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Recortes de Prensa     Viernes 12 Abril  2002
Topar con el nacionalismo
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 12 Abril 2002

Batasuna y la esquizofrenia del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital  12 Abril 2002

Un precedente histórico
Pío Moa Libertad Digital  12 Abril 2002

Redondas verdades
CARLOS HERRERA ABC  12 Abril 2002

Redondo Terreros
ALFONSO USSÍA ABC  12 Abril 2002

Ibarreche cumplimenta al tirano
Editorial La Razón  12 Abril 2002

Imbéciles y apologetas
Editorial La Razón  12 Abril 2002

Redondo Terreros se marcha
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  12 Abril 2002

La situación del idioma español en Filipinas
Andreas Herbig es fundador del Círculo Hispano-Filipino La Razón  12 Abril 2002

 

Topar con el nacionalismo
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 12 Abril 2002

El anuncio por parte de Nicolás Redondo Terreros de su renuncia a su escaño en el Parlamento de Vitoria y a su puesto en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha constituido la culminación inevitable de un largo y doloroso proceso que se venía gestando hace bastante tiempo. Sin duda, el resultado de las últimas elecciones autonómicas vascas proporcionó el detonante de esta noble y trágica caída, pero la causa profunda estuvo siempre presente, tanto en el seno del Partido Socialista Vasco como en la sede central de la calle Ferraz. Dos son las conclusiones que se extraen del paso de Nico Redondo a la condición de militante socialista de base. La primera está curiosamente contenida en la irónica dedicatoria que uno de los más relevantes pensadores liberales del siglo XX puso en la primera página de una de sus obras capitales. Cuando Hayek publicó su célebre Camino de servidumbre, colocó en su frontispicio esta frase cruel: «A los socialistas de todos los partidos». Pues bien, si un día Nicolás Redondo Terreros se decidiera a dar a la imprenta un libro de teoría social podría sin incurrir en inconsistencia ofrecérselo «a los nacionalistas de todos los partidos», con la seguridad de que muchos de sus compañeros de Guipúzcoa y algunos de Vizcaya no se sentirían demasiado incómodos ante la alusión. Porque salta a la vista que han sido los sectores filo, pseudo o criptonacionalistas, el prefijo es lo de menos, de sus mismas filas, los que han propiciado inmisericordemente su relevo.

La segunda radica en la imposibilidad para un dirigente catalán o vasco de uno de los dos grandes partidos nacionales en la España de hoy de situarse en primerísima línea de combate contra los nacionalismos étnico-lingüísticos sin verse descabalgado antes o después, más o menos traumáticamente, de su liderazgo por sus propios jefes. El origen de este paradójico fenómeno está en la ineludible necesidad de contar con el apoyo nacionalista para gobernar, bien sea en el plano nacional o en el autonómico. Felipe González experimentó esta tortura entre 1993 y 1996, y José Mª Aznar entre 1996 y 2000. En cuanto al Partido Socialista Vasco no tuvo más remedio que aliarse con el PNV para tocar poder en Ajuria Enea hasta que el siniestro pacto de Estella le obligó a interrumpir esta colaboración. Se produce así la contradicción de que los encargados de mantener la unidad constitucional del Estado alimentan en su regazo a aquellos cuyo propósito confesado es destruirla, con el añadido, se supone que molesto, del sacrificio ritual de sus hijos predilectos con el fin de aplacar las iras de los particularismos secesionistas. Con los nacionalismos hemos topado, debe decirse Nicolás Redondo en estas jornadas amargas mientras lame melancólicamente sus heridas. Por supuesto, no le servirá de consuelo saber que ni ha sido el primero ni, al paso que vamos, será el último.

