AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 22 Mayo  2002
Poder Judicial y nacionalismo
Editorial ABC 22  Mayo 2002

Celeridad máxima

Editorial El Correo 22  Mayo 2002

Mr. Pujol
Román Cendoya La Razón 22  Mayo 2002

Castro-Ibarreche, amistad indecente
Editorial La Razón 22  Mayo 2002

Pujol y la cosoberania
Francisco MARHUENDA La Razón 22  Mayo 2002

Pujol reta al Gobierno y mantiene la constitución de su Consejo de Justicia

E. BARRERA ABC 22  Mayo 2002

Acebes reforzará al Supremo e impedirá a las autonomías tener Poder Judicial propio
MARIA PERAL El Mundo  22  Mayo 2002

Sociedad vasca entre síndromes
Pablo A. Mosquera Mata es secretario general de Unidad Alavesa La Razón 22  Mayo 2002

Cardenal pide imputar a Josu Ternera como inductor de 10 asesinatos

El Mundo 22  Mayo 2002

Milhombres y la soberanía compartida
RAUL DEL POZO El Mundo 22  Mayo 2002

Juaristi: «No tiene sentido que enseñemos español en países donde ya se habla»

Gregorio García Maestro - Madrid.- La Razón 22  Mayo 2002

Radicalismo insensato

RAFAEL AGUIRRE El Correo 22  Mayo 2002

No se ha podido consultar la edición de La Estrella

Poder Judicial y nacionalismo
Editorial ABC 22  Mayo 2002

La compleja relación que los nacionalismos gobernantes quieren establecer con la Justicia tendrá hoy un episodio más en el Consejo General del Poder Judicial, que aprobará la propuesta de su presidente, Francisco Hernando, de no designar a los tres vocales que le corresponden en el llamado Consejo de Justicia de Cataluña. La razón de la propuesta de Hernando es que el Gobierno central ha requerido al Ejecutivo catalán para que retire el Derecho regulador de este nuevo organismo, como paso previo a un conflicto ante el Tribunal Constitucional. La expectativa de un contencioso entre ambas administraciones es un motivo más que suficiente para que el CGPJ no dé carta de legalidad a la iniciativa del Gobierno catalán, participando en la composición de tan peculiar Consejo de Justicia. En este sentido, el Gobierno central ha hecho suyas las objeciones que formuló el CGPJ cuando informó el pasado año sobre el proyecto del decreto regulador presentado por la Generalitat. Entonces manifestó que el Consejo de Justicia catalán invadía competencias del propio CGPJ y creaba una apariencia muy peligrosa de relaciones entre jueces y autoridades políticas.

Al margen de estas consideraciones competenciales, que afectan al principio de unidad jurisdiccional establecido por la Constitución, tanto el Gobierno central como el CGPJ tienen el deber de tratar con precaución este tipo de iniciativas, porque se enmarcan en la estrategia general de los nacionalismos de disputar al Estado el control de la Administración de Justicia. Los antecedentes, tales como la inmersión lingüística de la actividad judicial, la propuesta de Consejos autonómicos o la fracasada supresión de los cuerpos nacionales de funcionarios, confirman que el interés de los nacionalistas sobre la Justicia corre paralelo a sus reivindicaciones de mayor autogobierno o incluso de soberanía.

Celeridad máxima
Editorial El Correo 22  Mayo 2002

La Comisión Técnica de Seguridad, constituida por decisión del foro de partidos democráticos convocado por el lehendakari Ibarretxe el pasado 22 de febrero, dio por concluida ayer la tarea encomendada en aquella ocasión. Sus conclusiones responden de forma razonable al propósito de su creación: garantizar al máximo la seguridad de los concejales, el desempeño ordinario de sus responsabilidades y el funcionamiento pleno de las instituciones locales. Sin embargo, la toma de decisiones en este terreno sigue lastrada por una extraña parsimonia que ni siquiera se justifica por la existencia de profundas discrepancias y desconfianzas entre los partidos políticos. La reunión de ayer se celebró justo tres meses después de la cita de Ajuria Enea, aunque el contenido de sus conclusiones se había ultimado ya el pasado 9 de mayo. Sin embargo, las resoluciones de la Comisión Técnica deberán ser ratificadas por un nuevo encuentro al más alto nivel que corresponde al lehendakari convocar. Y se supone que en esa reunión se concretará el procedimiento que deberá seguirse para convertir la prolija serie de modificaciones legales y normativas previstas en iniciativas a las que se les dé puntual cauce ante las instituciones correspondientes. Todo ello podría desembocar en una situación inexplicable: que las citadas medidas, muchas de las cuales fueron propuestas por los socialistas en diciembre de 2001, puedan retardarse en su aplicación legal casi un año.

