AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 31 Mayo  2002
Perder el juicio
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. ABC 31 Mayo 2002

Otra vez los obispos vascos
Editorial La Razón 31 Mayo 2002

Desconcierto pastoral
Editorial ABC 31 Mayo 2002

Poder aristocrático de los jueces
Julián LAGO La Razón 31 Mayo 2002

La pastoral de un tal Arzalluz
Enrique de Diego Libertad Digital 31 Mayo 2002

El espíritu de Mondragón
EDITORIAL Libertad Digital 31 Mayo 2002

Errores de enfoque
Pío Moa Libertad Digital 31 Mayo 2002

La paz de los obispos
Editorial El Correo 31 Mayo 2002

El Gobierno acusa a los obispos vascos de defender «la total impunidad Batasuna»
Efe - Madrid.- La Razón 31 Mayo 2002

«Te mataré cuando te vea sin escolta», amenaza del padre de un etarra a una concejal del PP
ABC 31 Mayo 2002

Giros y contragiros
Aleix Vidal-Quadras La Razón 31 Mayo 2002

Las víctimas, los «luchadores por la libertad» y Amnistía Internacional
ABC 31 Mayo 2002

Perder el juicio
POR CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 31 Mayo 2002

HACE unos días me decía un conocido que si este sistema político no es capaz de garantizarnos seguridad ni por tanto libertad y dignidad, entonces este sistema político no sirve para nada y no está dispuesto a seguir apoyándolo. Quien hablaba así no era un paleto ni un facha, sino un abogado joven vasco y de izquierda que ha ocupado cargos públicos relevantes y participa en las iniciativas de Basta Ya. Al decir esto expresaba una convicción que va extendiéndose por doquier; en resumidas cuentas, dice que las instituciones democráticas y la clase política y judicial ignoran la verdadera gravedad de ciertos problemas que agobian a la ciudadanía. En el caso vasco este problema es el terrorismo. Las gentes biempensantes suelen replicar ritualmente reclamando fe en las virtudes del Estado de derecho y en la superioridad de las instituciones sobre los enemigos del sistema democrático. Pues bien, la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la querella del fiscal contra Arnaldo Otegi por un posible delito de apología del terrorismo no es, precisamente, de las que ayudan a reforzar esa confianza en el Estado de derecho ni en la superioridad democrática sobre los terroristas. En todo caso pone de relieve esa distancia insalvable, y tan a menudo negada, que separa la experiencia de las víctimas del terrorismo de la doctrina jurídica sobre la naturaleza de ese mal.

Uno es lego en asuntos jurídicos y conoce la tendencia de las gentes de leyes a parapetarse en la jerga y tradiciones de la profesión, así que examinaremos la decisión del Supremo desde un ángulo que si bien quizás no sea muy jurídico pertenece sin duda al ámbito del sentido común. Se trata en concreto de esa distinción radical «cultural y doctrinal» (sic) entre apología de actos y actos en sí mismos que el auto del tribunal da por impepinable. Según ese criterio, no deberían confundirse la «forma de apoyo o solidaridad moral» con los actos de terrorismo objetos de tal apoyo o solidaridad. Por eso los jueces deducen que aunque Otegi haya gritado «gora ETA» en un acto político público, tal grito no es un acto terrorista, sino una expresión apologética de apoyo moral a los autores de actos terroristas, «manifestación ... que no puede ser confundida con tales actividades». El tribunal también descubre la regresión infinita de que «si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito la apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo». Y no se percata de que son los jueces quienes producen el absurdo con esa ocurrencia dadaísta.

Pero vayamos al corazón del asunto, que es el siguiente: cuál es el significado de la expresión «gora ETA» (abreviada o devanada como «gora Euskadi ta askatasuna», al estilo usado en San Juan de Luz). La pregunta por el significado es crucial, porque de la respuesta depende si gritar «gora ETA» o cosa similar es o no es un acto terrorista. Para afirmar que no es un acto terrorista, los jueces buscan refugio en una «clave interpretativa contextual». A este respecto es famosa la observación de Stuart Mill sobre que decir «fuego» para que te enciendan un cigarro tiene un significado muy distinto a gritar «¡fuego!» en un teatro atestado: el significado depende, ciertamente, del contexto, pero no porque decir fuego esté prohibido en un teatro, sino por los efectos prácticos de esa expresión. La primera expresión pide lumbre para un cigarro, la segunda puede provocar un tumulto mortífero. La diferencia contextual radica justamente en la diferencia entre los efectos, y por tanto ese es el significado de la expresión «fuego» o de cualquier otra comparable: el significado es el efecto, la consecuencia práctica, el acto que pone en ejecución.

