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Recortes de Prensa     Martes 16 Abril  2002
Partidos políticos y democracia
BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 16 Abril 2002

¿Hay que ilegalizar a Batasuna (1)
JAVIER ELZO/CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 16 Abril 2002

La ley de partidos y la guardería
Lorenzo CONTRERAS La Razón 16 Abril 2002

Interior cree que ETA no secuestra porque obtiene suficiente dinero del chantaje
D. M. ABC 16 Abril 2002

El PP vasco propone que los letreros de las calles de Bilbao estén en euskera o en castellano
Redacción/Ep - Bilbao.- La Razón 16 Abril 2002
 

Partidos políticos y democracia
Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 16 Abril 2002

LA democracia española no tiene nada que demostrar a estas alturas: es notorio que supera con holgura el baremo más exigente en cuanto al respeto y protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. En caso de duda, peca más por exceso que por defecto. He aquí un ejemplo reciente: la inmunidad parlamentaria pierde su legitimidad ante el ciudadano común cuando se utiliza, en manifiesto fraude de ley, para justificar los crímenes terroristas. Carece ya de sentido, tal vez nunca lo tuvo, el complejo de aquella «joven democracia» inmadura y temerosa, que rogaba humildemente ser reconocida por los dueños de la patente, dentro y fuera de España. Todos, casi todos, hemos sido generosos y comprensivos, y este ha sido, creo yo, el secreto de la Transición; a veces, complacientes en demasía ante los promotores de la violencia. Pero ha llegado el momento de recordar que la razón moral, histórica y política está de parte de quienes queremos vivir en libertad bajo el imperio del Derecho. Somos muchos más y defendemos una causa justa. En este sentido, la decisión de situar fuera de la ley a Batasuna (y a sus homólogos presentes o futuros) va a perfeccionar nuestra forma democrática de gobierno. Se equivocan, supongo que de buena fe, quienes pretenden demostrar lo contrario, para regocijo, una vez más, de los enemigos de la Constitución.

Más allá de las formas jurídicas, la nueva Ley de Partidos Políticos se configura como una decisión del poder constituyente en sentido material, aunque la articulación técnica de la voluntad general pueda expresarse en este caso por vía de una ley ordinaria. Pero la Constitución, escribe el clásico Sièyes, es obra de la Nación, «titular irrenunciable, permanente y perpetuamente actual» de ese poder constituyente. Se hace así presente la soberanía nacional que reside en el pueblo español, como bien dice nuestra norma fundamental. Por ello mismo, la decisión concreta exige el acuerdo al máximo nivel entre los grandes partidos, la renuncia al protagonismo y a las vanidades minúsculas, el sentido de Estado que distingue al Político genuino, portador de una idea ética, del manipulador habilidoso en la lucha por el poder. Hay que decirlo alto y claro: declarar la ilegalidad de Batasuna es una opción legítima, oportuna y constitucionalmente irreprochable. Veamos por qué.

En el plano más profundo de la filosofía política, la Ley futura se justifica por la defensa de la democracia frente al totalitarismo. La Historia no miente nunca. La República de Weimar fue víctima de su debilidad frente al ascenso del maquiavelismo de masas que condujo, al decir de Meinecke, a la catástrofe alemana. También el partido nacional-socialista (NSDAP) utilizó vilmente las garantías del Estado de Derecho; en cuanto le fue posible, borró toda huella de pluralismo y se convirtió -así decía una norma aprobada por Hitler- en «portavoz del pensamiento alemán» sobre el Estado. Muchos años antes del eurocomunismo, los partidos prosoviéticos, de estricta obediencia estalinista, causaron un daño irreparable a las frágiles democracias del centro y el este de Europa. Del pasado al presente. La legitimidad del sistema no depende de quiénes apoyan o justifican a los asesinos. Da lo mismo que ellos digan o no digan... Lo importante es que, ante los ojos de la gente honrada, la Constitución pierde crédito cada vez que permite a los terroristas y a sus amigos aprovechar los mecanismos electorales, profanar las prerrogativas parlamentarias, hacer uso de los medios materiales (subvenciones, pensiones, ¡incluso tratamientos honoríficos!) del Estado que pretenden destruir. Todos conocemos la triste sensación que provoca la carencia de argumentos cuando la infamia se burla de la Justicia y sólo somos capaces de ofrecer resignación.

