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Recortes de Prensa     Miércoles 5 Junio  2002
LEY DE PARTIDOS: LA LEGITIMIDAD PROCEDE DE LOS VOTOS
Editorial El Mundo 5 Junio 2002

La cruz de la Iglesia
Editorial La Razón  5 Junio 2002

Democracia protegida
Editorial ABC  5 Junio 2002

Con la ley en la mano
EDITORIAL Libertad Digital  5 Junio 2002

En tierra de silencios
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR  ABC  5 Junio 2002

Preparar la paz (de los cementerios)
Aleix Vidal-Quadras La Razón  5 Junio 2002

Los que no perdonan
CARLOS DÁVILA ABC  5 Junio 2002

El nacionalismo contra la catolicidad
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Junio 2002

El clero nacionalista vasco no pide perdón Pío Moa Libertad Digital  5 Junio 2002

La pastoral vasca
José Luis Manzanares La Estrella  5 Junio 2002

La cabeza del pescado
Lorenzo Contreras La Estrella  5 Junio 2002

Enclaves episcopales
JAVIER PRADERA El País  5 Junio 2002

El Congreso aprueba la Ley de Partidos con el 95% de los votos
AGUSTIN YANEL El Mundo  5 Junio 2002

Mayor Oreja dice que el terrorismo es el resultado «de una mentira histórica»
M. A./DURANGO El Correo  5 Junio 2002

Austria obligará a los inmigrantes a hablar alemán bajo la amenaza de expulsión
AGENCIAS | Viena El País  5 Junio 2002


LEY DE PARTIDOS: LA LEGITIMIDAD PROCEDE DE LOS VOTOS
Editorial El Mundo 5 Junio 2002

a sido difícil en estas últimas semanas distinguir las voces de los ecos en la polémica sobre la Ley de Partidos. Se ha dicho que era una iniciativa para crear un Estado de excepción, que era una ley «para el Norte», que sus efectos serían contraproducentes y un sinfín de juicios de valor que hemos escuchado sin compartir.

Nadie puede ser descalificado por sus ideas políticas y, por lo tanto, por criticar o estar en contra de la Ley de Partidos.IU, PNV y el Grupo Mixto votaron ayer en el Congreso contra la mayoría y estaban en su perfecto derecho de hacerlo. Pero también lo estaban los 304 diputados del PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista que aprobaron la Ley de Partidos, que contó al final con el respaldo del 95% de la Cámara.

Pocos proyectos han contado con este porcentaje de apoyo en la historia de la democracia en España. Y pocas iniciativas legislativas han sido tan discutidas dentro y fuera de la Cámara, que ha incorporado 80 enmiendas pactadas con la oposición, algunas sugeridas por eminentes catedráticos y expertos de derecho constitucional.

En cualquier sistema democrático moderno, la soberanía legislativa reside en el Parlamento, que es la fuente de legitimidad de las normas jurídicas. La Ley de Partidos ha obtenido en el Congreso un amplísimo refrendo de los representantes del pueblo, lo que confiere a esta iniciativa toda la legitimidad democrática del mundo.

Los nacionalistas podrán seguir criticando esta ley y diciendo que no les gusta, pero jamás podrán negar esa legitimidad que nace del mandato popular. Seguir insistiendo en que la Ley de Partidos es «franquista» y descalificar a sus promotores, como ha hecho el PNV, constituye una pataleta que sólo refleja la incapacidad de aceptar lo que decide la mayoría.

El texto aprobado, pendiente de ratificación en el Senado, es una ley justa, equilibrada y necesaria para defender las libertades frente a grupos totalitarios como Batasuna. Los 304 diputados que la respaldaron pueden sentirse orgullosos de haber rendido un buen servicio a quienes les eligieron. Sólo se echó en falta a Felipe González, pertinaz absentista que ni siquiera se dignó cumplir con su obligación en una jornada tan histórica como la de ayer.

El ministro Acebes subrayó que la democracia «se ha reforzado contra la violencia y el terror». Este es, sin duda, el espíritu y la letra de la nueva norma, que sólo ilegaliza a aquellas fuerzas políticas que pretenden aprovecharse de las libertades para destruirlas con métodos violentos.