Sin duda, es una forma excesivamente pausada de responder a las condiciones de emergencia que suscita el implacable acoso terrorista sobre los cargos de representación local. Especialmente, cuando la proximidad de los siguientes comicios subraya el carácter prioritario que la habilitación de dichas medidas tenía y sigue teniendo. La responsabilidad que afecta a los partidos políticos y a las instituciones -tanto la de quienes padecen directamente la persecución violenta como la de aquellos que están en la obligación de hacer palpable su disposición solidaria- debería impulsarles a recuperar el tiempo perdido tratando de agilizar al máximo los pasos precisos para la puesta en marcha efectiva de las iniciativas anunciadas. En ese sentido, la necesaria celeridad vuelve menos comprensible la actitud del PP en la Mesa de Arkaute, porque de la misma forma que nadie podría rebatir que dichas medidas resultan insuficientes para acabar con el terrorismo, tampoco nadie puede negar que son medidas imprescindibles y de urgente aplicación.

Mr. Pujol
Román Cendoya La Razón 22  Mayo 2002

Es una novedad en el mundo nacionalista que Pujol sufra el síndrome de Arzallus. Este síndrome se caracteriza por la falta de identidad nacional estable. En los últimos años, Arzalluz ha sido tutsi, hutu, irlandés, palestino, bosnio y de cualquier identidad que haya protagonizado algún proceso de negociación política al amparo de la violencia. Lo que Arzallus nunca había deseado era ser inglés, como Pujol. El deseo de Pujol de que Cataluña tenga un régimen de soberanía compartida como Gibraltar ha sorprendido en Londres. En ningún modelo de negociación sobre el futuro del Peñón se había contemplado, como posibilidad, establecer también en Cataluña la soberanía compartida como contrapartida. Pujol no sabe que la soberanía, compartida o no, es potestad de los Estados y que Cataluña no lo es. Este desconocimiento se puede entender a través de la permanente visión, durante muchos años, del mapa de la «Europa de les nacions» del Departament d 'Ensenyament de la Generalitat en el que unos ampliados territorios llamados «Paísos Catalanes» limitan al norte con Occitania en lugar de con Francia. La petición de Pujol es una prueba más de que el nacionalismo excluyente es una patología que transforma a las personas hasta el punto de cambiar el tratamiento de honorable por el de Mr. Pujol. Por cierto, el verdadero Atutxa es el de los tanques. Que nadie se equivoque.

Castro-Ibarreche, amistad indecente
Editorial La Razón 22  Mayo 2002

L a rémora de la tiranía castrista es el único escollo en las relaciones hispano cubanas. De no ser por ésta, la vinculación moral entre ambos pueblos daría lugar a una unión bien distinta, porque a nadie se le oculta que hay sintonía y comprensión, afinidad e incluso lazos familiares. Españoles y cubanos se profesan mutua simpatía que, política aparte, raya en la hermandad. Y se podrá comprobar cuando Castro desaparezca. Exactamente el caso contrario es el que ahora vemos con asombro: la creciente amistad política entre el nacionalismo vasco y el comunismo cubano.

Las últimas relaciones entre los gobiernos de Castro e Ibarreche tienen razones menos históricas y más interesadas (y no en lo comercial, que existe, pero de forma subsidiaria, sino exclusivamente en lo político). Los nacionalistas vascos están empeñados en lograr cualquier tipo de reconocimiento internacional. Y, para ello, les sirve hasta el del totalitarismo castrista. Y a Castro, con similar aislamiento, le vale hasta el de los nacionalistas de derechas. El silencio cómplice del gobierno del PNV hacia la dictadura va en esa dirección, como demostró el lendakari Ibarreche en su reciente visita.

Para entender esta rara amistad hay que acudir también a la forma de ver el terrorismo de Eta por parte de los dos interlocutores, PNV y Partido Comunista Cubano. Los secuaces de Castro siempre consideraron como «hermanos revolucionarios» y «guerrilleros» a terroristas de toda condición. Por eso cobija a etarras, como los que se fotografiaron casualmente con el portavoz del Gobierno vasco. Y los nacionalistas no pueden ocultar una «comprensión» en los fines de los etarras/batasunos. Sin duda, la política hace extraños compañeros de cama. Pero tan extraños como peneuvistas y comunistas se había visto pocas veces. Resultará ahora que el ultraderechista xenófobo que fue Sabino Arana era, en el fondo, un revolucionario émulo de Castro.

Pujol y la cosoberania
Francisco MARHUENDA La Razón 22  Mayo 2002

Como era previsible, la negociación que lleva a término el gobierno español con el británico alrededor del futuro de la colonia de Gibraltar ha provocado las habituales reivindicaciones soberanistas desde las filas nacionalistas. Cuando se discutió el texto constitucional, se rechazaron las fórmulas de cosoberanía, confederación, federalismo y el derecho a la autodeterminación. Son cuestiones que no caben en la Constitución y que significarían una modificación en profundidad de consecuencias imprevisibles. En cualquier caso, es una cuestión que sólo interesa a los nacionalistas para justificar su razón de ser y sus reivindicaciones.

