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Recortes de Prensa     Miércoles 15 Mayo  2002
La democracia militante y Batasuna
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 15 Mayo 2002

La rectificación ante la cuestión nacional
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 15 Mayo 2002

Cae otro «comando» en Madrid
ABC 15 Mayo 2002

Eficaz golpe policial contra ETA en Madrid
Impresiones El Mundo  15 Mayo 2002

Consenso para una ley
Editorial ABC 15 Mayo 2002

En la burbuja pujolista
VALENTÍ PUIG ABC 15 Mayo 2002

Golpe a ETA en Madrid
Editorial La Razón 15 Mayo 2002

Desarticulado el nuevo comando que ETA había implantado en Madrid
FERNANDO LAZARO El Mundo 15 Mayo 2002

Educación creará este mes un foro de apoyo a los profesores y alumnos amenazados
OLATZ BARRIUSO/VITORIA El Correo 15 Mayo 2002

«La alternancia, estúpido»
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA/ El Correo 15 Mayo 2002


 

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La democracia militante y Batasuna
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 15 Mayo 2002

EL susto dado por Le Pen y su partido en Francia, a continuación de los anteriores dados por Haider, Bossi y otros -veremos qué pasa en Holanda-, pone sobre la mesa una cuestión que no puede esperar más: la necesidad de recuperar o crear una concepción militante de la democracia que supere esa mera tolerancia blanda que admite sin más partidos ultranacionalistas étnicos, xenófobos y antisistema. A propósito de Holanda, la posibilidad de suspender las elecciones estudiada tras el asesinato de Fortuyn señala en esa dirección al mostrar algunos límites que ninguna democracia exigente debería ignorar: la imposibilidad de celebrar comicios democráticos si los políticos de un partido son o pueden ser asesinados por una facción enemiga. Aunque finalmente Holanda celebre este miércoles sus elecciones, esa discusión no ha sido banal, sino todo un ejemplo de seriedad democrática.

Y de Holanda vayamos a España, y en particular al País Vasco. Aquí, y dejando de lado -de momento- caricaturas como Gil, los semejantes más temibles de Le Pen son los nacionalistas vascos. Y aquí también se asesina o se intenta asesinar a representantes de una oposición política que carece de la libertad que gozan los partidos gobernantes. Es más, el Acuerdo de Estella acordado por los partidos del gobierno con los terroristas trató de imponer, con el señuelo de la paz, un programa comparable al lepenista, resumido por Arzalluz en sus famosas profecías: en un estado vasco independiente los vascos no nacionalistas serían como «alemanes en Mallorca», residentes sin derechos políticos, tolerados por su gasto en la hostelería local. A diferencia de Le Pen, el partido de Arzalluz y sus socios gobiernan el País Vasco, beneficiándose además de los efectos de una presión terrorista que combaten con poco entusiasmo. De manera que la situación vasca, y de rebote la española que la incluye, presenta rasgos de degeneración democrática que, meramente en germen, han sido considerados intolerables tanto en Holanda como en Francia.

¿Se imaginan que algún político europeo planteara en su país un simulacro de referéndum de autodeterminación como el anunciado por Arzalluz e Ibarretxe? Pues, con independencia de los aspectos jurídicos de la pretensión, es totalmente ilegítimo proponer siquiera una consulta pública donde los defensores de una de las opciones -por ejemplo, NO a la autodeterminación- carecen de libertad para comunicar sus puntos de vista, son marginados o difamados por el gobierno que hace la consulta y se convierten en dianas ambulantes para los terroristas.

Pero que PNV, EA e IU crean esto posible es totalmente congruente con la lógica que ha tolerado, aplaudido y financiado -literalmente- la existencia de Batasuna y sus satélites, a pesar de su absoluta y pública negativa a integrarse en la democracia y a pesar de las clamorosas evidencias existentes sobre su colaboración con ETA a todos los efectos y niveles. Y es que la existencia de un frente legal de ETA resulta indispensable para llevar adelante los planes nacionalistas y conseguir un éxito muy problemático sin la presión que aportan sus amenazas y brutalidades.

El debate sobre la oportunidad de la ilegalización de Batasuna no puede eludir este dato fundamental: a pesar del rechazo nacionalista de los atentados, la política de Ibarretxe necesita de la presión ultranacionalista de Batasuna y de la cobardía y el desistimiento que produce en la sociedad vasca, acompañados de creciente hostilidad y aburrimiento en la española. Aceptada por obvia la implicación activa de Batasuna en la estrategia de ETA, la mayoría de resistencias a la ilegalización buscan refugio en dos objeciones: una es la de su inoportunidad; la otra exige garantías de que ningún partido será ilegalizado por su ideología independentista. Como cualquier partido independentista vasco o catalán o maragato que acepte valores constitucionales y juegue las reglas democráticas es legítimo, parémonos en el argumento de la inoportunidad.

