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Recortes de Prensa     Lunes 8 Abril  2002
La deslegalización de Batasuna
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 8 Abril 2002

El estéril cambio de nombre de Batasuna
Impresiones El Mundo 8 Abril 2002

Cambian de nombre
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 8 Abril 2002

Laberintos
ÁLVARO DELGADO-GAL El País 8 Abril 2002

Ibarretxe en Cuba
EDITORIAL Libertad Digital 8 Abril 2002

Los violentos atacan el negocio de la mujer de un policía en Vitoria
El Mundo 8 Abril 2002

Consenso y celeridad
Editorial El Correo 8 Abril 2002


 

 

La deslegalización de Batasuna
José Antonio SÁNCHEZ La Razón 8 Abril 2002

Se habla estos días con cierta normalidad sobre la posibilidad de poner fuera del marco legal a la organización política Batasuna. Y esta «normalidad» en tan espinoso debate provoca cierta perplejidad, sobre todo, con los antecedentes habidos. No hace mucho, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, propuso deslegalizar HB y recordó que «Alemania declaró ilegales a neonazis y comunistas y no pasó nada». Sonrojo produce ahora recordar el tremendo broncazo que se llevó el bueno de Jiménez de Parga por proponer ayer lo mismo que otros proponen hoy. Desde el Partido Socalista se alzaron voces contra el presidente del Alto Tribunal al que acusaron de estar politizando la institución. Jiménez de Parga se calló y se retiró hacia el despacho del silencio para no dar pretexto a los que le acusaban de «meterse donde no debe».

Bueno, pues ahora llega el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y dice que la deslegalización de Batasuna debe partir de una instancia «sin color político». ¿En qué quedamos? La verdad es que en cuestión de legislación antiterrorista urge actuar con prontitud y eficacia. España ha vivido y soportado espectáculos que serían impensables en cualquier otra parte del mundo, lo que llevó a José Luis González, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, a decir que «somos el hazmerreír internacional en materia de terrorismo»: Ayuntamientos que convierten sus salones de plenos en capillas ardientes para homenajear a terroristas fallecidos en «accidente laboral», al estallar la bomba destinada a sembrar la muerte; miembros de Eta que son nombrados hijos predilectos de un municipio; manifestaciones autorizadas donde se grita «viva Eta», «PP asesinos» y «Eta, pim, pam, pum», petición ésta de la hinchada que fue atendida por los etarras; homenajes públicos a terroristas en El Arenal de Bilbao donde se instala una tribuna y se coloca un gran cartel con el anagrama de Eta, que se está haciendo tan popular como el de cualquier firma comercial; la alcaldesa de Lequeitio anunciando homenajes municipales a «Pototo», y un largo etcétera.

Con todo lo que ha llovido estos años se entiende el escepticismo que existe en la ciudadanía en torno a todas las medidas que se anuncian contra el parlamentario vasco Arnaldo Otegui por haber gritado «viva Eta» durante el Aberri Eguna. Nadie se cree que vaya a caer sanción penal alguna sobre el diputado batasuno. Hoy, en plena democracia, contemplamos atónitos cómo sólo en funciones de escoltas ya hay más agentes en el País Vasco que los que se movilizaban antaño cuando el franquismo declaraba el estado de excepción. Y hoy, con la Constitución que habla de «la indisoluble unidad de la Nación española...», contemplamos cómo el presidente de un partido, Arzallus, asegura que Ibarreche piensa convocar un referéndum sobre la autodeterminación. Urge, pues, la anunciada Ley de Partidos Políticos. Para que el PP, tal y como ha prometido Javier Arenas, pueda pedir la deslegalización de Batasuna una vez aprobada la Ley.

El estéril cambio de nombre de Batasuna
Impresiones El Mundo 8 Abril 2002

El borrador de Ley de Partidos sobre el que todavía no se han puesto de acuerdo PP y PSOE ya ha tenido un efecto: que Batasuna anunciara el pasado sábado su intención de cambiar de nombre.Pasaría a llamarse Socialistas Abertzales. El ministro de Justicia, Angel Acebes, declaró ayer que el cambio de denominación no evitará la posible ilegalización de Batasuna ya que el borrador que ha elaborado el PP contempla expresamente este eventualidad. Efectivamente, tanto el artículo 8 como la disposición transitoria segunda así lo establecen, por lo que no cabe albergar duda de que las nuevas siglas no servirán para nada.

