AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 8 Mayo  2002
Elorza: ¿cobardía o connivencia
EDITORIAL Libertad Digital 8 Mayo 2002

Pasos adelante y atrás
JAVIER PRADERA El País  8 Mayo 2002

López de Lacalle sigue en Andoain
Impresiones El Mundo  8 Mayo 2002

Quién fuera francés
ANTONIO BURGOS El Mundo  8 Mayo 2002

Francia versus Euskadi
Román Cendoya La Razón  8 Mayo 2002

El humo
David Gistau La Razón  8 Mayo 2002

El Gobierno recurrirá hoy ante el TC los presupuestos vascos
FERNANDO GAREA El Mundo  8 Mayo 2002

El Ejecutivo impugnará la creación del Consejo de Justicia de Cataluña
MARIA PERAL El Mundo  8 Mayo 2002

El idioma español en Puerto Rico
Luis María ANSON La Razón  8 Mayo 2002

«LA CORUÑA NO EXISTE»
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  8 Mayo 2002
 




 

Elorza: ¿cobardía o connivencia?
EDITORIAL Libertad Digital 8 Mayo 2002

El ejercicio de la política no es una actividad obligatoria, del mismo modo que tampoco lo es ostentar un cargo público. Por ello, cuando las circunstancias -sean las que sean- impiden desempeñar con eficacia y dignidad las funciones que corresponden a un representante de los ciudadanos, la decisión más honesta y coherente que se puede tomar es abandonar la escena, dimitir y ceder el testigo a quien pueda desempeñar mejor el papel.

Es obvio que, dadas las circunstancias actuales en el País Vasco, resulta muy difícil -imposible en muchos casos- desarrollar una actividad política si no se es nacionalista o batasuno, especialmente en el caso de los concejales del PP y del PSOE. Muchos han abandonado la política o sus cargos, y no pocos se han “exiliado” de su localidad, o incluso del País Vasco. Cuando para hacer política es preciso jugarse la vida todos los días, recibiendo los insultos, las amenazas y las vejaciones de los etarras arropados en siglas -todavía- legales; así como la indiferencia, el ninguneo o el desprecio de los nacionalistas “moderados”, sería una infamia calificar de cobardes a quienes abandonan. A nadie puede exigírsele la heroicidad, mucho menos la temeridad.

Pero quienes, para mantenerse en la política, no vacilan en ceder al chantaje o en mirar hacia otro lado cuando no son ellos el blanco de los proetarras, dejan de ser representantes de los ciudadanos y del estado de derecho para convertirse en colaboradores de quienes quieren destruirlo. Desgraciadamente, Odón Elorza pertenece a este género de políticos, que creen que se puede jugar al oportunismo con quienes tienen una pistola en la mano. Fue Elorza precisamente, junto con Patxi López y Jesús Eguiguren, quienes liquidaron en el PSE la voluntad de plantar cara a los proetarras y a sus beneficiarios, el PNV. Y una muestra de ello fueron los sucesos del martes en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Vistiendo camisetas de Segi -organización ilegalizada por el juez Garzón- los ediles batasunos volcaron cajas de papeles -que contenían su “Alternativa Democrática”- sobre el estrado donde se encontraban María San Gil, José Usandizaga, Ramón Gómez, Carlos Sancho y Javier Urbistondo, ediles de PP, en “protesta” por los registros policiales de las sedes proetarras. Elorza, alcalde donostiarra, no impidió la repugnante mascarada que protagonizaron los concejales batasunos, nerviosos con su próximo horizonte ilegal y temerosos de perder los sueldos oficiales. Tampoco los expulsó del pleno, sino que se limitó a “condenar el acto”, a darles un “tironcillo de orejas” verbal y a encargar una “investigación” por si fuera procedente alguna sanción contra ellos. Y ahí ha quedado todo.

Como dijo Jaime Mayor Oreja después del suceso, “una vez más se demuestra que el terrorismo hace su caldo de cultivo en la cobardía de quienes ostentan la máxima representación de las instituciones del País Vasco. Ellos son tan responsables como los que ejecutan un acto de tales características”. Pero nadie obliga a Elorza y los suyos a continuar en la política. Si Elorza tiene miedo, nadie le reprochará que abandone sus cargos. Pero como no los abandona, habrá que pensar, en el mejor de los casos, que su ambición corre pareja con su miedo; ambas, pasiones ciegas muy poco recomendables para ejercer honradamente la actividad política. En el peor de los casos, habría que pensar que, en el fondo, comparte los objetivos de quienes, por razón de su cargo y por respeto a los electores, debería combatir con toda energía. Aunque, de ser así, no hubiera colaborado para empujar a Redondo Terreros por la ventana del ostracismo político, sino que hubiera compartido con él la lucha contra el totalitarismo nacionalista.

