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Recortes de Prensa     Jueves 11 Abril  2002
EXODO JUDICIAL EN EL PAIS VASCO
Editorial El Mundo 11 Abril 2002

¿Qué hacemos con Batasuna
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  11 Abril 2002

Una Justicia «normalizada»
JOSE LUIS REQUERO El Mundo  11 Abril 2002

Si HB fuera alemana
PATXO UNZUETA El País  11 Abril 2002

La deconstrucción del PSE
Enrique de Diego Libertad Digital 11 Abril 2002

Defender la democracia
Ignacio Villa Libertad Digital 11 Abril 2002

Nos cuentan que...
Impresiones El Mundo  11 Abril 2002

110 jueces han abandonado el País Vasco desde hace 5 años
MARIA PERAL El Mundo  11 Abril 2002

Una orden de Ibarreche, al margen de los Presupuestos, destina más dinero al euskera
M. R. Iglesias - Madrid.- La Razón  11 Abril 2002

ICV denuncia «irregularidades» de los negocios de la familia Pujol
ABC  11 Abril 2002

EXODO JUDICIAL EN EL PAIS VASCO
Editorial El Mundo 11 Abril 2002

ETA asesinó a José María Lidón, magistrado de la Audiencia de Vizcaya, el pasado 7 de noviembre. Era el primer juez contra el que atentaba la banda terrorista en el País Vasco en sus más de 30 años de existencia. Pero el chantaje y la intimidación que han venido sufrido los jueces vascos viene de mucho antes.Viene de décadas atrás, aunque un hecho más reciente ha marcado un punto de inflexión en esta situación.

Sucedió en 1998 cuando el llamado Sindicato de Abogados Euskaldunes puso en una lista negra a seis jueces, a los que tachó de «enemigos» del pueblo vasco y exhibió sus retratos para facilitar el trabajo a ETA. Cinco de ellos tuvieron que abandonar la comunidad. El Gobierno vasco y los dirigentes nacionalistas callaron ante estas amenazas y nunca han apoyado a los jueces a pesar de tener constancia de que muchos figuraban entre los objetivos de la banda.

Los datos que hoy publica EL MUNDO son ilustrativos: 110 jueces han abandonado el País Vasco en los últimos cinco años.El número de plazas judiciales en esta comunidad es de 197, por lo que se puede concluir que más de la mitad de los profesionales que administraban justicia a comienzos de 1998 hoy ya no trabajan en el País Vasco. Hay, según estos datos, 121 jueces sustitutos, es decir, que, sin ser magistrados de carrera, han sido habilitados por el CGPJ para ejercer provisionalmente dichas funciones.

Resulta un hiriente sarcasmo que el PNV promueva hoy un homenaje en el Parlamento vasco a los jueces cuando todavía resuena el eco de las palabras de Xabier Arzalluz, pronunciadas en enero de 2000, que descalificó a todos los magistrados que ejercían su labor en el País Vasco «salvo dos o tres» porque son «de fuera, no saben euskera y no quieren aprenderlo». Arzalluz manifestó entonces que la situación de la Justicia vasca era «impresentable».¿Tendrá la desfachatez de acudir hoy a este homenaje o de sumarse a él?

No se puede pedir a nadie que sea un héroe. A los jueces tampoco. Aquellos que han optado por hacer su trabajo se enfrentan a la disyuntiva de plegarse al chantaje de estos matones o jugarse la vida en defensa de sus principios. La sociedad está en deuda con ellos.

¿Qué hacemos con Batasuna?
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  11 Abril 2002

¿Es obligatorio tolerar al intolerante? ¿Hay que tolerar a HB/EH/Batasuna? La duda ofende. Habría que tener muy débil o confuso el sentido de la convivencia para aceptarlo. O ser muy acomplejado democráticamente hablando. O muy cobarde moralmente.

Es verdad que algo hemos avanzado: al menos ya nos planteamos la cuestión: ¿hasta qué punto debemos conceder a Batasuna la misma libertad que al resto de las organizaciones políticas?

La pregunta, no obstante, escandaliza a algunos pero por razones contrarias. Su estupidez moral no les permite concebir que pueda ser puesta fuera de la ley una organización que apoya siempre al terrorismo y que a veces lo practica. Algunos talentos jurídicos salen con la memez de que las entidades no son perseguibles, tan sólo los individuos. Por esa regla de tres también ETA podría aspirar a la legalización.

