AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 1 Junio  2002
La confrontación
Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 1 Junio 2002

Respuesta a una pastoral
Editorial La Razón  1 Junio 2002

Pastores de lobos
Jaime CAMPMANY ABC  1 Junio 2002

LA IGLESIA SE LAVA LAS MANOS ANTE LA COBARDIA DE LOS OBISPOS VASCOS
Editorial El Mundo  1 Junio 2002

Obispos nacionalistas
Editorial El País  1 Junio 2002

Iglesia federal
MARTIN PRIETO El Mundo  1 Junio 2002

Un día aciago para la democracia española
Jaime Ignacio del Burgo  La Razón  1 Junio 2002

Un sofisma pontificial
Lorenzo CONTRERAS La Razón  1 Junio 2002

Mantener la llama
TONIA ETXARRI/ El Correo  1 Junio 2002

Cosas de obispos
EDUARDO MENDICUTTI El Mundo  1 Junio 2002

La hipocresía como doctrina
GERMAN YANKE El Mundo  1 Junio 2002

Carta a los obispos vascos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  1 Junio 2002

Pena de documento
IMANOL ZUBERO El País  1 Junio 2002

El Gobierno acusa a los prelados vascos de defender la «impunidad total» de Batasuna
CRISTINA DE LA HOZ ABC  1 Junio 2002

Necesidad inaplazable
Editorial El Correo  1 Junio 2002

La confrontación
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 1 Junio 2002

La valoración de la pastoral conjunta «Preparar la paz», elaborada por los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, debe efectuarse a partir del conjunto del documento, y no a través de una lectura parcial o entresacando algunos párrafos especialmente desafortunados. Pero incluso con estas precisiones y extremando la buena fe, no faltan motivos para la perplejidad, la inquietud, la tristeza, e incluso el simple rechazo. Porque todo él, si no me equivoco, adolece de un error fundamental de diagnóstico sobre la situación en el País Vasco.

La condena del terrorismo de ETA es total, absoluta e incondicionada. No cabe la menor duda. También es inequívoca la adhesión a los derechos humanos y a los valores constitucionales. Sobre estos y otros aspectos del documento, nada hay que objetar. Una descalificación total sería injusta y parcial. Pero, por decirlo de una vez, todo el documento revela una notable conformidad con los postulados del nacionalismo. Además, la contraposición entre seguridad y derechos humanos no resulta sostenible, ya que la primera también es un derecho que, por lo demás, incluye el disfrute y la protección de los demás derechos. Sin una seguridad mínima, ni la vida ni la libertad ni la propiedad están garantizadas.

El aspecto más rechazable se refiere a las consideraciones sobre la ilegalización de Batasuna. Aunque renuncia a una valoración moral ponderada de un texto que aún no ha sido fijado, alerta sobre «algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables» y augura que «probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían». Todo esto estaría muy bien si ETA no existiera o si hubiera un conflicto o una guerra en la que las dos partes utilizaran las mismas armas. Pero no es así. Lo que falla es la ponderación sobre la naturaleza de la «confrontación». Por encima de la confrontación, normal, entre nacionalistas y no nacionalistas se da la circunstancia de que una banda terrorista asesina para lograr fines políticos nacionalistas. Aquí ya no hay confrontación sino agresión criminal. Del mismo modo que no hay confrontación entre el violador y la violada, el homicida y la víctima y el extorsionador y el extorsionado.

El documento añade que esas «consecuencias sombrías» que se derivarían de la ilegalización deben evitarse «sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA». Quiere esto decir que, según los obispos, aunque resultara probado que ETA y Batasuna son la misma cosa o parte de la misma organización criminal, aún así habría que oponerse a la ilegalización para evitar las «consecuencias sombrías». Esto es tanto como defender la legalización de ETA y hacer rentable la producción de «lo sombrío», ya que para que no aumente la desolación lo mejor sería complacer a los que la siembran. Dialogar entre iguales no es, ciertamente, claudicar, pero plegarse a la voluntad de los criminales sí lo es. El punto de equilibrio del diálogo se encuentra en la Constitución y el Estatuto, no en un nacionalismo equidistante entre ETA, por un lado y el Gobierno legítimo y las fuerzas políticas no nacionalistas, por otro. Además, resulta chocante la toma de posición ante la ilegalización de Batasuna cuando los prelados no se pronunciaron ni sobre el acuerdo de Estella ni acerca del pacto antiterrorista. Los errores del documento, que tanto dolor y perplejidad pueden provocar entre los católicos y entre quienes no lo son, nacen, creo, de un grave error de diagnóstico político y moral de la situación que vive el País Vasco. La prueba de ello es que contentará a los nacionalistas e indignará a la mayoría de quienes no lo son.

Respuesta a una pastoral
Editorial La Razón  1 Junio 2002

La gravedad de la pastoral en contra de la deslegalización de Batasuna y por el acercamiento de los etarras presos, firmada por los obispos vascos, requería una respuesta adecuada. La llamada a consultas al Nuncio de Su Santidad en España, Manuel Monteira, por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, para exponerle el rechazo del Gobierno ante una actuación claramente política de los cuatro obispos, es una medida tan excepcional como rotunda. La medida del Ejecutivo se suma a las críticas de los partidos constitucionalistas, atónitos ante lo sucedido, desde los que se recuerda que los mismos prelados que se negaron a secundar el pacto antiterrorista para «no hacer política» apuestan ahora claramente por un bando; aquel en el que nacionalistas y terroristas comparten objetivos. Hasta la Conferencia Episcopal se ha lavado las manos y rechazado todo conocimiento o participación en el asunto. Afortunadamente para muchos católicos, obispos como monseñor Gea Escolano han sido claros a la hora de criticar la pastoral. Es, a pesar de todo, una respuesta insuficiente ante un escándalo que, como era de esperar, ha recogido el entusiasmo del brazo político de Eta y de la coalición comunista de IU, así como el reconocimiento del resto de los nacionalistas. El aplauso soberanista borra la menor duda sobre el bando elegido por estos obispos al descender a la arena política con una actuación «equidistante» que marca diferencias entre sus hijos, desampara a una multitud de católicos que sufren persecución y muerte a causa de sus ideas, y bendice un precio político para la paz.

Pastores de lobos
Por Jaime CAMPMANY ABC  1 Junio 2002

Vaya por delante que soy cristiano viejo, católico, creyente, practicante y temeroso de Dios. Fui bautizado con los nombres de Jaime, Emilio, Jorge, Celestino, Bartolomé de la Fuensanta. Procuro ordenar mi vida de acuerdo con los mandamientos de Dios y de su Iglesia. Estoy casado por la ley canónica y pongo la crucecita en la casilla correspondiente del impuesto sobre la renta. Bauticé a mis hijos y ellos han bautizado a los suyos.

Eso, por un lado. Por otro, me he quemado los ojos y las pestañas durante más de setenta años de lecturas. A los seis años ya leía el Quijote. A los catorce, desentrañaba tercamente al Góngora de las tinieblas. A los dieciocho, aprendía leyes y filosofías. Creo que buena parte de mis años la he pasado con los ojos sobre las letras, y así sigo.

