AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 9 Mayo  2002
Legalidad y política en el País Vasco
Editorial La Razón 9 Mayo 2002

El hombre bueno
Iñaki EZKERRA La Razón 9 Mayo 2002

Inseguridad y recurso
Editorial EL Correo 9 Mayo 2002

¿Batasuna es ETA
PATXO UNZUETA El País  9 Mayo 2002

Las detenciones de Niort frenan una campaña de ETA contra el turismo
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 9 Mayo 2002

El Gobierno lleva al TC el Presupuesto del País Vasco sin pedir su suspensión
J. L. LORENTE / M. ALONSO ABC 9 Mayo 2002

Arzalluz elude hablar de referéndum después de que Iturgaiz instara a los jueces a actuar
EFE Libertad Digital 9 Mayo 2002

Mayor acusa al PNV de seguir en Estella y buscar la «herencia» de Batasuna
ISABEL LÓPEZ/BILBAO El Correo 9 Mayo 2002

Un grupo de estudiantes vende libros proetarras en la facultad de Historia
Raquel P. Ejerique - Valencia.- La Razón 9 Mayo 2002
 

Legalidad y política en el País Vasco
Editorial La Razón 9 Mayo 2002

Pese a la prudencia gubernamental de no pedir la suspensión de la ejecución de los Presupuestos vascos para no perjudicar a esa Comunidad, aunque los recurra al Constitucional, la reacción del Gobierno del PNV ha caído en su clave política obsesiva: hablar de «separación» del País Vasco de España. Es decir, se recurre por las vías legales una ley, que tanto puede hacerlo el Gobierno de la Nación respecto a las Comunidades o de éstas hacia decisiones de aquél (como en el caso de la Ley de Extranjería), para que, cuando se roza el País Vasco, aparezca el monotema del victimismo separatista. El Gobierno Ibarreche no sólo se considera perfecto (lo que en este caso es de un voluntarismo notable, teniendo en cuenta su aprobación «por partes» de una Ley Presupuestaria que requiere un voto global) sino que, además, entiende que está por encima de la Ley. Nadie puede discutir sus decisiones, por chapuzas o anticonstitucionales que éstas sean. Pues bien, las palabras de Ibarreche hablando de separación (separatismo, más bien) no son más graves que en otras ocasiones. Para pronunciarlas le basta cualquier excusa, desde un recurso al TC hasta una reforma en la Ley de Partidos. Si se apura, hasta les valdría una mala actuación arbitral contra el Athletic o la Real. Pero la legalidad debe imponerse sin medir otras consideraciones. Ésa es la clave de un Estado de Derecho. Si a Ibarreche no le gusta, tampoco a otros españoles les gusta Ibarreche. Pero la democracia exige la aceptación mutua y, en caso de conflicto, el arbitraje judicial, no absurdos órdagos para la galería.

El hombre bueno
Iñaki EZKERRA La Razón 9 Mayo 2002

El hombre bueno es un invento de los culebrones y es el disfraz kitsch en el que se esconde siempre el malo. En la vida normal no cuela ese personaje sobreactuado y ridículo. Resulta demasiado obvia su impostura. En la vida normal la mayoría de la gente no va ni de buena ni de mala. Va de normal. Ir de hombre bueno por la vida es hasta impúdico y una forma de dar el cante. Es ir de personaje de radionovela o telenovela. En Euskadi se ha puesto de moda el hombre bueno porque allí la vida no es normal sino un culebrón sangriento, un guión insano en el que lo atroz se mezcla con lo cursi. El hombre bueno es el que está a favor del diálogo, el que les dice a los terroristas y al Gobierno con el mismo tono sufriente, con su bondad insobornable: «Pero, hombre, no seáis así».

Abundan tanto los hombres buenos en el País Vasco que resulta sorprendente que haya terrorismo desde hace más de treinta años. Y de ello hay que deducir forzosamente que, como en los culebrones, esos hombres buenos son los malos en realidad. La verdad es que a poco que se les sigue se comprueba que por lo menos no son tan buenos como quieren hacer creer. En las elecciones autonómicas del 98, Otegi llegó a pasar por ser la esperanza blanca del giro paraetarra hacia la democracia pero aquella representación teatral ya no será reeditable después de esos gestos de chulería en el Parlamento vasco que pudimos presenciar hace unos días, después de esa desenvoltura macarra con la que se movía en el verdadero lugar donde hay que dialogar. Sí, digo «los gestos» porque fueron más elocuentes que todas sus palabras insultantes.

