AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 23 Mayo  2002
El doctor Herrero
Iñaki EZKERRA La Razón 23 Mayo 2002

Nacionalistas ante la ley
Editorial El País 23 Mayo 2002

La violencia, único límite

DIEGO LÓPEZ GARRIDO El País 23 Mayo 2002

Referéndum fragmentador
RAMÓN RABANERA El Correo 23 Mayo 2002

Cataluña se cierra más
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 23 Mayo 2002

Crisis de la no democracia
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 23 Mayo 2002

ETA hace explosionar un coche bomba en el Edificio Central de la Universidad de Navarra
ABC 23 Mayo 2002

El CGPJ torpedea el Consejo de Justicia que constituye hoy Pujol
La Razón 23 Mayo 2002
 

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El doctor Herrero
Iñaki EZKERRA La Razón 23 Mayo 2002

Hay muchos argumentos que pueden esgrimirse contra ese referéndum de autodeterminación que ahora le anda recetando el propio Herrero de Miñón al País Vasco con impertinencia y mohínes atildados de antiguo médico de pueblo, pero el argumento más inmediato y obvio es la imposibilidad de celebrar en esa tierra siquiera unas elecciones normales. Si le estamos diciendo a ese buen hombre que, gracias al terrorismo y a la dejación de las instituciones gobernadas por los nacionalistas, gracias al asesinato de los concejales constitucionalistas, a su dimisión o a la imposibilidad de sustituirlos por otros, no podemos celebrar hoy ni una consulta electoral de lo más normalucha y tiñosilla, ¿qué hace el doctor Herrero recomendando una consulta extra?

¿De qué se trata? ¿De aprovechar el momento en que la ciudadanía democrática está amenazada, lesionada y no puede votar libremente para colarle todos los goles que no serían posibles en una situación de normalidad? ¿Se trata de explotar al máximo esa grave indefensión y meterle con embudo la autodeterminación, la autoría del asesinato de Kennedy y hasta las alubias de la semana pasada? ¿Se trata de darle, si no quiere taza, taza y media y aplicarle la vieja terapia de «lo que no mata engorda» o de «si engorda da igual que mate»?

En estas entrañables fórmulas de la medicina tradicional, o más bien tradicionalista, es decir autoritaria, anda ahora el doctor Herrero. El doctor Herrero es uno de aquellos galenos rurales y altivos de antes que contraatacaban la dolencia del paciente plantándole a ésta cara literalmente, haciendo de la curación una cuestión de honor y de huevos, usando la consigna de «si te duele, duélele tú a ella», proponiéndose, en fin, «enfermar a la enfermedad» y buscar un remedio peor que la enfermedad misma. Al doctor Herrero si un paciente le dice que no le entra el desayuno, le receta un cocido montañés.

Aun suponiendo que la autodeterminación fuera para los vascos algo bueno, bello, verdadero y saludable, como el cocido montañés para los humanos que están sanos, no parece la opción más indicada para un enfermo de úlcera que vomita hasta los caldos y las infusiones de manzanilla.

Dice el doctor Herrero repitiendo la cantinela de Ibarretxe que «los vascos deben poder elegir libremente su futuro» Pues de eso se trata. ¿No le estamos diciendo una y otra vez que los vascos no podemos elegir libremente ni siquiera nuestro presente? ¿No le hemos repetido que no podremos ni votar qué ayuntamientos queremos? ¿Por qué ese empeño en que votemos estados? ¿Pero es que no ve, doctor, que no se puede ser tan bruto?

Nacionalistas ante la ley
Editorial El País 23 Mayo 2002

Hoy se votan las enmiendas a la totalidad del proyecto de reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lo más llamativo de la votación será la actitud de los nacionalistas catalanes, que han anunciado su intención de votar tanto el proyecto avalado por PP y PSOE como la enmienda a la totalidad del mismo presentada por el PNV. Este último partido argumenta su rechazo por considerar que la ley ataca las ideas y prohíbe fines.