El nacionalismo mira demasiado al pasado. Lo hace incluso modificándolo en función de sus intereses. Pujol pidió al Gobierno abordar la soberanía compartida para Cataluña de la misma manera que trata la de Gibraltar con Gran Bretaña. La pretensión, una vez más, sería volver al marco de relaciones existente en 1714. El nacionalismo tiende a reivindicar de la historia sólo aquello que le conviene o cree que le conviene. El presidente de la Generalitat sabe que esta propuesta no tiene ningún sentido, pero es para el consumo interno. La evolución de las naciones no se puede detener . Volver al modelo del Antiguo Régimen resulta, simplemente, una propuesta grotesca. A esto cabe añadir que la sociedad contempla con indiferencia ese soberanismo que defiende la federación nacionalista.

Cataluña no es ni ha sido una colonia. No tiene nada que ver con Gibraltar. Ese contexto similar, la Guerra de Sucesión, no justifica la demanda de negociar una cosoberanía. Los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, quieren que el vínculo con España sea a partir del denominado pacto con la Corona. Si Pujol quiere negociar esta cuestión podría dar instrucciones a sus grupos parlamentarios, tanto en el Parlament como en las Cortes, en esta dirección. No lo hace porque sabe que las consecuencias electorales serían demoledoras.

Ese nacionalismo rancio y caduco explica su ambigüedad en la ley de Partidos, ya que la apoyan pero a la vez votarán a favor de la enmienda a la totalidad que presenta el PNV. Es un plantamiento poco serio y riguroso, como lo es pedir en el siglo XXI que se reconozca una cosoberanía que significaría acabar con España.

Pujol reta al Gobierno y mantiene la constitución de su Consejo de Justicia
E. BARRERA ABC 22  Mayo 2002

BARCELONA. La Generalitat catalana no está dispuesta a echarse atrás y dará luz verde mañana -vía decreto- al Consejo de Justicia de Cataluña, tal y como tenía previsto desde un principio, desoyendo las advertencias lanzadas desde el Gobierno y las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo anunció ayer en Tarragona el propio consejero de Justicia del gobierno catalán, Josep Guàrdia, quien recordó que la constitución de este organismo, que calificó de «reflexión y debate», se enmarcará en los actos de celebración del Día de la Justicia en Cataluña, jornada en la que se conmemora la creación en 1989 del Tribunal Superior de Justicia.

Fuentes del Departamento de Justicia de la Generalitat aseguraron ayer «no entender» las ampollas que la configuración del consejo ha levantado, ya que se trata de un órgano asesor como los que funcionan hace años en Cataluña en segmentos como la sanidad o la comunicación. Negaron que se invadan competencias correspondientes al CGPJ o la Administración de Justicia, puesto que será «un espacio de colaboración entre diferentes instancias con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al ciudadano». Estas fuentes aseguraron que se mantendrá «hasta el final la vía del diálogo con todas las partes implicadas».

Seria oposición del CGPJ
El Departamento de Justicia recordó que el decreto de creación incluye el «reconocimiento del ámbito de actuación del Consejo, su adecuación al marco competencial vigente, y su carácter consultivo y de trabajo». Sin embargo, ni el Gobierno, que a través del Ministerio de Administraciones Públicas estudia acudir al Tribunal Constitucional para suspender ese decreto, ni la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, que hoy se opondrá a que tres de sus vocales se incporporen a la institución autonómica, parecen estar conformes con los planes que Pujol tiene para ese Consejo.

Según el decreto de creación, de 16 de abril de 2002, el presidente del organismo es el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que tendrá a su vez dos vicepresidentes, el conseller de Justicia, Josep Guàrdia, y el presidente del TSJC, Guillem Vidal. Según fuentes consultadas por este diario, Vidal espera a la votación del Pleno del CGPJ para tomar cualquier decisión. En algunas ocasiones, el presidente del TSJC ya ha mostrado su conformidad con la creación del consejo, pese a que alberga dudas sobre su operatividad.

En cualquier caso, la Generalitat no retrocederá en su anuncio y procederá a la creación del Consejo, incluso «aunque no se cuente con la presencia de todos sus miembros» previstos.

La «interpretación uniforme» del TS vinculará a todos los jueces / Los vocales del CGPJ no tendrán dedicación exclusiva salvo cuando formen parte de la Permanente, que será la única Comisión del órgano
Acebes reforzará al Supremo e impedirá a las autonomías tener Poder Judicial propio
El borrador del proyecto para reformar la ley orgánica reestructura también el CGPJ
MARIA PERAL El Mundo  22  Mayo 2002

MADRID. El reforzamiento del Tribunal Supremo, la modificación de las instancias judiciales con una potenciación de los tribunales superiores y una reestructuración revolucionaria del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son algunas de las claves del borrador de la reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El documento, que ha sido preparado desde hace varios meses por una comisión de expertos para el Ministerio de Justicia, representa un cambio integral de la ley de 1985 elaborada por el ministro del PSOE Fernando Ledesma y que trasladó los postulados socialistas a la Administración de Justicia.