Acabo de leer la Carta pastoral conjunta de los obispos vascos y puedo decir que me ha parecido un documento sinuoso, quizá insidioso, o sea, escrito con asechanzas, al menos ambiguo y tal vez hipócrita. Escribo esto con dolor, pero es que estos obispos me parecen descarriados. Y les llamo «descarriados» porque con sus palabras se separan del camino común que siguen sus hermanos en el episcopado y se apartan de lo justo y razonable, según lo entiende la inmensa mayoría de los españoles.

Los obispos de las tres diócesis vascas (Uriarte, de San Sebastián; Asurmendi, de Vitoria; Blázquez, de Bilbao, y su auxiliar, Echenagusta) dedican uno de los diez puntos de su Carta a desear el fin de «la durísima violencia de ETA», y afirman que «la paz es incompatible con el terrorismo». Prosiguen los obispos sus descubrimientos al afirmar que los atentados a los concejales del PP y del PSOE son especialmente graves porque ese fenómeno es «un ataque directo de la democracia». A renglón seguido añaden que todos los partidos políticos deben tener sus propios representantes, libremente elegidos, que participen en la gestión política.

Claro que sí, monseñores. Pero es que hay unos representantes que están matando a los otros. Y es ahí donde los prelados empiezan a enseñar la oreja radical nacionalista y el objetivo último de su Carta, convertida en algunos puntos en panfleto político. Lo que persigue en definitiva la Carta pastoral es condenar el propósito de poner fuera de la ley a Herri Batasuna, cómplice y brazo político de los asesinos etarras. Cierran los obispos contra ese proyecto, patrocinado por el Gobierno y refrendado por más del 90 por ciento del Parlamento. Se trata de una vieja argucia dialéctica, muy usada por los sofistas, esta vez vestidos de prelados. Primero se condena una acción, y después se defiende y ampara a los que la apoyan y se benefician de ella. Estos obispos dicen «preparan la paz», pero hacen la guerra.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué has puesto a pastores de lobos a cuidar el rebaño de las ovejas sacrificadas?

LA IGLESIA SE LAVA LAS MANOS ANTE LA COBARDIA DE LOS OBISPOS VASCOS
Editorial El Mundo  1 Junio 2002

La última pastoral de los obispos vascos, Preparar para la Paz, ha desatado en pocas horas una polémica política y social sin precedentes en los últimos meses. Su postura contraria a la ilegalización de Batasuna, así como su velada denuncia sobre la existencia de torturas en un Estado democrático han merecido la condena unánime y sin paliativos de todos los partidos, instituciones y organizaciones sociales implicados en la defensa de los valores constitucionales. La parcialidad del diagnóstico en torno al conflicto violento en el País Vasco y de la singular receta para la paz basada en la claudicación de las víctimas que aportan los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria es proporcional al grado de satisfacción que ha originado el documento entre los nacionalistas en general que con acierto ven en él una proyección de sus reivindicaciones políticas y en los dirigentes de Batasuna en particular.

La Conferencia Episcopal Española ha acabado de contribuir al desconcierto colectivo adoptando la postura más cómoda. Situándose al margen de cualquier responsabilidad sobre la pastoral y reconociendo a sus autores una independencia de criterio y de decisión en sus diócesis que no aplica en otros asuntos pastorales sólo demuestran un afán: preservar su pulcritud de situaciones comprometidas lavándose las manos con literalidad evangélica.

La equidistancia del máximo órgano de representación de la Iglesia española respecto al País Vasco debe, sin embargo, necesariamente quebrarse ante la declaración de los obispos. No en vano son parte integrante de la Conferencia Episcopal, que no puede esgrimir más disculpas para evitar pronunciarse sobre si está de acuerdo o discrepa con la pastoral.

Si los redactores del documento esperaban contribuir a la «desactivación del conflicto», los hechos demuestran que, de momento, «favorecen más la radicalización que la concertación», justo el efecto pernicioso que, a su juicio, provocan algunos políticos y medios de comunicación.Y no porque deje de ser sincero su condena al terrorismo, sino porque las víctimas y quienes las representan se sienten agredidos cuando los obispos equiparan indirectamente su sufrimiento con la situación de los presos de ETA.

Resulta particularmente incomprensible su descalificación a la reforma legal para la ilegalización de Batasuna. Los prelados vascos explican su rechazo en las consecuencias que tendrá para la seguridad de los miles de amenazados. ¿Acaso es posible vivir aún con menos cotas de libertad? Renunciar a la aplicación de la ley por temor a que se deteriore la convivencia sería una concesión al chantaje del terror, una garantía de impunidad que no haría más que acrecentar la sed de violencia de los terroristas y de quienes les amparan. No es extraña la protesta de Piqué ante el Nuncio del Papa ni la reacción indignada del Gobierno, que en una dura declaración ha acusado a los obispos vascos de suscribir un «compendio exacto del argumentario nacionalista» y una solución basada en el sometimiento de las víctimas ante sus verdugos. Esa sería la «infame paz de los cobardes». ¿Qué menos se les puede decir a estos prelados?

Obispos nacionalistas
Editorial El País  1 Junio 2002

La última pastoral de los obispos vascos es un pronunciamiento político contra la Ley de Partidos que actualmente se tramita en el Parlamento y que permitiría eventualmente la ilegalización judicial de Batasuna. Ése es el transparente objetivo de esta nueva salida episcopal a la plaza pública: decir que están contra esa ilegalización. Muchas otras personas, nacionalistas y no nacionalistas, comparten esa opinión. Lo singular es que los obispos presentan como principios morales indiscutibles las muy terrenales razones que al respecto defiende actualmente el nacionalismo vasco, a las que se adhieren sin mayores reservas.

Los obispos hicieron bien en no suscribir el Pacto Antiterrorista, un acuerdo político que sólo tenía sentido como compromiso entre partidos. Ahora han cambiado de criterio y aceptan entrar en un debate estrictamente político. Lo hacen cuando los partidos nacionalistas, los democráticos y los que apoyan a ETA, se disponen a manifestarse conjuntamente, el próximo día 16, contra la Ley de Partidos. Los obispos bendicen esa oposición con argumentos de naturaleza política; respetables, pero también criticables. El principal es que, 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA', la ilegalización tendría consecuencias sombrías para la convivencia, agudizando la 'división y confrontación cívica'.

Eso mismo pronostican los nacionalistas, pero es algo que llevan 20 años haciendo, cada vez que surge alguna iniciativa contra la pretensión de impunidad de ese mundo: desde las extradiciones, en su día, a las reformas legislativas o actuaciones de los jueces. Especialmente decepcionante resulta esa mención a las relaciones entre ETA y Batasuna: como si fuera algo indiferente a efectos de la ilegalización el que, por ejemplo, existiera una financiación común, como sostiene Garzón. El planteamiento llevaría a defender la impunidad de determinados delitos a fin de evitar reacciones que provoquen un 'deterioro mayor' de la convivencia y una mayor inseguridad de 'los amenazados'.

Aunque se revista de criterio moral, es una lógica que llevaría a no enfrentarse a ETA; a no hacer nada que pueda irritar a los que amenazan y a los que cumplen las amenazas. La experiencia demuestra, además, que la impunidad no hace desistir a quienes se consideran con derecho a imponer sus ideas por la fuerza. Al respecto resulta desconcertante que los obispos pongan en el mismo plano a quienes quieren 'imponerse por la fuerza ciega' y a los que abogan por 'el puro imperio de la ley'. La ley no es, en un régimen democrático, la expresión de una voluntad despótica, sino la de la ciudadanía, en defensa de la convivencia.