Tanto en el sentido común tradicional -en expresiones como «dar o tomar la palabra», que significan comprometerse sobre algo- como en la filosofía del lenguaje es sabido que hay cierta clase de actos inseparables de su expresión verbal. La supuesta distinción incontestable de actos y palabras como cosas totalmente distintas sostenida en el auto de la Sala Segunda es una falacia. Los propios jueces la desmienten cada vez que toman juramento o sentencian. En efecto, sentenciar o jurar son actos inseparables de las palabras que los ponen en ejecución. ¿Podría admitirse un testigo que entendiera «juro decir la verdad» como una «apología de la verdad», que se reservara el derecho a «dar su opinión» y no admitiera que «jurar» le compromete sin duda a testimoniar la verdad sobre un caso? Y si un testigo miente, ¿se le acusará de un delito de opinión, o de perjurio?

Lo mismo sucede cuando alguien profiere un juicio racista: no decimos que hace una apología del racismo, sino que el individuo en cuestión es racista. Y pensamos así porque sabemos que las expresiones racistas son actos racistas. Estos actos que sólo suceden cuando se emiten o expresan se llaman actos ilocucionarios o actos de habla. El concepto lo acuñó hace años un famoso filósofo analítico del siglo XX, John Austin, y luego fue refinado por John Searle y otros muchos filósofos. Los actos de habla no son raros ni excepcionales, sino que -como los juegos de lenguaje de Wittgenstein, que también vendrían muy bien al caso- son imprescindibles y abundantes en la vida cotidiana: cada vez que preguntamos, pedimos, otorgamos, negamos o afirmamos, y muchas veces más, realizamos un acto de habla. También cuando amenazamos. La teoría explica algo que tanto Otegi como los destinatarios de su «gora ETA» saben de sobra: que ciertas expresiones no son declaraciones abstractas o condicionales sobre algún supuesto hipotético (una apología), sino actos de habla, expresiones performativas llenas de consecuencias prácticas y que, por tanto, orientan la acción de los destinatarios del mensaje. Por eso cualquier «gora ETA» es mucho más que un vago apoyo moral: significa poner en obra lo que ETA significa, trabajar para ETA y, de hecho, involucrarse como parte activa en la acción terrorista y en el logro de sus pretensiones.

Esto es así al margen de lo que dijera cualquier legislación -pero la ley española dice que los delitos de apología del terrorismo son delitos terroristas-, y de lo que diga cualquier tribunal de aficionados a la interpretación contextual. Lo malo es que el rechazo de la querella contra Arnaldo Otegi por gritar «gora ETA» no sólo demuestra por enésima vez que los servicios jurídicos de que disfrutan los etarras son mucho mejores y más audaces y eficaces que los de los demócratas, sino que restablece el principio, tan conocido en el País Vasco, de que dar vivas a ETA no sólo sale gratis, sino que es un acto beneficioso para quien lo comete, mientras que oponerse a ETA sale, en cambio, carísimo. Vuelve a darse pábulo a la impresión de que los puntos de vista de los terroristas son mucho más apreciados en los tribunales que los de sus víctimas. Y luego hay quien se sorprende de las tendencias autoritarias de la gente en las elecciones europeas y del descrédito del sistema democrático en su conjunto.

Otra vez los obispos vascos
Editorial La Razón 31 Mayo 2002

Los obispos de las tres diócesis de la Iglesia católica en el País Vasco (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) han firmado una carta pastoral conjunta ante la Ley de Partidos que permitirá la deslegalización de Batasuna en la que hacen, por vez primera, un amplio análisis de la situación política en su territorio eclesiástico y ofrecen a los católicos una guía para actuar ante esta coyuntura. La Iglesia española, tradicionalmente respetuosa con lo que ocurría en la arena política, hasta el punto de no prestar su apoyo expreso al pacto antiterrorista, opta en cambio ahora por desembarcar en el debate político. Por eso, cuando los obispos Blázquez, Echenagusia, Uriarte y Azurmendi descienden a pedir «humanitariamente» el acercamiento de los etarras presos al País Vasco, salen en defensa del nacionalismo para explicar que nada tiene que ver con el terrorismo y, por si fuera poco, se permiten incluso advertir de las consecuencias «sombrías» y la «división y confrontación» que aumentará por la deslegalización de Batasuna, sitúan a la Iglesia en el mismo nivel de confrontación partidista que reprochan en su pastoral.

Cuando se sobrepasa la frontera espiritual, no basta con condenar a Eta y apoyar a sus víctimas. Hay que ser beligerante en la defensa de la democracia y huir de una equidistancia que, aunque cómoda en sus diócesis, no debe confundirse con los valores cristianos. Esconderse tras la «relatividad» de las diferentes fórmulas políticas en aras de una «paz» que no definen, es legitimar a los terroristas que enarbolan la bandera de la paz con un mástil de dinamita.

Desconcierto pastoral
Editorial ABC 31 Mayo 2002

Los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián (el arzobispo de Pamplona, que habitualmente se une a los tres prelados en sus documentos, no firma en esta ocasión) han hecho pública una pastoral conjunta, «Preparar la paz», en la que reflejan el análisis de la jerarquía local sobre la situación del País Vasco. Es un documento extenso, con planteamientos muy meditados y expresados con palabras medidas e intenciones muy sutiles, pero perfectamente identificables y coherentes con el talante habitual en las tomas de posición de la Iglesia vasca. El documento muestra unos criterios claros y definidos contra el terrorismo de ETA, al que se considera «incompatible» con la paz. También los amenazados por ETA merecen de los obispos una reivindicación expresa de apoyo social.

