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Recortes de Prensa     Viernes 24 Mayo  2002
El brazo armado
Editorial El Correo 24 Mayo 2002

UNA LEY CON APOYO POLÍTICO Y LEGITIMIDAD JURÍDICA
Editorial El Mundo 24 Mayo 2002

Las víctimas y la ilegalización del terror
VIKY URIARTE GARAY Y TERESA DÍAZ BADA / El Correo 24 Mayo 2002

El original y la fotocopia
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo 24 Mayo 2002

Ventajas e inconvenientes de la clandestinidad
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Mayo 2002

Esquizofrenia nacionalista
Antonio JIMÉNEZ La Razón 24 Mayo 2002

Democracia de ley
Editorial El Correo 24 Mayo 2002

«Europa. Estados. Regiones»
M. MARTÍN FERRAND ABC 24 Mayo 2002

Una panorámica del problema vasco
Ángel María Iraburu Larreta  La Razón 24 Mayo 2002

Acebes acusa a quienes rechazan la Ley de Partidos de «vincular su destino a los amigos de los violentos»
FERNANDO GAREA / AGUSTIN YANEL El Mundo 24 Mayo 2002

Ibarra pide reformar el Senado para acabar con los privilegios de los nacionalistas
L. R. R. - Barcelona.- La Razón 24 Mayo 2002

Pedro Sanz advierte de «los peligros» del nacionalismo radical
Redacción/Ep - Madrid.- La Razón 24 Mayo 2002

Eta responde a la deslegalización con un coche bomba en Pamplona
Redacción - Pamplona.- La Razón 24 Mayo 2002

Justicia y comunidades autónomas
JUAN DAMIAN MORENO El Mundo 24 Mayo 2002


 

No se ha podido consultar la edición de La Estrella

El brazo armado
Editorial El Correo 24 Mayo 2002

ETA volvió ayer a actuar demostrando que precisa destruir y amedrentar para hacer patente el peso de una fuerza coactiva que trata de constreñir las voluntades y envilecer la conciencia de los ciudadanos. Esta vez el terrorismo quiso perturbar la vida de los habitantes de Pamplona atentando contra la Universidad de Navarra -que ya fue objetivo de la agresión terrorista en 1980 y en 1981- en una muestra más de la intolerancia extrema y del bárbaro fanatismo que anida en su seno. El coche-bomba que hizo retumbar las facultades del campus pamplonés nos recuerda las ocasiones en que, durante los últimos años y meses, la acción policial ha impedido a los etarras cometer auténticas masacres. Pero revela también el chantaje a que el terror pretende someter a la sociedad democrática.

Cada atentado es portador de un mensaje inequívoco dirigido a la ciudadanía y a las instituciones; ese mensaje reza que, sea cual sea la respuesta del Estado de Derecho al desafío terrorista, ETA persistirá en su obcecación fascista mientras la democracia no desista de ser lo que es. El chantaje resulta especialmente diabólico cuando -como ocurre con la discusión de la nueva Ley de Partidos- el terrorismo y sus adláteres consiguen en parte distorsionar el sentido que la libertad, los derechos humanos y la pluralidad adquieren en una sociedad abierta, induciendo a través del nacionalismo radical una vivencia tan acomplejada de los valores democráticos que sirve de nutriente a la inquina de los asesinos.

UNA LEY CON APOYO POLÍTICO Y LEGITIMIDAD JURÍDICA
Editorial El Mundo 24 Mayo 2002

El proyecto de Ley de Partidos superó ayer su primer trámite parlamentario con el apoyo de 277 diputados frente a los 34 que refrendaron la enmienda a la totalidad del PNV, secundada por CiU e IU. Habría que remontarse bastante tiempo atrás para encontrar otro proyecto no sólo con semejante porcentaje de votos a favor sino, sobre todo, con las garantías jurídicas y constitucionales que sustentan el texto consensuado por el Gobierno y el PSOE para ilegalizar Batasuna, avalado por el Consejo de Estado y el CGPJ.

Gaspar Llamazares, coordinador de IU, calificó ayer la iniciativa de «ley refrito con medidas de excepción», en la misma argumental que el portavoz del PNV, que aseguró que el proyecto vulnera la Constitución y las libertades .

En una brillante intervención parlamentaria, Angel Acebes, ministro de Justicia y ponente de la ley, recordó a los dos socios en el Gobierno de Vitoria que donde realmente se vulneran la Constitución y los derechos más elementales es en el País Vasco, cuando todos los miembros de la oposición tienen que llevar escolta. Acebes acusó al PNV de defender a Batasuna por «una ensoñación étnica» y de oponerse siempre en el Parlamento a cualquier medida contra ETA y su entorno que no sea «cosmética». Pero lo más importante de su alocución es que el ministro desmontó una a una las objeciones nacionalistas al proyecto, empezando por la cuestión de la retroactividad y terminando por la legitimidad del legislador para acabar con los «espacios de impunidad».

Los nacionalistas presentaron ayer el pacto entre el PP y el PSOE como un acuerdo a espaldas del Parlamento. Pero el argumento cae por su peso, ya que no ha habido hi habrá probablemente en mucho tiempo un texto tan debatido dentro y fuera de las Cámaras.El problema del PNV no es que los dos grandes partidos hayan pactado sino que su posición en el Congreso es absolutamente minoritaria. Como recordó ayer Javier Arenas, fue el PNV quien pactó con ETA la estrategia de Lizarra y todavía no ha dado explicación alguna.

Acebes y Arenas han hecho mucho para que esta ley salga adelante.Pero también Zapatero y Jesús Caldera han logrado el éxito de convencer a sus compañeros del PSOE de la necesidad de apoyar este proyecto e incluso mejorarlo con sus enmiendas.

Si el PNV es un partido tan democrático como dicen sus dirigentes, debería aceptar las reglas de la mayoría parlamentaria, que coinciden con la voluntad de una gran parte de la sociedad española. Ayer quedó patente que la iniciativa tiene apoyo político y legitimidad jurídica, los dos elementos esenciales de una buena ley.

Las víctimas y la ilegalización del terror
VIKY URIARTE GARAY Y TERESA DÍAZ BADA / El Correo 24 Mayo 2002

Las víctimas del terrorismo conocemos mejor que nadie las muchas razones por las que es preciso ilegalizar a los cómplices de los criminales. Durante demasiados años hemos visto cómo numerosos ciudadanos de este país han permanecido impávidos ante crímenes horrendos, cómo otros tantos han sido profundamente condescendientes con los portavoces del horror y cómo desde el mundo nacionalista se ha permitido, cuando no alentado, que la política, la economía, la cultura y la educación del País Vasco hayan pivotado, y lo sigan haciendo, sobre las pretensiones delirantes de un grupo de psicópatas y sus respectivos colaboradores.

