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Recortes de Prensa     Domingo 3 Febrero  2002
#Los profesores que no encajan
ENRIQUE VILLAR/DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. A. DEL PAÍS VASCO El Correo 3 Febrero 2002

#ETA AMENAZA AL PNV Y ARZALLUZ ATACA AL GOBIERNO
Editorial El Mundo 3 Febrero 2002

#¿Se siente amenazado!
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 3 Febrero 2002

#«Ternera»
Carlos DÁVILA ABC 3 Febrero 2002

#LAMARTINE EN EUSKADI
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 3 Febrero 2002

#Concejales en clandestinidad
ISABEL LÓPEZ BILBAO El Correo 3 Febrero 2002

Los profesores que no encajan
ENRIQUE VILLAR/DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. A. DEL PAÍS VASCO El Correo 3 Febrero 2002

Este artículo que firmo, en honor a la verdad, recoge el sentir de un colectivo de profesionales víctimas de una sinrazón. El debate sobre la enseñanza en el País Vasco es un debate abierto. Y, como la mayoría de las cuestiones que afectan a nuestra comunidad, ha sufrido ya el contagio de la esquizofrenia nacionalista.

Un ejemplo. Tras esperar a que el paso del tiempo pudiera matizar sus palabras y permitiera corregir el desatino, quiero recordar las declaraciones de la actual consejera de Educación del Gobierno vasco. Dijo la consejera Iztueta que para ser docente en esta comunidad autónoma «hay que ser bilingüe», y para el que no lo sea «buscaremos salidas en otros servicios públicos». Afirmaciones de este calibre sólo pueden estar hechas desde el más absoluto desconocimiento de la realidad educativa y, lo que es peor, desde el más absoluto desprecio a los educadores.

La responsable educativa parte del presupuesto de que los profesores no euskaldunizados son un problema. Pero, ¿para quién? Para los alumnos, es evidente que no, puesto que casi el 100% de los alaveses, por ejemplo, tiene como lengua materna el español. Por desgracia, la consejera desvirtúa la realidad porque le gustaría que la situación fuera otra, pero las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Si lo que está buscando es «una salida» para los profesores «no bilingües», la más digna que les podría dar sería no darles salida . Antes bien, permitirles que siguieran ejerciendo su actividad en el pleno ejercicio de sus capacidades.

Pero, claro, esto no encajaría en su idea de Euskal Herria; por eso habla de «encajarlos» en «servicios sociales» o en otras áreas (sin especificar) de la Administración pública. ¡Qué desfachatez! Mediatizar a eficientes profesionales educativos como si de bienes reconvertibles se tratara. La palabra encajar encierra tanta humillación para el colectivo al que se está refiriendo que es preferible no removerla más. ¿Pero qué le han hecho a esta consejera? Si llevan más de 25 años dedicados en exclusiva a formar lo mejor que saben a generaciones y generaciones de vascos. Las palabras no son inocentes y ella ha sabido cómo ofenderles.

Reconoce la consejera que el tema de la euskaldunización está por encima del sistema educativo, que el sector servicios puede necesitar a estos profesionales que, por otra parte, y como atenuante, «muchos tienen más de 55 años».

Creo no equivocarme al deducir de sus palabras que hay algo en la educación que está por encima de la propia educación; que en el caso del sector servicios la euskaldunización no ocupa ya un lugar tan prominente al poder recibir a profesionales no bilingües y que no se puede imaginar a un buen profesor de Filosofía de más de 55 años siendo más útil a la sociedad dando clases de filosofía que cambiando pañales a la tercera edad. ¿O es que también la edad de los profesores le merece desprecio?

Dice que tiene que pactar con los profesores. ¿El qué? El encaje, la salida... ¿qué? Si ya han cerrado o reconvertido los más antiguos centros de enseñanza, si ya han dejado a sus profesores en tierra de nadie, ¿qué va a pactar? Dice que «no se puede empeñar en que se euskaldunicen, porque es una vía agotada», mientras tiene en estos momentos a un elevado número de profesores liberados en el sistema IRALE que están dedicando un enorme esfuerzo a euskaldunizarse, por lo visto para nada puesto que, según ella, «la vía está agotada».

A la reforma universitaria le pone como mayor condicionante el tema del euskera. ¡Qué dislate! Renunciar al mejor profesor de Arquitectura por razones de lengua, por ejemplo, es un síntoma de la situación a la que hemos llegado. ¿Qué entiende por pluralidad y democracia? ¿Sabe cuántos profesores han pedido destino a otras comunidades autónomas por querer seguir siendo profesores y no asistentes de la tercera edad, o sustitutos o fiambres? Muchos, ¡los mejores!

