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Recortes de Prensa     Lunes 27 Mayo  2002
Evitar el riesgo «ultra»
Editorial ABC 27 Mayo 2002

Los dos extremos contra la democracia.
MARIANO CALLEJA ABC  27 Mayo 2002

EE UU, Castro y Eta
José Antonio SÁNCHEZ La Razón  27 Mayo 2002

Batasuna se refugia en Francia
Lorenzo Contreras La Estrella  27 Mayo 2002

«Si la Iglesia oficial vasca se lo hubiera propuesto de verdad, Eta hoy no existiría»
Diego Mazón - Madrid.- La Razón  27 Mayo 2002

Terrorismo sin fronteras, opinión pública y prensa
FERNANDO REINARES El País  27 Mayo 2002

Evitar el riesgo «ultra»
Editorial ABC 27 Mayo 2002

Entre las virtudes que acompañaron a la Transición -un proceso histórico obra de los españoles, pilotado desde la Corona y considerado modélico- estuvo el ir sedando poco a poco los extremismos políticos que habitaban aquellos difíciles años de la recuperación de la democracia. Ese espíritu de concordia fue limando las expectativas políticas de quienes afrontaban desde posiciones «ultras» los nuevos tiempos intentando perpetuar radicalismos e intransigencias. Los sucesivos resultados electorales han ido alojando en la residualidad a los movimientos que cerraban ambos lados del panorama ideológico, con una sola excepción clara, Batasuna, que a su ideario de extremísima izquierda une los componentes del filoterrorismo y el independentismo. Batasuna es algo más que un movimiento de ultraizquierda, lo que viene a reafirmar el tino que se ha tenido al promover la ley de Partidos.

El gran logro de estas casi tres décadas ha sido sacar a estos grupos del mapa social, de tal manera que hoy el apoyo que tienen estos partidos en los ciudadanos es menos que testimonial y muy alejado, en cualquier caso, del brío que estas formaciones han tomado en Europa. El camino por delante es, por tanto, insistir en la fórmula aplicada durante estos años y no cometer errores en asuntos que, como la inmigración, suelen ser los nutrientes de este tipo de erupciones. Pero nadie es inmune a ese riesgo. Que países con una vasta tradición democrática se vean hoy en ese trance invita a permanecer alertas.

Los dos extremos contra la democracia.
La única formación ultra en España con respaldo significativo en las urnas es Batasuna
MARIANO CALLEJA ABC  27 Mayo 2002

Hablar de extrema derecha en España significa hacerlo de pequeños grupos desorganizados, con resultados ínfimos en las urnas y sin un líder claro. Hablar de extrema izquierda, en cambio, supone referirse a una formación antisistema que da cobijo a centenares de terroristas callejeros y cobertura política a ETA, mientras obtiene en las urnas representación parlamentaria continuada.

MADRID. ¿Existe extrema derecha en España? A simple vista, y a tenor de los resultados electorales, podría decirse que no. Lo que hay es un número indefinido de grupúsculos neofascistas o neonazis, desorganizados entre sí y sin un líder claro, que de vez en cuando se hacen notar con actos violentos o con pintadas en las paredes convocando a una manifestación, pero que apenas tienen presencia en la sociedad. ¿Y extrema izquierda? La respuesta aquí es más sencilla, pues existe una formación política -Batasuna- que se identifica plenamente con este espacio radical y violento, y que cuenta con un electorado mucho más numeroso y fiel desde la transición.

El historial electoral de la ultraderecha y la ultraizquierda es, por tanto, muy diferente. Mientras que la primera no ha hecho más que sufrir descalabros en las urnas, sobre todo a partir de 1982, la segunda, que reúne a centenares de terroristas callejeros y sustenta sin matices a ETA, ha mantenido una bolsa de votos estable que le ha permitido obtener representación parlamentaria en cuantas elecciones se ha presentado.

A mediados de los años ochenta, una nueva extrema derecha, desvinculada de los mitos y símbolos fascistas históricos, comenzó a surgir en Europa, en un momento en que aumentaban los sentimientos xenófobos de una parte de la población por la llegada masiva de inmigrantes. Esta ultraderecha, representada por el Frente Nacional en Francia, Los Republicanos en Alemania, el Frente Nacional y Bloque Flamenco en Bélgica o el Partido Liberal Austríaco, supo captar un voto latente de protesta, pero también de miedo al futuro, por lo que la reafirmación de la identidad nacional, frente al proceso de construcción europea y la llegada de inmigrantes, fue su principal baza electoral. España, sin embargo, se ha mantenido a salvo de este rebrote, al igual que otros países europeos como Portugal, Grecia, Islandia o Finlandia, mientras que en el extremo contrario ha subsistido la coalición proetarra Batasuna.