Pasos adelante y atrás
JAVIER PRADERA El País  8 Mayo 2002

El auto dictado el pasado día 3 por el juez Garzón sobre la red de financiación del nacionalismo radical vinculado a ETA se ha cruzado de manera intempestiva con el debate en torno al anteproyecto de Ley de Partidos que el Gobierno acaba de enviar al Congreso para disolver Batasuna. Las conclusiones provisionales alcanzadas por el magistrado de la Audiencia Nacional a través de la vía penal llegan tan o más lejos que las aspiraciones del Ejecutivo a través de la vía política: 'En el estado actual de la causa no existe ninguna duda para el instructor de que Batasuna forma parte orgánica de la estructura de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin'. La diferencia entre ambos recorridos es sólo jurídico-técnica: mientras el Gobierno pretende desarrollar el segundo de los dos procedimientos previstos por el artículo 5 de la Ley de Partidos de 1978 para disolver una organización política (haber incurrido en un ilícito democrático-constitucional), el juez Garzón recurre al primer supuesto -el ilícito penal- mencionado por ese mismo precepto: configurar una asociación ilícita tipificada en el Código Penal.

Dos días después de que los partidos vascos democráticos (nacionalistas o constitucionalistas) suscribieran una Declaración cívica en defensa de la democracia, la libertad y el pluralismo en los municipios amenazados por la doble acción de ETA y de sus organizaciones de apoyo legales o alegales, los dirigentes del PNV reunidos en Pamplona el pasado sábado amenazaban con boicotear la aplicación práctica de ese documento -un paso adelante y otro atrás- si las tentativas en curso de disolver Batasuna por la vía política o por la vía penal no fuesen frenadas en seco. No les resultará fácil a los nacionalistas utilizar la Declaración cívica pactada el 3 de mayo por PNV, EA, PP, PSOE e IU -a fin de someterla luego a la aprobación de los ayuntamientos vascos- para justificar su chantaje.

El documento de la Asociación de Municipios del País Vasco (Eudel) no se limita a condenar 'las acciones terroristas de ETA' contra la vida, la libertad y los derechos humanos. Los partidos firmantes también se comprometen a adoptar iniciativas (incluso judiciales) para el reconocimiento ético, social y material y la solidaridad activa con las víctimas de la violencia, la intolerancia y la extorsión, así como a garantizar 'el libre ejercicio de los derechos de participación y representación política' de los ciudadanos frente a las 'acciones ilegítimas, amenazas, intimidaciones o agresiones' en el ámbito municipal. La Declaración cívica no se anda con rodeos y cita 'a los corporativos del Partido Socialista y del Partido Popular' entre 'los compañeros amenazados, agredidos y asesinados' por la furia asesina y la intolerancia; también acuerda que los principios y compromisos del texto constituyan 'la base política imprescindible para cualquier acuerdo político'. Los hechos descritos en el documento llevan a una conclusión evidente: si los asesinatos terroristas son obra de ETA, la autoría de los ataques a la libertad de expresión, los actos de intolerancia, las amenazas, las intimidaciones y las agresiones en los municipios vascos reiteradamente condenados en la Declaración cívica es imputable a Batasuna y a los demás grupos de sostén del nacionalismo radical.

En cualquier Estado de derecho del planeta, un partido que persiga fines delictivos o que aplique medios delictivos para alcanzar sus metas debe ser disuelto por los tribunales en aplicación del principio de legalidad. Desde hace años, las investigaciones de Garzón parten de una 'interpretación integradora y global del complejo terrorista encabezado por ETA'; el instructor de la Audiencia Nacional había reunido ya abundantes indicios sobre la imbricación de las ramas especializadas de esa constelación criminal (Ekin, Jarrai, Haika, Segi, Saki, Gestoras, Askatasuna) dentro de un mismo tejido organizativo. Según el último auto, 'no existe duda' -a la vista de los indicios económicos y financieros disponibles- de 'la labor política marcada y subordinada' de Batasuna respecto a ETA y de su 'dependencia e integración' en 'la organización terrorista matriz'. ¿Qué harán los dirigentes del PNV cuando esas fundamentadas sospechas -ampliamente extendidas en la sociedad vasca y apoyadas por datos históricos y políticos abrumadores- sean probadas ante los tribunales?