Batasuna y la esquizofrenia del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital  12 Abril 2002

Ya es lamentable que el PSOE haya dado marcha atrás en su apoyo al texto presentado por el Gobierno para proceder a la ilegalización del entramado político de ETA. Mucho más grave es, sin embargo, que los vocales progresistas del CGPJ hayan hecho seguidismo del partido que les nombró avalando la insostenible objeción de última hora de los socialistas: pretender que sea el Ministerio Fiscal el único que tenga la potestad de promover ante el Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. ¿Cuál es el fundamento jurídico para pretender que la fiscalía tenga semejante monopolio? Los socialistas rechazan que los representantes políticos o el Gobierno también puedan ejercer esa iniciativa aduciendo que hay que evitar dar a la ilegalización un cariz “partidista”. Es una objeción tan absurda que cae por su propio peso. Los partidos políticos no sólo deben tener el derecho sino el deber de llevar a los tribunales a una formación si creen que esta vulnera la ley. ¿Por qué ha de denigrase como “partidista” esa iniciativa ante los tribunales y, en cambio, no se considera “partidista” la ley misma que regula la ilegalización y que impulsan tanto el PP como el PSOE?

El argumento socialista está aun más injustificado si tenemos en cuenta que serán los tribunales, no los partidos ni el Gobierno, quienes finalmente determinen o no la ilegalización. El “celo” del PSOE y de sus vocales en el CGPJ carece, pues, de todo fundamento y resulta particularmente surrealista cuando la Fiscalía es una instancia dependiente del Gobierno y los socialistas han venido denigrándola sistemáticamente en la figura de Jesús Cardenal al que le acusaban de ser el “abogado general del Gobierno”.

La cuestión de fondo para que los socialistas dieran inicialmente su apoyo al Gobierno y posteriormente dieran marcha atrás con objeciones de tan poco peso obedece a dos razones fundamentales. Por un lado, el PSOE había llegado a la misma tardía convicción del PP de que era insostenible seguir dando amparo legal y subvencionando una formación proterrorista como Batasuna. Además se unía el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos –incluido el electorado socialista– no entendería y penalizaría al PSOE si este se negara abiertamente a esa ilegalización.

Por otro lado, sin embargo, el presentarse de la mano con el Gobierno –aún en una cuestión tan esencial para nuestra democracia como es dejar fuera de la ley al entramado político terrorista– suponía un obstáculo para el acercamiento a los nacionalistas exigido por Prisa y acatado por la dirección socialista, primero en Madrid y luego en el País Vasco. Los puentes con los nacionalistas ya habían pasado por encima del cadáver de Redondo Terreros y llevado a los socialistas incluso a negarse junto al PNV a secundar la iniciativa del PP de presentar mociones de censura conjuntas contra Batasuna en varios municipios vascos. El PNV dejó patente una vez más que no estaba dispuesto a pactar nada con los constitucionalistas que pudiera dañar a los abertzales, y el PSOE, por no dejar en evidencia este hecho, tampoco secundó una iniciativa con la que en principio estaba conforme.

Todas estas maniobras de acercamiento a los nacionalistas podrían venirse al traste si los socialistas se presentaran ahora incondicionalmente junto al PP a la hora de ilegalizar Batasuna. Era, pues, necesario hacer algunas objeciones al Gobierno para dejar claro que la etapa de Redondo Terreros estaba muerta y enterrada. Ciertamente, los socialistas no podían negarse frontalmente a la ilegalización de Batasuna, pero sí se podrían hacer perdonar por los nacionalistas presentando “objeciones técnicas” al texto. El País también se puso manos a la obra y en los últimos días ha estado arremetiendo contra el Gobierno acusándolo de creerse “el único interprete válido del Pacto por las Libertades” y publicando una serie de consultas a escogidos “expertos” que avalaran las objeciones socialistas. Poco importa que la mayoría de asociaciones de jueces e, incluso, la Asociación de Fiscales Progresistas respaldasen esta semana el proyecto del Gobierno; la presión de los medios y de los dirigentes socialistas ha sido tan grande que han logrado que sus vocales en el CGPJ avalen una pretensión tan carente de fundamento jurídico como es la de que sólo la Fiscalía General pueda pedir al Tribunal Supremo que decrete la ilegalización de los proterroristas. Mientras tanto, Arzalluz asegura que, sea quien sea quien inste la ilegalización, su partido la recurrirá ante el Tribunal de Estrasburgo...