Desde las primeras elecciones democráticas, la ultraderecha ha cosechado fracasos en las urnas. En 1977, a pesar del acuerdo electoral entre Fuerza Nueva y FE de las JONS para presentarse unidos como Alianza Nacional 18 de julio, su número de votos fue de 154.413, el 0,84 por ciento, lo que le impedía obtener representación parlamentaria. En 1979 hubo un pequeño avance de la extrema derecha, con un total de 414.071 votos, el 2,31 por ciento del total, debido en parte al trasvase de 300.000 votos que perdió Alianza Popular. Los 110.730 votos conseguidos por Unión Nacional en Madrid dieron el primer y último escaño a Blas Piñar, que hizo campaña con el eslogan: «Un hombre bastó para desestabilizar el Frente Popular».

Ese mismo año, Herri Batasuna se presentó por primera vez a las elecciones generales. Sumó 149.685 votos, tres diputados y un senador.

Derrumbe electoral
A partir de 1982, con el eco de los disparos de Tejero en la cabeza de los votantes, se produce el derrumbe electoral de la ultraderecha en España. En Madrid, circunscripción donde históricamente consigue más votos, se quedó en 31.635. El 20 de noviembre de ese año, Fuerza Nueva, la más importante de las organizaciones de extrema derecha en España en los últimos 25 años, anunciaba su disolución y consumaba así el fracaso de este radicalismo que había demostrado su incapacidad para organizarse y competir en democracia y para encontrar un líder que aglutinara a las distintas facciones.

HB, mientras tanto, sumó en 1982 175.857 votos y dos diputados. Los proetarras consiguieron su mejor resultado en las generales en 1986, con 193.724 sufragios, con los que obtuvo cuatro escaños en el Congreso y uno en el Senado. Desde entonces, fue perdiendo respaldo progresivamente, de tal manera que en 1989 tuvo 186.646 votos, en 1993 consiguió 174.655 y en 1996, 154.853. En el año 2000 no se presentó a las elecciones.

En los últimos veinte años, el retroceso de la extrema derecha ha sido constante, a pesar de los múltiples intentos para reorganizarse y volver a la carga bajo distintos nombres, en los que muchas veces quedaba camuflada su ideología para tratar de sorprender al electorado. En 1986, Blas Piñar refundó su antigua organización bajo el nombre de Frente Nacional apoyado por su padrino Jean Marie Le Pen. Pero repitió los mismos resultados ínfimos en las urnas. En las elecciones europeas de 1989, pese al ascenso de toda la ultraderecha en Europa, sólo consiguió 60.000 votos. Tras años de enfrentamientos, en 1995 seis pequeños partidos forman Alianza para la Unidad Nacional, con Ricardo Sáenz de Ynestrillas al frente, una fórmula que tampoco llegaría a ningún lado. En las elecciones de 2000, la extrema derecha apenas superó los veinte mil votos.

En el otro extremo, HB, que también ha ido cambiando de nombre según las circunstancias, logró su máximo apoyo durante la «tregua» de ETA: en la consulta autonómica del País Vasco de 1998 sumó 224.001 votos, y en las municipales de 1999, 272.049 en las tres provincias vascas. Sus peores resultados, en cambio, los obtuvo en la última cita electoral, en las autonómicas del año pasado, cuando consiguió siete parlamentarios, la mitad que en las precedentes.

Escasa militancia
En la actualidad, existe un elevado número de organizaciones vinculadas a diferentes tendencias de extrema derecha (neofranquistas, neofalangistas, derecha nacional, neonazis), relacionadas en ocasiones con grupos ultras de clubes de fútbol. Los militantes de todas las organizaciones no llegan a diez mil. La extrema izquierda, mientras, ha encontrado otro cauce de expresión en ciertos movimientos antiglobalizadores.