Poco a poco, después de lustros, ya décadas, los demócratas españoles -partidos, individuos, medios de comunicación, moralistas y electricistas- han decidido enfrentarse a esta compleja cuestión de la ilegalización de Batasuna. Ha tenido que darse toda la complicidad del mundo entre el partido que dirige Otegi y ETA para que se haya iniciado esta reflexión. Hemos tenido que oír por enésima vez el grito de Gora ETA para que nos hayamos sorprendido de que alguien tiene tal atrevimiento. Ha tenido que haber un 11 de septiembre para que en nuestra modorra moral hayamos empezado a sospechar que Batasuna no puede tener el mismo tratamiento que cualquier otro partido.

Los contrarios a la ilegalización de Batasuna se lamentan de antemano del desastre democrático que supondría dejar a tantos miles de votos huérfanos de partido. Realmente sensibles para con tanto votante sensible. Más sensibles con el derecho a votar que con el ejercicio de matar. Pero ¿acaso hay una vinculación directa? te dicen. Hay que hilar fino en democracia, te aconsejan los que permiten que otros cosan con maromas. Porque esta es la trampa: los escrupulosos espíritus democráticos creen que un sistema democrático tiene que estar expuesto a la acción de los bárbaros con tal de que cumplan unas formalidades. Y este es nuestro drama; no ya Batasuna, ni siquiera ETA sino los que protegen a ETA y a Batasuna de la acción de la justicia, los que llevan al sistema democrático a la indefensión, los que ponen de rodillas al Estado de Derecho ante sus asesinos.

Así que harto de tanta cobardía encubierta de legalismos y leguleyismos me voy a mi librería (un pequeño arsenal, seleccionado cuidadosamente para la conveniente defensa personal) y busco la autoridad en la materia. La máxima en este punto. Saco despaciosamente el libro de John Rawls «Teoría de la Justicia» y lo abro justamente por el capítulo 35 que se titula «la tolerancia de los intolerantes». Esto es lo que concluye Rawls:

a- Una secta intolerante no tiene derecho a quejarse cuando se le niega una libertad igual.

b- El problema de tolerar al intolerante está directamente unido al de la estabilidad de una sociedad bien ordenada.

c- Puede ser restringida la libertad cuando el tolerante, sinceramente y con razón, cree que su propia seguridad y la de las instituciones de libertad están en peligro.

La aplicación del Pacto por las Libertades pasa por la ilegalización de Batasuna.

Una Justicia «normalizada»
JOSE LUIS REQUERO El Mundo  11 Abril 2002

De siempre ha habido prevención entre los jueces para ir al País Vasco y, aun así, no pocos han vivido allí con normalidad. El pueblo vasco tradicionalmente nos ha respetado, pero desde ese respeto hasta el asesinato del magistrado Lidón media un camino jalonado de gestos, advertencias y de un doble lenguaje que presagiaban lo peor.

Al cambiar radicalmente el panorama con ese crimen, se hace inaplazable garantizar la seguridad de los jueces y, además, que se incentiven esos destinos. Sería catastrófico un goteo de marchas que evidenciase que la violencia y la amenaza desalojan a un Poder del Estado de una parte de España. Para resistir habrá que incentivar y proteger, pero sin olvidar que antes se ha deslegitimado a los jueces.

Primero fue con el lenguaje, instando a que se fuesen los que no hablasen el vascuence. Después, las resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno vasco se tildaban de españolistas.Un consejero ¡de Justicia! intervino en actos de desobediencia civil, como la representación del cierre de la Audiencia de Guipúzcoa. Añádase la presencia del portavoz del PNV en plataformas de apoyo a los terroristas presos por leyes y tribunales españoles, la voladura de la Audiencia de Alava o la increíble llamada del Gobierno vasco a incumplir la vigente legislación a propósito de la prórroga del Concierto vasco.

El hábitat del juez vasco es la amenaza y se le presenta como una manifestación más de un Estado odiado, no extraña que se atente contra él. En este contexto, ¿todo se arregla con escoltas o permisos? Si no se insiste en la legitimación del juez, los incentivos o la protección serán básicos, pero un analgésico que no curará el mal de origen.

