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Recortes de Prensa     Sábado 4 Mayo  2002
Objetivos incompatibles
Editorial ABC 4 Mayo 2002

Ventajas inconstitucionales
Editorial La Razón 4 Mayo 2002

ALTO CONSENSO SOCIAL SOBRE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA
Editorial El Mundo 4 Mayo 2002

Siempre con el mismo soniquete
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 4 Mayo 2002

Regreso al acuerdo
Editorial El Correo 4 Mayo 2002

Garzón dice que Batasuna es «un instrumento financiero y una gran empresa» de ETA
M. M. ABC 4 Mayo 2002

Objetivos incompatibles
Editorial ABC 4 Mayo 2002

El lendakari Juan José Ibarretxe ratificó ayer, en el Parlamento de Vitoria, que su Gobierno promoverá una consulta a la sociedad vasca «para decidir su propio futuro», eufemismo descriptivo de la aspiración soberanista del nacionalismo vasco. La afirmación no contiene ninguna novedad sobre lo ya conocido, salvo que se produce en la institución que representa la voluntad expresa de los vascos y en la misma sesión en la que el portavoz batasuno, Arnaldo Otegi, insultaba con su tradicional tono amenazante a los diputados del Partido Popular. Coincide además con un hecho sustantivo que perfecciona ese mundo al revés que convierte la política vasca en el escenario de un perfecto despropósito: Ibarretxe otorga «legitimidad» al referéndum sobre el soberanismo en plena ofensiva de la banda etarra, que ha cometido cuatro atentados con coche bomba en los últimos diez días, y cuando en Francia son detenidos cinco terroristas que, como confirmó ayer el ministro del Interior, Mariano Rajoy, estaban a punto de cruzar la frontera para recrudecer esta oleada de crímenes. Paralelamente, Baltasar Garzón enviaba a prisión a diez de los once batasunos detenidos por su presunta relación con la trama económica de ETA, en una resolución en la que el juez conluye que Batasuna es la «gran empresa financiera» de la banda.

Ibarretxe ya no cuida ni la oportunidad de sus palabras, aun a riesgo de aumentar la coincidencia con los terrorista en un debate -el de la autodeterminación- que ETA también alienta, y en el mismo sentido, con sus bombas. El discurso del lendakari es coherente con la tendencia que marcó su partido y su Gobierno desde las elecciones del 13-M, orientada a dignificar un conflicto únicamente terrorista con una pretensión supuestamente democrática, como es la consulta por la autodeterminación. Desde las autonómicas hasta hoy, la progresión soberanista del PNV es evidente y constituye su único proyecto político para la sociedad vasca. En estas condiciones, profetizar la radicalización del nacionalismo por la aprobación de la ley de Partidos es un temor infantil. El nivel de radicalismo del PNV, como partido político, ha alcanzado su cota máxima, al pedir expresamente la superación de la Constitución y del Estatuto. A partir de ahora, sólo cabe esperar sucesivas confirmaciones de que Ibarretxe no promoverá la unión de los demócratas contra ETA sino la suma de voluntades nacionalistas por la autodeterminación. Y una y otra son aspiraciones incompatibles.

Ventajas inconstitucionales
Editorial La Razón 4 Mayo 2002

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1994 que recogía incentivos fiscales del País Vasco y Navarra, que fue recurrida por el Gobierno de La Rioja al considerar que ello causaba, por el llamado «efecto frontera», «perjuicios económicos» en las autonomías limítrofes que no podían aplicar medidas para contrarrestarlo.