Uno de los últimos grupos que han surgido al calor de los problemas de la inmigración ilegal es Plataforma per Catalunya, con Josep Anglada al frente, ex militante de Fuerza Nueva. Su discurso es netamente de extrema derecha, a pesar de que él lo niegue: «En este país cabemos unos cuantos y hay que cerrar las puertas ya a la inmigración», asegura. Su objetivo inmediato es presentarse a las elecciones municipales de Cataluña y no descarta hacerlo en el futuro en el resto de España. Anglada muestra su respeto por Blas Piñar, de 84 años, pero comenta que «hay que avanzar y situarse en esta nueva época».

El riesgo de que en España se consolide un partido de extrema derecha parece, sin embargo, lejano, según explica el profesor de Política Pablo López Martín, de la Universidad San Pablo CEU. A su juicio, la dialéctica bipartidista que hay en estos momentos en nuestro sistema hace improbable la consolidación de un partido de esas características, porque su mensaje no vende. Añade, sin embargo, que en determinadas Comunidades ya hay partidos colindantes a la extrema derecha, como el PNV, «una derecha bastante rígida que defiende un fuerte nacionalismo, mezclado con la ambigüedad con que trata algunos asuntos».

EE UU, Castro y Eta
José Antonio SÁNCHEZ La Razón  27 Mayo 2002

A veces ocurre que la consecuencia de una noticia, o la no consecuencia de una noticia, es más noticia que la propia noticia. Es lo que ha ocurrido con el documento «Pautas del terrorismo mundial 2001», elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y presentado recientemente por el secretario de Estado, Colin Powell, y por el coordinador de la lucha antiterrorista, Francis Taylor.

Resulta que ambas autoridades, Powell y Taylor, comparecen en Washington ante la opinión pública y dicen que «Fidel Castro continúa permitiendo que miembros de Eta (también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) permanezcan en Cuba como invitados del Gobierno cubano». Como el Gobierno español, que sepamos, ni ha desmentido al Gobierno de los Estados Unidos ni ha protestado ante el Gobierno de La Habana, es por lo que decíamos que las consecuencias de una noticia impactan más que la noticia en sí. Una de dos: o no es cierto lo que afirma EE UU o, por el contrario, el Gobierno español tendría que tomar represalias contra quienes acogen, protegen e invitan a terroristas de Eta. Cualquier reacción sería comprensible, cualquiera, excepto que no pase nada.

Es difícil explicar, y más difícil entender, cómo España envía soldados a Afganistán para luchar contra el terrorismo y, en cambio, no adopta medidas contra los dictadores de un país que protegen y dan cobijo a terroristas de Eta. No parece probable que Colin Poewll, todo un secretario de Estado, comparezca en rueda de prensa para decir públicamente algo que no sea cierto, pero si el informe norteamericano está equivocado, urge un cumplido y oportuno desmentido.

Nunca, pero menos aún tras los sucesos del 11 de septiembre, se puede tolerar que un país proteja terroristas, algo que, en el caso de la dictadura castrista, ha sido denunciado públicamente por las autoridades de los Estados Unidos. España debe pedir la extradición de los etarras y Cuba enviarlos a vuelta de avión. Si Castro se negara, el Gobierno español debería cortar todo tipo de ayuda a la dictadura caribeña. En cualquier caso, lo que la dignidad nacional no aconseja es que se diga públicamente que Castro acoge terroristas españoles y que no pase nada.

Tampoco han demostrado una excesiva coherencia los EE UU, que envían al ex presidente Carter a Cuba y, paralelamente, acusan al dictador Fidel Castro de proteger a terroristas. La política del presidente Bush, que estos días ha recorrido una buena parte de Europa para reforzar la unidad contra el terrorismo, no puede diferenciar, como a veces parece que ocurre, a aquellos grupos que suponen un peligro para los EE UU, del resto de los terroristas. Después de conocer el documento elaborado por el Departamento de Estado se comprende mejor el interés del presidente Aznar por buscar la unidad de todos los países de Hispanoamérica en la lucha contra el terrorismo.