La cruz de la Iglesia
Editorial La Razón  5 Junio 2002

La pastoral de los obispos de las diócesis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria sobre lo que ellos interpretan como apuesta por «la paz» ha producido un impacto demoledor en el conjunto de la sociedad española. Las críticas, desde las más templadas a las más acerbas, han predominado con largueza. La imagen de estos obispos y, lo que es peor, la de la jerarquía católica española en su conjunto, han caído bajo mínimos. Y ello ha causado una enorme preocupación en los representantes de la principal religión de las profesadas en España por las consecuencias que pueda tener, tanto en el orden moral (de confianza de sus fieles y de respeto social de los que no lo son) como en el orden práctico. Porque este suceso se ha producido justo en el momento en que los españoles realizan la declaración de la renta, y en ella pueden optar por ceder una parte de sus impuestos a la Iglesia Católica o bien favorecer otros fines de interés social no administrados por esa Institución.

La única forma de evitar daños colaterales en el terreno económico es que la jerarquía católica se pronuncie de forma inequívoca contra la desdichada pastoral. La Conferencia episcopal y, por supuesto, también el Vaticano, deben actuar sin la ambigüedad tendenciosa de los prelados vascos. Debe la jerarquía, desde la distancia objetiva que les evita el «síndrome de estocolmo» nacionalista que sufren los purpurados «vascos», exponer claramente a la opinión pública su rechazo más tajante.

Debe decir, por ejemplo, que aunque se puedan consentir opiniones en los obispos, éstas no conforman la doctrina oficial de la Iglesia, ni para una región, ni para un Estado ni para el mundo entero. Y, en este caso, que se desvían claramente de ella por tres razones: por injerencia política, al pronunciarse contra las instituciones democráticas (cuyos representantes legislativos aprobaron ayer en un 90 por ciento la Ley de Partidos denostada por la pastoral); por parcialidad moral, al apoyar, aun de forma camuflada, a las organizaciones que alientan el terrorismo; y por militancia ideológica, al sostener las tesis que emplea una parte de sus feligreses para separarse del resto, entre los que, por cierto, están las víctimas del terrorismo.

Es posible que alguien sensato de la jerarquía (lo hace hoy en LA RAZÓN monseñor Gea, y lo hizo monseñor Estepa, para ser luego acusado por Anasagasti de «obispo militar de Aznar») pueda salir al paso de la degradación moral que contiene la pastoral. Pero también es precisa una crítica con contenido político. Porque la pastoral contiene argumentos peligrosísismos que no pueden ser pasados por alto: considerar igualmente inútiles la violencia y el «puro imperio de la ley», lo que es un ataque frontal a la democracia. O apostar por la autodeterminación, al apelar a un futuro decidido entre y para los vascos, sin contar con que, al margen de las razones históricas y de legalidad, no sólo los vascos, sino el conjunto de los españoles, tienen derecho a decidir. Porque todos son los amenazados por el terrorismo y concernidos por el separatismo.

Democracia protegida
Editorial ABC  5 Junio 2002

El Congreso de los Diputados dio ayer la mejor respuesta posible a las críticas que ha recibido el proyecto de ley de Partidos Políticos, concediéndole el apoyo de 304 de los parlamentarios presentes en el pleno de ayer, aunque la base política del apoyo es mayor porque los cinco grupos que votaron a favor (PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista) suman en realidad un total de 328 escaños de 350, sin contar el apoteósico error de Llamazares. Este dato es fundamental para situar en sus justos términos las descalificaciones que está recibiendo el proyecto de ley y, sobre todo, las intenciones de sus valedores, Gobierno, PP y PSOE. Ante un respaldo democrático de tal envergadura no tiene sentido tachar esta ley de autoritaria o de regresiva, menos aún de peligro para las libertades y los derechos individuales. Una ley que recibe el apoyo del centro derecha, de la izquierda y de nacionalismos democráticos sólo es posible cuando refleja, sin sectarismos ni partidismos, los mismos valores en que se asienta el sistema constitucional. Sus detractores son los que, desde ayer, están en una situación muy comprometida ante la sociedad española, porque si quieren ser entendidos tendrán que explicar qué libertades, y de quiénes, son las que quieren proteger frente a una ley que únicamente sanciona a los partidos que fomenten el enfrentamiento, el racismo, la xenofobia, la violencia o el terrorismo. Hasta ahora, sólo Batasuna ve peligrar su legalidad con la futura entrada en vigor de la ley, lo que significa que sus redactores y negociadores han sabido acotar su ámbito a las conductas más intolerables para una democracia, evitando tendencias expansivas que hubieran provocado conflictos constitucionales.

