AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 3 Junio  2002
Lección francesa
Editorial La Razón 3 Junio 2002

Con la Iglesia hemos topado
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 3 Junio 2002

Conceptos de terrorismo
Editorial ABC 3 Junio 2002

El recto juicio
Ernesto Ladrón de Guevara es portavoz de Unidad Alavesa La Razón 3 Junio 2002

Sombras episcopales
Luis González SEARA La Razón 3 Junio 2002

Venezuela se suma al cerco internacional contra los etarras
ABC 3 Junio 2002

Derecho y deber de hablar
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 3 Junio 2002

DOS DELITOS DE DISCREPANCIA CON PENAS MUY DISTINTAS
Editorial El Mundo 3 Junio 2002

Sombrías sotanas
Luisa PALMA La Razón 3 Junio 2002

Cuarto atentado contra la farmacia de un miembro del Foro de Ermua
M. A. BILBAO. ABC 3 Junio 2002

Un grave error de los obispos
JUSTINO SINOVA El Mundo 3 Junio 2002

Lo de Dios... y lo del César
EDITORIAL Libertad Digital 3 Junio 2002

Vizcaíno: Unos vascos parecen no enterarse de que otros son asesinados
Bilbao EL PAÍS  3 Junio 2002

Los empresarios denuncian una nueva oleada de cartas amenazantes de Eta
Redacción - Bilbao.- La Razón 3 Junio 2002

Errores de enfoque
Pío Moa  Libertad Digital 3 Junio 2002

La opinión política de los obispos vascos
JOSEBA ARREGI/ El Correo  3 Junio 2002


Lección francesa
Editorial La Razón 3 Junio 2002

El mal sabor de boca que dejó el Tribunal Supremo al archivar la querella contra el batasuno Otegui por gritar «viva Eta» en un mitin, contrasta con la decidida actuación de la Policía francesa al impedir la entrada del dirigente proetarra en su país, al que ya no podrá regresar. Francia no quiere en su suelo ni terroristas ni agentes que jaleen a los asesinos y ha recuperado una vieja orden para neutralizar a Otegui y meterle entre rejas si vuelve a cruzar la frontera. Una decisión que sólo ha molestado, y es significativo, a sus amigos y a sus aliados, como el secretario general de EA, Gorka Knörr, para quien los hechos son «un peldaño más en la estrategia de provocación del Gobierno».

La contundencia de la actuación gala contrasta vivamente con lo que sucede a este lado de la frontera donde la opinión pública sufre ante una frustrante impunidad, por más que pueda ser legal, como sostienen de forma escandalosa los jueces del Tribunal Supremo, que el jefe batasuno vitoree en público a una banda de asesinos.

La defensa eficaz del Estado de Derecho pasa necesariamente por la estricta aplicación de la legalidad, sin posibles atajos. Pero, ante todo, es preciso recurrir al sentido común, al mismo que considerar imprescindible una nueva Ley de Partidos que impida que los terroristas actúen con mayor libertad a través de un grupo político que hoy no se puede deslegalizar, e incluso reciban subvenciones del mismo Estado que quieren destruir.

Con la Iglesia hemos topado
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 3 Junio 2002

Cuando en 1977 escribí un artículo titulado La dictadura del miedo, al que dieron uno de los premios importantes del periodismo español, me riñó Adolfo Suárez. No tenía yo ni idea de lo que pasaba en el País Vasco ni del acierto de la política con que se encauzaba la situación allí.

Hablar hoy de la dictadura del miedo se ha hecho un lugar común. Las posiciones de Arzallus y de algunos dirigente del PNV nacen del terror que provoca Eta. Que caigan los concejales del PP y del PSOE pero no los nuestros. Los pistoleros habían hecho esta advertencia al ayatolá: «Si seguían por la vía de España y se situaban entre Eta y España», eso «traería consecuencias directas».

Las sentencias inexplicables de algunos jueces tienen el mismo origen de cobardía y achantamiento. Las declaraciones de ciertos políticos acollonados son sólo un gemido para que Eta no les incluya en sus listas. Zuloaga ha demostrado en las páginas de La Razón que en el «Zutabe 91» los etarras advertían seriamente hace un año a los obispos y curas vascos que sólo estarían libres de la acción terrorista si se aplicaban a construir «a Euskal Herría como nación».

Pero con la Iglesia hemos topado. Muchos consejeros de Aznar y algún columnista desaforado le sugieren que el PP solicite a los ciudadanos de las manifestaciones gigantes, las de las manos blancas y el «vascos, sí, Eta, no», que no rellenen en el casillero correspondiente la aplicación de parte de sus impuestos a los fines de la Iglesia Católica. Aconsejan también al presidente que PP y PSOE organicen delante de los palacios arzobispales de toda España manifestaciones de protesta contra la política de la Iglesia en el País Vasco.

Yo no lo haría. Lo inteligente es negociar con la Conferencia Episcopal y con el Vaticano. Rouco y Juan Pablo II son hombres de fe que sabrán comprender, que harán lo que sea posible en favor del pueblo español, sin alterar la estructura milenaria de la Iglesia Católica, contra la cual es insensato ejercer acciones de fuerza. Las espigas católicas resisten todos los huracanes porque se cimbrean a su paso. Parece llegada la hora de hablar a fondo con la jerarquía, incluída la vasca, que ejerce su ministerio sobre un pueblo como el vascongado, callado, pero contrario en su inmensa mayoría a la pastoral firmada por unos obispos y unos curas cada vez más asustados, como tantos otros, por la coacción etarra.