Algunos bienintencionados dirán que la objeción de los socialistas no es de tanto peso como para que el PP no ceda en pro del mayor consenso posible... Lo mismo, sin embargo, puede decirse al PSOE, con mucha más razón si se tiene en cuenta que este partido inicialmente dio su apoyo al proyecto del Gobierno y las objeciones que plantea ahora no tienen base jurídica ni utilidad alguna. Es evidente que el proyecto del Gobierno es el que más facilidades da para proceder contra Batasuna y aún está por ver que el PSOE opte finalmente por votar en su contra si el Gobierno no cede.

En cualquier caso, la esquizofrenia en la que está instalado el PSOE y su pretensión de equidistancia entre los nacionalistas y el PP no deben ser camufladas por el Gobierno aceptando y dando legitimidad a unas objeciones carentes de todo fundamento. Aznar debe, sin moverse, obligar a los socialistas a afrontar con claridad su dilema. Y tomar buena nota de su decisión para venideras reuniones del Pacto por las Libertades y encuentros con Zapatero...

Un precedente histórico
Pío Moa Libertad Digital  12 Abril 2002

El problema del PSOE no es abandonar el pacto antiterrorista, pues lo ha abandonado ya al defenestrar a Redondo, sino hacerlo de modo que le cause el menor daño ante la opinión pública, o, dicho de otro modo, buscar pretextos para confundir a un número suficiente de votantes, haciendo recaer sobre el PP la culpa, o algo de la culpa. No otro sentido tiene el montaje de acusaciones, rasgado de vestiduras y clamor de escrúpulos constitucionales, coreado por los medios de Polanco.

La primera fase fue la opción por el PNV. Parecía imposible en el País Vasco, donde los socialistas son víctimas diarias del amasijo nacionalista-terrorista, pero lo han logrado. El argumento esgrimido es que los socialistas no pueden ir nunca al lado del PP, su enemigo principal, el que les ha echado del poder mediante –dicen ellos– los más sucios trucos. Argumento de peso para la tropa intermedia del partido, que llora la pérdida de innumerables y rentables cargos públicos, sin haber entendido nunca que la corrupción fuera cosa mala si les beneficiaba a ellos. Aquí, el problema de fondo es que el PSOE no se ha regenerado, sigue dominado básicamente por un grupo de corruptos inescrupulosos, tan ávidos de poder como sedientos de venganza contra Aznar y los suyos. Los tímidos indicios de cambio han sido ahogados y los dirigentes más honrados están llevando claramente las de perder.

En su lucha por el poder y la venganza, los jefes del PSOE son capaces de aliarse incluso con un partido resuelto a descuartizar a España y responsable de la anulación de la libertad en el País Vasco. Asistimos ahora a maniobras, desde los tentáculos socialistas en el poder judicial, contra la ilegalización del partido del terror. Parecía increíble, pero así van las cosas. La alianza con el PNV incluirá, probablemente, la defensa de Batasuna o al menos la resignación ante ella, quizá esperando que así los tiros se desvíen todos hacia el PP.

La situación recuerda otra, en 1908, cuando, ante los incesante atentados ácratas en Cataluña, Antonio Maura propuso una ley antiterrorista. Vale la pena repasar a Cambó al respecto: "Las izquierdas más extremas, que eran entonces los socialistas (…) se sirvieron de esto como plataforma para una campaña de agitación (contra la ley)". Los socialistas no son ahora la extrema izquierda, recuerdan más al partido entonces llamado liberal, y al que hoy quizá no llamaríamos así, lleno todavía de resabios jacobinos. Pero "los liberales se asociaron a los socialistas para crear dificultades a Antonio Maura (…) La campaña contra el terrorismo pasó del Congreso al mitin y a las manifestaciones públicas, yendo liberales de todas las capillitas, más por cobardía que por valor, en compañía de socialistas y republicanos que se complacían en superarlos en estridencia. Se creó una agitación artificial, pero tan ruidosa que obligó a Maura a renunciar al proyecto de ley". Con lo cual el régimen de la Restauración se vio privado de un instrumento básico para combatir el terrorismo, verdadera plaga de la época. Y concluye Cambó: "Después, Gobiernos liberales y republicanos tuvieron que hacer aprobar proyectos mucho más rigurosos a fin de mantener el orden público y salvar al respectivo régimen y evitar la anarquía y el caos". A los socialistas realmente moderados y demócratas les conviene repasar esta experiencia.