En este sentido, la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar la demanda de Gestoras Pro Amnistía y Segí contra su inclusión en lista europea de organizaciones terroristas es un primer trazo de la posición jurídica que podría tomar este Tribunal si tuviera que revisar la ilegalización de Batasuna, a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una afirmación ya clásica en la doctrina del TEDH es que la «derrota del terrorismo es un interés público de primera importancia en una sociedad democrática». Esta frase encierra no sólo un criterio de valoración jurídica y la definición de una prioridad política de todo Estado democrático, sino también la obligación ética de no consentir espacios de impunidad a las prácticas pseudopolíticas de apoyo al terrorismo. La vida, la libertad, la dignidad se protegen impidiendo la acción criminal de los asesinos y la acción propagandística de sus voceros. La fuerte convicción moral que encierra esta ley es también una de las causas del masivo apoyo ciudadano con el que cuenta y el motivo que ha hecho indignante la opinión de los tres obispos del País Vasco, cuya pastoral implica una toma de posición institucional de sus Diócesis, sin precedentes y sin vuelta atrás posible, a favor de las tesis nacionalistas.

Algunos sectores de la izquierda y del nacionalismo vasco en su conjunto se afanan en denunciar la crispación que esta ley, a su juicio, ya está generando. Es posible que la expectativa de una ley que hará valer efectivamente los valores democráticos y constitucionales esté poniendo nerviosos a muchos que hasta ahora han rentabilizado la violencia terrorista con total impunidad. Sin embargo, no deben confundir sus nervios con el ánimo de una sociedad que no está crispada con la ley de Partidos Políticos, sino esperanzada de que, finalmente, la democracia se defienda sin complejos. Los crispados son los nacionalistas vascos, que se han quedado solos en la defensa de Batasuna, con la compañía de una esquizofrénica Izquierda Unida -que, llamándose «izquierda» vota contra una ley que persigue el racismo, la xenofobia y el terrorismo- y de algunos obispos ideologizados. El resto de la sociedad está muy tranquilo con esta ley.

Con la ley en la mano
EDITORIAL Libertad Digital  5 Junio 2002

Después de veinticinco años de eufemismos y cautelas mal entendidas para con los proetarras, la sociedad española y su clase política por fin han comprendido que después de Lizarra y de la tregua-trampa de Eta, la temida “fractura social” en el País Vasco que, supuestamente, habría provocado la ilegalización de Batasuna, en realidad ya se había producido hace mucho tiempo.

Mientras el PNV anduvo bordeando —sin traspasarlas— las fronteras de la Constitución y del Estatuto, la principal preocupación de las fuerzas políticas democráticas respecto de los nacionalistas vascos fue atraérselos con concesiones y un trato exquisito, para que se sintieran “cómodos” en el seno de una España democrática. El proceso de euskaldunización de la sociedad vasca que emprendió el PNV nada más llegar a Vitoria, la falsificación de la Historia en la escuela pública, en la Universidad y en las ikastolas, eran, según se veía entonces, un mal menor que era preciso aceptar para que los nacionalistas “moderados” no se dejaran arrastrar por los proetarras.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la tolerancia para con las mistificaciones y victimismos del PNV ha sido contraproducente. Los nacionalistas nunca renunciaron a su objetivo último, la independencia, y han aprovechado todas las oportunidades que la generosidad de los españoles les ha brindado para forzar un clima favorable, o al menos no hostil, al tránsito “pacífico” hacia la separación de España. El acercamiento del PSE tras la defenestración de Redondo Terreros, así como el apoyo que un sector muy importante de la Iglesia vasca, encabezado por sus obispos, son buenos ejemplos de ello.