Conceptos de terrorismo
Editorial ABC 3 Junio 2002

La retención de Otegi en Francia, cuando pretendía cruzar la frontera para participar en un mitin, ha provocado un inevitable contraste con la decisión del Supremo de no abrir una causa para investigar, como pedía el fiscal, un posible delito de enaltecimiento del terrorismo cometido por Otegi en San Juan de Luz. Un mínimo de rigor intelectual obliga a no aplicar a ambas actuaciones un reduccionismo comparativo del que pudiera extraerse la conclusión de que la Policía francesa tiene la eficacia de la que carecen nuestros jueces. Semejante planteamiento, además de un injusto dislate, sería una tergiversación de las diferencias que median entre una y otra, tanto de forma -una decisión judicial frente a una actuación administrativa- como de fondo -una interpretación de la ley frente a un acto ejecutivo de control policial-. Sin embargo, el mismo rigor que debe prevalecer para subrayar la heterogeneidad de ambos casos, también ha de aplicarse para reconocer que es justa la perplejidad que puede causar la diferencia de trato que ha recibido Otegi, interrogado precisamente por el mitin en el que gritó «Gora Euskadi ta askatasuna». Podrá explicarse este doble rasero para Otegi acudiendo al auto del Supremo, que defiende que el delito de enaltecimiento que pudo cometer no es delito de terrorismo en España y que sólo puede ser perseguido en Francia. El argumento no es, ni mucho menos, definitivo, porque, si así fuera, el interrogatorio no se habría debido a un mero delito de opinión -sea lo que ésta denominación quiera decir- sino a una manifestación posiblemente vinculada con el apoyo al terrorismo de ETA. No encaja en la gravedad de una medida como la retención que los franceses la aprovechen para interesarse por un grito en euskera si no existiera algo más que una «opinión».

Aunque en materia de interpretación jurídica los dogmas son escasos -pero sí hay algunos, que actúan como auténticos principios inamovibles del Estado de Derecho-, la retención de Otegi no se compadece con la limitativa interpretación que del fenómeno terrorista se contiene en el auto, con la consecuencia de extraer de él el delito de apología. Para la Sala, «este modo conceptualmente riguroso de entender el asunto, a fuer de obvio, es universalmente compartido e inspira el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 27 de Enero de 1977». Es decir, la reforma de 2000, que introdujo el enaltecimiento como un delito de terrorismo, constituyó un exceso legislativo, que quebró el concepto «universal» de este fenómeno criminal.

Sin embargo, el estado actual de la conciencia europea sobre el terrorismo se muestra más proclive a extender su concepto no sólo a los actos de agresión material, sino también a los de agresión moral o intelectual, como la apología o el enaltecimiento. Algo parecido sucede con la xenofobia o el racismo. El panorama europeo descrito por el auto del Supremo se habría enriquecido, quizá con otras conclusiones, con la mención a la Resolución de 31 de Enero de 1997 del Parlamento de Bruselas sobre lucha contra el terrorismo en la UE. Entre otras recomendaciones y medidas, esta Resolución, que fijaba la política común antiterrorista, emplazó a los Estados miembros a definir en sus legislaciones la apología del terrorismo como delito. Por tanto, no anduvo el legislador español muy errado cuando en 2000 hizo efectiva esta recomendación del Parlamento Europeo con la reforma del Código Penal y su criterio no puede decirse que se viera enmendado por la definición de terrorismo adoptada por el Consejo de la UE de 27 de Diciembre de 2001, también citado por el auto, política y jurídicamente condicionada por los atentados del 11-S. En todo caso, ya no existe ese «modo universalmente compartido» de entender el terrorismo que, quizá, hace 25 años hubiera liberado a Otegi de dar explicaciones de sus palabras en los Tribunales. El modo actualmente europeo de tratar la apología del terrorismo la incluye como una manifestación más de este delito y por eso Otegi tuvo que explicarse en una Comisaría francesa. En esto, ciertamente, el contraste sí es llamativo.

El recto juicio
Ernesto Ladrón de Guevara es portavoz de Unidad Alavesa La Razón 3 Junio 2002

Don Manuel Ibarrondo en una rueda de prensa en la que comparecía como portavoz del Grupo Juntero de EA, acompañado de los respectivos representantes del PNV y de IU de Álava en las Juntas Generales de Álava ha dicho algo del siguiente tenor: «La presión de las amenazas a las que están sometidos los representantes de PP, PSE y UA les está haciendo perder la ecuanimidad y el recto juicio. Si no están capacitados para actuar en política con la objetividad que exigen los puestos de responsabilidad que ostentan...».

Esto lo ha dicho refiriéndose a la decisión de la Mesa de las Juntas Generales de Álava de respaldar la no invitación a los concejales batasunos de Zigoitia con ocasión del Pleno Ordinario de las JJ.GG de Álava celebrado en la correspondiente Cuadrilla o agrupación de municipios comprendidos por una de las comarcas naturales de Álava.

La verdad, mi capacidad de asombro no tiene límite. Me superan en sus aptitudes para llevar la sorpresa a umbrales cada vez más imprevisibles. ¿Cómo se puede decir eso y quedarse tan pancho como si nada!

Esto me recuerda una situación que se provocó en el mes de julio del 36, tras el inicio de la sublevación de las tropas de Franco contra el gobierno legítimo de la República, según relata el diario La Libertad. Aquel periódico, eliminado por la Dictadura, publicaba en aquellas fechas un anuncio de la Capitanía General de Álava en la que se hacía referencia a una carta de un tal Manuel Ibarrondo (desconozco si tiene algo que ver en parentesco con el citado anteriormente) y Francisco Javier Landaburu, dirigentes del Araba Buru Batzar en aquellas fechas, en la que de forma entusiasta se adherían a los sublevados para acabar con el «Estado ateo» entre otras lindezas. Lo más seguro es que lo hicieran bajo presiones. No hay motivos para pensar que lo enviaran a la citada Capitanía por iniciativa propia o persuadidos por tan profundos e inauditos ideales. ¿O sí? Hombre..., bajo la presión de los fusiles no se está capacitado para seguir el recto juicio...; pues, claro. Tiene razón el Sr. Ibarrondo actual.

Es verdad que lo que nos dice la lógica es que a quienes debemos condenar y condenamos es a los sublevados, que dieron al traste con el gobierno legítimo de la República y no al Sr. Ibarrondo y al Sr. Landaburu de entonces, que lo más probable es que actuaran bajo el síndrome del terror de lo que se avecinaba. Por la misma razón parece legítimo que se le pida al Sr. Ibarrondo actual que condene a quienes producen ese estado de obstinación mental y moral que puede llevar a lo que el citado llama incapacidad para ejercer responsabilidades. Es decir, parece razonable que se condene y margine a quienes apoyan a los que matan, a los que eliminan políticamente a sus adversarios, coaccionan, extorsionan, destruyen o impiden el ejercicio de las libertades. A no ser que el Sr. Ibarrondo actual, que es un dirigente de un partido que se predica socialdemócrata, practique la inveterada costumbre de algunos jueces de condenar a la violada por provocar con su belleza al violador y poniendo, encima, en juicio la castidad de la víctima.