Como desde hace varias décadas padecemos directamente todos estos desmanes éticos y como aún hoy tenemos que soportarlos diariamente, para nosotras resulta muy evidente la urgencia de ilegalizar a todos aquellos grupos, asociaciones, organizaciones y empresas que actúan diariamente como cómplices directos o indirectos de los asesinos.

Los que mezclan la tolerancia con la cesión al chantaje, quienes admiten que un tiro en la nuca es otra forma de argumentar políticamente las cosas y aquellos que, como el lehendakari, confunden el respeto a las ideas ajenas con la sumisión a una ideología nacional-fascista y violenta, camuflan su negativa a la ilegalización de los cómplices de los terroristas bajo la excusa de que este proceso legal sería un ataque a la democracia y a la libertad de ideas y de asociación. Nada más lejos de la realidad. Nosotras, víctimas del terrorismo, conocemos perfectamente que alabar pública y privadamente el asesinato de nuestros familiares no es una ideología, sino que es un delito; sabemos que alentar impunemente a quienes robaron la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos o de nuestros maridos, no es una opinión, sino una afrenta radical a los derechos humanos más elementales; somos conscientes de que suministrar recursos humanos y materiales a quienes fueron los verdugos de nuestros allegados no es un argumento político, sino una complicidad absoluta con el horror; y, sobre todo, no tenemos ninguna duda de que insultar, chantajear, amenazar, extorsionar e intimidar a las víctimas del terrorismo en particular, y al resto de los ciudadanos demócratas en general, no es una forma de hacer política, sino que, por el contrario, es una acción directa de terror callejero que se planifica tan meticulosamente como los ametrallamientos o las explosiones que terminarán con la vida de personas inocentes.

Somos muy conscientes de que los asesinos de nuestros familiares no fueron únicamente quienes apretaron un detonador o dispararon un arma; los verdugos de nuestros familiares también fueron quienes suministraron un objetivo , los que informaron de una ruta, los que proporcionaron medios materiales para un crimen y quienes, una vez consumada la barbarie, corrieron a proteger a los terroristas. Todos nosotros sabemos qué grupos, qué organizaciones y qué asociaciones resguardan y protegen a estos cobardes. Los legisladores también lo saben y, por ello, ahora se trata de que, con el apoyo de la mayoría de una sociedad democrática, nuestros representantes pongan en marcha el mecanismo legal que permita, de una vez por todas, que nuestro país pueda defenderse de quienes, mediante tácticas criminales, tratan de poner contra las cuerdas al Estado de Derecho. Como en su momento ya señaló el filósofo Karl Popper, la tolerancia no debe llegar hasta los intolerantes, porque termina negándose a sí misma como posibilidad real de existencia.

En estos momentos cruciales para la defensa de la libertad de todos y tan importantes para la búsqueda de la Justicia que constantemente demandamos las víctimas del terrorismo, contemplamos nuevamente, con un sentimiento en el que se mezcla a partes iguales la tristeza, la indignación y la desesperanza, cómo el mundo del nacionalismo vasco vuelve a posicionarse más cerca de los verdugos y de sus cómplices que de las víctimas de éstos. En este sentido, para nosotras, lo más terrible como víctimas del terrorismo no es solamente que los apologetas del terror inunden las calles de nuestros pueblos de gritos y vítores demandando más crímenes, más atentados, más muertes y más dolor. Lo peor de todo es comprobar cómo el llamado nacionalismo democrático no sólo protege a sus hijos descarriados de un presunto proceso de ilegalización que es, sobre todo, un proceso de dignidad colectiva, sino que lo más terrible es comprobar cómo, por ejemplo, una plaza que en Arrigorriaga lleva el nombre de un asesino va a continuar llevándolo con el consentimiento explícito e indecente de PNV y EA.

Cuándo vamos a escuchar decir al Gobierno vasco que luchará firmemente, sin complejos y con todos los medios a su alcance, contra la banda terrorista ETA? ¿Cuándo vamos a oír al lehendakari enumerar las decisiones que ha tomado para terminar activamente con los criminales, en vez de escucharle hablar sobre lo bien que viven los ciudadanos nacionalistas de este país o sobre una siempre amenazante consulta de autodeterminación que para nosotras significa que los asesinos de nuestros familiares habrán, finalmente, triunfado?

El régimen nacionalista, desde los múltiples aparatos de poder que dirige, está siendo muy pertinaz y muy obstinado en su demagógica y numantina defensa de los amigos de los terroristas. Por una vez, sería conveniente que pusiera idéntico empeño y el mismo énfasis en conseguir que los asesinos no provocaran más víctimas como nosotras, en lograr que todos los ciudadanos tuvieran idénticas oportunidades de vivir en paz, en defender los derechos individuales de todos los vascos y, sobre todo, en garantizar para nuestros hijos un futuro de libertad. Esa libertad que, en esta tierra, no disfrutamos ni las víctimas del terrorismo ni todas aquellas personas que no comulgan con los objetivos de los pistoleros y de sus cómplices de paisano. Ilegalizar el terror será un paso para caminar hacia ella.

El original y la fotocopia
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo 24 Mayo 2002

La Ley de Partidos Políticos es una ley popular. Lo es doblemente.Por quien la ha impulsado, el presidente Aznar, y por el masivo apoyo que encuentra en toda España con la excepción de Euskadi.Ayer pudo verse en el Congreso de los Diputados, con el amplio rechazo parlamentario a las siete enmiendas a la totalidad, lo que se ve todos los días en la mayor parte de los ambientes sociales.

Con la iniciativa del PP va a hacerse oficial, como diría Adolfo Suárez, lo que es real en la sociedad. No es una opción jurídica o política la que se refleja desde la calle, sino un profundo hastío social hacia la utilización del asesinato como arma política.En la reciente memoria histórica de los españoles, el recuerdo de ese crimen colectivo que fue la Guerra Civil, encuentra Aznar su principal apoyo para denunciar la contradicción de quienes, sin condenar el tiro en la nuca, desde el entorno político de la violencia demandan la solidaridad de los que mañana pueden recibir la bala en su cabeza para que protesten hoy contra su ilegalización.