El argumento prevé que Batasuna reaccionará contra la ilegalización compactándose y ofreciendo resistencia a su disolución. Sin embargo, la experiencia indica que Batasuna ya está inmersa en un proceso de descomposición y pérdida de apoyo electoral que la ilegalización puede acelerar. ¿Por qué? Veamos: en Batasuna cohabitan ahora mismo tanto sujetos que disfrutan del amparo y las ventajas que les da esa militancia legal, como otros atrapados en su pertenencia a la comunidad proetarra. La ilegalización puede dar a unos y otros el pretexto para huir o participar en iniciativas que, como la reciente escisión navarra llamada Aralar, asuman un nacionalismo independentista pacífico. Esta salida es indudablemente temida por ETA, cuya potencia quedará mermada sin su frente legal, pero también por el sector más «autonomista» del PNV, que tras largo y confortable letargo da señales de agitación.

La amenaza, en efecto, es que parte del aparato de una Batasuna ilegal opte por integrarse en un PNV cuya ideología cada vez coincide más con la suya. Teniendo en cuenta que los militantes batasunos entienden mucho mejor que los del PNV el sentido y fines del «soberanismo», y conociendo su indudable capacidad de militancia y conspiración -muy superior a la de los jóvenes tecnócratas peneuvistas-, no es imposible que el PNV acabe pagando una OPA de Batasuna que lleve a sus militantes a puestos claves del partido de Arzalluz. Al fin y al cabo, ¿dónde está la diferencia entre el lenguaje y las ideas de Egibar y las de Arnaldo Otegi? Y la conversión de un partido moderado de derechas en una organización extremista tiene numerosos precedentes.

Obviamente, el PNV desea una evolución diferente, un desgaste lento de Batasuna que, unido a su propia radicalización y al efecto de la «amenaza españolista», le permitiera seguir ganando votos proetarras, como ya pasó en las pasadas elecciones. Entre tanto, la erosión causada por la lucha contra ETA correría a cargo del Estado y de los partidos constitucionalistas, apareciendo el PNV como un partido pacifista, contrario a la represión y promotor del diálogo y de inocentes consultas populares y beatíficas conferencias de paz. Pero una rápida ilegalización de Batasuna, antes de la campaña de las municipales, modifica ese oportuno guión y resulta altamente inoportuna para el nacionalismo y sus socios menores -como está demostrando Llamazares-. En efecto, la ilegalización dejaría a la vista que el verdadero problema de la política vasca no es sólo la falta de libertad y seguridad por efecto del terrorismo, sino también la existencia de un gobierno que impulsa planes nacionalistas étnicos cuya realización significa convertir a la parte disidente de la sociedad en ciudadanos de segunda clase. Justamente el tipo de situación que ha provocado la movilización de la Francia republicana contra la Francia ultranacionalista de Le Pen, o llevado a los holandeses a preguntarse si era legítimo celebrar elecciones con un candidato recién asesinado, por muy populista xenófobo que fuera. Aquí también deberíamos hacernos esas preguntas.

La rectificación ante la cuestión nacional
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 15 Mayo 2002

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED.

Hace unos días, la profesora Edurne Uriarte planteaba en un seminario desarrollado en la Fundación Pablo Iglesias la relación entre intelectuales y nacionalismo en la vida pública española de los últimos veinticinco años. En su conferencia, Edurne Uriarte se hacía eco del cambio de actitud registrable en la vida intelectual española ante la cuestión. En síntesis, la conferenciante señalaba el debilitamiento de las posiciones filonacionalistas de signo periférico en el mundo de la izquierda intelectual y el deslizamiento hacia lo que ella llamaba, de forma provisional, un 'neoconservadurismo' ante la cuestión perfilado en los últimos años. Con independencia de lo forzado de esta calificación para el proceso resultante de esta evolución, creo que Edurne Uriarte acertaba a la hora de identificar un cambio de actitud, acaso no tan tardío como ella parecía percibir, pero en todo caso visible en el momento actual.

Creo que tiene algún interés identificar las causas que explican esta modificación de perspectiva en la visión del tema en nuestra vida intelectual. En primer lugar, me parece que ha influido el hartazgo y la rebelión contra el terrorismo y, junto a ellos, el cansancio respecto a las actitudes de los nacionalismos periféricos que no han hecho justicia al cambio operado, desde la Constitución al día de hoy, en la planta política del Estado. Junto a este hartazgo, rebelión y cansancio, habría influido una recuperación de la historia liberal española y, dentro de ella, una revisión del nacionalismo político de signo español que ya no puede ser identificado por más tiempo con el discurso del nacional-catolicismo que dominó la vida del franquismo. Hoy tenemos una visión más acabada de lo que ha sido la historia de un complejo nacionalismo liberal-democrático español que nos lleva a ver con otros ojos la historia conjunta del problema nacional-regional de nuestro país. Los trabajos de J. Linz, J. P. Fusi, J. Álvarez Junco o J. Varela no serían sino las manifestaciones más destacadas de las investigaciones historiográficas y politológicas realizadas sobre el tema en los últimos años.