El argumento de CiU es que, por una parte, rechaza la ley porque, tal como está, no le gusta y, por otra, que no la rechaza definitivamente porque, si se introducen las enmiendas que ha pactado con los patrocinadores del proyecto, la encontrará correcta. Pero si prosperara la enmienda a la totalidad que respalda, la ley sería rechazada y CiU no tendría ocasión de defender enmienda parcial alguna. Luego ese respaldo es incoherente. Pero no gravísimo. Ojalá que el PNV se limitara a una contorsión de ese tipo. Pero no se limita. Lo que plantea es que estamos ante un 'franquismo con votos' (Arzalluz), que persigue criminalizar las ideas nacionalistas.

Sin embargo, de las dos posibilidades que plantea la existencia de partidos antisistema, esta ley sigue el camino contrario: no prohíbe, como la Constitución alemana, por ejemplo, a las formaciones contrarias a la propia Constitución, sino a las que la combaten mediante la violencia o apoyando la violencia.

Como vino a decir Pujol en el debate del Parlamento catalán, la cuestión es si se está o no a favor de que, por ejemplo, un partido financie a una organización terrorista. La ley delimita las causas de disolución de manera tasada, precisamente para evitar interpretaciones extensivas que pudieran aplicarse a formaciones contrarias a la Constitución, pero respetuosas con los mecanismos democráticos. Es cierto, de todas formas, que la redacción inicial era ambigua, y que no ha sido estéril el trabajo de depuración iniciado por el Consejo de Estado y el del Poder Judicial y proseguido luego por los firmantes del Pacto Antiterrorista; las enmiendas de CiU (y otras) aún pueden afinarla más.

Ayer mismo se conoció un escrito de ETA en el que arremete contra las formaciones desgajadas de Batasuna, inequívocamente independentistas, pero no violentas. ETA las descalifica como 'regionalistas', lo que equivale a reconocer que la identidad aberzale no depende ya, o no sólo, de las ideas independentistas, sino de la aceptación de la violencia. La ley, en manera alguna permitiría la ilegalización de esas formaciones, que serían tan legales como Esquerra Republicana de Catalunya, por ejemplo.

La violencia, único límite
DIEGO LÓPEZ GARRIDO El País 23 Mayo 2002

Diego López Garrido es diputado socialista y portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso.

Hace casi un cuarto de siglo que nuestra democracia se rige por una Constitución de derechos y por la libertad de partidos. Esta libertad ha sido siempre la obsesión de los demócratas -y particularmente de la izquierda- después del sufrimiento de una larguísima dictadura cuya ideología básica era la maldad intrínseca de los partidos políticos. Por eso, no sólo la Constitución, sino también la Ley Electoral, los reglamentos parlamentarios o la financiación de los partidos tienen una filosofía central: fortalecer el pluralismo político.

Durante 25 años, la legislación de partidos no ha establecido más límite real y concreto a éstos que el Código Penal, de modo que si un partido comete delitos puede y debe ser ilegalizado. Nunca se ha aplicado esta sanción, entre otras cosas porque el Derecho penal está pensado para personas físicas, no para organizaciones. Para haber ilegalizado a un partido político habría que haber demostrado su complicidad (la de todo el partido) en delitos concretos, graves, reiterada y continuadamente. Algo extremadamente difícil de probar.

En este tiempo, la actividad terrorista de ETA -acosada por la acción judicial y policial y por la cooperación internacional- ha descendido en magnitud cuantitativa de atentados, pero ha evolucionado hacia una estrategia en la que el terrorismo de baja intensidad, la violencia callejera y la complicidad política de Batasuna han adquirido un fuerte relieve. Batasuna permite a ETA una capacidad de penetración en ámbitos sociales, mediáticos y económicos que ETA por sí misma no podría lograr. No estamos hablando de delitos cometidos por Batasuna, sino de acción política, en sentido amplio, de apoyo directo a ETA, y de acoso a otros partidos, impidiendo el pluralismo de la sociedad vasca.

De otro lado, una hipotética funcionalidad tribunicia de Batasuna no se ha dado, ni hay condiciones para que se dé. Es decir, Batasuna no está produciendo ni liderando una doctrina o cultura política de fin del 'conflicto' parecida a la del Sinn Fein, porque está dominada políticamente por ETA. Por esa razón, una posible solución irlandesa de paz ni está ni se la espera. El fracasado desarrollo de Lizarra lo puso diáfanamente de manifiesto, y eso lo sabe muy bien el nacionalismo democrático vasco: PNV, EA y otros partidos escindidos de Batasuna.