No es casual, como ha escrito Pujol, que toda la oposición contraria o reticente a una Ley de Partidos, incapaz de frenarla, se haya sumado finalmente al proyecto del PP por ser popular o muy rentable electoralmente hablando, que es como hablan siempre los profesionales de la política. Sólo así se entiende que Zapatero, una vez más, rectifique en mayo su decisión de enero, la liquidación de Nicolás Redondo, dado que en la primavera desteje todo lo inteligentemente tejido por Ramón Jáuregui durante el muy largo invierno. Aquel paso adelante hacia Ibarretxe ha precedido, paradójicamente, los dos atrás hacia Mayor Oreja. Cuando parecía encaminarse hacia Ajuria Enea con la cabeza cortada de Redondo, acaba de llamar a la puerta de Génova con el brazo amputado de Jáuregui. No digamos ya la pirueta de Pujol de votar lo uno y su contrario, tanto a la puta como a la Ramoneta, que quiebra la columna vertebral de la declaración de Barcelona que firmara junto con Arzalluz y Beiras. Así la opinión pública, por no hablar de la publicada, un aislado, asolado y asilado Ibarretxe no encuentra más compañía parlamentaria en Madrid que la de quien, como Llamazares, ya le acompaña gubernamentalmente en Vitoria.

No hay que dar las vueltas retóricas de los nacionalistas catalanes, ni buscar los subterfugios jurídicos de los socialistas. Un original es un original, una fotocopia es una fotocopia y está muy claro quién es el autor y quiénes son los copistas en la Ley de Partidos.Si alguien tiene alguna duda, se la despejarán las próximas elecciones.Se podrá estar o no de acuerdo con Aznar; pero es indudable, sobre todo en la cuestión vasca, que es el único dirigente político actual que cuenta con ideas, proyectos y contenidos. El resto es coro o silencio pese a que las urnas, entre el original y la fotocopia, siempre se inclinan por el original.

Ventajas e inconvenientes de la clandestinidad
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Mayo 2002

El proceso en marcha para ilegalizar a aquellos partidos que colaboren con organizaciones terroristas ha suscitado de nuevo la manida polémica sobre las eventuales ventajas que la opacidad ofrece al crimen organizado basado en pretextos políticos. El coordinador de Izquierda Unida, que en este asunto se está comportando con el espíritu constructivo y la perfecta sintonía con el interés general propios de un pensador esclarecido que todavía cree en la propiedad pública de los medios de producción, ha revelado que diversos organismos del Estado relacionados con la seguridad han elaborado estudios para la Presidencia del Gobierno en los que se desaconseja la ilegalización del brazo institucional de Eta. Gaspar Llamazares debería explicar cómo ha tenido conocimiento de la existencia y el contenido de tales informes, altamente confidenciales por razones obvias. Porque si ese material ha llegado a sus manos por su condición de diputado con acceso a secretos oficiales, su comentario público revela una irresponsabilidad preocupante y si lo ha hecho por canales oscuros, la cosa es aún más inquietante.

Aquí de lo que se trata es de la dignidad del Estado democrático y del respeto a la memoria de las víctimas pasadas y futuras. Jordi Pujol, en una reciente intervención en el Parlamento de Cataluña, se dirigió directamente a Josep Lluis Carod-Rovira, que le acusaba de someterse a los dictados de Aznar en la cuestión de la Ley de Partidos, y le preguntó en tono airado si estaba de acuerdo en que se financiase a Eta. Sin que esto siente un precedente, hay que darle toda la razón al Molt Honorable en su planteamiento. Al final, lo que no se puede tolerar es que el dinero del honrado contribuyente acabe, a través de caminos más o menos tortuosos, pagando la dinamita o las pistolas asesinas. Y eso es que lo que está sucediendo en la medida que los despachos, teléfonos, sueldos, medios de transporte, subvenciones y capacidad de compra de voluntades a cargo del presupuesto de que disponen Arnaldo Otegi y sus compinches, son herramientas que ellos emplean sin escrúpulo alguno de manera más o menos directa para ayudar a la banda a perpetrar sus execrables fechorías.

La perspectiva de la comodidad con la que los servicios de inteligencia pueden vigilar las actividades delictivas del entorno etarra ha de someterse a otras consideraciones de mayor calado ético y jurídico. En cuanto a las consecuencias electorales y sociales del paso a la clandestinidad del ultranacionalismo fascista vasco, sin duda deben ser cuidadosamente evaluadas y ponderadas, pero vale la misma consideración que para las posibles dificultades adicionales que se le presenten a la Guardia Civil, a la Policía o al Centro Nacional de Inteligencia. Lo primero es lo primero y en temas de esta trascendencia la confusión de niveles suele resultar letal.

Esquizofrenia nacionalista
Antonio JIMÉNEZ La Razón 24 Mayo 2002

La última pirueta política de CiU es, efectivamente, un salto mortal con tirabuzón incluido. Los chicos de Pujol en Madrid se unen al PNV para rechazar la Ley de Partidos en su totalidad y a renglón seguido, junto a PP y PSOE, votan a favor de la misma ley. La conclusión de tan estrambótica postura es que CiU está en contra y, al mismo tiempo, a favor de la ilegalización de Batasuna.

Todo un monumento a la incoherencia con el que los nacionalistas catalanes pretenden agradar a sus colegas vascos y de paso no disgustar a los suyos que tantas veces se han manifestado contra el terrorismo en Barcelona. Con este ejercicio de ambigüedad calculada, CiU pone una vela a Dios y otra al diablo, que es muy propio del nacionalismo catalán. Un día profesa lealtad constitucional y al siguiente reclama soberanía compartida para Cataluña como si estuviéramos ante un hecho colonial similar al de Gibraltar. Pero a este juego nos hemos acostumbrado y con ser preocupante, no es ni la mitad de grave del que practica el PNV, cuyos dirigentes han entrado en una deriva política que raya en el insulto.

Democracia de ley
Editorial El Correo 24 Mayo 2002

El debate y rechazo de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Partidos dio paso ayer a la tramitación parlamentaria de una norma que probablemente será promulgada con la celeridad propia de las iniciativas legislativas que gozan de un amplísimo consenso en las Cámaras. El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE en torno a un proyecto que -no hay que olvidarlo- surgió del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito por ambas formaciones, cuenta con la destacable anuencia de CiU. La contradictoria actitud mantenida ayer por la federación liderada por Jordi Pujol, votando a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el PNV y anunciando -a la vez- su disposición favorable a la aprobación de la nueva Ley, no devalúa la importancia de dicho apoyo ni debería ser considerada como una mera muestra de tacticismo oportunista. Junto a motivaciones de orden político, la paradójica posición de CiU refleja dudas y prevenciones que, suscitadas con anterioridad a las modificaciones pactadas entre populares y socialistas, forman parte de las preocupaciones que han de afectar a todo sistema democrático.

