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Recortes de Prensa     Jueves 16 Mayo  2002
Eficacia policial y acción política
Editorial ABC 16 Mayo 2002

PIERDEN ETA Y BATASUNA, GANA LA DEMOCRACIA
Editorial El Mundo 16 Mayo 2002

Partidos prohibidos
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 16 Mayo 2002

Consenso necesario
Editorial El País 16 Mayo 2002

Oprobioso Estado español
Cartas al Director ABC 16 Mayo 2002

La Policía detiene a seis individuos acusados de proporcionar datos a ETA
ABC 16 Mayo 2002

Capturado cerca de Lyon un etarra; otro consiguió huir
 J. S. L.  ABC 16 Mayo 2002

Ibarretxe dará 4,6 millones de euros a AEK, que Garzón vincula con ETA
ABC 16 Mayo 2002

La Policía recupera prestigio
Lorenzo CONTRERAS La Razón 16 Mayo 2002

Mejora de ley
Editorial El Correo 16 Mayo 2002

Cultura anuncia que el Instituto Cervantes y el ICI se unirán en breve en un único organismo
Libertad Digital 16 Mayo 2002

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Eficacia policial y acción política
Editorial ABC 16 Mayo 2002

En los primeros cuatro meses y medio de este año, las Fuerzas de Seguridad del Estado han desarticulado siete comandos de ETA, han desmantelado dos de sus tramas -la rama juvenil (Segi) y la red financiera controlada por Batasuna- y han detenido a 91 integrantes o colaboradores de la banda terrorista. En el mismo período, las autoridades francesas han detenido a otros diecinueve, han extraditado a dos y han entregado temporalmente a uno para su enjuiciamiento por los Tribunales españoles. Estos datos desmienten por sí solos la falacia de que la vía policial es inútil para acabar con ETA. Puede que no sea suficiente y que precise el desarrollo de otras políticas -como la futura ley de Partidos Políticos-, pero desde luego es imprescindible para lograr todos los objetivos legítimos de la lucha antiterrorista. Por un lado, la derrota operativa de ETA está más cerca cada vez que las Fuerzas de Seguridad detienen comandos, desmantelan infraestructuras y se incautan de armas y explosivos. Si las acciones policiales, además, se encadenan gracias al impulso de una información inmediata y directa sobre las actividades terroristas y de una cooperación internacional consolidada, ETA ve reducida progresivamente su capacidad de reacción. Decir esto no es menospreciar el tesón asesino de esta banda, sino simplemente constatar que ETA está siendo cercada. Es la única conclusión a la que se puede llegar cuando en menos de veinticuatro horas, la Policía y la Guardia Civil detienen a dos integrantes del «comando Madrid» y a seis colaboradores del «comando Aranba» (integrado en el «complejo Donosti»), localizan un piso y tres coches e intervienen 250 kilos de explosivo en la capital de España. Por si fuera poco, la Policía francesa detuvo también a un presunto terrorista en la localidad de Annonnais.

Por otro lado, que ETA pierda terreno hasta ser erradicada es la única condición que verdaderamente facilita el diálogo político entre los partidos vascos, porque sólo con menos violencia, con menos terroristas en libertad, con menos cómplices del terror, es posible reinstaurar la igualdad política entre nacionalistas y no nacionalistas y medir con verdadera libertad el alcance de los proyectos de unos y otros. La proximidad de este resultado está provocando, sin embargo, más preocupación que ilusión en el nacionalismo vasco. Un año después de ganar las elecciones autonómicas, Ibarretxe y su partido podían haber asfixiado políticamente a Batasuna y a ETA, pero la expectativa de que esta banda terrorista sea derrotada a cambio de nada ha reavivado, como en 1997, la solidaridad nacionalista. Los últimos acontecimientos -acción judicial contra Batasuna, detención de comandos, consenso con la ley de Partidos- han trazado una línea divisoria muy nítida entre quienes quieren la derrota de ETA y quienes quieren otros objetivos. El nacionalismo vasco y sus medios reclamaban medidas políticas y unidad democrática y ya están sobre la mesa unas y otra; por un lado, la ley de Partidos Políticos; por otro, el consenso entre el PP y el PSOE. La diferencia radica en los objetivos, y en este apartado es evidente que el lendakari Ibarretxe -cuya respuesta a las acciones contra ETA y Batasuna es llevar la «ilegalización de las ideas» a la Mesa en Defensa de la Pluralidad- tiene unas prioridades entre las que no se encuentra la derrota de ETA.