Redondas verdades
Por CARLOS HERRERA ABC  12 Abril 2002

Adiós, Nicolás. Puerta, Camino y Mondeño, o sea, muchas gracias por el tiempo empleado en hacer más digno el lodazal político vasco, pero adiós, a casa, que los tuyos están ahora en otra cosa, en otro trámite negociador. Tú, a tu casa, que el partido está en manos seguras y sobrias. Las manos que han firmado el primer acuerdo con el PNV son las que aventuran el futuro que nos espera: su debut en el consenso se ha traducido en el nombramiento de un Defensor del Pueblo que no sabe que una parte del pueblo vasco mata o persigue a la otra, como ayer recordó brillantemente Edurne Uriarte, o que considera inadecuado tener a un adjunto que pertenezca al PSOE. Semejante indecente, el tal Oquiñena, perteneciente al fragmento vasco de los que miran para otra parte mientras aquellos a los que jamás ilegalizaría dan vivas a los asesinos -o, simplemente, matan- es el gran logro consensuado de esa nueva dirección socialista que quiere escenificar su danza solitaria. Vaya primera elección. Otro puyazo que les clava el PNV antes de que vuelvan al caballo así les muestren el engaño y vuelvan a empezar. Van a convertirse en cómplices de que la gobernación vasca siga abasteciéndose de indeseables y de miserables como el mentado, pero da igual.

Y, a todo esto, a Nicolás se le ocurre decir, al tiempo que cierra suavemente la puerta, que está más cerca de Jaime Mayor que de Arzalluz, más cerca del autonomismo y de la Constitución que de la autodeterminación, lo cual puede suponer que a determinados mediocres se les inflame esa vena que acaba provocando la cólera del español sentado. A cualquier socialista sensato, con proporciones normales de decencia moral, de responsabilidad política, le parecería normal estar más cerca de un hombre de centro derecha, con posición inequívoca ante los asesinos, con impecable trayectoria democrática y con criterios ampliamente autonomistas que de un salvaje de extrema derecha, espesa y expresamente antidemocrático y con doble lectura ante el crimen del que tantas veces ha reconocido beneficiarse. Parece prudente y juicioso estar más cerca de Mayor Oreja que del hombre que con más pericia ha sabido azuzar el odio y la malevolencia, pero, sin embargo, ello habrá de costarle a Redondo un conjunto de invectivas que no habrán de tardar en suceder y que llegarán desde su propio partido, el mismo que ha considerado indispensable que tome el camino de vuelta a casa y que cierre la puerta por dentro. La que te va a caer, amigo, ponte a cubierto. Decir en esa tierra que uno prefiere a Mayor Oreja que a Arzalluz es un acto de valentía incuestionable que no tienen agallas de poner en práctica muchos socialistas, incluidos quienes lo piensan. Es parejo a decir en cualquier punto de España que los sindicatos se han transformado en una partida de holgazanes liberados y bien pagados incapaces de preocuparse por los que no tienen trabajo: la empresa pública está llena de individuos que viven del cuento de elaborar hojas informativas y la empresa privada de otros tantos que no dan golpe ni para descansar. Decir lo que ha dicho Nicolás es como decir que a los delincuentes hay que castigarlos, a los estudiantes examinarlos y a los emigrantes regularlos: cosa de sentido común, pero de consecuencias imprevisibles, ya que parece surgir del acomplejado fondo de los individuos un indeterminado rubor que les impide situarse más cerca del bueno que del malo y que les hace descalificar al que toma posiciones en ese sentido.