A Atutxa, otro que iba de hombre bueno y de habitar un cielo beatífico desde su presidencia de la cámara de Vitoria, también se le vio el plumero ese día al ordenar que se recortara y manipulara aquella intervención en el acta de sesiones, como se les vio el plumero a Elorza en el pleno municipal de San Sebastián al permitir que María San Gil y sus compañeros fueran violentados impunemente. En cosa de tres días hemos podido ver cómo las instituciones vascas hacían dejación de sí mismas gracias a los hombres más oficialmente buenos del país. No. No me olvido del más bueno de todos, de Ibarretxe y su anuncio de referéndum. Un día de estos se quitará la chepa y los pucheritos postizos y nos sorprenderá a todos al retirarse con un giro chulesco idéntico al de Otegi.
A eso, a mentir, aprendemos en los primeros años de la vida. Al juego del hombre bueno saben jugar todos los niños. No se requiere ningún arte especial para poner cara de no haber roto un plato tras cargarse toda la vajilla democrática.

Inseguridad y recurso
Editorial EL Correo 9 Mayo 2002

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Aznar contra la Ley de contenido presupuestario aprobada por el Parlamento vasco el pasado 23 de enero recoge buena parte de los reproches que la misma suscitó en su día. Las razonables dudas de legalidad que acompañaron a la aprobación de una serie de partidas que no llegan a conformar un presupuesto afloran de nuevo en un procedimiento que sitúa la cuestión en el ámbito de decisión del Alto Tribunal.

A la espera de su definitiva resolución, el recurso añade factores de incertidumbre a la inseguridad jurídica inducida por tan anómala tramitación presupuestaria. Pero la naturaleza constitucional del litigio no puede quedar a expensas de consideraciones de conveniencia u oportunidad. El Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan podrán formular un juicio sobre la intencionalidad política de tal iniciativa. Pero su réplica al recurso refleja la carencia de argumentos jurídicos que pudieran atenuar la incertidumbre que la situación entraña. Las palabras del lehendakari Ibarretxe, demandando de la Administración central «respeto» a las decisiones de las instituciones vascas, no pueden hacernos olvidar que la primera obligación de éstas es, precisamente, la de respetar la legalidad.

Su advertencia de que en estas condiciones Euskadi no podría formar parte de un proyecto común con España, o su denuncia de que la actitud del presidente Aznar y su Gobierno alejan a Euskadi respecto a España, demuestra hasta qué punto Ibarretxe está dispuesto a ocultar el flanco más débil de su gestión -la aplicación de una estrategia hegemonista a pesar de su insuficiencia parlamentaria- elevando el tono de la confrontación hasta proyectar la sensación de que el recurso constituye poco menos que una intromisión en un ámbito en el que la buena intención de los gestores nacionalistas permitiría, al parecer, prescindir del cumplimiento de los requisitos legales.

Es evidente que el recurso incide en un panorama caracterizado por la confrontación y la incomunicación entre ambos ejecutivos. Pero resulta imposible que la deseable sintonía y la lealtad entre las administraciones pueda restablecerse al margen de la legalidad y del acatamiento de la resolución que dicte el Tribunal Constitucional.

¿Batasuna es ETA?
PATXO UNZUETA El País  9 Mayo 2002

Entre las voces reticentes por motivos políticos a la ilegalización de Batasuna destaca, por su conocimiento del tema, la de Felipe González. Ha dicho que no es lo mismo tratar de evitar la legalización de HB en el momento de su nacimiento que deslegalizarla cuando cuenta con una fuerte presencia en las instituciones. Es un argumento con fuerza, que recuerda al de la OTAN: no es lo mismo no entrar que salirse. Sin embargo, admite objeciones. El proceso de legalización no culminó hasta 1986 y para entonces HB ya no era un nasciturus: a fines de ese año había participado en una docena de elecciones y referendos y contaba con cuatro escaños en el Parlamento de Madrid, 13 en el vasco y seis en el navarro, y con 451 concejales y 20 junteros.