De hecho, cuando el juez Garzón decidió ilegalizar Segi, las juventudes de la izquierda abertzale, su fallo advertía que el cambio de nombre no serviría para evitar la persecución judicial de los miembros de la organización. Ayer, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Unión Progresista de Fiscales refrendaron el borrador elaborado por el PP en uno de los puntos que suscita los recelos del PSOE: que 50 diputados o senadores puedan pedir al Supremo la ilegalización de Batasuna. Ambas asociaciones señalaron que es perfectamente legítimo que los representantes de la soberanía popular puedan pedir la ilegalización de un partido, máxime cuando la decisión corresponde al Tribunal Supremo, un poder independiente con máximas garantías de neutralidad. Lo cual no obsta para que sea tan desable como necesario que PSOE y PP se pongan de acuerdo en este proyecto.

Cambian de nombre
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 8 Abril 2002

Los de Batasuna ahora se van a llamar ahora «abertxales socialistas» y se creen que los demás somos idiotas y que no nos vamos a dar cuenta de ello. Vaya con los gudaris, qué ejemplo de valentía eso de amarrarse a cualquier resquicio legal para seguir cobrando de los parlamentos vasco y navarro y seguir recibiendo las subvenciones que les da Yosuyón.

Pues si se cambian de nombre, una prueba más de que la actuación que están manteniendo los demócratas frente a ellos va por buen camino.

Hace unos años, pocos, en las campañas electorales, los tipos de Herri Batasuna ponían un signo y una flechita al comienzo de una pared y otro signo y otra flechita en dirección contraria al final, y aquello quería decir que si a alguien se le ocurría poner un cartel en esa pared, lo mataban. Javier Arzallus siempre entendió que debía ser normal, así que ninguna Ley del País Vasco prohíbe esta práctica mafiosa.

En la próxima campaña electoral, seguramente ya no se van a poder presentar como Batasuna, y si se cambian de nombre, pues algo que se ha ganado frente a la dictadura de las flechitas.

Pero, insisto, los demás no somos idiotas y si hasta ahora se ha permitido que un periódico siga saliendo a la calle sólo por el cambio de nombre, será bastante difícil que un partido sea legal sólo si cambia de nombre y no cambia de actitud.

Si fuera verdad que los de Batasuna persiguen la implantación del Socialismo chino-cubano, pues serían una opción más que tendría sus adeptos. Pero es que ya sabemos que dan vivas a los que asesinan y que no están dispuestos a vivir en Democracia. Por eso van a ser declarados ilegales: aunque se cambien de nombre.

Laberintos
ÁLVARO DELGADO-GAL El País 8 Abril 2002

Siguen, y se multiplican, las desavenencias de populares y socialistas en torno a la cuestión vasca. El último rifirrafe se refiere, como es sabido, a la ilegalización de HB. El PSOE ha cambiado de criterio sobre la manera como debería intentarse esta operación, y el PP se ha llamado a engaño y exige que se ejecute lo que está puesto en los papeles. El propio Aznar, el jueves pasado, advirtió de que su partido podría hacer valer la mayoría absoluta para cambiar en solitario la ley. Aunque no venga en los libros académicos, el caso es que no existe una divisoria clara entre la alta política y las trifulcas de patio de vecino. Es claro que Aznar ha hablado impelido por el enojo, ya que carece por entero de sentido tocar un punto fundamentalísimo de la estructura democrática sin contar, como mínimo, con la oposición. Ello sentado, persiste una cuestión intrigante: ¿cuál es la postura del PSOE en el pleito vascongado?

En esencia, existen dos hipótesis. Uno: los socialistas han decidido desengancharse de los populares irreversiblemente, y sería inútil apaciguarlos o intentar atraerlos mediante sucesivos actos de comprensión. En abono de esta composición de lugar, se enumera en los pagos del Gobierno un rosario de agravios: colaboración con los nacionalistas para aprobar los presupuestos de las diputaciones y para la provisión de cargos institucionales, ruptura del pacto municipal de San Sebastián y, como remate, reparos ex post a la estrategia de ilegalización de Batasuna.