En esa estrategia, los batasunos eran imprescindibles, pues constituían el eficaz contrapeso que permitía a los de Arzalluz situarse en el “centro” político vasco, en la “equidistancia” entre los “herederos del franquismo” y los independentistas radicales marxistas-leninistas. Por tal razón, el PNV siempre se ha mostrado contrario a la ilegalización de los proetarras, ya que su desaparición les colocaría en uno de los extremos de la escena política. Dejarían de ser los “moderados” para ocupar el lugar de los “radicales”.

No es extraño, pues, que el PNV haya movilizado todas sus influencias y su aparato de propaganda para intentar deslegitimar y desacreditar la iniciativa de PP y PSOE. Aun a pesar de que el PNV intentó que, por enésima vez, el PSOE sucumbiera a sus cantos de sirena, en esta ocasión Zapatero se ha mantenido firme, quizá porque, una vez destruido su programa inicial por los ataques de la vieja guardia, el actual líder del PSOE al menos querrá pasar a la Historia como el político que logró la unidad de acción de los demócratas contra el terrorismo, un logro que, a pesar de sus grandes desaciertos, nadie le puede negar.

Han tenido que pasar casi veinticinco años de vida democrática en España (una generación), para poder perseguir a los apologetas y colaboradores del terrorismo con la ley en la mano, sin los complejos de franquismo residual que han impedido durante todo este tiempo criticar los planteamientos nacionalistas así como poner freno a la impunidad con que los proetarras han escarnecido a las víctimas de los terroristas y han jaleado a sus verdugos mientras que recaudaban para Eta los fondos procedentes del chantaje y la extorsión. A partir de ahora, la principal preocupación de los batasunos será, en lugar de organizar algaradas callejeras y actos de apoyo a los terroristas, tratar de pasar inadvertidos a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso están tan nerviosos y amenazan con una “catástrofe”, como hizo el martes Pernando Barrena, portavoz de Batasuna en Navarra y miembro de la Mesa Nacional de este partido. Demasiados años de impunidad que, afortunadamente, tocan a su fin.

En tierra de silencios
Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia Contemporánea Universidad de Deusto ABC  5 Junio 2002

De los resistentes es la última palabra (Albert Camus)

«El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo...» era, es, el comienzo de una crónica, la de aquella muerte anunciada que inventó García Márquez en el papel. No recuerdo cuando leí por primera vez el relato, pero recuerdo el sobrecogedor impulso que me llevó a desear, en cada línea, en cada párrafo, en cada página, que se evitara aquella muerte absurda que condenaba a todos. La muerte, sin embargo, estaba ya anunciada; la calle, sin embargo, estaba ya volcada de luto; la tierra, sin embargo, había sido removida y arada con sangre. Y yo me preguntaba por qué aquel asesinado palpitaba tan próximo a mí, en mi cuarto, más allá de la ventana, en las calles de la ciudad... y sentía que era posible, en medio del silencio, que los cuchillos no alcanzaran a Santiago Nasar, que alguno de los mensajeros llegara a tiempo y él escapara, y, todavía hoy, cuando releo la novela, espero que la puerta de su casa no se abra. Y no sucede. La puerta se abre. Y Santiago Nasar vuelve a morir.

La única diferencia entre ayer y hoy es que ahora sé por qué aquel muerto en la ficción palpitaba tan próximo en la realidad, por qué su sombra caía en mi cuarto, y en las calles, y en la plaza que había detrás de mi ventana. Hay demasiados Santiago Nasar en el País Vasco. Hay demasiadas personas que caminan sin saber, sin querer creer -porque si creyeran la vida sería otra muerte- que esa misma mañana van a ser asesinados, que esa misma mañana se van a deshacer en pálidos retratos de su futuro olvido. Tras el asesinato de aquel concejal socialista de Orio, «tan anunciado», dijeron los vecinos -como si la ficción se convirtiera en realidad, y viceversa, la realidad en ficción- siempre que pienso en las víctimas de ETA, en las que han hecho callar y en las que todavía siguen hablando, me viene a la memoria esa frase premonitoria que abre Crónica de una muerte anunciada. «El día que lo iban a matar...»