Su relación con ETA no era un secreto. Su portavoz, Jon Idigoras, había proclamado en unas elecciones que 'votar a HB es votar a ETA', lo que indica hasta qué punto habían interiorizado sus dirigentes la sensación de impunidad. ETA, en todo caso, interpretaba esos votos como respaldo directo a sus acciones. Y gran parte de las actuaciones públicas de HB tenían como objeto el apoyo a ETA: el 48% del total (más otro 7% contra la actuación policial), según un estudio académico de José Manuel Mata López (El nacionalismo vasco radical. Discurso, organización y expresiones) publicado en 1993 por la Universidad del País Vasco.

También hay constancia más o menos detallada, por las memorias de ex miembros de HB y por las actas de reuniones publicadas en los boletines internos de ETA, de los vínculos entre el brazo armado y el resto de lo que ya se denominaba MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), del que HB era su expresión electoral. En otra tesis doctoral publicada por la Universidad del País Vasco (Florencio Domínguez, ETA. Estrategia organizativa y actuaciones. 1978-1992. Bilbao, 1997) se analiza, a través de su reflejo en 31 boletines de ETA del periodo 1978-1987, un total de 106 actas de reuniones de la Coordinadora KAS, instrumento de relación entre la banda y el entramado legal. De esas actas se deduce que es ETA quien tiene la última palabra sobre cuestiones como si HB se presentará o no a las elecciones, los criterios para conformar las candidaturas e incluso el sentido del voto de los parlamentarios navarros en la elección de presidente de esa comunidad.

Pero es cierto que, como también ha recordado González, muchos políticos y periodistas de la época eran partidarios de la legalización de HB. El argumento principal era que no había que interferir en la dinámica que de manera natural acabaría haciendo entrar en razón a ETA, y a sus militantes desembocar en un partido independentista no violento; como había ocurrido con el sector poli-mili.

Esa esperanza alentó hasta Lizarra. Pero tras esa experiencia, que culminó con la ruptura de la tregua y la del consenso estatutario, ya sólo quienes están interesados en evitar la derrota de ETA pueden acogerse a ella. Lizarra supuso llevar hasta sus últimas consecuencias la lógica de la persuasión amistosa de los terroristas. Para convencer a ETA, el nacionalismo asumió lo esencial de su programa (soberanismo, ruptura con las fuerzas no nacionalistas, irredentismo respecto a Navarra y País Vasco-francés), pero ello no hizo desistir a ETA, ni a HB romper con ella.

El desenlace del experimento aconseja revisar tópicos nacionalistas como el de que fue la negativa a aceptar el plan Ardanza lo que arruinó la posibilidad de una salida negociada; o el que relaciona la persistencia de la violencia con la de un grave conflicto político irresuelto. Aconseja también explorar otras vías de acabar con la empresa de intimidación colectiva montada en torno a ETA, empezando por la ilegalización de su brazo político. La principal razón en contra esgrimida por el PNV es que interrumpe el vaciamiento de HB. Sería un argumento fuerte si no fuera porque ese vaciamiento ha implicado que el receptor, el nacionalismo institucional, haga suyo gran parte del programa rupturista de HB, con el efecto de romper el consenso democrático y alimentar la inestabilidad que necesita ETA para justificar su permanencia.

Es cierto: no es lo mismo intentar ilegalizar a Batasuna ahora que en los años 80: ahora hay más razones para ello. Porque la única duda que queda por despejar es si Batasuna es el brazo político de ETA o ETA, el brazo armado de Batasuna. A desentrañar esa duda se aplica el juez Garzón.

Las detenciones de Niort frenan una campaña de ETA contra el turismo
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 9 Mayo 2002

Los cuatro etarras detenidos el pasado día 2 en Niort junto al jefe de los «taldes de reserva» Javier Abaunza iban a entrar en España a finales de mayo en dos «comandos» para llevar a cabo la campaña de verano contra intereses turísticos en Levante y Andalucía. La banda preparaba atentados en Sevilla coincidiendo con la cumbre europea que cierra la presidencia española de la UE.