Llegarán tiempos mejores, Nicolás, no debemos dudarlo. Entre tanto se acercan, recibe el agradecimiento de la gente decente y saboréalo con el sosiego de los que no tienen prisa por tardar, como escribió aquél.

carlos@carlosherrera.net

Redondo Terreros
Por ALFONSO USSÍA ABC  12 Abril 2002

CUANDO un político se juega la vida durante años, mantiene la dignidad durante años, no se deja avasallar durante años y asiste a entierros de asesinados por la ETA durante años, sólo espera un leve reconocimiento para seguir en el punto de mira, que ése es el punto que ocupan los políticos dignos en las provincias vascongadas. Lo que no puede ser es que el partido político de ese dirigente honesto y valiente le diga, al cabo del tiempo, que no ha hecho otra cosa que bobadas. A Nicolás Redondo le han matado políticamente entre la ETA, el PNV y su propio partido, y han hecho de su dignidad un guiñapo, de su resistencia una mala anécdota y de su honradez una provocación. El Partido Socialista de Euzkadi -con «z», sí- ya está en manos de quienes el PNV deseaba. Por ahí vuelan pactos mercantiles y acuerdos editoriales en los que, sorprendentemente, el señor Rodríguez Zapatero parece interesado en participar. Cuando se escriba la historia, inevitablemente negra de este período, algunos de sus protagonistas no podrán soportar la mirada de sus conciencias. Por ahora se mueven escondidos tras sus justificaciones. Metástasis general y estallante de un socialismo enfermo que cree que su recuperación está en manos de una quimioterapia aún más nociva que la enfermedad en sí. Con la caballerosa despedida de Nicolás Redondo Terreros, con su imagen de hombre solo descargado de sus responsabilidades, se le han ido al PSOE decenas de miles de votos en todo el territorio de España. Allí donde exista un cementerio con una tumba adelantada por la ETA, la soledad de Redondo se habrá interpretado como una traición. No le cabe en la cabeza a la llamada cúpula dirigente del PSOE el vacío de tanta huida. Y sobre todo, menos aún, la capacidad para encontrar argumentos convincentes que retrasen la despedida de los decepcionados.

Lo que ahora viene en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava resulta imprevisible. En Álava, quizá, con la presencia resistente de Javier Rojo puede recuperarse el socialismo humillado, pero es más un sueño que una esperanza. Aquello se ha podrido casi definitivamente. Y la putrefacción es consecuencia de Madrid y de Bilbao, porque su origen está en el pitorro de una chapela cuya altura no alcanzan los socialistas de a pie. Bajo ella están los que mueren, resisten, luchan, trabajan y se enfrentan a la depuración. Sobre ella, los que deciden, los que pactan, los que se reparten el poder y todos los beneficios que del poder surgen.

Nicolás Redondo Terreros representa hoy el papel magnífico y patético de un hombre abandonado por decente. Entre sonrisas amables y miradas de ojos verdes ha sido invitado a dejar atrás toda una vida de lucha. Por la clase trabajadora, por la libertad, por los derechos humanos, por la dignidad de las personas y por la defensa de la vida de los que piensan de otra manera que los asesinos y sus agradadores. Con los agradadores estará ahora Pachi López dibujando estrategias futuras. Con Pachi López, los mofletes y la mirada abotargada de Benegas, el flexible y atemorizado junco de Jáuregui, la babosa complacencia de Elorza y el lejano rencor de González. Detrás de ellos, los acuerdos y abrazos escondidos en «Sabin Echea», donde el dueño de la vida de los vascos les ha garantizado seguridad, sosiego, protección y pesebre.

