AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 19 Abril  2002
¿Qué hacer con Batasuna
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 19 Abril 2002

Batalla perdida
Alfonso Ussía ABC 19 Abril 2002

Euskadi y los enemigos de la oratoria
DANIEL MUGICA El Mundo 19 Abril 2002

¿Hay que ilegalizar a Batasuna (y 2)
JAVIER ELZO/CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 19 Abril 2002

Detenido en Francia el etarra Zaldua Corta, buscado desde 1986 por trece asesinatos
BAYONA. AGENCIAS ABC 19 Abril 2002

La número 1 de la última promoción de jueces no pidió plaza en Cataluña
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 19 Abril 2002

Un gran despliegue policial vigila el primer pleno de Elorrio tras la dimisión de los independientes
E. D./ELORRIO El Correo 19 Abril 2002

El PP abandona la comisión de seguridad por la negativa del PNV a cercar a Batasuna
EFE Libertad Digital 19 Abril 2002

Vázquez pierde ante el Constitucional la batalla jurídica por la «L» del topónimo
La Voz  19 Abril 2002

El Tribunal (In)constitucional
Nota del Editor  19 Abril 2002

¿Qué hacer con Batasuna?
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 19 Abril 2002

EL debate sobre la ilegalización de Batasuna debería apoyarse en dos viejas sospechas suficientemente demostradas a estas alturas y, por tanto, con valor de auténticas premisas: una, que Batasuna es la fachada y el tejado político de la estructura llamada ETA, y dos, que esa eficaz asociación permite a ETA-Batasuna disfrutar tanto de las ventajas de la democracia como explotar el crimen organizado, mientras sus víctimas en el País Vasco van siendo poco menos que empujadas a la clandestinidad. En esta simbiosis también participan en otra medida grupos y partidos nacionalistas moderados que, por una parte, se benefician de las ventajas de la presión terrorista para impulsar sus fines -por ejemplo, reclamando autodeterminación a cambio de paz, intercambio sin sentido de no mediar la brutalidad etarra-, y por otro compiten con ETA-Batasuna en pos del estatus de partido nacionalista hegemónico. Este doble vínculo de mutua ayuda y abierta rivalidad ayuda a entender por qué ETA ha atacado en ocasiones al PNV y EA, mientras que otras veces -en el Pacto de Estella- los considera aliados políticos imprescindibles. Todavía es posible distinguir un tercer círculo de indigentes interesados en obtener algún magro beneficio de este sistema, compuesto por IU y el patético sector socialista que pretenden renovar lazos con el nacionalismo haciendo el papel de los pobres bajo la mesa del rico Epulón. Y fuera quedan los partidos y corrientes no nacionalistas. Pero lo que ahora interesa resaltar es que ETA consigue una eficacia máxima en su estrategia gracias a la legalidad de Batasuna, pues el terror causado por los crímenes de los primeros es inmediatamente convertido en ganancias políticas y control social por los segundos. Es así como el complejo ETA-Batasuna se ha convertido en la clave de bóveda del sistema político y social vasco, o mejor, en el mejor y más eficaz motor de su actual descomposición.

La pregunta obvia es si la ilegalización de Batasuna conseguirá quebrar esa lógica y contribuir decididamente a invertir la tendencia degenerativa de la política vasca. Pues bien, si la ilegalización de Batasuna consigue sentar un precedente jurídico suficiente (y este es el verdadero quid del asunto, creo, más que los asuntos de tipo formal sobre quien solicita la ilegalización), de modo que no amenace solamente a ese seudo-partido sino a cualquier otro montaje como seudo-sindicatos o seudo-asociaciones culturales o juveniles, se habrá dado sin duda un paso definitivo en la caída de ETA, y con ella un cambio revolucionario en la política vasca. Por eso era previsible que los partidos y gentes que se benefician del tinglado actual, incluyendo la presión ejercida por ETA-Batasuna, protesten y desvíen el centro de la cuestión aludiendo a supuestas intenciones de prohibir ideas -algo que, por otra parte, tampoco da para mucho escándalo: de hecho, todas las constituciones democráticas excluyen poner en práctica ciertas venerables ideas por incompatibilidad con sus fines, como el racismo, la segregación por sexo o la esclavitud.

Tras la detención de más de cuatrocientos cargos públicos de Batasuna por colaborar o pertenecer a banda armada ninguna persona juiciosa puede albergar muchas dudas acerca del papel de Batasuna en el complejo político-criminal cuya marca de fábrica es ETA. Y que semejante obviedad tarde tanto en abrirse paso en la jurisprudencia expresa la debilidad que siguen arrastrando algunas instituciones democráticas españolas. Me temo que tienen toda la razón quienes piensan que la razón oculta de la reforma en curso de la Ley de Partidos es cerrar el paso a los jueces y fiscales tan garantistas hacia los terroristas como insensibles con las víctimas.