MADRID. Las investigaciones de la Policía Judicial francesa, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad de España, han permitido esclarecer que Lexuri Gallastegi, Manex Zubiaga, Anartz Oyarzábal y Ángel López Anta estaban a punto de formar sendos «comandos» que iban a entrar en España a finales de mayo, al parecer, con la documentación falsa a nombre de ciudadanos de Madrid y Santander que se les incautó en el momento de su arresto.

Uno de los grupos, integrado por Lexuri Gallastegi y Manex Zubiaga, tenía orden de atentar en la costa levantina y para ello éste último había alquilado desde Francia un apartamento en Benidorm. El contrato comprendía los meses de junio, julio y agosto, período en el que se prolongaría la campaña contra intereses turísticos.

Cumbre europea de Sevilla
El otro «comando», formado por Anartz Oyarzábal y Ángel López, había recibido instrucciones de dirigirse a Andalucía. Antes de su captura, estaban ultimando las gestiones para alquilar, durante el verano, un piso en Sevilla. El próximo mes de julio la capital hispalense acoge una cumbre europea para cerrar la presidencia española. Los investigadores consideran que la banda terrorista quería aprovechar esta circunstancia para cometer durante la citada cumbre algún atentado de resonancia propagandística, con independencia de que después proseguiría en esa región con su ofensiva criminal contra intereses turísticos. No se descarta que los cuatro planearan alguna acción conjunta en alguna de estas dos comunidades autónomas.

Fuentes antiterroristas consultadas por ABC han señalado que los etarras disponían de diversos planos y listas de hoteles y otro tipo de instalaciones susceptibles de convertirlos en objetivos de atentados. Sin embargo, precisaron que aún no habían recabado ningún tipo de información al respecto ni, por tanto, disponían de objetivos concretos. Ésta sería su primera labor en cuanto llegaran a sus respectivos destinos. Una tarea no muy complicada, ya que la intención de ambos «comandos», en principio, era atentar contra instalaciones relacionadas con el turismo, y no contra personas, por lo que la obtención de datos resulta más fácil.

La dirección de ETA había encargado a Lexuri Gallastegi ser la responsable del «comando» que debía de actuar en la costa levantina. La Policía investiga si ambos «comandos» iban a contar con el apoyo de algún grupo para, por ejemplo, trasladar desde Francia o el País Vasco los coches bomba que ellos deberían hacer estallar después en los objetivos elegidos. En este sentido, se recuerda que los integrantes del anterior «comando Andalucía» estaban esperando, para atentar contra el ferrys que cubre la línea Valencia Islas Baleares, el coche bomba que los terroristas de apoyo se vieron forzados a abandonar en Huesca por una avería.

Se da la circunstancia de que uno de los cuatro etarras, Anartz Oyarzábal, ya formó parte del «comando» encargado de cometer la campaña de atentados contra intereses turísticos de la costa levantina el pasado año. Sin embargo, la muerte de su compañera, Olaia Castresana , al estallarle un artefacto que manipulaba en un apartamento de Torrevieja frustró esa ofensiva. Anartz Oyarzábal consiguió huir a Francia.

Prácticas de robo de coches
Para el avance de las investigaciones ha sido clave el piso hallado en La Rochelle, a unos 70 kilómetros al oeste de Niort. En su interior había documentación sobre los planes de la ofensiva contra intereses turísticos así como una pistola, entre otros enseres. Al parecer, había también datos sobre algunos tramos de vías férreas. Esta vivienda fue alquilada para una semana y había sido utilizada para mantener reuniones de «alta seguridad» entre los cuatro etarras y el responsable de los «taldes de reserva» Javier Abaunza. Cuando fueron detenidos, se encontraban haciendo prácticas de robo de vehículos bajo la supervisión de Abaunza.

Pese a las detenciones, responsables antiterroristas subrayan que la banda criminal podría tener reservado algún otro «comando» para su campaña contra intereses turísticos.

El Gobierno lleva al TC el Presupuesto del País Vasco sin pedir su suspensión
J. L. LORENTE / M. ALONSO ABC 9 Mayo 2002

La Abogacía del Estado presentó ayer -en el límite del plazo- el recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2002 de la Comunidad autónoma del País Vasco. El Gobierno estima que dicha ley vulnera las normas que integran el bloque constitucional en materia presupuestaria y el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Carta Magna.

