AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 28 Abril  2002
La moción y los liberticidas
Editorial El Correo 28 Abril 2002

Los partidos y la legalidad
FERNANDO SAVATER/CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE El Correo 28 Abril 2002

La «gué» de España
César LUMBRERAS La Razón 28 Abril 2002

Al Qaida compró armas para Bin Laden con dinero obtenido por su trama en España
MADRID. D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 28 Abril 2002

Encapuchados incendian un autobús educativo en Pasajes
SAN SEBASTIAN El Mundo 28 Abril 2002

Lengua, normalización y respeto
ROBERTO MIELGO MERINO/PROFESOR TITULAR DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA El Correo 28 Abril 2002

Estupidez lingüística
Nota del Editor 28 Abril 2002


 

La moción y los liberticidas
Editorial El Correo 28 Abril 2002

El esfuerzo por erradicar el terrorismo de ETA constituye un empeño que se enfrenta a la obstinación con que los propios terroristas tratan de perpetuarse segando la vida de sus semejantes, amedrentando a la sociedad y engendrando toda una trama de complicidades con que tratan de preservar al verdugo de toda responsabilidad respecto al daño que causa a sus víctimas. Ese esfuerzo se convierte en fuente de frustración cuando el objetivo último termina diluido en medio de otros fines de carácter partidista o de disquisiciones de conveniencia. Así está ocurriendo con una iniciativa que, en la reunión de Ajuria Enea del pasado 22 de febrero, parecía llamada a encabezar la reacción unitaria de partidos e instituciones frente a la impunidad: la moción de Eudel.

Resulta elocuente que dos meses después de aquella esperanzadora cita convocada por el lehendakari Ibarretxe la sociedad vasca deba asistir a una exposición pública de las dificultades y desavenencias que afloran entre los partidos democráticos a la hora de dar sentido a tan anunciada moción. Por eso mismo conviene subrayar que la iniciativa de defender la pluralidad de la sociedad vasca frente a la persecución ideológica que practica el terror sólo será efectiva si establece una nítida línea de separación entre los partidos democráticos y la formación que pretende justificar dicha persecución. Expuesta la posición en esos términos, la moción de Eudel cobrará sentido si tras su votación los partidos democráticos son consecuentes con lo aprobado y se aprestan a desplazar a Batasuna -cuya postura ya ha sido recogida por esta formación en una moción municipal propia- de las áreas de influencia municipal.

Sin embargo, las últimas coincidencias parlamentarias entre los partidos del Gobierno y Batasuna, así como las críticas vertidas por los mismos ante la destitución de los concejales de la izquierda abertzale de los órganos rectores de los entes dependientes del Ayuntamiento de Vitoria, revelan la querencia con que el nacionalismo democrático sigue tratando al extremismo nacionalista. Es esta actitud la que hace poco creíble el difuso compromiso del nacionalismo gobernante posponiendo para después de las elecciones de 2003 la exclusión de Batasuna de los gobiernos municipales. Máxime si -como algunos dirigentes y alcaldes nacionalistas pretenden- Eudel termina remitiendo a los distintos ayuntamientos un texto base sobre el que cada consistorio redactaría su particular versión.

La indignación del nacionalismo democrático frente a la impunidad ambiental en que pretende moverse el terrorismo sube de tono tras cada atentado; pero inmediatamente después vuelve a lo que parece ser su estado natural de condena moral con mínimas consecuencias políticas. La situación actual nos descubre a un nacionalismo que, desde el gobierno de las instituciones, se esfuerza en atemperar el enfrentamiento con la cobertura legal de ETA alegando para ello que ha de ser la propia sociedad la que vuelva la espalda a Batasuna -como si los partidos o las instituciones pudieran sacudirse la responsabilidad que en ellos ha depositado esa misma sociedad- o identificando una eventual ilegalización de dicho partido con la vulneración del derecho a la expresión y representación libre de las ideas políticas. La intención de EA de promover una gran movilización frente a las intenciones de PP y PSOE de propiciar la disolución judicial de Batasuna demuestra hasta qué punto el nacionalismo democrático puede perder el sentido de la orientación ante los peligros más directos que acechan a la libertad en Euskadi.

El trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Partidos dará cuenta del contenido último de la nueva norma y del consenso que alcance su promulgación. Pero, aun reconociendo la complejidad constitucional de la nueva Ley, aun considerando legítimas y razonables las reservas que pueden mantenerse ante alguno de sus apartados, el nacionalismo gobernante incurriría en un error comparable a otros que cometió en el pasado más reciente si optara por proyectar sus energías contra la aprobación y aplicación justa de la Ley de Partidos después de no haber hecho el mínimo esfuerzo para que, en el ámbito institucional, Batasuna pase a ocupar el lugar que en una democracia consolidada correspondería a una formación que se niega a condenar la aplicación sistemática de la pena de muerte a sus rivales políticos.

Los partidos y la legalidad
FERNANDO SAVATER/CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE El Correo 28 Abril 2002

Ya sé que es peligroso que quienes no entendemos de leyes intentemos hablar de asuntos jurídicos desde el mero sentido común. Porque el sentido común es legal (al menos, por el momento) pero no todo lo legal responde a sus exigencias y a veces las garantías jurídicas y constitucionales entran en colisión con la ingenua forma de ver las cosas que tenemos la gente sin estudios de Derecho. De modo que escribo esta nota sobre la nueva Ley de Partidos con todo el temblor y temor aconsejables. Pero es que algunas de las cosas que se están objetando a esa nueva disposición no me parecen aparentemente dictadas por el mero tecnicismo legal, sino por el sentido común que todos compartimos o deberíamos compartir: y ahí sí creo que también los demás podemos opinar.

Dentro de un sistema constitucional, los partidos políticos son instrumentos para encauzar pacíficamente las diversas opciones de la voluntad ciudadana, evitando que tales discrepancias desemboquen en un conflicto armado. Se ha dicho, con razón, que un parlamento democrático es algo así como la escenificación incruenta (aunque polémica) de una guerra civil, que gracias a ese teatro aceptado por todos no llega a producirse. Parece por tanto inadmisible que un partido político, además de su función parlamentaria, sostenga y justifique los procedimientos bélicos para apoyar sus ideas: eso es lo que hacen cuantos se niegan a condenar la violencia terrorista de ETA y la justifican considerándola consecuencia de un conflicto político no resuelto, es decir, no resuelto a gusto de quienes ejercen la violencia terrorista. Uno no puede empuñar con una mano el acta de diputado y con otra la metralleta del partisano: aún menos puede esperar que quienes reciben los tiros o padecen las bombas le subvencionen, en nombre de la libertad democrática, las balas y la dinamita. La idea de que la lucha armada es lícita y necesaria para defender cualquier tipo de derechos civiles no es una opinión política democráticamente lícita ni puede esperar ser reconocida como tal. Tampoco son lícitamente democráticas las ideas políticas que niegan el marco político democráticamente establecido y exigen su transformación o su abandono por la fuerza, en lugar de por vías institucionalmente acordadas. Por supuesto, tampoco pueden ser defendidas en nombre de la democracia ideas que transforman la sociedad plural de ciudadanos en comunidad étnica homogénea. La democracia es un sistema amplio pero no vacío.