La esperanza de que todos los partidos antifranquistas terminaran aceptando las reglas del juego democrático sin importar lo radical que fuera su programa explica la razón de que en su momento fuera legalizado algo tan sospechoso como HB. La integración en el juego democrático funcionó con la extrema izquierda y con ETA p-m y Euskadiko Ezkerra: la primera aceptó la disolución a cambio de la amnistía, y EE se convirtió en poco tiempo en un partido irreprochable. Pero en el caso de ETA-m sirvió exactamente para lo contrario: la legalización de cualquier partido al margen de sus fines declarados permitió a los terroristas crear un sucedáneo de partido (por cierto, poco leninista, pese al empeño de algunos) que explotara impunemente la actividad terrorista. Ese partido fue una nueva coalición, sin antecedentes antifranquistas, formada por ex izquierdistas antisistema, nacionalistas étnicos de raíz aranista y simples sinvergüenzas y terroristas químicamente puros que, más lúcidos que sus cándidas víctimas, apreciaron con cínico acierto las grandes oportunidades ofrecidas por la tolerancia legal del aparato político de un grupo terrorista. Siempre y cuando, claro está, ese aparato consiguiera parecer distinto de ETA cuando no la condición necesaria para conseguir la retirada de los terroristas, pese a servir exactamente para lo contrario. En efecto, si no fuera por el aparato político precavidamente creado tras sus traumáticas experiencias de la IV y VI asambleas, del Frente Obrero y otras semejantes, ETA, que estuvo a punto de desaparecer entre 1972 y 1976, habría seguido sufriendo la dinámica de escisiones que paradójicamente frenó la Ley de Partidos de 1978 al tolerar a ETA cierto monopolio de sus expresiones políticas mediante la estratagema de ser una misma cosa con nombres distintos. En definitiva, la legalidad de Batasuna no es otra cosa que la semilegalización de ETA.

Si en 1978 legalizar HB no parecía lo mismo que autorizar la aberración de un partido del terrorismo, casi 25 años y ochocientos asesinatos y miles de atentados después ya no queda ningún argumento donde refugiarse para sostener la justicia de esa legalización, a excepción del puro miedo, del interés inconfesable y de la pura estupidez que parece carcomer tanto discurso «progresista». La objeción de que Batasuna representa a unos 175.000 votantes a los que no se puede dejar sin voz es particularmente absurda. Con el mismo argumento se podrían promover, legalizar y subvencionar partidos a favor de la esclavitud, el uso judicial de la tortura o la abolición de la igualdad jurídica de hombre y mujer. Que sea imposible legalizar partidos esclavistas o por la tortura no se debe a que nunca tendrían seguidores -por el contrario, seguro que tendrían tantos o más que Batasuna-, sino a que la democracia excluye de raíz y por necesidad la esclavitud o la tortura legal. De hecho, la democracia consiste en excluir esas conductas y en perseguirlas cuando aparezcan. Y la clase de prácticas a las que se dedica Batasuna, o como quiera que se llame en el futuro gracias al miedo de unos y la complicidad de otros en la Cámara Vasca, cosas como encubrir y practicar extorsiones, asesinatos y amenazas, entran de lleno y absolutamente en ese conjunto de prácticas que la democracia, cualquiera que sea su forma del Estado o el articulado de su Constitución, debe siempre excluir, prohibir y reprimir. Así de sencillo, por complicado y arriesgado que resulte hacerlo.

Batalla perdida
Por Alfonso Ussía ABC 19 Abril 2002

En el campo de la semántica, el terrorismo ha vencido gracias a la impagable colaboración de los imbéciles, una gran parte de ellos articulistas, editorialistas, opinantes y tertulianos de los medios de comunicación. La restante culpa es patrimonio compartido por los políticos, igual en activo que retirados. Durante décadas, esos tontos -algunos no tan tontos, sino simplemente perversos-, han cumplido a rajatabla la estrategia de los criminales en los medios de comunicación. Al terrorismo se le ha definido como «lucha armada» hasta hace dos lunas, y a los asesinatos «actos de violencia». Algunos han alcanzado la cumbre de la desvergüenza calificando los secuestros de «detenciones indebidas» y los crímenes de «ejecuciones». No es necesario recordar el ridículo que hicieron tantos y tan cretinos con la «tregua» y la llamada «violencia de baja intensidad», que no es otra cosa que terrorismo urbano. Poco a poco, con denodado esfuerzo, las palabras están recuperando su sitio, si bien los tropiezos de los necios se repiten y acumulan. Ahora, con motivo del extraño premio que han concedido los críticos al escribidor de versos -decirle «poeta» a un terrorista se me antoja una agresión a la Poesía-, Joseba Sarrionaindía, se vuelve a las andadas. Precisamente los críticos literarios, tan pedantes en su mayoría como ignaros y nescientes, caen en su propia trampa. Y uno de los directivos de esa asociación de críticos -¡Qué aburrimiento de reuniones!-, Carlos Galán, estima «que se ha premiado una obra, no una trayectoria política». Es decir, que para un crítico literario, la pertenencia a una banda terrorista y la práctica del terrorismo es «una trayectoria política». Por mucho que se justifique el presidente de ese tostón, Miguel García Posadas, el «crítico especializado» de un tal Jon Cortázar ha sido el único mérito que han valorado los miembros del jurado. Y lo que ha hecho Jon Cortázar con su «criterio especializado» ha sido metérsela doblada y envuelta en papel de estraza. Ardo en deseos de leer -eso sí, traducida al español por el especialista en criterios- la obra de Sarrionaindía, esfuerzo que no ha hecho el presidente del pedante rollo. Un jurado cuyos miembros no dominan las lenguas oficiales de España debe procurarse las traducciones al castellano de las obras que se presentan con posibilidades de ser premiadas. Claro, que los críticos literarios siempre son muy suyos para sus cosas. Pero ya lo saben ustedes. Ser terrorista es tener «una trayectoria política». Como para respetar el criterio literario de Carlos Galán, que probablemente insertará a los atracadores en las trayectorias sociales, a los traficantes de droga en las agrarias y a los pedófilos en las experimentales.

Claro, que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alfons López Tena ve «riesgo de penalización de las ideas» en la ley de Partidos que pretende deslegalizar a Batasuna. Para don Alfons, Batasuna es un conglomerado de ideas y proyectos legítimos. Con vocales como don Alfons, la célebre errata del «BOE» que se refería al «Conejo General del Joder Judicial» abandona su condición para convertirse en definición acertadísima.