Desde el punto de vista constitucional, los ejemplos de Derecho comparado no pueden ser más favorables. En Francia, los partidos deben respeto a la soberanía nacional y a la democracia. En Italia, se prohíbe de forma expresa la reorganización del partido fascista. En Alemania, son inconstitucionales los partidos que, por sus fines o por la conducta de sus afiliados, tiendan a «desvirtuar» o a «destruir» el sistema o pongan en peligro la existencia de la República federal. Las famosas sentencias del Tribunal Constitucional de 1952 (partido neonazi) y de 1956 (partido comunista) tienen su fundamento en la teoría del Estado de partidos como forma necesaria de las democracias de nuestro tiempo: Karlsruhe locuta, causa finita. En el mismo sentido, la mejor doctrina (Kelsen y, entre nosotros, García-Pelayo) afirma claramente que sólo los partidos que se sustentan sobre valores democráticos pueden cumplir sus funciones constitucionales. Por cierto que las famosas sentencias referidas incluyen una bibliografía con las obras completas de Marx y Engels y un estudio a fondo de la matriz totalitaria de la ideología nazi. ¿Es acaso el «Estado de las SS» el modelo que gusta a los modernos defensores del racismo? ¿O tal vez prefieren el espíritu bolchevique y la eficacia represora del KGB? ¿No será que pretenden, sin saber que ya lo dijo Tácito, hacer de aquella tierra un desierto y luego llamarlo paz?

Por fortuna, populares y socialistas aseguran que sus discrepancias se refieren únicamente a los aspectos técnico-jurídicos. No es poco, pero se puede remediar con diálogo y sentido común, siempre mejor en sede parlamentaria que mediante declaraciones cruzadas. De momento, he aquí algunas reflexiones sobre los ejes del debate. En cuanto a la legitimación para instar la declaración judicial, sorprende que se pretenda dejar fuera a diputados y senadores. La Constitución prevé que cincuenta miembros de una o de otra cámara puedan interponer recurso de inconstitucionalidad. El procedimiento que defiende el Gobierno, avalado por el Consejo General del Poder Judicial, es congruente con esta fórmula común. Pero, sobre todo, la intervención de los parlamentarios actúa como símbolo de una decisión de rango constituyente, que no debe eludirse otorgando el monopolio al Ministerio Fiscal, cuya actuación es, por supuesto, razonable pero que carece por definición de significado político. El medio más apropiado para instar la ilegalización de Batasuna sería la firma colectiva de más de quinientos parlamentarios, encabezados por Aznar y Rodríguez Zapatero y por los líderes de cuantas formaciones quieran sumarse a la iniciativa. Porque se trata, insisto, de Política en su más noble expresión y no de un trámite procesal rutinario. Segundo tema. La atribución a una Sala especial del Supremo no altera el derecho al juez natural, ni ofende principio alguno de nuestro exquisito régimen de garantías; por lo demás, el asunto llegará con certeza al Constitucional por la vía del recurso de amparo. Nada impide la opción en favor de la Sala de lo Civil; pero tampoco conviene confundir a los partidos políticos con asociaciones privadas, criterio más propio del viejo mundo liberal que del Estado social que expresa el espíritu de la época actual.

La política, escribe el socialista Bernard Crick, no se reduce a hacer concesiones y a sobrevivir. Buena frase para la reflexión de gentes dubitativas. Es tiempo de grandes decisiones y, en estos casos, siempre es oportuno recurrir a Pericles: «Tenemos (los atenienses) un régimen que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que es un ejemplo para las demás. Su nombre es democracia, porque el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría de los ciudadanos...»