Ignoro cuántos ciudadanos vascos apoyan la lucha armada y consideran lícito que haya un permanente trasvase entre el terrorismo y la esfera parlamentaria. Sean cuantos sean, no transformarán en democrática la guerra civil encubierta de la que quieren beneficiarse. Apoyando tales planteamientos no defienden opciones políticas legítimas, sino que tratan de imponerlas por la fuerza e impiden que los demás defiendan las suyas en igualdad de oportunidades. Están en un error que los demás no podemos dar por bueno, salvo hacernos cómplices del mismo y arriesgarnos a ser responsables con ellos de las consecuencias bélicas que pueda comportar. Hace veinte años, autorizar un partido como Herri Batasuna era un intento conciliador de dar una salida política a quienes en la dictadura apoyaron la lucha armada: a la vista de los resultados de esa mano tendida, seguir hoy admitiendo los mismos planteamientos significa querer perpetuar la violencia y dar un salvoconducto democrático a los totalitarios que pretenden acabar con el Estado de Derecho. Ni más ni menos.

Algunos dicen que no son los partidos los que delinquen, sino los individuos encuadrados en ellos. Y recomiendan -ahora, no en su día- que lo que debería haberse hecho es perseguir penalmente a quienes desde una organización legal han apoyado, celebrado, justificado y homenajeado a los terroristas. En efecto, creo que debería haberse hecho tal cosa, aunque el procedimiento despertaba en su momento las mismas protestas de quienes ahora lo recomiendan y tropezaba con el terror que durante tanto tiempo han impuesto los que hoy pretenden dar lecciones de radicalismo democrático a los demás. Sin embargo, no es verdad que no haya instituciones insostenibles cuando queda claro que quienes las gestionan pretenden cometer delitos. Tomemos por ejemplo el caso de Gescartera. Los responsables de los fraudes cometidos han sido juzgados y en algunos casos encarcelados, pero la propia sociedad ha quedado también disuelta, al quedar en evidencia los fines de quienes la inventaron. Sería un poco raro que todos los ejecutivos de Gescartera estuviesen en la cárcel y la sociedad misma continuase su andadura, con los mismos objetivos fraudulentos. Pues bien, Batasuna es una especie de Gescartera de tipo político. Quienes participan en ella con buena fe y sin deseos de cometer crímenes, pueden mañana volver a organizar otro grupo político realmente desligado del terrorismo y que lo condene claramente, aunque mantenga objetivos independentistas.

Otros señalan que la posible ilegalización de Batasuna radicalizará a sus miembros y dificultará la convivencia en el País Vasco: ¿cómo convivir con ciento cincuenta mil votantes que se consideren ilegalizados al desaparecer su partido favorito? En estas voces se distingue la diferencia entre nacionalistas y no nacionalistas. Porque los no nacionalistas ya tienen enfrente al mayor radicalismo posible, el que los amenaza de muerte. Lo que temen los nacionalistas no violentos es que los terroristas y los amigos de los terroristas se vuelvan ahora contra ellos, no les dejen disfrutar tranquilos el trasvase de votos que pueden recibir de la formación ilegalizada y, en suma, los traten de la misma manera radical que ya emplean contra los no nacionalistas. Pues no saben cuánta pena me dan, pero así están las cosas. Lo que debería preocuparles no es tener que convivir con ciento cincuenta mil ilegalizados , sino con ciento cincuenta mil amigos o cómplices de asesinos de sus conciudadanos, lo que hacen ahora con bastante desahogo. Esos ilegalizables son personas muy simpáticas y jatorras que hoy se toman un txikito contigo y luego te denuncian a quienes deben pegarte el tiro en la nuca.

El otro día, en Bilbao, un bárbaro apuñaló a su mujer en un bar y después, mientras los demás atendían a la víctima ensangrentada, se fue tranquilamente a la barra y pidió un zurito. Es todo un símbolo del país. Bueno, pues muchos queremos una ley de partidos cuidadosamente legal, escrupulosamente constitucional, ampliamente consensuada... pero que prohiba tajantemente servir zuritos a quienes aún tienen las manos manchadas de sangre.