Así que, entre las trayectorias políticas de la Asociación de Críticos y las penalizaciones de las ideas de algún miembro del Consejo General del Poder Judicial han dejado en enaguas silvestres a los memos que insisten en manifestar su «enérgica repulsa» hacia la «lucha armada», la «violencia», el «conflicto vasco» y las «acciones contra la convivencia».

Gracias a unos tontos y otros tontos, en el campo de la palabra, el terrorismo ha vencido.

Euskadi y los enemigos de la oratoria
DANIEL MUGICA El Mundo 19 Abril 2002

El señor Ibarretxe malsueña con nudos gordianos que, al peor estilo de Alejandro Magno, son decapitados por el filo asesino de los terroristas de ETA. Al señor Ibarretxe, hasta el momento, tampoco se le atribuían méritos matemáticos. Ahora, tras las elecciones del 13 de mayo, amedrentado por su ineficacia ante los votos que le refrendaron para acabar con el terrorismo, acecha al ratón él mismo de su dormitorio o de su duermevela; pues en todo anda despistado tal señor. Practica la ambigüedad calculada en una tierra que no la admite porque en Euskadi cualquier asunto es grave de mortandad. Y, en la suma de sus complejos, dramatiza la cuadratura del círculo procurando engañar a los constitucionalistas, algo que bruñe las pistolas del crimen: Batasuna y su canalla.

Las iniciativas de pacificación del señor Ibarretxe alter ego del señor Arzalluz nacen deslegitimizadas. No ha proclamado lo esencial: una declaración institucional donde él, su partido y su Ejecutivo rompan con el terrorismo y quiebren el maldito Pacto de Estella.

No aconseja la condición humana apoltronarse en un pacto que no lo es, ya que en su tubérculo se regodean los pistoleros, los que aborrecen la oratoria y la palabra. Cicerón fue asesinado tras escribir piezas de oratoria las catorce filípicas contra Marco Antonio. Ahora, en Euskadi y en el resto de España, la oratoria del siglo XXI, la de la igualdad, también pretende ser acallada por una banda facciosa.

El señor Ibarretxe mantiene entre sus adláteres, para pagar favores de alcoba, a un miembro de Izquierda Unida, también firmante de la mesa de Estella. Habría que preguntarle a Izquierda Unida con quién está: si con las víctimas y los demócratas o con los asesinos y los fascistas. El señor Ibarretxe por un lado sostiene la camilla del nacionalismo radicalizado y por el otro convoca a los constitucionalistas. Jugar con dos barajas, una de mus y una de póquer, aparte de ser ilícito, esconde ases marcados y dinamita puentes de convivencia.

En las montañas, en los mares y en las ciudades vascas, bien lo saben los militantes y cargos públicos del Partido Popular del País Vasco y del Partido Socialista Vasco, el paraguas del PNV, abusando de un clientelismo que deshecha el principio fundamental de la libertad el derecho a la vida , cubre a los que bailan su soniquete. Los demás, los que discrepan, los que muestran una opinión propia o son constitucionalistas, resultan expulsados de la órbita del paraguas. Quedan expuestos al destierro social y al sonido de la soga; al coche bomba, al tiro en la nuca de la tempestad etarra.

Acaso se visualiza algún señorito en la dirección de Vascongadas.Señorito es el que sirve a intereses de dudosa catadura. Señorito es el que aparta la cara cuando se adviene el mal. Señorito es el que no asiste a todas y cada una de las víctimas. Señorito es el que, desde una autonomía subsumida en el maridaje de la confusión, no llama de inmediato no estará muy preocupado a los amenazados, sean del signo que sean. Uno de los telefonazos tempranos que recibió Nicolás Redondo Urbieta, el de la Naval, histórico dirigente de la izquierda, cuando ETA se anunció en su casa, fue el de Mariano Rajoy, ministro de la patria democrática de España. Sin embargo, uno de los últimos fue el del señor Ibarretxe.

Tarde y mal.
Sería un estupendo ejercicio de memoria recordarle al señor Ibarretxe que desde hace 25 años, en Euskadi las campanas doblan por los constitucionalistas.

Y así nos enfrentamos al silencio con las fieras dentro del corral protegidas por el gallináceo.

Arropados en una sanidad democrática, justa y necesaria, los concejales constitucionalistas de Euskadi han pedido mayor protección al presidente del Gobierno de España por supuesto a los concejales nacionalistas nadie les ataca . Pero dichas exigencias también deberían ser equitativas. La responsabilidad primera y última pesa sobre los hombros de la persona que dispone de una magnífica fuerza policial, vindicada en las urnas, para defender a la ciudadanía que administra. Sobre la persona que, en su caso, tendría que gobernar al ciento por ciento de la población y no sólo a sus votantes. En esto se cimenta la grandeza de la democracia. Una persona, al cabo, con un discurso prudente en las formas y los fondos. El discurso del señor Ibarretxe aparenta moderación en las palabras aunque los fondos de sus hechos demuestran lo contrario.Parece que los hombros del señor Ibarretxe, de continuo abultados por sus escribanos y camarógrafos, son estrechos y blandos como los músculos de un caracol: bicho, por cierto, que disfruta del sol y huye de la lluvia.

En Euskadi caen chaparrones gruesos como gotas de sangre, se esconden cobardes en cubiles de hienas. El lobo está fuera, en los bosques, vigilando las cuevas. El lobo, a ratos revestido con una piel de cordero, gruñe con colmillos nacionalistas. Un nacionalismo que pone miles de millones de pesetas al año en las manos de AEK, el conjunto de las escuelas públicas vascas donde se enseña el euskara. Es conocido que Batasuna controla AEK y que en sus aulas se imparte la teórica del odio a los futuros terroristas. ¿No será que el lobo, con el dinero de los impuestos de nacionalistas y constitucionalistas, está preparando a los cachorros del terror?