El propio texto de la enmienda a la totalidad del PNV citaba al constitucionalista Karl Loewenstein para recordar que las decisiones vinculadas a la ilegalización de partidos políticos por motivos distintos al de su eventual ilicitud penal constituyen «el mayor dilema» con el que se enfrenta el Estado democrático constitucional. La diferencia estriba en que CiU afronta dicho dilema dispuesta a dotar al sistema de libertades en España de un instrumento legal complementario al Código Penal que regule la actividad política partidaria y prevenga toda utilización impune de la misma para dar cobertura al terrorismo. Por el contrario, el PNV rehuye el dilema citado y se acomoda en su innata renuencia a que la acción de la Ley y de la Justicia pueda perturbar los equilibrios que el nacionalismo democrático mantiene respecto al nacionalismo violento.

Siendo esto así, lo que a estas alturas no tiene justificación alguna es que, aun a pesar de las mejoras que el acuerdo con el PSOE y con CiU han incorporado o incorporarán al texto inicial, el nacionalismo gobernante siga faltando a la verdad con el indefendible argumento de que la nueva Ley vulnera la libertad ideológica, coarta los derechos de expresión y asociación y atenta contra la pluralidad. Semejante empecinamiento resulta especialmente grave por la inconsecuencia que supone sostener una enmienda a la totalidad del proyecto sobre el supuesto de que la nueva Ley «polarizará a la sociedad e intensificará el enfrentamiento» mientras se utilizan razonamientos falaces que contribuyen precisamente a azuzar eso que se denuncia.

«Europa. Estados. Regiones»
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 24 Mayo 2002

Helmut Kohl, Jacques Delors y Felipe González, tres estrellas en la última etapa de la construcción europea, han protagonizado un seminario en el Parlament de Catalunya -«Europa. Estados. Regiones»- para tratar de vislumbrar el papel que les corresponderá en el futuro, dentro de la UE, a las 179 regiones que integran nuestro Viejo Continente. Los tres han rechazado la participación de las regiones en las instituciones europeas. Curiosamente el acontecimiento, a pesar de su máximo interés y de su especial oportunidad, no ha tenido mucho eco en el magma mediático hacia el que va degenerando el viejo periodismo español.

Kohl, Delors y González, los tres cocineros de Maastricht, el embrión de la Europa presente, coincidieron, con matices, en que la UE ha de configurarse como una realidad federal que permita en su seno la existencia de poderes regionales fuertes. Lejos ya de la agitación en el ejercicio del poder y distantes de la tentación electoral, Kohl insistía en que el regionalismo no debe confundirse con el separatismo mientras el ex presidente de la Comisión Europea hablaba de respeto a la diversidad desde la firmeza de la unidad y al tiempo que el español, más rotundo, insistía en que la participación de las regiones en las decisiones ejecutivas de la UE «no tiene solución».

El seminario, que insistió en la idea de los Estados como células integradoras, no divisibles, del todo europeo, abundó también en una idea de González según la cual Europa no será respetada en el ámbito mundial sin una política común y firme en los asuntos de Exterior y Defensa. Como se ve, los tres ex, con gran lucidez, perseveraron en las ideas fundacionales de lo que hoy ya vemos como una realidad continental y común, con euros en los bolsillos, horizontes lejanos y fantasmas compartidos. Es también evidente que los líderes actuales de los Quince que, por el momento, aportan sus respectivas estrellas doradas a la bandera azul no tienen el empuje, la resolución, la generosidad y la fuerza de los «visionarios» -según Kohl- que pusieron en marcha el invento; pero también está claro que el camino recorrido y las ventajas conseguidas son un cimiento suficiente y sólido para seguir construyendo, sin ruidos en el sistema, el prometedor -y ampliable- edificio continental. Europa, una necesidad más que un deseo, se levanta de Cumbre en Cumbre, de Bruselas a Estrasburgo y con actos de Gobierno. También, quizás más, con seminarios como éste al que me refiero. Aunque el debate no esté de moda ya no cabe una política evolutiva para creyentes europeístas. En Europa hay, también, muchos descreídos. Y muchos intereses pequeñitos que salvaguardar.

Una panorámica del problema vasco
Ángel María Iraburu Larreta es abogado La Razón 24 Mayo 2002

Situación actual. Dos terribles calamidades sufren el País Vasco y parte de Navarra: el terrorismo, de mayor o menor intensidad, y el odio, la división, el miedo, el exilio... «la fétida atmósfera reinante: esa que invita al silencio y al permanente disimulo» (A. Arteta, catedrático UPV), esa que, hace afirmar al escultor Ibarrola: «la situación está peor que nunca», y a «Ollarra» escribir «La política y las gentes están mal, muy mal, en Euskadi, un país dividido, machacado por Eta y el PNV».

El terrorismo, más «espectacular» y que alcanza a toda España, está siendo tenaz y eficazmente combatido. Esto, indudablemente, es altamente positivo. Pero la acción política y social casi nunca procura conseguir lo fundamental: extirpar la raíz, la causa principal de estas calamidades. Es penoso leer, de destacadas personalidades de la política nacional, declaraciones como éstas: «No es un conflicto político, por mucho que los nacionalistas lo digan, sino que se trata de un conflicto de delincuencia terrorista»; «los terroristas son movidos por el deseo de matar»; «acabará la crisis política vasca cuando Eta esté definitivamente arrinconada»; etc. Pero, ¿los terroristas han surgido... porque sí? Se detiene, juzga y encarcela a unos etarras. Y surgen otros. ¿Por qué? ¿Y por qué hay entre los vascos odio, división, miedo?

La raíz del problema vasco. A mi juicio, para resolver la situación en que nos encontramos es imprescindible buscar el origen de la misma, su raíz. El problema vasco existe porque un sector de su población está plenamente convencido de que Euskal Herria era una nación independiente y feliz que fue invadida por España a la fuerza, imponiéndole una lengua extranjera y sojuzgando a todos los vascos. Y ahora, unos por medios pacíficos y otros utilizando la violencia, quieren recobrar la libertad perdida. Ese punto de partida es absolutamente falso, pero ellos, en su inmensa mayoría de buena fe, lo creen firmemente, porque así se lo han enseñado. La raíz del problema es una criminal falsificación de la Historia y, si con la verdad no se arranca esta raíz, no se conseguirá nada definitivo.

