AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 20 Abril  2002
Las lenguas autonómicas no serán mérito para los fiscales sustitutos
ABC  20 Abril 2002

Una ley imprescindible
Editorial ABC   20 Abril 2002

Aznar, descabalgado
Francisco Umbral El Mundo   20 Abril 2002

Morder a la serpiente
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo   20 Abril 2002

Entre la espada y la pared
Ignacio Villa Libertad Digital   20 Abril 2002

Un paso contra la impunidad
Editorial El Correo   20 Abril 2002

El fin de ETA
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo   20 Abril 2002

Patxi López critica al lehendakari por buscar “más nacionalismo en vez de más libertad y democracia”
EFE Libertad Digital   20 Abril 2002

Vázquez asegura que nadie puede impedir que se utilice el topónimo La Coruña
Efe - A Coruña.- La Razón   20 Abril 2002

Detenido un etarra de 52 años, acusado de 16 asesinatos
FERNANDO LAZARO El Mundo   20 Abril 2002

Las lenguas autonómicas no serán mérito para los fiscales sustitutos
ABC  20 Abril 2002

BARCELONA. Revés para la política lingüística de Jordi Pujol. El Ministerio de Justicia ha publicado un decreto sobre el régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del ministerio fiscal en el que ya no se contempla el dominio de las lenguas autonómicas como mérito a la hora de acceder a un cargo a la carrera fiscal. La anterior normativa sí contemplaba ese reconocimiento.

Tanto el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, como el conseller de Justicia de la Generalitat, Josep Delfí, criticaron este decreto. Mena asegura que se enteró de esta novedad «por el BOE del 6 de abril», que publica el Real Decreto, y manifestó que no comparte esta medida porque «hay fiscales sustitutos, no de carrera, que prestaban el servicio a partir de, entre otras cosas, esta puntuación, muy bien por cierto».

Mena advirtió de que la entrada en vigor este Real Decreto supondrá la «recolocación» de todos los fiscales sustitutos» y, por tanto, «la probabilidad de que algún catalanohablante que no tenga méritos para prestar el servicio en Cataluña tenga que irse. A juicio del fiscal, que ayer entregó los despachos a los 31 nuevos fiscales destinados en Cataluña, esta norma «no es operativa, sino regresiva».

La Generalitat recurrirá
Por su parte, el conseller de Justicia anunció que la Generalitat recurrirá el decreto por vía judicial si el Ministerio no rectifica. «Reaccionaremos con contundencia ante los tribunales y planteando a la opinión pública» lo que para la Generalitat «es un claro paso regresivo», dijo. «No podemos tolerar que por problemas de otras comunidades autónomas se dé una solución claramente perjudicial para Cataluña», afirmó el conseller, apuntando que la supresión de este mérito se debe a un intento del Gobierno central de evitar que en el País Vasco accedan fiscales sustitutos con tendencias abertzales. Guardia contactó con el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, quien aseguró que estudiará el asunto y que también «se mostró sorprendido por este hecho».

El conflicto se produce la misma semana en la que Pujol se vanaglorió del avance logrado en la implantación del catalán en la Justicia, poniendo como ejemplo que la número uno de la última promoción no ha podido quedarse en Cataluña porque no domina este idioma, algo poco sujeto a la realidad porque esta juez no pidió destino en esta Comunidad.

Por otro lado, el Gobierno acordó plantear recurso de inconstitucionalidad contra dos preceptos de la ley catalana de Archivos y Documentos ya que entiende que, al incluir el Archivo de la Corona de Aragón en el sistema de archivos de Cataluña, vulnera competencias exclusivas del Estado y de otras autonomías.

Una ley imprescindible
Editorial ABC   20 Abril 2002

Con los dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos. Tras la entrada del proyecto en el Parlamento, será posible discutir un más amplio consenso sobre la ley, para lo que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, ya ha puesto sobre la mesa la modificación del polémico capítulo de la legitimación para instar la disolución de un partido, sustituyendo la atribuida a grupos de cincuenta parlamentarios por la de la mayoría de las Cámaras. En definitiva, el Parlamento siempre tendría legitimación para promover una acción que, en cualquier caso, será resuelta por un órgano judicial, la Sala Especial del Tribunal Supremo. Las propuestas de los Consejos de Estado y del Poder Judicial son unas pautas razonables para forjar técnicamente el consenso con el PSOE, sin variar la finalidad de la ley. Los dictámenes de ambos organismos rechazan la inconstitucionalidad del proyecto y, especialmente, su retroactividad, aunque el Consejo de Estado pida revisar la Disposición Transitoria para «evitar una eficacia retroactiva» que «se puede desprender» de esa disposición, algo muy distinto a afirmar que el proyecto prevé expresamente su aplicación a hechos anteriores. Si los recelos del PSOE eran sólo técnicos, el acuerdo con el Gobierno tiene que ser sencillo.