Igualmente, ha contribuido al cambio de actitud ante la cuestión el triunfo de una cosmovisión liberal-democrática que ha desplazado a viejas utopías de inspiración marxista de nuestra vida intelectual. La aceptación incondicionada del proceso de construcción europea y los cambios en la dinámica política internacional han terminado de explicar esta evolución en la visión del tema en el grueso de la vida intelectual española. Finalmente, el indudable éxito de la empresa española en estas últimas décadas ha contribuido a absorber las tentaciones secesionistas en un proyecto de conjunto. Se ha confirmado así la hipótesis orteguiana de que un Estado en buena ventura es capaz de integrar en una cosmovisión nacional de signo global lo que un Estado en crisis puede desunir.

En relación a este proceso hay que señalar, de entrada, la pervivencia, con carácter residual, de una vieja visión izquierdista de la cuestión. En los aledaños a Izquierda Unida y, en ocasiones, en algunos sectores próximos al PSOE, especialmente en los escenarios catalán y vasco, es detectable la presencia de un modo 'tradicional' de ver la cuestión, entendiendo por tradición unos hábitos político-intelectuales que no se remontan más allá de la lucha contra la dictadura y los inicios de la transición. Más significativa sería la presencia, más notable seguramente en Cataluña que en el País Vasco, de actitudes intelectuales ligadas a unos nacionalismos de base cultural interpretados como antagónicos con un proceso de aceptación de las lealtades de signo nacional a una realidad española abierta a la existencia de hechos nacionales y regionales en su seno y a un proceso de construcción europea.

En todo caso, la revisión intelectual de fondo en la vida española ha concluido en la aceptación compartida de una idea de patriotismo constitucional, entendida como el compromiso entre la revisión de la cuestión nacional en España y la existencia de un Estado de las Autonomías plenamente inserto en los procesos de acomodo de un nuevo orden internacional. El giro introducido por el Partido Popular en su visión del tema en su último Congreso, un giro importante en la tradición política de nuestra derecha, sale al encuentro de las transformaciones de unas actitudes intelectuales de izquierda, permitiendo un terreno de entendimiento de la política española ante una cuestión tan importante para la vida de nuestra democracia. Un entendimiento que no deja espacio a una disputa partidista por la iniciativa de la idea y su desarrollo.

En relación a la conferencia de Edurne Uriarte señalaba hace un momento mi discrepancia con la calificación de 'neoconservador' para dar cuenta del estado de opinión resultante del proceso. No encaja en la calificación la defensa del valor de la seguridad, como garantía fundamental de los derechos y libertades fundamentales. Tampoco encaja en la etiqueta la revisión histórica de la evaluación de los distintos actores nacionales en la vida española. Menos se ajusta a la calificación la lealtad a los valores que representa el Estado del Bienestar y el proceso de cambio en el orden internacional. Se trataría ante todo de un momento de reforzamiento del sistema democrático español que no sólo se proyectaría a la construcción del Estado, sino al soporte nacional flexible y plural que ese Estado necesita en los inicios del siglo XXI.

Creo, en todo caso, que estamos ante un proceso de rectificación intelectual plenamente eficaz y funcional para las necesidades actuales de la sociedad española. Se trata de un proceso que no es nuevo en la vida democrática española de los últimos años. Creo que los gobiernos socialistas, en ocasiones más con lo que hicieron que con lo que dijeron, colaboraron al mismo. Pero sin duda se trata de un proceso de rectificación que no se había expresado con la suficiente contundencia hasta el momento actual. Este proceso tiene hoy retos importantes. De entrada, su compatibilidad con el reconocimiento de las nacionalidades y regiones actualmente existentes en España y con el proceso de construcción europea. En segundo lugar, su encaje con las necesidades del pluriculturalismo puestas de manifiesto por los actuales movimientos de población. En última instancia, su acomodo dentro de un momento de globalización de la vida económica, cultural y política. Todo ello exige una sensibilidad por parte de ese proceso de rectificación que no podrá encontrar respuestas en un simple retorno al pasado. De aquí la necesidad de seguir reflexionando sobre el tema hasta encontrar el acomodo que exigen los nuevos tiempos. En esta labor estamos, pero todo hace pensar que la vida intelectual española ha encontrado el camino que habrá de llevarnos a una solución razonable de nuestro contencioso nacional.

Cae otro «comando» en Madrid
ABC 15 Mayo 2002

Una operación antiterrorista ha desarticulado al nuevo «comando Madrid» y ha permitido la localización de tres coches a disposición de ETA. Uno de los vehículos estaba ya preparado para estallar coincidiendo con la Cumbre UE-Iberoamérica que se celebra este fin de semana. El golpe dado a ETA es de una gran importancia estratégica. Se produce seis meses después de que fuera desmantelado el anterior «comando», lo que da cuenta de que la presencia de ETA en Madrid ya no tiene el signo fatalista e invencible que marcó la actividad criminal de la banda en los últimos catorce años. La capital de España era una asignatura pendiente en la lucha antiterrorista y ahora puede darse por superada, con todas las cautelas que impone la convicción de que ETA nunca renunciará al terror en Madrid. Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad han hecho ver a ETA que ya no es plaza segura para sus crímenes. Por otro lado, la desarticulación es una significativa merma operativa de la banda. Su capacidad de reposición de terroristas es limitada. Cualquier organización criminal es vulnerable a una privación continuada de infraestructuras, recursos financieros, armas y miembros informativos o ejecutores, sobre todo si son cualificados terroristas como los detenidos ayer. La apuesta de ETA por aterrorizar era fuerte y el coste de las pérdidas, proporcionalmente grave a su interés estratégico.