Nicolás Redondo ha desaparecido en la calle. Pero sigue siendo un vasco peligroso para quienes se han apropiado de aquella tierra. Es peligroso, sobre todo, para los suyos. Le envío desde aquí mi recado de español agradecido.

Ibarreche cumplimenta al tirano
Editorial La Razón  12 Abril 2002

Al mismo tiempo que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aceptaba una propuesta de Uruguay para instar al régimen de Fidel Castro a «avanzar en el reconocimiento de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos», el lendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan José Ibarreche, cumplimentaba al tirano en su isla prisión y hablaba de los estrechos «lazos» que unen a «Cuba y Euskadi» y del «respeto» mutuo entre «los dos pueblos».
La visita de Ibarreche, como la de cualquier político occidental, cumple un servicio fundamental para la dictadura castrista: demostrar que no está aislada internacionalmente. Por ello, la cordialidad y simpatía desplegadas por el lendakari en este viaje, uno de los pocos al exterior de Ibarreche, son una coartada más para la tiranía. Pero, además, el problema con Cuba es que, junto a la injusticia de su orden interno, que ha condenado a muchos cubanos al exilio, cuando no a la cárcel, es una isla que sirve de refugio a conspicuos miembros de la banda terrorista Eta. Allí está la huella de Elena Bárcenas y de Ignacio Rodríguez Muñoa, que secuestraron, torturaron y asesinaron al capitán de Farmacia Martín Barrios, y la de una veintena de criminales más. Gozan del apoyo del partido comunista cubano. Si Ibarreche quiere acabar con Eta, bien podría comenzar en Cuba pidiendo a Castro la entrega a la Justicia de tan siniestros personajes. Y, después, pidiendo libertad para los cubanos. Si no lo hace, será cómplice de la tiranía.

Imbéciles y apologetas
Julián LAGO La Razón  12 Abril 2002

Nadie dudará que el crimen organizado no puede estar legalizado. Al Capone siempre permaneció fuera de la ley. Cierto que lo que le llevó a dar con sus huesos en la cárcel no fueron sus prácticas mafiosas sino un delito fiscal. Pero no porque la ley contra el crimen organizado fuera ineficaz, sino porque en el Chicago de los años treinta Al Capone extendió una red de sobornos entre la policía. Con otra policía Al Capone habría sido detenido por su conducta mafiosa.

En las sociedades democráticas han de funcionar mecanismos, legales y políticos, suficientes para que nadie, en nombre de los principios democráticos, atente impunemente contra la esencia misma de las libertades. El presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, ha dicho, y ha dicho bien, que somos demócratas pero no imbéciles. Sin duda no deja de ser prueba de imbecilidad que los terroristas utilicen, para más inri con cargo a los Presupuestos Generales, las ventajas de nuestro ordenamiento jurídico para socavar el Estado de Derecho: financiación, estructura de sedes sociales y voz parlamentaria. Sabemos que, muerto el perro, no se acabará la rabia.

Detrás de Eta hay un sector de la sociedad vasca, mínimo si se quiere pero activo, para el cual la violencia constituye un instrumento político. So pretexto del derecho a la libertad de expresión, son constantes las manifestaciones apologéticas del crimen organizado, tal y como recientemente ha ocurrido en Francia con el dirigente filoetarra Otegui. Pero Otegui no es Gerry Adams, ni Euskadi es Irlanda, ni Batasuna es el Sinn Fein. Batasuna no es más que una herramienta instrumental del conglomerado terrorista, a tenor de lo que los tribunales se han encargado ya de demostrar. No se trata, por tanto, de acallar a quienes desde la pluralidad representativa hacen de la independencia su programa máximo: el pensamiento no delinque. Lo que sí delinque es el método, la asistencia apologética y la cantera de la violencia de la cual, merced a la legalidad, se nutre el crimen organizado.