MADRID/BILBAO. La norma 1/2002 -que carece de título y está compuesta por 14 artículos, 9 disposiciones adicionales y dos anexos- fue aprobada por el Parlamento vasco el pasado 23 de enero. Sólo se incluyen en dicha ley los estados de gastos correspondientes a las secciones de Vicepresidencia, Educación, Vivienda y Asuntos Sociales, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Consejo de Relaciones Laborales, Consejo Económico y Social y Consejo Superior de Cooperativas. La norma no recoge los títulos en que estaba dividido el proyecto de ley: estados de gastos, estado de ingresos, reglas de autorización del gasto y contratación e informaciones al Parlamento.

En opinión del Gobierno, la norma vasca vulnera la ley orgánica del Financiación de las Comunidades Autónomas. La Lofca establece, en primer lugar, que los Presupuestos de las regiones deberán incluir la «totalidad» de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de las mismas.

En segundo lugar, la legislación estatal señala que «si los Presupuestos de las Autonomías no fueran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia de los anteriores». Por último, la Lofca fija que la cuentas autonómicas deben ser elaboradas con «criterios homogéneos» de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos del Estado.

Por todo ello, el Gobierno estima en su recurso que la Cámara vasca aprobó una ley «innominada» que se superpone «sin ningún criterio» al régimen presupuestario prorrogado el 1 de enero de 2002, ya que sólo incluye algunas normas de ingresos y gastos y la aprobación de determinadas secciones.

Seguridad jurídica
Además, según el Ejecutivo, la citada norma del País vasco crea una «situación confusa» y dificulta la precisión de cuál es el derecho aplicable y las leyes vigentes. En este sentido, el Gobierno considera que se ha producido una vulneración del principio de seguridad jurídica en materia presupuestaria, «al no existir en la ley 1/2002 ninguna relación entre los estados de ingresos y gastos».

Por último, el Gobierno explica que ha tenido en cuenta la «compleja situación jurídica» a la que se vería abocada la Administración vasca si se suspendiese la norma recurrida. Por ello, el Ejecutivo ha renunciado a solicitar la suspensión prevista en el artículo 161.2 de la Constitución.

La decisión del Gobierno fue recibida por el lendakari Juan José Ibarretxe como «un nuevo palo en la rueda» de la Autonomía vasca. En un discurso pronunciado ante empresarios en Bilbao, Ibarretxe afirmó que el País Vasco «jamás formara parte de un proyecto común con España si no se nos respeta».

En opinión de Ibarretxe, los Presupuestos vascos para el 2002 son ya «historia», porque está gastado más de la mitad del dinero y comprometido el noventa por ciento, y el recurso del Gobierno «sólo sirve para crispar el país». «Con estas actitudes Aznar aleja a Euskadi de España», sentenció el lendakari, quien consideró que «hay personas que aguantan mal la prosperidad que vive el País Vasco». Por su parte, el consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, de EA, aseguró que la intención del Ejecutivo es que los tribunales sienten precedentes para, a partir de ahora, «suprimir y cercenar» las cuentas públicas autonómicas. Azcárraga subrayó que «el Gobierno quiere paralizar el desarrollo económico y social de la sociedad vasca».

En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró que el recurso de inconstitucionalidad se debe a que Aznar «aún no ha asumido la derrota» en las elecciones vascas del pasado 13 de mayo, por lo que, en su opinión, busca la «bronca continua».

Arzalluz elude hablar de referéndum después de que Iturgaiz instara a los jueces a actuar
EFE Libertad Digital 9 Mayo 2002

Carlos Iturgaiz ha instado a los jueces a actuar en caso de que el PNV y el lehendakari persistan en convocar “un referéndum o como lo llamen”, ya que se trata de “desobediencia civil y política”. Arzalluz ha matizado que sólo se trataría de una “consulta” y que no “colisionaría” con las “determinaciones” del Gobierno central.