¿Y los vascos? Ellos son los perjudicados. Sus gobernantes deberán explicarles por qué invierten su dinero en una Justicia que se deslegitima, o por qué se les aboca a tener jueces interinos o una Judicatura procedente de turnos que garantizarán jueces de un perfil políticamente correcto, o por qué se valora al juez si chapurrea el vascuence antes que por su formación jurídica.En fin, la Justicia parece que ha entrado en la otra normalidad vasca, la de las amenazas y los escoltas. Habrá que mantener la esperanza de lograr la verdadera normalidad, la de un Poder Judicial presente y efectivo.

Si HB fuera alemana
PATXO UNZUETA El País  11 Abril 2002

La mayoría de los consultados la semana pasada en el Sermómetro, de la Cadena SER, se pronunció a favor de la ilegalización de Batasuna (antes HB), al mismo tiempo que una mayoría aún más amplia consideraba probable que la medida provocara la radicalización de los votantes de ese partido y otros efectos negativos. Ese resultado es menos contradictorio de lo que parece. En política, como en economía, a veces hay que adoptar decisiones cuyo efecto a corto plazo se sabe negativo; porque se sabe también que las consecuencias de no hacer nada serían más negativas aún. Los riesgos de la ilegalización de Batasuna son proporcionales al retroceso sistemático, durante 20 años, de la democracia y del Estado de derecho frente a los abusos del mundo etarra del que forma parte Batasuna. Por ello, sopesar los efectos políticos de la ilegalización implica también valorar las consecuencias previsibles de seguir atrasando decisiones que la mayoría considera necesarias.

No hay forma de saber por adelantado qué podría ocurrir si el Supremo disolviera Batasuna. La credibilidad de las advertencias del nacionalismo ('dar oxígeno a ETA', etc.) es escasa, pese a su conocimiento del terreno, porque lleva 20 años oponiéndose a cualquier medida contra la impunidad de ese mundo y, a la vez, presentando como imprescindibles, para hacerle entrar en razón, medidas que luego sólo han servido para reforzar su intransigencia (como el cambio de trazado de la autovía de Leizarán) o favorecer los intereses del propio nacionalismo. Un antecedente a considerar sería el procesamiento y encarcelamiento de la dirección de HB en 1997: hubo convocatoria de huelga general y otras protestas, pero su eco fue escaso. Otro factor a considerar es la posibilidad de que el Gobierno vasco se negase a ejecutar la eventual sentencia del Supremo en la parte que le correspondiera.

Se argumenta que la reforma es innecesaria porque la ley de 1978 ya prevé la declaración de ilegalidad de los partidos. Sin embargo, los intentos de aplicarla para impedir la legalización de HB desembocaron en la desautorización por el Supremo. De un lado, porque consideró que un organismo administrativo, el Registro de Partidos, no podría decidir sobre un derecho fundamental como es el de asociación; de otro, porque la ley hace depender esa declaración de la documentación presentada por el propio partido. Con ese criterio, ni siquiera el de Hitler hubiera podido ser prohibido porque 'antes de alcanzar el poder no reconocía abiertamente sus fines', según sostiene la sentencia de ilegalización del Partido Socialista del Reich (SRP) por el Tribunal Constitucional de Alemania en 1952. Por eso, el proceso que llevó a tal decisión incluyó el análisis no sólo de los estatutos de dicha formación neonazi, sino las declaraciones de sus líderes, actuaciones de sus miembros, revelaciones de testigos y examen del material incautado en sus sedes. Así lo constata un documentado estudio sobre prohibición de partidos en Alemania redactada por Diego Íñiguez y Sabine Friedel que se publicará en el próximo número de la revista Claves.

La legislación alemana estaba muy influida por la necesidad de marcar una frontera clara respecto al pasado inmediato (su Ley Fundamental -Constitución- es de 1949). Se trataba, sobre todo, de evitar que pudiera repetirse la experiencia de acceso al poder por medios formalmente democráticos de un partido totalitario, que tras su victoria modifica las reglas de juego. De ahí que la legislación sobre partidos pusiera el acento en los fines, y no sólo en los medios.

En España, la ley que ahora se propone es el resultado de 20 años de experiencia de la utilización abusiva de la legalidad por un partido que forma parte de un entramado terrorista, y de los efectos del clima de impunidad en que se ha movido. Por eso se fija fundamentalmente en los medios. No se prohíbe el independentismo, sino la utilización de la coacción terrorista para imponerlo. Las incoherencias respecto a ese criterio general señaladas por algunos juristas son fácilmente subsanables en el trámite parlamentario. Sería conveniente que la ley naciera sin esas deficiencias y con un amplio consenso (incluyendo como mínimo a CiU, además de PP y PSOE). Pero deducir del anteproyecto que 'esto ya no es democracia, por mucho que lo vistan', como ha hecho Arzalluz, es impropio de un profesor de Derecho Político formado en Alemania: allí no habrían esperado 20 años para declarar fuera de la ley al brazo político de una organización como ETA.