¿Hay que ilegalizar a Batasuna? (1)
JAVIER ELZO/CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 16 Abril 2002

La reflexión sobre la posible y, a lo que parece, probable ilegalización de Batasuna puede abordarse, al menos, desde cuatro ángulos distintos. Desde la perspectiva propiamente legal, desde el ángulo de la ética, desde la dimensión humana y desde la acción política.

La perspectiva legal. No voy a entrar en esa cuestión por incompetencia manifiesta, pero sí quiero manifestar mi desazón ante la cronología y la lógica de los hechos. El Gobierno español, desde hace tiempo, busca declarar ilegal a Batasuna. Lo intentó hace meses pretendiendo, infructuosamente, que lo hiciera la Unión Europea. Al no conseguirlo, pues le dijeron que Batasuna era un partido legal, decidió que hay que modificar las leyes para que lo que ayer fuera legal hoy deje de serlo. Pero yo no veo en qué Batasuna sea hoy tan diferente de lo que ha sido Herri Batasuna desde su creación para merecer tal cambio en la legislatura vigente.

Por otra parte, algunos artículos de las leyes vigentes, como por ejemplo los referidos a las manifestaciones y la apología del terrorismo, no han sido prácticamente aplicados, creando una situación de impunidad en las gentes de HB y, más aún, en los jóvenes de la kale borroka que ya señalamos en nuestro Informe sobre la violencia juvenil de 1995. Si determinadas leyes parece que deben modificarse, hágase, pero sin ilegalizar por tanto a un partido político que, se quiera o no, recibe el refrendo de miles y miles de ciudadanos.

Últimamente, el ministro Rajoy, con ocasión de alguna detención de un miembro de Batasuna (o de Jarrai, o Segi) señala que tales hechos prueban que ETA y Batasuna son lo mismo. Con esa lógica parece evidente concluir que si ETA está, obviamente, fuera de la ley, también deba estarlo Batasuna. Sostengo, por el contrario, que una cosa es que ETA (y Batasuna y Segi y una larga serie de organismos) estén en lo que ellos mismos denonimaron en su día como MLNV, y otra decir que todos son lo mismo. En fin, resulta preocupante que, en un Estado de Derecho, cuando no se ha sido capaz de condenar acciones ilegales de un organismo se opte por asimilarlo sin más a otro, ETA, y se decida ilegalizarlo. Cambiando a propósito las leyes. Esto me trae muy malos recuerdos. Por eso la desazón que señalaba líneas arriba.

La perspectiva ética. Aquí la pregunta es otra. ¿Qué diagnóstico ético cabe hacer del comportamiento de Batasuna actuando como organización política? En este punto estamos sobradamente cargados de razones, intelectuales y emocionales, para repudiar sin paliativos de ningún género el proceder de la dirección de Batasuna. Ha sido en sus manifestaciones donde se ha gritado Gora ETA militarra , ETA, herria zurekin , ETA mátalos ... Son ellos los que han cedido parte de su espacio electoral a ETA. Son ellos los que cuando ETA asesina, miran a otro lado, se lamentan -no siempre- y, si han de dar explicaciones, todo lo engloban en el conflicto no resuelto, la ineficacia de las condenas, etcétera. Batasuna no es ETA, ciertamente, pero es hija de ETA, y su soporte sociológico. De ahí que nunca Batasuna se haya opuesto a ETA.