Veamos unas citas autorizadas y recientes. Jon Juaristi, ex etarra, euskaldún, catedrático: «Hay que hacer saber a los engañados vascos que jamás hubo una patria vasca ocupada y destruida por España». El nacionalismo vasco «reclama la reparación de unas ofensas que no existen en nombre de una patria vasca que no existió nunca». José Andrés-Gallego, catedrático de Historia: «Llevamos los vascos en España entre mil y quinientos años de historia común y pacífica». J. P. Fusi Aizpurúa, donostiarra, catedrático de Historia: «Las ficciones nacionales alumbradas por los nacionalismos del XIX no resisten el examen de la Historia». Fernando G. de Cortázar, jesuita, catedrático de Historia: «La región en que se manipula la Historia de una manera más escandalosa es el País Vasco». Gabriel Jackson, historiador americano: «No sé de ningún otro caso en que unas falsedades, sinceramente creídas, hayan llevado a cientos de seres humanos, por lo demás decentes, a creer que sirven a una buena causa asesinando a ochocientas personas en unas condiciones de libertad política y con un Gobierno representativo». «Es sólo entendible desde una nefasta y parcial interpretación de la Historia».

La verdad histórica. Recientemente, el Arzobispo de Pamplona, valiente y certeramente, escribía: «Ante la exigencia del pretendido derecho a la autodeterminación, es preciso hacer una serie de observaciones que debilitan y prácticamente anulan la legitimidad de esta reivindicación. Los vascos están presentes en todo el territorio español; y en lo que se llama País Vasco o Euskal Herria, hay y ha habido desde hace siglos muchas personas no vascas, viviendo en paz y perfecta armonía con los vascos. Esa unidad ahora invocada como Euskal Herria o País Vasco no ha sido nunca una unidad política independiente, ni puede considerarse como un país ocupado por otro, puesto que ha participado en la historia general de los pueblos peninsulares desde la romanización, en la era visigótica, en los años de la Reconquista y de forma plena y constante desde que se instaura la Monarquía española». «...Los vascos no están sometidos a ninguna injusticia objetiva...»; «...que los jóvenes no sean educados en el odio,... que no crezcan con el resentimiento contra unos pretendidos opresores». Dice José A. Sentís, refiriéndose al caso vasco: «...en lugar de reivindicar su paternidad compartida en la fundación de España, que objetivamente les pertenece, los nacionalistas crean un imaginario de sumisión y dominación, como si les avergonzara su pasado glorioso y se enorgullecieran de sus fracasos inexistentes. Digan lo que digan estos intérpretes victimistas de la Historia, ellos no son España porque España les hubiera colonizado o doblegado por las armas, sino porque la compusieron desde el principio. Son más España que otros antiguos reinos de esta península».

El conocimiento de la verdadera Historia no iría en contra de nadie y sí en bien de todos los vascos. Tiene que ser muy triste sentirse injustamente oprimido por una nación extranjera, odiar, practicar la violencia... Más triste aún, quizá, que ser odiado o víctima inocente de esa violencia. Cuando se logre que resplandezca la verdad histórica, y es seguro que se logrará, los vascos viviremos, como durante cientos de años, integrados pacíficamente, solidariamente, en esta España de la que somos «socios fundadores». Exigir la independencia es inmoral. Exigir la independencia del País Vasco, la secesión de España (y Francia), si se hace pacíficamente, es, por supuesto, completamente legal. Pero, objetivamente, es, a mi juicio, gravísimamente inmoral. Por varias razones. Porque la exigencia de independencia se basa en una falsedad histórica que hay que alegarla como cierta. Hay que mentir. Porque para sostener esa falsedad, hay que enseñarla a los demás, principalmente a niños y jóvenes. Hay que mentirles. Y porque así, de hecho, se apoya eficazmente, dándoles soporte ideológico y motivación, a los que pretenden idéntico fin mediante la práctica del terrorismo.

Independencia no deseada e inalcanzable. La independencia de los vascos es absolutamente imposible por varias razones. No es necesario esgrimir siquiera las de carácter histórico y legal. Basta con exponer un hecho. La independencia «real» de los vascos es imposible sencillamente porque no la quiere la inmensa mayoría de los propios vascos. Una cosa es que algunos políticos agiten el concepto, como un espantajo, para obtener lo que ellos califican de ventajas para su Comunidad, y otra, muy distinta, que el pueblo la desee realmente. Sólo la quieren los terroristas y unos pocos nacionalistas. Veamos. Los separatistas afirman siempre que la independencia debe ser para el conjunto de Euskal Barrio. Es decir, para Euskadi, Navarra e Iparralde (el territorio vascofrancés). El Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno del País Vasco afirma, tras un sondeo realizado el mes de diciembre último, que los independentistas de aquella Comunidad suponen el 21 por ciento de sus habitantes. Conviene, además, resaltar que, incluso el sentimiento nacionalista va disminuyendo, constantemente, desde 1978, según los resultados electorales. Nacionalistas (PNV, EA, HB... ): 67 9, 65 9, 56 4, 54 6, 52 8. No nacionalistas (PSOE, PP...): 31 0, 31 6, 43 3, 44 6, 46 3.

Pasemos a Navarra. En una reciente encuesta, encomendada por su Gobierno Foral, vemos que los navarros que desean ser independientes con Euskadi suponen el 11 por ciento de la población. No tengo datos concretos sobre los vasco-franceses. Al parecer, los independentistas no llegan al 2 por ciento. En resumen: la inmensa mayoría de los habitantes de la total Euskal Herria no desea ser independiente.

Por otra parte, la secesión de una parte del territorio de España requeriría: 1° La aprobación por los dos tercios del Congreso y del Senado; 2° La disolución de las Cortes Generales; 3ª La elección de nuevas Cámaras; 4° Que los nuevos Congreso y Senado aprobasen la secesión con mayoría de dos tercios; y 5° Que, en referéndum, la aprobasen los ciudadanos de toda España. Nadie, supongo, creerá que esto es ni remotamente posible. Entonces, si no tenemos derecho, ni queremos, ni podemos segregarnos del resto de España... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se callan de una vez las pistolas y los que, con falsedades, siembran el odio, y vivimos todos en paz? A mi juicio, por culpa de todos. De muy diversas maneras y en muy diferentes grados, todos somos responsables. Todos. Los falsificadores de la Historia, los terroristas, los políticos, los medios de comunicación social, la Iglesia... La sociedad española entera (vasca y no vasca), que se ha limitado a ir a manifestaciones y funerales, y la inmensa mayoría no ha movido un dedo.