Eficaz golpe policial contra ETA en Madrid
Impresiones El Mundo  15 Mayo 2002

Si hace apenas 15 días criticábamos la falta de previsión policial que permitió a ETA explosionar un coche bomba en las cercanías de un concurrido Bernabéu antes del Real Madrid-Barcelona, hoy hay que felicitarse de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, cuya eficacia permitió ayer desarticular un nuevo comando Madrid. Tras seguir durante días la pista del robo de un coche, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a dos terroristas, que habían alquilado un céntrico piso, a 200 metros de una institución como el Tribunal Supremo. Además, se requisaron explosivos y tres vehículos, uno de ellos ya preparado como coche bomba. La intervención se une a los éxitos obtenidos en los últimos tiempos por las fuerzas de Interior, que están mostrando gran capacidad para descabezar los comandos con que ETA releva a los detenidos. La banda sigue demostrando su capacidad para reclutar nuevos asesinos, aunque éstos, debido en gran medida a la velocidad que impone la presión policial, están peor entrenados.De hecho, el pasado lunes el diario El Correo informaba de que ETA ha reducido el adiestramiento en explosivos de sus comandos a un curso de dos días. Añadía el periódico que el comando Bolueta tuvo que precipitar un atentado cuando un delincuente común intentó robar el coche bomba que escondían... en una calle de Bilbao.Es cierto que la precipitación y la inexperiencia guían cada vez más las acciones de una banda acorralada, pero no hay que confiarse, pues, por chapuceros que sean sus métodos, su capacidad sigue siendo mortífera.

Consenso para una ley
Editorial ABC 15 Mayo 2002

El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y el PSOE sobre el proyecto de ley de Partidos consolida la unidad democrática antiterrorista y demuestra que existe una voluntad política de consenso superior a la entidad de las discrepancias. Las enmiendas pactadas por los negociadores centran las posturas previas en un punto de acuerdo razonable y equilibrado, en el que nadie puede sentirse vencedor ni perdedor porque el eje del consenso ha trabado las coincidencias en lo fundamental y ha superado las diferencias para alcanzar el objetivo compartido por el Gobierno, el PP y el PSOE. Finalmente, la legitimación activa para promover la disolución de un partido recae en el Gobierno y en el fiscal general y se reserva al Parlamento la potestad de instar al Ejecutivo, con carácter vinculante y por acuerdo adoptado por mayoría simple, la presentación de la demanda de disolución. De esta forma, se evitan los problemas que planteaba la actuación procesal de un grupo de parlamentarios como demandante y se reconduce la intervención de las Cámaras a una tarea más propia, es decir, un juicio político prejurisdiccional, siempre basado en las causas legalmente previstas, sobre la inconstitucionalidad de la actividad de un partido. El Gobierno podrá plantear de forma autónoma la demanda de ilegalización.

El acuerdo también alcanza a los otros dos aspectos discutidos hasta ayer. El proyecto sanciona el fraude de ley, en el que se incurrirá cuando el partido cambie de denominación o de personalidad jurídica para evitar que se tenga en cuenta su trayectoria anterior, acuerdo que zanja la confusa discusión que se había planteado -con evidente error- sobre la supuesta retroactividad de la ley. Por último, algunas de las causas de disolución previstas por el artículo 9 han sido matizadas para evitar interpretaciones extensivas, contrarias al principio de legalidad que debe imperar en toda pretensión sancionadora.

El resultado es un nuevo consenso político que imprime una dinámica inédita a la acción del Estado contra el terrorismo. Junto a la acción judicial y policial, se abre ahora una expectativa, desde el Estado de Derecho, que desmonta el tabú de la ilegalización del brazo político de ETA. La democracia española ya ha alcanzado un conocimiento empírico suficiente de lo que es ETA y Batasuna que le permite no seguir especulando con la imposible reconversión política de una banda terrorista irreversiblemente criminal, ni seguir engañada con las falsas expectativas creadas por un nacionalismo gobernante, cada día más identificado con la oprobiosa tarea de defender a un partido que apoya el terrorismo. El mensaje es muy claro para ETA, Batasuna y, en general, el nacionalismo vasco: la unidad democrática existe en torno a la Constitución y a los valores democráticos. Fuera de una y otros no sólo no es posible el acuerdo, sino que el Estado ha de asumir una política activa de defensa de la democracia, que no persigue a las ideologías ni a los votantes, sino las actividades partidistas que deterioran la convivencia y el régimen de libertades; actividades de apoyo, exaltación, justificación y apología de una violencia que mata e intimida.

El Gobierno y la oposición deben perseverar en la suma de nuevos apoyos a este proyecto de ley, más aún cuando ya ha generado un consenso político que refleja la voluntad manifiesta de la inmensa mayoría de los españoles. Este es un proyecto legal que es comprendido por la sociedad española, porque es necesario y porque sella una grieta del sistema jurídico por la que se escapaban impunemente continuas agresiones a la Constitución y a la democracia. Quedarse fuera de este consenso sería un acto de marginación voluntaria respecto de una iniciativa esencialmente democrática, aunque tendría un buen efecto clarificador.