La dirección de Batasuna merece además la reprobación de la sociedad vasca por su comportamiento ante el sufrimiento de tanta gente que debe vivir atemorizada. Solamente por pensar de forma distinta a ellos. Es una especie de terrorismo intelectual el que ETA y Batasuna ejercen sobre las mentes de los ciudadanos vascos. Ante esta grave acusación, Batasuna responde con sus presos, pero no valen equidistancias. Sus gentes son perseguidas cuando se sospecha que pueden cometer atentados o porque los han cometido. Ciertamente ha habido y hay abusos (torturas, malos tratos, detenciones por defender ideas sin relación alguna con el terrorismo) pero todavía hay una justicia independiente y los detenidos pueden defenderse. Sin embargo, los condenados por ETA son asesinados sin apelación posible, sin defensa alguna más que la que les puedan proporcionar su prudencia y la pericia de sus escoltas. Todo esto es obvio, pero desgraciadamente no lo es para la dirección de Batasuna, quienes, puestos en la alternativa de optar entre una decisión de ETA de asesinar a personas concretas en razón de sus objetivos políticos y el derecho a la vida de esas mismas personas, siempre han optado por la decisión de ETA. Si la cuestión de la ilegalización se planteara en términos éticos, del deber ser, no cabe duda alguna, y Batasuna debería ser ilegalizada.

La cuestión humana. En Euskadi no hay, afortunadamente, dos comunidades enfrentadas como en Irlanda, Palestina o en los Balcanes. Además, hay que decirlo una y mil veces, la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos se sienten vascos y españoles al mismo tiempo, aunque con un claro ascendiente hacia lo vasco. Además, en muchas familias sus miembros se sitúan en posiciones muy divergentes en el espectro identitario. Y la mayoría de esas familias se acomoda razonablemente bien con esta situación. Lo anterior es todavía más cierto si pensamos en los lugares de trabajo, de ocio, reunión, en la sociedad vasca en suma. Ésta es la realidad sociológica vasca. La pregunta se impone. En este ámbito de las relaciones humanas, de la cotidianidad de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo, de nuestra sociedad civil, la ilegalización de Batasuna, ¿va a resolver problemas o los va a agudizar? Mi respuesta es que va a agudizar el conflicto. ¿Cómo podremos, en efecto, convivir con, digamos, 150.000 ó 200.000 ilegales con los que nos topamos en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, taller, escuela, universidad, hasta en la propia policía?

Ya sé que a este argumento se puede oponer otro que debo considerar. Hay un número muy importante de amenazados que se quejan de la indiferencia de la sociedad vasca, de la nacionalista básicamente, y que están clamando por el aislamiento de Batasuna. Entienden que no es posible que la sociedad vasca siga dando vueltas a los temas, políticos y otros, como si en su seno no hubiera una proporción importante de conciudadanos que viven bajo la continua amenaza de ser asesinados. Exigen una rebelión cívica, un enfrentamiento directo con Batasuna y, consecuentemente, están por su ilegalización. Creo comprender suficientemente su estado de ánimo y me siento emocionalmente próximo a ellos, así como a algunos de sus planteamientos, pero disiento, intelectualmente, de su análisis. Entre otras, por estas dos razones. En primer lugar porque no veo en qué iba a mejorar la ilegalización de Batasuna la situación de los amenazados. Además, frente a la dirección de Batasuna, creo más eficiente su aislamiento institucional (no gobernar con ellos), político (no utilizar sus votos en las cuestiones de calado político), socio-institucional (por ejemplo no salir a manifestarse con ellos en cuestiones que afecten a derechos humanos, pues ellos no los aplican en el derecho a la vida de los que difieren de sus planteamientos) y un etcétera a discutir. Pero estoy en contra, por contraproducente, amén de imposible en muchos casos, del aislamiento social puro: no entrar en sus tiendas, no saludar a sus gentes, excluirlos de tertulias de amigos...

Asimismo, sigo defendiendo la vía del diálogo, del encuentro, de la discusión con Batasuna. Sin angelismos, ciertamente. Puede haber momentos en los que ese diálogo sea imposible. Batasuna no es un partido como los demás. De ahí que tampoco puede aspirar a un tratamiento como los demás. Además, ya lo he dicho antes, la situación en Euskadi, afortunadamente para nosotros, no es tan grave como en Palestina, aunque, a la postre, hay dos formas de abordar los conflictos violentos de larga duración: la fórmula Sharon o la fórmula Barak. La eliminación del adversario sin poner las bases para la resolución definitiva del conflicto o el diálogo prolongado y constante, luchando al mismo tiempo, con determinación e inteligencia, contra el terrorismo, siempre bajo la égida de los derechos humanos. Puede ser más lento, y aún eso está por ver, pero es más duradero y más justo. Esto nos lleva a la perspectiva política, objeto del próximo artículo.

