AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 18 Abril  2002
Así los quiere
Breverías ABC 18 Abril 2002

Contra el dinero del terror
Editorial La Razón 18 Abril 2002

El nacionalismo y Paco Porras
Iñaki EZKERRA La Razón 18 Abril 2002

El PSE exige a Ibarretxe medidas contra las amenazas a los profesores
ABC 18 Abril 2002

CiU vota contra las sanciones en el cine que intentó imponer por decreto
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 18 Abril 2002

Mayor Oreja acusa a Ibarretxe de «gestionar la autodeterminación» en lugar de la autonomía
O. BARRIUSO/BILBAO El Correo 18 Abril 2002

Chirac y Jospin se oponen a la creación del departamento vasco
F. ITURRIBARRÍA/PARÍS El Correo 18 Abril 2002

Viaje a Euskadi de una delegación europea
El Correo 18 Abril 2002

El Gobierno obligará por ley a Ibarreche y al Parlamento vasco a cortar las subvenciones a EH
C. Morodo - Madrid.- La Razón 18 Abril 2002
 

Así los quiere
Breverías ABC 18 Abril 2002

Andaba ayer Pujol vanagloriándose de que ya empieza a funcionar como es debido la inmersión lingüística, ese curioso principio que persigue sumergir el castellano hasta su ocultación abisal. Así, celebraba que la más brillante jurista de la última promoción de jueces no pueda ejercer en Cataluña por no poder acreditar el dominio del catalán. Todo un éxito del submarinismo lingüístico. Pujol prefiere que los jueces tengan más don de lenguas que de leyes. Peor preparados, pero pulcramente catalanes. Así los quiere.

Contra el dinero del terror
Editorial La Razón 18 Abril 2002

El Gobierno de José María Aznar afina su estrategia de lucha contra el terrorismo y contra las múltiples cabezas de Eta. Después de la ley de Partidos Políticos, que permitirá deslegalizar a Batasuna, el PP propondrá al PSOE, su socio en el pacto contra Eta y por la libertad, un nuevo conjunto de medidas que facilitarán aún más el cerco a la banda.

La reacción tras los atentados del 11 de septiembre hizo caer muchos muros, y entre ellos el de la financiación del terrorismo internacional. Ahora ya es posible bucear en cuentas antes secretas y seguir los pasos del dinero que hace funcionar a grupos terroristas como Eta. Pero nada puede hacerse si el dinero es público y corresponde a subvenciones que fueron legisladas para favorecer la función democrática de los partidos, y ahora van a parar, con el consiguiente escándalo de la opinión, al bolsillo de Batasuna y de etarras con acta de diputado.

El Ejecutivo de Aznar se dispone a recabar el apoyo del PSOE para asestar un duro golpe al complejo entramado que Eta ha montado en el País Vasco. Si se aprueban las correspondientes reformas en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y en la Ley de Régimen Electoral General, se cerrará defintivamente el grifo del dinero público para los partidarios de la banda y nadie, ni siquiera otro partido comprensivo con los batasunos, podrá ofrecerles subvenciones. El dinero de los impuestos de todos los españoles dejará, por fin, de financiar las acciones de quienes desprecian el Estado de Derecho y buscan destruir la convivencia en libertad.

El nacionalismo y Paco Porras
Iñaki EZKERRA La Razón 18 Abril 2002

Paco Porras es la metáfora más exacta que jamás he visto del nacionalismo vasco, de ese PNV que, cuando se le dice que no puede jugar a Udalbiltza con los portavoces de Eta y a la autodeterminación con media Euskadi amenazada de muerte, responde sonriendo que él piensa seguir jugando a Udalbiltza, a la autodeterminación y a lo que le dé la gana porque con eso no hace daño a nadie, como Paco Porras decía en el programa «Al descubierto» que él no causaba ningún mal recomendando infusiones a modo de recetas milagrosas cuando se le explicaba que estaba jugando con la vida de un enfermo de esclerosis múltiple. Hay gente que ve una inteligencia superior en Arzalluz e Ibarretxe porque no se apean de Lizarra 2 pese a los muertos y a lo mortalmente enferma que está la sociedad vasca, pero su inteligencia, su secreto es el de Paco Porras: sonreír, decir que son víctimas de un sucio acoso y seguir en sus trece.