Ahora bien, este proyecto no se defiende sólo con análisis jurídicos. Es un proyecto que requiere una voluntad política muy firme, porque pone el punto y final a la democracia «blanda» que ha permitido la impunidad de los grupos políticos proetarras durante dos décadas. La exigencia de firmeza asusta y se hacen oír ya dramáticas advertencias sobre los riesgos para la democracia, en caso de que este proyecto se apruebe, porque, dicen, perjudicaría los principios de representación y pluralismo políticos en el País Vasco. Con este argumento, resulta que los 140.000 votos de Batasuna, partido que apoya y nutre al terrorismo, expresarían más y mejor la calidad de la democracia española que los 550.000 votos de PP y PSE, privados de libertad para el ejercicio del pluralismo y de la representación, discurso que no resiste no sólo un sencillo cálculo de contabilidad democrática, sino tampoco el diagnóstico compartido sobre la realidad vasca, en la que Batasuna es un instrumento acreditado del miedo y de la amenaza. Por si acaso, la izquierda proetarra ya está inmersa nuevamente en una táctica camaleónica, cambiando el nombre de Batasuna por el de Socialistas Abertzales. Si lo que pretende es burlar la nueva ley, el empeño parece burdo, porque la continuidad política con Batasuna (y de esta con Euskal Herritarrok y antes Herri Batasuna) está asegurada tanto por los programas y las personas como por la subordinación a ETA, elemento vertebrador del que la izquierda abertzale no puede desprenderse. Sin embargo, el cambio de nombre sí daña al Partido Socialista de Euskadi, totalmente legitimado para defender, política y judicialmente, su seña de identidad histórica frente a una usurpación que busca la confusión entre los electores y la humillación de quienes son víctimas diarias -sentenciadas, más que amenazadas- de la violencia. Nada de esto ha impedido al PNV apoyar en el Parlamento de Vitoria la admisión del cambio de nombre de Batasuna, postura lógica en quienes, como ha dicho Arzalluz, están dispuestos a defender a este grupo en los Tribunales internacionales frente a su ilegalización, pero no a defender con el mismo tesón a los concejales populares y socialistas, para quienes sólo proponen desde Arkaute una jaula de oro para que vivan encerrados en sus municipios.

Precisamente, por la voluntad opuesta del nacionalismo a marginar políticamente a Batasuna, por la situación insostenible de restricción de libertades que sufren los constitucionalistas y para la protección de esos principios básicos de la democracia -la representación y el pluralismo-, la ley propuesta por el Gobierno es imprescindible, como lo sería en cualquier régimen democrático europeo.

Aznar, descabalgado
Francisco Umbral El Mundo   20 Abril 2002

Se ha reflexionado poco, salvo en tono coñón y madriles, sobre la promesa de Aznar de abandonar el cargo, el escaño e incluso la política. Sus últimas declaraciones sobre esto, en el Congreso, son de una rigurosidad absoluta, confirmada por las ironías con que el presidente ha divagado después sobre la vida en libertad y la obsesión política. Aquí, en estas divagaciones, es donde hay que buscar el sentido último de su grave declaración, ya que lo grave se aclara siempre en el enigma de una sonrisa.

Aznar habló de vivir dedicado a la vida. De sus palabras irónicas y ciertas deducimos un canto a la vida que supone una denuncia de la muerte, de esa muerte que ETA distribuye todos los días por los jardines de Bilbao y de España para que en ellos crezcan amapolas negras como bombas de mano. Es decir, que el problema de Aznar está en ETA.

El presidente ha insistido muchas veces sobre la prioridad del problema vasco, que no es un problema sino una provocación. Aznar no parece dispuesto a gobernar sobre una España en conflicto bélico, así como Azaña dijera un día que se negaba a ser el presidente de una guerra civil. La estrategia voluble de ETA, la tibieza de la Unión Europea ante el problema, la blanda complicidad de la Iglesia, e incluso el ajedrez del PSOE, que antepone la momentánea conveniencia de partido a la unidad antiterrorista. Todo esto y más hace que el presidente centrista abandone una batalla en la que, de verdad de la verité, no le secunda nadie profundamente, salvo Mayor Oreja, que es un desdoblamiento de sí mismo, su brazo armado, pero no basta.

Aznar se ha ido perfilando como un hombre geométrico, de verdades concretas, precisas y sin vuelta atrás. No puede tolerar, por tanto, las indecisiones, los papeleos e incluso las traiciones y los arrepentimientos a peor de sus posibles ejércitos civiles y armados contra el soberanismo vasco. Después de haber recaudado cientos de palabras, se encuentra sin una realidad entre las manos. Toda España, ésa es la verdad, especula con la guerra del norte y la van disfrazando de otra cosa, de pistolerismo patriótico, por miedo a lo que en realidad es, lo mismo que los niños convierten en juguete o payaso algunos muñecos porque lo cierto es que el muñeco les da miedo.