Esta pastoral no evita llamar terroristas a los terroristas, ni es ambigua en su condena de ETA. Tampoco rehúye concretar que las víctimas caen siempre del lado de los no nacionalistas. Sin embargo, hay más elementos de continuidad que de cambio respecto a las pastorales del hoy jubilado obispo Setién. Hay adaptación al terreno: las consideraciones de Ibarretxe sobre las víctimas o sobre el pluralismo han sido incorporadas, pero el razonamiento episcopal sigue dando por supuestos tópicos como el de que existe un déficit democrático que haría necesario un nuevo consenso; es decir, nuevas concesiones por parte de los no nacionalistas, hasta contentar e integrar a los que no aceptan el consenso forjado en torno a la autonomía.

Los obispos vascos no defienden a ETA, no son condescendientes con los crímenes ni indiferentes al dolor de las víctimas. Se limitan a proponer, como solución al drama del terrorismo, salidas favorables al nacionalismo y de probada ineficacia. Abogan por el convencimiento amistoso antes que por el enfrentamiento, pero no dicen qué hacer si ETA no acepta disolverse. Son más sensibles a los agravios de los nacionalistas por ser injustamente identificados con la violencia que a las afrentas cotidianas contra los otros.

En el País Vasco, el 77,7% de los ciudadanos se autodefinen como católicos, y un 30% se consideran practicantes. Un estudio realizado en 1987 en Vizcaya reveló que la identificación con el nacionalismo era mayor entre los curas que entre los laicos. El 64% de los clérigos decía tener un sentimiento nacionalista, y dos tercios de ellos lo calificaban como fuerte o muy fuerte. En 1998, el consejo presbiteral de Bilbao pidió por escrito al obispo Blázquez que dejase de asistir a los funerales por las víctimas de ETA dado el 'grave riesgo de ambigüedad y manipulación'. Los obispos vascos reflejan con fidelidad ideas, sentimientos y hasta prejuicios de la mayoría nacionalista de su clero, pero no tanto los del conjunto de sus feligreses, y mucho menos los del sector de la sociedad que no comparte la fe nacionalista.

Iglesia federal
MARTIN PRIETO El Mundo  1 Junio 2002

No existe la Iglesia vasca, ni tenemos noticia de que la Conferencia Episcopal haya optado por el federalismo asimétrico elaborado por el socialista catalán Maragall, con sucursales de doctrina propia en Galicia, Cataluña y Euskadi. Luego la entrada en cacharrería de los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián (incluido «un tal Blázquez», según le recibiera Xabier Arzalluz) no puede despacharse por parte de la Iglesia española con un lavado de manos y una única responsabilidad personal sobre los escribanos de esta pastoral de escándalo. Si la Iglesia es universal (católica), no puede ser nacionalista ni en las formas, y este alegato político, al que en puridad le faltan las firmas del arzobispo de Pamplona y de los monseñores que atienden a la grey católica en los departamentos franceses de los Pirineos Atlánticos, no es digerible para Rouco Varela, máxime cuando nuestros obispos callaron ante el Pacto de Estella entre nacionalistas y etarras y cuando el pacto antiterrorista no fue suscrito por la Iglesia so capa de no entrar en política.

Cae el mentiroso antes que el cojo porque nuestra Santa Madre Iglesia ha hecho política siempre, hasta con sus silencios, y es el clero español de los que siempre, históricamente, han tomado partido en las causas civiles según su fe y más su conveniencia secular. De ahí que hasta el santoral español esté tan poblado de hipócritas. Con prosa melíflua y una pretendida equidistancia que les falla, los prelados de las tres provincias vascongadas de España sólo se acuerdan del Señor al final para la encomienda de las oraciones y caen en la abyección de repudiar la tortura, cuando ni el último informe de Amnistía Internacional denuncia una bofetada de más en la cara de un etarra en comisaría. Y rechazar como hacen con la ley de Partidos, aduciendo agoreramente consecuencias sombrías de la ilegalización de Batasuna, es desahogo político que habrá de tener algún precio y alguna reflexión de los católicos que sostienen a esta Iglesia federal con sus impuestos.Una parte del clero vasco ha sido del PNV avant la lettre, siendo inspiradores del partido vaticanista y fundador de la Democracia Cristiana, internacional de la que les ha expulsado su conexión intelectual con el terror, de la que ahora les quiere absolver esta indecente pastoral. Esa Iglesia vasca que no existe quiere conformarse, es independentista e irredenta y apoya sibilinamente la causa. La distorsión irlandesa en la que la Iglesia te da la patria, aunque una Euskadi independizada por los bárbaros de la izquierda abertzale necesitaría catacumbas para los católicos.¿No convendría dejar de marear a los ingleses por Gibraltar y hacer más política exterior con El Vaticano?

Un día aciago para la democracia española
Jaime Ignacio del Burgo es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados La Razón  1 Junio 2002

l Auto del Tribunal Supremo ¬Sala segunda¬, del pasado 23 de mayo de 2000 desestimatorio de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra el diputado vasco Arnaldo Otegui, por entender que gritar «Gora Eta» no es un delito de terrorismo y, por tanto, no es susceptible de responsabilidad penal en España ha provocado en la sociedad española, de forma muy notable, eso que se ha dado en llamar «alarma social». Me propongo analizar los argumentos utilizados por el Tribunal y adelanto que me parecen sorprendentes, endebles y, dicho con todo respeto, contrarios a derecho y notoriamente arbitrarios.

En primer lugar, se afirma que el artículo 578 del Código Penal, fruto de la reforma introducida en diciembre de 2000, que castiga con la pena de prisión de uno a dos años «el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares» ¬no tipifica un delito de terrorismo, sino lo que suele denominarse como «apología» del terrorismo, que entra de lleno en lo que son delitos de opinión. Mientras los delitos de terrorismo han de perseguirse en todas sus modalidades, sostiene la Sala, en cambio la apología «a veces es impune y con frecuencia conoce sólo formas atenuadas de persecución». Pues bien, esa afirmación a tenor de lo dispuesto en el Código Penal vigente es falsa, aunque lo diga una Sala del Tribunal Supremo. Y lo peor de todo es que sea el propio Tribunal el que preste su amparo a semejante impunidad, cuando debía haber ocurrido justamente lo contrario.

La reflexión de la Sala podría tener algún fundamento antes de la reforma del Código Penal, pues la apología del terrorismo ¬delito de opinión hasta entonces¬ sólo podía perseguirse si como consecuencia de la exaltación de las actividades terroristas se producía un resultado delictivo. Probar esa conexión era prácticamente imposible y de ahí que quedaran impunes conductas claramente reprochables por ser apologéticas del terror. Pero la reforma suprimió esta exigencia y, en consecuencia, gritar «Gora Eta» en el curso de un acto político en el que unos encapuchados ¬supuestamente pertenecientes a la banda terrorista¬ leyeron un comunicado de Eta tras desplegar su siniestro anagrama, es sin lugar a dudas, como estimaba el fiscal, un delito de terrorismo tipificado como tal en el artículo 578 del Código Penal.