¿Ay, Sr. Ibarrondo! Qué poca vergüenza tienen algunos. Don Manuel: ¿no cree Vd. que segregar el cáncer que consterna y constriñe a las sociedades, y restituir la justicia y el respeto a las normas de la convivencia más elementales no es otra cosa que equidad, sentido común, y recto juicio? ¿No considera Vd. que el mantener esos principios de rectos fundamentos democráticos y cívicos no tiene nada que ver con supuestos bloqueos inducidos por el miedo o el rencor que puedan conducir a conductas desviadas? A ver si va a resultar que voy a tener la culpa de llevar escolta y que se va a volver a repetir aquello de «algo habrá hecho» cada vez que se asesinaba a alguno allá por los años 80. Lo tiene claro el Sr. Ibarrondo. A partir de ahora voy a sospechar que cada vez que se me ocurra expresar en público alguna opinión o plantear alguna iniciativa política va a ser una consecuencia de la presión y el miedo. Así sobran los argumentos. Le auguro que va a ganar siempre por el camino de tan simple pero contundente dialéctica.

La perversión moral e intelectual es la mejor semilla para la degeneración humana y social. ¿Hasta donde podemos llegar...!

Sombras episcopales
Luis González SEARA La Razón 3 Junio 2002

Los obispos vascos han hecho público un manifiesto político solidarizándose con las tesis del nacionalismo vasco contra la Ley de Partidos Políticos que se tramita y debate en el Parlamento español. Es inútil que pretendan cubrirse con el eufemismo de llamarle carta pastoral conjunta al documento, y con el lenguaje clerical de hacer apelaciones a la oración y de invocar incluso al Espíritu Santo. El manifiesto hace suyos los distintos puntos de vista que vienen manteniendo los nacionalistas vascos, con la particularidad de que se quieren hacer pasar por trascendentales principios morales lo que de verdad son meras opiniones e intereses concretos de ciertos partidos políticos.

Tampoco da mucho de sí el titular grandilocuente que habla de «preparar la paz». Como ahora los obispos frecuentan menos el latín, no parecen ser conscientes de que tal expresión trae a la memoria la máxima latina si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, que es lo que se esconde detrás de la mayoría de las organizaciones y de las grandes alocuciones que circulan por la jungla internacional. Y, para no salirnos de la cultura latina, que tanto lustre dio a la Iglesia, se podría recordar lo que escribió el historiador Tácito: «Hacen una carnicería y la llaman paz».

Desde luego, ésa es la paz de la que hablan a diario los militantes de Eta y de Batasuna, y en ello radica el diálogo que practican tales paladines de los derechos humanos y de las «relativas» ideas políticas que profesan. Lo que resulta inaudito es que los señores obispos, en la comprometida búsqueda pastoral de un camino que lleve a un «proyecto compartido que respete las identidades y prepare la paz», digan que tal proyecto «se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley». Señores prelados: en una democracia, los proyectos, los caminos, las decisiones y las formas de convivencia se adoptan y se legitiman mediante acuerdos y leyes que son expresión de la voluntad general de los ciudadanos. Sólo alguien puede parangonar la imposición por la fuerza ciega con el imperio de la ley.

La fe nacionalista produce desvaríos que hacen pensar en maniobras del Maligno, pues, de no ser así, no se comprende que, en asuntos que la propia pastoral considera «resbaladizos», se considere que no debe ilegalizarse Batasuna, «sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y Eta». Es decir, aunque se demuestre en la vía judicial que Batasuna y Eta son la misma cosa, o que tienen una misma financiación procedente de la extorsión, la amenaza y el asesinato, un país democrático no debe ilegalizar a quienes cometen crímenes y atentan contra la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Todo ello para que no se deteriore más el «conflicto de identidades» y se eviten «algunas consecuencias sombrías», según dicen los pastores y el P. Arzallus, que fue el primero en referirse a tales consecuencias, y que es quien está detrás, o delante, de las tres sombras episcopales.

Venezuela se suma al cerco internacional contra los etarras
ABC 3 Junio 2002

MADRID. El cerco internacional a la banda terrorista ETA se estrecha cada vez más gracias a la proliferación de los tratados internacionales de Seguridad, que se han visto impulsados por las conexiones y el desarrollo del terrorismo mundial y, más concretamente, por los atentados del 11 de septiembre.

Los etarras gozaban de impunidad hasta hace poco en varios países sudamericanos como Venezuela, Uruguay, México o Cuba, cuyas autoridades se mostraban reticentes a la expulsión o extradición de los terroristas. Sin embargo, los acuerdos con Venezuela y México, con la mediación diplomática del presidente del Gobierno, José María Aznar, han empezado a dar frutos. La detención de Galarza Mendiola, condenado por la Audiencia Nacional en 1987 y con dos causas abiertas en España por asesinato, supone, además, un nuevo golpe a la estructura financiera de la banda, al ser considerado por las Autoridades españolas el máximo responsable del aparato económico de ETA en el país sudamericano.

El detenido, en cuya captura colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pasará ahora a disposición de la Audiencia Nacional, donde ya fue condenado a seis años de cárcel.

El caso francés
Al margen de la nueva relación con Venezuela en materia antiterrorista, en el caso de los países europeos, la detención y entrega de terroristas ha proliferado desde el tratado de Schengen en 1994, aunque es Francia con 222 detenciones, el país que más miembros o colaboradores de ETA ha aprehendido en los últimos seis años. De éstos, 56 fueron expulsados o extraditados a España, y otros cuatro han sido cedidos temporalmente a las Autoridades españolas gracias al acuerdo que se alcanzó en septiembre del pasado año sobre la entrega temporal de terroristas que cumplen condenas en el país galo.

El apoyo francés en la lucha contra el terrorismo se volvió a poner de manifiesto el pasado sábado cuando la Policía gala detuvo al dirigente del brazo político de ETA Arnaldo Otegi para lo que se valió de una orden de prohibición de entrada en territorio francés que databa de 1984. Otegi permaneció detenido durante tres horas en dependencias policiales francesas, donde fue interrogado, y posteriormente fue expulsado a España con la prohibición de volver a entrar en Francia.

De este modo, gracias a la impliación de otros países la lucha antiterrorista, los etarras huídos encuentran cada vez mayores complicaciones a la hora de zafarse de la Justicia española.