PIERDEN ETA Y BATASUNA, GANA LA DEMOCRACIA
Editorial El Mundo 16 Mayo 2002

El Estado de Derecho ha asestado esta semana dos importantes golpes a la banda terrorista ETA y su entorno. En el terreno policial, con las detenciones de dos peligrosos miembros del comando Madrid a las que ayer se añadieron otros seis capturados en Guipúzcoa; y en el político, con el acuerdo al que han llegado Gobierno y PSOE, al que se sumarán CiU y CC, sobre la Ley de Partidos, que permitirá al Tribunal Supremo ilegalizar Batasuna.

Después de una temporada de tiras y aflojas, populares y socialistas pactaron el martes las enmiendas que se incorporarán al proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes. Como ayer subrayó el ministro de Justicia, Angel Acebes, sería un error analizar este acuerdo en clave de ganadores o perdedores. Ambos interlocutores han cedido en sus posiciones, demostrando que los dos partidos mayoritarios comparten lo esencial. Esto es, el combate sin tregua de la democracia, con la ley en la mano, contra el entorno terrorista del cual, indiscutiblemente, forma parte Batasuna. Así pues, con el proyecto que será aprobado por el Parlamento únicamente con el voto en contra del PNV, IU y el Grupo Mixto ganan la democracia y la libertad y pierden ETA y su brazo político.

El análisis del texto acordado por PP y PSOE permite concluir que se ha mejorado el proyecto inicial, por ejemplo en la polémica cuestión de la retroactividad de la ley, que había suscitado algunas dudas en medios jurídicos. Los comportamientos de Batasuna anteriores a la entrada en vigor de la ley serán utilizados como elemento corroborativo de los vínculos de la organización con ETA en el proceso de ilegalización.

Otro tema conflictivo, el referido a la instancia adecuada para promover la ilegalización ante los tribunales, también ha sido resuelto con inteligencia. Serán el Gobierno o el Ministerio Fiscal, como pedía el PSOE, pero el Parlamento instando al Ejecutivo la declaración de ilegalidad también podrá intervenir en el procedimiento, como quería el PP.

La perseverancia de Rodríguez Zapatero ha logrado, asimismo, que el Gobierno acepte precisiones importantes en las causas de disolución de un partido contenidas en el texto inicial y que podían interpretarse como una penalización de ideas y no de comportamientos. Precisamente este cambio es el que ha llevado a CiU a sumarse al consenso. Arzalluz arremetió ayer contra los nacionalistas catalanes, seguramente porque su respaldo al proyecto deja aislado al PNV, que ya no podrá echar mano de sus argumentos victimistas.

Partidos prohibidos
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 16 Mayo 2002

Se insiste mucho estos días, a propósito de la ilegalización del brazo político legal de ETA, en que la nueva Ley de Partidos no trata de prohibir ideas sino conductas. Pero se trata de un equívoco peligroso, porque las ideas políticas están abocadas a su desarrollo en actos, son por sí mismas transitivas y no intransitivas, como la fe religiosa, por ejemplo, que puede nacer y morir en el interior de cada cual sin influir en la vida de sus prójimos, ni siquiera de sus vecinos de escalera. O sea, que conviene matizar pero no distinguir radicalmente lo que suele ser causa o concausa y efecto. También se repite mucho eso de que «el pensamiento no delinque», pero lo cierto es que hay expresiones de pensamiento prohibidas en España, como algunas de las tradicionalmente consideradas de extrema derecha y que hoy comparte una buena porción de la extrema izquierda, por ejemplo, el antisemitismo.Que, como sucede con los rebautismos de Batasuna, no por denominarse antisionismo deja de ser una ideología racista con vocación genocida y acreditada práctica criminosa y criminal. También hay precedente legal: la querella de Violeta Friedman Contra León Degrelle por poner en duda el Holocausto. Yo rechazo la persecución de libros mientras no pasen de las librerías, pero conste que en España se ha cerrado una librería filonazi en Barcelona. Y con muchos menos delitos a cuestas que el brazo político de la ETA.