Batasuna se refugia en Francia
Lorenzo Contreras La Estrella  27 Mayo 2002

ETA ha intentado contra la Universidad de Navarra diecinueve años después de hacerlo por penúltima vez. Y lo ha hecho en el primer día de debate sobre la nueva Ley de Partidos Políticos, cuando en el Congreso de los Diputados se rechazaban las enmiendas de totalidad presentadas contra dicho texto por el PNV, IU y el Grupo Mixto. Un coche-bomba con veinte kilos de explosivos una llamada telefónica anónima de advertencia sobre la colocación del artefacto. El significado de la acción no se aparta mucho del que cabe atribuir a otras del mismo tipo, salvo que en esta ocasión el objetivo ha sido una de las instituciones clave del Opus Dei, cuya espiritualidad acaso sea compartida por parte del Gobierno o de la alta administración del PP. Tampoco cabe descartar que el Opus o la Universidad de Navarra concretamente hayan sido destinatarios de una extorsión etarra, de las muchas que se practican en el País Vasco y en Navarra, sólo que sin resultado fructífero para la banda.

Es precisamente el momento en que el PP y su Gobierno, en cuanto responsables del Ejecutivo central, llevan adelante el proyecto de ilegalización de Batasuna, la rama política de ETA, convertida de entorno ideológico en entramado de la organización terrorista después de las investigaciones judiciales y policiales que han conducido a demasiadas evidencias.

El hecho de que ETA se oriente ahora en su acción destructiva hacia la Universidad de Navarra ofrece, aparte de otras interpretaciones como la ya apuntada líneas antes, la fundamental invitación a considerar que la banda amplía el radio de sus atentados habituales. No es novedoso, en rigor, el terrorismo aplicado a centros universitarios. Ya ocurrió en el caso de la Universidad del País Vasco, una institución con un grado de politización que la Universidad del Opus Dei dista de cultivar.

A fin de cuentas, la respuesta de ETA a la ilegalización de Batasuna ya era más que previsible. La gran pregunta hoy planteada en diversidad de círculos y foros políticos se refiere a la utilidad de la medida. En una reunión o desayuno de trabajo organizado por el Club Diálogos para la democracia, uno de los participantes, en nombre del PP, habló de la “exigencia moral” de esa ley. Y el diputado López Aguilar, por el PSOE, calificó de “bálsamo” tal normativa. Naturalmente, los representantes nacionalistas vascos abundaron en lo ya sabido, es decir, la componente ideológica del proyecto y su ataque a las ideas, al pluralismo político.

La polémica ha estallado tanto o más que cualquier coche-bomba. El “comando Nafarroa”, que se daba por desarticulado, ha mostrado nuevamente sus posibilidades de acción. Y ahora, en cualquiera de los frentes que ETA tiene abiertos, la expectativa consiste en saber quién estaba ganando esta guerra en su nueva fase, que puede ser la decisiva. Se sabe, o cree, saberse, que Batasuna está trasladando a galope tendido todo su arsenal documental a Francia, en busca de lo que nunca dejó de ser para el mundo etarra una modalidad de “santuario”, a pesar de la colaboración de la policía francesa y de la judicatura del país vecino con España.

Pensar que el Gobierno de París va a dedicar todo su potencial de esfuerzos a la colaboración antiterrorista con nuestras autoridades es alimentar optimismos excesivos. Francia, a pesar de algunos errores etarras en enfrentamientos ocasionales con la gendarmería gala, sigue beneficiándose de una especie de pacto tácito con ETA para mantener los posibles objetivos franceses fuera del activismo de los independentistas vascos. Ya tiene bastante con sus cursos. En definitiva, la gran incógnita queda dibujada en el horizonte. No hay declaración de guerra española a ETA. Esa guerra ya existía. Lo que resulta nuevo es la extensión de la guerra a la trastienda política de la banda. Trastienda política y algo más, pero hasta ahora intangible en sus núcleos esenciales.

«Si la Iglesia oficial vasca se lo hubiera propuesto de verdad, Eta hoy no existiría»
LA RAZÓN adelanta extractos del nuevo libro de Iñaki Ezkerra, «Eta pro nobis. El pecado original de la Iglesia vasca», en el que el autor retrata la peligrosa cercanía de ciertos sectores del clero vasco al nacionalismo
El poeta, ensayista, columnista y colaborador de LA RAZÓN Iñaki Ezkerra vuelve a hablar del País Vasco, tras la publicación de «Estado de excepción». Esta vez, el autor se introduce en las sacristías y los personajes de una Iglesia dividida entre Dios y el nacionalismo, entre el miedo y la complicidad con el terror. Figuras como Setién, Uriarte, Anasagasti, Jaime Larrínaga y el Foro El Salvador se entremezclan y se posicionan en un texto ameno y esclarecedor sobre una institución polémica y castigada por unas circunstancias lejanas a los planteamientos del catolicismo.
Diego Mazón - Madrid.- La Razón  27 Mayo 2002