Para fortalecer su argumentación la Sala invoca una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 y, en concreto, el siguiente párrafo: «La manifestación pública, en términos de elogio o de exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas, no puede ser confundida con tales actividades».
La cita es correcta, pero la frase se ha sacado de su contexto y, por tanto, constituye una perversión utilizar al Tribunal Constitucional como parapeto jurídico de una decisión equivocada. Pues el Tribunal Constitucional en modo alguno avala la impunidad de la apología del terrorismo. La sentencia invocada ¬número 199/1987, de 16 de diciembre¬, declara la inconstitucionalidad de la aplicación a la apología del terrorismo de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, sobre medidas contra la actuación de bandas armadas y actividades terroristas o rebeldes. Pero no porque el derecho constitucional a la libre expresión ampare la apología del terrorismo. Lo que resulta inconstitucional es la aplicación a los apologetas del terror de las medidas excepcionales de investigación (extensión del tiempo de detención preventiva, incomunicaciones, detenciones y registros domiciliarios, etc.) establecidas en la referida Ley al amparo de lo dispuesto en al artículo 55.2 de la Constitución. Un precepto que permite que ciertos derechos constitucionales puedan ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Más aún, el Tribunal Constitucional considera en la sentencia invocada que probara que hubo conexión entre la apología y la comisión de un delito de terrorismo, en tal caso aquélla quedaría incluida en uno de los supuestos expresamente contemplados en la ley excepcional de 1984. Por otra parte, el máximo intérprete de la Constitución no pudo tener en cuenta un supuesto distinto del de la mera apología moral del terrorismo, como es el enaltecimiento del mismo en un contexto de inequívoca cooperación con los fines y objetivos de una banda criminal. En el caso que nos ocupa, es claro que gritar «Gora Eta» no constituye un hecho aislado fruto de una reflexión intelectual, individualizada, que transgrede los límites de la libertad de expresión. El acto de San Juan de Luz no fue un mero acto político, sino la demostración clara de cómo una actividad en apariencia fruto del ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y de reunión, forma parte indisociable de la actividad criminal de Eta.

No estamos ante un supuesto en el que el juzgador debía interpretar la ley por ofrecer ésta sombras de duda o contener pronunciamientos ambiguos. El Auto del Supremo ha vulnerado una norma penal cuya redacción es de una claridad meridiana. La aplicación de la ley es el primer deber de un tribunal. Y en este caso no ha sido así. La transformación legislativa operada a raíz de la reforma del Código Penal considera la enaltación del terrorismo como un delito de terrorismo. El artículo 578 está integrado en la sección correspondiente a esta clase de delitos. El legislador entendió que el enaltecimiento del terrorismo constituye un «acto preparatorio» de los delitos de terrorismo. Gritar «Gora Eta», en un mitin de Batasuna, y como colofón a un discurso destinado a justificar la violencia para liberar a la nación vasca de la opresión de los Estados francés y español, supone un acto directamente vinculado a la actividad criminal de la banda terrorista. No es un mero delito de opinión. Es un grito destinado a promover el apoyo puro y duro al terrorismo. El «Arriba Eta» del euskonazi Otegui perseguía el enaltecimiento y justificación la banda terrorista, constituyó un inequívoco acto de apoyo a toda su actuación criminal presente y futura, y, en definitiva, contribuyó a extender en la sociedad el clima de intimidación y miedo inherente a la acción terrorista. Se trata, en fin, de un «Gora Eta» destinado a levantar la moral de los miembros de la banda e inducir al auditorio a un compromiso activo con la causa del terror.

No es correcto ¬como hace la Sala¬ considerar irrelevante la ubicación realizada por el legislador del delito de enaltecimiento del terrorismo como un delito integrado en la sección relativa a tales delitos. No es un capricho del legislador. Responde a una exigencia de la realidad social, a la vista de la experiencia de tantos años de lucha del Estado de Derecho contra el crimen organizado. Y así quedó claramente expuesto en la exposición de motivos de la reforma del año 2000: «No se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal».

El Tribunal Supremo, en el desdichado auto del día 23 de mayo, se ha apartado tanto de la letra como del espíritu de la ley, cuya finalidad era evitar precisamente la perplejidad e indignación de la sociedad por una conducta inseparablemente unida a la actividad de la banda criminal. La inadmisión de la querella ha proporcionado impunidad a una conducta claramente delictiva, situada en el marco de los delitos de terrorismo. El Tribunal Supremo ha afectado, con su decisión, a la esencia misma del Estado de Derecho.

Por último, el argumento del Auto, el de la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, no se sostiene. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede exigir responsabilidad penal en España por delitos cometidos fuera de sus fronteras. Invocar la doctrina de los tribunales europeos sobre la extradición para quitarse de en medio supone un despropósito.

Anunciado el recurso del fiscal, la Sala debería hacer un acto de humildad y, por respeto a los principios constitucionales y al ordenamiento jurídico, rectificar un Auto. Si Dios ¬y la Sala¬ no lo remedian el 23 de mayo de 2002 pasará a la historia judicial de este país como un día aciago para la democracia española.

Un sofisma pontificial
Lorenzo CONTRERAS La Razón  1 Junio 2002

La pastoral de los obispos vascos, o de las diócesis vascas porque el de Bilbao no es vasco, abre un nuevo y sustancial capítulo en la historia moral de la Iglesia de Euskadi. Oponerse a la ilegalización o deslegalización de Batasuna en nombre del valor superior de «preparar la paz», una especie de «pax etarra» o agenciada por Eta, es como pretender catequizar al diablo. Es estremecedor oír a través de esa literatura episcopal que las «consecuencias sombrías» de la medida prevista en la Ley de Partidos Políticos deben ser evitadas «sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y Eta». ¿Sean cuales fueren las relaciones! Por consiguiente valdría también, y vale, la complicidad, el chivatazo asesino, el juego doble, la práctica de la extorsión y, en general, toda la gama que compone una auténtica conspiración contra las libertades y derechos ciudadanos, incluido el valor supremo de la vida.

Los obispos vascos, si hay lógica en la moral católica, están ahora mismo en pecado mortal. Nunca mejor dicho cuando la muerte espera en el primer recodo del camino o en la próxima esquina de cualquier ciudad. Está tan demostrado que Batasuna es una parte del entramado etarra que no valen aquí invocaciones democráticas en provecho o beneficio de quienes las desmienten cada día.

Cuando desapareció del escenario monseñor Setién ¬sólo relativamente¬ algún ingenuo pudo creer seguramente que la caridad cristiana, y no el miedo o la conveniencia política, pediría paso. Pero no lo pide. El miedo o la utilidad nacionalista se revisten de pontifical para dar un mazazo pastoral a la conciencia de los fieles. Eso de ponerse la mitra para santificar un sofisma es algo que no ha querido hacer, por ejemplo, el obispo de Pamplona, don Fernando Sebastián, habitual acompañante de los obispos vascos en productos episcopales de corte polémico, que ahora, en este caso escandaloso, no lleva su firma. Ha debido parecerle excesivo, salvo que se encuentre de viaje en esta oportunidad y haya aprovechado la ausencia.