El borrador acoge las principales propuestas formuladas por el Tribunal Supremo en un trabajo elaborado en 2001 de forma conjunta por sus cinco Salas con el fin de fortalecer su posición institucional.La jurisprudencia del TS deberá ser seguida por los jueces, que ahora sólo están vinculados por los pronunciamientos del Constitucional.

«Los jueces y tribunales garantizan la seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos, a cuyo efecto no podrán contradecir la interpretación uniforme que de ellos haya realizado el Tribunal Supremo», señala el texto articulado de la reforma.

Este precepto y otros que permitirán plantear recursos de casación que presenten un «interés general» o promover cuestiones prejudiciales ante el TS buscan evitar que, como sucede en la actualidad, las Audiencias y los Tribunales Superiores emitan resoluciones contradictorias o discrepantes para casos similares.

El borrador prevé que los magistrados del Supremo tengan adscritos «al menos» a un letrado. Se trata de una antigua reivindicación del Alto Tribunal, que llevan años demandando el apoyo técnico con el que cuentan los jueces del Constitucional.

Los recursos de casación ante el Supremo se configurarán sobre la base de que las sucesivas instancias judiciales se agotan en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o en la Audiencia Nacional.

A los TSJ cuya Sala Penal estará separada de la Civil se les atribuye la resolución de los recursos de apelación contra las decisiones de las Audiencias provinciales en material penal.

De otro lado, se hace una expresa reserva para que la regulación de las funciones de los juzgados y tribunales sólo pueda hacerse «por ley de las Cortes Generales» y nunca de las comunidades autónomas, algunas de las cuales (en particular, Cataluña y País Vasco) reclama un «poder judicial propio».

Por lo que atañe al Consejo General del Poder Judicial, los cambios empiezan por los requisitos que deberá reunir su presidente y afectan a toda la estructura del órgano de gobierno de los jueces.

El presidente del CGPJ, que ahora puede ser un miembro de la carrera judicial o un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de antigüedad o de ejercicio profesional, pasará a ser elegido «entre magistrados del Alto Tribunal [en referencia al Supremo] o juristas de reconocido prestigio que cuenten con más de 20 años de servicios prestados al Estado o de ejercicio profesional». El presidente será el único miembro del Consejo con dedicación exclusiva a este órgano y al Tribunal Supremo.

El proyecto de reforma reduce a tres los órganos del CGPJ (presidente, Pleno y Comisión Permanente), suprimiendo las Comisiones Disciplinarias y de Calificación.

La Comisión Permanente ve aumentado su poder y pasará de tener cinco miembros a seis. Se renovará cada año y de ella irán formando parte, de manera rotatoria, los 20 vocales. Sólo cuando estén integrados en esta Comisión tendrán dedicación absoluta y cobrarán la retribución equivalente a la de un magistrado del Tribunal Supremo. Durante el resto del mandato, el cargo de vocal será compatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales como juez o magistrado, de fiscal, de funcionario público (salvo que se trate de un alto cargo) y con el desempeño de actividades de carácter profesional, «todo ello sin perjuicio del preferente deber de asistencia a las reuniones del CGPJ», señala el borrador.

Sociedad vasca entre síndromes
Pablo A. Mosquera Mata es secretario general de Unidad Alavesa La Razón 22  Mayo 2002

Los síndromes pueden ser conjunto de reacciones que suponen la presencia de una enfermedad social, tal como estudiábamos y enseñábamos en Salud Pública. Una enfermedad social tiene sus causas y su tratamiento en el seno de la propia sociedad. Pues bien, el resultado de la última encuesta del Gobierno vasco, coincidente en el tiempo con el debate en el Parlamento vasco sobre la ilegalización de los batasunos, o es una artimaña para apoyar los votos de los representantes de las circunscripciones o es conjunto de opiniones de una sociedad enferma de miedo o de fundamentalismo.

¿Cómo se puede defender el derecho a seguir utilizando la democracia a quienes destruyen la democracia impidiendo la libertad de la disidencia con la construcción nacional del Estado vasco?

¿Cómo se puede poner más énfasis en defender a los batasunos, que son por activa y pasiva un instrumento más para imponer el fundamentalismo nacionalista vasco, que en defender y garantizar los derechos humanos de quienes militamos en la oposición al nacionalismo vasco?

Síndrome de Estocolmo. Sin duda la consecuencia de tantos años de miedo, cuando no de terror, a ser víctima de la impunidad con la que actúan los matones del nacionalismo más radical. El mismo síndrome de autodefensa que utilizan muchos trabajadores que se afilian a sindicatos abertzales para garantizarse la defensa de sus derechos sociales, a pesar de votar en elecciones no sindicales a partidos constitucionalistas.

Síndrome del Gheto de Varsovia para quienes viven en la Guipúzcoa profunda y les preguntan por su opinión sobre el nacionalismo, en cualquier tipo de análisis social de la realidad política.