En la burbuja pujolista
Por VALENTÍ PUIG ABC 15 Mayo 2002

EL efecto de un desvencijarse aparece en el pujolismo cada vez que se tensa el vínculo simbólico entre soberanistas y autonomistas. A veces equivale a contraponer inexperiencia política y tacto histórico pero no siempre. Acaba de ocurrir con la ley que propone el PP para ilegalizar a los partidos que den cobertura y justificación al terrorismo. En Convergencia se parte hacia la negociación con talante guerrero aunque quien vaya a cerrarla es -como casi siempre- Jordi Pujol. En otra escenificación del «reculer pour mieux sauter», Pujol ha dicho que consideraría legítima la convocatoria sobre la autodeterminación en el País Vasco.

La intriga del postpujolismo consiste en que su líder y fundador ha logrado sumar elementos de lo más heterogéneo en una burbuja que se autolegitima en el espacio y se autopropulsa en el tiempo. Lo más evidente en esta nueva fase política es que el catalanismo requiere un cambio de lenguaje pero debe ser una renovación endógena porque su actual componente nacionalista es de tal naturaleza conceptual que no puede aceptar energías exógenas. Hasta ahora sólo Jordi Pujol había sido capaz de suministrar lenguaje con la fertilidad semántica suficiente para que las mismas palabras significasen cosas distintas según casi cada segmento electoral.

Así se está produciendo una nueva contradicción: de una parte la sociedad -sobre todo, la urbana- resulta cada vez menos accesible al vocabulario nacionalista y por otra las cabezas pensantes del nacionalismo ni siquiera atisban el modo posible de renovar y actualizar su lenguaje. Saben que sólo pueden hacerlo ellos, y también pudieran darse cuenta de que a lo mejor no llegan a tiempo. Queda en todo caso el recurso al lenguaje del victimismo en demérito del lenguaje de la participación. Si fuese así, el siguiente episodio consistiría en una gradual dispersión del voto y una instalación del postpujolismo en mera supervivencia como vestigio de poder.

Frente al proyecto de la ley de Partidos, CiU está reaccionando como si todavía estuviéramos tanteando los campos sin trillar de la transición democrática, como si no se hubiesen firmado los pactos del Majestic, como si la memoria de las últimas décadas prácticamente no sirviese para nada. Si se aplican los métodos de la física, seguramente cabe hablar de una cierta inercia.

Bill Gates ha dicho que si la década de los ochenta tuvo que ver con la calidad y los noventa tuvieron que ver con la reingeniería, la década del 2000 tendrá que ver con la velocidad. Se puede aplicar también a los lenguajes de la política. Ha pasado mucho tiempo desde que los padres fundadores del catalanismo diesen definición a identidades y pertenencias. Fácilmente va a constatarlo el sucesor político de Pujol, Artur Mas, cuando tenga que recabar votos en la Cataluña del siglo XXI.

Para equipararse al pujolismo en capacidad de convocatoria no es suficiente con echar mano de un tanto por ciento de reticencia ante el Estado, otro porcentaje de participación sensata, una dosis de comunicación parlamentaria y las habituales cucharadas de «seny». Esa burbuja es irrepetible, por razones de idiosincrasia personal y de «tempo» histórico.

La sociedad del conocimiento también requiere una parte de activación en el nuevo lenguaje del catalanismo, del mismo modo que los conflictos y provechos de la inmigración determinan nuevas pertenencias y arraigos. A estas alturas nadie va a descubrir de repente y por las buenas que, más allá de los costes electorales, existen a su vez unos costes históricos.   vpuig@abc.es

Golpe a ETA en Madrid
Editorial La Razón 15 Mayo 2002

Las Fuerzas de Seguridad del Estado han asestado otro duro y significativo golpe a Eta con la desarticulación de uno de sus siniestros grupos de asesinos en Madrid. Anoche continuaba abierta la operación, pero se puede ya hablar de un gran éxito en la lucha antiterrorista por la captura de dos etarras a los que se considera autores de los últimos atentados perpetrados con coches bomba en Madrid. También como éxito hay que destacar que se ha impedido que pudiesen utilizar otro coche que tenían ya repleto de explosivos, para hacerlo estallar en breve.
Si la captura de un criminal es siempre una buena noticia, cuando son etarras quienes caen en manos de la Justicia la noticia es doblemente buena, pues se suma a las últimas detenciones realizadas en España y Francia y evidencia, además de haberse evitado nuevos crímenes, que la lucha contra Eta es posible. La banda se debilita cada día un poco más y se ve obligada a reforzar sus medidas internas de seguridad ante el acoso judicial.
La caída de este nuevo «comando Madrid» no pondrá fin a las actividades de Eta en la ciudad, pero prueba que se trabaja en el buen camino. La detención es también una inyección de moral para todos los ciudadanos y no sólo para unas Fuerzas de Seguridad a las que, si hay que agradecer su sacrificio, no debemos dejar de exigir, en todo momento y sobre todo el la lucha contra Eta, el máximo esfuerzo de coordinación en beneficio de los ciudadanos y del Estado de Derecho.