Todo esto, pero no sólo, sirve para entender el origen del proyecto de Ley de Partidos, que regula una vía no penal de ilegalización al convertir en ilícitas las conductas políticas de apoyo al terrorismo o la violencia. Es una vía diferente a la penal, porque no sanciona delitos de un partido (para eso está el Código), sino una conducta política real de apoyo a la violencia y a la estrategia del terror, utilizando la esfera institucional, social o económica.

Lo que ha ocurrido con el proyecto de Ley de Partidos es que el Gobierno, en un ejercicio de unilateralismo, remitió al Parlamento un proyecto que iba más allá del objeto exclusivo de combatir la violencia, que es el núcleo del Pacto Antiterrorista. Valga sólo un ejemplo: el artículo 9.2 del proyecto ponía fuera de la ley a todo partido que 'no se ajuste' a 'los valores constitucionales'. ¿Qué quiere decir eso? Imposible saberlo. ¿Qué tiene que ver con el terrorismo? Muy poco. Sucede lo mismo con multitud de conceptos jurídicos indeterminados que son fuente de arbitrariedad y que figuran en el artículo 9 del proyecto.

Pues bien, ese artículo, tras la última negociación entre el Gobierno y el Partido Socialista, ha desaparecido. El futuro artículo 9.2 solamente permitirá ilegalizar a un partido por su 'actividad' (no por sus ideas) si tal actividad consiste en apoyar políticamente o colaborar con la violencia o con esa forma suprema de opresión que es el racismo. Y, repito, se trata de un apoyo político -no directamente delictivo- manifestado en conductas que la ley definirá de forma concreta y tasada (artículo 9.3), para evitar cualquier abuso.

¿Alguien puede estar en contra de que en nuestra democracia no quepa, ni se pueda financiar públicamente, un partido que apoye la violencia? Ése es genuinamente el único límite que debe tener la libertad de partidos. En la España y la Europa del siglo XXI nos negamos a que la violencia pueda ser nunca más la partera de nuestra historia. Esa convicción es parte esencial de los valores y del proyecto de construcción europea.

Es cierto que hay fuerzas políticas que han alzado la voz ante un proyecto criticable en su redacción inicial. En ello están basadas, en parte, las enmiendas de CiU, PNV, IU o Grupo Mixto. Pero los errores criticados se han subsanado. El Gobierno ha admitido las propuestas socialistas, y hay que felicitarle por ello. La ley no será retroactiva. La ley establecerá las conductas tasadas (no con el carácter abierto del proyecto originario) por las que se puede ilegalizar un partido. La ley sanciona conductas, no ideas, aunque éstas sean opuestas a la Constitución, propugnen la república, el independentismo o la autodeterminación. Y sólo un tribunal podrá decidir la ilegalización en base a actividades 'reiteradas y graves' de un partido que utilice la violencia y la coacción como arma política. En coherencia con todo ello, los citados partidos deberían ir constructivamente a una discusión parlamentaria que puede mejorar la ley y a un acuerdo que debiera ser casi unánime, tratándose de la Ley de Partidos, porque la unidad de los demócratas sigue siendo factor imprescindible para aislar y asfixiar al terror.

La sociedad española -y vasca- seguro que lo entiende. Y el hecho de que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para que los dos grandes partidos hayan podido pactar una ley así no es razón para rechazarla. Estamos ante un debate del que saldrá una ley que sólo puede interpretarse como fortalecimiento de la calidad de una democracia pacífica y pacifista, que no puede admitir que la violencia sea un factor determinante del juego político y lo sea de forma impune.

Es una ley para durar muchos años, no sólo para un caso o una coyuntura. No es una ley para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar conductas. Si a partir de ahora ningún partido apoya la violencia, no podrá haber decisiones de ilegalización, porque la ley es para el futuro, no para el pasado, aunque no pueda desconocerlo.