No ha faltado, en cambio, a la cita solidaria vasca monseñor Blázquez, obispo de Bilbao, cuya transmutación parece espectacular. De ser «un tal Blázquez», en versión de Arzallus, ha pasado a convertirse en un respetable Blázkez, con «k» de Karmona, por ejemplo. El nacionalismo demuestra su poderío transformador. Todo espíritu sumergido en un fluido disolvente sufre el mismo proceso que los metales en un líquido corrosivo. Ya le ocurrió a Torquemada, que de «marrano» pasó a inquisidor y se volvió contra los suyos.

Ahora sólo falta esperar. La Ley de Partidos ha quedado desautorizada. O más que desautorizada, exorcizada. «Asperge me hysopus». Creo que se decía así en latín eclesiástico para invocar la virtud curativa del líquido elemento bendecido. Curativa de pecados. Premonición para el Paraíso.

Mantener la llama
TONIA ETXARRI/ El Correo  1 Junio 2002

Desde que Ibarretxe convocó, el 22 de febrero, a todos los partidos democráticos, el foro ha dado pasos adelante al llegar a acuerdos que garantizan mayor seguridad a los concejales amenazados por el entorno de ETA y acosados por el terrorismo. Han sido tres meses en los que, los socialistas por ejemplo, que fueron los que más empeño pusieron en que se celebrara este tipo de reuniones, han comprobado que se dialoga más en los foros en los que no está Batasuna que en el propio Parlamento. Quizá por eso, el grupo de Otegi se sentía desplazado e intentó recuperar protagonismo presentándose a la reunión a la que no había sido invitado.

De este foro sin Batasuna, sin embargo, tampoco esta vez se produjo la foto de la unidad. Tal como se esperaba, no hubo acuerdo en torno a la reforma de la ley de partidos. Mayor ya sabía que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados no se puede homologar con la aceptación en el País Vasco. A pesar del escepticismo del dirigente del PP en torno a las «múltiples iniciativas» sin eficacia real, y porque sigue existiendo dos concepciones distintas de abordar el problema del terrorismo, los partidos acordaron llevar los acuerdos de la Mesa de Seguridad, coordinada por Balza, como una proposición no de ley al Parlamento vasco. La moción de Eudel, también podría pasar por el mismo trámite. Los socialistas de López quieren que se aplique el número tres de la moción de Eudel. Es decir, que se rompa con Batasuna en aquellos ayuntamientos en los que el grupo de Otegi no la suscriba. Pequeñeces, en opinión del PP que sigue enfrentado al PNV. A pesar de las dificultades, Ibarretxe tiene intención de «mantener la llama» en este foro en donde, al menos, se ha recuperado cierto consenso contra ETA.

En esta semana, en la que la reforma de la ley de partidos ha provocado un agrio desencuentro entre el Supremo y el gobierno de Aznar, que encajó mal la decisión de archivar la querella del fiscal contra Otegi, se ha cuestionado la necesaria separación de poderes en un Estado de Derecho. De todas formas, el movimiento de solidaridad con Batasuna no les va tan mal. Si la pasada semana, el Gobierno vasco les apoyó, esta vez, con la Iglesia hemos topado. Los obispos vascos han cogido la vela en este entierro con un entusiasmo no demostrado en otras ocasiones en las que se ha requerido su pronunciamiento. Les preocupa la posible ilegalización de Batasuna y la dispersión de los presos. El PP se indigna y los socialistas protesta. Sube la tensión. Seguramente Ibarretxe habrá querido decir otra cosa al referirse a la necesidad de saber euskera para ser vasco. Porque esa aseveración iría contra su propio tejado. Anasagasti, por ejemplo, por no saber euskera no sería vasco, o Larreina sería solo medio vasco o él mismo, hasta hace unos pocos años ¡tampoco era vasco!

Cosas de obispos
EDUARDO MENDICUTTI El Mundo  1 Junio 2002

Los obispos vascos han dicho algo sobre la probable ilegalización de Batasuna una vez que entre en vigor esa Ley de Partidos que van a cometer el PP y el PSOE en compañía de otros. A mí, lo que han dicho los obispos vascos la verdad es que me da lo mismo, y eso que en esta ocasión resulta que estoy más o menos de acuerdo con algunas cosas de su carta pastoral conjunta. Pero me da igual.Si fuera al contrario, si estuviera en desacuerdo absoluto con la pastoral de los obispos vascos, también me daría lo mismo.A los obispos en general, y a los obispos vascos en particular, digan lo que digan, no hay que hacerles el menor caso.

Y con esto no les estoy negando a los señores obispos el derecho a decir, solos o en compañía de otros, todo lo que les apetezca.Faltaría más. Y no sólo en materia religiosa o en lo referente al comportamiento que deben seguir quienes profesan el catolicismo e intentan ser consecuentes con su fe, sino sobre lo que les apetezca: la forma de la Tierra, el bacalao al pil-pil, la novela islandesa contemporánea, la pasarela Cibeles o, desde luego, la Ley de Partidos y el propósito de ilegalizar Batasuna. Pero cabe imaginar el caso que les harían los geógrafos a los obispos si les diese por decir de nuevo que la Tierra es plana, o la importancia que les darían los cocineros a una receta episcopal para hacer el bacalao al pil pil sin bacalao, o hasta qué punto aceptarían los críticos literarios serios, ecuánimes e independientes si es que tal cosa existe un dogma arzobispal sobre la narrativa islandesa de hoy, o si los diseñadores de moda suprimirían en sus próximas colecciones las prendas cortadas al biés, por decir algo, si los obispos sentenciaran solemnemente que el biés ya no se lleva nada. Pues el mismo caso tenemos que hacer nosotros los políticos, los periodistas, los ciudadanos a lo que no pasa de ser una opinión como cualquier otra, sin autoridad política alguna, sobre un asunto estrictamente político.

El problema, claro, es que los mismos que hoy les niegan autoridad moral a algunos obispos por decir lo que han dicho sobre Batasuna, mañana, o pasado mañana, les darán toda la autoridad del mundo si dicen algo que políticamente les conviene. Y al revés, porque en este asunto no sólo en la derecha cuecen habas: también la izquierda, cuando le viene bien, es capaz de jalear una pastoral. ¿Cuándo, en este país, las cosas de los obispos saldrán sólo en las hojas parroquiales o, si dicen algo demasiado llamativo, en una esquinita interior del periódico, con un titular minúsculo?

La hipocresía como doctrina
GERMAN YANKE El Mundo  1 Junio 2002

La escandalosa pastoral firmada por los obispos del País Vasco sirve al menos para saber lo que consideran como «los rasgos más preocupantes de nuestra situación presente». Si se comienza la lectura con benevolencia, lo que no es fácil, habrá que esperar que «la descripción necesaria» no sea por orden de preocupación real, ya que sitúan en primer lugar «el desacuerdo y la incomunicación» y, sólo después, el terrorismo. Responde sin duda a una actitud tan pusilánime como extendida según la cual cada vez que alguien muere asesinado, sus bienes son destrozados o es amenazado, se responde con la cantinela ésa de «si se hablara más...».

«Un año después de las elecciones del 13 de mayo los partidos políticos mantienen prácticamente intactos sus graves desacuerdos anteriores». (...) «El desacuerdo político es, en gran medida, origen y fruto de una grave incomunicación» (...) «El diálogo es la avenida que conduce a la plaza mayor de la paz. Cerrarse (...) equivale a renunciar a la paz verdadera, que no consiste en la victoria, sino en el acuerdo».