López de Lacalle sigue en Andoain
Impresiones El Mundo  8 Mayo 2002

En el segundo aniversario del asesinato del columnista de EL MUNDO José Luis López de Lacalle, numerosos compañeros y dirigentes políticos y sindicales arroparon ayer a su familia en la inauguración de una plaza que lleva su nombre en Andoain,el pueblo donde vivía y donde fue abatido a balazos cuando volvía a su casa después de comprar los periódicos. «¡Viva la libertad! ¡Muera el fascismo!», fueron las consignas que pusieron fin al emotivo acto en el que se descubrió un monolito coronado con la L de libertad. «Un homenaje a todas las víctimas por la libertad», dijo la viuda, María Paz Altolaguirre. Los concejales del PNV, PP y PSOE artífices de que la memoria de José Luis perdure en Andoain, un pueblo gobernado en minoría por Batasuna aseguraron que la plaza que lleva su nombre pretende ser una barricada contra los asesinos y sus cómplices.

Quién fuera francés
ANTONIO BURGOS El Mundo  8 Mayo 2002

Como en la preceptiva barroca de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, hagan la siguiente composición de lugar: imaginemos como hipótesis de trabajo que en España existe un sistema presidencialista y una ley electoral en plan asador de Aranda del Duero, de vuelta y vuelta. Se han celebrado elecciones para esa presidencia y la gente se ha llevado las manos a la cabeza cuando han comprobado que aquel en exceso alegre ejercicio de la actividad política, aquella proliferación de la delincuencia, aquellos problemas de inmigración y extranjería, aquella inquisitorial dictadura de lo políticamente correcto han traído este resultado en forma de mazazo: un señor de la ultraderecha ha sacado el 17% de los votos y como la Virgen del Rocío no haga un milagro aquí podemos volver a las andadas, todos cara al sol con la camisa nueva que nos acaba de vender la famosa cajera del Hipercor.

Sigan imaginando lo que hubiera ocurrido en España, y pónganse a preguntar, y tiemblen, además, mientras se plantean estas cuestiones: ¿habría aquí votado la izquierda a un señor de derechas para evitar que el propio sistema constitucional se ponga en peligro? En una segunda vuelta y tras el toque a rebato de la propia permanencia del sistema, ¿habría sacado aquí el 80% el señor de la derecha con los votos de los socialistas, de los verdes, de los radicales, de los comunistas? ¿Hubiéramos tenido aquí la madurez política colectiva de considerar que hay veces en que lo más progresista es lo más conservador empezando por conservar los propios palos del sombrajo del sistema?

Si han imaginado todo eso, dejen ya de imaginar. Porque, mutatis mutandis, esa hipótesis de trabajo se ha dado aquí. Y puede llegarse a la conclusión de que si Francia estuviera habitada de votantes españoles, a estas horas tendrían de presidente a Le Pen. Vamos que si lo tenían... Porque aquí el sistema no sólo ha estado en peligro, sino que lo sigue estando, con un pasado de 800 muertos y con un horizonte de pistolas, coches bomba y extorsiones. Más xenófobo y racista que Le Pen es Otegi o el último concejal batasuno de un ayuntamiento vascongado. Y aquí cuando el propio sistema está en peligro, amenazado por ultras bastante menos ultras que Le Pen, un señor de derechas como Aznar no ha conseguido que la izquierda piense que los intereses de la Constitución deben ser la máxima prioridad de todos los partidos. No hay que imaginar qué hubiera ocurrido aquí con Le Pen porque sabemos, ay, lo que está ocurriendo con la Ley de Partidos. Aquí no hemos sido capaces de unirnos para parar a los ultras xenófobos y racistas. Madrazo, el otro y el de la moto cogen papel de fumar y dicen que eso no es democrático. Quién fuera francés...    www.antonioburgos.com

Francia versus Euskadi
Román Cendoya La Razón  8 Mayo 2002

Es importante analizar la reacción contraria que han tenido, ante la misma amenaza política, dos sociedades vecinas como la francesa y la vasca. Envidio la respuesta francesa ante el discurso político de la xenofobia, el racismo, el separatismo y la falta de libertad. La sociedad francesa, sin vivir la crudeza del terrorismo, ha aparcado la ideología votando libertad y legalidad. Izquierda y derecha han dejado, para mejores tiempos, su modelo de sociedad para votar por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Hace ya casi un año que los vascos tuvimos la oportunidad de optar por la igualdad, la libertad y la legalidad que emanan de la Constitución y votamos por la continuidad nacionalista. El resultado es claro. La sociedad francesa es una sociedad madura que apuesta por los valores que dignifican al ser humano. Es generosa y opta por lo importante cuando lo fundamental está en peligro. Por el contrario, la sociedad vasca es inmadura en libertad, ideológicamente inconsistente y anclada en los valores del pasado como los que representa el partido que fundó Sabino Arana. Confío en que los vascos podamos ser una sociedad ideológicamente occidental, terminando electoralmente con ese nacionalismo vasco que representa la única extrema derecha significativa que queda en España.