Lo que pasa es que a cierta izquierda cerrar una librería con material bibliográfico nazi le parece muy bien pero privar de apoyo legal a la rama propagandística de ETA le parece, como al PNV, muy mal. Llamazares ha dicho que Aznar «ha anunciado la prohibición de un partido político». Lo cual es llevar demasiado lejos incluso el nivel de mendacidad habitual. Que yo sepa los partidos políticos no son o no deben ser aparatos delictivos dedicados a la preparación de crímenes o al blanqueo de fondos provenientes del chantaje para prepararlos. Considerar que las actividades de la rama política de ETA son propias de un partido político equivaldría a considerar a todos los políticos delincuentes comunes. Y aunque sin duda Llamazares tiene al respecto más información de primera mano que yo, me niego a aceptarlo. Donde sí se prohíben los partidos políticos es en el país «modelo de referencia para Euskadi», según Madrazo y Llamazares, que es Cuba. Allí, sí.Prohibidos todos menos el comunista, el del pistolón, la tortura, la cárcel y el paredón. Con Cuba como referencia, no es raro que Llamazares vea normal que en el País Vasco los partidos condenados a la clandestinidad real y de hecho prohibidos bajo pena de muerte para sus representantes, sean los partidos españoles, a los que asesinan los nacionalistas terroristas con la pasividad cómplice de sus compañeros de viaje, PNV-EA e IU EB. De esa prohibición de los partidos políticos de verdad es de lo que debería preocuparse el PCE, si su modelo político fuera el español y no el castrista euskaldún.

Consenso necesario
Editorial El País 16 Mayo 2002

Era esencial que populares y socialistas llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de Ley de Partidos, y es particularmente importante que se haya incorporado a este consenso el nacionalismo catalán de CiU. PP y PSOE estaban obligados a ello por su pacto antiterrorista y también por puro sentido de la responsabilidad. Una ley que incide en las reglas de juego democráticas, que se ha presentado como instrumento para la ilegalización de Batasuna y que cuenta de saque con la oposición frontal de los partidos nacionalistas vascos, nacería con una enorme debilidad si contase con el exclusivo apoyo del partido del Gobierno.

El acuerdo ha sido posible porque éste no ha llevado hasta el final la actitud de desprecio hacia el consenso evidenciada en pronunciamientos que más parecían destinados a empujar a Zapatero a romper la baraja. El planteamiento parecía ser que si había acuerdo, bien, y si no lo había, mejor: el PP se quedaría solo en la defensa de un objetivo que goza de un amplio apoyo social. Sin embargo, es evidente que si la ley es recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como ha insinuado que está dispuesto a hacer el PNV, tendrá mejor defensa si cuenta con el aval de Gobierno y oposición que sólo con el del PP.

Finalmente serán las cámaras en cuanto tales -sus mayorías, por tanto- quienes puedan instar la ilegalización de un partido. Pero lo harán a través del Gobierno, que deberá oficializarla tras deliberación del Consejo de Ministros. Se trata con ello de evitar la impresión de que un partido pueda solicitar al poder judicial la prohibición de otro. El razonable acuerdo sobre la cuestión de la retroactividad ha permitido el consenso y favorecido la incorporación al mismo de los nacionalistas catalanes.

La ley se justifica -en lo relativo a las causas de disolución- por la necesidad de impedir que se beneficien de las ventajas de la legalidad organizaciones que forman parte del entramado terrorista y de evitar, al mismo tiempo, que el efecto sea prohibir fines o ideas. En teoría ello se puede conseguir por la vía penal. Pero en la práctica esa vía ha resultado por el momento inoperante y, en todo caso, no es incompatible con la existencia de otra que se proponga el mismo fin desde la perspectiva de la defensa de los principios democráticos desde las instituciones. Las modificaciones planteadas por los socialistas y aceptadas por el PP aspiran a dejar sin fundamento los temores de quienes han dicho que se trata de 'criminalizar las ideas' o que 'hoy van contra Batasuna y mañana vendrán a por nosotros'.

Oprobioso Estado español
Cartas al Director ABC 16 Mayo 2002

Las víctimas andaluzas del terrorismo etarra no han sido pocas, aunque pocos las recuerden; no me refiero a los políticos, que a ellos sí nos los recuerdan, sino a los militares, guardias civiles y policías, brutalmente asesinados en un tiempo en que sus muertes eran una especie de tributo que debíamos pagar para aplacar las iras de una raza superior eternamente agraviada. Fue un tiempo en que sin apenas oraciones ni funerales, los cadáveres de las víctimas eran remitidos a sus pueblos de forma vergonzosa como si ellos fuesen los asesinos y no los asesinados; un tiempo en que sus familiares carecieron de una palabra de consuelo de los nacionalistas vascos, acostumbrados a administrar el silencio, la ambigüedad y la indiferencia ante la muerte de ciudadanos no vascos. ¿Quién se acuerda ya de aquellas víctimas salvo sus familiares y amigos? No sé qué sucederá en los corazones de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, cuando llegan las fiestas de su ciudad. No sé si les quedarán ganas de divertirse o si se sienten culpables por intentarlo.