Tenían preparados un coche bomba con 40 kilos de dinamita y una bomba lapa para atentar antes de la cumbre / Guardaban 180 kilos de explosivos en un piso a 200 metros de la Audiencia y disponían de una lista de jueces
Desarticulado el nuevo comando que ETA había implantado en Madrid
Los detenidos Imanol Miner y Mikel San Argimiro pretendían hacer estallar un coche bomba antes del inicio de la cumbre Europa-América Latina del próximo fin de semana - Tenían 180 kilos de explosivos en un piso alquilado a 200 metros del Tribunal Supremo
FERNANDO LAZARO El Mundo 15 Mayo 2002

MADRID. Parecía una alerta más cuando la Policía Nacional avisó del robo de un vehículo en el madrileño barrio de Aluche. Ya advirtió de que podía ser obra de ETA. El aviso no falló. Ese coche fue uno de los tres localizados por las Fuerzas de Seguridad del Estado durante una operación que ha permitido desmantelar el nuevo comando que la organización terrorista había instalado ya en Madrid.

Los detenidos, Imanol Miner y Mikel San Argimiro, tenían ya preparados un coche bomba con 40 kilos de dinamita y una bomba lapa, que pensaban utilizar durante los próximos días, en vísperas de la cumbre de la UE con los jefes de Estado de Iberoamérica, que se celebra en Madrid a partir del viernes.

Los etarras habían logrado ocultar 180 kilos de explosivos, un subfusil y abundante documentación en un piso situado a poco más de 200 metros de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.Un tercer integrante del comando, Balbino Sáez Olarra, logró huir.

La operación se inició el pasado jueves. La Dirección General de la Policía envió una fax a todas las dependencias policiales y de la Guardia Civil alertando de la posibilidad de un atentado inminente.

Informaba de que presumiblemente tres etarras habían robado un Renault Clio, con matrícula M-3693-SC en el madrileño barrio de Aluche. En la misma comunicación se advertía de que los ladrones habían cambiado las matrículas y habían colocado en el vehículo, de color blanco, dos pegatinas: una con la bandera de España y otra con el escudo nacional.

Inmediatamente se organizaron dispositivos policiales encaminados a localizar este vehículo. La tarde del lunes, hubo ya indicios serios de que el vehículo se encontraba en el barrio de Vallecas.Posteriormente, se localizó aparcado en la calle Ramírez Tomé, en este barrio.

Los agentes elaboraron un dispositivo a la espera de que los etarras acudieran a recoger el coche. Sobre las 13 horas de ayer aparecieron los ahora detenidos, Manuel Miner Villanueva, y Miguel Guillermo San Argimiro, que fueron capturados por efectivos de la Guardia Civil.

Un tercero, Balbino Sáez Olarra, colaborador de ETA, ha logrado, por el momento, huir del dispositivo policial.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores localizaron en el mismo barrio otros dos vehículos utilizados por los integrantes del nuevo comando Madrid de la organización terrorista. En concreto, los coches incautados a los detenidos fueron tres: dos Renault Clio y un Renault 19.

Técnicos en Desactivación de la Policía Nacional analizaron los vehículos ante las fundadas sospechas de que contuvieran explosivos.En el primer Renault Clio, del que se conoció el robo e incluso existía una filmación del momento en el que los etarras le cambiaban la matrícula, había una bomba lapa. El segundo, según confirmaron en Interior, contenía más de 40 kilos de dinamita, de la robada por ETA en Francia, en una olla a presión. Fuentes de la lucha antiterrorista indicaron a EL MUNDO que el artefacto no estaba conectado y el temporizador tampoco tenía fecha.

El tercer vehículo contenía un gran número de matrículas dobladas, de las que ETA utiliza habitualmente para los coches bomba.

Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que ETA pretendía, probablemente, cometer hoy, día de San Isidro y fiesta en la capital del Estado, un atentado con la bomba lapa y, al día siguiente, con el coche de los 40 kilos de explosivos. De hecho, la carga de este vehículo estaba ya orientada, según estaba aparcado, hacia la acera, lo que hace sospechar a los expertos que el objetivo de esta acción era alguna persona en concreto.Las acciones iban a cometerse en vísperas de la Cumbre UE-Iberoamérica que se celebrará en Madrid a partir del viernes. Los efectivos localizaron también uno de los pisos utilizados por los terroristas.Este piso estaba en la calle Piamonte, número 17, en Madrid, en pleno centro de la capital. En esta vivienda, situada a escasos 300 metros de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y relativamente cerca también del Ministerio del Interior, los integrantes del comando Madrid disponían de 180 kilos de explosivos (90 de dinamita y 90 de cloratita), otros 20 de azufre, un subfusil, multitud de detonadores y abundante documentación que está siendo analizada. Incluye una lista de objetivos en la que había jueces y magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional y mandos militares del Cuartel General del Ejército.