La lista es, la verdad, bastante nutrida. Conviene recordar, no obstante, que el partido de Zapatero podría llevar razón en algunas cosas. Por ejemplo, en la necesidad de reconsiderar la senda elegida para dejar a HB fuera de la ley. La segunda hipótesis... interpreta el movimiento browniano dentro de la izquierda como una señal de confusión. De ser ello así, se impondría una receta alternativa: la de la calma. ¿Qué argüir en favor de la aproximación número dos?

La posición de los socialistas es, simultáneamente, incomprensible y disfuncional para ellos mismos. La conjunción 'y' es importante. Si sólo fuera incomprensible, cabría maliciar que el partido se guarda un as en la manga. Como además es disfuncional, resulta más sencillo pensar que la baraja está revuelta, y que todavía puede suceder cualquier cosa. El lunes 25 de marzo, Patxi López, recién cerrado el congreso del PSE, afirmó en la SER algo absolutamente extraordinario. A saber, que el PSE, a igualdad de factores, o como dicen los economistas, ceteris paribus, seguiría lejos del PNV... y del PP. ¿Por qué esto es extraordinario? Porque, de hecho, los socialistas están con el PP. Están con el PP en el estatutismo, y están con el PP porque continúan comprometidos con un pacto que insta a la actividad conjunta de ambos partidos y veda la colaboración con el PNV mientras éste persevere en el soberanismo. Las racionalizaciones periodísticas de tamaña contradicción son también extraordinarias. De un lado, se reconstruye el pasado imputando al PP la responsabilidad exclusiva de la ruptura de Ajuria Enea, y atribuyendo a continuación a este error el pacto secreto del PNV con ETA. Del otro, se sostiene que no existe lo que existe, o en todo caso, que carece de importancia. Verbigracia: carece de importancia que se siga financiando con dinero público la Asamblea de Electos, fruto del Pacto de Estella. Se tiene la sensación de asistir a una repristinación política de las técnicas oníricas descritas por Freud. Las cuales consisten, famosamente, en sublimar una realidad ingrata disimulándola con los ornamentos de una realidad paralela y virtual.

Al tiempo, no se aprecia el menor síntoma de que el PNV quiera ayudar a los socialistas a salir del atolladero. Ni ha renunciado el PNV al soberanismo, ni está ofreciendo coartadas, siquiera mínimas, a sus ex socios en el Gobierno vasco. No semeja que los socialistas guarden un arma secreta. Y si lo hacen, parece como que estuviera apuntándoles entre los ojos. En esta tesitura, no es descabellado confiar en que acaben retornando a su posición anterior, con matices nuevos y quizá enriquecedores. Cuanto se haga por no entorpecerles la vuelta, será poco.

Ibarretxe en Cuba
EDITORIAL Libertad Digital 8 Abril 2002

Primero visitó la isla Javier Madrazo, consejero comunista del Gobierno vasco, para tantear el terreno —por aquello de la afinidad ideológica— y engrasar voluntades con algunos millones procedentes del bolsillo del contribuyente. Regresó el heraldo de Ibarretxe proclamando a los cuatro vientos que Cuba era “el modelo referencial”, el espejo donde habían de mirarse los vascos. Ni Ibarretxe ni Arzalluz le desautorizaron en ningún momento, aun a pesar de que viajaba, no en su calidad de líder de un partido político, sino de miembro del Gobierno vasco.

Vista la buena disposición del criminal y déspota caribeño —sobre todo cuando va acompañada de jabón político y divisas fuertes—, Ibarretxe, acompañado de miembros de su Gobierno, del presidente de la patronal vasca Confebask, Román Knorr, y del presidente de la Cámara de Comercio de Álava, pretende poner en práctica lo que a todas luces será la primera misión de envergadura del “Ministerio de Asuntos Exteriores” vasco.