Con la deslegalización de Batasuna se marcará una línea divisoria, inequívoca, nítida, entre el pensamiento separatista y la complicidad con Eta. Hay quienes objetan que la deslegalización de Batasuna provocará una reacción mitificadora, de lo cual dudamos mucho. Cuando la Audiencia Nacional encarceló a la mesa de HB surgieron argumentos similares que el tiempo se encargó de desautorizar. Parece obvio que la clandestinidad no resulta el mejor habitat para organizarse, propagar y colaborar con Eta: el cambio de denominación de Batasuna, a toda prisa, evidencia que la reforma de la Ley de Partidos preparada por el ministro Acebes ha hecho diana. Pero además, frente a cualquier posible objeción, política o jurídica, hay una razón de peso definitiva: el Estado está obligado a prestar protección a sus ciudadanos y, si para ello ha de modificar sus leyes, modifíquense cuanto antes. Lo que hace falta es que luego Al Capone no encuentre complicidades.

Redondo Terreros se marcha
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón  12 Abril 2002

Podría haber explicado aún más alto las razones de su salida de la política, pero no más claro. Dijo: «Mayor Oreja es de derechas y yo de izquierdas; él es constitucionalista y yo también; él es autonomista y yo también. Me separan menos cosas que con Arzalluz, que es más de derechas, y que es independentista y yo no». Con pocas palabras ha retratado lo que sienten muchos militantes del PSOE cuando se les intenta convencer de que es mejor caminar de la mano del Partido Nacionalista Vasco que del Partido Popular.

Rodríguez Zapatero no ha caído aún en la cuenta de que el giro propuesto en el País Vasco puede dolerle mucho tanto allí como en el resto de España. Y más cuando el recién elegido Patxi López se dedica a hacer declaraciones buscando la equidistancia entre PP y PNV, lo que es imposible mientras en el País Vasco de lo que haya que hablar sea de violencia. No tiene credibilidad.

Redondo Terreros ha preferido dejar la política a mantener sus cargos, lo que hubiera provocado que las discrepancias terminaran en ruptura, gesto que le honra, pero quizás alguien debería recoger la bandera que deja en la silla para dar sensatez a un partido que trabaja dando palos de ciego. El hecho de que se vaya a su casa no cambia la realidad del País Vasco, único sitio de la Unión Europea donde no se vive con libertad.

Y la tristeza vasca no se va a aliviar dejando la solución en manos de la ultraderecha nacionalista, porque ya se ha demostrado que son incapaces de cambiar las cosas, seguramente porque necesitan vivir bajo ese clima de opresión que es el que, de vez en cuando, les hace aparecer como salvadores en vez de culpables. La marcha de Redondo Terreros es mala noticia, y no sólo para el PSOE: los que luchan por la libertad en el País Vasco no pueden terminar a un lado del camino, sean del partido que sean.

La situación del idioma español en Filipinas
Andreas Herbig es fundador del Círculo Hispano-Filipino La Razón  12 Abril 2002

Está prevista una visita de Estado a España de la presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo en este año. El círculo Hispano-Filipino dedicado a la promoción de la lengua y cultura hispánica en Filipinas, considera que el plan de la visita oficial a España del más alto mandatario de Filipinas ofrece una buena oportunidad para mostrar a la opinión pública española el estado lamentable de la legua española en Filipinas y lo que no se hace por ella a pesar de un mandato constitucional y un tratado de cooperación entre el Reino de España y la República de Filipinas firmado en Manila el 30/06/00. En el tratado de cooperación, las dos partes contratantes:

1. consideran los estrechos lazos históricos y culturales entre sus pueblos, patentes en su historia compartida y en su pasado común.
2. se comprometen a promover todas encaminadas las actuaciones a estimular sus valores culturales comunes, basándose en sus tradicionales lazos históricos y humanos; y
3. conscientes de la importante herencia histórica y cultural que comparten, convienen en: a) Promover e impulsar la recuperación y difusión de la lengua española en Filipinas; b) Promover la recuperación de su memoria histórica común; y c) Facilitar en cada país el acceso recíproco a los bienes y al patrimonio cultural del otro.