Venezuela era hasta hace poco, junto a Cuba, el último reducto de la retaguardia de ETA, por lo que la isla caribeña se convierte ahora en el último santuario de los terroristas. Precisamente en Cuba está localizada una de las sociedades que financian al grupo terrorista. Se trata de la empresa Gadusmar que, según fuentes de Interior, ha sido utilizada por ETA para blanquear fondos procedentes de los secuestros y del «impuesto revolucionario» y está dirigida por un veterano militante de la banda criminal, Jesús Abrisqueta.

Derecho y deber de hablar
Antonio GARCÍA TREVIJANO La Razón 3 Junio 2002

Las reacciones a la carta pastoral de los obispos vascos están impulsadas por la ceguera de las pasiones y la estupidez de las confusiones. Se equivoca el Gobierno al decir que se mete en terrenos que no corresponden a la Iglesia. ¿Acaso no afecta a la conciencia moral de los fieles el tema bien o mal tratado? Se equivoca la Conferencia Episcopal al calificarla de inoportuna. ¿Acaso no era éste el momento preciso o tal vez no debía plantearse un problema ético al Gobierno cuando se negocian con él intereses económicos? Se equivoca Batasuna al pedir a los empresarios que «se retraten» como los obispos. Éstos estaban obligados, aquéllos no.

Todas las personas individuales tienen derecho a expresar en público sus opiniones políticas, si les dan oportunidad para ello. Pues el voto no es una opinión sino una decisión. Pero esta regla constituyente de la libertad de expresión, cuyo origen y naturaleza no derivan de la democracia sino del liberalismo, es inaplicable a las personas colectivas o institucionales.

Como se sabe, las llamadas personas morales, en tanto que son puras ficciones jurídicas, no pueden votar ni delinquir. Lo tienen que hacer por personas físicas interpuestas.
Debería bastar esta constatación para considerar fantasmagórica y pueril la ilegalización de Batasuna. Los obispos creen que el resultado será negativo. Me inclino a opinar lo mismo. La caza de fantasmas nunca ha limpiado de espíritus terroríficos las casas de los horrores.

Y, como debería saberse, las instituciones que desarrollan su vida pública más allá del mundo corporativo o profesional, como ocurre con los partidos, sindicatos, empresas editoras de medios informativos o la Iglesia, están obligadas a dar a conocer constantemente sus opiniones en materia política o moral.

Su derecho a opinar está fundado no tanto en la libertad de expresión, cual sucede a las personas mortales, sino en el deber institucional de hablar perennemente de lo público.

En las personas colectivas, la transformación institucional del viejo derecho liberal de opinar, en el moderno deber democrático de orientar a votantes y fieles, respecto de todas las cuestiones referentes a sus intereses o sus conciencias, no está reflejado en los textos legales ni en la jurisprudencia sobre derechos fundamentales de la persona. Pero no por eso deja de ser un principio general, implícito en el imperativo legal del deber de informar, a la vez que un hecho cotidiano en las sociedades abiertas y modernas.

La involucración del terrorismo en las expresiones pacíficas del nacionalismo vasco hace imposible que la visión de las acciones de Eta sea la misma en mentes separatistas, independentistas, cosoberanistas, autonomistas o españolistas. En tanto que meras opiniones, todas merecen el mismo respeto.

Los obispos vascos, contagiados del nacionalismo oficial de sus principales parroquianos, condenan el terrorismo desde el punto de vista de una Iglesia nacionalista emergente, es decir, desde aquella perspectiva renacentista donde el crimen se sostenía con el puñal en una mano y se renovaba con la bula e indulgencia de salvación en la otra. Mientras que la Conferencia Episcopal lo hace desde una óptica contrarreformista: confesión, arrepentimiento y perdón.

La coherencia en la defensa de la libertad de expresión obliga a denunciar la hipocresía de los que dicen de boquilla estar dispuestos a dar su vida para que los enemigos de la libertad puedan opinar libremente, y a las primeras de cambio arremeten contra esos ingenuos obispos, que toman en serio las vanas palabras de la pseudodemocracia del Estado de partidos, negándoles no ya su derecho común de expresión, sino incluso el deber de comunicar a sus diocesanos la opinión que les merece la Ley de Partidos.

DOS 'DELITOS' DE DISCREPANCIA CON 'PENAS' MUY DISTINTAS
Editorial El Mundo 3 Junio 2002

El lehendakari Ibarretxe ha salido al paso de las críticas sufridas por los obispos vascos tras la carta pastoral en la que se critica la eventual ilegalización de Herri Batasuna, formación que considera lícita «sean cuales fueren [sus] relaciones [con] ETA»: los prelados, asevera el primer mandatario vasco, tienen razón porque dicen «lo que piensa la mayoría de la opinión vasca»; y, además, «al parecer se ha convertido en un delito no pensar como piensa el Gobierno español».

Ibarretxe nos recuerda hasta qué punto la mitad nacionalista de la sociedad vasca sigue sin tomar en cuenta lo que está viviendo la otra mitad, y en particular la diferencia sideral entre el riesgo que encierra discrepar con las posturas del Gobierno de Madrid y el de disentir de los planteamientos soberanistas.

El supuesto delito de no estar de acuerdo con Aznar puede desembocar en el «infierno», dice el lehendakari: protestas ante el Vaticano o declaraciones del PP; llevando el símil a los extremos más exagerados, es decir, a los potenciales abusos que el Gobierno de Vitoria vislumbra en la reforma de la Ley de Partidos, podría llevar a la ilegalización de una formación política. Desagradable, pero nada más.

En cambio, quien rechaza el proyecto soberanista que el PNV mal que le pese comparte con ETA sabe bien a qué castigo se expone: la extorsión, la persecución pública, la violencia, el coche bomba y el tiro en la nuca. Un delito con pena capital. El «infierno» al que alude Ibarretxe es sólo intelectual; sólo metafóricamente son «arrastrados por los suelos» quienes discrepan del Gobierno.Pero el viaje al más allá de los españolistas asesinados por ETA es real e irreversible; sólo el juez de guardia puede levantar sus cadáveres. Y eso es lo que ni Ibarretxe ni los obispos, que son o deberían ser el presidente y los pastores de todo el pueblo vasco, se deciden a ver...

Sería un error pastoral de los obispos el alinearse excluyentemente con una de esas dos mitades de su sociedad. Pero sería una infamia hacerlo con la mitad de los cómodos y los seguros, frente a la de los perseguidos y los amenazados.