Síndrome de supervivencia de quienes tras las elecciones del trece de mayo del pasado año, perdieron todas las esperanzas de cambio, y han llegado a la conclusión de que más vale arreglar el conflicto por las buenas, es decir, cediendo ante los que se han mostrado más fuertes en sus convicciones frente al cambio que se ofrecía en aquella campaña electoral que tuvo su aperitivo en dos años de absoluto desgobierno al ritmo que marcaba Lizarra.

Síndrome de mirar hacia otro lado para conservar lo bien que se vive en el País Vasco, si se olvida por momentos que toda la oposición política tiene que ir con escoltas para que no los maten los chicos descarriados que se autodenominan patriotas vascos.

Síndrome del pueblo elegido de Dios que hace que sus dirigentes estén convencidos de sus derechos históricos, por los que la vanguardia más osada y comprometida, asesina a los que no se dejan conducir.

Sólo una sociedad enferma puede hacer compatibles los mejores parámetros de calidad de vida en lo social, en la renta, en la disponibilidad de comunicaciones, en la realización de negocios, con los fines de semana en los que funciona la ruleta rusa de la kale borroka que viene a ser algo así como los francotiradores de la guerra de los Balcanes.

Algunos tenían puesta la esperanza en la nueva generación de burukides, más viajados, más prácticos y menos románticos, más comprometidos con la globalización y menos de la aldea profunda.

Sin embargo, todo es susceptible de empeorar.

El único tratamiento que se me ocurre es el de aislar a los enfermos, y desde luego no mezclarlos con las comunidades sanas, lo que traduce que la única cuestión a valorar en el País Vasco es si los alaveses que han mostrado sus diferencias con otros vascos, deben seguir enganchados a la epidemia.

Cardenal pide imputar a Josu Ternera como inductor de 10 asesinatos
El Mundo 22  Mayo 2002

MADRID. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dio el visto bueno a la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de pedir la imputación de Josu Ternera, como presunto inductor de los 10 asesinatos provocados por un coche bomba de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en diciembre de 1987.

La Fiscalía formalizará por escrito su petición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los próximos días. En primer lugar, solicitará a la Sala que asuma la competencia de la causa ya que se trata de un presunto delito cometido por un parlamentario vasco fuera del territorio de su comunidad autónoma, ya que los hechos ocurrieron en Zaragoza y Francia, donde supuestamente formaba parte de la dirección de ETA, informa Europa Press.

Asimismo, el fiscal pedirá al Supremo que cite a declarar a Josu Ternera como imputado por este atentado. El informe del Ministerio Público también reclamará al Alto Tribunal que requiera a la Audiencia Nacional toda la documentación del caso.

Estas decisiones fueron ultimadas ayer durante una reunión celebrada en la Fiscalía General del Estado por miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que promovió la actuación contra Josu Ternera, y del Tribunal Supremo, bajo la presidencia de Cardenal.Será la Sección de la Fiscalía del Supremo cuyo jefe es Eduardo Torres-Dulce la que redacte el dictamen. La decisión final sobre la citación de Ternera quedará en manos del Alto Tribunal, que acordó en febrero que fuera una Sala formada por cinco magistrados, y no por tres como es habitual, la que estudiara la imputación.

El informe de la Fiscalía del Supremo fue solicitado por la Sala Segunda este mismo mes, tras recibir una exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reclamando la imputación del parlamentario de Batasuna, Josu Ternera, como presunto inductor del atentado con coche bomba de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. De acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el juez Moreno apreció indicios de su participación en el atentado, lo que ha sido compartido por la Fiscalía del Supremo. En la misma causa están procesados los ex dirigentes de ETA Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y Joseba Arregui Erostarbe, Fitipaldi, también como inductores.

Por otra parte, ETA niega en las páginas del número de mayo de su boletín interno, Zutabe, que en marzo se produjeran contactos entre la organización terrorista y el líder de Aralar, Patxi Zabaleta, como éste aseguró en su momento. ETA acusa tanto a Aralar como a Zutik, Batzarre y Abertzaleen Batasuna (AB) de haber conformado un «frente antiBatasuna» para conformar una alternativa a los abertzales y a la coalición PNV-EA en las próximas elecciones. De este modo, desmiente a Zabaleta, quien dijo en abril que había mantenido una reunión con miembros de ETA en marzo, en lo que ayer se ratificó.

'Milhombres' y la soberanía compartida
RAUL DEL POZO El Mundo 22  Mayo 2002

Tal vez a las naciones les pase como a los árboles que nacen, viven y mueren; tal vez España sea un proyecto agotado, un fracaso, una inútil neurosis de constitucionalistas. Echando una ojeada a los medios descubrimos que nadie quiere ser español, en un momento que no se parece en nada a la Restauración, cuando era español el que no podía ser otra cosa. Disfrutamos de amor libre, de televisión de pago, y de autonomías. Pero a los pocos patriotas que quedan les ocurre lo que al Licenciado Vidriera, o peor, aún, porque a éstos no sólo les tiran piedras, sino tiros. Véase lo que ha ocurrido cuando el Gobierno ha pedido a los ingleses el Peñón que nos robaron; enseguida ha estallado el infausto, lúgubre laberinto español. Los nacionalistas con sus pequeños sueños han dado puntapiés a la techumbre de cristal.