Iñaki Ezkerra deja claro en su dedicatoria el talante de este nuevo libro: «A Jaime Larrínaga y los demás vascos que sienten piedad, sean o no católicos». La segunda parte de la dedicatoria es clara. «Eta pro nobis. El pecado original de la Iglesia vasca» está dedicado a esos vascos alejados de las proclamas incendiarias del nacionalismo más radical, a esos que buscan la paz, sean o no católicos. Larrínaga es uno de los fundadores del Foro El Salvador, grupo de católicos no nacionalistas en cuyos primeros pasos colaboró el autor y que se ha constituido en el contrapunto de aquellos que ponen una vela a Dios y un cirio al nacionalismo.

El manifiesto por la verdad
El diez de junio de 1999 el jesuita Antonio Beristain hacía público el «Manifiesto por la verdad, la justicia y el perdón en Euskadi», que firmaba un grupo recién nacido con el nombre de Foro El Salvador y al que pertenecían treinta miembros, todos ellos cristianos, que pedían, entre otras cosas, «el reconocimiento social y oficial de las víctimas del terrorismo y se instaba a Eta a pedir perdón». El surgimiento de este grupo y su manifiesto son importantes porque, como explica el autor, «se erigía en un impagable punto de referencia de lo que desde la Iglesia podía hacerse y no se había hecho para luchar contra Eta y sus complicidades políticas». Este colectivo, su origen y su actividad componen una parte importante del libro como contrapunto a esa Iglesia afín a los postulados nacionalistas, y el autor, que colaboró en su nacimiento, no duda en presentarlo con la relevancia que tiene, no sólo por sí mismo sino por los ataques que ha sufrido desde aquellos sectores a los que incomodaba semejante equipo de católicos únicamente católicos.

Quizá el capítulo que mejor aglutina la totalidad del libro y la verdadera realidad de la Iglesia vasca es el que Ezkerra titula «El quinto sacerdote. La limpieza ideológica dentro de la Iglesia vasca». Con este sugerente título, el autor se refiere «a la expulsión llevada a cabo por el obispado de Bilbao de quince profesores de Religión en los institutos de enseñanza media de Vizcaya, operación que respondía a un más amplio plan de limpieza ideológica en la Iglesia vasca». Ese quinto cura que nombra el autor es uno de los «limpiados» por no nacionalista, y el único de los cinco nombres incluidos por error en la lista de firmantes del Foro que no se desmarcó del texto. «Donde esa esencia arbitraria y discriminatoria de lo nazi comienza a manifestarse es precisamente en la normalidad con la que se aparta a alguien de un trabajo que realiza con profesionalidad por razones de etnia, religión o ideología», apuntilla Ezquerra. Este capítulo de encuentro con el quinto cura, Eduardo Pérez Bravo, es prácticamente la columna vertebral del libro, una visión esclarecedora de un punto particular que nos traslada a la generalidad de una realidad inadmisible en una democracia. Para más «Inri», el autor explica que Bravo denunció su caso ante el Tribunal Superior de Justicia, que falló a su favor y en contra del obispado de Bilbao y el Gobierno vasco, quienes jamás cumplieron la sentencia.

Dios y Eta
«La suplantación de Dios por Eta es paralela en las cabezas de muchos nacionalistas a la suplantación de las víctimas por los verdugos. Ambas abjuraciones y ambas usurpaciones se remiten y se refuerzan mutuamente». Ahí reside el problema de la Iglesia vasca. Como dice Ezkerra en la contraportada del libro, «lo extraordinario no es que Eta naciera en un seminario, sino que el paso por el seminario ha inmunizado a Eta y al nacionalismo del virus de Dios». Pero el autor recuerda algo que no conviene olvidar: las palabras de Mayor Oreja tras los encierros de abertzales en parroquias vascas, en las que aseguraba que «la Iglesia es la institución a la que Eta ha hecho más daño».

Terrorismo sin fronteras, opinión pública y prensa
FERNANDO REINARES El País  27 Mayo 2002

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y director académico de la titulación en Ciencias de la Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos.