Sin embargo, los argumentos dedicados por los obispos del País Vasco para fundamentar su posición frente a ETA y en apoyo de los amenazados se ven inmersos en un encadenamiento posterior de valoraciones que retornan la carta a las prácticas anteriores de compensación de reproches, de corrección retributiva a unos y a otros, de inmersión de la violencia en un magma en el que nadie es totalmente malo ni totalmente bueno. Esta pauta explica la admonición pastoral de que «no todo vale contra el terrorismo», que, por obvia y compartida, sugiere que no se está respetando. También da coherencia a la afirmación de que ETA no es el único problema para alcanzar la paz, porque hay un «conflicto entre identidades nacionales contrapuestas». No obstante, los contenidos más discutibles e impropios de esta carta son aquellos en los que los obispos muestran unos juicios políticos muy arriesgados, y que suenan a la música que se oye en los discursos nacionalistas. Estos juicios emplazan nuevamente a la Conferencia Episcopal a pronunciarse sobre las valoraciones de la jerarquía vasca, con el antecedente, fresco en la memoria, de la negativa rotunda a apoyar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

Hablan los obispos de «la relatividad de las diferentes fórmulas políticas», es decir, de la legitimidad de superar -eso sí, democráticamente, insisten los prelados- el modelo institucional vigente; y asumen la responsabilidad pedagógica de recordar que no hay que confundir nacionalismo con terrorismo. Es una lástima que los obispos no utilicen el mismo criterio para liberar al constitucionalismo o a la identidad española de la perversa sinonimia que ETA y el nacionalismo les han endosado con represión, tortura, fascismo, etcétera.

El punto más sensible del documento, el que desborda los límites pastorales de las intenciones de los obispos, es la valoración del proyecto de ley de Partidos Políticos, «un asunto candente y resbaladizo» que «se ha propuesto el Gobierno español», sobre el que los prelados no sólo vaticinan que agudizará «la división y la confrontación cívica», sino también dudan de que aumente la seguridad de los amenazados. Este juicio negativo sobre el proyecto de ley de Partidos es un grave error de la jerarquía vasca, porque obliga a recordar su silencio cuando en 1998 se formó el frente nacionalista, basado en los pactos de ETA con el PNV y EA, con el objetivo declarado de marginar a los partidos no nacionalistas. Nada se advirtió entonces sobre los peligros de pactar con una organización terrorista ni de promover políticas excluyentes ni de las ofensas que recibieron las víctimas desde las instituciones democráticas controladas por los nacionalistas. Lo que ha provocado esta reacción conjunta ha sido, sin embargo, un proyecto de ley amparado por más del 90 por ciento del Parlamento y del 74 por ciento de la sociedad española, que persigue conductas tan anticristianas como el racismo, la xenofobia o la violencia y que reivindica, ante todo, el carácter absoluto de los valores constitucionales como la libertad y la vida. Los obispos del País Vasco han cometido un grave error que, como pastores de la Iglesia, volverá a desconcertar a una parte importante de la comunidad cristiana.

Poder aristocrático de los jueces
Julián LAGO La Razón 31 Mayo 2002

De la misma forma que hay toreros empeñados en matar al encuentro a un toro aquerenciado, lo cual es un error, hay también jueces empeñados en dictar resoluciones fuera de sus terrenos naturales, lo cual es otro error. La Constitución de 1997 definió que el Parlamento tiene la función de legislar: ése es su terreno natural, que no otro. Al Poder Judicial, igualmente, se le reservó la de aplicar las leyes emanadas del Parlamento, gusten o no éstas a los jueces. Manejar, por tanto, cualquier inventiva sustitutiva para las leyes que no se compartan produce efectos sociales nocivos: si los jueces no aplican aquellas leyes que no consideren adecuadas, ¿por qué los ciudadanos han de estar sujetos al cumplimiento de las mismas?

Nadie podrá negar que en los últimos tiempos el poder de los jueces se ha hecho inmenso, su subjetividad, ilimitada y su protagonismo, desmesurado. No entraremos aquí a indagar en las causas de tales exacerbaciones, pero sí en el trasfondo del ya llamado «caso Otegui». Así, el auto dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no nos coloca ante el escenario, por otra parte habitual, de la politización de la justicia, como se ha dicho. Nos coloca ante un escenario en eclosión tridireccional de la volubilidad interpretativa de las leyes, la irrupción de los jueces estrellas y la excesiva apelación a la justicia por parte de la sociedad. Desde finales del siglo XIX, nuestra dogmática penal incorporaba la apología del delito, en cualquiera de sus manifestaciones, al delito mismo. Pues bien, con la reforma, aprobada hace un par de meses por mayoría, el Parlamento creó un tipo penal autónomo para la apología del delito, a fin de impedir precisamente que la apología del terrorismo siguiera considerándose un delito de opinión, tal como sostienen los magistrados Román Puerta, Joaquín Delgado y Perfecto Andrés en su discutible auto.