La deconstrucción del PSE
Enrique de Diego Libertad Digital 11 Abril 2002

El abandono de Nicolás Redondo del Parlamento vasco -adelantada por la revista ÉPOCA y Libertad Digital- es una decisión ética, esperable tras el resultado del Congreso extraordinario, el juego sucio y el aislamiento al que ha sido sometido el exsecretario general. Por supuesto, deja claro que el interés de Patxi López y José Luis Rodríguez Zapatero de hacernos comulgar con ruedas de molino diciendo que no ha pasado nada. Ha pasado mucho. Los grandes cambios se producen traspasando una fina raya. El PSE lo hizo incluso antes del Congreso aprobando los Presupuestos con el PNV, sin hacer matizaciones ni ascos a las generosas subvenciones al entramado civil de la banda terrorista.

Nicolás Redondo se ha despedido con algunas reflexiones que entran dentro de la obviedad. Si se diaboliza su acuerdo con Jaime Mayor Oreja porque es de “derechas”, Arzalluz lo es mucho más. En cualquier lugar, Arzalluz, Egibar e Ibarretxe serían considerados personas de ultraderecha, con enraizados planteamientos xenófobos y con un programa máximo que es un proyecto totalitario. Más a la extrema derecha que Haider. Aquí la izquierda no les hace ascos, por complejo o por seguidismo o por nostalgias totalitarias, como si el nacionalismo fuera coherente en un totalitarismo que ellos han abandonado. Compañeros de viaje, por ejemplo, en la antiglobalización, en el odio a la libertad. En ese sentido, Patxi López regresa a la reacción.

Frente al totalitarismo las siglas adquieren un carácter relativo frente a la defensa de la libertad y la dignidad humana. La equidistancia, en esos términos, es una forma de acallanamiento, de cobardía moral. Lo que han puesto en marcha Zapatero y Patxi López es la deconstrucción del PSE. Pretenden hacerlo a favor del PNV, lo que es absurdo en un partido nacional. Hay alguna posibilidad de que esa deconstrucción termine beneficiando a la alternativa, si un número considerable de votantes entiende que la libertad está por encima de las siglas, los derechos personales por encima de los mitos. Y si el PP sabe ser tan generoso como audaz. Por ahora, Jaime Mayor Oreja, con su mano tendida a los descontentos del PSE y los exmilitantes del PNV, está actuando bien en esa línea.

Defender la democracia
Ignacio Villa Libertad Digital 11 Abril 2002

Por lo que estamos viendo, la reforma de la Ley de partidos políticos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. El presidente del Ejecutivo lo dejó claro ante la dirección del PP y lo ha vuelto a explicar en la sesión de control parlamentario al Gobierno. El planteamiento que ha ofrecido en este caso José María Aznar tiene dos ejes argumentales interesantes y bien fundamentados. En primer lugar, la ilegalización de Batasuna forma parte de los mecanismos necesarios para defender la democracia; en segundo lugar, son siempre los mismos los que ponen en duda la oportunidad de acorralar al brazo político de ETA. Estos dos puntos expuestos por el presidente dan pie al análisis político.

¿Cuales son las razones para que algunos manifiesten siempre tanta duda, tanto miedo y tanto complejo cuando se habla de terrorismo? ¿No tiene la democracia el derecho a defenderse dentro de unos parámetros comprendidos en el Estado de Derecho? Parece claro que la sociedad española debería felicitarse por actuar a la luz del día, sin miedos, con claridad y con la ley en la mano contra aquellos que quieren dinamitar la democracia desde el miedo y el asesinato. Es una buena noticia para todos los demócratas que en nuestro país funcionen con soltura los resortes de defensa de nuestro sistema. Es un seguro de vida. Todo elemento contrario a la democracia deberá ser detectado y neutralizado. Nadie, en ninguna democracia del mundo, permite que los verdaderos enemigos del sistema puedan atentar contra él impunemente.