Abordar la problemática del terrorismo internacional tras los sucesos del pasado 11 de septiembre, tomando en consideración los pareceres de la opinión pública y el papel de los medios de comunicación, es algo que adquiere especial sentido desde una perspectiva española. No en vano en España se ha podido consolidar una democracia liberal pese a la actividad terrorista que vienen sufriendo sus ciudadanos y que continúa afectando a la vida política desde el inicio mismo de la transición a partir del anterior régimen franquista, hace ya más de veinticinco años. De hecho, se trata en buena medida de un envenenado legado de la dictadura que ha persistido hasta nuestros días, porque los terroristas no reivindican la democracia ni son demócratas, sino que aspiran a imponer despóticamente sus ideas totalitarias cualquiera que sea el contexto político en que se desenvuelven. En concreto, la banda armada ETA, inspirada en los postulados de un nacionalismo vasco étnico y excluyente, es responsable del noventa por ciento de las más de ochocientas víctimas mortales ocasionadas por el terrorismo en España, desde la segunda mitad de los setenta hasta nuestros días. Por cierto que los atentados contra Estados Unidos de hace ya ocho meses provocaron más bien regocijo en el entorno encubridor y cómplice de dicha organización terrorista.

Precisamente cuando la globalización del terrorismo se hizo de súbito manifiesta aquel 11 de septiembre, los españoles reaccionaron de una manera que resulta interesante conocer. No se trata de meras especulaciones al respecto. A finales de ese fatídico mes, el Centro de Investigaciones Sociológicas, un ente oficial prestigioso por la calidad de sus estudios demoscópicos, llevó a cabo una encuesta sobre el tema, seleccionando para ello una muestra estadísticamente representativa de personas adultas residentes en el territorio español. Como cabría suponer, de los resultados se deduce que aquellos actos de megaterrorismo maquinados y cometidos por fundamentalistas islámicos fueron seguidos con extraordinario interés por la población española, a través de los distintos medios de comunicación y en especial de la televisión. Más allá de eso, ocho de cada diez individuos entrevistados declararon sentirse cercano al pueblo estadounidense e hicieron explícitos sus sentimientos de solidaridad para con el mismo. El sondeo puso asimismo de manifiesto que los sucesos del 11 de septiembre y sus consecuencias se habían convertido en fuente de gran preocupación para la opinión pública española.

Seis de cada diez personas que respondieron al cuestionario creían que se trataba no de un incidente terrorista más sino del comienzo de una nueva etapa en la evolución de dicho tipo de violencia, al tiempo que se mostraban convencidas de la existencia de un entramado terrorista internacional. Indicativo a mi entender de una cultura cívica saludable, la proporción de los entrevistados que rechazaba la posibilidad de recortar libertades públicas con el pretexto de combatir mejor el terrorismo resultaba significativamente mayor que la de cuantos se mostraban partidarios de dicha idea. Sin embargo, hasta un 85 por ciento del total de los mismos se decantaba con nitidez a favor de una coalición internacional para contrarrestar un fenómeno que atraviesa jurisdicciones estatales, aunque apenas siete de cada diez atribuyeran a dicha coalición eficacia suficiente bajo las circunstancias entonces existentes. Parece lógico que la opinión pública española se decante con tanta claridad respecto a la necesaria cooperación internacional contra un terrorismo sin fronteras. Así lo expresan mujeres y hombres frecuentemente afectados por un terrorismo, como es el que practica ETA, ampliamente transnacionalizado. En consonancia con ello, los sucesivos Gobiernos españoles, al margen del partido político al que los electores hayan encomendado las tareas del Ejecutivo, destacan por su insistencia en fomentar la colaboración internacional contra el terrorismo, tanto en el seno de la Unión Europea como en otros foros intergubernamentales.