De donde se deduce que algunos jueces olvidan que los legisladores, los de antes y los de ahora, adaptan sus criterios legislativos a la sensibilidad social de cada momento: la sociedad no está mineralizada. Está claro que, desde el respeto al Estado de Derecho, la lucha antiterrorista se encuentra entre los principales compromisos de todos y, por ende, del Parlamento. Nadie pensará que la actuación de tan ilustres magistrados venga predeterminada por la ignorancia legislativa, ni que en esta ocasión se esconda motivación política alguna: dos de los tres miembros de la referida sala están ideológicamente próximos al Gobierno. Calificar, por tanto, de «rabieta política» las manifestaciones al respecto de Aznar y de Acebes no deja de ser una torticera manipulación que la oposición responsable debería no esgrimir. Quizá la causa última del desencuentro producido habría que buscarla en el espíritu aristocrático del Poder Judicial sobre los demás poderes del Estado. O sea, en la colocación en unos terrenos que no le son propios.

La pastoral de un tal Arzalluz
Enrique de Diego Libertad Digital 31 Mayo 2002

La pastoral de los obispos vascos no tiene más importancia que los firmantes, porque, en forma y fondo, no pasa de ser un documento en el que se repiten las conocidas tesis del PNV. Más bien las últimas. Porque las primeras incidían en que la ilegalización de Batasuna beneficiaba a ETA. Una burda manipulación, que, con su nerviosismo, los etarras se han encargado de poner en evidencia. Hay una cuestión, desde el punto de vista cristiano, respecto al sentido en sí de la pastoral. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia recomienda a los laicos la participación activa en la cosa pública, manifestando la autonomía de lo temporal. Es decir, hay materias políticas, que son opinables, y en las que la jerarquía no debe meterse, salvo que adopte una posición cuasi integrista, porque los católicos laicos tienen suficiente madurez para decidir cuál es el criterio moral a adoptar, y éste no es uno solo. El PNV dice que no se debe ilegalizar a Batasuna, coincidiendo con ETA. El PP y el PSOE dicen que ilegalizar a Batasuna reducirá el número de víctimas.

Los militantes del PNV y del PP pueden ser muy buenos católicos manteniendo cualesquiera de esas posturas. Que la jerarquía intervenga en cuestiones opinables fuerza las conciencias y contempla a los fieles como menores de edad. Nada hay en el Evangelio que haga referencia, ni por analogía, a tal debate. Sorprende, además, que se firmen pastorales conjuntas, existiendo la Conferencia Episcopal, porque ello ya es, de por sí, generar la idea de una Iglesia nacional, algo que repugna al mínimo sentido católico. Es pasar de la Iglesia “en” el País Vasco a la Iglesia “del” País Vasco. Pero tampoco hay mucha noticia en la pastoral, porque la coincidencia de la jerarquía y una parte del clero vasco con el nacionalismo –mezclando de manera abusiva religión y política– es una constante. Nada nuevo bajo el sol, que dice el Eclesiastés. Es más grave que se rechacen funerales por las víctimas o que se esconda a asesinos en las parroquias, como ha sucedido.

El terrorismo vasco tiene una relación clara con la crisis del catolicismo vasco, manifestada en el agostamiento casi completo de vocaciones, en las diócesis en su día más vocacionales y misioneras de toda la Iglesia. Hablar casi siempre de política y casi nunca de religión trae estas consecuencias. La pastoral se mimetiza con la postura de un tal Arzalluz y bien podría haber sido escrita por el Euskadi Buru Batzar. Poca imaginación en los obispos vascos.

El espíritu de Mondragón
EDITORIAL Libertad Digital 31 Mayo 2002

Las reducciones del Paraguay fueron una impresionante obra civilizadora y evangelizadora realizada por un puñado de sacerdotes jesuitas, que consiguieron en pocos años transformar un pueblo del neolítico el guaraní en un culto grupo de artistas y artesanos empapados de civilización europea, inserto en el último confín del imperio español. El trabajo, la lectura, la oración, la obediencia y la vida en comunidad, los pilares de la vida jesuítica, eran asimismo los fundamentos de la vida en las reducciones guaraníes, que se asemejaban a monasterios seglares, aislados del violento mundo exterior, donde reinaba la paz y la armonía. Habida cuenta de la época en que existieron (desde principios del s. XVII hasta mediados del siglo XVIII, cuando Carlos III expulsó de sus dominios a los jesuitas) y de la zona donde se asentaron (frontera entre aventureros portugueses y españoles a la caza de esclavos, donde no llegaba la autoridad ni las tropas del rey), es casi milagroso que pudieran existir por más de ciento cincuenta años, siendo como eran estados dentro de un estado absolutista; y por tal motivo, aún hoy son objeto de curiosidad y estudio de sociólogos, antropólogos y politólogos.