El humo
David Gistau La Razón  8 Mayo 2002

Primero fue el etarra aquél que soportaba mal el olor a pies de un compañero de celda. Aquello fue una decepción. No sólo porque el habitual desaliño indumentario de la tribu «borroka» obligaba a pensar que de esa cantera se sale inmunizado contra cualquier hedor corporal, sino también porque semejante debilidad invalidó por sí sola la eterna mixtificación épica que en el Norte se hace del «gudari»: si los talibanes soportaban un granizo cotidiano de bombazos, que en Tora Bora no había quien pegase ojo ¬eso es «stress», y no lo de las taladradoras de Manzano¬, resulta que los etarras se rendirían, no ya a una pareja de la Guardia Civil, sino a un par de calcetines sucios confundidos con armas biológicas. Tengo un primo aerofágico que le das a comer una fabada, lo sueltas en los santuarios habituales y desarticula él solo a Eta.

Lo del olor a pies fue el descubrimiento de un señoritismo etarra, de una escasa capacidad de sufrimiento prolongada en su costumbre de la cobardía. Ahora, otro preso etarra, uno que además tiene en la culata del revólver dos muescas humanas, se nos ha sensibilizado con lo de la cruzada anti-tabaco ¬no en vano estuvo escondido en USA, donde igual, alejado de su tribu, hasta se hizo vegetariano¬ y reclama un módulo para no fumadores porque, dice, el humo mata. El humo del tabaco, que según Julio Camba, fumador de tertulia que, alérgico al oxígeno puro, exigía en el café una atmósfera muy corrompida, es uno de los ingredientes indispensables para la actividad intelectual: de ahí que al etarra le sobre.

En efecto, no cabe duda de que el humo del tabaco puede terminar matando. De hecho, y conviene recordárselo a este menda que parece haber descubierto de pronto el valor de una vida, cómo habrían deseado sus dos víctimas envejecer lo suficiente como para poder morir de enfisema, y no abatidos por un cabrón que es la prueba viviente de que Eta, mucho más que el tabaco, perjudica seriamente la salud. Un pacto: si entregáis las armas, dejamos todos de fumar.

El Gobierno recurrirá hoy ante el TC los presupuestos vascos
Considera que vulneran la Constitución al no haber sido aprobados en bloque por la Cámara autonómica - No impedirá sigan en vigor
FERNANDO GAREA El Mundo  8 Mayo 2002

MADRID. El Gobierno presentará hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso impugnando los Presupuestos del País Vasco para este año, según fuentes del Ejecutivo. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca fueron aprobados en circunstancias insólitas y sólo parcialmente debido a la falta de acuerdo en el Parlamento vasco y a la exigua mayoría de los tres partidos que gobiernan, PNV, EA e Izquierda Unida.

Tras meses de negociación frustrada, Batasuna permitió con su abstención el pasado 23 de enero la aprobación de varias partidas del proyecto presentado por el lehendakari Ibarretxe. Precisamente, el motivo principal aducido por el Gobierno en el recurso es la vulneración del artículo 134 de la Constitución que obliga a la aprobación en bloque de los Presupuestos Generales del Estado.

Todas las partidas
En concreto, asegura que dichos Presupuestos «tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado». Además, el recurso que presentará hoy el Gobierno ante el Tribunal Constitucional considera que los Presupuestos del País Vasco para este año vulneran la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

Esta impugnación de los Presupuestos no tiene precedente en la historia democrática. En otras ocasiones sí se han producido impugnaciones a presupuestos autonómicos por parte del Estado o a los de éste por parte de las comunidades, pero siempre sobre partidas concretas, pero no en cuanto al conjunto de las cuentas públicas y a la imposibilidad de su entrada en vigor.

Tanto el Gobierno como el PP mantuvieron desde su aprobación que era imposible legalmente la entrada en vigor de una parte de los Presupuestos, sin que sea aceptado en bloque por el poder legislativo autonómico el texto remitido a la Cámara por el Ejecutivo.