Clarie Dolan, peliculón del cine independiente americano firmado por el director Lodge H. Kerrigan, habla de una Nueva York inhabitable, dura y macilenta donde la inocencia cede bajo las brumas de la perversión. Clarie Dolan es una prostituta con un alias: Lucy.Clarie Dolan piensa en apartarse de Lucy, pero su chulo no se lo permite. El chulo la conoce desde que ella tenía 12 años y asegura que la mujer, Clarie Dolan, nunca escapara de Lucy, la prostituta.

Rodada con templanza, en azules fríos y con unas interpretaciones que duelen en el alma, a mitad de la cinta, se presenta un nuevo personaje: el chico bueno que intenta ayudar a la chica supuestamente mala. Al final, Clarie Dolan se queda embarazada, paga sus deudas al chulo y se aleja, o no se aleja. Al final el chico, envenenado de dudas, corta la relación. Al final Clarie Dolan abandona la prostitución, o no la abandona. El director, en un malabar artístico, deja la pregunta suspendida del espectador.

Transterremos la película y la ficción a nuestra realidad sin interrogantes, con el final amargo que se padece en Bilbao, Vitoria o San Sebastián. El hijo de Lucy, hoy que no mañana, en las tierras vascas, es un nonato, alguien cuyo futuro libertario está vulnerado.La puta, la prostituta, la lumi a la que le place su condición de subalterna, amiga y confidente del chulo es Batasuna. El chulo es ETA. En Euskadi no hay, como en la película de Kerrigan, chico inocente. Nadie es inocente de callar frente a los zarpazos del terrorismo. Nadie es inocente de proteger con eufemismos o ausencia de acción al terrorismo.

Algunos, incluso muchos de los que pretenden llamarse vascos, podrían mirarse en el espejo de su hombría y contemplar con horror quienes son y a quienes apoyan.

Daniel Múgica es escritor y autor de obras como Corazón negro y Mala Saña.

¿Hay que ilegalizar a Batasuna? (y 2)
JAVIER ELZO/CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 19 Abril 2002

Tras haber abordado en el anterior artículo las perspectivas legales, éticas y humanas de la posible ilegalización de Batasuna, reflexionamos ahora desde la perspectiva política, probablemente la más importante de las cuatro perspectivas en este momento. La pregunta aquí es muy simple: ¿la ilegalización de Batasuna supondría una ventaja o una desventaja para acabar lo más rápida, eficaz y definitivamente con ETA? Se pueden presentar argumentos a favor y en contra. Veamos algunos.

Se dice que puede ser eficaz pues ya se ha intentado todo lo demás, sin éxito. Parecería que sólo queda por ensayar la ilegalización del brazo político de ETA. Pienso, sin embargo, que no se ha ensayado todo, ni mucho menos. Uno de los peores momentos de ETA, si no el peor, fue tras la caída de la cúpula en Bidart. Sin embargo, una reacción inteligente de HB (para sus fines, claro está) con el Plan Oldartzen, la ruptura del Pacto de Ajuria Enea y, por último, el rechazo del PP, con el seguidismo del PSOE, al Plan Ardanza dio al traste con una ocasión de oro. Habrá que volver, es mi opinión, a un nuevo plan que aglutine al menos a tantos como el Pacto de Ajuria Enea.

Es sabido, por otra parte, que no todos, ni la mayoría de los votantes de Batasuna aprueban las acciones de ETA. En este orden de cosas se arguye que si Batasuna fuera ilegalizada muchas de esas personas la abandonarían, ya más que incómodas ante la nueva situación. Me parece argumento a tener en cuenta, máxime ahora que se ha desgajado de Batasuna el colectivo Aralar e incluso, recientemente, ha surgido la propuesta donde están, además de Aralar, EA, Batzarre, AB, etcétera. Esta situación, por otra parte, resta valor al planteamiento de quienes se oponen a la ilegalización cuando afirman, con razón, que lo que hay que perseguir son los delitos y no las personas en razón de sus ideas. Pero no veo diferencias entre las ideas finales que defienden Aralar y Batasuna, mientras que esas diferencias son evidentes en su modo de hacer política y en sus relaciones con ETA, por lo que hoy es posible defender los planteamientos finalistas de Batasuna en una organización política legal, Aralar, desmarcándose nítidamente de la violencia y de su legitimación. En consecuencia no vale decir no estoy de acuerdo con ETA pero soy de Batasuna y escudarse en la libertad de ideas para condenar la ilegalización.

Pero el efecto de la ilegalización de Batasuna puede ser bien distinto, especialmente en los más aguerridos de entre ellos y, quizá también, entre los que dudan y están incómodos en Batasuna, precisamente por la actitud que su dirección mantiene hacia ETA. Mi hipótesis es que los primeros, los que aprueban las acciones de ETA, no sólo no saldrían de Batasuna, sino que se arredrarían. Respecto de los demás, tengo muchas dudas. Quizá con los que más claramente están contra las acciones de ETA, mediante una campaña inteligente del nacionalismo vasco valorizando a Aralar y el último movimiento de EA, etcétera, la ilegalización podría tener efectos positivos. Hay que añadir que sería necesaria la misma inteligencia política en el PP y en el PSOE. Pero aun en esta hipótesis, la más favorable, hay que señalar que, como consecuencia de la ilegalización de Batasuna, la diferenciación, real al día de hoy, entre ETA y Batasuna se difuminaría y nos encontraríamos no con unos (pocos) centenares de ilegales aguerridos y dispuestos a todo, como ahora con los militantes de ETA y la kale borroka , sino con muchos miles enardecidos por la ilegalización. Huelga decir que en la hipótesis más pesimista, esa cifra puede multiplicarse por dos e incluso por tres. Creo que correríamos un riesgo real de que se produjera un apiñamiento, un cerrar filas, un sentimiento de resistencia, de consecuencias imprevisibles. Podría dar lugar a una guerra de guerrillas con un ejército en la sombra de varios miles de personas dispuestas a todo.