Realizo esta crítica no desde «la lejanía y con muy mala fe», como dice ella que lo hacen los que en estos términos se refieren a esta situación, sino desde la cercanía y con la confianza de que algún día se les quite la venda de los ojos a los que se les tiene que quitar y puedan ver por fin que con la educación no se juega. Como he tenido oportunidad de decir en alguna otra ocasión, queremos una educación que no se mediatice, cualquiera que sea el partido que gobierne, y que no repugne a ninguna parte de la sociedad.

Para ello necesitamos un sistema educativo con buenos profesionales. Educadores satisfechos de su trabajo, a los que se les exija profesionalidad por encima de todo. Y todos estos educadores sacaron en su día la oposición correspondiente. ¿No habrá alguien que defienda al conjunto de personas por si ellos individualmente tienen miedos o reparos? ¿Podría hacerlo el propio Estado? Si es posible, que lo haga ante una clara injusticia y un sentimiento de indefensión.

ETA AMENAZA AL PNV Y ARZALLUZ ATACA AL GOBIERNO
Editorial El Mundo 3 Febrero 2002

El Ministerio del Interior informó hace días al Gobierno vasco de que en una de las últimas operaciones contra ETA en Francia había aparecido un listado de objetivos en el que figuraban numerosos cargos del PNV, entre ellos toda la ejecutiva y todos los consejeros de Ibarretxe. Se trata de un hecho cualitativamente muy importante, ya que, hasta ahora, los terroristas habían catalogado como blancos potenciales a miembros del PNV relacionados con la lucha antiterrorista, como el ex consejero Atutxa, o a los críticos de Arzalluz, pero nunca indiscriminadamente a un centenar de cargos.

En el listado tiene el PNV la prueba de que la ceguera y el delirio radical de ETA son tales que a la banda no le basta con que la dirección nacionalista haya puesto en marcha un proceso soberanista de ruptura paulatina con el Estado. Su línea de división entre amigos y enemigos es tan clara que sitúa entre sus potenciales víctimas a cualquier persona que no comparta el asesinato a sangre fría como método para lograr la independencia, aunque trabaje para este fin dentro de las instituciones vascas.

Puede parecer extraño, a ojos de los no nacionalistas que se amenace a quienes comparten los mismos objetivos, pero ejemplos hay en la Historia para darse cuenta de que ésta es la pauta de los procesos revolucionarios. Tanto la revolución francesa como la rusa acabaron devorando a sus propios hijos, marginados o incluso ejecutados por las sucesivas vanguardias revolucionarias que les sucedían en el poder. Dentro de cualquier lógica mental a excepción de la de Arzalluz, por lo que parece lo normal sería que el PNV se diera cuenta de que su único enemigo es ETA y actuara en consecuencia, impulsando la unidad de todos para aniquilar a los terroristas, dejando para después el debate democrático de sus anhelos secesionistas.

Nada más lejos de la realidad. El hecho de que los nacionalistas sean amenazados en masa por ETA sirvió ayer a Arzalluz para cargar contra el Gobierno, al que acusó de ocultar la lista frente a lo que hace dijo «en cuanto el Iturgaiz de turno recibe una amenaza». Una vez más, causan estupor y sorpresa las piruetas de las que es capaz el líder del PNV con tal de culpar de todo al Gobierno. Interior nunca hace públicos los listados incautados a los terroristas. Se limita a informar a los interesados, como ha hecho esta vez con el PNV. El propio Egibar admitió ayer que no tenía ninguna queja del ministerio.

¿Se siente amenazado!
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 3 Febrero 2002

El presidente de la ultraderecha del País Vasco, Arzalluz, se ha quejado ayer de que el Ministerio del Interior no ha comunicado públicamente que en el listado encontrado a Eta en Francia había cien militantes del PNV entre sus posibles objetivos (se supone que entre otros dos mil del PP y del PSOE) y ha asegurado, por tanto, que también a ellos les apuntan los terroristas. Se siente amenazado. Eso sí que es una sorpresa: oiga, pues se ponga usted a trabajar y lo soluciona, que las competencias en materia de seguridad en la región son del gobierno autónomo.

Ocurre esta declaración después de que el ultraderechista vasco Atutxa impidiera hablar a un parlamentario del PP que pedía que el consejero de Interior no le acusara de asesino. Y al día siguiente de que la Audiencia Nacional decide investigar al terrorista Ternera que se sienta en los bancos en los que el PNV se apoya para gobernar.