La «gué» de España
César LUMBRERAS La Razón 28 Abril 2002

Este Gobierno está decidido a que aprendamos inglés por las buenas o por las malas. Primero autoriza que policías «yanquis» trabajen en España, sin precisar muy bien si es obligatorio que éstos sepan castellano, o si seremos nosotros los que tengamos que aprender inglés para el caso de que nos pidan el DNI. Ahora hay otra prueba más de esta invasión, lo que demuestra que no nos va a quedar más remedio que estudiar el idioma de Blair (mi amigo Tony, como diría Aznar), si queremos ser hombres o mujeres de provecho. Coge uno y se mete en Internet, conecta con la página «gué» de la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), se va al apartado de la Cumbre Euromediterránea, que tuvo lugar en Valencia el lunes y el martes pasados, pincha donde pone documento de conclusiones y se encuentra con que sólo está disponible en inglés. Eso sí, advierten de que pronto estará en castellano y en otras lenguas. Puedo pasar que eso sucediese el mismo día que finalizó la reunión, pero que esa situación se mantuviese ayer sábado, cuando habían transcurrido cuatro días desde que acabó el encuentro, me parece de Juzgado de Guardia. Un diplomático me explicaba, a modo de justificación, que las lenguas oficiales del llamado Proceso de Barcelona, en el que se inscriben las Cumbres Euromediterráneas, son el inglés y el francés. Pues, qué quieren que les diga, que me parece muy mal, pero podría llegar a entenderlo, aunque no a justificarlo. Pero que en la página «gué» de la presidencia española sólo encuentre el documento en la lengua de la Thatcher no es de recibo. A los responsables de la página o de la presidencia debería caérseles la cara de vergüenza. Indagando, indagando, he descubierto también que en el Ministerio de Asuntos Exteriores existe un servicio que se llama algo así como de interpretación de lenguas extranjeras, pero, vaya por Dios, por la tarde no funciona. Es decir, que si hay que traducir algo del francés al castellano, o al revés, hay que ponerse a la cola y esperar a la mañana siguiente o a los días sucesivos, pero muy sucesivos, si tienen el mismo ritmo con el que se trabaja en la «gué» de la presidencia española.

Y, hablando de la presidencia, esto se pone, pero que muy complicado. La labor de la UE en el conflicto entre Israel y Palestina, con la delegación española a la cabeza, no ha sido como para tirar cohetes precisamente. La Cumbre UE América Latina se enturbia por momentos y está al borde del fracaso por los problemas en Argentina, Venezuela y los que tiene Cuba con Méjico y Uruguay, por citar tan sólo dos países. Por si todo esto fuera poco, nos coincide con lo de Le Pen en Francia, que ha experimentado una subida por dos razones fundamentales, la inmigración y la inseguridad, que son dos de los problemas más graves que existen en España, algo en lo que ex ministro del Interior Mayor Oreja, tiene bastante que decir.

Al Qaida compró armas para Bin Laden con dinero obtenido por su trama en España
MADRID. D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 28 Abril 2002

La red de empresas que creó en España Muhammed Galeb Kalaje, «Abu Talha», sirvió, entre otros fines, para financiar la compra a la guerrilla albano-kosovar de una partida de armas que tuvo por destino el cuartel general de Bin Laden en Afganistán. Este es uno de los datos obtenidos por la Policía a raíz de la captura de Galeb, destacado responsable del entramado financiero de Al Qaida.

Fue la «caja B». Su descubrimiento en la operación realizada el pasado noviembre contra la infraestructura de Al Qaida en España ha servido para que la Policía, cinco meses después, desmantelara una de las fuentes de financiación de la «galaxia» terrorista de Osama Bin Laden. Entre la documentación intervenida en noviembre estaba una que correspondía a Muhammed Galeb, detenido por primera vez ese mes junto a otras once personas, aunque fue puesto en libertad por falta de pruebas. No obstante, las anotaciones que había hecho en sus libros de contabilidad fueron la pista que siguieron los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía para volverle a colocar las esposas el pasado martes.