Como corolario a lo anterior, hay otro riesgo sobre el que es preciso reflexionar seriamente, y es el de hacer de Batasuna (ya una con ETA por mor de la ley, que no de la realidad social, insisto) el referente del nacionalismo vasco como pudo serlo ETA en el tardofranquismo y en los albores de la democracia hasta las primeras elecciones libres. No hay que olvidar que ETA fue, incluso para muchos hoy furibundos antinacionalistas, uno de los referentes de la lucha antifranquista, mientras otros no tuvimos nunca duda de la compleja naturaleza de ETA y nos posicionamos hace treinta y más años contra ella. Muchos, desde el nacionalismo vasco. Pues bien, la ilegalización de Batasuna afianzaría y apuntalaría la polarización nacionalismo vasco versus nacionalismo español. Sin embargo, en el País Vasco no hay sólo ni principalmente un conflicto entre nacionalistas y no nacionalistas, ni entre demócratas y violentos. Estamos ante algo más complejo: qué modelo de sociedad y soberanía se quiere implementar, qué modo de identidad se proyecta para el futuro. Y aquí la línea divisoria pasa por un modelo esencialista, vasco o español, de signo nacional-estatalista (una nación, un Estado) frente a un modelo de soberanías compartidas, de identidades múltiples en Estados cosmopolitas y plurinacionales. En otras palabras, sociedades unitarias frente a sociedades plurales, sociedades multiétnicas y multinacionales frente a sociedades interétnicas e inter-nacionales. El primer modelo nos lleva al pasado. El segundo abre vías para el futuro. En el primero se inscribe, en mi opinión, la ilegalización de Batasuna. El segundo es la puerta para la resolución definitiva del contencioso vasco.

Pero además debemos preguntarnos en qué va a consistir concretamente la ilegalización de Batasuna. Para empezar, en que no van a poder presentarse, con ese nombre, a las elecciones. Pero Batasuna puede muy bien acomodarse a determinadas exigencias que se quieren imponer a los partidos políticos y presentarse, de nuevo, como un partido legal. Por ejemplo, pueden prescindir de presos políticos en las listas electorales, eliminar o camuflar la utilización de determinados símbolos, tener aún más cuidado en la forma de expresarse (ya aprendimos a entendernos y a escribir entre líneas durante el franquismo y entonces todo estaba ilegalizado), de tal suerte que, con la inventiva que les caracteriza, reinventarán La Codorniz , y así un largo etcétera. Ya lo hacen. Recuérdese: los jueces y fiscales se vuelven locos para poder encontrar delitos en sus textos a los que imputar la incitación a la violencia o la apología del terrorismo. El último ejemplo lo tenemos en el intento de aplicarlo a Otegi tras el reciente Aberri Eguna. ¿Cómo van a probar que el nuevo partido político promueve el terrorismo, que es cómplice del terrorismo, peor aún, que es lo mismo que ETA, como pretende el ministro Rajoy?

Concluyendo. Si abordáramos la cuestión de la ilegalización de Batasuna bajo el prisma de la ética, de la legitimidad moral, no veo duda posible: su dirección se ha ganado hace mucho tiempo la reprobación de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Obviamente, no cabe duda alguna, tampoco, de la necesidad de aplicar la ley hacia las acciones delictivas en que puedan incurrir. Por el contrario, no veo la pertinencia de la ilegalización de Batasuna cuando muchas leyes imputables no se le han aplicado. En fin, tengo muchas dudas sobre la eficacia de la ilegalización tanto desde la perspectiva política como desde la humana y, tras analizar y sopesar las posibles ventajas y desventajas de tal medida, creo que las incertidumbres y los riesgos que conllevaría la ilegalización son muy superiores a sus posibles ventajas. La conclusión se me impone: aplíquese la legislación vigente, modifíquese este o aquel articulado de la ley si es preciso, búsquese la unidad de los partidos políticos en la lucha antiterrorista, pero no se cambie la ley ad casum para ilegalizar a Batasuna, excluyendo así del juego democrático a miles y miles de vascos. Con el riesgo añadido de convertirlos en un ejército en la sombra.

Detenido en Francia el etarra Zaldua Corta, buscado desde 1986 por trece asesinatos
BAYONA. AGENCIAS ABC 19 Abril 2002

Un presunto "miembro importante" de la organización separatista vasca ETA, José María Zaldua Corta, alias "Aitona", buscado desde hace varios años, fue detenido el viernes en la mañana en Ciboure, cerca de Saint Jean de Luz (suroeste), se supo en fuentes policiales. José María Zaldua Corta, de 52 años, de nacionalidad española, tenía en su contra una orden de detención internacional por asesinato y posesión de armas desde 1986. Zaldua Corta está acusado de haber formado parte de los comandos ´Urola´ y ´Nafarroa´ y tienen una reclamación internacional por trece asesinatos.

Se había refugiado entonces "en un país de América Latina", precisó la misma fuente. El hombre fue detenido a eso de las 06.00H en el domicilio de una pareja de profesores, de nacionalidad francesa y cuya identidad no se conoce por el momento.

Un histórico de los comandos Urola y Nafarroa
El presunto miembro de ETA José María Zaldua Corta, alias "Aitona", está acusado de haber formado parte de los comandos ´Urola´ y ´Nafarroa´ que cometieron varios atentados en Guipúzcoa y Navarra a finales de los setenta y principios de la década de los ochenta. Durante los últimos años había estado residiendo en Uruguay, donde fue visitado por miembros de HB y de Xaki, el organismo que el juez Garzón considera como el aparato de relaciones internacionales de ETA.