Además no deja de ser curioso que siempre son los mismos aquellos a quienes a la hora de la verdad les tiembla la mano. Hablan y hablan, pero son incapaces de tomar decisiones. En esta actitud política hay que encuadrar a los nacionalistas vascos, que ya se han especializado en esos “fervorines” de Ibarretxe tras cada asesinato de ETA. Pero también hay que incluir a Izquierda Unida, con su líder Gaspar Llamazares al frente, que piensan que por gritar mucho y recitar frases elaboradas se llenan de razones. Es más bien lo contrario. Izquierda Unida se ha convertido en un grupo parlamentario marginal ocupado en todo menos en hacer política. Siguen pensando que llamar la atención es suficiente. Y con el paso de los días, todo indica que al PSOE también habrá que incluirlo en este territorio de la duda y de los miedos. Primero fueron claros, ahora ya ponen pegas y no duden de que, con su estrategia habitual, se terminarán desmarcando.

Con este panorama, el Partido Popular va camino de quedarse solo a la hora de defender estos resortes democráticos. Hace bien siguiendo adelante, aunque sea en soledad. Viendo y escuchando al presidente Aznar estos últimos días se percibe que la ilegalización de Batasuna se ha convertido en uno de sus objetivos inmediatos. Aznar se lo ha tomado en serio. Y en este caso, ha acertado. Estamos en un proceso donde quedarán señalados los mediocres, los timoratos y los acomplejados. Esperemos que este acierto del Gobierno lo sigan desarrollando desde la prudencia. De esta forma tendríamos ya mucho camino recorrido.

Nos cuentan que...
Impresiones El Mundo  11 Abril 2002

El próximo sábado, 13 de abril, se inicia una serie de encuentros entre Eusko Alkartasuna (EA) y dos escisiones de Euskal Herritarrok es decir, del entorno de ETA , los grupos navarros Aralar y Batzarre. También participarán Zutik (procedente del viejo Movimiento Comunista) y la formación vascofrancesa Abertzaleen Batasuna.El objetivo: impulsar un proyecto tan soberanista como el de Batasuna, pero basado en un frontal rechazo de la violencia etarra como estrategia política. Con protagonismo de Patxi Zabaleta, de Aralar, estos grupos y partidos ya se habían manifestado a finales de marzo, en coincidencia con el Aberri Eguna, exigiendo a ETA que dejase de matar; inmediatamente, los diarios Gara y Egunkaria publicaban la desafiante respuesta de la banda terrorista, que reiteraba que seguiría cometiendo atentados. De aquella semilla nace ahora una serie de reuniones que deben desembocar en un resultado significativo: la formación de candidaturas conjuntas de EA, Aralar y Batzarre para competir en las elecciones autonómicas navarras de mayo de 2003, en directa competencia, por un lado, con Batasuna si esta formación o alguna sucesora llega a participar , y por otro con el PNV, coligado con EA en los anteriores comicios navarros, pero expresamente excluido ahora de estos contactos abertzales.

110 jueces han abandonado el País Vasco desde hace 5 años
Entre ellos 5 de los 6 amenazados por el Sindicato de Abogados Euskaldunes
 Sobre un total de 197 plazas ha sido preciso nombrar jueces sustitutos a 121 licenciados en Derecho, ajenos a la carrera
MARIA PERAL El Mundo  11 Abril 2002

MADRID.- Ciento diez jueces han salido del País Vasco en los últimos cinco años, periodo en el que tampoco han llegado jueces suficientes para atender los órganos judiciales: en el País Vasco sólo se cubre una de cada cuatro vacantes. Ello ha obligado a recurrir a un número cada vez mayor de sustitutos.

La huida de jueces ha afectado especialmente a aquellos que han sido objeto de campañas de intimidación del entorno etarra: sólo uno de los magistrados incluidos en una «lista de jueces marcados» por «pisotear los derechos de los vascos» sigue en Euskadi.

«La primera victoria del terror es que los ciudadanos seamos vicarios del miedo», reflexionaba el 26 de marzo de 1998 el entonces presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez. Dos días antes su nombre aparecía en un comunicado del Sindicato de Abogados Euskaldunes que difundía una «lista de jueces marcados» por actuaciones supuestamente contrarias al euskara. El Sindicato, que redactó su comunicado en castellano, nació en 1997 e integra a abogados proetarras.