Las declaraciones de José María Vizcaíno, presidente del Círculo de Empresarios Vascos, sobre el recrudecimiento de la campaña de extorsión y amenazas de ETA, resaltan aún más la gravedad de la postura de los obispos cuando remacha: «Parece que hay dos sociedades en Euskadi: una que está siendo perseguida y asesinada y otra que da la impresión de no enterarse». Como Vizcaíno, muchos ciudadanos están abriendo los ojos ante la ambigüedad de los responsables políticos y religiosos en Euskadi.

Por su parte, la Conferencia Episcopal ha optado por soslayar el asunto. Y es triste que tan sólo una voz aislada, la de monseñor García Gasco en la diócesis de Valencia, aprovechase ayer las homilías dominicales para reclamar sin ambages a los cristianos la constancia en la lucha sin tregua contra el terrorismo en toda España.

Sombrías sotanas
Luisa PALMA La Razón 3 Junio 2002

No es la primera que hacen y tampoco será la última. A golpe de pastoral, los tres obispos vascos están dejando al personal estupefacto. Dicen que «sea cual fuere» la relación de Batasuna con el terrorismo de Eta, si resulta ilegalizada traerá «consecuencias sombrías». Pues mira por dónde y a pesar de la indignación, me alegro de que se hayan descubierto metiéndose de hoz y coz en política (recuérdese que hace nada hicieron mutis por el foro para no apoyar el pacto antiterrorista porque era «una cuestión política»). Y me alegro porque al menos esto les deja con la sotana al aire. Estos sombríos obispos acaban de demostrar que son rancios y politizados nacionalistas vascos, defendiendo a ultranza los peores prejuicios de ese clan, y después, a lo mejor, tienen algo de religiosos y les suena ese quinto mandamiento, como dice el socialista Caldera, el de «no matarás». Me conforta que el Gobierno haya recurrido a la diplomacia para protestar, aunque no sirva de mucho. Me avergüenza que la Conferencia Episcopal se lave las manos, pero lo que peor aguanto es que algunos digan que estos obispos rechazan la violencia cuando lo que están proponiendo es una clara impunidad para el mundo del terror y el asesinato. Se va a necesitar algo más que suerte para que estos obispos recuerden a quien dijo aquello de «a los tibios les escupiré de mi boca».

Cuarto atentado contra la farmacia de un miembro del Foro de Ermua
M. A. BILBAO. ABC 3 Junio 2002

La farmacia regentada por la familia del escritor y miembro del Foro Ermua Raúl Guerra Garrido sufrió ayer un nuevo atentado, el cuarto. En esta ocasión, los atacantes rociaron con líquido inflamable el escaparate del local, ubicado en el Paseo Larratxo de San Sebastián, y le prendieron fuego, sin que las llamas llegaran a afectar al interior del local.

Raúl Guerra Garrido estaba ayer más harto que afectado por lo ocurrido y manifestó a ABC que mientras ninguna persona sufra daños, todo lo demás tiene remedio. No obstante, no quiso hacer ningún otro comentario, por entender que ya todo quedó dicho en las otras tres ocasiones en las que grupos de proetarras habían atacado la farmacia que regenta su familia.

La amenaza sigue vigente
Parecía que los radicales se habían olvidado de los miembros del Foro de Ermua, al tiempo que su reacción cívica contra el terrorismo etarra había bajado de intensidad, al tratarse de ciudadanos que tienen otras ocupaciones además de enfrentarse a la dictadura del miedo que impone la violencia en el País Vasco. Pero el nuevo atentado contra la farmacia de su familia recordó ayer a Raúl Guerra Garrido que la amenaza contra los miembros del Foro Ermua sigue vigente.

Un grave error de los obispos
JUSTINO SINOVA El Mundo 3 Junio 2002

Confío en que los cuatro obispos firmantes de la pastoral Preparar la paz hayan reparado en los aciagos efectos de su acción, resumidos en esta evidencia: las víctimas de ETA han mostrado su desolación, mientras los nacionalistas más radicales, quienes no condenan los asesinatos, los han alabado sin rodeos. Espero también, de paso, que los obispos no vean en las líneas precedentes una prueba de que se confunde nacionalismo con terrorismo de lo que se quejan , pues la conexión de Batasuna con ETA no es un invento sino una realidad subrayada por los propios batasunos que no se puede ignorar. A los obispos les deberían bastar los elogios de la formación proetarra para entender que se han equivocado de medio a medio. El portavoz navarro, Barrena, se felicitó porque «no esperábamos menos de los obispos vascos», y Otegi halló abrigo para descalificar como «antidemocrática» la iniciativa del Gobierno apoyada por la inmensa mayoría parlamentaria. Esto es lo que han conseguido: ensanchar el ánimo de los que quieren dominar Euskadi a costa de liquidar a los diferentes, y desamparar un poco más a los perseguidos.

Bonita manera de entender su misión unos pastores que en el punto más llamativo de su documento, el de la reforma que busca acabar con la impunidad de Batasuna, confiesan no disponer de argumentos suficientes para hacer una «valoración moral», que es la que les correspondería, pero sí se sienten capacitados para una valoración política, que es la que no se les pide y en la que desbarran gravemente. Los obispos tienen derecho a decir lo que les dé la gana. Como personas y como españoles ejercen el derecho a expresarse libremente, en lo que les ampara la Constitución.Pero de los obispos se espera una palabra eficaz de concordia, una asistencia a los oprimidos y un repudio enérgico de quienes no tienen una mínima caridad con sus semejantes (recordemos que ETA, con apoyo político, asesina, mutila, persigue y excluye a una parte de sus prójimos). En este caso, en cambio, han desconcertado a los perseguidos y han encendido la sonrisa de los hostigadores.

¿Y la Conferencia Episcopal qué dice? Palabras de distanciamiento que no resuelven la confusión creada, atizada además por otros 358 sacerdotes vascos con un manifiesto político y no evangélico.Sé que los rectores del Episcopado están preocupados, pero con eso no basta: deben actuar pronto. Mientras, en la base crecen día a día la tribulación y el hastío.