Los obispos se muestran preocupados por el desacuerdo entre partidos y abogan por la «comunicación (...) a través de un diálogo paciente que busca el acuerdo». En defensa de ese diálogo, citan a Juan Pablo II, pero hacerlo sin concreción, sin explicar qué demonios con perdón pueda significar y con quién y para qué se propone, es una trampa intelectual. Para citar al Papa bien podían haber recordado que, en la última Jornada de la Paz, insistió en que es la Justicia la que está en la base de la paz verdadera y que, en el aniversario de la Guerra Mundial, sostenía, ante la violencia, el triunfo del Derecho.

Resulta escalofriante que a estas alturas parezca, como parece, que los doctos obispos no sepan que la versión política del diálogo es el ejercicio de la democracia y no el afán de charlar con no se sabe quién (o sí se sabe) de todo lo que no respaldan ni las urnas ni el respeto a las libertades individuales.

Para saber que la virtud no está en el punto medio basta con el catecismo y para darse cuenta de que el Estado de Derecho no implica esa suerte de consenso incontinente basta con cualquier tratado razonable de Derecho Constitucional. Pero los obispos tienen otros libros...

No falta la nota cursi de la «avenida» y la «plaza mayor». Es en este marco en el que ETA cuya violencia «no ofrece visos razonables de cancelarse próximamente» «debe desaparecer».

Hay que esperar al quinto considerando de la pastoral para leer que puede ser combatida, ya veremos cómo porque este llamamiento a la desaparición, como si de un milagro se tratara (¿o se trata del «diálogo»?), es más que torpe por mucho que se condene («valoración moral (...) gravemente negativa») el terrorismo, la colaboración, el encubrimiento o su defensa. Y por mucho que se elogie la necesidad de defender, acompañar y proteger a los concejales del PP y del PSOE que están «en el punto de mira».

«...la tentación de descompensar el binomio 'seguridad-derechos humanos' mediante un acento mayor en el primer miembro de dicho binomio». «Siempre que la necesaria firmeza frente al terrorismo se convierta en indebida dureza estaremos deslizándonos por esta pendiente».

¿Cómo quieren que se proteja a las víctimas potenciales? «No todo vale contra el terrorismo». Esta cuestión es el centro del documento, porque hay más líneas y más pretendida enjundia en lo que concierne al supuesto peligro de ceder a la «tentación» de «descompensar el binomio» que a la vergüenza moral de padecer constantemente y con tanto apoyo el terrorismo nacionalista.

Los obispos tienen sus fuentes y con el Evangelio no basta: se muestran preocupados de que «voces autorizadas» como Amnistía Internacional digan que «no siempre se respetan (...) estos límites que nunca deberían ser franqueados». Muy bien, pero ¿cómo se les protege?

«La pacificación de este país entraña, desde luego, la desaparición de ETA y el limpio esfuerzo concertado para combatirla. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí». (...) «[La paz] se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley».

Dios santo, ¿no terminan con la desaparición de ETA? No, según esta particular doctrina: hay que «enfocar correctamente una realidad que viene desde lejos» y «gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas». Complicado, reconocen.¿Por qué? ¿Por el terrorismo? ¿Quizá porque el nacionalismo interpreta su hegemonía con consideraciones étnicas? ¿Quizá porque hay quienes repiten que tienen los mismos fines, aunque distintos medios, que ETA?

Cuidado. Los obispos piensan que algunas decisiones de Gobierno, declaraciones de políticos, intervenciones de los «MCS» (medios de comunicación) «favorecen más la radicalización que la concertación», pero dedican buena parte de su panfleto a defender el nacionalismo: «Nadie ha de subestimar las señas particulares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura, ni alimentar (...) la sospecha de que la connivencia con el terrorismo anida (...) en el corazón de un nacionalista». Obsérvese que en la misma frase se incluye la lengua y la cultura y se critica ¡a los que sospechan!

Pero bueno, ¿cómo protegerlos? Porque parece que todas las obligaciones son de las víctimas. Queda claro en el sexto punto: el valor de las «fórmulas políticas» es relativo y, si bien es cierto que hacen falta «graves razones de bien común» para suplantar las que «el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente», en esto no hay dogmas. Es más, parece que hay graves razones «si el valor superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo para aceptar otro construido entre todos y para todos».Es decir, a cambiar el marco. Me suena a PNV, pero debe ser mi tendencia a favorecer la radicalización.

«Nos preocupan (...) algunas consecuencias sombrías (...) y que, sean cuales fueren las relaciones entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas». (...) «La convivencia (...) ¿no sufriría un deterioro mayor?»

Estos cuatro prelados, reconvertidos en esperpénticos expertos en Derecho Público, promotores de las reformas constitucionales, tienen su parecer político y legal. ¡Caramba!, no lo tuvieron cuando se suscribió el frente nacionalista, se pactó con los que merecen esa negativa valoración moral y trataron de excluir a los no nacionalistas. Tampoco cuando PP y PSOE, sindicatos y otras organizaciones, firmaron el Pacto Antiterrorista porque los obispos «no se meten en política».

Ahora, sin embargo, anatematizan la reforma de la Ley de Partidos y, aunque afirman que «resultaría precipitada en estos momentos una valoración moral ponderada de dicho texto» (lo que ya es hipocresía), manifiestan su preocupación por las «consecuencias sombrías».

Es éste «un asunto candente y resbaladizo» en el que parece que el diálogo político el ejercicio de la democracia , el respaldo mayoritario del Parlamento a una reforma más que razonable debe supeditarse a otro supuesto diálogo complaciente con el nacionalismo por «el bien superior de la paz».

Lo pasmoso es que se añade que los recelos se exponen «sean cuales fueren las relaciones» entre Batasuna y ETA. ¿Cómo se puede escribir esta indignidad? ¿No saben cuáles son? Y, aun con el beneficio de la duda, les da igual cuáles puedan ser. Las víctimas se deben sentir muy protegidas por estos pastores.

Luego piden a los cristianos que los secunden con «generosidad».La mejor es no dar ni un duro, ni público ni privado, ni intelectual ni material, por este episcopal empeño en salirse con la suya, de la mano del nacionalismo, en vez de ser razonables con las personas que defienden la ley y las libertades.

No sé si todo este papel pastoral es o no la Iglesia. Espero que no porque, de otro modo, donde está la esperanza es fuera de ella.

Carta a los obispos vascos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo  1 Junio 2002

Monseñores Blázquez, Uriarte y Asurmendi:

Les escribo estas líneas desde la distancia insondable, en términos de compromiso frente al terrorismo , lamentando no poder mirarles a los ojos, como hizo hace años mi añorado colega, Gregorio Ordóñez, al formular al obispo de su ciudad, José María Setién, la siguiente pregunta: «¿Usted cree en Dios?»