Quedan algunas reflexiones por hacer. Primera: el debate es libre, y oponerse a esta ley no es estar con el terrorismo, pero desde luego es no contribuir a un paso necesario para combatirlo; se trata de evitar que ETA se sirva de una organización política que se presenta a las elecciones y usa contra la democracia los espacios que proporciona. Segunda: una ley como ésta tiene que ser administrada y aplicada con lealtad al Estado de derecho y con el mismo espíritu de consenso que va a presidir su aprobación, pues, en caso contrario, se podría contribuir a debilitar la democracia en vez de a reforzarla. Tercera y última: la Ley de Partidos está abierta a todas las aportaciones positivas, porque su objeto no puede ser otro que combatir eficazmente dos de los más graves problemas que alarman hoy a los demócratas europeos: la xenofobia y la violencia.

Referéndum fragmentador
RAMÓN RABANERA/DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA El Correo 23 Mayo 2002

Encuesta, referéndum, consulta popular. Parece que tuviera importancia el nombre que tenga la iniciativa nacionalista de poner a la sociedad ante la confusa y demagógica disyuntiva del ser para decidir, decidir para ser o si queremos decidir lo que somos; algo así.

En cualquier caso, parece que los del PNV están por forzar una consulta popular. Me sorprende, porque los del PNV no suelen hacer mucho caso de los referendos. Les pongo un ejemplo: se han parado a consultar en el Euskadi Buru Batzar que el referéndum de la Constitución se aprobó en Álava con un 78,82% de votos a favor y que el referéndum del Estatuto se aprobó en Álava con un resultado de 90,23% de votos a favor.

Ni la Constitución ni el Estatuto habilitan al lehendakari para convocar un referéndum y, por el contrario, establecen otra fórmula para la convocatoria de consultas populares. No es extraño que la ley que aprobamos los alaveses, y los vascos, sea rigurosa en la atribución de esta competencia. Digo que no es extraño porque lo de consultar a los ciudadanos es una apetencia que no sólo se les antoja a Arzalluz y a Ibarretxe, sino que somos muchos los que deseamos conocer la opinión de la sociedad sobre muy distintos temas.

Podríamos consultar sobre si Ibarretxe puede convocar una consulta; pero, como digo, a eso ya dijimos que no cuando aprobamos la Constitución. También podríamos consultar sobre si los alaveses tenemos derecho a decidir nuestro futuro o si los alaveses debemos acatar lo que vizcainos y guipuzcoanos sumen en un referendo. Creo que esta última es la pregunta que habría que hacer, particularmente cuando escucho propuestas e iniciativas que se orientan hacia la división y el enfrentamiento de la sociedad en lugar de buscar los puntos de encuentro.

Realmente, los alaveses y los vascos, en la medida en que vivimos en democracia, ya decimos en cada elección hacia donde queremos que se oriente nuestro futuro. La lectura que yo hago de esos resultados es que los vascos queremos el consenso y, en modo alguno, queremos la división de nuestro país.

España es plural, por eso existe la autonomía vasca; Euskadi es plural, y por eso existe la autonomía foral. Álava también es plural y todos sabemos que no hay una unidad de pensamiento y que los resultados que se dan en Vitoria no se van a dar en Llodio. Por eso se han arbitrado fórmulas que están en el término medio: Estatuto y Constitución; que son los puntos en los que nos debemos encontrar todos los ciudadanos.

Vaya por delante mi desacuerdo con el lehendakari en relación con su consulta. Sepa el lehendakari que una consulta de ese género significaría, de hecho, que, previamente, los alaveses, como los vizcainos y guipuzcoanos, habríamos renunciado a compartir el actual ámbito político, que es más amplio y más antiguo que el que forman estas tres provincias. Sepan, quienes se quieran persuadir por la idea de una consulta de este tipo, que los alaveses nos tendríamos que someter a los resultados que Vizcaya y Guipúzcoa, más populosas, digan al respecto.

Las propuestas de este género dividen y crean desconfianza. Tal vez algunos se sientan satisfechos por cuanto esto pueda servir para distanciar a la sociedad vasca del resto de la sociedad española. Pero también deben saber que crea una división interna. Una división entre los nacionalistas y los no nacionalistas y también una desconfianza entre unos territorios y otros.