Algunos catalanes han llegado al punto de ser comprensivos con el separatismo de ETA. Algunos ingleses sugieren que tomemos nota de su Irlanda, tan bien gestionada. Algunos franceses entregan un comando de tarde en tarde, en función de sus ilustres trapicheos con el vecino de abajo. Uno sospecha que Aznar no es hombre de roperío político. Empezó siendo de una pieza y nos hacía gracia su elementalidad. Ahora que su persona y su poder son múltiples comprobamos que este hombre resulta sabiamente capaz de reducirlo todo, en su momento, a la gran prioridad. Nadie ha conseguido distraerle para que pierda el tiempo en otras cosas. Decepcionado de los políticos antes que de la política, como ocurre siempre, se niega a que traten de jugar con él. En el juego de la gallina ciega se niega a ser la gallina y en el manteamiento de Sancho Panza se niega a ser la manta. Levantó unas huestes políticas y sociales contra el terrorismo pero en todas partes los caballos flojean de remos. Para él, es el momento de descabalgar. Lo lamentaremos.

Morder a la serpiente
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo   20 Abril 2002

Lo mejor de retirarse por propia voluntad de la carrera electoral es la insólita libertad de la que se goza durante ese breve plazo de tiempo en el cual uno ostenta todavía el poder, sabiendo que no tendrá que volver a refrendarlo en las urnas. Ese es el instante de los aciertos o los errores históricos; de las decisiones basadas en la coherencia y no en la conveniencia o la oportunidad.Es el momento de desnudar las propias convicciones y actuar con valentía, midiendo cuidadosamente ese diminuto espacio que separa en política la audacia de la temeridad. Es exactamente el punto en el que se halla José María Aznar en relación con la nueva Ley de Partidos Políticos.

Durante 25 años, la democracia española ha convivido con el germen de su propia destrucción, tolerando, amparando, justificando, protegiendo y hasta financiando con los impuestos de todos los españoles a una formación política creada con el fin de servir de altavoz y santuario institucional a una banda terrorista.Durante 25 años hemos hecho prevalecer nuestros complejos históricos y nuestro deseo voluntarista de integrar en el sistema a quienes luchaban por destruirlo, sobre la lógica democrática que nos empujaba a emplear toda la fuerza de nuestras leyes para defenderlas de quienes pugnaban por acabar con ellas. Durante 25 años hemos cerrado los ojos a la realidad y no hemos querido decir en voz alta que 442 etarras detenidos por las fuerzas de seguridad eran o habían sido cargos electos de Batasuna/HB/EH/, que en las sedes de ese partido se escondían coches bomba y se preparaban atentados o que sus concejales en los ayuntamientos proporcionaban valiosa información para facilitar el asesinato de sus compañeros populares o socialistas, porque el reconocimiento de esos hechos ciertos nos habría obligado a tomar una decisión que nos producía pánico.Durante 25 años hemos utilizado eufemismos tales como «portavoces del terror» para referirnos a terroristas tan peligrosos, tan criminales y tan culpables como los pistoleros encapuchados, con el fin de evitar contestar a una pregunta que era un clamor en la ciudadanía: «Y si son lo mismo que ETA, y si forman parte de ETA, ¿cómo es que se sientan en el Parlamento?»

Pues bien, una vez que desde el Gobierno, y también desde la oposición, se ha establecido claramente la ecuación Batasuna= ETA, la pregunta está en el aire y requiere una respuesta. Podemos abordar la cuestión desde una perspectiva ética, proclamando que una sociedad políticamente madura como la española no puede seguir tolerando que sean precisamente su sistema y sus órganos de representación democrática quienes cedan a la extorsión terrorista, o podemos perdernos en el enésimo debate «pragmático político», con sesudos análisis sobre repercusiones electorales, trasvases de votos entre partidos o presuntos pretextos proporcionados a la banda (¡como si la banda necesitara pretextos!) para que mate todavía más.

Podemos morder a la serpiente allá donde más le duele, en sus últimos reductos de impunidad, o podemos claudicar una vez más ante ella y acorralarnos nosotros mismos entre unos muros defensivos cada vez más estrechos, cuya inutilidad ha quedado suficientemente demostrada a lo largo de un cuarto de siglo.

Esta vez todo indica que el Gobierno de José María Aznar está decidido a tomar la iniciativa y que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero apoyará la medida encaminada a ilegalizar Batasuna, siempre que, como parece, el diálogo y la mesura se impongan al exabrupto y la provocación partidista. Esta vez la serpiente está asustada y por eso amenaza abiertamente con hincarnos los colmillos. Algunos, como Jaime Mayor Oreja, saben bien lo que eso significa y han decidido quedarse en primera línea para hacer frente a lo que venga, desde la convicción absoluta de que los vascos y los españoles aguantaremos esta última embestida.