«Queremos lanzar directamente nuestra flecha a la juez Belén Pérez Flecha para que quede marcada, como hasta ahora han quedado marcados Marcelino Sexmero, José Luis Barragán, Yolanda Domeño, Carmen Margalejo y Joaquín Giménez», amenazaba el Sindicato.

Pérez Flecha, que tuvo la osadía de multar al abogado Iñigo Iruin por negarse a intervenir en un juicio con intérprete de euskara, abandonó el País Vasco el pasado febrero. Antes lo hicieron todos los demás jueces marcados, salvo Domeño: Sexmero se marchó siete meses después de ser incluido en la lista; Barragán, cuya foto apareció en panfletos en los que se le tachaba de «enemigo del euskara» y fue invitado a irse del País Vasco por HB, pidió otro destino en marzo de 2000; Margalejos, juez sustituta cuando fue marcada, sigue ejerciendo esa función pero en otra Comunidad, y Giménez fue promovido al Supremo.

Otros jueces se han ido tras aparecer sus nombres en documentos intervenidos a comandos de ETA y lo mismo ha ocurrido con fiscales.El representante del Ministerio Público, que pidió la apertura del juicio contra el acusado de distribuir los pasquines en los que se amenazaba a Barragán, había salido de Guipúzcoa muy poco antes de que una detallada información sobre sus movimientos fuera encontrada al comando Buruntza, en agosto de 2001. Ese comando tenía datos sobre 79 jueces, cifra preocupante si se tiene en cuenta que en el País Vasco hay 197 plazas judiciales.

Tres meses después, el pasado 7 de noviembre, ETA asesinó al magistrado José María Lidón. 14 jueces se han trasladado desde entonces fuera del País Vasco.

En los últimos cinco años han salido de la Comunidad Vasca 110 miembros de la carrera judicial. Sólo cinco magistrados han pedido voluntariamente un destino en Euskadi en ese mismo período y el volumen de jueces sustitutos (licenciados en Derecho a los que el Estado contrata anualmente para que ejerzan como jueces) es muy elevado: actualmente hay nombrados 121.

Una orden de Ibarreche, al margen de los Presupuestos, destina más dinero al euskera
Los euskaltegis, con veinte millones de euros en ayudas públicas, suben un cuatro por ciento
Una orden del departamento de Cultura del Gobierno v asco, publicada ayer en el BOPV, permitirá, al margen de los Presupuestos, incrementar los fondos públicos destinados a fomentar el aprendizaje del euskera, al aprobarse un aumento medio de un cuatro por ciento los precios que marca el Instituto de Euskaldunización, HABE, frente al dos por ciento incluido en los Presupuestos para el resto de los servicios. Los más beneficiados con esta fórmula serán los «euskaltegis», que verán incrementados los 20 millones de euros de subvención pública que recibieron en 2001.
M. R. Iglesias - Madrid.- La Razón  11 Abril 2002

La orden publicada ayer en el Boletín Oficial del País Vasco, y firmada por la consejera de Cultura, Miren Azkarate, fija un aumento medio de un cuatro por ciento en los precios públicos de los servicios que presta el HABE, el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos, un Organismo Autónomo del Gobierno vasco cuya única misión es distribuir los fondos públicos destinados al aprendizaje del euskera.

Este incremento del cuatro por ciento, frente a una media del dos para el resto de gasto marcado en los Presupuestos del País Vasco, significa que los euskaltegis, los centros dedicados a la enseñanza del euskera, que el pasado año se beneficiaron de más de veinte millones de euros en subvenciones públicas, unos 3.200 millones de pesetas, recibirán más fondos del Gobierno vasco.

La mayor parte de este dinero acaba en la coordinadora AEK, una polémica red de centros euskaldunizadores que se ha visto implicada en alguna de las investigaciones del juez Baltasar Garzón.

AEK controla la mayor parte de los euskaltegis que hay en la Comunidad autónoma vasca, y se nutre fundamentalmente de fondos públicos, que recibe del Gobierno vasco a través de HABE.

Aunque en sus inicios HABE tenía su propia red de euskaltegis para fomentar el uso del euskera, con el paso del tiempo y ante el incremento constante del volumen de fondos que se dedican en esta Comunidad a la enseñanza de la lengua autónoma, el Ejecutivo vasco optó por desmantelar esta red de centros de enseñanza del euskera y convertir al Instituto de Euskaldunización en un organismo pagador por el que tiene que pasar todo aquel que quiera aprender euskera.