No obstante, el recurso que presentará hoy el Ejecutivo central no pide la suspensión de los Presupuestos, tal y como permite la ley. El Ejecutivo considera preferible esperar al fallo del Constitucional para evitar ahora un vacío legal e institucional para la comunidad autónoma.

Por ello, el fallo futuro del Tribunal tendrá más un carácter simbólico que práctico porque los gastos e ingresos ya se están llevando a cabo. El recurso del Gobierno lo firmará José María Aznar como jefe del Ejecutivo y se presenta hoy, al borde mismo del límite legal que establece la normativa en vigor.

La idea inicial era que la decisión se adoptara en el pasado Consejo de Ministros, pero no fue posible por la ausencia del presidente del Gobierno, en viaje oficial a Estados Unidos.

El Ejecutivo impugnará la creación del Consejo de Justicia de Cataluña
MARIA PERAL El Mundo  8 Mayo 2002

MADRID. El Gobierno prepara la impugnación, a través de un conflicto de competencias, del decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se ha creado el Consejo de Justicia autonómico, un órgano cuya composición y funciones fueron duramente criticadas por el Consejo General del Poder Judicial en un informe emitido el 10 de octubre de 2001. Ninguna de las correcciones esenciales reclamadas por el CGPJ han sido atendidas por el Gobierno de Jordi Pujol.

El presidente de la Generalitat se ha reservado la presidencia del Consejo de Justicia de Cataluña (CJC), del que formarán parte otras 44 personas. Entre ellas figuran fiscales y jueces en activo, en concreto el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior, los presidentes y fiscales jefes de las Audiencias Provinciales y otros dos jueces o magistrados ejercientes en Cataluña.

Los vicepresidentes del nuevo órgano autonómico, cuya constitución está señalada para el próximo día 23, serán el consejero de Justicia y el presidente del Tribunal Superior. Además, se prevé la participación de tres miembros del CGPJ como vocales del Consejo catalán. Los tres consejeros, que gobiernan el Poder Judicial en toda España, podrían encontrarse con la contradictoria situación de ser presididos por delegación por uno de sus subordinados: el presidente del Tribunal Superior de Cataluña.

Del mismo órgano formarán parte, entre otros, abogados, procuradores, notarios y registradores. Sobre su presencia en el Consejo de Justicia de Cataluña nada objetó el CGPJ, que sí rechazó la participación de jueces que desempeñan tareas jurisdiccionales en un órgano consultivo del Gobierno autonómico y cuestionó «la viabilidad del texto sujeto a informe, que utiliza una inidónea denominación del órgano, al que atribuye facultades de este Consejo General».

El dictamen de la institución que gobierna a los jueces tachaba de «completamente inadecuada la denominación buscada Consejo de Justicia , que por sí misma puede inducir a confusión con el Consejo General del Poder Judicial, para el que la Constitución reserva implícitamente el uso de la denominación de Consejo en el ámbito de la Justicia».

El CGPJ señaló que el nombre elegido puede hacer dudar «de la naturaleza real de foro de reflexión o debate» y pidió «la sustitución de dicha denominación por la de Foro u Observatorio, que son los que en otras comunidades autónomas se han empleado con acierto para órganos de esa naturaleza». La reclamación no ha sido acogida.

De otro lado, las funciones atribuidas al CJC, como emitir informes y hacer propuestas sobre materias relacionadas con la Administración de Justicia, coinciden con las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al CGPJ. Fuentes gubernamentales indicaron ayer que los argumentos de la impugnación ya están elaborados y se centran en la incompetencia de Cataluña para regular mediante un decreto materias reservadas a ley orgánica.

El idioma español en Puerto Rico
Luis María ANSON La Razón  8 Mayo 2002
de la Real Academia Española

Los que piensan que el idioma español en Puerto Rico se encuentra genuflexo ante el rebenque inglés, deberían leer la conclusión de la encuesta que hace unos años hizo allí Manuel Alvar: «La lengua de todos, cultos e ignaros, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, es el español».