Al igual que Goyo, cruelmente asesinado en San Sebastián un frío día de enero de 1995, y al igual que millares de creyentes y de laicos vascos, yo tengo serias dudas sobre la respuesta sincera, honesta y cabal que escucharía de sus labios en el supuesto de que el dios al que nos estuviéramos refiriendo fuera, por ejemplo, el del Sermón de la Montaña que leemos en el Evangelio. ¿O acaso ese dios se situaría en una posición equidistante entre los pobres de espíritu y los soberbios; entre los mansos y los prepotentes; entre los que lloran por las víctimas y los que hacen derramar lágrimas de miedo y de dolor empuñando una pistola; entre los que tienen hambre y sed de justicia y los que ejecutan a sangre fría la justicia del hacha y la serpiente; entre los misericordiosos y los implacables; entre los limpios de corazón y los corruptos; entre los pacíficos y los violentos; entre los que padecen persecución y los que persiguen, acosan, intimidan, amenazan y pegan tiros en la nuca?

Don Ricardo, Don Juan María y Don Miguel: dado el elocuente historial que acreditan sus respectivas diócesis en capítulos como la cesión sistemática de locales para encierros y reuniones de grupos afines a ETA, la formulación de innumerables pegas a la celebración de funerales en memoria de políticos abatidos por el terror etarra, la ausencia clamorosa de representantes del clero en manifestaciones cívicas de repulsa de la violencia o la negativa a suscribir un documento de tanta trascendencia democrática como el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, algunos ingenuos, incluida la que suscribe esta carta, creíamos haber quedado vacunados de asombros y decepciones en lo concerniente a los pastores de la Iglesia en nuestra martirizada tierra vasca. Pero evidentemente nos equivocábamos y la pastoral que acaban ustedes de publicar supera todo lo que la ha precedido. ¡Qué hipocresía, qué cálculo, qué infame cobardía! («La ilegalización de Batasuna provocaría algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas»), qué habilidad para mantener el discurso en un punto intermedio exacto entre las víctimas y los verdugos («2. La paz es incompatible con el terrorismo. 4. No todo vale contra el terrorismo»), como si los métodos, los planteamientos, las trayectorias y el grado de culpabilidad de unas y otros fueran, de alguna manera, homologables.

No es de extrañar, monseñores, que, en esa trágica lista que recoge con letras de sangre los nombres de un millar de asesinados en la orgía de terror etarra de los últimos 30 años, no figure un sólo cura y, mucho menos, un obispo. No es de extrañar que sus apellidos y direcciones jamás hayan aparecido en alguno de los listados de objetivos que elaboran con cruel meticulosidad los miembros de esos comandos terroristas cuyo bienestar en prisión tanto parece preocuparles. Es evidente que no han hecho ustedes jamás merecimiento alguno para ocupar un lugar tan absolutamente desagradable y, sin embargo, tan lleno de honra, dadas las circunstancias en las que vivimos.

Termino ya estas líneas, señores prelados, con una breve referencia a esa paz que con tanto ahínco invocan a lo largo de toda su pastoral. A esa paz que no es la mía, desde luego, ni la de las muchísimas personas de buena voluntad que se juegan la vida a diario por defender, entre otros, el derecho de ustedes y de todos nosotros a expresarnos en libertad. Esa paz a la que aluden, monseñores, es la paz de los cobardes; la paz de los vencidos; la paz en cuyo nombre Chamberlain y Daladier entregaron a Hitler los Sudetes en septiembre de 1938, alimentando todavía más sus apetitos imperialistas. Es la paz sin dignidad que denunció Winston Churchill. Y yo, obispos Uriarte, Blázquez y Asurmendi, sueño con un País Vasco y con una España de hombres y mujeres dignos.

EL DEBATE
Europeos e inmigrantes
Reagrupación familiar. Una de las cuestiones que está resultando más polémica en el debate sobre inmigración que tendrá lugar en la próxima Cumbre europea de Sevilla es el que afecta a la reagrupación familiar: España, uno de los países más generosos, propone que se permita la reagrupación de ascendientes, cónyuges y descendientes menores de 18 años. Alemania deja reducida la propuesta a cónyuges e hijos menores de 12 años.

EL ENIGMA
El bastardo real
Memorias regias. Adivina, adivinanza: ¿qué personaje próximo a la Casa Real, aunque no miembro de la Familia, conocido por ser enemigo acérrimo de las memorias (literarias) reales y haber entorpecido alguna de estas obras en el pasado, ofreció dinero a Leandro Alfonso Ruiz Moragas a cambio de que éste renunciara a escribir y publicar el libro El Bastardo Real, memorias del hijo ilegítimo de Alfonso XIII, que arrasa en las librerías?

LA LLAMADA
Impuestos al tabaco
Iniciativa truncada. Hace unos meses, el Plan Nacional contra las Drogas barajó la posibilidad de imponer un impuesto especial a la privatizada Altadis para sufragar los gastos sanitarios derivados del tabaquismo. Una llamada del Ministerio de Economía cortó de raíz la iniciativa: en España, los impuestos no son finalistas y, además, parece que lo que se recauda en impuestos por los cigarrillos es más de lo que se gasta en esas enfermedades.

Pena de documento
IMANOL ZUBERO El País  1 Junio 2002

Cualquier conocedor de la Iglesia vasca sabe que en su seno el peso de la sensibilidad nacionalista vasca es mayor que en el conjunto de la sociedad. Basta tener en cuenta razones históricas -anticlericalismo socialista y catolicismo nacionalista- y demográficas -extracción predominantemente rural y euskaldun del clero hasta bien entrados los años setenta- para entender por qué la Iglesia vasca es, en su conjunto, sociológicamente más nacionalista que la media y por qué la sensibilidad nacionalista es mayor cuanto más se asciende en la estructura organizativa de la institución eclesial, de manera que la curia es más nacionalista que el clero, y éste más que el laicado. Pero de ahí a considerar que la Iglesia vasca ha sucumbido al pecado de la idolatría y ha sustituido a Dios por el becerro de oro del nacionalismo media una distancia que sólo la ignorancia o la mala fe permiten superar.

Por eso, si es cierto que la carta pastoral refleja en algunos de sus puntos las preocupaciones (como su injusta asociación con el terrorismo) y las limitaciones del nacionalismo vasco (se sigue hablando de 'la lengua', en singular, como seña de identidad del País Vasco), no es menos cierto que el documento contiene algunos elementos de enorme interés. Además del repetido, aunque no por ello menos necesario, rechazo de la violencia de ETA, el escrito reclama todo el apoyo y la cercanía de la comunidad cristiana para con los concejales del PP y del PSOE, calificando de 'banco de prueba de la calidad de nuestra fe' su acompañamiento y protección. Consecuencia lógica de esta afirmación habría de ser, en mi opinión, la iniciativa de las parroquias y organizaciones eclesiales vascas a favor de unos concejales que, en estos días, están siendo amenazados y vejados en tantos plenos municipales. También es importante la consideración de que la pluralidad de identidades característica de la sociedad vasca debe ser positivamente reconocida, sin que de la misma pueda derivarse discriminación ninguna. Son afirmaciones de enorme calado, que no deberían quedar sepultadas en el tráfago de opiniones que el documento episcopal ya ha desencadenado, en particular por lo que en el mismo se dice en contra de la ilegalización de Batasuna.