LA NOTICIA
Chantaje 'abertzale'

En las últimas semanas, ETA ha reactivado su campaña de extorsión del llamado «impuesto revolucionario», chantaje que alcanza a un número creciente de empresarios y profesionales vascos y que incluye con frecuencia a sus cónyuges, receptores de una copia de las siniestras misivas. En esas cartas se explica a las víctimas la manera de hacer efectivo el pago de las cantidades requeridas, con la siguiente instrucción: «Dirígete a los medios de la izquierda abertzale». Lo que, traducido a roman paladino, significa a las sedes de Batasuna.

EL RUMOR
¿Ministra o alcaldesa?

Más que un rumor, en el Partido Socialista es un clamor el malestar creado por el anuncio de que la próxima semana se harán públicas las candidaturas de Rafael Simancas a la Comunidad de Madrid y Trinidad Jimenez a la Alcaldía de la capital. En el PSOE, el comentario casi unánime es éste: Si Trinidad Jiménez iba a ser la ministra de Asuntos Exteriores de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo es que encabeza la lista de un Ayuntamiento? ¿Acaso el líder de los socialistas da las elecciones generales por perdidas a dos años de su celebración?

LA LLAMADA
Puentes antiterroristas

Los cauces de comunicación entre PSOE y PP previstos en el seno del Pacto Antiterrorista se reactivaron en la tarde del pasado jueves, después de 10 días de silencio y tensión motivados por la disputa surgida en torno a la Ley de Partidos Políticos. La llamada telefónica fue efectuada por Javier Zarzalejos a su interlocutor habitual, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en ella no se habló de propuestas concretas, aunque se restableció el tono de cordialidad necesario para retomar las conversaciones encaminadas a aprobar el polémico texto por consenso.

Entre la espada y la pared
Ignacio Villa Libertad Digital   20 Abril 2002

Con el paso de los días, el año 2003 se afianza como un año que será clave, políticamente hablando. Tras el anuncio de la retirada definitiva de José María Aznar, el año próximo aparece, de la noche a la mañana, como un examen de la gestión desarrollada por el PP en estos últimos años. Esta consideración, que se puede aplicar a toda España, en el País Vasco adquiere unas características especiales que convierten las elecciones municipales en un verdadero punto de inflexión. De nuevo serán una prueba de fuego para el proyecto soberanista del nacionalismo vasco. El PNV deberá afrontar esa cita electoral con un escenario que muchos pensaban que no iba a llegar: la previsible ilegalización de Batasuna. El nacionalismo tendrá que enfrentarse sin tapujos a su cruda realidad de convivencia con el mundo radical y, por tanto, ya no podrá tener actitudes esquizofrénicas.

Si quieren rebañar los votos de una Batasuna ilegalizada, deberán descubrir sus cartas. Es por ese motivo por el que Jaime Mayor Oreja, en Burgos, durante la Convención nacional de presidentes y secretarios generales del PP, ha advertido de una nueva ofensiva nacionalista cara a las próximas elecciones municipales. Tendrá como grandes objetivos Vitoria y todas las localidades alavesas. La intención será avanzar en su proyecto soberanista en el territorio donde, precisamente, los ciudadanos difieren más de sus intenciones. Además, intentarán que su ofensiva sea una excusa para sus objetivos independentistas. Buscarán tapar todos sus errores, miserias y cambalaches con Batasuna.

Con este horizonte, es imprescindible que el PSE defina claramente su proyecto político. Con el PP parece claro que no quiere trabajar. Entonces, ¿qué compañero de viaje piensa escoger? El socialismo vasco se ha asustado y huye del objetivo de trabajar por una alternativa al nacionalismo. Lo que nos falta por saber es si se va a quedar en tierra de nadie o se va a subir de forma descarada en el barco del nacionalismo. Todo apunta a que será esta última posibilidad la escogida, por lo que el PP se quedará solo en la fabricación de una alternativa al nacionalismo vasco.

Así pues, las elecciones municipales del 2003 en el País Vasco serán una prueba muy importante para la configuración de esa alternativa al soberanismo. El PP arranca en esta situación como una formación política que, lejos de sus siglas, deberá aglutinar a todos aquellos ciudadanos que piensan que en el País Vasco se puede vivir sin ser nacionalista. El PP deberá aprovechar convenientemente la previsible esquizofrenia del PNV y del PSE cuando se lleve a cabo la ilegalización de Batasuna. Este paso, que muchos no esperaban, puede ser definitivo para provocar una verdadera crisis interna dentro del nacionalismo. En el PNV, muchos dirigentes sin escrúpulos buscaran de forma desesperada votos y apoyos del mundo radical para hacer frente al PP. Esa actitud les va a delatar delante de muchos electores nacionalistas que todavía tenían alguna esperanza de rectificación de su partido de toda la vida.