Ahora bien, cuando nos referimos al modo en que las democracias liberales deben hacer frente a los desafíos del terrorismo lo hacemos tanto de respuestas estatales como de reacciones sociales. Otro tanto cabe argumentar, salvando prudentemente las distancias, en el ámbito internacional, al menos entre regímenes políticos afines. Es precisa la cooperación intergubernamental en aspectos policiales y judiciales, militares en determinados supuestos, pero resulta igualmente necesaria la solidaridad entre las sociedades civiles de distintos países. Desgraciadamente, este no es siempre el caso y la prensa, en tanto que componente fundamental de esas sociedades civiles, proporciona ella misma pruebas lacerantes. Demasiado a menudo, por ejemplo, las agencias de noticias y los periódicos estadounidenses tienden a presentar como terroristas a aquellos grupos que atentan sistemáticamente contra ciudadanos e intereses norteamericanos, eludiendo calificar de igual modo a organizaciones que hacen exactamente lo mismo pero contra ciudadanos de otras nacionalidades e intereses de otros países, incluso democráticos. Al Qaeda es así inequívocamente presentada en la prensa estadounidense como una red terrorista internacional, de igual modo que hacen los medios de comunicación españoles. Por el contrario, ETA raras veces es descrita como una organización terrorista en los rotativos y canales de televisión de EE EE, aun a pesar de que hace ya mucho tiempo que cierne su cruenta amenaza sobre los profesionales de la prensa española en general y de la vasca en particular. Incluso ha causado víctimas mortales entre miembros del Grupo Correo de Comunicación, representado en el comité ejecutivo del propio Instituto Internacional de Prensa, al que pertenecen ejecutivos y profesionales de los más influyentes periódicos tanto estadounidenses como de otros cien países. Esta asociación tiene precisamente entre sus principales objetivos, además de proteger la libertad de opinión y expresión, velar por la seguridad de los periodistas.

Una buena ilustración de esa conducta habitual de la prensa estadounidense, de entre los innumerables ejemplos a que podría hacerse referencia, la proporciona el modo en que fue tratado informativamente, por parte del International Herald Tribune, el pasado 20 de febrero, el atentado de ETA perpetrado la mañana del día anterior contra el joven secretario de política institucional del Partido Socialista de Euskadi, Eduardo Madina, quien perdió una de sus piernas tras estallar una bomba adosada a los bajos de su automóvil. Recogiendo un escrito distribuido por la agencia de noticias Reuters, dicho incidente se ofreció en las páginas del citado diario con el siguiente titular: 'Basque bomb wounds politician'. Es decir, 'Bomba vasca hiere a un político'. Llama poderosamente la atención, en primer lugar, el hecho de que lo vasco sea predicado de una bomba y reducido así a la actividad de la banda armada que coloca ese tipo de artefactos. Por otra parte, en el texto que sigue a dicho titular no se alude a la circunstancia, sin duda relevante, de que la víctima es no sólo un joven político sino, para ser más precisos, un joven político vasco. Añádase a todo ello que ETA es descrita sencillamente como 'grupo separatista vasco', que los términos terrorismo o terrorista no aparecen por ninguna parte, y se podrá deducir con cierta facilidad el modo en que un lector estadounidense o europeo medio, generalmente desconocedor de la pluralidad constitutiva de la sociedad vasca y de las instituciones de autogobierno allí vigentes desde hace más de veinte años, tenderá a descodificar la noticia recibida.

Si tenemos en cuenta el papel que los medios de comunicación desempeñan a la hora de configurar las percepciones del público y de enmarcar su conocimiento de temas especialmente sensibles, tan flagrante inconsistencia opera, según mi opinión, en beneficio de los terroristas que logran no ser etiquetados como tales. También en detrimento de la recíproca comprensión con que los ciudadanos de distintas democracias deben respaldar las medidas de cooperación internacional desarrolladas por sus respectivas autoridades para hacer frente a un terrorismo sin fronteras, transnacionalizado en unos casos y hasta globalizado en otros. Un terrorismo que necesita de unos márgenes suficientes de tolerancia social y pasividad popular, también a escala internacional, para movilizar los recursos con que autoperpetuarse y seguir amenazando tanto el mantenimiento de determinadas democracias como incluso la paz mundial. No se trata de constreñir la libertad de expresión o la independencia editorial de la prensa. En este sentido, suscribo la resolución sobre terrorismo y medios de comunicación adoptada por la Unesco a principios de este mismo mes. Se trata, simple y llanamente, de que en el empeño común que las democracias liberales deben asumir contra el terrorismo, ese elemento fundamental de nuestras sociedades civiles que es la prensa no incurra irreflexivamente en hábitos poco ecuánimes y nada precisos, de los cuales puedan sacar provecho las organizaciones terroristas, sea cual fuere la nacionalidad de la personas y los intereses que convierten en blanco de su criminal violencia. A la postre, el Instituto Internacional de Prensa también tiene entre sus fines declarados los de mejorar la práctica del periodismo y contribuir así al entendimiento entre las gentes de todo el mundo.

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