¿Qué tiene que ganar Ibarretxe con su visita a Cuba? Principalmente dos cosas. La primera, que algunos empresarios vascos afectos al PNV y con pocos escrúpulos podrán hacer pingües negocios aprovechando las ventajas de disponer de una mano de obra casi esclava y de propiedades que fueron robadas a sus legítimos dueños por Castro. Y la segunda, respaldo político. Aunque pueda parecer increíble, los nacionalistas vascos, ya bastante desprestigiados en Iberoamérica y en el resto del mundo a raíz del 11-S, están bastante necesitados de apoyo internacional a su “causa”. Al igual que Chávez, Ibarretxe inicia su periplo en busca de apoyo en los basureros políticos internacionales, para cuando crea llegado el momento de proclamar la independencia de Euskadi poder contar con alguien que “reconozca” a la “nueva nación”. Y está dispuesto a ofrecer a cambio el reconocimiento de su Gobierno y el dinero de los contribuyentes a una dictadura criminal que, a buen seguro, mantiene en prisión por motivos políticos a descendientes de vascos; aunque eso sí, no nacionalistas.

Tampoco hay que descartar la posibilidad de que Ibarretxe se entreviste con esos “patriotas vascos exiliados” en la isla por haber ejercido el “sagrado derecho” a pegar tiros en la nuca a todo aquel que se oponga al proyecto totalitario que comparten PNV, Batasuna y ETA. La verdad es que no podría elegirse mejor escenario para el diálogo incondicional que Ibarretxe desea restablecer (en el caso de que lo hubiera suspendido en algún momento desde Estella) con los etarras.

“Euskadi y Cuba son dos países que se quieren”, declaró ayer Ibarretxe en La Habana; lo que traducido a román paladino quiere decir que “Ibarretxe y Castro se necesitan”. Tienen razón quienes dicen que el PNV ha cambiado. Lo ha hecho, sin duda... para empeorar.

Los violentos atacan el negocio de la mujer de un policía en Vitoria
El Mundo 8 Abril 2002

BILBAO. Un artefacto casero explosionó en la madrugada de ayer en Vitoria ante la puerta de un bar propiedad de la esposa de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, según informó la Ertzaintza.

La explosión se registró sobre las 3.25 horas de la madrugada en la calle Nieves Cano, de la capital alavesa, según informa Efe.

Como consecuencia de la deflagración, el establecimiento hostelero resultó con rotura de cristales y daños en parte del mobiliario.También se rompieron los cristales de dos viviendas ubicadas en los pisos superiores. Además, causó daños en tres vehículos aparcados en las inmediaciones.

Al parecer, el artefacto estaba compuesto de una bombona de cámping gas y un cohete pirotécnico.

Poco antes de esta acción violenta, a las 3.15 horas de la madrugada y también en Vitoria, explosionó un artefacto casero colocado en un cajero automático del BBVA en la calle José María Barandiarán.

El cajero se incendió y resultó afectado con daños importantes.Al lugar se desplazaron los bomberos, que lograron extinguir las llamas, pero no pudieron evitar que resultasen dañados cuatro coches estacionados en las cercanías.

En este caso, al igual que en la bomba contra el establecimiento de la mujer del policía, no se logró detener ni identificar a los autores de los hechos.

El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, condenó los dos ataques, que enmarcó en la «limpieza ideológica que quieren aplicar ETA y Batasuna haciendo sentirse incómoda a mucha gente que no comulga con sus ideas».

Tras solidarizarse con los afectados, Barrio señaló en declaraciones a Europa Press que tanto de la banda terrorista como de la plataforma abertzale «sólo sale violencia, acoso y amenaza».

Consenso y celeridad
Editorial El Correo 8 Abril 2002

Las desavenencias y el cruce de reproches entre el PSOE y el PP en torno al anteproyecto de una nueva ley de partidos políticos reflejan buena parte de las taras que lastran el comportamiento de las formaciones democráticas frente al problema del terrorismo. La difícil conciliación entre el deseable consenso y la celeridad precisa en la adopción de medidas, la inclinación a convertir el ámbito de la lucha antiterrorista en escenario propicio para la pugna partidista y la naturalidad con que algunas formaciones se muestran dispuestas a aprovecharse de los efectos que generen las iniciativas más severas evitando en todo momento respaldar su aplicación son tres problemas que aquejan a la estrategia democrática contra la barbarie del terror y amenazan con empantanar en un marasmo de divisiones y confusión la reacción cívica e institucional frente a ETA y la trama que secunda su violencia.