Lo de Dios... y lo del César
EDITORIAL Libertad Digital 3 Junio 2002

Desde sus orígenes, la Iglesia se ha preocupado de delimitar su esfera de actuación —la espiritual— de la de los poderes temporales —la política—. Jesucristo dejó bien claro ante Poncio Pilato, momentos antes de su Pasión y Muerte, que Su Reino “no era de este mundo”; así como también advirtió, en el famoso pasaje del tributo al César, del peligro que encerraba la mezcla del poder temporal con el espiritual, es decir, del peligro de transformar la religión en política —como tradicionalmente ha sucedido con el Islam—, o la política en religión —tal es el caso del nazismo y del comunismo.

Según el diccionario de la Real Academia, católico significa “universal, que comprende y es común a todos; y por esta calidad se ha dado este nombre a la Iglesia Romana”. Puede decirse que, aunque con altibajos, la Iglesia Católica ha procurado hacer honor a su apellido a través de la Historia, acogiendo en su seno a todo aquél que quisiera escuchar su mensaje, cualquiera que fuese su lengua o su nacionalidad, conforme a la máxima evangélica de que “todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo”.

Pero, por desgracia, nunca han faltado en la historia de la Iglesia gentes que, declarándose católicas o cristianas, han intentado servirse del prestigio de una institución dos veces milenaria para presentar su credo político particular como la única realización práctica posible del ideal cristiano en la Tierra o, al menos, como la única versión compatible con la “idiosincrasia nacional”.

Y este último parece ser el caso de cierto sector del clero vasco, no precisamente minoritario o poco influyente, pues en él se cuentan también sus máximos dignatarios. La pastoral conjunta de los tres obispos vascos, reafirmada después de un modo aún más radical por más de 350 sacerdotes de sus diócesis, ha traspasado la línea divisoria entre el poder temporal y el poder espiritual. La misma que franquearon hace ya casi treinta años los teólogos de la liberación, que emigraron desde el País Vasco a Iberoamérica sin molestarse en colgar la sotana, para exportar una sangrienta revolución que ni Roma ni sus feligreses españoles comprendían ni querían.

Afortunadamente —y como no podía ser menos—, la Conferencia Episcopal Española se ha desmarcado de un clero vasco que, escatimando al máximo sus muestras de apoyo y consuelo a las víctimas del nacionalismo (criminal o “moderado”), se ha volcado en la adhesión y defensa de las tesis que sostienen quienes equiparan a la víctima y al verdugo, que ha sucumbido al relativismo moral de los que pretenden equiparar a quienes defienden — legal, legítimamente y con todas las garantías que exige un estado de derecho— la libertad y la democracia con quienes pretenden destruirlas para imponer sin restricciones su credo —o, más bien, su fanatismo— político.

En el Sermón de la Montaña, Jesucristo dijo “bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”, haciendo alusión a todos aquellos que trabajan y arriesgan sus vidas porque resplandezca la verdad y la justicia. Pero los firmantes de la carta pastoral, así como los 350 sacerdotes que se pronunciaron después en contra de la ilegalización de Batasuna, parecen interpretar que los destinatarios de la bienaventuranza son los que corren a ocultarse en algunas de sus sacristías —para que la policía no les encuentre— después de haber vaciado su pistola o de haber accionado el detonador de un coche bomba, como sucedió hace ya algunos años con aquel famoso arcipreste que se creyó en el deber de cobijar a un comando de Eta que acababa de atentar en Santander, porque se trataba de “perseguidos por la justicia”.

Unos ministros que toman partido por el nacionalismo y que ponen por encima de Cristo al poder terrenal ya no pueden llamarse católicos ni cristianos. Ni siquiera vascos, puesto que abandonan a la fiereza de los lobos nacionalistas (criminales o “moderados”) las molestas “ovejas negras” que desentonan en el inmaculado rebaño nacionalista.

Vizcaíno: 'Unos vascos parecen no enterarse de que otros son asesinados'
El presidente del Círculo de Empresarios Vascos dice que la extorsión ya no es novedad
Bilbao EL PAÍS  3 Junio 2002

José María Vizcaíno, presidente del Círculo de Empresarios Vascos, expresó ayer su 'preocupación, desasosiego y frustración' ante el hecho de que, en la actualidad, en Euskadi 'parezca que haya dos sociedades'. 'Una, que por sus ideas o actividad está siendo extorsionada, asesinada, y otra que parece que no se entera', afirmó el empresario en una entrevista en Europa Press.

Este último colectivo, en su opinión, 'no sólo no se entera, sino que incluso reprocha en algunas ocasiones a las personas que tienen protección, que están contribuyendo al deterioro de este país'. Vizcaíno recordó que la extorsión a los empresarios es 'semanal', incluso a los muertos, y que 'ha perdido novedad'.

Se lamentó, asimismo, de que el discurso oficial se base en afirmaciones que se refieren a 'lo bien que va la economía', un hecho que 'no nos debe hacer olvidar el resto de los problemas'. 'Eso es deshonesto, injusto y, ante eso, yo me rebelo, enfatizó.

'El problema más importante que la sociedad vasca tiene en estos momentos no es debatir si va a haber un referéndum de autodeterminación, si vamos a ser independientes o no, sino qué tipo de sociedad queremos en estos momentos, y si se puede plantear un debate político cuando una parte de la población no puede hablar porque se juega la vida', indicó Vizcaíno. Aunque dijo no mostrarse asustado ante un debate referente a la autodeterminación o la independencia, pidió 'que se aclaren los conceptos', y se explique 'con naturalidad' qué existe tras ese tipo de términos. 'Muy bien que haya una consulta, muy bien que haya una independencia, pero primero vamos a ocuparnos de lo primero, y lo primero es que en este país no se puede vivir en estos momentos en paz y tranquilidad', manifestó.

El Gobierno vasco, a su juicio, 'cae en la inconsciencia' cuando defiende una consulta de autodeterminación 'porque esa misma incertidumbre y esa falta de clarificación crea una situación de tensión difícil desde el punto de vista empresarial'.

Por otra parte, cree que en Euskadi 'se puede hacer más para acabar con ETA', en el ámbito policial pero, 'especialmente, en el de los mensajes'. A su juicio, es preciso 'dar mensaje a los ciudadanos diciendo que las pancartas, las persecuciones... no es lo que queremos'.