Los etarras presos. El etarra arrepentido Soares Gamboa, refiriéndose a sus antiguos compañeros, afirmaba: «me dan pena, porque ellos entienden que el asesinato es una acción política». E. Rojas, psiquiatra: «Los etarras tienen una distorsión de la interpretación de la Historia y eso les lleva a posicionarse de una forma extrema en la sociedad. En ese extremismo está todo justificado». J. Cotino, Director General de la Policía: el etarra «tiene un fuerte convencimiento de que lo que hace está bien».

No justifico, claro está, sus abominables crímenes, a veces horrendos, espantosos. Pero, en su mayoría, son gente engañada, y cometen sus delitos por motivos políticos, no para su lucro personal. Y esto es, a mi juicio, un atenuante. Los primeros culpables son otros. Oigamos al ex etarra y poeta Jon Juaristi: «¿Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes, y por qué hemos matado tan estúpidamente? Nuestros padres mintieron: eso es todo».
Ojalá esos «padres» escuchen esta queja y dejen de engañar y de sembrar odio, para acabar con el terrorismo, la división fratricida, el miedo, la falta de libertad, los exilios, la ausencia de verdadera democracia... En sus manos está, principalmente, que llegue a nuestro dolorido pueblo la anhelada paz.

 

LUCHA CONTRA ETA / La norma que permitirá ilegalizar Batasuna supera el primer trámite parlamentario con apoyo del 90% del Congreso / Caldera invita al PNV, a IU y al Grupo Mixto a sumarse al consenso
Acebes acusa a quienes rechazan la Ley de Partidos de «vincular su destino a los amigos de los violentos»
FERNANDO GAREA / AGUSTIN YANEL El Mundo 24 Mayo 2002

MADRID. La Ley de Partidos que servirá para ilegalizar a Batasuna superó ayer con éxito el primer trámite parlamentario, al lograr el apoyo del 90% del Congreso y tras un debate marcado por el duro alegato del Gobierno y del PP contra el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Los votos de PP, PSOE y Coalición Canaria derrotaron las enmiendas de totalidad apoyadas por CiU, PNV, IU, EA, IC, Chunta y EA.

En defensa del proyecto de ley que permite que el Tribunal Supremo ilegalice a partidos que amparan o defienden el terrorismo, el racismo o la xenofobia intervino Angel Acebes, ministro de Justicia, orillando las cuestiones técnicas en favor de las políticas. Utilizó su turno para lanzar un duro reproche hacia los nacionalistas vascos e Izquierda Unida, a quienes acusó de ponerse de parte de los verdugos, en lugar de apoyar a las víctimas.

Les acusó de rechazar la ley inspirados por «ensoñaciones étnicas» y de «cometer el error histórico de vincular su destino a los amigos de la violencia».

Acebes respondió expresamente a unas declaraciones de Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, en las que calificó a España de «democracia de baja calidad»: «Se atreve a decirlo el PNV, que lleva más de 22 años gobernando y teniendo mayoría en un Parlamento donde toda la oposición tiene que llevar escolta; donde se sienta en la Comisión de Derechos Humanos quien ha sido uno de los jefes de los terroristas, Josu Ternera; donde, desde la tribuna, se justifican las actividades criminales, asesinatos a sangre fría, el tiro en la nuca de ETA. Señor Anasagasti, eso no es una democracia de baja calidad, eso es una vergüenza».

Pacto con ETA
Remachó esta posición el secretario general del PP, Javier Arenas, al preguntar al PNV y a IU «en qué ciudad francesa se firmó el pacto con ETA que terminó en el acuerdo de Estella». Y al utilizar frases tan duras como éstas: «Si yo fuera nacionalista, sería el primer interesado en que nadie ensuciara mis ideas con sangre inocente y no toleraría que nadie envileciera mis ideas con crímenes; y si alguien asesinara en nombre de mis ideas tendría que dejarles a un lado, alinearme con las víctimas y clamar contra los verdugos».

En cuanto al fondo de la ley, el fruto más importante del pacto antiterrorista de populares y socialistas, Acebes reiteró que lest norma no penaliza ideas independentistas o separatistas, sino «comportamientos graves y reiterados».

Añadió que se trata de «cerrar los espacios de impunidad para acabar con la agresión ilegítima, para expulsar el terrorismo de la política y para evitar que el terrorismo se sirva de la política, porque los partidos no pueden ser depósitos de armas, viveros o refugios de asesinos, cátedras de violencia o centros de apoyo logístico a los terroristas o aparato de financiación, gestión o propaganda de las bandas violentas».

Interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los diputados del PP, Acebes contrapuso la intención de la ley con quienes pretenden «una democracia indefensa y resignada y oponer silencio solidario en los funerales y resignación para asumir las condiciones que nos imponen para dejar de matarnos».

Tanto Acebes como Arenas criticaron que el PNV e IU argumenten que la única vía deba ser la penal y, al tiempo, se hayan opuesto a todas las reformas del Código Penal contra ETA y su entorno y critican las actuaciones judiciales.

El secretario general del PP contrapuso la posición de Batasuna a la de «las formaciones democráticas que defendemos con la palabra nuestras ideas y no podemos mantener abiertas nuestras sedes porque nos las atacan y no podemos presentar listas electorales porque hacen falta muchos héroes para concurrir en ellas».

En respuesta a quienes dudan de la utilidad de la ley, Arenas argumentó: «Lo que da alas a un partido violento es la esperanza de una negociación política forzada desde la extorsión».

Aportaciones del PSOE
Por el PSOE defendió la ley que marcará un hito en los más de 30 años de lucha contra el terrorismo su portavoz en el Congreso, Jesús Caldera. A diferencia de los populares, Caldera evitó las referencias críticas a quienes se oponen a la ley pactada entre el Gobierno y el PSOE. Incluso invitó al PNV, a IU y al Grupo Mixto a sumarse al consenso al que se incorporará CiU.

El portavoz socialista hizo un repaso a las aportaciones de su grupo, que han sido negociadas ya con el Gobierno y que se incluirán en el trámite parlamentario que ahora se inicia. Esas aportaciones, según dijo, permiten que «con esta ley se pueda defender cualquier idea, cualquier proyecto, pero no la violencia, el terrorismo, el racismo, porque vulneran derechos fundamentales y, por tanto, el régimen jurídico democrático».

«Nos parecía necesario evitar que el Parlamento instara directamente la ilegalización de un partido que incumpla esta ley, porque el Parlamento debe ocuparse de diseñar y aprobar leyes y aportar los instrumentos necesarios para su interpretación y aplicación, pero no de accionar contra el incumplimiento de la misma ante los tribunales», explicó Caldera.