Las víctimas del nacionalismo totalitario no tienen razón por ser víctimas pero están en posesión de una verdad moral indubitable, aquella que escribió Jean Améry al relatar su experiencia en los campos de concentración nazis: la verdad moral de los golpes que suenan en sus cráneos y que les confiere más legitimidad para juzgar, no sólo a los ejecutores, sino también a la sociedad que sólo piensa en su supervivencia. Los terroristas piensan que la experiencia de la sangre hace que la sociedad, o las personas individuales que la componen, dejen a un lado los principios para lograr la supervivencia, miren, en fin, hacia otro lado que no sea el del perseguido. Y por lo que parece, oyendo las declaraciones de PNV, EA, e IU, a las que carta pastoral mediante se han sumado los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, llevan razón. La polémica reforma de la ley de Partidos, que ha cosechado en las filas nacionalistas y en sus socios de izquierda una ronca reacción, ha servido para romper los pocos espejismos que sobrevivían a la vergüenza.

Y es que, después de tanto silencio y tanta muerte, quizá los bárbaros sean una solución. Tal vez por ello, en lugar de respaldar una ley que refuerza el Estado democrático de Derecho frente a la dialéctica del crimen, el tripartito que gobierna en Vitoria ha preferido combatirla y lanzar un cabo de legitimidad y salvación al nacionalismo totalitario. ¿O es que acaso piensan que el Parlamento no tiene legitimidad suficiente para quebrar, por medio de la ley, esa empresa de asesinato y extorsión, su entramado social y político, sus terminales de información letal y su espiral de confrontación, violencia y muerte? ¿ Piensan acaso que todas esas personas que habitan las listas de futuros muertos deben quedarse quietas, inmóviles en la vergüenza y la penuria, como enterradas vivas, enterradas hasta el cuello, esperando día tras día las últimas paletadas de sus siniestros enterradores?

En la vieja y bellísima película de Fritz Lang, El monstruo de Dusseldorf, el asesino de niños reivindica con tonos conmovedores su diferencia, las tempestades internas que le impulsan a realizar aquellos actos infames. Las complicaciones del corazón del monstruo son realmente dolorosas, pero ajenas al dolor de los demás y, tras haberlas sopesado, la ley termina condenando al asesino para impedirle sembrar más dolor. El PNV y sus socios políticos no solo se conmueven ante el monstruo sino que además deciden no condenarle, y para justificar su actitud se amparan en el sentir mayoritario del pueblo vasco, términos bastantes vagos, porque no se entiende bien en qué consiste esa abstracción , a la que deberían conformarse las leyes. Y, aunque lo supiéramos, el argumento se derrumbaría por su propia inconsistencia, porque siguiendo su hilo sería necesario perseguir menos o no perseguir en absoluto un crimen cuando éste es practicado a gran escala. Porque la Historia nos advierte del peligro: durante la República de Weimar los jueces afines al nazismo no aplicaban las normas que castigaban la violencia antisemita sosteniendo que dichas normas ya no se correspondían con el sentir común de los alemanes. Podríamos seguir citando más y más, pero basta con que los rostros de aquellos hombres y mujeres de los campos de concentración pasen ante nuestros ojos como filmados por una cámara que cae al vacío para saber qué puede ocultarse detrás de ese sentir mayoritario del que habla Ibarretxe.

De todos modos, que rechacen la ley de Partidos el PNV y EA, que anteponen la soberanía a cualquier otra consideración, o que lo haga IU, que hace tiempo que se bate con molinos inexistentes, no debería extrañarnos. Que lo hagan unos obispos so capa de que la puesta en práctica de la ley traería «consecuencias sombrías» al País Vasco, advierte hasta qué punto la violencia ha degradado el fluir humano de una sociedad aterrorizada, cansada y sedada , dominada por una tremenda esclerosis moral. ¿Cómo puede ser que los pastores crean en una paz construida sobre el olvido y la resignación de las víctimas y no sobre el coraje ético y cívico de los resistentes, de los justos ? Pues porque el hábito de sumisión de la sociedad vasca, su espinazo encorvado de «Basta ya» «ETA no» y manifestaciones silenciosas, no permite sino acatar esta forma abyecta de borrar las huellas.