Todo empezó con la traición de los profesores. Como dijo Montanelli respecto a Italia, se reemplazaron unas mentiras por otras y nadie inculcó a los alumnos el espíritu igualitario y de- mocrático de la Constitución.

Cada cual aprovecha la ocasión para proclamar su cantón. Los llanitos piden autodeterminación a los ingleses para no ser gaditanos y los marroquíes van a iniciar una marcha verde con latas de sardina, para ir directamente nadando a Cádiz desde Ceuta o Melilla.¿Y cómo no iba a surgir en el laberinto la voz de Jordi Pujol? El Honorable reclama la cosoberanía de Cataluña, que disfrutaban los catalanes antes de 1714. Exige todas las competencias, excepto las que ha cedido España, la moneda, ya, a Europa, la defensa, que la lleva la OTAN y la política exterior, que se diseña en Bruselas.

Escribió Vicens Vives que la característica principal de Cataluña es la voluntad de ser. Seguramente, Cataluña no tiene sólo derecho a la cosoberanía, sino a la soberanía plena. Pero Pujol, definido por Josep Pla como un catalán carpetovetónico, un milhombres, no es tan carpetovetónico ni tan milhombres, quiere la soberanía, a plazos, pagada por todos los españoles. Primero propugnó la implantación del socialismo nórdico y después, los meses pares pide soberanía compartida y los impares, Gobierno de Madrid compartido.Nadie, excepto la mayoría, quiere ser español.

¿Por qué no condenamos a los patriotas a que lean la Constitución en en el váter como en su tiempo hacía Giordano Bruno con las obras de Erasmo?

Juaristi: «No tiene sentido que enseñemos español en países donde ya se habla»
El director del Instituto Cervantes rechaza los planes de De Cuenca para unirse al ICI
«No tiene sentido promocionar el español en países cuya lengua es el español». Con estas palabras, Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes, desmentía ayer la versión del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, quien dijo la semana pasada que existen planes para unir el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) con el Cervantes para difundir el español en Hispanoamérica. Según declara en esta entrevista, estos dos organismos sólo se podrían unir en países que no hablan español, como Brasil. Pese a todo, dice que no hay descoordinación entre Cultura y Exteriores.
Gregorio García Maestro - Madrid.- La Razón 22  Mayo 2002

Jon Juaristi, el cuarto director del Instituto Cervantes en sus diez años de historia, dispone de 48 millones de euros (8.000 millones de pesetas) de presupuesto para difundir el español por (casi) todo el mundo. Ese «casi» es Iberoamérica, que de momento seguirá como un ámbito dominado por el antiguo ICI, hoy convertido en Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional. «Es imposible que el Cervantes asuma la estructura del ICI», declara Juaristi.

¬Da la sensación de que sigue existiendo descoordinación entre el Ministerio de Cultura y el de Exteriores, que supuestamente trabajan por un objetivo común, como es la difusión del español en el exterior.
¬Bueno, yo estaba en Corea cuando surgió todo esto. No creo que haya habido descoordinación, no desde luego por parte del Cervantes. Creo que la relación entre los dos ministerios es perfecta.
¬Sin embargo, el Cervantes dijo que existían planes de fusión mientras que Asuntos Exteriores dijo que no. ¿A quién debemos creer?
¬Lo que hay es una idea, una idea restringida, sobre aquellos países donde está el Instituto Cervantes y también el ICI. De momento sólo existe un país en el que coinciden, y es Brasil. Se había hablado [de la fusión en Brasil], pero poco. Lo que parece que no tiene demasiado sentido es que haya unos centros del ICI que estén dedicándose a enseñar español en un país como Brasil, cuya lengua no es el español, y donde el Cervantes está presente. De todas formas, hay dificultades técnicas importantes a la hora de incorporar el Cervantes y los centros del ICI en Brasil. Tampoco se ha pensado en una incorporación automática.

¬¿Sería deseable que esta fusión se produjera a medio o largo plazo?
¬Sería lógico que esa dualidad de redes en países de lengua no española desapareciera en un futuro.
¬¿Resta operatividad?
¬Sobre todo crea confusión, una confusión bastante lógica de reconocer la identidad de los centros. Si la situación cambia se daría una imagen de mayor coherencia.
¬Pero, ¿sería bueno que el Cervantes llegara a países de habla hispana?
¬No tiene sentido difundir la enseñanza del español en países que ya lo hablan. Sí tendrían sentido otra serie de actividades, como la formación de profesores de español. Se pueden hacer actividades de ese tipo tanto en países de lengua española como en países con otras lenguas. Pero, obviamente, en lo que es la difusión del español, no hay demasiado sentido en difundir el español en Venezuela.