Entre las fotos publicadas de los ilustres visitantes que vinieron a la pasada Feria de Sevilla, aparecía la de un señor paseándose plácidamente en coche de caballos y asistiendo a los toros en la Maestranza. Se trataba de José Antonio Ardanza, preboste del PNV y lendakari del Gobierno vasco en los terribles días de Ermua. Después de comprarse una buena casa en Marbella, parece que también ha descubierto la Feria de Abril. Pese a lo mucho que padecen al ver sus calles manchadas con sangre de un Rh contaminado, son capaces de perdonarnos y disfrutar en este rincón del oprobioso Estado español.      Miguel Ángel Loma.   Sevilla.

La Policía detiene a seis individuos acusados de proporcionar datos a ETA
ABC 16 Mayo 2002

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo ayer una operación de «limpieza» contra ETA en Guipúzcoa que se ha saldado con la detención de seis individuos acusados de pasar información sobre posibles objetivos al «comando Aranba», desarticulado en octubre.

MADRID. Esta nueva operación contra ETA fue llevada a cabo durante la madrugada de ayer y se extendió a las localidades de Éibar, Fuenterrabía y Deva, donde se practicaron las detenciones y se efectuaron los registros en las viviendas de los de los arrestados.

Según el Ministerio del Interior, en Éibar fueron detenidos Unai Arana Berasain, Aitor Abanzabalegui Aranguren, ambos de 26 años, Virginia Arrazola Garmendia, de 30, y Antonio Aldalur Irigoyen, de 46, mientras que en Fuenterrabía lo fue Iker Abanzabalegui Baskaran, de 26 años. Finalmente, en Deva se procedió al arresto de Gorka Etxaniz Soraluce, de 29 años.

Atentar en la comarca de Éibar
La operación se encuadra en las investigaciones que el 17 de octubre del pasado año permitieron la desarticulación del «comando Aranba» y la detención de sus dos activistas «liberados», Roberto Lebrero Panizo y Luis Mariñelarena Garcíandia, además de siete colaboradores.

Según se informó entonces, Lebrero y Mariñelarena habían sido enviados por la dirección de ETA para establecer un «comando» que tuviera su ámbito de actuación en la comarca guipuzcoana de Eibar, una zona que la banda criminal parecía haber «olvidado» en los últimos años.

La desarticulación del «comando Aranba» se llevó a cabo cuando había perpetrado un atentado, la destrucción con explosivos de una discoteca situada en la localidad navarra de Lacunza.

Las investigaciones desarrolladas durante las semanas previas a la desarticulación del «comando Aranba» permitieron a la Policía detectar contactos de los «liberados» con algunos individuos que en aquel momento no fueron detenidos.

Lista de objetivos
El director general de la Policía, Juan Cotino, manifestó ayer que los ahora arrestados no pertenecían al «comando» aunque se sospechaba que habían pasado información a la organización terrorista sobre posibles objetivos.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con orden del juez Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, registraron los domicilios de los arrestados en los que se incautó documentación que está siendo analizados por los expertos en la lucha antiterrorista.

Los seis detenidos fueron trasladados ayer mismo a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, a la espera de ser puestos a disposición judicial en los próximos días.

Capturado cerca de Lyon un etarra; otro consiguió huir
 J. S. L.  ABC 16 Mayo 2002

MADRID. La Policía francesa ha detenido en Annonais (cerca de Lyon) a un etarra que iba armado con una pistola. Se desconoce por el momento la identidad del capturado, que iba acompañado por otra persona que logró darse a la fuga. Sus huellas han sido enviadas a España para cotejarlas con las reseñadas en los archivos de las Fuerzas de Seguridad.

El arresto fue llevado a cabo por agentes de la Seguridad Pública de Annonais que estaban realizando una patrulla ordinaria sobre las doce de la noche del martes. Los policías observaron la presencia de dos individuos que estaban examinando un coche estacionado, por lo que se acercaron para identificar a los dos hombres al sospechar que pretendían sustraer el turismo.