Habría que recordar a quienes predican la resignación que el único altruismo moral que la Historia no ha deteriorado es el de emigrar hacia la vida de las víctimas para comprenderlas. Habría que recordarles que la aceptación como inevitable y normal de lo que es en sí mismo aberrante conduce al envilecimiento. Habría que preguntarles si piensan, como escribía irónicamente Adenauer que la mejor forma de aplacar a la bestia es permitiendo que te devore. Habría que gritarles que si no castigamos, si ni siquiera censuramos a quien jalea y ampara el terror estamos haciendo mucho más que «ensombrecer» el tiempo presente que malvivimos, estamos privando a las generaciones de mañana de todo sentido de la justicia.

Es así como crecen los verdugos, y no sólo por culpa de una labor educativa fundada en la enciclopedia del odio. Los jóvenes asimilan que la vileza nunca se castiga y que, al contrario, a veces incluso reporta sueldos parlamentarios. ¡Qué desasosiego, qué tristeza, vivir en una tierra donde no se impide que se abra la puerta de la casa, donde no se avisa a Santiago Nasar, donde se mira hacia otro lado mientras el muerto camina tranquilo, donde la mayoría silenciosa ve impasible cómo asesinan a Santiago Nasar, donde Santiago Nasar vuelve a morir un día y otro y otro y otro...!

Preparar la paz (de los cementerios)
Aleix Vidal-Quadras La Razón  5 Junio 2002

La carta pastoral de Ricardo Blázquez, Karmelo Echenagusia, José Mª Uriarte y Miguel José Azurmendi ha de ser leída con máxima atención para calibrar en toda su medida la viscosa maldad que encierra. Este texto melifluo, pusilánime y equívoco quedará sin duda como una mancha de vergüenza sobre la Iglesia vasca y, si no se produce una reacción inmediata de la jerarquía española y del Vaticano, como un baldón sobre el conjunto de la Iglesia universal. Llama la atención que la Conferencia Episcopal y Roma se hayan enterado por los periódicos del contenido del semejante monumento a la equidistancia entre el Bien y el Mal. Si los cuatro prelados firmantes prepararon su pronunciamiento de manera secreta, la maniobra revela mala conciencia y actitud conspiradora, y si mantuvieron informada a la superioridad, entonces apaga y vámonos.

Tienen razón los titulares de las sedes apostólicas de Bilbao, Vitoria y San Sebastián cuando afirman, citando al Papa actual, que el diálogo es el instrumento insustituible de toda «confrontación constructiva». Pero olvidan añadir un punto esencial: el conflicto planteado por Eta contra la democracia y los derechos humanos es destructivo hasta extremos vesánicos y, por consiguiente, no le es aplicable la atinada apreciación de Juan Pablo II. Al contrario, tal como Eta y Batasuna plantean el debate político, es decir, a través del asesinato y la tortura, no existe diálogo posible. El único camino ética y políticamente no ya correcto sino obligado es el de la acción judicial, policial y social para acabar con la banda y neutralizar a sus odiosos matarifes. Todo lo demás, los foros democráticos de reflexión sobre las causas del problema, las peticiones de medidas de acercamiento de presos, la búsqueda de síntesis apaciguadoras y demás zarandajas angelicales, sobran, y convierten a sus cultivadores en compañeros de viaje ¬conscientes o inconscientes¬ del crimen organizado.