¬El British Council y el Instituto Goethe no hacen distingos a la hora de difundir su lengua según países.
¬Sí, pero también es cierto que la situación de la lengua inglesa presenta una mayor fragmentación que el español. También se podría decir lo mismo del francés en las antiguas colonias francesas, donde no se habla el francés normativo sino variantes. No es el caso del español, que conserva un grado de homogeneidad muy alta.

¬¿El Cervantes podría asumir las estructuras del ICI en Iberoamérica?
¬No, eso es imposible. Además, habría que hacer unos retoques importantes en la ley.

¬Brasil y Estados Unidos actúan de locomotora del español. ¿Cuál de los dos tiene más tirón?
¬Son dos casos distintos pero los dos muy importantes. Brasil tiene potencial económico y además hay una decisión de los poderes públicos para la promoción del español como primera lengua extranjera. En Estados Unidos, las circunstancias actuales son muy alentadoras. Hay un crecimiento demográfico muy grande de hispanos. Pese a todo, en los próximos años se verá cuáles son las tendencias decisivas. Hay que comprender que en Estados Unidos gran parte del éxito del español se debe a factores sociales negativos de esta población. En cuanto los hispanos alcancen cotas de prosperidad habrá un frenazo demográfico. Lo que es importante es que el español se vaya afianzando en Estados Unidos como la primera lengua extranjera en la enseñanza.

El Cervantes se alía con México
Entre 1990 y 2000, el número de hispanos de Estados Unidos creció un 60 por ciento. Hoy son algo más de 35 millones. Hacer frente a la explosión hispana en Norteamérica es uno de los principales campos de batalla de Jon Juaristi como director del Instituto Cervantes, que sigue moviendo fichas. Hace unos días firmó un acuerdo marco con el Instituto Mexicano para trabajar de una manera «mancomunada» en Estados Unidos. «El Instituto Mexicano tiene muchos centros en Estados Unidos ¬asegura¬. Además, la población mexicoamericana es mucho mayor que la española. Este acuerdo de reciprocidad permitirá que el Instituto Cervantes pueda utilizar los medios que los mexicanos tienen en Estados Unidos y viceversa. De esta manera, el Cervantes podría servir de vehículo a la intervención cultural mexicana en Estados Unidos y al revés».
Es un acuerdo muy amplio, un acuerdo marco que persigue una acción mancomunada en el exterior.

Radicalismo insensato
RAFAEL AGUIRRE/CATEDRÁTICO DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO El Correo 22  Mayo 2002

La hegemonía ascendente del radicalismo en el conjunto del nacionalismo vasco se refleja no sólo en la forma de plantear la cuestión nacional vasca, sino también en otros aspectos, tales como las relaciones internacionales y laborales y -cuestión nada desdeñable- en las formas retóricas y en los usos sociales.

Supongo que alguien estará recopilando material para una antología del disparate político o para una versión abertzale del Florido pensil , que algún día hará reír, pero que hoy por hoy tiene consecuencias dramáticas. El presidente del PNV acaba de afirmar que estamos ahora como en los tiempos de la guerra civil. Es una fijación reiterativa, que crea cultura grupal. Me da mucha pena ver esquelas en las que debajo del nombre del difunto se nos informa de que fue «gudari del batallón tal». Ya es triste reivindicar este único pasado al final de toda la vida. Tanto criticar en su día a los ex combatientes franquistas que se resistían siempre a dejar de serlo para volver a las andadas, con las tornas cambiadas, ¡25 años después!

Tanto el líder de IU-EB, un gran experto en colocarse a tiro de cámara fotográfica agarrado a una pancarta o asomando la cabeza por detrás del lehendakari, como el temible presidente del PNV dicen que con la Ley de Partidos políticos van primero a por Batasuna y después a por ellos. Su identificación con el nacionalismo ha llegado a tal punto que Madrazo pretende superarles en lo que son maestros supremos, en el victimismo, y suelta una perla cultivada: «Nos ilegalizarán a nosotros porque somos republicanos». ¿Se lo creerá? ¿Habrá leído la ley? ¿Tendrá celos republicanos de Fernando Savater? Identificar al PP con el franquismo, como se hace reiteradamente, es tan absurdo como identificar al PNV con ETA y muestra la rigidez de determinados esquemas mentales, pero lo malo es que coincide con la vieja cantinela del abertzalismo radical de que en España, bajo otras formas, se ha perpetuado la vieja dictadura y esta conclusión tiene trágicas consecuencias. Del disparate se pasa al oprobio y al insulto a las víctimas cuando en Arrigorriaga se vota a favor de que la plaza del Ayuntamiento lleve el nombre de un asesino, por muy hijo del pueblo que fuese. Mal futuro le espera a una sociedad que escribe así su historia.