Si el proyecto del Gobierno para ilegalizar a Batasuna hubiese recibido el apoyo entusiasta de toda la sociedad española tendríamos razones sobradas para estar preocupados. Afortunadamente no ha sido así y, junto a opiniones mayoritariamente favorables a la reforma de la Ley de Partidos Políticos en los términos inicialmente propuestos por el PP, se han producido abundantes y significativas expresiones de preocupación, de duda o de franca crítica. Podrán achacarse a un residuo de progresismo trasnochado, al resabio de un izquierdismo adolescente, a la desconfianza y la mala conciencia que determinados sectores de la población sienten ante las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y el orden; podrán achacarse a este tipo de cosas y hasta estoy dispuesto a aceptar que en tales reproches pueda haber algo de cierto. Pero tengo la convicción de que nuestra democracia es más sana y más estable gracias a la existencia de estas posiciones críticas y no a pesar de ellas. Máxime en los tiempos que corren, cuando el pez grande de la seguridad afila sus dientes frente al siempre chico pez de la libertad.

Pues bien: tengo la impresión de que esta carta pastoral no ha surgido de la iniciativa de los obispos, sino como respuesta de éstos a la incomodidad que un sector del clero y el laicado vasco sienten ante la posible ilegalización de Batasuna. Por eso, me queda la preocupación de saber si esta carta pastoral hubiese visto la luz en caso de que la ilegalización de Batasuna no estuviese en el horizonte. Por decirlo a lo claro: como ciudadano y como cristiano, me causa honda preocupación pensar que la tragedia de los concejales del PP y del PSE amenazados por ETA no hubiese sido razón suficiente para que los obispos vascos dieran el paso que han dado. Y esta preocupación me desasosiega profundamente.

El Gobierno acusa a los prelados vascos de defender la «impunidad total» de Batasuna
CRISTINA DE LA HOZ ABC  1 Junio 2002

MADRID. En una declaración de inusitada dureza, el Ejecutivo arremetió ayer contra los obispos vascos a los que acusó de arrogarse «una representación de la que carecen, frente a la legitimidad contrastada de las instituciones y los órganos competentes del Estado, y pretenden hablar de sectores ciudadanos cuyas opciones políticas tienen el cauce de expresión adecuado en nuestro sistema democrático».

El ministro portavoz, Pío Cabanillas hizo estas consideraciones tras la reunión del Consejo de Ministros, antes incluso del turno de preguntas de los periodistas.

«Argumentario nacionalista»
En su carta pastoral, los obispos vascos, continuó Cabanillas, «se alinean con las posiciones más radicales de descalificación de la ley de Partidos desde el nacionalismo vasco» y hacen un «compendio exacto del argumentario nacionalista en contra de una iniciativa democrática apoyada abrumadoramente por el Congreso y que es el resultado de un intenso proceso de diálogo y de acuerdo».

El ministro abundó en su arremetida cuando dijo que el obispado del País Vasco ha ido más lejos que cualquier partido democrático o sector social y de opinión al «abogar y defender la total impunidad de Batasuna, «sean cuales fueran las relaciones existentes entre Batasuna y ETA»», agregó parafraseando el texto de los prelados.

Respecto a las «consecuencias sombrías» que vaticinan en caso de que se ilegalice a la coalición proetarra, el Gobierno entiende que los obispos invitan a los amenazados «a la sumisión a sus verdugos, al silencio ante quienes les ofenden y colocan a la sociedad vasca en el camino de la obediencia a la disciplina mafiosa que imponen ETA y sus cómplices».

En definitiva, «la paz que se propone, la paz del silencio de las víctimas, de la impunidad de los verdugos, la paz de la humillación de una sociedad ante los que agreden su convivencia, la paz de los débiles y los cobardes, no es la paz civil que debe buscar una sociedad democrática».

Interrogado sobre si les había sorprendido la carta pastoral, el ministro portavoz explicó que había que ponerla en un contexto más amplio y recordó, como, por ejemplo, estas diócesis «respondieron con el silencio» al Pacto de Estella o rechazaron el Pacto antiterrorista.

Por otro lado, Cabanillas aseguró que el Gobierno «aprecia en su justa medida» la nota de la Conferencia Episcopal, tanto por su celeridad como por entender que deja claro que los obispos del País Vasco «no representan ni la opinión ni el sentir» del conjunto de la Iglesia. Aunque admitió que todo el mundo tiene libertad de opinión, sugirió que la Iglesia no debería intervenir en este tipo de debates apelando al «esquema de separación entre la Iglesia y el Estado».

Necesidad inaplazable
Editorial El Correo  1 Junio 2002

La reunión de los partidos democráticos convocada por el lehendakari demostró, nuevamente, que las desavenencias entre las formaciones más representativas impiden avanzar pasos significativos en la lucha contra el terrorismo. Las medidas elaboradas en el seno de la comisión técnica de seguridad constituyen un catálogo de iniciativas cuya eficacia tiende a devaluarse a medida que su puesta en marcha se pospone en una tramitación exasperante a la que, casi seis meses después de que se hicieran públicas las primeras propuestas, resta aún su debate y aprobación por el Parlamento vasco y la toma en consideración de cada modificación legal o administrativa para su promulgación por parte de los órganos correspondientes. Al mismo tiempo, las medidas acordadas ayer corren el riesgo de quedar diluidas dentro de una prolija serie de fuentes de iniciativa y núcleos de responsabilidad en materia de paz y atención a las víctimas que las instituciones deberían simplificar para optimizar sus efectos y evitar confusión.

La acción política encaminada a propiciar las máximas garantías de seguridad a los ciudadanos y a reducir los efectos del terror y la coacción sobre el funcionamiento ordinario del sistema democrático no puede detenerse en la especulación sobre qué iniciativas pudieran ser más eficaces cuando las circunstancias muestran que hay medidas tan necesarias como inaplazables. Y la más inaplazable de todas ellas es que las formaciones democráticas -también las nacionalistas- asuman como responsabilidad propia la tarea de deslegitimar toda cobertura que el terrorismo reciba desde el ámbito de la legalidad. El debate en torno a la Ley de Partidos contiene valiosos elementos de reflexión que han contribuido a mejorar el texto original con aportaciones que despejan cualquier duda sobre su carácter democrático. Pero ese mismo debate está mediatizado en Euskadi por prejuicios que tergiversan la verdad contenida en el articulado de la norma con descalificaciones que únicamente sirven para acomodar el comportamiento de Batasuna. El hecho de que partidos con responsabilidades de gobierno se dispongan nada menos que a promover, en definitiva, una movilización solidaria hacia dicha formación renunciando, de paso, a reprochar siquiera la actitud cínica de Batasuna, confiere a la situación los rasgos de una discrepancia creciente e irresoluble.

En este sentido, la traslación de la experiencia del foro convocado por Ibarretxe al conjunto de España resultaría tan lógica como contradictoria con el hecho de que si la Mesa de Ajuria Enea dejó de existir en los prolegómenos de Lizarra, la llamada Mesa de Madrid, que reunía a los grupos representados en las Cortes Generales con el Gobierno, sólo fue puesta en cuestión por los nacionalistas. La posibilidad de que el Gobierno Aznar convocase un foro unitario de las fuerzas democráticas del conjunto de España no podría contemplarse como una iniciativa muy distinta a la nunca disuelta Mesa de Madrid; como tampoco podría sustraerse a la existencia del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo suscrito por PP y PSOE como núcleo ineludible de cualquier encuentro en ese ámbito.

Recortes de Prensa   Página Inicial