Estas fuentes indicaron que la operación sigue abierta y que no se descarta que se pueda localizar más pisos utilizados por los integrantes de este comando. La búsqueda está siendo muy intensa, en Vallecas fundamentalmente.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, indicó ayer: «Tengo que felicitar, lo hago siempre, pero en esta ocasión si cabe con mayor intensidad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil». Y añadió: «La detención del comando Madrid en noviembre del 2001 fue producto del arrojo y del esfuerzo de la Policía Nacional, y también de la participación de un ciudadano, pero en esta ocasión un comando que habían reconstruido hacía unos meses y que ya había atentado pues se ha podido localizar lo cual dice mucho de la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», según informa desde Bruselas Elena Aljarilla.

Educación creará este mes un foro de apoyo a los profesores y alumnos amenazados
La Oficina de Víctimas, la Dirección de Derechos Humanos, la Universidad y la propia consejería integrarán el grupo
OLATZ BARRIUSO/VITORIA El Correo 15 Mayo 2002

El Departamento de Educación del Gobierno vasco pondrá en marcha en el plazo de «una o dos semanas» un grupo de trabajo específico que se encargará de elaborar un plan de medidas para respaldar a los profesores, alumnos y trabajadores de la Universidad vasca amenazados por ETA y su entorno. Así lo anunció ayer la consejera Anjeles Iztueta, que solventó con esta declaración de intenciones su comparecencia ante la comisión de Educación y Cultura del Parlamento vasco, solicitada por el PSE.

Tal y como la propia Iztueta había avanzado en el último pleno, se esperaba que concretase las iniciativas adoptadas por la consejería para paliar la falta de libertad en los campus de Euskadi, en respuesta a la resolución de la Cámara -respaldada el pasado 12 de abril por todos los partidos democráticos-, en la que se instaba a Educación a liderar un «pacto cívico» para amparar a los acosados, poner coto a la «impunidad» dentro de la institución académica y garantizar el regreso de los exiliados.

No obstante, y pese a la insistencia de la socialista Isabel Celaá, y del popular Iñaki Ortega, Iztueta no entró en precisiones y se limitó a adelantar la composición del foro, en el que estarán presentes la propia consejería, la Oficina de Atención a Víctimas y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, la UPV y las universidades privadas de Deusto y Mondragon si así lo desean. Según las previsiones del Departamento, la mesa -en la que no participarán los grupos parlamentarios aunque se «escuchará» su opinión-, podría concluir sus trabajos antes de verano y aplicar en la práctica las medidas adoptadas el próximo curso. La consejera precisó que las resoluciones del pleno de pacificación celebrado en septiembre pasado -aprobadas sólo con el respaldo del tripartito- constituirán «la base» sobre la que empezar a trabajar.

La intervención de Iztueta no satisfizo al PP ni al PSE, que consideraron «insuficiente»y «decepcionante» la aportación del Departamento y lamentaron que se excluya a los partidos del foro. Así, Celaá aportó dos propuestas propias: la creación de un «instituto democrático» para velar por la libertad en las aulas y la necesidad de que los medios de comunicación públicos «se mojen» en la cruzada. «En EITB se da más espacio a plataformas que apoyan a ETA que a contar lo que ocurre en la UPV», reprochó. Ortega, por su parte, acusó a Iztueta de justificar la «inacción» de su Departamento con la «excusa» de la discreción precisa al tratar materias de seguridad.

«La alternancia, estúpido»
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA/ El Correo 15 Mayo 2002

Los tres síes sobre los que el lehendakari basó su campaña electoral -sí a la vida y a los derechos humanos, sí al diálogo sin exclusiones y sí a lo que sobre sí mismos decidan los vascos- pasaron luego a constituir los tres pilares sobre los que se asientan tanto la coalición como el programa de gobierno. Parecería, por tanto, obligado que, al hacer ahora balance a un año de las elecciones, uno adoptara sin más aquellos tres compromisos programáticos como el criterio más honrado y objetivo para evaluar la acción gubernamental.

Así, según este procedimiento convencional, podría uno entretenerse en calificar, una a una, las tres asignaturas que se ha propuesto aprobar el Gobierno. Al sí a la vida y a los derechos humanos podría, por ejemplo, concedérsele un notable alto, habida cuenta de los pronunciamientos inequívocos que sobre el particular ha ido haciendo la coalición a lo largo de este último año. Nota más baja merecería, sin duda, el sí al diálogo sin exclusiones, si bien los acuerdos de última hora en torno a la protección de los ediles amenazados le asegurarían, al menos, un aprobado. Finalmente, por lo que se refiere al sí a la voluntad de los vascos, resultaría de todo punto imposible asignarle calificación alguna, toda vez que ni siquiera sabemos, a estas alturas de la legislatura, si habrá o no convocatoria de examen.

Sin embargo, a poco que se avance en este procedimiento, uno se da cuenta de que apenas contribuye a una correcta comprensión de lo que de verdad significan tanto la coalición como el programa de gobierno. La propia naturaleza de los síes, bien sea por su obviedad, en unos casos, bien por su ambigüedad o indescifrabilidad, en otros, los hace tan etéreos, tan escurridizos, tan inasibles, que ante ellos fracasa cualquier intento serio de valoración. Por otra parte, la función que a ellos les asigna el propio Gobierno los ha convertido, más que en compromisos programáticos cuyo grado de cumplimiento pudiera evaluarse, en tests o pruebas que la oposición debe superar para alcanzar el aprobado. En efecto, desde el mismo momento en que el Gobierno los considerara avalados en bloque por los votos de la ciudadanía el 13 de mayo del pasado año, los tres síes funcionan a modo de axiomas incuestionables que la oposición, no menos que el Gobierno, está obligada a asumir como propios, si quiere ponerse a tono con el sentir mayoritario de la sociedad. El programa del Gobierno pasa así a ser programa de la oposición, y a ésta, no a aquél, se le toma cuenta de su cumplimiento.