A Carlos Iturgaiz no le bastan estas matizaciones del presidente del PNV. En este sentido ha precisado que “lo llamen como lo llamen, Arzalluz e Ibarretxe saben que está fuera del actual marco jurídico-político establecido”. Y ha advertido de que, si ambos insisten en convocarlo, “será hacer desobediencia civil y política y quienes tendrán que actuar serán los jueces”. A juicio del políticos vasco, “si siguen en la misma dinámica, seguirán jugando con fuego y el que juega con fuego, al final se quema. Por tanto, que tengan muy claro que ni en la Constitución ni en el Estatuto hay cabida para ningún referéndum, consulta, llamémoslo como queramos, secesionista-independentista”, ha manifestado.

El presidente de los populares vascos también ha pedido a los jueces y fiscales que “tomen nota” de la manifestación celebrada por Batasuna este domingo en Bilbao con el lema “Democracia para Euskal Herria”, ya que en el transcurso de la misma se profirieron gritos a favor de la banda terrorista, lo que, a su juicio, demuestra que la plataforma abertzale “forma parte del tinglado de ETA”.

Arzalluz matiza
El presidente del PNV también se ha referido al anuncio realizado la pasada semana en el Parlamento vasco por el lehendakari. Arzalluz ha declarado que una consulta popular no tiene que suponer necesariamente un referéndum, por lo que no “colisionaría” con las “determinaciones” del Gobierno. Además, ha destacado “el temor” del PP a conocer lo que piensa la gente. El líder de la formación peneuvista ha recordado que “se suelen convocar consultas populares con cierta frecuencia en diferentes sitios” que “son algo más que encuesta” y que no tienen carácter vinculante, aunque “evidentemente sí tiene valor”.

Mayor acusa al PNV de seguir en Estella y buscar la «herencia» de Batasuna
«Ibarretxe practica la política del humo, aparentar que hace algo para no hacer nada»
ISABEL LÓPEZ/BILBAO El Correo 9 Mayo 2002

Jaime Mayor Oreja realizó ayer un severo diagnóstico de la gestión realizada por el Gobierno de Ibarretxe en vísperas del 13 de mayo, primer aniversario de las elecciones autonómicas. El dirigente popular recordará este año como el de la «falta de iniciativa política» de un Ejecutivo que sigue «atrapado» en el Pacto de Estella y que busca la «herencia» de Batasuna.

Mayor contrapuso la acción desarrollada en estos doce meses por el Gobierno de Aznar para combatir a ETA con la «resistencia y la obstrucción» del Ejecutivo vasco a iniciativas «propias de un Estado de Derecho», como las operaciones policiales, la reforma de la Ley de Partidos o las actuaciones jurídicas para disolver «la estrategia de los violentos».

El presidente del PP en el Parlamento vasco reprochó a Ibarretxe que su política responda a los principios sellados en Estella por las fuerzas nacionalistas. «Este Gobierno está atrapado en aquel pacto y es triste comprobar que administra la prórroga de Estella, a la búsqueda de la herencia de Batasuna», aseguró. Mayor está convencido de la pugna entre PNV, EA y los grupos escindidos de Batasuna por el destino de los votos depositados en el partido de Otegi. «Todos los nacionalistas son conscientes de que habrá votos para captar y están pujando por esa herencia; eso sí, echando la culpa al PP», argumentó.

Rondas y reuniones
El dirigente popular resumió en una lapidaria frase la actuación del tripartito: «Es la política del humo y de la apariencia». Mayor basó su afirmación en «esas reuniones, en las que nadie sabe qué se ha aprobado, en esas rondas de partidos, que nadie sabe para qué sirven, y en esos debates, que no se sabe qué utilidad tienen para los ciudadanos». Con estas convocatorias, el lehendakari «ha rozado la perfección de una política de la apariencia» ante su in-capacidad o falta de voluntad «para salir de Estella y romper y aislar a Batasuna».

El parlamentario popular enmarcó el reciente acuerdo de Eudel en esa «política de humo» si, en la práctica, no implica el desalojo de Batasuna de las alcaldías y su aislamiento. No obstante, Mayor justificó la rúbrica de su partido en el documento en la acción política del PP: «Vamos al Parlamento y hablamos con el lehendakari, aunque pensemos que su política está equivocada».