Al darse cuenta de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero los agentes capturaron a uno de ellos, mientras el segundo lograba darse a la fuga. El detenido iba armado con una pistola y llevaba documentos falsos de identidad.

Además, la Policía descubrió un coche utilizado por los dos miembros de ETA. Se trata de un Renault 19 en cuyo interior se encontraron placas de matrícula falsificadas, así como «ziriak» o «sacacorchos», una herramienta fabricada por la banda terrorista para el robo de coches. El detenido fue conducido a dependencias policiales y de las investigaciones se ha hecho cargo la División Nacional Antiterrorista.

Las circunstancias en las que se produjo esta detención son idénticas a las que el pasado 2 de mayo permitieron la captura en Niort de cinco miembros de ETA, entre ellos Javier Abaunza.

Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado a distintos juzgados a que soliciten al Gobierno la extradición de Abaunza por su presunta participación en el asesinato, en febrero de 1997, del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador y por captación de terroristas. El etarra está procesado desde 1998 por los delitos de pertenencia a banda armada, asesinato y tenencia ilícita de armas; delitos penados con hasta 45 años de prisión. Solicita también la extradición de Anartz Oyarzábal, detenido en Niort. Asimismo, pide la extradición de Ainhoa Barbarín y Javier Zabalo, detenidos en Francia el 31 de enero y relacionados con la preparación de coches bomba en los atentados de los aeropuertos de Málaga Barajas y un hotel de Salou.

Ibarretxe dará 4,6 millones de euros a AEK, que Garzón vincula con ETA
ABC 16 Mayo 2002

La coordinadora o academia de euskera AEK, cuyas cuentas han estado intervenidas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hasta diciembre de 2001 por presunta vinculación con ETA, recibirá este año una subvención de 4,6 millones de euros (764,79 millones de pesetas) del Gobierno vasco. Garzón la incluye entre las «grandes empresas» de ETA-KAS.

MADRID. La Consejería de Cultura del Gobierno vasco establece que se entregarán 4,6 millones de euros a AEK por los cursos impartidos durante el curso 2000/2001 y dentro del capítulo de ayudas que se conceden a los «euskaltegis privados y a los centros vascos-euskal etxeak». La resolución del Gobierno vasco, suscrita a mediados de abril y que se ha hecho oficial a comienzos de mayo, establece que la coordinadora recibirá subvenciones para sus delegaciones de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, informa Servimedia.

Para la delegación bilbaína, el Ejecutivo vasco concede 2,9 millones de euros (483 millones de pesetas), para la donostiarra, 1,1 millones de euros (177,2 millones de pesetas) y para la de Vitoria 628.270,4 euros (104,5 millones de pesetas).

«Proyecto Udaletxe»
AEK recibirá estas ayudas públicas poco después de que el juez Baltasar Garzón la haya vuelto a relacionar con el proyecto financiero diseñado por ETA (Proyecto Udaletxe) en la resolución, dictada el pasado 3 de mayo, con la que ordenó el ingreso en prisión diez miembros de Batasuna. En esa resolución, el juez sostiene que «se definen como grandes empresas» de ETA-KAS las siguientes: AEK, «estructurada en el ámbito de actuación del Frente Cultural» de la organización terrorista; Herri Batasuna, integrada en el Frente Político-Institucional; y Gestoras pro Amnistía, parte de la estructura del Frente de Masas.

En noviembre de 2000, Garzón aseguraba en otro auto que AEK y su sociedad instrumental Galgaraka estuvieron hasta 1998 «controladas por miembros liberados de KAS e insertadas en sus órganos directivos». Además, AEK habría contribuido a financiar otras organizaciones del entorno de ETA como la sociedad Orain, propietaria del diario «Egin», y la organización juvenil Jarrai, y habría pagado el sueldo a miembros de Batasuna, como Arnaldo Otegi. «Egin» ha sido cerrado y las actividades de Jarrai declaradas ilegales por Garzón.