Según la orden publicada ayer, el precio de los cursos impartidos por euskaltegis públicos en locales del propio euskaltegi será de 59,67 euros a la hora por todo el grupo, justo un cuatro por ciento más que los precios que regían el pasado año que ascendía a 57,38 euros a la hora por grupo. Igual incremento tienen los preciso marcados por HABE para los cursos que se imparten en locales de las Administraciones Públicas, o para aquellos que realizan los euskaltegis privados, ya sea en sus propios locales o en lugares públicos.

El proceso que se sigue para repartir el dinero es que HABE marca todos los años los precios de los servicios que presta, pero como este Instituto no imparte cursos sino que se los encarga a organizaciones como AEK, acaba subvencionando a estos centros para que den clases de euskera con la misma cantidad de dinero que costarían las enseñanzas si las impartiese el HABE. De esta forma es el propio Gobierno vasco quien marca, indirectamente, las cantidades de dinero que se destinan al euskera, ya que por cada curso que se aprueba el precio, y por tanto la subvención que luego recibirá, está fijado de antemano.

Fuentes del PP han señalado a este periódico que Ibarreche busca «todas las tretas posibles para destinar más dinero al euskera, en los últimos años se ha multiplicado por dos el dinero que mueve AEK y otros euskaltegis, y si luego les falta dinero aprueban nuevos créditos».

Por otra parte, y en relación con la política peneuvista de apoyo del Euskera, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, acusó ayer a la Administración central de «zancadillear» el proceso de normalización del idioma en el País Vasco y anunció que mantendrá próximas reuniones con el Ministerio dirigido por Ángel Acebes con el fin de que retire los tres conflictos de competencias que ha interpuesto contra decretos relativos al personal de la Administración de Justicia «transferido», en los que se establecen perfiles lingüísticos para determinados puestos de trabajo, informa Ep. El consejero vasco recordó que ésta fue una de las cuestiones que planteó a Acebes en la entrevista que mantuvo con él el pasado mes de marzo y mostró su esperanza en que esta cuestión se pueda llegar a resolver. Añadió que no pretende «estar constantemente enfrentado al Estado»

ICV denuncia «irregularidades» de los negocios de la familia Pujol
ABC  11 Abril 2002

BARCELONA / BILBAO. El Consorcio de Turismo de la Generalitat encargó tres estudios de «dudosa utilidad» por un valor de 21 millones de pesetas a una empresa dependiente de Europraxis, sociedad participada por el hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola. El Consorcio de Turismo depende de la conselleria de Industria, de la que es secretario general otro hijo del Presidente, Oriol Pujol Ferrusola.El portavoz parlamentario de ICV, Joan Boada, y el diputado ecosocialista José Luis López Bulla, denunció ayer este «nuevo caso de negocios familiares» de la familia Pujol Ferrusola y anunció que reclamarán la creación de una comisión de investigación en el Parlament y que no descartan recurrir a la vía judicial y al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, dos militantes de Unió acusaron ayer directamente al líder de la formación y secretario general de CiU, Josep Duran Lleida, de estar al corriente de los presuntos pagos que el empresario Fidel Pallerols efectuó a miembros de este partido para su financiación irregular.

La «trama» del PNV
En el País Vasco, el grupo municipal del PP de Bilbao solicitó ayer a la Fiscalía Anticorrupción que investigue lo que considera «trama del PNV» en la empresa Udal Sareak, perteneciente al Consorcio de Aguas. El PP indicó que tanto el personal como las empresas subcontratadas «son miembros del PNV, cargos públicos o familiares», informa Efe.

En un escrito a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para que sea remitido a la Fiscalía Anticorrupción, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Basagoiti, exigió al alcalde de Bilbao la destitución del presidente de la sociedad y teniente de alcalde, Iñaki Etxebarria, por su implicación en esas contrataciones irregulares. Basagoiti señaló que el capital de Udal Sareak es en su totalidad de carácter público, «venido de impuestos y de las tasas del agua» y en esta sociedad «el PNV ha contratado entre su personal fijo a miembros del partido, cargos públicos e hijos de éstos». Además, denunció que Udal Sareak adjudica sus proyectos a empresas «relacionadas familiarmente con esa sociedad o con dirigentes nacionalistas».

Basagoiti aseguró que esta «trama» ha surgido «porque el PNV lleva mucho tiempo en el poder y se cree que con el dinero público puede contratar a sus amigos».

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