Sí. Ése es también el secreto de Otegi, salvando todas las distancias que hay entre los atentados y las enfermedades. Otegi es un Paco Porras del curanderismo político. Su truco es echarle morro a la cosa, quejarse también del sucio acoso, sacar su sonrisa de idiota moral y un libro que ha escrito sobre verduras, sobre la vaina independentista que lo cura todo.

Contra Arzalluz e Ibarretxe, como contra Otegi, como contra Paco Porras, la única vía efectiva es la judicial. Refiriéndose a la ilegalización de Batasuna o como se llame esa deformación política, Aznar ha hablado de «terminar con los espacios de impunidad». Más importante incluso que la propia ilegalización, de unas siglas, es esa «legalización» del espacio ciudadano hoy tomado por la impunidad criminal y sus complicidades políticas y levíticas, morales, verbales, sociales e institucionales. El Gobierno debería hacer una campaña para instar a la ciudadanía a que lleve a los tribunales cualquier calumnia o difamación, cualquier mentira o apología del terrorismo, cualquier alusión xenófoba o racista, cualquier amenaza con echarse al monte o cualquier desafío a la Constitución, cualquier promesa de convocar un referéndum ilegítimo y ajeno a la legalidad democrática. Es una contradicción apelar al Estado de Derecho y no usar todos sus resortes y recursos.

De lo contrario actuamos con la falsa ética y el espíritu circense de «Al descubierto». Ante Paco Porras no valen los argumentos y no se trata de alargar morbosamente el numerito de cómo esos argumentos se estrellan en un caradura. Entre otras cosas porque se corre el peligro de que Paco Porras termine dando pena y ganando adeptos a los que, en efecto, les parezca sucio, injusto, sádico ese interminable y estéril acoso.

El PSE exige a Ibarretxe medidas contra las amenazas a los profesores
ABC 18 Abril 2002

VITORIA. El Partido Socialista de Euskadi (PSE) solicitó al Gobierno de Juan José Ibarretxe que impulse de manera inmediata el pacto cívico acordado en el último pleno parlamentario para establecer medidas que apoyen a los profesores de la UPV amenazados, dificulte la «impunidad» de los agresores y facilite el regreso de los docentes «exiliados», según informa Vasco press.

El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia parlamentaria de la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, para que explique cómo y cuándo piensa poner en marcha tanto el pacto cívico como las medidas.

La parlamentaria del PSE Isabel Celaá sostuvo que «por su contenido y por el grado de consenso que ha suscitado entre las fuerzas democráticas, esta iniciativa tiene una especial trascendencia y no puede dormir en el sueño de los justos, sino que debe ser activada desde el primer momento. Y es la consejera de Educación la que tiene que dar el primer paso», añadió.

Celaá afirmó que Iztueta «debe ser la más interesada» en liderar un pacto cívico para introducir la normalidad en la vida universitaria y defender a la institución y sus integrantes de las «amenazas totalitarias». «Las autoridades educativas del País Vasco -indicó- tienen la obligación de actuar en este ámbito con la presteza que requiere la gravedad de la situación que se está viviendo».

En este sentido, instó a la consejera a trasladar «no sólo de palabra, sino también con hechos, un mensaje de confianza a los profesores, estudiantes y personal que trabaja al servicio de la UPV».

Presiones en la Universidad
En los últimos meses, numerosos profesores amenazados han expresado su malestar por la falta de apoyo que han encontrado desde el rectorado y desde el propio Gobierno autónomo vasco. La profesora de Ciencia Política Edurne Uriarte ha venido denunciando, junto al jefe de departamento, Francisco Llera, entre otros, la situación de presiones y amenazas en que tiene que desarrollar su trabajo.