La Policía recupera prestigio
Lorenzo CONTRERAS La Razón 16 Mayo 2002

Cuando más arreciaban, por motivos fundados, las críticas contra la ineficacia o insuficiencia de la Policía Nacional, y hasta se pedía la destitución del director general del Cuerpo, Juan Cotino, he aquí que la institución, en colaboración con la Guardia Civil, se apunta un éxito en la lucha contraterrorista, es decir, en otro campo menos específico de lo que se entiende como inseguridad de las ciudades, entre ellas, de modo especial, Madrid. Las detenciones de activistas de la banda en Madrid, con la enésima desarticulación del comando que lleva el nombre de la capital, y en Eibar y Fuenterrabía, han evitado importantes estragos y posibles víctimas. Al mismo tiempo, PP y PSOE se han puesto de acuerdo sobre la Ley de Partidos Políticos, orientada a la deslegalización de Batasuna. Al final, ha prosperado el proyecto de que haya una intervención mayoritaria del Parlamento ¬Congreso o Senado¬ en la decisión de poner al brazo político (y no tan político) de Eta fuera de la ley. Como dijo hace días Esperanza Aguirre, presidenta del Senado, en la conferencia parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en Zagreb, «los parlamentos de los países europeos están llamados a ser, por su propia naturaleza, los primeros defensores de la libertad frente a la amenaza totalitaria (del terrorismo). Y en esta tarea tenemos que permanecer siempre en estado de máxima alerta».

La vieja cuestión del funcionamiento policial, sus descoordinaciones con otros estamentos que velan por la seguridad e incluso con los escoltas privados, han situado al Cuerpo en trance de merecer severos reproches. La multiplicación de vigilancias que a veces originan peligrosas confusiones por responder a autoridades distintas, acentúan el problema. Y no se trata sólo de la relación con la Ertzaintza, que parece haber mejorado algo. Ocurre también que la gravitación ambiental de la amenaza terrorista ha provocado en Madrid confusiones pintorescas, como fue hace pocas fechas el caso de un revuelo en torno a una dependencia judicial cuando alguien que inspiró sospechas apareció en un coche por las inmediaciones, hasta que los alarmados escoltas comprobaron la identidad del personaje, que resultó ser simplemente el compañero sentimental de un miembro del mundo togado.
En todo caso, es alentador que el máximo productor de peligros, el terrorismo etarra, haya sufrido este último descalabro, sumable a lo que representa, entre tanta frecuente descoordinación, esa última «coordinación» política de la Ley de Partidos. Un entendimiento previsible a la luz de lo que supone, en medio de los inconvenientes, meter en cintura a la banda y hacer primar, por tanto, las ventajas de arrebatarle una presencia institucional adulterada por los fines y objetivos de quienes las disfrutan bajo cobertura democrática.

Mejora de ley
Editorial El Correo 16 Mayo 2002

El acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE en torno al contenido de la nueva Ley de Partidos y la sintonía alcanzada con CiU -que permitirá la incorporación de las aportaciones del nacionalismo catalán al texto legal- supone una mejora sustancial de su articulado en la medida en que la redacción resultante despejará cuantas dudas razonadas ha suscitado la iniciativa desde el punto de vista de su constitucionalidad y de su idoneidad jurídica.

Al inicio de su tramitación parlamentaria, la nueva ley cumple con uno de los requisitos fundamentales de una norma orgánica llamada a regular la actuación de los partidos políticos en una democracia parlamentaria: cuenta con un amplio consenso entre los mismos. Las modificaciones acordadas ofrecen, por otra parte, un sesgo más positivo que restrictivo a una ley que, además de prever las posibles vulneraciones del comportamiento democrático a que se deben las formaciones inscritas en el correspondiente registro, ha de explicitar la naturaleza democrática del sistema de partidos. En contra de lo que sus detractores insisten en denunciar, únicamente un propósito prejuicioso podría hallar en su articulado señal alguna de restricción respecto a la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación ciudadana.

Hubiera sido deseable que los límites entre la libertad y la intolerancia extrema fuesen definidos por los comportamientos tipificados como delito en el Código Penal. Pero tal supuesto sería propio de cierta normalidad, de una situación en la que la diferencia entre la libertad y el crimen fuera tan nítida que no hubiera posibilidad alguna de que los apologetas del terror se aprovecharan de la legalidad para erosionarla y tratar de derribarla. Sin embargo, el acoso terrorista contra la vida y los derechos de los ciudadanos vascos y del resto de los españoles conforma una trama de complicidades, cínicas connivencias y organizaciones sectarizadas que obligan al poder legislativo a acompañar la ley penal con normas que permitan a los tribunales suspender el arrope legal con que puedan actuar aquellos grupos que coadyuven al establecimiento de comportamientos fanáticos, racistas o a la persecución terrorista de sus conciudadanos.