En efecto, en los cuadernos de cuentas de Galeb estaban reflejadas las ganancias que obtuvo de sus negocios en el campo de construcción desde que llegó a España. En total, 2.404.048 euros c(400 millones de pesetas), de los que distribuyó 601.012 euros (100 millones de pesetas) entre destacados activistas de Al Qaida. «Abu Talha», según ha podido acreditar la Policía, entregó 17.094 euros (casi tres millones de pesetas) a los hombres de Bin Laden en Alemania: Mamoun Darkazanli, «Abu Ilias», y a su «lugarteniente» Abdul Fatath Zammar. Lo mismo hizo con Mohamad Bahaih (le entregó 107.457 euros, unos 18 millones de pesetas) durante el tiempo que estuvo residiendo en Turquía con la misión de hacer de «correo» de la organización Al Qaida entre Europa y Afganistán.

«Donaciones para viudas»
Otros beneficiados fueron Nabil Nanakli Kosaibati, que cumple condena perpetua en Yemen por el intento de asesinato del primer ministro de este país; Nabil Sayadi, que recibió en Bélgica 231.664 euros (algo más de 38 millones de pesetas), e Imad Eddin Barakat Yarkas, «Abu Dahdad», máximo responsable de la infraestructura de Al Qaida desarticulada el pasado mes de noviembre en España. Éste obtuvo 49.553 euros (ocho millones de pesetas) bajo la tapadera de «donaciones para viudas, pobres e inmigrantes», aunque en algunos documentos se señala que la entrega de dinero era para «blanquear» o como «transferencia por mercancía».

Mayores fueron las aportaciones que «Abu Talha» hizo llegar a varias ONG islámicas, centros islámicos y mezquitas de Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria y Afganistán. En total 248.221 euros (más de 41 millones de pesetas). A esta cantidad se suman los casi seis mil euros que entre 1998 y 2001 entregó en concepto de «donaciones para Palestina» a Helal Jamal Abboshi Khaledi, «Abul Jamal», imán de una mezquita de Madrid, que está considerado como una persona «muy vinculada» a la organización terrorista Hamas.

Libro de contabilidad
Estas son las «donaciones» -suman 669.676 euros (111.424.796 pesetas)- que han podido acreditar los agentes del Servicio de Información Exterior. Queda, por tanto, averiguar el destino de 1.803.036 euros (300 millones de pesetas), ya que en el libro de contabilidad de «Abu Talha» se cifran sus beneficios en 2.404.048 euros (400 millones de pesetas). Sobre el paradero de estos fondos, los agentes sospechan que tuvieron las mismas manos que los envíos demostrados, es decir, «las de hombres de Bin Laden».

Además de estas averiguaciones, las investigaciones policiales han podido determinar un hecho importante: con parte del dinero obtenido por Galeb en España se compró una partida de armas que tuvo por destino el cuartel general de Osama Bin Laden en Afganistán.

La operación se realizó desde Bélgica y la persona que la llevó a cabo fue el representante de Al Qaida en este país, Nabil Sayadi, también responsable de la ONG Global Relief Foundation, cuya sede central está en Estados Unidos, y de la Fondation Secours Mondial, en Bélgica. Ambas entidades están vinculadas a la red financiera de Al Qaida en Europa. Nabil Sayadi, según ha sabido ABC, compró las armas a los guerrilleros musulmanes albano-kosovares de la UÇK con dinero enviado desde Madrid por Galeb.

Atentados en Yemen
Otro de los datos obtenidos hace plantear a los investigadores la posibilidad de que la oleada de atentados registrada en Yemen en 1997 pudo haber sido también financiada con dinero conseguido en España. La Policía mantiene abierta esta hipótesis tras comprobar que unas entregas de dinero por parte de Galeb a Nabil Nanakli, ahora encarcelado en este país de la Península Arábiga, coincidieron en el tiempo con aquellos actos criminales.