Es increíble que la ultraderecha nacionalista proclame que se sienten amenazados por los terroristas de Eta. El paso siguiente consistirá en afirmar que Eta es una creación del gobierno españolazo para martirizar a los gudaris del PNV. No hay cosa más sencilla para el gobierno vasco que poner a la Ertzaintza a trabajar: que hay una manifestación de los «chicos de la gasolina», pues que detengan a dos cada fin de semana; que se trata de entregar subvenciones, pues que no se las den a las pro-etarras; que se busca llegar a acuerdos políticos, pues que no lo hagan con quienes apoyan a Eta...

Tienen todos los días del año para trabajar contra Eta, no lo hacen y nos vienen a quejarse de que se sienten amenazados. Quieren ser mártires de la opresión españolista y mártires del terrorismo de Eta al mismo tiempo. Ya sabíamos que lo suyo es ir de víctimas, pero el resto no somos tontos.

«Ternera»
Por Carlos DÁVILA ABC 3 Febrero 2002

En un tiempo, los dos máximos asesinos de la banda terrorista ETA usaban sobrenombres, alias, muy zoológicos. Santiago Arróspide se hacía llamar «Santi Potros», y José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera». «Potros» era un asesino desbocado y «Ternera» un criminal chuleta. De ahí los apodos perfectamente merecidos. Este último, «Ternera» ocupa -cuando va, que no siempre va- escaño en el Parlamento vasco. Aún ayer se publicaba una fotografía de Otegui y «Ternera» bajando por las escaleras del singular Parlamento, mientras Ibarretxe sonreía bobaliconamente, como diciendo al universo mundo: «esta es mi obra: dos etarras reinsertados». Hay que recordar, para los que lo olvidan todo, que Otegui mantuvo secuestrado a Javier Rupérez más de un mes y que ametralló al también diputado de UCD, entonces, Gabriel Cisneros. Corría el año 79. Otegui se ha ido a la vida civil de rositas, y su colega de fechorías sanguinarias parece que también, aunque aún existe la enorme esperanza de que el Tribunal Supremo en su nueva Sala Segunda (nada que ver, afortunadamente, con la que mal presidió Jiménez Villarejo), observe tantos indicios de culpa como el fiscal y la propia Audiencia Nacional han apreciado en la terrorífica vida de este sujeto tan miserable como indeseable.

«Ternera» era el jefe de ETA cuando la banda terrorista masacró a una veintena de personas en el Hipercor barcelonés, y cuando destrozó a otra quincena en una casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Quien desee más información sobre el siniestro pajarraco, que ahora se chulea de las personas buenas en el Parlamento vasco, que lea el imprescindible libro de Matías Antolín «Mujeres de ETA», que se presentará en breve. Si el Supremo tiene -hay que esperar que no- alguna duda para procesar a este salvaje, que repase las revelaciones de este libro y otras insertas en otros tres igualmente memorables: los de Carmen Gurruchaga, de José María Calleja y de Florencio Domínguez. En esos tres libros se recoge todo el historial de este asesino que sorprendentemente aún anda suelto. Hay que confiar que por poco tiempo.

LAMARTINE EN EUSKADI
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 3 Febrero 2002

Como en los versos de Quevedo, esconderla sería necedad. Alguien tiene, en consecuencia, que decirla. Sí, por los que sufren y por los que, desgraciadamente, van a seguir sufriendo en el futuro, alguien ha de levantar la voz y decir, alto y claro, la verdad.

Y la verdad es que sin libertad no hay democracia. La verdad es que el constante goteo de concejales que en Euskadi huyen aterrados confirma rotundamente que en los municipios vascos no se dan hoy las condiciones para ejercer en libertad los derechos democráticos de candidatos y electores. La durísima verdad es que en un territorio donde hay miles de personas muertas de miedo por el miedo a morir asesinadas, los partidos democráticos deberían llevar mucho tiempo discutiendo si pueden ser legales, y legítimas, unas elecciones a las que miles de conciudadanos no concurrirán por estar amenazados.

En realidad, tal cosa no llegaría siquiera a plantearse si los amenazados fueran los concejales peneuvistas. ¿Se imaginan a Arzalluz, que llama Franquito al presidente del Gobierno sólo porque difiere de su política autonómica, teniendo que soportar que sus correligionarios fueran perseguidos como perros por un grupo criminal españolista que defendiera la unidad sacrosanta de la patria? ¿Qué piensan que harían Garaikoetxea o Ibarretxe si el PSOE y el PP contemplasen impertérritos como sus concejales son expulsados, acusados de separatistas, a golpe de pistola? ¿Se lo imaginan? ¡Claro que se lo imaginan!