La decisión, de compleja argumentación contestada en votos particulares por cinco magistrados, puede considerarse como un primer aviso al exceso de «diferenciación» de las comunidades autónomas. Si ya antes la UE se había pronunciado contra los incentivos fiscales que rompían el sistema de igualdad de oportunidades en la Unión, es ahora el Tribunal Constitucional español el que tacha una norma que incidía en el mismo defecto. Los magistrados no han discutido la potestad de los Gobiernos autonómicos (vasco y navarro, en este caso) para atraer inversores con ventajas fiscales, que otras comunidades no poseen. Pero sí han atacado, y con dureza, la disposición que aplicó el Gobierno socialista de Felipe González, que daba de hecho cobertura a la desigualdad, a cuenta además de las arcas del Estado. Es decir, el PSOE, que entonces gobernaba con el apoyo del PNV, no sólo no recurrió las llamadas «vacaciones fiscales», sino que abrió el grifo del Estado y articuló una cobertura legal que ahora salta por los aires y deja al descubierto el verdadero problema. Cabe resumir que si los españoles son todos iguales ante la Ley, y se garantiza, tanto en España como en el marco la UE, la libre competencia y las libertades de residencia y de empresa, no debe consentirse abuso alguno en la capacidad normativa regional, si es que se vulnera esa igualdad. Hay, por lo tanto, límites al poder autonómico, que a pesar de su falta de aplicación no dejaban por ello de existir. La sentencia puede interpretarse además a modo de precedente de la opinión mayoritaria del TC sobre la existencia de un «ventajismo» fiscal autonómico.

Se jacta el Gobierno vasco de que el Tribunal no ha declarado inconstitucional normativa vasca alguna, pero la verdad es que sí lo ha hecho con la norma con la que el Gobierno quiso «parchear», sin resolverla, una situación discriminatoria e insolidaria.

ALTO CONSENSO SOCIAL SOBRE LA ILEGALIZACION DE BATASUNA
Editorial El Mundo 4 Mayo 2002

Por si alguien alberga todavía alguna duda sobre el carácter totalitario y antidemocrático de Batasuna, Arnaldo Otegi se permitió ayer en el Parlamento vasco la licencia de tachar de «fascistas» a Carlos Iturgaiz y sus compañeros de partido. El portavoz de Batasuna interrumpió un debate sobre política social para hacer responsables a los diputados del PP de la futura ilegalización de su formación.

Otegi finge ignorar que el proyecto de Ley de Partidos aprobado por el Gobierno y que todavía no ha iniciado su trámite parlamentario concede a una sala del Tribunal Supremo la potestad de ilegalizar a una formación política. Los grupos parlamentarios, el fiscal general del Estado o el Gobierno pueden proponer la ilegalización de un partido que no respete las reglas de juego democrático, pero la decisión sólo correspondería a los magistrados del Supremo.

El único comportamiento «fascista» en el Parlamento de Vitoria fue ayer el del propio Otegi, que sabe muy bien que sus amenazas colocan a los representantes del PP en el punto de mira de ETA.

No es sólo un reducido grupo de dirigentes o ideólogos del PP quien piensa que hay motivos para ilegalizar al brazo político de ETA. Es la amplia mayoría de la sociedad española quien así lo pide, como refleja la encuesta que hoy publica EL MUNDO. El 65% de los ciudadanos responde en este sondeo que Batasuna debe ser ilegalizada frente a un 23% que opina lo contrario. Los encuestados se muestran también de acuerdo en que la ilegalización pueda ser solicitada por el Gobierno, un grupo de 50 diputados o el fiscal general del Estado.

Llama la atención que los votantes del PSOE y de IU están abrumadoramente a favor de la ilegalización de Batasuna. Llamazares ya se ha manifestado en contra de la iniciativa del Gobierno, mientras que Rodríguez Zapatero ha puesto de relieve que está de acuerdo con el fondo pero no con la forma del proyecto.

Algunas de las objeciones que ha planteado el PSOE como la no retroactividad de la ley son razonables y asumibles, pero lo esencial es que los socialistas, como piden sus bases, apoyen la ilegalización de un partido que legitima la violencia y pretende destruir la democracia.

José María Aznar dijo ayer en EEUU que hay que «mover del nido a las serpientes» para poder acabar con ellas. La metáfora es válida, ya que Batasuna es una organización que se esconde tras las garantías constitucionales para defender la limpieza étnica, sembrar el terror entre la población y justificar los asesinatos de ETA. Un partido político de estas características no tiene sitio en una democracia, ya que, en palabras del jacobino Saint Just, no puede haber libertad para quienes conspiran contra la libertad.