El nacionalismo, con la ilegalización de Batasuna, va a quedar en evidencia. Su reacción imprevisible será como la de un viejo león herido y moribundo, pero quizá por ello puede ser especialmente ruidosa. Con Batasuna fuera de la ley, el PNV se queda entre la espada y la pared.

Un paso contra la impunidad
Editorial El Correo   20 Abril 2002

La aprobación del proyecto de Ley de Partidos Políticos por parte del Consejo de Ministros da paso a la tramitación parlamentaria de una iniciativa que ha generado ya un amplio debate público que en adelante deberá concretarse en un esfuerzo de consenso capaz de perfeccionar el texto inicial y de disipar cuantas dudas de orden constitucional pudiera suscitar. Hace más de dos décadas ETA promovió la creación de un entorno que desde entonces se mueve dentro de la legalidad y que favorece objetiva e intencionadamente la continuidad de la banda terrorista tanto en su acción coactiva respecto al conjunto de la sociedad como en la preeminencia de su posición en el seno de la izquierda abertzale. Lo que podía concebirse como una coincidencia en los fines últimos entre ETA y las demás siglas de la izquierda abertzale representaba, en realidad, una misma estrategia de connivencia y complicidad con los hechos más crueles que un grupo de seres humanos puede perpetrar contra sus semejantes. Es esto lo que ha terminado soliviantando la conciencia democrática de una ciudadanía que ve cómo la coacción terrorista amplía sus efectos al amparo de la libertad de asociación política. Al presentar el proyecto de ley, el Gobierno Aznar ha reiterado su inquebrantable propósito de lograr la ilegalización de Batasuna y de impedir la expresión pública y legal de cuantas posiciones políticas encubran el asesinato y la persecución ideológica. Pero la eficacia democrática de tal medida dependerá del respaldo político que alcance el articulado de la Ley y de que su aplicación no sobrepase los límites que el legislador considere necesario consignar en el texto para que el ánimo restrictivo que lo inspira se mantenga, en su aplicación concreta, dentro del cauce de nuestra Constitución.

El nacionalismo gobernante en Euskadi ha mostrado su rotunda oposición a la promulgación de un precepto legal que posibilite la ilegalización de Batasuna. Para ello ha esgrimido argumentos de diverso orden, imputando al Gobierno una intencionalidad política que, en todo caso, no sería más destacable que la que guía el comportamiento del propio nacionalismo democrático cuando pretende que ese otro nacionalismo de inspiración violenta siga teniendo sitio dentro de la legalidad sin que renuncie a la apología y al encubrimiento. Las críticas a quienes expresan su propósito de favorecer la disolución judicial de Batasuna hubieran resultado más creíbles si, evitando su ilegalización, el nacionalismo gobernante hubiese procedido a desplazar a la izquierda abertzale de todas las áreas de gobierno o influencia que ostenta en las instituciones vascas, activando los resortes de la unidad democrática. Por el contrario, el hecho de que con sus severas críticas a una nueva Ley de Partidos contribuya a exonerar de culpa a quien realmente la ha suscitado -el cinismo cómplice de Batasuna- sitúa al nacionalismo gobernante en una posición tan cómoda como comprometida respecto a los pasos que ETA y su entorno vayan a dar en adelante.

El fin de ETA
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo   20 Abril 2002

Hablar del fin de ETA choca entre nosotros, porque este fin lo hemos trasladado con resignación al mundo de los deseos. Hemos dado a ETA categoría de paisaje, como al Anboto o al sirimiri nuestro, confiríendole de esta forma eternidad.

Yo mantengo que la eternidad de ETA ha finalizado y que es necesario hablar del fin de ETA, y sobre todo del después del fin de ETA. Qué vamos a hacer, cuáles serán nuestros planteamientos, sin la eterna coletilla de la violencia.

Nunca en su historia ha aterrorizado a tanta gente. Nunca gente tan diversa se ha sentido intimidada, con miedo, como en la actualidad. Pero nunca tampoco su poder objetivo ha sido tan pequeño. La sociedad vasca tiene una necesidad perentoria de creer en el fin de ETA, en el fin real, tangible. De no ser así, corremos el riesgo de tener una sociedad esquizofrénica, frente a una ETA mínima. Y creo que esto no es sólo riesgo, está ya ocurriendo en nuestro país. Tenemos que empezar a creer, a ver, el fin ETA, de forma casi física, diferente del sueño, sueño por ser inalcanzable, con el que nos hemos referido hasta ahora a este deseo de una sociedad normalizada. La manera más práctica de creer de forma real en el fin de algo es empezando a construir el después.

La eternidad de ETA, después de 1975, se ha afianzado básicamente en dos pilares. La teoría del eterno empate y la asunción por una parte importante de los vascos del uso del terrorismo como una vía, moralmente, legítima de la política (cosa que ya venía de antes).