En el nacionalismo vasco, también está presente una fuerte impronta jesuítica. El pueblo vasco, al igual que los antiguos guaraníes, es de raíz profundamente religiosa, especialmente ignaciana, pues no en vano San Ignacio de Loyola también fue euskaldún, guipuzcoano para ser más exactos. Sin embargo, la santa intransigencia ignaciana aplicada a otros fines que no sean los puramente espirituales produce resultados muy diferentes. Las exhortaciones aranianas a no contaminarse con el espíritu y las costumbres pretendidamente irreligiosas y paganizantes de los españoles de allende el Ebro son una muestra. Arzalluz, ex sacerdote jesuita y discípulo del profeta del nacionalismo vasco, es otro buen ejemplo. El ardor de la fe religiosa puede impulsar a los hombres a realizaciones maravillosas. En cambio, cuando los hombres encauzan ese ardor hacia un credo político que no admite crítica ni reflexión, el resultado suele ser una pila de cadáveres, como la Historia no se cansa de demostrar.

A este tenor, las investigaciones del juez Garzón van desvelando una red donde confluirían nacionalistas “moderados” y proetarras. Ignacio María Mallagaray, director del departamento de auditoría interna de Caja Laboral, ha sido detenido por avisar a los responsables de las “herriko tabernas” de la intervención judicial de sus cuentas, que decretó también el magistrado de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril en una operación donde fueron detenidos once proetarras.

Caja Laboral pertenece al grupo de cooperativas Mondragón, el primer grupo industrial español al que pertenecen, entre otras muchas, empresas como Fagor, Eroski o Irizar, que emplea a más de 60.000 personas y factura 10.800 millones de euros (1,8 billones de pesetas). Y la filiación “abertzale” de Mallagaray no es precisamente una excepción en este grupo empresarial. Mondragón, la localidad guipuzcoana donde se encuentra la sede, es una de los centros emblemáticos del nacionalismo vasco, tanto el “moderado” como el asesino. Su alcalde es de Batasuna, y la filosofía que impregna el grupo de cooperativas está completamente alineada con las tesis nacionalistas y abertzales que se encargan de “predicar” tanto batasunos como peneuvistas, y sus dirigentes son o serán, en su mayor parte, altos cargos del Gobierno vasco ligados al PNV o a EA. No en vano, el grupo Mondragón no es solamente un conglomerado empresarial: cuenta con ikastolas y una universidad donde, además de divulgar las técnicas empresariales que la han hecho objeto de estudio de todas las escuelas de negocios del mundo, se imparte doctrina nacionalista radical con muchos menos complejos y con mucho más desenfado que en la Universidad del País Vasco.

De nuevo, el mismo esquema que las reducciones de Paraguay: trabajo productivo en común (cooperativas), lectura (de textos nacionalistas publicados por las editoriales del grupo), predicación activa de la “doctrina salvadora” del pueblo vasco y obediencia a los jefes supremos (recuérdense los “michelines” disidentes a los que hizo referencia Arzalluz). Y tampoco falta el elemento jesuítico misionero en la forma degradada de la “teología de la liberación”, fabricada también en estas tierras y exportada para ensangrentar Iberoamérica desde El Salvador. Sin embargo, salvo en el éxito empresarial del que viven muchas familias y que podría quedar empañado por la adhesión de sus dirigentes a la “causa” nacionalista más o menos radical, no puede decirse que este conglomerado haya reunido en torno suyo una sociedad pacífica, armónica y con profundidad espiritual como lo era la de las misiones jesuíticas. En Guipúzcoa, y especialmente en la zona de Mondragón, los no nacionalistas son, en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda clase objetivo potencial de ETA. Y sus dirigentes no respiran amor a otro prójimo que no sea nacionalista.

Es triste que los obispos vascos sucumban a la tentación de identificarse con el análisis nacionalista de cara a la galería del “conflicto vasco”, como hicieron el jueves en su carta pastoral conjunta, repitiendo los latiguillos del PNV sobre el diálogo y la paz, así como las acusaciones de tortura y malos tratos a los presos etarras que reciben un trato privilegiado en prisiones de alta seguridad lanzadas incesantemente por los órganos de propaganda batasunos. Y es que la Iglesia, por desgracia, ha sido en el País Vasco, durante mucho tiempo, más un elemento perturbador que armonizador.