Siempre con el mismo soniquete
Por Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 4 Mayo 2002

Están los jefes de Yosuyón en su salsa. Dos días después de que Eta intentara la masacre en Madrid aprovechando la semifinal de la Copa de Europa, sale el ultraderechista Ibarretxe (Raza, Patria y Religión) a decirnos que sus militantes y los de Eta tienen derecho a ser consultados sobre la autodeterminación del País vasco. Ya sabemos el resultado: si saliera que «sí», que ellos quieren autodeterminarse; si saliera que «no», que el Estado es un manipulador. Da igual que la mayoría de los votantes no sea nacionalista; da igual que la mayoría de los encuestados no quieran la autodeterminación; da igual qué leyes permiten o no las consultas populares: ellos van a lo suyo... Y si el asesino Otegui llama fascistas a las víctimas demócratas del PP, va el ultraderechista presidente del Parlamento vasco y lo quita del acta de la sesión plenaria. Qué aburrimiento.

Lo que pasa es que Ibarretxe debería hacer una consulta más allá de las fronteras vascas, que alo mejor se lleva una sorpresa. Si la pregunta se hace mal, perderá. Pero si la ultraderecha nacionalista vasca pregunta al resto de los españoles algo así como «¿nos dejan autodeterminarnos y les dejamos en paz?», se van a llevar una agradable sorpresa porque han conseguido que este país haya cambiado: antes había una general comprensión a la «minoría» nacionalista; ahora hay un hartazgo generalizado de los soniquetes repetidos por estos estadistas que siempre dicen lo mismo sin haber estudiado mínimamente las consecuencias de sus propuestas. Si el País vasco se convirtiera en una Albania cerrada a la UE, volverían a la Edad Media en diez minutos.

Sabemos que si tuvieran un botón donde pulsar para conseguir la indepentzia inmediata, no lo harían porque se les terminaría el chollo: ya no hablaríamos de ellos; ya nos importarían un comino. Pero es que, ahora, nos importan.

Regreso al acuerdo
Editorial El Correo 4 Mayo 2002

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) logró acordar ayer un documento unitario que nos devuelve al camino de esperanza que parecía haberse inaugurado con la reunión celebrada en Ajuria Enea el pasado 22 de febrero. La lectura del texto, que cuenta con el respaldo unánime de todos los partidos democráticos, suscita una inmediata interrogante: resulta inexplicable que no se hubiesen puesto de acuerdo hace ya semanas. Máxime cuando -como no podía ser de otra manera- el documento aprobado no nos descubre nada nuevo, sino que rescata principios y planteamientos que en el pasado formaron parte de un bagaje común frente a la amenaza terrorista. La satisfacción por el acuerdo alcanzado no puede obviar la responsabilidad que contraen los partidos y las instituciones cuando convierten la confrontación política en una fuente de tensiones añadidas a ese gran problema que atenaza a la sociedad vasca: la persistencia del terror y de la violencia. Es evidente, además, que las discrepancias han respondido a una causa significativa. Aquellos partidos que no han padecido la persecución ideológica y no han visto a sus ediles asesinados por la banda etarra se han resistido a hacer suyos los términos en los que las formaciones acosadas entendían debía mostrarse la condena del terrorismo y la solidaridad hacia sus víctimas.

Lo ocurrido en los dos meses largos desde la reunión de Ajuria Enea hasta el consenso de ayer ofrece lecciones que de ninguna manera han de caer en saco roto. De ahí que sea preciso que la aprobación definitiva de las mociones en los distintos consistorios no despierte la tentación de rebajar el compromiso adquirido bajo el argumento engañoso de la supuesta especificidad de cada localidad. Por eso mismo, será necesario que se practique una política de alianzas locales, consecuente con el documento acordado por la Comisión Ejecutiva de Eudel, que ponga límites al cínico oportunismo con que Batasuna simultanea la justificación del terror con la participación en órganos de gobierno municipal.