Nanakli, que residió en nuestro país y se casó con una española, cumple ahora condena por estos hechos y por planear el asesinato del ministro de Asuntos Exteriores y más tarde primer ministro de Yemen, Abdul-karin al Iryani.

Las actividades que como «hombre de negocios» de Bin Laden desarrolló «Abu Talha» desde que llegó a España eran continuación de las que realizó en Arabia Saudí. En este país también tuvo empresas de construcción y hacía frecuentes envíos de dinero, entre otros, a «Abu Dahdah», responsable de la infraestructura de Al Qaida en nuestro país.

Cuando Galeb, de origen sirio, se asentó en Madrid contó con la ayuda de «Abu Dahdah» y de Bassam Dalati Satut, «Abu Abdo» -los dos en prisión-. Este último fue su socio en tres empresas de construcción y de reformas. La primera la crearon en 1997 con el nombre Proyectos y Promociones Iso, a la que siguieron, en 1999, Proyectos Promociones Paradis y, en 2001, Proyectos Edispan. Todas legalmente constituidas.

Viviendas en Madrid
En Madrid, construyeron trece viviendas en la calle Baracaldo y Arroyo, siete en la de Mariano Serrano, cuatro en la de Hernani y catorce en Genciana, así como otras en la calle Voluntarios Catalanes. De los beneficios obtenidos con estos negocios inmobiliarios llevaba una contabilidad paralela que era con la que financiaba desde España a Al Qaida.

Un día después de la detención de «Abu Talha», la Policía arrestó -horas más tarde sería puesto en libertad- a Ghasoub al Abrash Ghalyoun, otro de sus socios. Ambos abrieron, en 1995, en la calle Ana María, de Madrid, la empresa Proyectos Construcciones Tetuán Pricote, pese a que por aquel entonces Galeb residía en Arabia Saudí, desde donde mandó dinero Ghasoub para construir pisos.

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó prisión incondicional para «Abu Talha» por integración en organización terrorista y por los muertos y heridos que se produjeron en los atentados perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre. También le imputó un delito fiscal por las irregularidades detectadas en las empresas que regentaba.

Agenda de Mohamed Atta
El hecho que ha llevado a relacionar a Galeb con los atentados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y en Pensilvania se sustenta en que el ahora encarcelado financió a Mamoun Darkazanli, persona próxima al círculo en Hamburgo de Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas del 11-S. En la casa que Atta ocupaba en esta ciudad alemana se encontró una agenda en la que figuraba el número de teléfono de «Abu Dahdah» en Madrid.

Las operaciones realizadas por el Servicio de Información Exterior de la Policía han sido los más duros golpes que en Europa ha recibido el entramado terrorista de Osama Bin Laden. Por el resultado de sus investigaciones se han interesado numerosos servicios de Inteligencia, incluso los de Indonesia.

Encapuchados incendian un autobús educativo en Pasajes
Un local de Telepizza y una antena de telefonía móvil resultaron dañados en sendos ataques de violencia callejera registrados ayer por la tarde en San Sebastián
SAN SEBASTIAN El Mundo 28 Abril 2002

.- Un grupo de encapuchados incendió ayer en Pasajes (Guipúzcoa) un autobús dedicado a la enseñanza itinerante de Internet que, en el momento del ataque, se encontraba ocupado por varias personas, algunas de ellas niños, que fueron desalojadas sin sufrir daños. En San Sebastián, un local de Telepizza sufrió daños materiales y una antena de telefonía móvil resultó incendiada en dos ataques de violencia callejera.

El departamento vasco de Interior precisó que media docena de encapuchados penetró en el aula móvil, conocida como Kutx@bus, y tras conminar a las personas que se encontraban en su interior a que abandonaran la instalación, le prendieron fuego, informa Efe.