La demagogia del referéndum la podríamos plantear desde la Diputación Foral de Álava. Sin embargo, somos respetuosos con la Ley y creemos que una apelación populista a la consulta ahonda en la divergencia y nos conduce a una segmentación ingobernable. Por qué no podrían pedir los ciudadanos de Bilbao y San Sebastián su propio referendo. Por qué no lo podrían formular los de la Margen Izquierda, los de la comarca de La Rioja Alavesa o los de la cuadrilla de Ayala.

Creo que debemos apostar por otras vías. La vía del consenso y, por supuesto, la vía de la superación de los territorialismos. Estamos ante el reto europeo y ante una sociedad cada vez más global, más cosmopolita. Tengo la seguridad de que el futuro de Euskadi está en la cooperación con el resto de España, porque sólo si sabemos convivir con quienes nos son más próximos sabremos convivir con quienes están más allá de nuestras fronteras.

Basta ya de historias que a nada conducen salvo a la división, a la fragmentación y, en ciertos casos, a la perversa justificación de la violencia. Dediquémonos a resolver los verdaderos problemas que preocupan a los ciudadanos; ahí sí que nos serán eficaces las encuestas.

Cataluña se cierra más
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 23 Mayo 2002

Día a día se va viniendo abajo aquella idea de Cataluña como sociedad abierta. Ahora es la inmigración la que lo pone de manifiesto. Según datos de una encuesta de la Generalitat, el 37 por ciento de los catalanes considera negativa la inmigración: un rechazo superior al de cualquier otra región española, excepto el caso muy especial de Canarias. Pero la singularidad catalana no se debe a que la actitud antiinmigratoria sea más radical que en otras partes sino que aquí es asumida por los líderes políticos, nacionalistas y socialistas. Aquí la alarma viene del propio Pujol, de Carod-Rovira, de Maragall, y es tan fuerte que desborda las posiciones preventivas, cautelosas, que defiende el centro derecha.

Las contradicciones de la izquierda en punto a la inmigración son escandalosas. Mientras Pascual Maragall ha llegado a acusar al PP de favorecer la inmigración de forma irresponsable para abaratar la mano de obra, Zapatero y Llamazares le condenan por blindar las fronteras españolas (y las de Europa, si se lleva adelante el plan que deberá presentarse en la cumbre europea de Sevilla). En Madrid la izquierda pide fronteras abiertas; en Barcelona, cierre a cal y canto. En realidad, Maragall y Zapatero no pueden ponerse de acuerdo aunque quieran: el nacionalismo del uno es incompatible con el internacionalismo folclórico del otro. Tendrían que hacer alguna pirueta intelectual para disimular las contradicciones insalvables: como cuando hablan de multiculturalismo con una confusión calculada. ¿Acaso no está Madrazo identificado con la política etnicista del PNV y habla de mestizaje étnico? ¿Acaso no defiende la euskaldunización mientras se dice defensor de los marginados culturales?

Los hechos de Premiá de Mar han venido a revelar la incapacidad de los nacionalistas para enfrentarse al problema de la inmigración. Los enfrentamientos con las organizaciones magrebíes no son callejeros o espontáneos sino que están dirigidos por dirigentes nacionalistas, concretamente de Esquerra Republicana y de CiU. Carod-Rovira ha pedido la expulsión de algunos representantes de las minorías magrebíes de Premiá por su talante antidemocrático. Les acusan de no hablar catalán y despreciar en el trato a los cargos municipales femeninos. ¿Se imagina el lector qué se habría dicho de un político andaluz si se hubiera mostrado tan radicalmente contrario a las organizaciones marroquíes? ¿Se imagina cuál habría sido la acusación si en las Castillas se hubiera creado tal estado de alarma ante la inmigración?

La sociedad catalana no es una buena consejera en esta cuestión: Si el ensimismamiento en que vive a causa de la hegemonía nacionalista, de la radicalización identitaria y la obsesión por el monolingüismo han sido poderosísimos factores de diferenciación frente a lo español, esto es, frente a la común cultura española, ¿cómo se podría esperar un comportamiento más abierto frente a lo magrebí, por ejemplo?