El que fuera candidato del PP a la Presidencia del Gobierno vasco hace un año considera que hasta que no se aísle a quienes amparan a ETA no se logrará «nada positivo». En esta cuestión, a su juicio, el País Vasco debe seguir el reciente ejemplo francés: «Los ciudadanos de Francia han dicho a Le Pen que no aceptan sus métodos ni sus objetivos, y aquí los nacionalistas no le han dicho eso a Batasuna, no le han quitado la esperanza».

Mayor recriminó a los nacionalistas que durante este año hayan pretendido aislar al Ejecutivo central y al partido de Aznar en Euskadi. «Creyeron que la separación de PP y PSE era un dato seguro, y es verdad que ha habido un distanciamiento, que espero que no sea definitivo, a la hora de hacer el diagnóstico común respecto del País Vasco; pero lo que ellos no esperaban era la iniciativa de reformar la Ley de Partidos», remarcó. «Y al final, resulta que gracias al Gobierno de España, hoy los vascos tenemos Concierto Económico», concluyó.

Un grupo de estudiantes vende libros proetarras en la facultad de Historia
El decano asegura que han quitado el puesto, que cada martes estaba en la planta baja
Libros de Pepe Rei, revistas o textos que hacen apología del terrorismo se han podido ver en el recibidor de la Facultad de Historia durante algún tiempo. En cuanto el decanato tuvo conocimiento de los hechos ¬a través de la llamada de un estudiante que denunció los hechos¬ les conminó a que presentaran una lista de los volúmenes que exponían cada martes. «Desaparecieron» los títulos ilegales y estos estudiantes escribieron cinco folios con libros legales. Tras esto, han preferido levantar el puesto. El decano, Rafael Gil, ha comprobado «personalmente» que ya no venden.
Raquel P. Ejerique - Valencia.- La Razón 9 Mayo 2002

El zaguán de la Facultad de Historia de Valencia ha sido durante un tiempo albergue de publicaciones ilegales, cercanas al entorno etarra. Libros editados por la misma distribuidora de Kale Gorria, textos de Pepe Rei y demás volúmenes cercanos al entorno violento de Eta que están fuera de la legalidad.

Hace un mes que el decanato tuvo conocimiento de que un grupo de estudiantes exponían y vendían este tipo de textos. Tal y como explicó el decano, Rafael Gil, «primero nos pidieron autorización para vender en el hall, y se la dimos como a cualquier otra librería o editorial que haya podido venir a promocionar libros, ya que es una práctica habitual que no levantó ninguna sospecha entre el equipo directivo».

Se enteraron a través de un estudiante, que llamó al decanato y dio la voz de alarma sobre el asunto, para que actuaran y retiraran esta autorización.

Lista purgada
Por la sorpresa y disgusto que produjo la noticia, se les «invitó», explicó Gil, a que dieran una lista de los libros que iban a exponer si querían continuar autorizados. Ellos respondieron a esta demanda, pero la lista había sido «purgada».

Todos los libros ilegales habían sido eliminados y sólo figuraban, en una extensión de cinco folios, volúmenes legales que tenían el identificativo oficial ISBN. Tal y como señaló Gil tenían entre sus títulos manifiestos comunistas y anarquistas «perfectamente legales».

A pesar de que el decanato comprobó y aprobó esta lista, los estudiantes han preferido desaparecer de la planta baja de la facultad.

Rafael Gil apuntó que ha comprobado «personalmente que ya no venden libros, han quitado su puesto voluntariamente, porque la Universidad no les ha coaccionado». Calculó que son unos seis los responsables de esta venta ilegal «lo que es anecdótico si tenemos en cuenta que en esta universidad hay 4.000 alumnos, por tanto no es una práctica habitual en esta facultad».

Añadió que la línea de la Universidad no es la de permisividad con este tipo de expresiones y por eso «he tomado personalmente interés en el asunto».

En la junta de portavoces del pasado lunes, uno de los puntos del orden del día fue esta venta de libros proetarras.

La Asamblea de Representantes de Estudiantes se mostró contraria a que se prohibiera vender libros en el hall como medida para evitar que se vendan volúmenes ilegales. Según explica uno de sus integrantes «no dejar a nadie exponer libros en este espacio hubiera sido perjudicial también para otras muchas personas que venden títulos legales».

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