes, pertenecientes al sector del partido que está a favor de las tesis de Redondo, manifestaron, en conferencia de prensa, sus impresiones sobre el documento elaborado por la gestora presidida por Ramón Jáuregui.

Según el alcalde de Ermua, Carlos Totorica, el texto de la gestora «confirma que el proyecto de Nicolás Redondo es la línea acertada».

Totorica aseguró que el proyecto del ex secretario general del PSE «se va a consolidar», a pesar de las maniobras de «envenenamiento y difamación» que han llevado a cabo algunos miembros del partido para lograr la retirada de Redondo.

Por su parte, Francisco José Llera, declaró que la posición defendida por Nicolás Redondo ha salido reforzada con el texto de la gestora, pues el documento huye de «adherencias filonacionalistas».

El dirigente socialista mostró su satisfacción por el hecho de que los elementos de fricción en el seno del socialismo vasco, como «la política de alianzas, la autodeterminación y referencias a la independencia» hayan sido eliminados, finalmente, del documento elaborado por la gestora del PSE.

Llera anunció que, ya que dicho texto no ha contado con la participación del sector al que pertenece, este último hará sus propias aportaciones.

Para Llera, el proyecto del PSE es constituir una alternativa al PNV «basada en el respeto a la pluralidad y a la legalidad, al Estatuto y a la Constitución como el marco que más consenso ha generado».

En la línea de Carlos Totorica, José Luis Llera, mostró su repulsa a la «forma antidemocrática con la que se ha cerrado el camino al liderazgo de Nicolás Redondo Terreros».

El dirigente socialista también criticó las injerencias del Partido Popular y del PNV en la crisis de liderazgo del PSE.

Las nuevas bombas trampa halladas en Pau ponen en alerta a la Policía
Analizan los documentos intervenidos en Pau y Toulouse para desentrañar cómo iba a emplear ETA los artefactos La banda había manipulado señales de tráfico, maletas, libros y macetas
ÓSCAR B. DE OTÁLORA BILBAO El Correo 28 Enero 2002

La aparición de nuevos tipos de bomba trampa diseñados por ETA en el chalé de Serres-Castet, próximo a Pau, ha puesto en alerta a la Ertzaintza y a las Fuerzas de Seguridad del Estado por la grave amenaza que implican. De manera especial, los expertos antiterroristas se han sorprendido por el descubrimiento de una señal de tráfico cargada de explosivos y preparada para ser utilizada de forma inminente en un atentado.

Por el momento se ignora en qué tipo de ataque iba a ser empleado este dispositivo, el primero de estas características que aparece en poder de la banda, o si se trataba sólo de un prototipo que aún debían ensayar. De cualquier forma, todo indica que la banda preparaba nuevas emboscadas a las fuerzas de seguridad o atentados más sofisticados contra personas con protección especial. Según fuentes consultadas, las bombas trampa halladas en el taller de la muerte precisan un nivel de alerta difícil de alcanzar entre los policías, «ya que transforman objetos cotidianos, de los que es difícil sospechar, en mecanismos mortales».

La señal de tráfico no era el único objeto manipulado hallado en la casa. La Policía también localizó maletas para ser preparadas como bombas, libros y envíos postales trampeados para cargarlos de explosivos, así como maceteros de grandes dimensiones alterados para colocarlos en emboscadas.

Para desentrañar el destino de estos mecanismos, los investigadores consideran clave los datos que puedan almacenar dos ordenadores encontrados en la casa. La Policía también examina una «importante documentación» hallada en una vivienda de la localidad francesa de Toulouse. Según los primeros indicios, en este domicilio los miembros de la banda guardaban escritos sobre atentados antiguos, como los registrados el año pasado en Cataluña y contra la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla.

Almacén militar
Los expertos en explosivos franceses iniciaron ayer los preparativos para trasladar los más de mil kilos de dinamita y cloratita localizados en la vivienda hasta un almacén militar de Pau, donde serán neutralizados. Los artificieros también se han hecho cargo de varias granadas antitanque escondidas en el sótano. La casa, según fuentes francesas, carecía de muebles y únicamente tenía colchones repartidos por el suelo, lo que hace sospechar que el local había sido utilizado para dar cursos sobre el manejo de explosivos. La Policía no descarta que los responsables del taller utilizasen otro domicilio. Al parecer, habían abandonado Serres-Castet el 17 de noviembre, el mismo día en el que un etarra identificado como Javier Abaunza tiroteó, a apenas un centenar de metros del chalé, a un gendarme.

Por otra parte, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguró ayer que el desmantelamiento del zulo en Francia «es un golpe a ETA, uno más. Parece que se quedan sin dinamita, pero luego salen otra vez». «Ya es hora de que se empiecen a preparar las vías del diálogo y de la distensión», agregó.

Recortes de Prensa   Página Inicial