Errores de enfoque
Pío Moa Libertad Digital 31 Mayo 2002

Un problema mal enfocado no se puede resolver. Arzallus acaba de declarar la “guerra política” en defensa del terrorismo, es decir, que piensa actuar de forma desestabilizadora. Pero eso es lo que siempre ha hecho, usando el crimen etarra de forma similar a como Lenin planteaba la lucha revolucionaria, combinando formas legales e ilegales, violentas y pacíficas, para socavar las democracias. Con extraña ingenuidad, Mayor Oreja le ha replicado que “el enemigo del nacionalismo vasco democrático es el terrorismo de ETA”. ¿Cabe un desenfoque más sorprendente? El absurdo de la idea brilla en su mera exposición. ¡Ya se habría percatado el PNV de esa supuesta enemistad, sin necesidad de que le ilustrara el político del PP! Y cabe preguntar dónde está ese nacionalismo vasco democrático, o cuándo ha hecho otra cosa que intentar beneficiarse del terrorismo. Tal planteamiento está en el origen de la política servil, necia y demagógica del PSOE. Esperemos que en Mayor haya sido solo un desliz momentáneo, quizá con la ingenua idea de dividir a los nacionalistas. El terrorismo es ciertamente el peor enemigo de los vascos, pero en modo alguno del PNV. No habrá manera de resolver el problema si no se aprovecha cada ocasión para hacer ver a la gente cómo este partido, lejos de declararle la guerra al terrorismo se la declara a la democracia y defiende a aquél, si no se muestran sin descanso las profundas relaciones, pese a disputas secundarias, entre el nacionalismo supuestamente pacífico y el claramente asesino, si no se denuncia su responsabilidad en la falta de libertad reinante en Vasconia. Los vascos, incluido los peneuvistas menos envenenados, deben comprender estos hechos, para lo cual hay argumentos y datos más que suficientes.

Otro desenfoque: se dice que los ingleses no tienen por qué retener Gibraltar cuando “somos amigos, somos aliados y estamos todos en la OTAN y la Unión Europea”. Eso es un error fundamental de planteamiento. Desde luego, no somos amigos, a menos que se llame amistad a la sumisión abyecta del que sufre una humillante agresión colonial. Los ingleses, por supuesto, tienen las ideas mucho más claras. Gran Bretaña es una realidad desde hace siglos, que aspira a perdurar, no a disolverse en una Unión Europea formada hoy mismo y con sustancia política e histórica incomparablemente menor. En cuanto a la OTAN, la parte sólida de ella ha sido, y seguirá siendo la “relación especial” entre Washington y Londres, de ninguna forma entre Londres y Madrid, el “amigo” tan perfectamente despreciable. En realidad, sólo una presión permanente y a largo plazo hará entrar en razón a ingleses y “llanitos”, conforme perciban que la situación actual se les volverá cada vez más gravosa. Ello puede hacerse de manera educada (los ingleses son expertos en apretar las tuercas con buenos modales), pero hay que hacerlo, sin excluir un razonable cierre de la verja, construida por ellos mismos en tierra ajena al pacto leonino de Utrecht.

La paz de los obispos
Editorial El Correo 31 Mayo 2002

Preparar la paz es el título de la pastoral que hicieron pública ayer los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, como respuesta a lo que «numerosos cristianos están demandando» y «muchos ciudadanos están esperando», en un propósito de influencia que trasciende al campo natural de la comunidad cristiana para extenderse a la sociedad vasca en su conjunto. Este afán generalizador da al documento un valor especial, político, que puede ser entendible en una institución con presencia y obligaciones en la ciudadanía, pero al que habría que quitar cualquier preeminencia moral fundada en la propia religión. La Iglesia, como cualquier institución, puede, en su libre acción, posicionarse en cuantos asuntos de orden político y social considere oportuno, pero nunca haciendo uso, más allá del ámbito de los creyentes, de su superioridad moral . Y cabe pedirle, por coherencia, que esa demanda de una «voz pública y explícita» esgrimida como razón de la existencia de la pastoral, sea motivo de su pronunciamiento en otras circunstancias en las que su toma de postura fue explícitamente solicitada.

Es evidente que la paz en Euskadi se halla rota, más allá de cualquier consideración, por el empecinamiento de un grupo violento, minoritario pero cruel, dispuesto a sembrar la muerte y el terror. Y en esas circunstancias existen responsabilidades concretas, culpabilidades nítidas. No se puede confundir nacionalismo con terrorismo, pero en la medida en que el terrorismo argumenta sobre elementos comunes al nacionalismo, es lógico que éste sea requerido de una manera especial para deslegitimar la barbarie de ETA y para desentrañar y acabar con su trama. Y tiene razón la pastoral cuando se interroga sobre si hacemos lo suficiente por arropar a las víctimas, incluido en este apoyo el rechazo de todas las actitudes, manifestaciones y hechos que día a día las torturan.

La legitimidad de todas las ideas políticas es un principio básico de la democracia, pero también es cierto que en la realidad, y más en la dramática realidad vasca, hay proyectos que son más integradores que otros y, por tanto, más beneficiosos para lograr la paz. Y no se puede despreciar la experiencia del pasado, ni echar por tierra el consenso institucional que ha dado a Euskadi la mayor estabilidad, democracia y autogobierno de toda su historia. «Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de país». Pero tampoco hacer tabla rasa de las cotas de libertad y los marcos de convivencia construidos entre todos.