Uriarte, que ganó la cátedra de Ciencia Política el año pasado, ha visto cómo la comisión de reclamaciones ha aceptado recientemente el recurso del ex parlamentario de HB Francisco Letamendía, y lo ha atribuido al miedo que se respira en la Universidad y a las presiones ejercidas por este profesor.

CiU vota contra las sanciones en el cine que intentó imponer por decreto
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 18 Abril 2002

El grupo de CiU en el Parlamento catalán se vio obligado a votar ayer contra un texto de ERC que recogía, de hecho, las cuotas y medidas sancionadoras para imponer el doblaje del cine al catalán que el gobierno de la Generalitat trató de implantar por decreto hace cuatro años, lo que a la postre le costó el cargo al entonces conseller de Cultura, Joan Maria Pujals.

BARCELONA. El diputado de CiU Jaume Farguell reconoció, en su intervención, que el texto republicano «es una reproducción» del decreto del ejecutivo convergente, a pesar de lo cual aseguró que la iniciativa era «jurídicamente poco aplicable, estratégicamente poco acertada y socialmente involutiva».

Farguell recordó el conflicto provocado con las «majors» cinematográficas a raíz de la aprobación del decreto y consideró probado que la sociedad catalana no está por la labor de imponer por ley el catalán, a tenor de una encuesta realizada entonces según la cual más de la mitad de los consultados apostaba por la «vía del diálogo» del ejecutivo catalán con los grandes productores y distribuidores cinematográficos para fomentar la presencia del catalán, y el 16 por ciento rechazaba la imposición de cuotas.

En otoño de 1998, la aprobación del citado decreto desembocó en una guerra abierta entre el gobierno catalán y los grandes productores y distribuidores de cine norteamericanos, que amenazaron con excluir a las salas catalanas de sus circuitos de exhibición si la Generalitat se empeñaba en imponer las cuotas de doblaje al catalán aprobadas. Tras esa «amenaza de Goliat contra David» -como la definió ayer Farguell- el ejecutivo de CiU tuvo que dar marcha atrás y aparcar el citado decreto, convertido en uno de los grandes fracasos de la política lingüística de la Generalitat.

La propuesta de ERC, derrotada por 122 votos en contra y 12 a favor, fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, que aunque coincidieron en la necesidad de impulsar la presencia del catalán en el cine, consideraron inviable y poco adecuada la vía de las cuotas.

Expediente en Renfe
Por otra parte, el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, denunció ayer en el pleno del Parlamento de Cataluña que Renfe ha abierto un expediente al jefe de estación de Reus (Tarragona) por usar el catalán en un libro de registro interno, y advirtió de que la Ley de Normalización Lingüística no impide casos como éste. ERC facilitó una fotocopia del documento de Renfe en el que se comunica al empleado la apertura del expediente al comprobar que efectuó anotaciones en catalán los días 18 y 25 de febrero pasado.

Mayor Oreja acusa a Ibarretxe de «gestionar la autodeterminación» en lugar de la autonomía
Califica la política antiterrorista del Gobierno vasco de «humo y bla bla bla » porque «al final todo consiste en que los ediles tengan un ordenador en casa» Cree «perversos» los argumentos de Imaz para oponerse a la ilegalización de Batasuna
O. BARRIUSO/BILBAO El Correo 18 Abril 2002

El presidente del Grupo Popular vasco, Jaime Mayor Oreja, retomó ayer la idea con que comenzó la pasada semana su intervención ante el comité ejecutivo nacional del partido: a su juicio, el Gobierno de Ibarretxe ha abandonado la defensa de la autonomía para dedicarse a «gestionar otro proceso distinto», que desembocaría en el ejercicio del derecho de autodeterminación y la soberanía de Euskadi.

De hecho, el líder del PP vasco se mostró convencido de que los nacionalistas se encuentran «al acecho» de que se presente la oportunidad propicia para impulsar sus planes autodeterministas. Esta fecha sería, según Mayor, la primavera de 2003. El dirigente popular consideró «evidente» que las próximas elecciones municipales tendrán una «singular trascendencia» para todas las formaciones y en especial para el PNV, que, a su juicio, pretenderá «medir ese impulso soberanista» en las urnas.