La teoría del eterno empate surge en el mundo nacionalista, a comienzos de los años ochenta, precisamente como reconocimiento de la imposibilidad de la victoria. Teoría que es asumida, también, por los no nacionalistas; de ahí su gran fuerza operativa. Victoria que habitualmente se interpreta como militar pero yo quiero recalcar, aunque resulte extraño, que ETA lo que de verdad hace es renunciar a la victoria electoral. Y traslada la negociación parlamentaria a unas elecciones particulares a golpe de asesinato. Plantea con naturalidad la negociación como objetivo estratégico de la lucha terrorista (casi se me escapa lucha armada , pero un amigo me recordó que la lucha armada legítima es la de la Ertzaintza). Dicho de forma clara y simple: lo que ETA pretende con la teoría del empate permanente y el sufrimiento prolongado es imponer una negociación política para el que no tiene apoyo electoral, y precisamente por ello (sin duda hay muy diversas razones para explicar la ruptura de la tregua pero una, al menos, es el fracaso electoral del bloque nacionalista en las elecciones de 1998).

La argumentación para legitimar desde el Estado la negociación con ETA durante los años ochenta se basaba exclusivamente en la creencia de que era imposible vencer de forma policial a ETA. Estoy convencido de que esto ha cambiado radicalmente. El mito de la invencibilidad de ETA ha muerto, y hoy funciona realmente como un mito, como el recurso nostálgico a una realidad inexistente. Cada vez más gente cree que el fin de ETA es posible. Y cada vez más gente exige a las instituciones democráticas vascas, españolas y francesas una acción más decidida en este sentido planteando, incluso, sombras de sospecha sobre su desidia. La ETA de hoy no es invencible, para defender lo contrario hay que recurrir necesariamente al pasado, a lo que fue. Por ello las razones legitimadoras de una negociación con ETA están cambiando. Nadie plantea en serio que hay que negociar con ETA por ser invencible, sino porque un final negociado va a ser mejor para la sociedad vasca cuando ETA ya no esté. A este argumento declarado se une, también, muchas veces, otro tácito: y el final negociado es también más justo. Más justo para ETA, se entiende, acarreando en su defensa todas las medallas de la lucha antifranquista. Pero me parece a mí que la razón más importante para defender un final dialogado con ETA hoy, desde el mundo nacionalista, es salvar la legitimidad de los objetivos políticos planteados por ETA. No es casualidad que en la actualidad haya surgido un nuevo argumento legitimador: el conflicto vasco. Letanía con la que nos torturan últimamente gentes diversas. Hay que resolver el conflicto vasco para que desaparezca ETA. Hay que negociar con ETA para resolver el conflicto vasco. Y es operativo en sus dos formas porque no se quiere aceptar que fundamentalmente el conflicto vasco es la propia ETA.

Decía que la segunda razón por la que ETA parecía eterna era que una parte importante de los vascos asumía como moralmente legítima la lucha terrorista. A este respecto me parece a mí que se han dado cambios drásticos y por una vía, al menos para mí, inesperada. Ha habido cambios sustanciales en el mundo del nacionalismo democrático; fundamentalmente bajo la dirección del lehendakari Ibarraetxe. Clásicamente el nacionalismo democrático denunciaba la violencia etarra por razones pragmáticas; es malo para el nacionalismo, impide las inversiones, bloquea las negociaciones, etcétera, pero desde la campaña electoral, y ya de forma muy decidida desde el 13 de mayo, el lehendakari Ibarretxe lanza una campaña contra la violencia de ETA basada exclusivamente en razones éticas, el sí a la vida. Y subrayo esto exclusivamente desde posiciones éticas. Yo creo que esta campaña ha tenido consecuencias importantes en la sociedad vasca. Al plantear la crítica a la violencia como un hecho ajeno a la política, desde posiciones puramente morales, ha facilitado en gran medida que personas que ya no creen en la invencibilidad eterna de ETA puedan cambiar de opinión sin grandes costes personales. Y desde luego ha desaparecido en gran medida la arrogancia de la defensa del terrorismo, ya que el lehendakari, un cargo muy respetado en nuestro país, ha dado cobertura política a todos los que, estando en contra, no se atrevían a hablar. Ya no está de moda apoyar el terrorismo. Está de moda lo contrario. De verdad creo que el apoyo al terrorismo ha disminuido de forma muy clara en el mundo nacionalista y también en la llamada izquierda abertzale. Pero esta operación, insisto que importante por la consecuencia que tiene de acelerar el fin de ETA, tiene también costes importantes. Costes que a mí me parecen asumibles, siempre y cuando no se nos olvide que son facturas que terminaremos pagando. La primera factura pendiente son las responsabilidades. La condena a la violencia se plantea sin exigir ninguna responsabilidad política; condenamos la violencia pero no hay ningún responsable. No preguntamos quién la ha apoyado, por qué la ha apoyado, cuál es su responsabilidad.