Nadie puede mostrarse indiferente ante la relación de Batasuna y ETA. Una sociedad democrática no puede permitir que su propia libertad sea aprovechada para dar cobertura al terror. Y es un error de salida valorar la Ley de Partidos, en la que parece será su versión definitiva, a través del vaticinio de sus consecuencias, sabiendo, además, que resulta difícil imaginar que la grave injusticia que padece buena parte de nuestra sociedad pueda ser incrementada. Es por ello pernicioso alentar la convicción de que la mera promulgación de la Ley, que cuenta con amplísima mayoría en el Parlamento, incrementará los problemas de nuestra sociedad. Es cierto que una pastoral es una interpretación de determinados acontecimientos a la luz del Evangelio y de la moral católica. También lo es que la Iglesia cuenta entre su feligresía con un amplio y completo abanico político y social, y que su mensaje, como el firmado por los obispos vascos, debe estar cargado de integración y de esperanza. Pero la sociedad de Euskadi, no sólo la parte católica de la misma, vive en una realidad convulsionada que demanda certezas y concreciones. Y la primera es la defensa de la vida y el respeto a un marco de convivencia del que nos hemos dotado en libertad.

El Gobierno acusa a los obispos vascos de defender «la total impunidad Batasuna»
Efe - Madrid.- La Razón 31 Mayo 2002

El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, expresó hoy el «asombro» del Ejecutivo por la pastoral de los Obispos vascos y afirmó que los prelados han ido «más allá de lo que a ninguna fuerza política democrática ha llegado» al defender la «total impunidad de Batasuna».
 
En una declaración leída en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, Cabanillas respondió así a la pastoral hecha pública ayer por los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, en la que critican la ley de partidos y la posible ilegalización de Batasuna. Cabanillas aseguró que en su pastoral los obispos vascos «se arrogan una representación de la que carecen, frente a la legitimidad contrastada de las instituciones y los órganos competentes del Estado, y pretenden hablar de sectores ciudadanos cuyas opciones políticas tienen el cauce de expresión adecuado en nuestro sistema democrático». A juicio del Gobierno, la pastoral coincide «con las posiciones más radicales de descalificación de la ley de partidos desde el nacionalismo vasco» y es «un compendio exacto del argumentario nacionalista en contra de una iniciativa democrática apoyada abrumadoramente por el Congreso y que es el resultado de un intenso proceso de diálogo y acuerdo». «Produce asombro que la pastoral vaya más allá incluso de lo que ninguna fuerza política democrática, ningún sector social o de opinión ha llegado, ya que los obispos de las diócesis vascas abogan y defienden la total impunidad de Batasuna, y cito textualmente, «cualesquiera que sean sus relaciones con Eta’», dijo Cabanillas.

El portavoz del Gobierno añadió que, a tenor de lo que afirman los obispos en su pastoral, «a los amenazados les advierten de que su situación puede empeorar con la ley de partidos, les invitan a la sumisión a sus verdugos, al silencio ante quienes les ofenden, y colocan a la sociedad vasca en el camino de la obediencia a la disciplina mafiosa que imponen Eta y sus cómplices». «Esta paz que se propone, la paz del silencio de las víctimas, de la impunidad de los verdugos, la paz de la humillación de una sociedad ante los que agreden su convivencia, la paz de los débiles y los cobardes, no es no es la paz civil que debe buscar una sociedad democrática. No es desde luego el escenario que la inmensa mayoría de los demócratas pueden aceptar ni aceptarán», dijo el ministro.

«Te mataré cuando te vea sin escolta», amenaza del padre de un etarra a una concejal del PP
ABC 31 Mayo 2002

BILBAO. Simpatizantes de Batasuna amenazaron a los concejales del PP en el Ayuntamiento de Portugalete durante un pleno ordinario para estudiar, entre otras asuntos, la ley de Partidos. El padre del etarra Unai Bilbao -el terrorista está acusado del asesinato del concejal socialista de Orio Juan Priede- dijo a la portavoz del PP Dolores Ciordia que la matará cuando la vea sin escolta, según informó el dirigente popular vasco, Leopoldo Barreda.

Los incidentes comenzaron durante la respuesta del grupo municipal del PP a la propuesta presentada por Batasuna, en la que se solicitaba al Ayuntamiento que «inicie los trámites del encausamiento por torturas contra los agentes que practicaron la detención de Unai Bilbao» y se persone como acusación particular.

La concejal popular rechazó «debatir ninguna propuesta de Batasuna» y recordó a los ediles de este grupo municipal que «Unai Bilbao, candidato de EH, está acusado de ser el presunto asesino de un concejal de Orio, un asesinato que no habéis condenado. No entiendo cómo después de tantos asesinatos le podéis dar tantas vueltas a la detención de una persona a la que han cogido con una pistola en la mano», añadió. En ese momento, los cerca de treinta familiares de Bilbao y simpatizantes de Batasuna que se encontraban presentes en el salón de plenos mostraron carteles en los que se podía leer «PP y PSE torturadores» e insultaron a la concejal. El padre del presunto etarra se dirigió a la portavoz del PP Dolores Ciordia y la amenazó con «matarla cuando la vea sin escolta», según afirmó Barreda.