Un político no debe plantear la Ley de Partidos políticos como la de la ilegalización de Batasuna -cosa que sólo corresponde decidir a los jueces y en función de hechos contrastables-, sino como una contribución legislativa para garantizar, en lo posible, el funcionamiento democrático de los partidos e impedir la instrumentalización de la democracia por quienes la destruyen desde dentro. Sin entrar en el debate sobre su contenido, un par de anotaciones marginales, que pueden resultar iluminadoras. ¿No es significativo que el nacionalismo en su conjunto se oponga sistemáticamente a las medidas democráticas que pretenden combatir a ETA, ya sean reformas legislativas, o actuaciones judiciales contra el entramado social que da cobertura al terrorismo, o a las gestiones tendentes a buscar la colaboración internacional? ¿Por qué Garzón era muy bueno cuando perseguía, con mil dificultades, al GAL y a todo su entramado y es un instrumento dócil en manos del Gobierno cuando hace lo mismo contra ETA? ¿Sería la misma la postura del nacionalismo vasco si el terrorismo fuese ejercido por un grupo nacionalista español fanático, les tuviese a ellos como objetivo prioritario y contase con el apoyo de un partido político?

Con esto no quiero decir que la ley y su oportunidad política no sean discutibles, pero su descalificación absoluta y a priori no resulta sensata ni razonable -¿es que, una vez más, todos los demás están totalmente equivocados?- y, lo que es peor, no se daría si se considerase que el primer problema del País Vasco es la amenaza terrorista y la consiguiente falta de libertad de buena parte de los ciudadanos, la discriminación ideológica y la defensa de las víctimas. Además es perfectamente sostenible que esta ley, que no tiene efectos retroactivos, debe servir no para ilegalizar a Batasuna, sino para democratizarla realmente.

El debate de estos días vuelve a sacar a la luz un viejo problema: la impunidad escandalosa a la que están acostumbrados los adláteres del terrorismo, que muchos consideramos insultante e intolerable, el debilitamiento ideológico de la democracia que se traduce en esa tontería de que todas las ideas son respetables (¿también le xenofobia, el racismo, la discriminación sexual?) y la instrumentalización partidista de las instituciones. El hecho de que cada avance en democracia haya sido respondido por ETA con un recrudecimiento de la violencia pone de manifiesto su vocación totalitaria, que jamás se desactivará por medios de ingeniería política. Hay un problema ideológico y moral que tiene mucho que ver con la incapacidad del nacionalismo en su conjunto para actualizar sus presupuestos, abandonando su actitud resistencialista -de ahí su fijación en el franquismo y en la guerra civil- y aclimatándose a un contexto democrático pluralista, en el que las identidades se complementan, se enriquecen y se relativizan, lo que le debería llevar a reconocer su responsabilidad en el grave deterioro del clima social y de la convivencia ciudadana experimentado en la sociedad vasca en los veinte años en que han ejercido el control de prácticamente todas las instituciones del país.

¿Con esta ley se buscan ventajas partidistas? ¿Y con la oposición a ella no? Fuera del País Vasco no veo quién puede salir beneficiado porque todos la asumen y la apoyan. Dentro del País Vasco la cosa se complica porque están en danza en torno a 200.000 votos, los de Batasuna, cada vez más huérfanos políticamente. Especular sobre los efectos de una posible ilegalización es casi como hacer ciencia ficción: que si provocaría un reagrupamiento en torno a plataformas electorales de un bloque al que algunos consideran en descomposición o, por el contrario, se correrían los votos hacia la alternativa que consideran útil, como sucedió en las últimas autonómicas, y que no es otra que el PNV, propietario de la llave de la caja. Sin duda en la radicalización del discurso del PNV -y en su oposición a la ley- influye y mucho el deseo de cosechar votos de la izquierda abertzale desorientada y que no aguanta más la supeditación a ETA. Radicalizar el nacionalismo para aislar a ETA -con lo que se juntan el hambre con las ganas de comer, no seamos ingenuos-, tiene un precio muy alto: destruye la convivencia ciudadana de un país plural. Además, por este camino ETA jamás concluirá que debe desaparecer, porque verá que está en trance de salirse con la suya y, entonces, incurrirá en algo muy viejo, pero para lo que la inteligencia orgánica y revolucionaria del Gobierno vasco ha inventado un vocablo nuevo, el insistencialismo , o sea persistir con el terrorismo y las amenazas a los no nacionalistas.

He dicho al principio que el radicalismo se refleja también en la retórica y en el estilo. Desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a ello: pensemos en la burla permanente a las instituciones de los representantes de Batasuna o en el sistemático tono insultante y chulesco con que se dirige el portavoz abertzale a los amenazados por el terrorismo. Pero quiero dejar simplemente apuntado otro aspecto: la continua identificación de lo vasco con el rupturismo social, con la exacerbación de la diferencia, con el exabrupto, con la extensión como actitudes sociales de lo que una tribu ha erigido en formas jatorras y considera guiños simbólicos de reconocimiento. Todo muy cargante, empobrecedor, deseducativo y, lo que es más grave, deslegitimador permanente de la democracia realmente existente.

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