Pero de todas las turbiedades morales e intelectuales, con las que nos está obsequiando el nacionalismo catalán en este punto, la más audaz es la que se revela tras la afirmación de que la inmigración que soporta Cataluña es peor que la que va a Madrid, por ejemplo, ya que ésta es americana, mientras la suya es magrebí. Ahora parecen darse cuenta de que la «prohibición» de hecho de la lengua española en la enseñanza y en la vida oficial espanta a ecuatorianos o colombianos. Si los escritores latinos abandonaron Barcelona, ¿por qué iban a elegirla los trabajadores manuales?

Crisis de la no democracia
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 23 Mayo 2002

Las respuestas al por qué de la extrema derecha varían entre explicaciones sociológicas, como el miedo a la globalización del mercado o a la inmigración incorrecta, y explicaciones políticas, como la lejanía de las instituciones oficiales respecto de los intereses ciudadanos o el ocaso de los partidos correctamente corrompidos. Los conservadores proponen vitalizar el régimen mejorando las programaciones de los partidos de gobierno, y los progresistas, regenerar la democracia acentuando las aplicaciones sociales del principio de igualdad. Aquellos hablan de crisis de gobierno y éstos de crisis de la democracia.

Nadie quiere ver que el problema de fondo está en la falta de libertad política, en el hecho escandaloso de que se llame democracia a una pura oligarquía de partidos oficiales. Cada crisis particular traduce en cada país continental la crisis común del régimen de partidos estatales, devenido obsoleto desde el final de la Guerra Fría. La crisis de la democracia no es posible en Europa por la simple razón de que esa forma de gobierno no existe en ella. Y aplicar la democracia social en una oligarquía política y financiera destruiría la sociedad tan metódicamente como lo haría una bomba de neutrones. El principio entrópico de la igualdad conduce al caos mortal sin el principio negantrópico de la libertad.

Los avances en el conocimiento de la realidad se producen cuando en lugar de cambiar la respuesta se cambia la pregunta. De todos los fenómenos que nos inquietan, el peor conocido es el político. Estamos más cerca de la verdad en el conocimiento de las causas del caos en las estrellas o en nuestras células cancerosas, que en el de las productoras de crisis en los Estados europeos. Las respuestas varían en los matices de la equivocación porque todas confunden la pregunta. Y cuesta menos salir de un error que de una confusión.

La pregunta pertinente no es por qué funciona tan mal el Estado de partidos en cuestiones de veracidad política, de libertad cultural y de justicia distributiva, sino por qué no se instauran de una vez en Europa, cuando ha desaparecido el temor al comunismo, los tres principios esenciales de la democracia, como forma de gobierno. Sin estos principios (el representativo, el electivo y el divisorio del poder) jamás será posible alcanzar la veracidad del sistema, la libertad colectiva de los gobernados y la justicia social en la distribución de la riqueza nacional.
Los diputados de lista no son representativos de los electores, sino del partido que los incluye en ella. Su voto partidista vulnera por sistema la prohibición constitucional del mandato imperativo. Y la elección del presidente de Gobierno por ellos elude el principio de la elección y deposición de los gobernantes por los gobernados.

El control y dirección del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo salido de él, anula el efecto saludable de la división de poderes, a la vez que contradice el principio básico de toda Constitución, que no es otro que el de separación y contrapeso de poderes, como lo argumentó Karl Schmitt y lo demostró Friedrich. Este principio es la única garantía de la libertad política, como se sabe desde Locke, Montesquieu, Miranda, Bolívar y Tocqueville.
Salvo Gran Bretaña, Europa perdió la decencia intelectual con la guerra mundial. Desde entonces ningún pensador ni artista ha comprendido ni denunciado la naturaleza antidemocrática del Estado de partidos, el artificio que los vencedores impusieron a los vencidos por el miedo de aquellos al sovietismo y el de éstos a un retorno del fascismo.

Desintegrados los partidos comunistas, los intelectuales confunden la extrema derecha con el fascismo porque este peligro irreal es la única legitimidad histórica que resta al corrompido Estado de los Partidos.