Ante estos hechos, el alcalde socialista Mikel Cabieces, decidió suspender el pleno y proceder al desalojo de la sala. La sesión se reanudó cinco minutos más tarde y tuvo que ser suspendida al regresar a sus asientos los ediles de Batasuna portando carteles contra el PP.

Giros y contragiros
Aleix Vidal-Quadras La Razón 31 Mayo 2002

Dentro de la peligrosa tendencia a la simplificación con la que los medios suelen describir los cambios ideológicos y estratégicos de los partidos, se habló a raíz del último Congreso del Partido Popular de Cataluña del «giro catalanista» reflejado en la ponencia estrella de aquella reunión, cuyo redactor fue el actual ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué. Ahora se anuncia otro movimiento igualmente espectacular en Unió Democràtica de cara a su asamblea del próximo fin de semana en virtud del cual la venerable formación democristiana abandonaría sus tradicionales tesis soberanistas para situarse en un ámbito «nacionalmente» más templado. No sería extraño que los titulares consagren pronto semejante evolución como el «giro españolista» del socio minoritario de la coalición gobernante en el Principado.

Por supuesto, las causas de este tipo de inflexiones suelen ser complejas y en ellas se mezclan las conveniencias electorales, las aspiraciones personales de los dirigentes y la necesidad de definir productos diferenciados para el mercado de los votos. Aunque resulta lógico, e incluso saludable, que las fuerzas políticas no se encastillen en posiciones fosilizadas y procedan periódicamente a adecuar su doctrina y sus mensajes a las nuevas realidades sociales, culturales y económicas que van surgiendo, hay ocasiones en que ciertos golpes de timón resultan sospechosos. En el caso de Unió, las fluctuaciones entre el independentismo más acendrado y concepciones sensatamente autonomistas, han sido frecuentes a lo largo de los últimos años. En su congreso anterior celebrado en Tarragona a finales de 2000, la organización presidida por Durán i Lleida exhibía una ortodoxia nacionalista sin fisuras, pero lo hacía apenas dos meses después de que su cabeza de filas en una conferencia pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Barcelona sustentase tesis claramente descalificadoras de las obsesiones identitarias como obstáculos para el progreso y el bienestar de Cataluña. Tanto giro y contragiro, tanta vuelta y revuelta en períodos de tiempo relativamente cortos no despiertan demasiada confianza ni merecen gran credibilidad. La maduración del pensamiento político requiere calma y argumentos más allá de oportunismos coyunturales o de enfoques estrictamente sociológicos. Es obvio que en el caso que nos ocupa Durán i Lleida está tomando posiciones con vistas a una era pospujolista en la que Maragall gane la Generalitat en 2003 y Artur Mas, alineado con el ala nacionalista radical de Convergència, deba ser sustituido. Por otra parte, tras su fugaz paso por la conselleria de Governació, el líder de Unió se muere de ganas de ocupar una poltrona ministerial en un Ejecutivo central de coalición con el PP. En definitiva, que determinadas conversiones se explican en términos muy prosaicos, lo que no obsta para que la Providencia escriba recto con renglones torcidos.

Las víctimas, los «luchadores por la libertad» y Amnistía Internacional
ABC 31 Mayo 2002

MADRID. La Fundación de Víctimas del Terrorismo mostró ayer su malestar por el último informe de Amnistía Internacional (AI) en el que la ONG califica a ETA como «grupo armado vasco» de «luchadores de la libertad».

En un comunicado difundido ayer, la Fundación subrayó que ETA figura como organización terrorista en el listado de estos grupos elaborado por la Unión Europea, y que existe un «concepto legal» al respecto en los países comunitarios. Por esta razón, señaló que «negar la condición de banda terrorista a ETA es ofender a las víctimas del terrorismo y sus familiares», y «desconocer la realidad política y social del País Vasco y del resto de España».

«España es una democracia»
La Fundación también criticó que AI evitase referirse a los etarras como terroristas con el argumento de que lo que «para una persona es un terrorista, para otra es un luchador por la libertad». A este respecto, la Fundación de Víctimas del Terrorismo afirma en el comunicado que «España es una democracia y un Estado de derecho en el que los ciudadanos gozan de libertad para expresar sus ideas, por lo que no tiene sentido hablar de los terroristas como «luchadores por la libertad». «En todo caso», añade la entidad presidida por Adolfo Suárez, «en España los luchadores por la libertad son quienes han dado su vida o ponen en riesgo ésta por defender los derechos de la democracia».

Por su parte, AI, en otro comunicado hecho público ayer, aseguraba que se refería a ETA como «grupo armado» ante la inexistencia de terrorismo en el derecho internacional.

«El uso de dicha expresión no implica que Amnistía Internacional otorgue cualquier tipo de aval a dichos grupos. Los atentados contra los derechos humanos son totalmente inaceptables y completamente reprobables». Amnistía asegura además que «nunca» han calificado a los autores de atentados etarras como «luchadores por la libertad».

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