Garzón dice que Batasuna es «un instrumento financiero y una gran empresa» de ETA
M. M. ABC 4 Mayo 2002

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que Batasuna asume un papel «preponderante» en la distribución de actividades controladas por el entramado ETA-KAS-EKIN y se configura como una «gran empresa» del complejo, que coadyuva a la financiación de la banda terrorista a través de las «herriko tabernas» y del cobro del «impuesto revolucionario».

MADRID. El juez Garzón, que desde 1998 investiga el entramado económico del «complejo ETA», comunicó ayer a diez de los once detenidos el lunes en la operación sobre la financiación de Batasuna que quedan en prisión provisional incondicional como presuntos autores de los delitos de integración en banda terrorista, alzamiento de bienes, fraude a la Seguridad Social y falsedad contable.

Garzón decretó la libertad bajo una fianza de 30.000 euros para Agustín Rodríguez Burguete y dictó orden de busca y captura para otras tres personas actualmente en paradero desconocido: Izaskun Barbarías, Juan Francisco Martínez Betanzos y Rubén Andrés Granado.
En una resolución de 132 folios, Garzón atribuye a todos ellos responsabilidad en las finanzas de Batasuna, partido del que dice «no dudar» que «forma parte orgánica de la estructura de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN, como se desprende de su identificación en el denominado «Proyecto Udaletxe»».

Udaletxe vino a configurar a partir de 1992 una «plataforma económico-financiera coordinada que aglutinase a todas las estructuras y organizaciones integradas en el MLNV» con el fin de lograr su autofinanciación; su desarrollo y coordinación; el apoyo económico a militantes huidos mediante la creación de empresas y sociedades y la recaudación de fondos para el desarrollo del MLNV y la ejecución de acciones de apoyo a las diferentes estructuras: Orain-Egin, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai-Haika-Segi, KAS, EKIN y XAKI . «En esta distribución de actividades y tareas, controladas por ETA-KAS-EKIN -afirma Garzón-, representa un papel preponderante Batasuna, que aparece junto con otras (Gestoras y AEK) como una de las grandes empresas (Foro Aldundia es su clave secreta) del Proyecto Udaletxe en diferentes ámbitos».

«Esencialmente -continúa Garzón- en el económico y financiero a través de la Comisión Nacional de Herrikos», que coordina a las 107 «herriko tabernas» o sedes sociales de Batasuna y que obtiene fondos para la propia formación política, para otras organizaciones del entramado «y también para la propia vanguardia armada (ETA) a través del impuesto revolucionario». Garzón sostiene que mueven en torno a 2.040 millones de pesetas anuales.

El magistrado estima que de Batasuna dependen la asesoría-gestoría Banaka S.A. y la distribuidora Eneko S.A. para controlar, entre otros y de forma opaca, los recursos económicos generados por las «herriko tabernas» (convertidas en asociaciones culturales) y ponerlos posteriormente a disposición de las demás estructuras. «HB se caracteriza -señala el juez- como «gran empresa» del sistema financiero diseñado por ETA-KAS en 1992 y mantenido por ETA-EKIN hasta la actualidad». Además, recuerda que Banaka ha sido sustituida recientemente por la sociedad Erosgune S.L. «con la misma finalidad». Garzón argumenta que hay «evidencias» de la «directa vinculación» entre ETA y Batasuna desde que en 1986 tuvo lugar la «operación Sokoa», cuando la banda entregó a HB 21 millones de pesetas para financiar su campaña electoral. Además recuerda que en 1991 ETA-KAS creó una «Comisión Socio-económica» a modo de «pequeño ministerio» en cuya dirección integró a HB.

El magistrado describe las «herriko tabernas» como una «estructura logística al servicio de la actividad armada de ETA-KAS», como «coto cerrado de la militancia abertzale» y como «lugar idóneo para el reclutamiento de nuevos activistas, el depósito más o menos temporal de armas y explosivos y para la captación de información sobre posibles objetivos de ETA».

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