A nadie se le oculta que dichos problemas son la consecuencia de un consenso malogrado en los años 90 y de la propia persistencia del terrorismo. Lo que ha llevado a soslayar la conclusión fundamental de la experiencia en el combate contra el totalitarismo etarra: que el Estado de Derecho no cuenta ni podrá contar nunca con una medida más eficaz para erradicar el fanatismo violento en una sociedad libre que el consenso activo entre partidos e instituciones. Ni la drástica contundencia de una determinada iniciativa ni la prontitud en su aplicación podrán igualar jamás la fuerza que la unidad democrática contiene tanto a la hora de disuadir a los criminales y sus adláteres como, sobre todo, a la hora de afianzar los valores comunes que hacen de una sociedad una realidad impenetrable para el potencial disolvente que presenta el terrorismo abertzale. No se trata de demandar lo imposible; y mucho menos de apelar al consenso como estratagema para rehuir la inmediata asunción de responsabilidades, convirtiendo su inexistencia en excusa para la pasividad y la indolencia por parte de las formaciones o de las instituciones que así se pronuncien. Se trata, simplemente, de evitar enfrentamientos innecesarios o exacerbar diferencias, tal y como está ocurriendo en las relaciones entre el PP y el PSOE en el seno del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo.

En semejantes circunstancias resulta inevitable percibir la sensación de que las formaciones políticas tienden a tirar de la lucha contra el terrorismo en provecho propio. El Partido Popular demuestra tal celo en la defensa a ultranza de sus propias posiciones en la materia que llega a abonar la impresión de que preferiría mantener inmutables sus planteamientos, acaparando en exclusiva la autenticidad constitucionalista frente a ETA, antes de propiciar una relación con los socialistas que incorpore las sugerencias e inquietudes de éstos a la definitiva habilitación de las nuevas medidas contra el terror. El anuncio por parte de Javier Arenas de que sus diputados y senadores están dispuestos a tomar la delantera en pro de la ilegalización de Batasuna una vez que la nueva ley de partidos lo permita concede un tinte excesivamente partidista a una medida cuyos efectos serían tanto más positivos cuanto mayor fuese el concurso que en su caso suscite por parte de las instituciones democráticas.

Resulta lógico que, aun compartiendo el objetivo común de acabar con el terrorismo, cada partido desee orientar la estrategia democrática frente al mismo en un sentido favorable al proyecto de país que alberga. El problema surge cuando las desavenencias reflejan intereses tan particulares que imposibilitan la realización del consenso democrático. Esto último es especialmente visible en el caso del nacionalismo gobernante en Euskadi. Su tardanza en dar pasos de abierto enfrentamiento contra el terrorismo y su entorno, su renuencia a implicarse en el logro común de la derrota definitiva de ETA y su parsimonia a la hora de activar el papel de las instituciones vascas y poner en marcha medidas tan superadas por los acontecimientos como la presentación de una moción en los ayuntamientos reflejan hasta qué punto el PNV no concibe otra salida a la violencia que aquélla que le permita recuperar una posición hegemónica en la política vasca. Ello resulta doblemente censurable cuando la estrategia nacionalista se ve beneficiada por los efectos que causan en el extremismo abertzale las medidas más severas con que el Estado de Derecho puede contar, al tiempo que la aplicación de éstas es públicamente criticada e incluso condenada desde las más altas instancias del nacionalismo gobernante. La elocuente división del trabajo que se percibe entre las responsabilidades que PP y PSOE están dispuestos a asumir en el marco de su pacto y la naturaleza defensiva de las iniciativas que se discuten en la Mesa de Arkaute dan buena cuenta de hasta dónde están dispuestos a empeñarse el PNV y el Gobierno Ibarretxe.

En este cuadro general de discrepancias y decisiones pospuestas, el tiempo transcurre sin que ni la seguridad personal ni la libertad de tantos ciudadanos y representantes públicos cuente hoy con una garantía mayor de la que contaba cuando, cinco meses atrás, partidos e instituciones comenzaron a señalar las elecciones de mayo de 2003 como el momento crucial para que la democracia se imponga definitivamente sobre el terrorismo.

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