La segunda gran factura son los objetivos políticos de ETA. Quedan intactos, no reciben ninguna crítica. Permanecen con sus 180.000 votos como botín apetecible.

Tenemos una necesidad urgente para que la clase política plantee acciones claramente dirigidas a buscar el fin de ETA. Que utilice un discurso creíble, pero sobre todo, un discurso en el que la clase política crea ella misma que estamos a un paso del fin de ETA, abandonando definitivamente esa retórica resignada, humillante, que solicita a ETA que cambie, reconociéndole de esta forma un poder que no tiene.

Ese botín expectante es una dura carga que funciona como freno eficaz que impide al nacionalismo democrático plantear abiertamente el fin de ETA. Pero la presión social y los propios actos terroristas obligarán al nacionalismo democrático, aunque sea a veces con desgana, a plantear claramente su final. El no hacerlo a tiempo, el no haber asumido el liderazgo, será una deuda que terminará pagando.

Sea como sea, soy optimista. El futuro está ahí, a la vuelta de la esquina, y cualquier mañana nos sorprende.

Patxi López critica al lehendakari por buscar “más nacionalismo en vez de más libertad y democracia”
EFE Libertad Digital   20 Abril 2002

La reunión entre el lehendakari y el líder del PSE ha dejado patente las diferencias entre ambos. Discrepancias que Patxi López ha calificado de “radicales y profundas” respecto a la ilegalización de Batasuna. Además, ha acusado a Ibarretxe de estar empeñado en buscar “más nacionalismo cuando lo que se necesita es más libertad y democracia”.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se ha reunido este viernes con el lehendakari por primera vez desde que el pasado mes fuera nombrado secretario general de los socialistas vascos. Un encuentro que ha girado en torno a la posible ilegalización de Batasuna, apoyada con matices por el PSE y criticada desde el Ejecutivo vasco y el PNV. A este respecto, López ha declarado que “los socialistas ponemos el principio por encima de los efectos” de una ilegalización, mientras que el Ibarretxe “pone los efectos por encima del principio”.

El político vasco ha explicado que “el principio es que en un sistema democrático no puede haber formaciones políticas que, burlándose del propio sistema y de la legalidad, de cobertura política al terrorismo, lo financie o busque su comprensión social”. Unas postura que contrasta con la mantenida por el Gobierno de Vitoria, que insiste en que “no se puede exigir unidad e impulsar al mismo tiempo un debate de ilegalización de ideas que ofrece un balón de oxígeno a ETA y que supone una división profunda de la sociedad vasca”.

No es esta la única diferencia entre ambos políticos y así ha quedado patente en este encuentro en el que López ha expresado al lehendakari la “preocupación” de su partido porque “volvemos a ver al PNV más empeñado en buscar para este país más nacionalismo cuando lo que necesita es más libertad y democracia”. Ante esta actitud que “enfrenta a los vascos”, ha recalcado, Ibarretxe va a tener a los socialistas “radicalmente enfrente”. Y será así, ha puntualizado, mientras que el Gobierno Vasco no esté “más comprometido en el combate a ETA y todo lo que le rodea”, adquiriendo compromisos no sólo en las medidas que mejoren la seguridad de los cargos amenazados, sino también en el “ataque de las causas que hacen que tengamos que estar protegidos”.

Vázquez asegura que nadie puede impedir que se utilice el topónimo La Coruña
Efe - A Coruña.- La Razón   20 Abril 2002

El alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, manifestó ayer en declaraciones a los medios que el Ayuntamiento seguirá con la política de «cooficialidad» y utilizará el topónimo de la ciudad en gallego y en español y añadió que «nadie puede impedir el uso de La Coruña ».

Vázquez se refirió así a la decisión del Tribunal Constitucional de no desestimar el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo que le obligaban a utilizar el topónimo de la ciudad en gallego.

Para Vázquez, la decisión del Constitucional «no impide la cooficialidad ni el uso del nombre histórico de la denominación geográfica del término urbano de La Coruña y agregó que «otra cosa sería la prohibición del topónimo en español».

Tras señalar que «con todo, entiendo que esto no es algo cerrado», apuntó que «hay que ver otras vías jurisdiccionales», puesto que el Tribunal «no ha entrado en el fondo» de la cuestión.

Por eso, añadió, «acatamos las normas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de que la documentación oficial esté en lengua gallega además de la española y de aplicar el topónimo de A Coruña».

Vázquez manifestó además que «la tesis de algunos es la de la exclusión de la lengua española, y esto es importante que el ciudadano lo perciba».

Motivo de delito
Por su parte, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Henrique Tello, afirmó ayer que, tras las últimas sentencias, el alcalde, Francisco Vázquez, cometerá un «delito» si sigue usando el topónimo «La Coruña» en la documentación oficial.

Tello afirmó que «ha llegado el momento de desmantelar un argumento falso que ha venido utilizando el Ayuntamiento en todos sus recursos, que es el de que el cambio de nombre es potestad de las corporaciones municipales».