Por esta razón, el dirigente popular insistió en que la misión fundamental de su partido para los próximos meses debe centrarse en «mantener viva» la alternativa al nacionalismo, «municipalizarla» y aproximarla a la ciudadanía. De hecho, según explicó Carlos Iturgaiz a este periódico, Mayor y él mismo han comenzado una ronda de visitas pueblo a pueblo -han pasado ya por Zumarraga, Ermua y Rioja Alavesa- para calibrar in situ las dificultades para elaborar las listas y expresar su cercanía a sus representantes.

«Mal gusto»
El líder del PP vasco defendió una vez más la reforma de la Ley de Partidos que, en su opinión, sirve además como baremo para «contrastar» los planteamientos antiterroristas de los Gobiernos de Aznar e Ibarretxe. Según su análisis, el Ejecutivo central procura un «avance real» contra ETA, mientras que el de Vitoria practica «la política del humo y del bla, bla, bla », materializada -ilustró- en las convocatorias de la mesa de seguridad presididas por el consejero de Int erior, Javier Balza. «Son reuniones en las que al final la protección de los ediles consiste en que tengan un ordenador en casa», censuró.

Mayor juzgó «perversos» los argumentos del portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, para oponerse a la ilegalización de Batasuna y le recordó que los derechos «están mermados en Euskadi desde hace 25 años», además de afearle «el mal gusto» de aludir a los GAL.

Chirac y Jospin se oponen a la creación del departamento vasco
F. ITURRIBARRÍA/PARÍS El Correo 18 Abril 2002

El neogaullista Jacques Chirac y el socialista Lionel Jospin, principales candidatos a las presidenciales francesas cuya primera vuelta se celebra el domingo, se han opuesto durante la campaña a la creación de un departamento vasco. Chirac teme que la iniciativa sea utilizada con fines independentistas y Jospin la considera inoportuna cuando «el terrorismo a veces desborda» en Francia.

La posición de Chirac, inédita hasta la fecha, quedó reflejada en su respuesta a un cuestionario a los aspirantes al Elíseo publicado ayer por Le Journal du Pays Basque , rotativo abertzale editado en Bayona. «La idea de separar el departamento de Pirineos Atlánticos en dos entidades distintas descansa en motivaciones diversas, a menudo irreconciliables», escribe el presidente-candidato.

A su juicio, además de ser contraria al interés económico, esa escisión «no es coherente con la construcción europea» y «no parece la mejor vía para el desarrollo y el reconocimiento de la cultura vasca». «Es de temer que sea utilizada por los nacionalistas como una etapa hacia una euro-región vasca franco-española y luego hacia una reivindicación de independencia», concluye.

Por su parte, Jospin había mostrado su hostilidad a la idea la semana pasada en unas declaraciones radiofónicas. «No soy favorable a una actitud de ese tipo, en particular en el contexto actual, cuando el terrorismo sigue existiendo en España». Los partidarios de la reforma recordaron entonces que en la anterior campaña presidencial de 1995 Jospin había prometido no oponerse si la mayoría de los cargos políticos del actual departamento era favorable, condición que ahora se cumple. Pierre Ospital, presidente de la asociación pro-departamento vasco, denunció una cesión a las presiones del PP y del Gobierno español.

Viaje a Euskadi de una delegación europea
El Correo 18 Abril 2002

Basta Ya y el Foro de Ermua solicitaron ayer que una delegación del Parlamento europeo viaje al País Vasco para comprobar «el deterioro de las libertades» como consecuencia de la amenaza terrorista de ETA. La petición fue formulada por sus portavoces en una audición sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea.