La ley de partidos y la guardería
Lorenzo CONTRERAS La Razón 16 Abril 2002

La ilegalización de Batasuna se ha convertido en una disputa Jurídica ¬inevitablemente por razones constitucionales¬ cuando en realidad es una cuestión política. Los socialistas zapateriles se han aferrado a lo primero mientras Aznar se abona a lo segundo. Para el PSOE actual, o de este momento concretísimo, todo lo que sea establecer distancias y diferenciaciones con el PP parece un imperativo categórico, una especie de salvaguardia de su identidad. Para el PP, poseedor de la iniciativa política, el llamado «seguidismo» le preocupa muy poco, y menos aún que secunden o dejen de secundar sus pasos. Se siente, en el problema del terrorismo y de su «quinta columna» institucional, asistido de todas las razones y, argumentos pata hacer valer lo esencial: ponerle a Eta un cortafuegos. Las matizaciones jurídicas son secundarias e incluso admiten contra-mati- zaciones.

El PP tiene la vista fijada en el futuro electoral y cuyo proceso se inicia con las municipales y autonómicas de 2003. Sabe que el grueso de la opinión, en materia de lucha anti-Eta, está a su lado, que los escrúpulos jurídicos le resbalan a ese sector de la sociedad, mayoritario por supuesto, y que incluso en el seno del PSOE, donde la banda terrorista ha golpeado de firme, hay gente que aplaude por debajo de la mesa. Esto significa que es consciente de que su mensaje está llegando donde se cuecen los votos y que, con cualquier tipo de obstáculo sustancial a la Ley de Partidos Políticos, los socialistas de Ferraz se la juegan. Los de Ferraz y los de Bilbao. En otras palabras, el partido en su ámbito nacional. Los socialistas del País Vasco están literalmente hasta las narices, aunque «el aparato», decepcionado por no tocar poder después del 13 de mayo último, haya optado por rumbos políticos que no se corresponden con la sensibilidad general. La retirada de Nicolás Redondo Terreros ha sido en este sentido estratégica. Ahí os quedáis. Ya vendrán otros tiempos.

Zapatero y su equipo son una rueda loca. El guerrismo lo hizo posible con aquellos votos que ordenó desplazar en el XXXV Congreso hacia el político leonés, en perjuicio de Bono y en menoscabo de Matilde Fernández, que ahora anuncia su retirada de la política. Pero Guerra sabe burlarse de su propia estrategia. No es que reconozca que se equivocó, sino que no reserva la más mínima fe para los beneficiarios de sus maniobras. Guerra ya ha acuñado una definición despectiva para el equipo de Ferraz. Lo llama «la guardería». O sea, los infantiles, los inmaduros, los menores de edad, saber y gobierno son los que hoy mandan en el PSOE. Otra cosa es lo que diga Felipe González, que tampoco está de acuerdo con lo que hay. En una reciente reunión del hotel Mindanao desacreditó la estrategia municipal de Zapatero. Allí estaba Leguina en aquel momento. Y se animó tanto que pensó en la alcaldía de Madrid.

Interior cree que ETA no secuestra porque obtiene suficiente dinero del chantaje
D. M. ABC 16 Abril 2002

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, cree que en estos momentos ETA no tiene infraestructura para llevar a cabo un secuestro. Además, considera que si los etarras no realizan una acción de este tipo es porque la banda dispone de dinero suficiente a través del llamado «impuesto revolucionario».