Uno de los aspectos más destacables de las modificaciones introducidas para que la nueva Ley impida «que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia, o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas» es que el texto despeja, si cupiera alguna duda, toda sombra de aplicación retroactiva de las previsiones de suspensión de la actividad partidaria. Ello no implica únicamente que la nueva Ley guardará coherencia con el artículo 9.3 de la Constitución. Además, en la medida en que la actuación «reiterada y grave» sobre la que podrá instarse un procedimiento de suspensión judicial -aun teniendo en cuenta antecedentes análogos- habrá de darse con posterioridad a la promulgación de la Ley de Partidos, su contenido constituye la explicitación de una exigencia que la sociedad misma traslada a cuantas formaciones puedan sentirse concernidas por la iniciativa para que cambien de proceder.

De ahí que la reacción del nacionalismo gobernante en Euskadi resulte improcedente y errónea. Porque lejos de urgir a la izquierda abertzale para que se avenga a respetar en su comportamiento los límites que la defensa de la democracia y la libertad imponen a las organizaciones políticas, lejos de reprochar a Batasuna su provocadora inclinación a recrudecer con su ignominioso discurso el dolor que tantas y tantas personas padecen a manos del terrorismo, están convirtiendo su extraña versión de la pluralidad en una coartada al servicio del inmovilismo radical. No hay ninguna cláusula, ni en la nueva norma ni en ningún otro precepto legal, que impida o coarte la existencia de organizaciones políticas que pretendan la independencia de Euskal Herria y la unificación territorial de Euskadi con Navarra y el País Vasco francés, siempre y cuando su expresión pública o sus propias estructuras no se conviertan en una cobertura permanente del terror y la persecución hacia sus adversarios políticos. Más allá de las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario, la actitud que está mostrando el PNV, pretendiendo defender la libertad con gestos de solidaridad hacia los liberticidas, constituye una torpeza que no encuentra justificación ni siquiera en la obcecación que le induce su confrontación con el PP.

Cultura anuncia que el Instituto Cervantes y el ICI se unirán en breve en un único organismo
Libertad Digital 16 Mayo 2002

El secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, anunció este jueves en el Senado que el Instituto Cervantes y el Instituto de Cooperación Iberoamericana se unirán próximamente para difundir la lengua española en el exterior. El nuevo organismo funcionará bajo el epígrafe “Cervantes”.

Hasta ahora los Instituos Cervantes actúan en los países que no son de habla española y los Institutos de Cooperación Iberoamericana (ICI) actúan en países de habla española. “Les adelanto que hay planes a corto plazo de integración de estas dos unidades”, dijo De Cuenca. Según de Cuenca, esta unión "probablemente será un hecho en breve. No tiene sentido de que exista un Instituto Cervantes en Buenos Aires, como si el Cervantes no sirviera para el ámbito iberoamericano”.

En la Comisión, Luis Alberto dijo que "cualquier esfuerzo que podamos hacer por difundir la lengua española en espacios como Estados Unidos será siempre insuficiente. Nuestro principal activo es la lengua. Tenemos que implementar al Instituto Cervantes en lo que necesite. Me consta que los Institutos Cervantes en Norteamérica están realizando una labor extraordinaria, pero no cabe duda de que cualquier cosa que podamos hacer por defender el espacio del español en aquella región que es una de las mejores en que podemos desarrollarnos. Aumentar el número de hablantes será siempre bien recibidos". También se declaró partidario de mejorar en países como Filipinas o las Islas Marianas, donde existe un habla llamada 'chamorro', de raíz hispana.

De Cuenca señaló que nunca se hará suficiente sobre la posibilidad de Internet en español, donde el inglés ha invadido la red. "Cada vez --agregó-- tenemos que buscar más presencia del español en la red en colaboración con las repúblicas iberoamericanas. No olvidemos que México, con más de 100 millones, es el país con más presencia del español en el mundo".

Otro aspecto destacado por el secretario de Estado de Cultura en su intervención fue el proyecto de crear la 'Gran Biblioteca Digital de Iberoamérica y del Caribe', que posteriormente se difundirá a través de Internet, con lo cual se acerca la cultura común a las poblaciones de todos los países de nuestra comunidad iberoamericana.

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