Ibarra pide reformar el Senado para acabar con los privilegios de los nacionalistas
El presidente extremeño reiteró que las regiones deben tener representación en la UE
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aportó ayer una nueva idea para justificar la reforma del Senado que pretenden los socialistas. El dirigente extremeño destacó la necesidad de que se ponga freno a los privilegios de los partidos nacionalistas, «que se benefician» de las relaciones bilaterales que establecen con el Gobierno central fruto de las necesidades electorales. Asimismo, Ibarra apostó por la participación de las autonomías en el diseño de la política europea y propuso una conferencia anual de presidentes autonómicos y Gobierno.
L. R. R. - Barcelona.- La Razón 24 Mayo 2002

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, abogó ayer por una reforma del Senado, sin necesidad de cambios en la Constitución, que ponga freno a los privilegios de los partidos nacionalistas, «que se benefician» de las relaciones bilaterales que establecen con el Gobierno central fruto de las necesidades electorales.

El comentario fue rápidamente rebatido por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien recordó que «si la Constitución se ocupó de las autonomías fue gracias al hecho diferencial de Catalunña» y rechazó que se atribuya al Gobierno de la Generalitat la «busqueda de privilegios» al reivindicar su especificidad.

Duran añadió que «no se debe mirar de reojo a Catalunya», aunque añadió que «es imprescindible mantener la reivindicación de la especificidad de Cataluña». «Somos lo que somos y queremos continuar siéndolo», añadió. Ibarra, que participó en el Parlament de Catalunya en el seminario Europa-Estados-Regiones, señaló que el Senado debe convertirse en «columna vertebral del Estado descentralizado» lejos de su actual concepción, algo que «no entiende este gobierno, ni tampoco el anterior».

Falta de vertebración
Según Ibarra, el Senado de ayer «no molesta» y así puede continuar «200 años» pero «no cumple su función fundamental de vertebración» del Estado. Tampoco «sirve para nada» la comisión de las autonomías y señaló que «a este paso» la próxima vez que los presidentes autonómicos se hagan una foto juntos erá «en la boda del príncipe Felipe».

El mandatario extremeño abogó por una verdadera cámara territorial formada por representantes de los parlamentos autonómicos, los Gobiernos autonómicos y representantes del Gobierno central, por lo que admitió que pedir una reforma en esta línea sería igual que invitar a los actuales senadores a «hacerse el harakiri ». Además, quitaría competencias y protagonismo político al Congreso.

Para Ibarra, debería ser ese Senado «quien decida quién representa a España en la Unión Europea en cada caso» y consideró «sensato» que «las regiones estemos en el foro donde se discute sobre nuestras competencias» como requisito para «asumir responsabilidades».

Asimismo, defendió la participación de las autonomías en el diseño de la política europea y que se regule el funcionamiento de las conferencias sectoriales para que el ministro del ramo «no esté presente» y sólo acuda «invitado» una vez al año. Por otra parte, propuso una conferencia anual de presidentes autonómicos y Gobierno central para tratar de cuestiones relevantes para el país.

El presidente de la Junta de Extremadura consideró un «éxito» haber llegado «en tan poco tiempo a un Estado tan descentralizado como el que más», pero apuntó como «fracasos» la ausencia de «una definición política de España» y la falta de «puntos de encuentro» entre la administración del Estado y las autonomías y entre éstas.
Ibarra ofreció su definición de España como «espacio de defensa de las libertades individuales y colectivas en el que se deben pactar elementos de cohesión». A partir de estos elementos Ibarra invitó a «sentirse español como a uno le dé la gana, incluso antiespañol».

«Deslealtad del PP»
Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, acusó al Gobierno del PP de «deslealtad constitucional» por impedir la presencia de las comunidades autónomas en el consejo de ministros de la UE ejerciendo competencias en Bruselas «que no le corresponden». Duran desgranó las propuestas que CiU recoge en su documento sobre autogobierno en referencia a la presencia en Europa y reclamó la circunscripción propia para Catalunya en las elecciones europeas, así como participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a competencias autonómicas y acceso al tribunal europeo.

Pedro Sanz advierte de «los peligros» del nacionalismo radical
Aseguró que «la fuerza política que gobierna el País Vasco se encuentra perdida en Europa»
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha hablado sobre el Gobierno Vasco en un discurso ofrecido en el Club Siglo XXI en Madrid. Entre otras asuntos, dijo que hay que estar atentos ante «los peligros que los nacionalismos radicales entrañan» y animó a «poner coto al terrorismo y a la violencia».
Redacción/Ep - Madrid.- La Razón 24 Mayo 2002

El presidente riojano, Pedro Sanz, aseguró ayer, durante un discurso ofrecido en el Club Siglo XXI en Madrid, que «la fuerza política que gobierna el País Vasco desde el inicio de la democracia en España se encuentra perdida en medio de una Europa y de un mundo cada vez más complejo» y es capaz de «hablar con ligereza de independencia».
Sanz ¬que fue presentado ante este prestigioso Club por el ministro del Interior, Mariano Rajoy¬ lamentó el «intento» del Gobierno vasco de contar con representación propia en la Unión Europea, «cuando sabe que es un deseo hoy por hoy inalcanzable porque contradice el propio espíritu del acta fundacional de la UE». A su juicio, si se alcanzara esa tesis se llegaría a «situaciones caóticas, parecidas a un reino de taifas de las autonomías».

El presidente riojano, que tras su conferencia de cerca de una hora compartió una cena con relevantes personalidades de la capital española, dijo que «al elevar el egoísmo individual y un falso interés comunitario a la categoría de principios morales, se ha corrompido la política y a través de ella todo el cuerpo social». «Cuando se habla con tanta ligereza de independencia y se desea como una solución, se pretende ignorar la globalidad creciente, no sólo en el mundo económico, sino en todas las esferas», señaló. Asimismo, el presidente regional afirmó que «La Rioja no va a pasar por alto ninguna insolidaridad, ninguna arbitrariedad interesada, ni ninguna medida que pueda menoscabar la igualdad y las posibilidades de desarrollo de unas Autonomías en beneficio de otras».

Nacionalismos radicales
A juicio del presidente del Gobierno de La Rioja ¬que interviene por primera vez en este foro social¬ los «demócratas» deben estar muy atentos ante «los peligros que los nacionalismos radicales entrañan». «Y debemos hacernos fuertes para poner coto al terrorismo y al entramado político social que rodea toda manifestación de violencia», matizó. En este sentido, Sanz consideró la Ley de Partidos como «un buen instrumento que pondrá a cada uno donde le corresponde», por lo que pidió consenso para sacarla adelante.