Hasta hoy todos esos compromisos no son más que papel mojado. La vigente constitución de Filipinas establece que «el español y el árabe serán promovidos de manera opcional y voluntaria» (art. XIV sec. 7 pár. 7). La corte suprema del país, con competencia para interpretar la constitución, estimó que la frase «serán promovidos» en el mandato constitucional ha de entenderse como obligación de impartir cursos de español en los de centros docentes de Filipinas pues no se puede un concebir promover un idioma sin enseñarlo. La fraseología de la corte suprema es muy clara: «serán enseñados» (Decisión de la Corte Suprema en el caso G.R. No. 78436, del 26 de enero de 1988). Sin embargo, el Departamento de Educación (DEC) de Filipinas y la Comisión de Educación Superior (CHED) de quien dependen los centros de enseñanza superiores hacen imposible la enseñanza del español.

En 1987 el DEC removió los cursos de español de la lista de cursos necesarios para graduarse en cualquier carrera. Estos cursos ahora los puede impartir una universidad por su cuenta dentro de la lista de requisitos para la graduación que se deja a la elección del centro, una cuota que venía a ser como un 20% del total. Pero lo que hace ahora el CHED es reducir cada vez más esta cuota de manera que los centros que ofrecen cursos de español se ven obligados a reducirlos cada vez más. Lo más perverso de esta situación es que entre los retiros por edad y que nadie quiere prepararse para enseñar español porque estos cursos están abocados a desaparecer, los profesores de español van desapareciendo.

El gobierno no sólo no hace ningún esfuerzo por implementar el mandato en el sentido interpretado por la corte suprema, sino que hace oídos sordos a las peticiones que se le envían desde nuestro círculo. Como resultado, hasta hoy la gran mayoría de los centros de enseñanza pública no ofrece ningún curso de español ni se provee de medios o aprueban presupuestos para que se haga. En contraposición, el idioma inglés es asignatura obligada en todos los cursos y niveles y su enseñanza se financia con fondos públicos recogidos de la recaudación de impuestos que pagan todos los filipinos.

Los centros de enseñanza pública usan libros de texto de historia de Filipinas donde se tergiversa la historia que se pretende enseñar para crear un clima xenófobo contra la cultura y, de rechazo, la lengua españolas. Con estos textos se crea un clima de repugnancia si no hostilidad contra todo lo español. Se omite toda mención a la obra civilizadora de España y se cargan las tintas contra la administración colonial española calificándola de cruel y opresora. Al mismo tiempo se glorifica la benevolente administración americana y se esconden hechos como las atrocidades de la guerra filipino-americana cuando EE UU suprimió la independencia filipina y se incautó del país.

Se calla que en este proceso, el ejército americano causó más bajas entre 1899 y 1913 que los 350 años de «cruel» dominación española. Esta actitud es contraria a la letra, pero sobre todo al espíritu de la constitución filipina y de los compromisos explicitados en el tratado de cooperación de promover e impulsar la recuperación y difusión de la lengua española en Filipinas y la recuperación de su memoria histórica común. No nos parece que esa actitud sea respetuosa con la herencia hispana del país y pueblo filipinos. La opinión pública española ha de preguntarse si esa actitud es todo lo que se puede esperar de un gobierno que está obligado a cumplir e implementar el mandato constitucional sobre la enseñanza del español y a cumplir lo contratado entre los dos países. Aparte de la consideración de que el gobierno filipino, en parte como consecuencia de lo acordado en el tratado de cooperación entre el Reino de España y la República de Filipinas, es el mayor beneficiario en Asia de la ayuda oficial española.

El círculo Hispano-Filipino por medio de la publicación de esta carta se dirige al Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Educación, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes y a las autoridades del Gobierno Español en general para pedirles que con ocasión de la posible visita presidencial a España revisen la situación de la lengua española en Filipinas y emplacen a las autoridades filipinas a dar pasos concretos para que la Constitución filipina y el tratado de cooperación entre los dos países no se conviertan en papel mojado.

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