Nacido el 17 de julio de 1949 en la localidad guipuzcoana de Ezkioga, José María Zaldua está acusado de haberse integrado en ETA en 1978 primero como miembro de un comando de información y unos meses más tarde como activista de un comando denominado ´Urola´, del que también formaba parte Mercedes Galdós Arsuaga, Bittori.

Atentado con bomba
Este comando llevó a cabo, el 11 de noviembre de 1978, un atentado con bomba contra una patrulla de la Guardia Civil que circulaba entre Zumárraga y Beasain en el que resultado muertos los agentes José Rodríguez de Lerma y Leoncio Revilla. El 13 de enero del año siguiente,  el grupo perpetró otro atentado contra una patrulla que circulaba entre Azpeitia y Azkoitia causando la muerte del agente Francisco Gómez Jiménez. Una bomba oculta cerca del lugar del primer atentado provocó la muerte de los también guardias civiles Francisco Gómez Giménez y
Miguel García Poyo.

El 6 de febrero de 1979, el ´comando Urola´ asesinó a tiros a José Antonio Vivó Undabarrena, alcalde de la localidad de Olabarria.

Los miembros del grupo se dieron a la fuga en abril de 1979 a raíz de una detención sufrida por José María Zaldua, que posteriormente quedó en libertad lo que aprovechó para escapar a Francia.

Según fuentes policiales, "Aitona" fue encuadrado posteriormente en el ´comando Nafarroa´ de ETA, junto con Mercedes Galdós y otros dos activistas. Los cuatro se trasladaron a Pamplona en agosto de 1979 y
permanecieron en la capital navarra hasta diciembre. Dos de los integrantes del grupo perpetraron el asesinato del policía Carlos Sanz, el 8 de octubre. Zaldua, presuntamente, volvió a formar parte del ´comando Nafarroa´ entre junio y septiembre de 1980, meses durante los que el grupo asesinó al policía Angel Postigo Megías y colocó una potente bomba en el edificio central de la Universidad de Navarra. Además, la célula etarra hirió gravemente al director del Diario de Navarra José Javier Uranga Santesteban, el 22 de agosto.

Después del atentado contra el periodista, el comando regresó a Francia donde Zaldua permaneció hasta enero de 1982, fecha en la que, según las acusaciones policiales, regresó de nuevo para integrarse otra vez en el ´Nafarroa´. En esta ocasión el grupo perpetró un atentado mediante el disparo de una granada de carga hueca contra una tanqueta de la policía en Pamplona en el que resultó muerto el agente Vicente Garcera López.
A raíz de este atentado, en el que un presunto colaborador del comando resultó herido, los etarras huyeron a Francia.

La pista de "Aitona" se perdió durante unos años, aunque posteriormente fue ubicado en México por el Ministerio del Interior. A principios de 1998 se encontraba residiendo en Uruguay, según revela el auto de procesamiento dictado por el juez Baltasar Garzón contra los integrantes de Xaki, el organismo al que el juez considera como el ´aparato de relaciones internacionales´ de ETA. El magistrado afirma en esta resolución a un dirigente de HB y una responsable de Xaki viajaron a principios de 1998 a Uruguay por indicación de ETA para visitar a Zaldua Corta.

La número 1 de la última promoción de jueces no pidió plaza en Cataluña
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 19 Abril 2002

BARCELONA. La satisfacción mostrada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, respecto al hecho de que la número uno de la última promoción de jueces no pudiera ejercer en Cataluña por no conocer el catalán ha causado sorpresa y en algunos casos malestar entre los miembros de la judicatura catalana y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Máxime si se tiene en cuenta que Paloma Martínez, la juez en cuestión, nunca solicitó una plaza en Cataluña.

Por error o desinformación, Pujol puso como ejemplo de los avances logrados en la implantación del catalán en la Justicia el hecho de que la número uno de la promoción no pudiera trabajar en Cataluña al no poder acreditar que conocía ese idioma. Pero lo cierto es que la joven, nacida en Granada, no pidió plaza en esta comunidad, sino en Astorga (León), donde todavía no ha tomado posesión de su cargo, según informaron fuentes judiciales.

El conocimiento de la lengua o del derecho civil propio de las comunidades históricos puntúa como mérito -no como requisito- en los concursos para obtener una plaza de juez. El vicepresidente territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura, Miguel Collado, considera que «hasta ahora, nunca nos ha constado que la aplicación de este sistema haya frustrado los objetivos de una persona». Según manifestó, «dudo mucho que Pujol, un hombre de gran inteligencia y experiencia política, quisiera desacreditar a la Justicia» y aseguró que «los jueces más capacitados tienen que estar en los lugares en los que más se necesiten, con independencia de la lengua».

Clave política
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jesús María Barrientos, cree que las declaraciones de Pujol «deben ser interpretadas en clave política porque la generalización del catalán en el ámbito judicial es un objetivo de la Generalitat», pero «desde una perspectiva jurídica, no serían defendibles por exageradas». Luisa María Prieto, miembro de Jueces para la Democracia, coincidió en destacar el «contexto político» de las declaraciones, pero destacó que todos los alumnos de la Escuela Judicial han pasado por la aprobación de «una fase muy dura de oposición» y han desarrollado «conocimientos jurídicos y materias que, sin ser jurídicas, dan mayor formación al juez en el ejercicio de una función de clara trascendencia social».