Pedro Sanz hiló su discurso en torno al programa 20XXI, que La Rioja está usando para celebrar el veinte aniversario de su autonomía, y repasó algunos de los hitos que han marcado a la comunidad, sin dejar a un lado la actualidad más candente. «La Rioja no desempolvó arcaicos libros de historia ni antiguos tratados o convenios para reclamar lo que en justicia le correspondía», dijo y señaló que esta comunidad autónoma «más que al pasado, tenía claro que a donde tenía que mirar era hacia el futuro».

«La Rioja se puso a trabajar haciendo de lo pequeño su valor supremo y de las personas el objetivo irrenunciable de su acción política. Ahora, al observar la comunidad con esta perspectiva histórica de los 20 años transcurridos, y cuando ha visto culminado su techo competencial, me produce una sensación de asombro», dijo el jefe del Ejecutivo riojano ante su auditorio.

Por otro lado, en su repaso a la proyección exterior de La Rioja, el presidente se refirió al Comité de las Regiones de Europa, y dijo que tanto él como otros presidentes autonómicos no están de acuerdo con el escaso papel que tiene, meramente «consultivo», por lo que apostó por «explorar vías para que pueda intervenir en los procesos de decisión».

Reforma del Senado
En otro punto de su discurso tocó el tema del Senado y su reforma, y señaló que debe ser «un foro de debate para garantizar la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y sin duda deberá sufrir un impulso para adaptarse a la nueva realidad europea y española», pero señaló que, en ningún caso, reclama una reforma de la Constitución para conseguir tal objetivo. En sus palabras hubo críticas al PSOE, al que acusó de no haber dado ningún impulso al autogobierno durante 12 años y haber «desperdiciado una gran oportunidad histórica para acometer la descentralización del Estado».

Eta responde a la deslegalización con un coche bomba en Pamplona
Fue colocado en la Universidad de Navarra con 20 kilos de explosivo No causó víctimas mortales, sólo tres heridos leves
Redacción - Pamplona.- La Razón 24 Mayo 2002

El mismo día que en el Congreso de los Diputados comenzaron a debatirse las enmiendas al proyecto de Ley de Partidos que puede conducir a la deslegalización de Batasuna, Eta volvió a engrasar su violenta maquinaria y a sembrar el caos. En esta ocasión, el lugar elegido fue la Universidad de Navarra, en Pamplona, donde un coche bomba cargado con unos 20 kilos de explosivo, cuyo tipo no había sido determinado al cierre de esta edición, estalló a las 21.03 de la noche en uno de los aparcamientos del edificio central sin que hubiese que lamentar víctimas mortales. Tan sólo tres personas, una de ellas un policía municipal, tuvieron que ser atendidas con heridas leves.

La colocación del artefacto había sido avisada media hora antes de su explosión por un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de Eta ¬a través «de una cinta grabada y con acento francés», según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra¬ en sendas llamadas realizadas al diario «Gara» de San Sebastián y a la DYA. En las mismas, el terrorista, según fuentes policiales, comunicó de forma errónea el número de la matrícula del coche, un Ford Escort blanco.

Daños leves
Pese a que el artefacto estalló minutos antes de la hora fijada por el comunicante, las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieron tiempo suficiente para acordonar la zona y evitar males mayores que algunos desperfectos en el recinto universitario. Junto a la zona donde se registró la explosión, se encuentra el Colegio Mayor Belagua y las Torres de Belagua, que fueron desalojados.

La Universidad de Navarra fue objeto de dos atentados de Eta hace 20 años, en concreto, en 1980 y 1981, que causaron importantes daños materiales. El 24 de junio de 1980 explotaron cinco cargas también situadas en el edificio central de la Universidad, que causaron cuatro heridos y daños materiales valorados en 200 millones de pesetas. Un año después, el 12 de julio de 1981, explotó otra bomba en el mismo edificio, que causó daños materiales por valor de unos cinco millones de pesetas. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, expresó momentos después del atentado la necesidad de que se aprueben «los instrumentos legales contra al terrorismo», mientras el delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas, advirtió a los etarras que «les meteremos en la cárcel sin duda alguna».

Por su parte, el rector de la Universidad, José María Bastero, aseguró anoche que «mañana (por hoy) continuaremos con normalidad y con serenidad».

Justicia y comunidades autónomas
JUAN DAMIAN MORENO El Mundo 24 Mayo 2002

Los nacionalistas catalanes tienen algo de razón cuando reclaman la creación de un órgano de coordinación en materia de Justicia.A estas alturas no es posible invocar que los asuntos de Justicia son competencia exclusiva del Estado. Es verdad que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado tal competencia exclusiva, lo que significa que las comunidades autónomas no deberían haber asumido competencia alguna en materia de Justicia. Sin embargo, fue el Tribunal Constitucional el que pronto hizo una interpretación tendente a favorecer claramente las tesis defendidas por las autonomías, lo que suponía, a la postre, admitir que puedan ejercer competencias.

Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, existe un nutrido grupo de materias, tales como la dotación de los medios materiales y personales, participación en la determinación de las demarcaciones judiciales y justicia gratuita, que no forman parte de lo que es propiamente el desarrollo de las competencias relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional. Por consiguiente, no es extraño que algunas comunidades reclamen la creación de sus propios órganos de gobierno para coordinar los esfuerzos de las administraciones competentes.

¿Qué consecuencias cabe extraer? Una muy importante: admitir la existencia de un Poder Judicial que, en cuanto a su régimen competencial, se encuentra de hecho fragmentado, atomizado o, si se prefiere, descentralizado, lo que conduce forzosamente a su natural debilitamiento.

Las competencias sobre Justicia las comparten el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. La descentralización de los servicios que impone nuestro modelo autonómico necesita de un órgano encargado de definir la política estatal en los asuntos judiciales, pero esa labor sólo puede ser llevada a cabo a través del Gobierno. Lo que no cabe es asumir competencias reservadas al Estado, intentar confundir a la opinión pública argumentando que los órganos autonómicos son un mero «foro de análisis y reflexión» y menos aprovechar esta circunstancia para intentar torpedear algo que es una de las pocas cosas que los españoles podemos aún compartir, como es la unidad del Poder Judicial.

No se pueden adoptar posiciones de supremacía donde sean las comunidades autónomas quienes impongan al Estado central la existencia de unos órganos de coordinación, diciéndoles, además, cómo deben ser dichos órganos, quiénes los deben componer y cuáles deben ser sus funciones. Parece, pues, razonable que el Consejo General del Poder Judicial haya decidido no participar en semejante experimento y posponer su decisión hasta que se pronuncie quien se tiene que pronunciar en estos casos: el Tribunal Constitucional.

Juan D. Moreno es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid.

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