En este sentido el portavoz nacionalista manifestó que «la Ley de Normalización y el Diario Oficial de Galicia establecen claramente el topónimo y el escudo oficial de la ciudad», por lo que definió el uso del término «La Coruña» en los documentos oficiales como una ilegalidad y advirtió de que «quien inclumpe la ley es un delicuente y comete un delito».

Detenido un etarra de 52 años, acusado de 16 asesinatos
La dirección de ETA recurrió a Zaldúa Corta, que llevaba 15 años en la reserva, para que se incorporara a las estructuras de la dirección
FERNANDO LAZARO El Mundo   20 Abril 2002

MADRID. José María Zaldúa Corta, Aitona, llevaba 15 años en la reserva. Tiene 52 años. Este histórico miembro de la organización terrorista, sobre el que pesa la acusación de haber asesinado a 16 personas, fue detenido ayer en Ciboure (Francia).

Según explicó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, Aitona se trasladó de Uruguay a Francia en julio del pasado año. Fue requerido por la dirección de ETA para que se reincorporara de nuevo a la «lucha armada».De hecho, los expertos no descartan que Zaldúa Corta hubiera sido requerido por ETA para reforzar la estructura de la dirección o, al menos, para cubrir alguna de las importantes bajas que durante las últimas fechas se han producido en el entramado logístico de la organización terrorista. Durante los últimos meses, la Policía francesa, en colaboración con los agentes españoles, ha golpeado con fuerza contra el entramado etarra. Hasta el punto de que el propio Rajoy aseguró ayer que la estructura logística de ETA se encuentra mucho peor que en otras ocasiones.

Por este motivo, los expertos consideran que la dirección etarra ha tenido que echar mano de Zaldúa Corta, considerado como un experto en la fabricación de explosivos y muy vinculado con los miembros de ETA encargados de la falsificación de documentos.

En el momento de su detención, Aitona estaba acompañado del matrimonio francés Ladislas Lanouguerre y su esposa Marie Helene Marguirault.

Según informó Rajoy, Zaldúa Corta, que está acusado de asesinar a 16 personas entre 1978 y 1984, ha estado integrado en los comandos Urola y Nafarroa. Pertenece a ETA desde antes de 1977. Pese a la amnistía general de 1978, continuó con la actividad terrorista hasta que en 1985 huyó a Francia. Desde allí pasó a Argelia y, posteriormente, se trasladó a Uruguay, donde ha permanecido más de 10 años.

Son los servicios policiales uruguayos los que alertaron al Gobierno español en julio del año pasado. Informaron de que tenían información sobre la estancia de este histórico etarra en su país, junto a su mujer y su hijo, pero que había abandonado el país con destino a Europa.

De nuevo, Uruguay comunicó en noviembre de 2001 a España que tenía indicios serios que permitían asegurar que Zaldúa y su familia se habían trasladado a Francia. Fue en diciembre cuando la Guardia Civil, en colaboración con la policía francesa, logró coger la pista buena sobre este histórico etarra.

En aquella fecha, una presunta colaboradora de ETA fue detenida.Esta había mantenido varias reuniones con una mujer que, a la postre resultó ser la esposa de Zaldúa. El seguimiento sobre esta mujer permitió a los agentes localizar al histórico etarra.La actuación coordinada de las policías uruguayas, francesas y españolas permitió la captura de Aitona antes de que comenzara a desempeñar labores de alta responsabilidad en el seno de la organización terrorista, según explicaron a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista.

La carrera terrorista de Zaldúa Corta se inició en noviembre de 1978. Según los datos policiales, presuntamente participó en el asesinato de dos guardias civiles. En enero del siguiente año intervino, según el Departamento dirigido por Mariano Rajoy, en un atentado con explosivos en Azcoitia donde fueron asesinados otros tres agentes de la Guardia Civil.

En febrero, presuntamente asesinó al alcalde de Olaberria (Guipúzcoa), José Antonio Vivo. En octubre de ese año, ya integrado en el comando Nafarroa, participó en el crimen de un inspector del Cuerpo Superior de Policía. En junio de 1980, asesinó a otro agente policial. En agosto de ese año intervino en el atentado contra el director del Diario de Navarra, Francisco Javier Uranga.En 1981 asesinó, según consta en la nota del MInisterio del Interior, un teniente coronel del Ejército en Pamplona. Ese mismo año participó en un atentado que acabó con la vida de un policía foral en Pamplona.

Al año siguiente intervino en la acción contra una tanqueta de la Policía Nacional en el que resultó muerto otro agente.

En 1983, presuntamente acabó con la vida de otros dos guardias civiles en Pamplona. En abril de 1984 asesinó a un comandante del Ejército en Pamplona y acaba con la vida de dos artificieros de la Policía Nacional. Zaldúa Corta tiene seis causas abiertas en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional.

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