Con todo, a pesar de que la evaluación pormenorizada del cumplimiento de los tres famosos síes apenas aporte nada a la comprensión de lo que el Gobierno realmente hace y quiere hacer, en ellos radican muchos de los problemas que viene arrastrando la sociedad vasca. Bajo su inocente apariencia de axiomas de puro sentido común democrático -qué persona decente dirá no a la vida y a los derechos humanos, qué ciudadano responsable se negará a un diálogo abierto y sin exclusiones, qué demócrata coherente podrá oponerse a que una colectividad decida lo que quiere ser-, los tres síes ocultan los gérmenes de la deslegitimación institucional y de la división social que amenazan la convivencia en Euskadi.

En efecto, aparte de su carácter axiomático, los tres síes forman una especie de lote indivisible en el que cada uno de ellos depende de los otros para su correcta interpretación. Así los entiende el Gobierno. No puede tomarse uno de ellos y dejar de lado los demás. No puede decirse, por ejemplo, sí a la vida o aceptar el diálogo sin adherirse a la vez, y con el mismo fervor, al respeto de la voluntad de los vascos. De hecho, es este último sí, erigido en clave de bóveda, el que da sentido auténtico a los otros dos y sustenta todo el edificio. No se está dispuesto de verdad al diálogo si no se acepta de antemano lo que los vascos quieran de sí mismos y por sí mismos, y no se defienden en serio los derechos humanos si a los personales no se les añaden, en pie de igualdad, los colectivos. Los tres síes constituyen un lote, un todo compacto, que, o bien se toma en su conjunto, o bien se desecha de plano. Axiomaticidad, indivisibilidad e interdependencia son los tres rasgos que emponzoñan lo que a primera vista parecería inocuo.

Cuando, después de las elecciones, el lehendakari asumió los tres síes de la campaña como programa innegociable de su Gobierno, estaba ya predeterminando la actual coalición tripartita y abocándola a una permanente condición minoritaria. A través del tercer sí -qué hay de malo en ello-, introducía en su programa el núcleo más duro de la ideología nacionalista y aislaba a su Gobierno de la oposición. El fantasma de la autodeterminación acecha desde entonces a la sombra de cualquier otro posible acuerdo y hace que el diálogo abierto entre los partidos democráticos resulte tan difícil como de hecho está siendo, incluso en aquellas materias en que el consenso sería posible. No es que el Gobierno esté preparando -como se ha dicho- un segundo Lizarra, sino que el primero se le ha quedado adherido a su existencia a través de su compromiso programático. Este último, más que como un impulso para la acción gubernamental, está actuando como rémora que impide al Gobierno salir, mediante acuerdos concretos de gobernabilidad, de su situación minoritaria.

La formación de esta coalición y la asunción de este programa fueron, como es obvio, decisiones legítimas y bien pensadas. Vista la campaña que las había precedido, fueron, además, comprensibles y, en cierta medida, inevitables. Pero, a pesar de su legitimidad, de su comprensibilidad y de su cuasi-inevitabilidad, no fueron, en mi opinión, acertadas. Tuvieron más que ver con la euforia de un triunfo electoral sin precedentes que con la prudencia que aconseja la responsabilidad de asegurar, a largo plazo, la estabilidad institucional y la cohesión social en una comunidad dividida y aquejada, además, de un grave problema de violencia política. En su adopción, consideraciones dogmáticas sobre supuestos derechos irrenunciables se impusieron a otras más pragmáticas sobre conveniencia y oportunidad políticas. Salió victoriosa una concepción de la sociedad vasca que a duras penas se ajusta a los datos que arroja, elección tras elección, la dura realidad. El resultado ha sido, por el momento, aislamiento del Gobierno y atrincheramiento de la oposición. Lo contrario, en suma, de lo que algunos, sin duda ya trasnochados, todavía seguimos pensando. Pero, ¡para qué seguir machacando, a estas alturas, con conceptos tan improbables como el de la transversalidad!

Para qué, en verdad, si ya ni la oposición lo quiere. Nadie más interesado que los populares en que tal término ni siquiera se pronuncie. Nadie tampoco más acomplejado que los socialistas por haberlo puesto en práctica durante doce años en el pasado y verse obligados ahora a rendir cuentas de ello ante los más intransigentes de sus compañeros y acompañantes. Nadie, en fin, más susceptible que los nacionalistas por temor a que su retorno suponga la vuelta a un pactismo vergonzante. «La alternancia, estúpido» será el lema de los asesores de la próxima campaña. Hasta que las municipales nos devuelvan otra vez a la dura realidad.

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