MADRID. Santiago López Valdivielso se refirió ayer en líneas generales a la situación de ETA y, entre otros aspectos, destacó que los últimos comunicados de la banda, en los que los terroristas expresan que seguirán matando, desmontan todas las especulaciones que apuntaban la posibilidad de que la organización criminal declarara una tregua. En este sentido, puntualizó que estos textos etarras echan por tierra la hipótesis planteada desde diferentes sectores de que en el seno de ETA había una «disensión interna», ya que la banda ha dejado bien «claro» que sigue «apostando por la lucha armada, por continuar con los atentados y por conseguir sus objetivos políticos a través del ejercicio del terror». En su opinión, los comunicados representan la «postura oficial» de la banda, por lo que insistió en que «esas especulaciones han quedado atajadas, en especial, en el último comunicado».

También se refirió a los golpes que en los últimos meses ha dado la Guardia Civil a la «operatividad» de ETA en España con las desarticulaciones en Guipúzcoa de los «comandos» «Bakartxo», «Piperrak», «Zuzen» y «Tupi» y en Navarra, el «Nafarroa». No obstante, puntualizó que mientras tenga capacidad para cometer un solo atentado, no puede hablarse de debilidad» de la banda, aunque matizó que ahora tiene más posibilidades de atentar que en enero.

Dosis de somnífero
Respecto al hecho de que ETA no haya llevado a cabo ningún secuestro desde 1997, López Valdivielso apuntó que puede ser consecuencia de que no tiene necesidad de hacerse con dinero mediante la comisión de este tipo de delitos, ya que, en su opinión, recibe el suficiente a través del chantaje. A ello sumó la sospecha de que los etarras no tienen en la actualidad infraestructura para mantener a un secuestrado. En este contexto, recordó que la última persona a la que banda mantuvo cautiva por «motivos económicos» fue Cosme Delclaux mientras que el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara fue por «motivos políticos».

No obstante, el etarra Josu Ordóñez, detenido el pasado 30 de enero en Burdeos (Francia), tenía en su poder anotaciones que han hecho pensar a los expertos en la lucha antiterrorista que la banda podía estar planeando un secuestro. En concreto, el terrorista tenía datos sobre las dosis de somnífero necesarias para neutralizar de forma inmediata los movimientos de una persona.

Sobre la futura ley de Partidos Políticos para ilegalizar Batasuna, subrayó que la lucha contra ETA «es un todo», porque «no hay ETA y entorno; todo es ETA, terrorismo». Así, recordó que en diferentes operaciones policiales se ha demostrado que muchos militantes de ETA lo eran también de Batasuna, el «soporte político de la banda». Por ello, afirmó que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo desde la actuación policial, por un lado, y desde la acción política y legislativa, por otro.

El PP vasco propone que los letreros de las calles de Bilbao estén en euskera o en castellano
Redacción/Ep - Bilbao.- La Razón 16 Abril 2002

El Partido Popular vasco propuso ayer al Ayuntamiento de Bilbao que exista un solo letrero que «respete la lengua, la historia y la realidad de la Villa y de la persona o lugar que da nombre a la vía pública» y que se decida entre la denominación en castellano o en euskera.

El portavoz del Partido Popular en el consistorio bilbaíno, Antonio Basagoiti, aseguró en rueda de prensa que, «no existe ningún criterio determinado para colocar las placas rotuladoras de la vía pública en la capital vizcaína». Dijo también, que desde 1997 hasta 2001, en Bilbao se han cambiado 593 placas, con un coste de 114.000 euros, y que estos datos «demuestran que ha habido un énfasis especial en cambiar los rótulos de las calles, sin ningún criterio para elegir los nombres que estarán en los carteles».

En su opinión, hay letreros de nombres propios y comunes tanto en euskera como en castellano, letreros con las dos lenguas, rótulos en castellano con la grafía en euskera y señalizaciones en las que en el nombre se combina el euskera y el castellano «sin ningún tipo de criterio».

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