El «finis hispaniae» en Puerto Rico, tan anunciado por los agoreros de turno y los cantamañanas del idioma, se tropieza con respuestas como ésta: «El español es la lengua de nuestra cultura y nuestros sentimientos»; «es la forma de conservar la identidad»; «el reflejo del alma de nuestro pueblo»; «no somos norteamericanos», sino «latinos», hispanos; «en la lengua española está mi forma de ver el mundo». El agudo ensayo de Miranda Archilla, «Breves consideraciones del inglés y su fracaso en Puerto Rico», publicado en 1941, anticipaba la resistencia hispánica, hasta ahora triunfadora. El pueblo de Puerto Rico ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras por su identificación con el español. Guardo como un tesoro la pluma con la que el gobernador Hernández Colón firmó la ley que establecía como única lengua oficial a nuestro idioma.

El ataque frontal contra el español y lo español desencadenado por los yanquis a partir de 1898 ha fracasado. Los norteamericanos son expertos en desarraigar la identidad nacional de pueblos nobilísimos. La historia suele vengarse de los atropellos, y los hispanos, que ya no se avergüenzan de su origen ni lo ocultan, avanzan en una veintena de estados de la primera potencia del mundo, conquistados algunos de ellos en una guerra de agresión contra México. Por otra parte, toda la potencia norteamericana, desplegada en los colegios y las universidades, en el servicio militar, en la vida política y comercial no ha conseguido sus propósitos en Puerto Rico: aquel país conserva su identidad nacional y su idioma.

No se pueden desconocer los anglicismos que descarnan el español. Pero el vocabulario en todas las lenguas es lo más inestable, lo más «proclive a la veleidad». El esqueleto del idioma se mantiene firme en Puerto Rico. La belleza formal del castellano no ha perdido hondura. Es un torso clásico sin otras erosiones profundas que las del tiempo. «El español quedó a salvo como lengua cuando lo unimos a nuestra identidad cultural y nacional», escribió la ensayista Gladys Crescioni. Tenía toda la razón.

«LA CORUÑA NO EXISTE»
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  8 Mayo 2002

Cuando el 4 de mayo de 1814 el Rey Fernando VII ¿un «monstruo execrable» según Pérez Galdós¿ abrogó en Valencia el régimen de Cádiz, no se limitó a derogar todos los decretos de las Cortes liberales, sino que, ascendiendo de hombre a Dios, los declaró «nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo». Era tal el odio de aquel monarca felón hacia todo lo actuado por las Cortes que no quiso sólo abolirlo, sino también arrancarlo de la historia. Volviendo sobre sus pasos, nuestro director general de Política Lingüística acaba de afirmar que «el topónimo La Coruña no existe». Aunque es éste, claro, asunto de otra enjundia, no deja de asombrar, en todo caso, la actitud de quien, como El deseado , se considera igualmente legitimado para liquidar las existencias de la historia con la tranquilidad con la que, puesto al afecto, liquidaría las de una mercería.

¿Existe el topónimo que resulta al director tan antipático? Es fácil de saber. Basta con visitar el lugar que aquél designa y observar, con el celo que las circunstancias aconsejan, la gran cantidad de coruñeses que, hablando en castellano, se refieren a su ciudad diciendo La Coruña y no, por ejemplo, Bogotá. Así es, por más que al señor González Moreiras le sorprenda: hay por aquí muchos gallegos que en uso de un derecho que su gobierno está obligado a tutelar, hablan una de las dos lenguas de Galicia, el castellano, y dicen La Coruña, Londres y Florencia en lugar de A Coruña, London y Firenze.

Muchos de ellos saben, por supuesto ¿aventajando en ello a nuestro querido director¿ que esos topónimos tienen su traducción en la respectiva lengua autóctona, pero, por coherencia, por simple comodidad, o por no parecer unos esnobs, prefieren utilizar, cuando existe, y siempre que hablan castellano, la toponimia castellana.

Es cierto que por motivos que tienen todo que ver con la política y nada que ver con la lingüística, en España se ha adoptado la majadera decisión de utilizar, hablando o escribiendo en castellano, todos los topónimos que ofrece la lengua de Cervantes, salvo, ¡oh, maravilla!, los que corresponden a lugares de nuestra geografía. Es ese equívoco, que convierte, por ejemplo, la información meteorológica española en algo pintoresco (llueve en Londres o Florencia, pero luce el sol en Ourense o en Girona), el que quizá ha llevado al atribulado director a cometer la imprudencia de negar la existencia de algo que está en la boca de miles de personas.

¡Viaje el señor González Moreiras a A Coruña y verá como existe La Coruña! Y verá, también, como no hay que confundir el culo con las temporas: pues una cosa es que los topónimos oficiales de Galicia sean los gallegos ¿lo que parece indiscutible¿ y otra, muy distinta, que no existan los topónimos de una lengua nacida hace mil años... nada más.

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