Las llamas se propagaron rápidamente por el vehículo, que estaba equipado con avanzados aparatos informáticos y dotado de los últimos avances tecnológicos y quedó completamente carbonizado.En el aula móvil de la Kutxa, se habían impartido diferentes enseñanzas sobre internet, comercio y banca electrónicos y videoconferencias.

El Kutx@bus estaba equipado con 17 ordenadores con acceso a internet, una pantalla frontal de plasma para vídeos y presentaciones, disponía de conexión por satélite y del software más avanzado.

Violencia callejera
En el centro de San Sebastián, un grupo de encapuchados y causó daños en los ordenadores, el mobiliario y un cristal, informó la Ertzaintza. En ese momento no se hallaba en el local ningún cliente, pero sí estaban dos empleados que atendían los pedidos a domicilio, según fuentes de esta empresa. Antes de huir, los agresores hicieron una pintada en contra de esta empresa, que figuró en bastantes ocasiones en pintadas y carteles en los que la acusaban de «explotar» a los jóvenes.

Por otra parte, una antena de telefonía móvil fue incendiada también en la capital donostiarra.

Lengua, normalización y respeto
ROBERTO MIELGO MERINO/PROFESOR TITULAR DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA El Correo 28 Abril 2002

A propósito del euskera, de la normalización lingüística, de los modelos de enseñanza y de cuestiones afines, no son pocas las ocasiones en que uno escucha o lee ciertos desatinos. Sin embargo, no es tan difícil entenderlos en boca de quienes se sienten impotentes, estafados, asustados y víctimas de algo que no acaban de ver con claridad. Pero cuando esos despropósitos vienen de supuestos expertos, no sólo resultan incomprensibles, sino inaceptables. Además de aumentar la incertidumbre y enervar los ánimos, entorpecen y alejan la solución de una situación padecida por todas las partes.

La cooficialidad de las lenguas autonómicas, recogida (no permitida ) por la Constitución, supone el derecho a expresarse libremente en cualquiera de ellas. Esto, sin embargo, no ocurre en la práctica, ya que el vascohablante se ve sistemáticamente obligado a expresarse en otra lengua con los castellanohablantes monolingües. Sólo tiene dos opciones: una es renunciar a su derecho a hablar la lengua que desee, a favor de la comunicación; la otra es renunciar a comunicarse con quienes no conocen su lengua, para poder ejercer así su derecho a utilizarla cuando lo desea. Si el vascohablante opta por esta segunda actitud es, sin duda, considerado un intolerante radical. Así pues, se ofrece constantemente la primera opción como lo razonable, es decir, que haga el esfuerzo de renunciar a su derecho, sobre los argumentos del respeto y la tolerancia.

Es precisamente la propia Constitución la que, además de la obligatoriedad del castellano y el carácter oficial de las lenguas autonómicas, señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» (art. 3.3.). Y recordemos que esto ha sido aprobado por las Cortes Generales españolas y sancionado por el Rey de España, de modo que concierne a todos los españoles.

Sin embargo, este respeto no es recíproco si una parte de la sociedad no tiene más opción que expresarse en la lengua del otro porque éste no conoce la suya. Es precisamente que una parte de esa sociedad sea monolingüe lo que impide que todos puedan ejercer su derecho en igualdad. No se trata de echar la culpa a nadie. Tampoco se piden milagros, sólo que todos hagamos un esfuerzo por que ese respeto recíproco sea posible, en igualdad y con normalidad, al menos para las generaciones futuras. La cuestión es bastante simple, pero esto no significa que sea fácil, más bien al contrario. La manera de llegar al respeto de los derechos lingüísticos del otro, en una sociedad bilingüe, es que todos conozcan ambas lenguas.

La vasca es una sociedad bilingüe, aunque haya quien no lo considere así por el hecho de que no todo sus miembros lo sean. Pero existen distintas formas de bilingüismo y una de ellas es que en una sociedad haya varias comunidades lingüísticas (no sólo una con varias lenguas). De todos modos, sería lógico considerar que, en virtud de ese respeto del que a menudo se habla, resulta más interesante esa sociedad en la que todos sus miembros son bilingües.