ETA hace explosionar un coche bomba en el Edificio Central de la Universidad de Navarra
ABC 23 Mayo 2002

Dos personas han resultado heridas de carácter leve como consecuencia de la explosión un coche bomba a las nueve de la noche en la Universidad de Navarra. Media hora antes de que se produjera la explosión, un comunicante anónimo había alertado al diario Gara y a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra, en nombre de ETA, de la presencia de un coche, un Ford Escort blanco, estacionado tras el edificio central de la Universidad, que contenía una bomba que haría explosión en 30 minutos. La Policía calcula que el Ford Escort estaba cargado con un 20 kilos de explosivos de una sustancia que todavía no se ha determinado

Los servicios de seguridad acordonaron la zona antes de que se produjera la explosión. La deflagración del vehículo, sin embargo, ha causado heridas leves a dos personas que han sido atendidas en el lugar por efectivos sanitarios. Una mujer ha sido conducida a un centro sanitario, aunque su estado no reviste gravedad.

El Edificio Central de la Universidad de Navarra tiene a su alrededor una amplia zona de aparcamiento de vehículos. A poca distancia se encuentras los edificios que albergan a la Biblioteca, al Colegio Mayor
Belagua y a las dos Torres de Belagua, donde residen alumnos universitarios.

El CGPJ torpedea el Consejo de Justicia que constituye hoy Pujol
La Razón 23 Mayo 2002

El Pleno Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer cualquier presencia de vocales de este órgano y de magistrados en el Consejo de Justicia de Cataluña, creado por el Gobierno autónomo y que se constituye hoy. Junto a ello, el Pleno lanzó una seria advertencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Gillem Vidal, y a los de las audiencias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona para que no formen parte del citado Consejo.

En el decreto del Ejecutivo catalán se establece que el presidente del TSJ y de las audiencias se consideran miembros natos del Consejo de Justicia.

Esta decisión fue adoptada por once votos a favor y diez en contra. La propuesta contó con el respaldo de los diez vocales elegidos a propuesta del PP y del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que fue, precisamente, quien la presentó al Pleno. Los vocales designados a iniciativa del PSOE, IU, CiU y el «independiente» Agustín Azparren votaron en contra.

En la propuesta aprobada se considera que, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se afirma que el desempeño del cargo de miembro de Justicia de Cataluña «colisiona con el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial».

Además, el Pleno acordar también demorar la decisión de nombrar tres vocales y dos jueces y magistrados, como miembros electos del Consejo de Justicia de Cataluña, hasta que se resuelva el «requerimiento de inhibición» realizado por el Gobierno a la Generalitat, como paso previo a un más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esta decisión fue adoptada por 12 votos a favor ¬los vocales elegidos a propuesta del PP, el «independiente» Azparren y el presidente¬, 4 en contra ¬Alfons López Tena, elegido a iniciativa de CiU, Monserrat Comas, Fernando Salinas, Javier Martínez Lázaro¬ y 5 votos en blanco.

Decisión «aberrante»
Este acuerdo del Pleno fue calificado de «aberrante» por el vocal López Tena, quien, además, considera que «nada justifica que un órgano constitucional como el CGPJ incumpla la Ley y el Derecho» y que la propuesta del presidente «es totalmente con- traria a la actuación del CGPJ, actual y anteriores».

López Tena anunció también que acudirá a la sesión constituyente del Consejo de Justicia de Cataluña, acto al que también está previsto que asistan Monserrat Comas y el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas.

Precisamente, estos tres miembros del CGPJ presentaron un escrito en el que proponían que, en representación de la Administración de Justicia, se designara a Monserrat Comas, López Tena y Enrique López para que formasen parte del Consejo de Justicia de Cataluña., y a Joaquín Bayo, juez decano de Barcelona, y a José Francisco Valls Gombau, director de la Escuela Judicial, como jueces o magistrados.

Esta propuesta, al aprobarse la presentada por el presidente del CGPJ, no llegó a votarse.
Por otro lado, el vocal Lòpez Tena denunció ayer en el Pleno que el acuerdo por el que se reincorpora a la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño no se corresponde con lo que se debatió y votó en el Pleno del pasado día 8, según se recoge en el acta.

Así, aseguró que él votó a favor del reingreso de Liaño en la judicatura, pero que, en cambio, el texto del acuerdo no se corresponde con el debate que se mantuvo en el Pleno. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre si ello podría suponer la nulidad de ese acuerdo.

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