Pues ustedes saben, como yo, como lo sabe todo el mundo, que si los perseguidos fueran los nacionalistas vascos, es decir, los que hoy se callan porque los perseguidos son los otros -los de fuera- hace mucho que en Euskadi se habría puesto encima de la mesa la cuestión central que, incomprensiblemente, ha acabado por convertirse en un tabú: la de que el sistema democrático no puede funcionar donde miles de ciudadanos carecen de seguridad para ejercer su libertad.

Por eso, si las cosas siguen como están, y si, finalmente, el PSOE y el PP se vieran forzados a no presentar candidaturas en los pueblos vascos donde competir como candidato no nacionalista es una heroicidad, las elecciones resultantes de ese escándalo no serían jamás unas elecciones democráticas. Y por eso el nacionalismo no violento tiene ahora la palabra: porque cuando es la libertad lo que está en juego no puede haber diferencia de opiniones entre todos los que dicen defenderla. «Yo soy de la opinión de los que son perseguidos»: ese juicio del político y poeta Alphonse de Lamartine resume bien cual es la línea que separa hoy en Euskadi la decencia y la indecencia.

Concejales en clandestinidad
Las medidas de seguridad para hacer frente a la amenaza de ETA condicionan la vida personal y la actividad municipal de los ediles del PP y PSE Algunos ayuntamientos cambian las horas y lugares de reuniones para romper la rutina
ISABEL LÓPEZ BILBAO El Correo 3 Febrero 2002

Ayuntamientos que celebran algunas reuniones en condiciones de clandestinidad, concejales que no conocen a sus votantes y que sólo pueden salir a la calle protegidos con escoltas que, sin pretenderlo, suponen una barrera entre los ciudadanos y sus representantes. La amenaza de ETA y el acoso de quienes apoyan a los terroristas ha llevado a ediles socialistas y populares a tirar la toalla, a cambiar de domicilio o a vivir una experiencia municipal que nunca imaginaron tan dura.

Valeriano Martínez es concejal por el PP en Zumarraga. 636 vecinos -el 11% de los votantes- apoyaron la lista que él encabezaba en las elecciones de hace tres años, pero apenas conoce a alguno, porque cuando sale a la calle no se le acercan. «Casi nadie se para a hablar conmigo; alguno me saluda o me dice bajito, sin detenerse, ¡ánimo valiente!; otros me miran, por un momento parece que van a atreverse a venir, pero al final no dan el paso. Y me quedo triste, porque yo estoy en política para arreglar los problemas del pueblo».

A sus 63 años, Martínez sufre por tener escolta -lleva más de dos décadas, desde su militancia en UCD, intentando poner los medios para evitar que le maten-, pero no sólo porque la amenaza de ETA y de los violentos le impiden sentirse libre, sino también porque no puede ejercer con normalidad su actividad política en un ayuntamiento diezmado como el de Zumarraga.

Su caso no es único. Centenares de ediles socialistas y populares vascos ven alterada su labor municipal por las mismas causas. También algunos de PNV y EA padecen el acoso del entorno etarra aunque, como apunta un concejal nacionalista de Ondarroa, donde Batasuna gobierna en solitario, su situación no es comparable. «Nosotros no tenemos esa inseguridad, no necesitamos escoltas, pero es porque no nos metemos con Batasuna, porque cuando lo hemos hecho bien que nos han atacado», reconoce el concejal vizcaíno, curiosamente el único de los entrevistados para este reportaje que no desea desvelar su identidad. «Vimos hace años nuestros nombres en las paredes, unidos al pim, pam, pum , y no queremos más», añade.

Vidas hipotecadas
Este edil califica de «bochornosa» la situación que soportan sus compañeros populares y socialistas. «Tienen todo mi apoyo moral, y el de mi partido, el PNV. Yo, además, soy de los que aplaudo cada vez que Garzón coge a todos esos», asegura este concejal, que puede ejercer con normalidad sus tareas municipales. «Somos de aquí, todos nos conocen y se acercan a comentarnos las cosas que les preocupan. Bueno, los de Batasuna no vienen donde mí, pero con el resto no tengo problemas», añade.

Para los ediles de PP y PSE la realidad es bien distinta: los terroristas les tienen en su punto de mira y las medidas de seguridad hipotecan su vida personal, social y política. «Estos tiempos de ahora son más difíciles», asegura Ana Urchueguía con conocimiento de causa, porque antes de ocupar la alcaldía de Lasarte, en 1985, fue concejala en Hernani, una plaza ingrata para los representantes españolistas . «Por las calles te insultaban, te echaban monedas en los plenos, pero había más relación con la gente», recuerda la socialista.