A título particular, el juez Santiago Vidal entiende que Pujol «ha politizado el tema y pone en peligro el trabajo de normalización del catalán». Por su parte, el abogado Miguel Capuz se pregunta si detrás de las manifestaciones de Pujol hay un veto. «No se puede vetar a nadie por no saber catalán. Lo que se busca es la calidad y se supone que la juez número uno es la que más sabe. Si una persona pide como destino Cataluña es que tiene intención de integrarse». El presidente del PP catalán, Alberto Fernández, criticó ayer la política «monolingüe» y «excluyente» del mandatario catalán. Asimismo, la dirección del PSC acusó al presidente de la Generalitat de usar «argumentos falsos» para justificar sus posiciones políticas y le instó a rectificar sus declaraciones.

Un gran despliegue policial vigila el primer pleno de Elorrio tras la dimisión de los independientes
La presencia de la Ertzaintza fue reclamada por la junta de portavoces tras los incidentes de sesiones anteriores
E. D./ELORRIO El Correo 19 Abril 2002

Cerca de medio centenar de agentes de la Brigada Móvil de la Ertzaintza custodió ayer el pleno de Elorrio, durante el se hizo oficial la renuncia al cargo que los tres ediles del grupo independiente anunciaron el pasado día 9 de abril por «el ambiente de tensión que los concejales debemos padecer». Con la ausencia de los corporativos dimisionarios y del edil del PP, la sesión se desarrolló sin incidentes ante la presencia de la Policía Autónoma, que fue reclamada por la junta de portavoces como consecuencia de los disturbios registrados en los dos últimos plenos.

Mientras numerosos ertzainas permanecían apostados en torno al Ayuntamiento, tan sólo tres vecinos de la localidad, que gobierna en minoría Batasuna, asistieron a un pleno que contó también con un amplio despliegue de medios de comunicación.

A la sesión plenaria asistieron los cuatro ediles de la coalición PNV-EA, los cuatro de Batasuna y el ex representante del PSE-EE, Laureano Curto. El corporativo del PP, Eduardo Andrés Ricoy, comunicó de antemano su imposibilidad de acudir.

El episodio desencadenante de la dimisión de los concejales independientes se produjo el pasado 27 de marzo, cuando uno de ellos fue agredido por un joven radical en el transcurso de un pleno. La renuncia de Susana Rupérez, Eduardo Sardón y César Idigoras, a la que se sumaron los demás integrantes de la plancha electoral de las elecciones de junio de 1999, fue justificada por los integrante de Elorrioko Independienteak «por los insultos, provocaciones y amenazas recibidos».

La decisión fue comunicada con carácter oficial ayer «al pleno y al pueblo» por el alcalde de la localidad. «La desaparición de esta candidatura deja al Ayuntamiento como está», con diez concejales, se limitó a comentar el primer edil, Niko Moreno, de Batasuna.

«Alcaldada»

Ante la ausencia de comentarios por parte del resto de la Corporación, el jeltzale José María Fernández de Arroyabe, a quien Batasuna arrebató la Alcaldía con el apoyo del grupo independiente, calificó de «alcaldada» el gasto que el Consistorio destinó a la celebración de la Gazte Topagunea, organizada por el Colectivo de Jóvenes Vascos durante la Semana Santa, «por hacerlo sin haberlo comunicado al resto de los concejales».

El alcalde justificó que la mayor parte de los 30.000 euros (5 millones de pesetas) invertidos se gastaron en la retirada de tierra para instalar las carpas que acogieron a miles de jóvenes. «El acopio se utilizará para la futura zona deportiva. Son trabajos que se tendrían que hacer más adelante y la limpieza era necesaria», dijo.

El PP abandona la comisión de seguridad por la negativa del PNV a cercar a Batasuna
EFE Libertad Digital 19 Abril 2002

El PP ha abandonado este jueves la Comisión vasca de Seguridad y anunció que no volverá a ella si no se le admite una reserva al documento final en la que, entre otras cuestiones, plantea el apoyo a la ilegalización de Batasuna. El PSE-EE no puso ninguna objeción a que pudiera presentar esta reserva

El parlamentario vasco y representante "popular" en dicha Comisión, Carlos Urquijo, explicó que al inicio de la reunión, en la que estaba previsto cerrar el documento de reformas legales en esta materia, planteó la inclusión de un voto particular, a lo que se opuso el PNV, según dijo el propio Urquijo.

El voto particular recogía la posición del PP respecto de "tres medidas clave para la erradicación del terrorismo": las mociones de censura contra alcaldes de Batasuna, el bloqueo de financiación pública a esta formación y su entorno, y el respaldo a la reforma de la ley de partidos, para que los Tribunales puedan acordar, "si lo estiman pertinente, la ilegalización de Batasuna".

En el texto que el PP pone como condición que se le admita como voto particular para volver a este foro, integrado por los partidos vascos excepto Batasuna y el Departamento de Interior vasco, los "populares" afirman compartir la necesidad de las reformas legales sobre las que se ha ido trabajando, pero las consideran "insuficientes para conseguir la derrota del terrorismo".

El documento propuesto sostiene que "teniendo la convicción de que Batasuna es un puro instrumento estratégico de la banda terrorista ETA, consideramos que no puede ser aceptado como un partido democrático", por lo que pide que se respalden las tres medidas citadas.

Urquijo, ya en los pasillos del Parlamento Vasco, explicó que el representante del PNV en la Comisión, José Antonio Rubalkaba, se opuso en un principio a la aceptación de esta reserva, aunque posteriormente se remitió a una decisión de la Ejecutiva de la formación nacionalista.
Los presentes se citaron para una nueva reunión el 2 de mayo próximo, convocatoria a la que el PP no asistirá si no se le permite plasmar como reserva al documento final estos planteamientos que, recordó, fueron unos principios "inexcusables" de los "populares" desde el inicio de las reuniones de este foro.