Mal presentado
En su opinión, si la sociedad vasca y los políticos hubieran marcado 'claramente' lo que diferencia a los demócratas de quienes no lo son, 'igual hubiera sido innecesaria una Ley de Partidos como la actual'. Considera que este proyecto 'se ha presentado mal' porque, según sus palabras, se ha hecho como una medida 'para ilegalizar a Batasuna'. Sin embargo, se mostró convencido de la necesidad de 'un mensaje claro' de que 'no se juega en democracia'. 'No me equivoco al decir que hay un sentimiento generalizado de los ciudadanos de que no se les puede tomar el pelo', y se refirió a determinados comportamientos de Batasuna como a 'una desvergüenza que habrá que acotar', dijo. Sobre las declaraciones contrarias a la ley por parte de representantes políticos e institucionales vascos, cree que éstos 'tendrán que dar explicaciones en algún momento determinado' ya que, a su juicio, su comportamiento 'es intolerable'.

Los empresarios denuncian una nueva oleada de cartas amenazantes de Eta
Redacción - Bilbao.- La Razón 3 Junio 2002

El presidente del Círculo de Empresarios Vascos, José María Vizcaíno, denuncia que Eta mantiene sobre los empresarios «y otras capas de la sociedad» una extorsión «continuada, reiterativa y permanente» mediante el envío de «cientos y miles de cartas de extorsión». Además, denuncia la situación ideológica que vive el País Vasco, donde, dice, parece haber dos sociedades: la que es perseguida y asesinada y otra que «da la impresión de no enterarse». Vizcaíno considera que la extorsión «se ha extendido a otras capas de la sociedad» entre las que destacarían «empresarios no tan importantes, comerciantes, profesionales liberales, personas particulares y privadas», y critica los «niveles de degradación» a los que han llegado estas campañas de amenazas de Eta, porque los terroristas «se dirigen directamente a la esposa o a los hijos».
Vizcaíno interpreta que las cartas de extorsión son «una parte más de la coacción» que se utiliza la banda terrorista para «tener a la gente en vilo, amenazada y dominada y evitar que hable».

Errores de enfoque
Pío Moa  Libertad Digital 3 Junio 2002

Un problema mal enfocado no se puede resolver. Arzallus acaba de declarar la “guerra política” en defensa del terrorismo, es decir, que piensa actuar de forma desestabilizadora. Pero eso es lo que siempre ha hecho, usando el crimen etarra de forma similar a como Lenin planteaba la lucha revolucionaria, combinando formas legales e ilegales, violentas y pacíficas, para socavar las democracias. Con extraña ingenuidad, Mayor Oreja le ha replicado que “el enemigo del nacionalismo vasco democrático es el terrorismo de ETA”. ¿Cabe un desenfoque más sorprendente? El absurdo de la idea brilla en su mera exposición. ¡Ya se habría percatado el PNV de esa supuesta enemistad, sin necesidad de que le ilustrara el político del PP! Y cabe preguntar dónde está ese nacionalismo vasco democrático, o cuándo ha hecho otra cosa que intentar beneficiarse del terrorismo. Tal planteamiento está en el origen de la política servil, necia y demagógica del PSOE. Esperemos que en Mayor haya sido solo un desliz momentáneo, quizá con la ingenua idea de dividir a los nacionalistas. El terrorismo es ciertamente el peor enemigo de los vascos, pero en modo alguno del PNV. No habrá manera de resolver el problema si no se aprovecha cada ocasión para hacer ver a la gente cómo este partido, lejos de declararle la guerra al terrorismo se la declara a la democracia y defiende a aquél, si no se muestran sin descanso las profundas relaciones, pese a disputas secundarias, entre el nacionalismo supuestamente pacífico y el claramente asesino, si no se denuncia su responsabilidad en la falta de libertad reinante en Vasconia. Los vascos, incluido los peneuvistas menos envenenados, deben comprender estos hechos, para lo cual hay argumentos y datos más que suficientes.

Otro desenfoque: se dice que los ingleses no tienen por qué retener Gibraltar cuando “somos amigos, somos aliados y estamos todos en la OTAN y la Unión Europea”. Eso es un error fundamental de planteamiento. Desde luego, no somos amigos, a menos que se llame amistad a la sumisión abyecta del que sufre una humillante agresión colonial. Los ingleses, por supuesto, tienen las ideas mucho más claras. Gran Bretaña es una realidad desde hace siglos, que aspira a perdurar, no a disolverse en una Unión Europea formada hoy mismo y con sustancia política e histórica incomparablemente menor. En cuanto a la OTAN, la parte sólida de ella ha sido, y seguirá siendo la “relación especial” entre Washington y Londres, de ninguna forma entre Londres y Madrid, el “amigo” tan perfectamente despreciable. En realidad, sólo una presión permanente y a largo plazo hará entrar en razón a ingleses y “llanitos”, conforme perciban que la situación actual se les volverá cada vez más gravosa. Ello puede hacerse de manera educada (los ingleses son expertos en apretar las tuercas con buenos modales), pero hay que hacerlo, sin excluir un razonable cierre de la verja, construida por ellos mismos en tierra ajena al pacto leonino de Utrecht.

La opinión política de los obispos vascos
JOSEBA ARREGI/ El Correo  3 Junio 2002

He leído varias veces detenidamente el documento de los obispos. He de decir que es de agradecer el tono sosegado que utilizan. Es cierto que el tono mismo ya puede ser una aportación positiva al clima que vivimos en la sociedad vasca. Pero el tono solo no hace toda la música. Se pueden decir cosas muy duras en un tono muy sosegado y tranquilo. Es más: creo que una de las características de la enfermedad vasca radica en la habilidad para defender planteamientos inaceptables usando los términos más bellos. Ni la palabra paz se libra ya de ello. ¿Qué puede significar dicha palabra si hasta Batasuna empapela sus inaceptables propuestas políticas, las de siempre, bajo la denominación de propuesta de paz?

Agradecer el tono sosegado permite una lectura crítica. El título del documento dice Preparar la paz . Una paz que no sólo es ausencia de violencia. «La pacificación de este país entraña, desde luego, la desaparición de ETA y el limpio esfuerzo concertado para combatirla. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí». Por lo tanto no basta con que desaparezca ETA.