Urchueguía, que en marzo pasado vio morir asesinado a su compañero de corporación Froilán Elespe, hace todo lo posible para no perder el contacto con los ciudadanos. «Yo les paro, les pregunto su opinión sobre esto y lo otro, porque nuestra obligación es mejorar la calidad de vida de la gente, y hasta ahora nadie me ha negado el saludo», señala. Ella y los concejales del PSE acuden a diario al ayuntamiento, donde trabajan «a ritmo enloquecedor, entre otras cosas porque estamos reforzando entre todos la ausencia de Froilán».

Rafael Carriegas, portavoz popular en el Ayuntamiento de Barakaldo, subraya que los concejales son, por principio, los políticos más cercanos a los ciudadanos, «pero muchos se apartan de nosotros por la calle». ETA asesinó en 1979 a su padre y él ha tenido que abandonar su trabajo como director de una oficina bancaria. «Tenía que visitar a muchos clientes, pero ir con escolta distorsiona todo, incluida la actividad laboral», reconoce este hombre que se sintió apoyado moralmente por su empresa, «pero tampoco más que eso». El año pasado pudo dejar el banco al sustituir a Jaime Mayor Oreja en el Congreso de Diputados.

Una cacería moral
Carriegas admite que la protección policial aleja a los ciudadanos de los políticos. «Es un freno, muchas personas temen acercarse, unas por miedo a que les pase algo, otras a que se les identifique con una siglas e incluso por creer que los escoltas van a cortarles el paso», explica. El concejal percibe miradas de recelo a su alrededor cuando pasea por Barakaldo, entra en un bar o en el local de una asociación de vecinos. «Hay una especie de cacería moral, oigo a nacionalistas mezquinos preguntar por qué pretendemos darnos importancia llevando protección, como si vivir así fuera por nuestro gusto», se lamenta el edil popular, que acude siempre a plenos y comisiones municipales, aunque altera constantemente sus horarios. «Hay que romper la rutina», explica Rafael Carriegas.

Ser concejal del PP o del PSE en Euskadi requiere un plus de voluntariedad para cumplir con las obligaciones tradicionales del cargo. «Ir a inauguraciones, visitar barrios o incluso asistir a un partido de fútbol exige un esfuerzo personal suplementario», reconoce el edil. En cualquier caso, Carriegas asegura percibir la «solidaridad» ciudadana a través del creciente respaldo electoral a su partido.

El alcalde socialista Carlos Totorika mantiene una relación directa con sus convecinos, que le saludan con naturalidad y le plantean en la calle las quejas habituales por el funcionamiento de los servicios municipales. «Algunos de mis concejales dicen que ellos sí notan un cierto alejamiento de la gente, pero en cualquier caso la situación de Ermua es excepcional». En este municipio, las concentraciones tras un atentado suman aún hoy a un millar de vecinos, como muestra de que pervive el espíritu de Ermua , surgido de la reacción de todo un pueblo ante el asesinato del edil popular Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

Apoyo social
En otros lugares, incluso muy próximos, la realidad es otra. «Hay una irresponsabilidad social, porque en esta situación la gente debía hacer incluso un esfuerzo para saludar, para sonreír a los concejales amenazados, porque hacer política en Euskadi es hoy algo vital, y sólo tenemos una vida». El arropamiento social es, en opinión de Totorika, básico para que los ediles soporten durante meses y años unas condiciones de existencia que alteran las relaciones familiares y sociales hasta límites que sólo se comprenden si uno conoce a un amenazado . «Yo no puedo salir de repente a tomar café, no puedo improvisar, todo debe estar planificado, nuestra vida está limitada», explica el alcalde.

Ya antes de que el PSE obligara a todos sus concejales a llevar escolta, tras el asesinato de Froilán Elespe, la corporación municipal de Ermua había adoptado medidas de protección para sus miembros amenazados, incluidas unas comisiones de gobierno casi clandestinas -«las convocatorias las hacemos en el día y cambiamos continuamente de lugar»-, que son posibles dada la mayoría absoluta de los socialistas.

Desde el ayuntamiento se ha gestionado con los empresarios flexibilidad de horarios para los concejales en sus puestos de trabajo, porque los terroristas se alían con la rutina de sus víctimas. «Pero estás pidiendo un favor, y esto no debería ser una cuestión personal de los concejales, sino político, y a los dos gobiernos les corresponde asumir que es un problema suyo», concluye Carlos Totorika.

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