Hablar de normalización es, por tanto, plantearse el futuro en términos de ese bilingüismo, es una apuesta por un mañana en el que el respeto mutuo sea posible. Es en este sentido en el que el Estatuto, además de reconocer el derecho a conocer y a usar el castellano y el euskera, señala que las instituciones «garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento» (art. 6.2).

Para llevar a cabo la tarea encomendada en el Estatuto, se decretó la Ley básica de normalización del uso del Euskera, ya en 1982, que planteaba la meta de una sociedad completamente bilingüe, teniendo en cuenta que la realidad lingüística requería un proceso paulatino. Pero este proceso precisaba de la implicación de todos y, sobre todo, de los que no eran bilingües. No es en absoluto probable que la cuestión estuviera hoy solucionada, pero sí en mejor situación si muchos de los que han hecho oídos sordos hubieran realizado, en los últimos veinte años, un pequeño esfuerzo, uno como el que le han venido pidiendo al vascohablante en virtud del respeto y la tolerancia.

Hay quienes han hecho el esfuerzo, lo han hecho y el resultado no ha sido el esperado. Por supuesto que el proceso de normalización ha tenido, y tiene, sus lagunas. Desde luego que a lo largo de estos años se han cometido, y se comenten, errores. Pero lo que esto debe plantear no es, en modo alguno, la paralización de un proceso necesario, sino la necesidad constante de revisarlo y de adecuarlo a una realidad en continua evolución. Hace tiempo que el planteamiento de los modelos lingüísticos es, en realidad, un obstáculo para la normalización, y así, por fin, el propio Consejo Escolar ha propuesto no hace mucho su revisión y planteado su desaparición. Pero no hay que olvidar que, a pesar de ello, se inspiraba en ese proyecto de un futuro bilingüe, y que esto es lo que anima a muchos padres que hoy habrían querido ser bilingües a matricular a sus hijos en modelos de inmersión, no con miedo, sino con la esperanza de que al menos ellos puedan vivir ese futuro de respeto mutuo.

La peor manera de contribuir a la mejora y el desarrollo de este proyecto es provocar más confusión con afirmaciones tan inciertas como que los contenidos curriculares no se adquieren adecuadamente por razón de la lengua en que se enseñan (no es eso lo que vienen diciendo los informes EIFE), o que la calidad de la enseñanza en euskera es deficiente (el Premio Nacional a la Calidad de Enseñanza a dos ikastolas es una prueba de lo contrario).

Naturalmente, siempre están los que, por intereses personales, sólo pretenden echar más leña al fuego, pero en el caso de éstos el respeto, ese manido respeto, no suele estar ni en su actitud, ni en su idea del futuro.

Estupidez lingüística
Nota del Editor 28 Abril 2002

Este panfleto nacionalista, debe haber sido causado por el malestar producido por artículo que el 15 de este mismo mes publicó El Correo "Lengua, enseñanza y sentido común" JAVIER MONTAÑA ALONSO/PROFESOR TITULAR DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA DE LA UPV/EHU.

Lamento los sufrimientos a los que el profesor Montaña estará sin duda sometido, al tener que compartir departamento con nacionalistas de esta calaña, pero vayamos al grano de la cuestión.

El nacionalista panfletario afirma "La cooficialidad de las lenguas autonómicas, recogida (no permitida ) por la Constitución, supone el derecho a expresarse libremente en cualquiera de ellas", pero el art. 3 de la Constitución Española "establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar" (de una sentencia del Tribunal Constitucional).

Todo el mundo tiene derecho a hablar, leer, cantar, soñar, en el idioma real o imaginario que le apetezca, pero en caso alguno puede exigir a los demás que deban aprender tal idioma real o imaginario para que puedan entenderle.

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