Es cierto que tenemos muchos problemas en la sociedad vasca. Pero a veces pienso que darle a la paz una dimensión tan amplia como la de que sólo llegará con la resolución definitiva de todos los problemas me pone en guardia: sería bueno apostar por la paz pequeña, por la ausencia de violencia. Quizás el resto de problemas aparecieran en otra luz. Los obispos que se atreven a hacer pronósticos acerca de las consecuencias de la Ley de Partidos Polítios, no aventuran, sin embargo, en este terreno, ninguna opinión, ni propuestas operativas, como afirmar por ejemplo que, si no existiera terrorismo, la sociedad vasca ya tiene vías para una convivencia conflictiva democrática. Quizás esperar a la solución definitiva de todos los problemas para hablar de paz implica plantear un devaluación institucional en la historia real que en sí misma puede abrir las puertas a la violencia.

Son cuatro los elementos que forman parte integral de la carta pastoral Preparar la paz que me merecen una lectura crítica. Primero: los obispos analizan la situación actual bajo la rúbrica de la incomunicación política entre los partidos, abogando por el diálogo, para terminar con la siguiente frase: «Cerrarse al diálogo equivale a renunciar a la paz verdadera, que no consiste en la victoria, sino en el acuerdo». No estoy de acuerdo: es cierto que existe incomunicación entre los partidos políticos. Que sea necesario el diálogo, sin embargo, no significa que no se pueda buscar la derrota del terrorismo. Es más: creo que sin derrota del terrorismo no va a existir diálogo político de verdad en la sociedad vasca. Una sociedad se constituye cuando se consolidan sus instituciones, que son la materialización del diálogo interno de la sociedad. Una sociedad constituida e institucionalizada es la derrota del terrorismo. La victoria de la sociedad sobre la desintegración de la violencia: en eso consiste precisamente la constitución y la institucionalización de una sociedad. ¿Por qué saltan los obispos de la incomunicación política a hablar de victoria? Dan un salto en el vacío.

Segundo: probablemente como consecuencia de ese salto en el vacío es imposible encontrar en todo el documento referencia alguna a la institucionalización que en legitimidad democrática la sociedad vasca se ha dado a sí misma, el Estatuto de Gernika. Dicen los obispos: «Esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en aras de una paz social que...». Para los obispos vascos, empezamos, pues, de cero. No se ha hecho, al parecer, ningún esfuerzo para dar con una fórmula de convivencia que signifique compromiso.

Me parece muy grave: no el mero hecho de no citar el marco jurídico-institucional que permite la vida democrática -amenazada y recortada- que todavía vivimos. El dar a entender que es posible volver a partir siempre de cero, el dar a entender que si alguien se arroga el derecho de poner todo en cuestión, hay que volver a empezar. El dar a entender que, a pesar de todas las referecias a la necesaria autolimitación, es posible un comienzo perfecto, absoluto, incondicionado de la historia, la solución de todos los problemas. Eso en el contexto en el que se produce y se legitima la violencia en la sociedad vasca me parece muy grave, aunque digan los obispos que «las fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente tienen sin duda gran valor y deben constituir el eje vetebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas sin graves razones de bien común. Sin embargo... es evidente que ninguno de esos modelos tiene valor absoluto e intangible».

Me asalta la duda de si están hablando del marco juríico-institucional existente, del Estatuto, o de proyectos políticos que deben competir en igualdad de condiciones. Si fuera esto último, mi oposición a la opinión de los obispos es aún mayor.

Además, los obispos -y son muy dueños de hacerlo- no quieren opinar sobre la bondad de las diferentes fórmulas políticas: «Mientras respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta». Repito: creo que es necesario distinguir, por higiene democrática, entre marcos jurídico-institucionales legitimados democráticamente y meros proyectos políticos. Pero si los obispos no pueden dar su opinión sobre el valor del marco jurídico-institucional, sobre el Estatuto, ¿cómo sí pueden sobre un proyecto de ley y sobre las consecuencias -desconocidas- que pueda tener? No entiendo nada. En una cuestión de transcendencia vital para la libertad y la seguridad, para la defensa concreta de la vida, no creen poder opinar, y sí creen poder hacerlo sobre las consecuencias -previsibles o impresivibles- que un proyecto de ley puede producir en el ámbito de la crispación social.

Claro que, en tercer lugar, afirman al mismo tiempo que sería deseable una autolimitación de las aspiraciones políticas, la apuesta por la preservación de la pluralidad, afirman incluso la existencia de una mayoría que prefiere ubicarse no en los extremos puros identitarios, sino en la mezcla. Pero también dicen que todos los planteamientos son legítimos. El bien público, sin embargo, y la democracia, consisten en el equilibrio entre distintos bienes, en la renuncia, por lo tanto, a lo que abstractamente puede ser legítimo, pero en concreto, destroza y hace imposible la democracia. Pero los obispos no quieren entrar en estas cuestiones, pues supondría hablar de lo que ya tenemos, el Estatuto de Gernika.

Porque lo que les importa es, en cuarto lugar, afirmar desde la ética que no es legítimo confundir nacionalismo con terrorismo. ¡Por supuesto! Ha existido nacionalismo antes que toda violencia terrorista en Euskadi. Existe mientras ETA mata. Y espero que exista cuando ETA desaparezca y sea derrotada. Pero por supuesto también que el terrorismo no se da en un vacío conceptual, no se produce sin palabras ni referencias a fines políticos; por supuesto también que la violencia de ETA no existe en el aislamiento social, político, ideológico, sentimental y simbólico en la sociedad vasca. Ambas cosas son ciertas. Y ello obliga a no mezclar lo que no se puede mezclar, pero también a no ocultar las relaciones y responsabilidades que pueden existir. Obliga a un trabajo de análisis y reflexión serio, pausado, comprometido. Pero los obispos se escapan de eso. Y ellos sabrán por qué.

No es posible despejar la sospecha de que lo que interesaba a los obispos era extender una duda sobre la legitimidad ética del proyecto de Ley de Partidos Políticos, y que para poder hacerlo con la mayor legitimidad posible extienden una nebulosa en la que condenan a ETA, hablan del pluralismo, se muestran equidistantes de todas las fórmulas políticas, colocando en el mismo plano de valor ético y democrático a instituciones democráticamente legitimadas y proyectos políticos que quizá sean contrarios a la democracia, y dan a entender que lo mejor es volver a empezar, parar la historia.

Producir crispación gratuitamente puede ser criticable y condenable. Pero también hay la obligación de preguntatrse si no existen crispaciones no justificadas, crispaciones no legítimas, crispaciones que, al final, se reducen a mero chantaje a la democracia. ¿Alguna reflexión al respecto?

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