El Gobierno obligará por ley a Ibarreche y al Parlamento vasco a cortar las subvenciones a EH
Según ha podido saber LA RAZÓN, planteará al PSOE una amplia reforma de la LOREG y del artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos para lograrlo La acción de un miembro de EH bastará para cancelar las ayudas
El Gobierno tiene ya perfilado el segundo paquete de las reformas legales presentadas en el pacto anti-Eta para cercar a Batasuna. Próximamente entregará al Partido Socialista un documento en el que planteará una amplia reforma de la LOREG y del artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que obligará incluso al Ejecutivo y al Parlamento vasco a cortar todas las subvenciones a EH, «brazo político» de Eta. Cualquier formación que no se ajuste a los principios marcados en la nueva norma tendrá que devolver el dinero que ya se le ha dado. No podrán ser candidatos los condenados por delito violento, aunque no haya sentencia firme, y los electos estarán obligados al ejercicio efectivo de su cargo.
C. Morodo - Madrid.- La Razón 18 Abril 2002

El secretario general del PP, Javier Arenas, remitirá a su homólogo socialista el documento final en el que se recoge una amplia batería de medidas para incrementar la seguridad de los concejales vascos, así como las líneas generales de la propuesta de reforma de la LOREG y de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para asfixiar económicamente a Batasuna. Se trata del segundo pilar del amplio paquete de medidas legislativas presentado por el Gobierno en el seno del pacto anti-Eta para cercar por completo al «brazo político» etarra, una vez impulsada la Ley de Partidos Políticos con la que se pretende promover su deslegalización. Sobre esta última, no habrá más conversaciones con el PSOE hasta que se inicie el trámite parlamentario. De lo demás, habrá ocasión de hablar en la reunión de la comisión técnica del «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo» que se celebrará el martes que viene.

En cuanto a la batalla económica contra Batasuna, los populares plantean una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), especialmente del artículo 127 y siguientes, así como del artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos. La modificación de esta última, para incorporar las nuevas condiciones para recibir subvenciones que se establecen en la LOREG, responde al objetivo de hacer que tanto el Gobierno de Ibarreche como el Parlamento vasco queden obligados por la reforma. Los cambios en la LOREG afectarían al Ejecutivo y al Parlamento de la Nación, así como a las corporaciones locales, pero no a las comunidades.

En la nueva LOREG se establecerá que no hay lugar para financiar a un partido político que promueva la violencia, enaltezca el terrorismo o haya participado en su ejecución. Bastará además con que alguno de sus miembros, por acción o manifestación pública, concurra en alguna de esas circunstancias de manera individual para dar por afectada a toda la formación política. Es decir, un comportamiento como el del parlamentario batasuno Jon Salaberría, dando gritos de apoyo a Eta en la Cámara vasca, sería causa suficiente para cortar las subvenciones a EH.

Asimismo se introducen cambios en el apartado del artículo 127 de la LOREG relativo al adelanto de subvenciones a los partidos políticos a fin de precisar que cualquier formación tendrá que devolver el dinero que ya ha recibido en caso de demostrarse que no se ajusta a las nuevas condiciones establecidas para recibir ayudas. La Junta Electoral Central (JEC) estará obligada a remitir a Interior las solicitudes de adelanto de subvenciones que le lleguen, así como a rechazarlas ajustándose a lo dispuesto en la reforma legal. Por otra parte, el pago a los electos quedará condicionado al ejercicio efectivo del cargo, considerándose como no suficiente la simple toma de posesión. Una persona elegida como diputado, pero que no se incorpora al cargo ni cumple con sus obligaciones, no tendrá derecho a ninguna ayuda económica. A este respecto, la nueva normativa ratificará también que como causa de inelegibilidad bastará con estar condenado por delito de rebelión, contra las personas... sin necesidad de que haya sentencia firme. La reforma del la LOREG se tramitará como proposición conjunta con el PSOE, y la de la Ley de Financiación de Partidos como anteproyecto.

En cuanto a la seguridad de los concejales, el PP recoge en el documento elaborado el conjunto de medidas negociadas con los socialistas en el pacto anti-Eta relativas a la disolución de ayuntamientos que hagan apología del terrorismo, la sustitución de concejales para cubrir vacantes, la confidencialidad del registro de intereses, la eliminación del requisito de residencia para ser interventor... Se precisará que el número de candidatos suplentes nunca podrá ser superior a 10, y no podrán ser administradores electorales los condenados aunque no haya sentencia firme.

Recortes de Prensa   Página Inicial