El parlamentario del PP, quien reconoció que el PSE-EE no puso ninguna objeción a que pudiera presentar esta reserva, consideró "intolerable" que después de los "esfuerzos" realizados por su partido en esta Comisión no se le permita plasmar por escrito su posición, sin que ello supusiera que el resto de los partidos lo apoyaban.

La reunión de hoy había sido convocada en la sede central del Gobierno Vasco en Lakua (Vitoria) con el objetivo de redactar un documento final en torno a una serie de reformas legales para mejorar la seguridad de los concejales y alcaldes amenazados.

Entre estas reformas, que estaban casi acordadas, estaban las referentes a la mayor facilidad para constituir gestoras municipales, los cambios en los registros para que los datos de estos sean más opacos a los violentos o la posibilidad de que los ediles pudieran desempeñar su representatividad sin tener que acudir a las sedes municipales y evitar así rutinas.
Entre los partidos se mantenían discrepancias en torno a otras reformas, como la tipificación de las amenazas y coacciones a concejales o los supuestos de inelegibilidad de personas procesadas por terrorismo, violencia callejera o amenazas.

Vázquez pierde ante el Constitucional la batalla jurídica por la «L» del topónimo
El alcalde asegura que su política lingüística no cambiará «para nada» y reta a que lo denuncien en los tribunales
A Coruña se queda, definitivamente, sin su «L». El Ayuntamiento que preside el socialista Francisco Vázquez ha perdido la última batalla de una larga guerra jurídica que estalló en 1992
La Voz  19 Abril 2002

Tras las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo, que obligaban al Concello a usar la forma A Coruña como único nombre oficial de la ciudad, el Tribunal Constitucional ha puesto fin al proceso legal al acordar no admitir a trámite el recurso de amparo presentado en octubre del 2000 por el Ayuntamiento en contra de las anteriores resoluciones. Tras conocer el auto, Francisco Vázquez anunció que seguirá utilizando la forma «La Coruña». «Si alguien entiende que hay una infracción, que me denuncie ante los tribunales», retó el alcalde coruñés.
Punto final al culebrón de la L. Tras diez años de escaramuzas jurídicas entre el Ayuntamiento y la Mesa pola Normalización Lingüística, el Tribunal Constitucional ha zanjado cualquier posibilidad de continuar con el casi interminable proceso judicial.

Después de dos sentencias en contra, la última esperanza del Ayuntamiento era obtener el amparo del Constitucional, para lo que recurrió al prestigioso bufete del abogado madrileño Eduardo García de Enterría, que se ocupó de redactar el escrito de alegaciones del Concello coruñés.
Pero la Sala Primera de la Sección Segunda del Constitucional acordó por unanimidad no admitir a trámite el recurso de amparo preparado por el equipo de García de Enterría. Según el auto dictado el pasado 11 de febrero y del que hoy «tomará conocimiento» la comisión municipal de gobierno, las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo no vulneran los derechos fundamentales «a la propia imagen y a la participación en los asuntos públicos», tal y como argumentaba el Ayuntamiento de A Coruña.

Nada cambia en María Pita
«Es una lástima». Así reaccionó Francisco Vázquez ayer ante el auto del Constitucional, un dictamen que, sin embargo, no alterará la política lingüística del Ayuntamiento. «Seguiremos utilizando en la denominación de la ciudad las fórmulas legalmente establecidas, que son la tradicional e histórica de La Coruña, que corresponde al uso de la lengua española, y A Coruña, que es la que corresponde al uso de la lengua gallega».
¿Cambiará algo en María Pita? «Para nada, en ningún caso», sentenció el alcalde. Las resoluciones establecen como única denominación oficial de la ciudad el topónimo gallego, algo que Francisco Vázquez sigue sin admitir. «De acuerdo con el criterio del Ayuntamiento, La Coruña es también topónimo oficial», recalcó.
«Si alguien entiende que hay una infracción, que me denuncie ante los tribunales como responsable; sería un pleito interesante, que se pudiera simplemente juzgar, ya no digo condenar, a una persona por la utilización de la lengua española», retó Vázquez, que aseguró una vez más que «nadie puede prohibir la utilización del topónimo La Coruña».                        LUIS POUSA (A CORUÑA)

El Tribunal (In)constitucional
Nota del Editor  19 Abril 2002

Según el auto dictado el 11 de febrero de 2002, la Sala Primera de la Sección Segunda del Constitucional acordó por unanimidad no admitir a trámite el recurso de amparo preparado por el equipo de García de Enterría por encargo del Ayuntamiento de La Coruña, en defensa del derecho al uso en español del topónimo de La Coruña. 

No sé en que asiento de la Academia de la Lengua se sientan para poder determinar el uso de palabras en castellano, pero están contradiciendo su propia doctrina, pues en la sentencia STC 105/2000, de 13 de abril de 2000,  dicen "12. El art. 3 CE establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. En virtud de dicha expresa previsión, el art. 231.1 LOPJ, no modificado por la Ley Orgánica 16/1994, pudo establecer como regla general que "en todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado", permitiendo, ello no obstante, que las partes procesales, en todo caso (art. 231.3 LOPJ), así como los Jueces, Magistrados, Fiscales y los funcionarios de la Administración de Justicia "si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión" (art. 231.2 LOPJ), utilicen en dichas actuaciones judiciales indistintamente el castellano o la lengua oficial autonómica de que se trate". 

Por cierto, según este párrafo, y teniendo cuenta que las sentencias del TC "crean jurisprudencia", y que por tanto todos los ciudadanos sometidos a ella somos "parte", todo el material de los tribunales debería estar al menos en español, es decir, que todos los procesos deberían realizarse en español.

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