El objetivo primordial a alcanzar no es la paz, como declaran enfáticamente los cuatro temblorosos mitrados, sino la verdad y la justicia. La paz será, en todo caso, una consecuencia benéfica del restablecimiento de tales valores sagrados, y este cambio en el orden de prelaciones basta por si solo para descalificar de raíz la base conceptual del mensaje de los obispos vascos. Si en cuestiones tan elementales no se tienen las ideas claras, no se está capacitado para orientar moralmente a los fieles y lo más honrado que se puede hacer es apuntarse directamente al PNV. Hasta la utilización de la expresión «durísima violencia» para referirse a las abominaciones terroristas denota sutilmente el tono implícitamente exculpatorio de este manifiesto criptonacionalista con pretensiones evangélicas.
Los obispos vascos nos han invitado a preparar la paz, pero no la calma serena y luminosa del templo, sino la sombría y helada de los cementerios.

Los que no perdonan
Por CARLOS DÁVILA ABC  5 Junio 2002

La impresión, casi la certeza, es que la nota que la Conferencia Episcopal Española publicó el pasado viernes fue cocinada, redactada absolutamente, en Pamplona, en el Obispado de monseñor Fernando Sebastián, que, como se sabe, es vicepresidente de la Conferencia.

La enorme prudencia que destila el comunicado se explica por la cercanía de Sebastián a sus colegas vascos, uno de los cuales, el auxiliar de Bilbao, Carmelo Echenagusía, parece ser también el escritor de la pastoral más protestada en la historia de la Iglesia de nuestro país. No hay razón ninguna para pensar que Fernando Sebastián conociera muy anticipadamente el trabajo de los vascos, como no existe argumento alguno para pensar que el presidente de la Conferencia, monseñor Rouco Varela, sospechara siquiera de las intenciones de unos miembros de su Conferencia que, por lo menos en teoría, admiten la superioridad jerárquica del arzobispo de Madrid.

Los cercanos al obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, están sugiriendo estos días una especie que aún hace más incomprensible y más grave el dislate. Dicen estas fuentes que los cuatro obispos de las tres provincias aceleraron la difusión del documento porque supieron que trescientos cincuenta y ocho sacerdotes vascos, navarros y franceses iban a presentar una propuesta radical a favor de la independencia y en contra, claro está, de la ilegalización de Batasuna. Es decir, que los cuatro obispos en cuestión quisieron, según estas generosas y estúpidas fuentes, anticiparse a sus subordinados y disimular el efecto letal que produciría con seguridad su patraña. La coartada no se sostiene, como no se sostiene aún otra igualmente mema: a saber, que los obispos no sabían lo que hacían. Esto es una tontería interesada de tomo y lomo. Sabían lo que hacían, sabían de parte de quién lo hacían, y sabían para qué lo hacían. Por tanto esperemos que, a lo más, tengan perdón de Dios; los mortales, de tejas para abajo no tenemos por qué perdonarlos. Menos lo harán las víctimas mutiladas por ETA y Batasuna, las familias de los asesinados, los chantajeados, los perseguidos, los acosados, los cientos de españoles que figuran en las listas de los asesinos y los que sienten -sentimos- de cerca, en el cogote, el aliento pútrido, criminal de los terroristas, sus colaboradores y sus amparadores. Todos estos no perdonan a los obispos; les producen asco.

El nacionalismo contra la catolicidad
Enrique de Diego Libertad Digital  5 Junio 2002

Entre los escenarios posibles, uno de los más impensables es que el presunto proceso de ilegalización de Batasuna degenerara en teológico o, al menos, en disputa de sacristía. Ello sirve para poner de manifiesto, cuando menos, la inoportunidad de la declaración de los obispos vascos. La situación está tan fuera de lugar, que no faltan quienes insinúan que el obispo de Bilbao ha tapado las vergüenzas diocesanas en Jersey o los que creen que se trata de una cortina de humo frente a la huelga general, de modo que los prelados habrían hecho, en el fondo, un favor al Gobierno.

El hecho de que los tres obispos, con la ausencia más que notable, en la mentalidad nacionalista, del de Navarra, hayan entrado en un campo tan estrictamente político, tan escasamente religioso, es casi la prueba del nueve de la importancia que la ilegalización puede revestir. Superior a la prevista por los que la hemos venido defendiendo. Los batasunos están habituados a vivir en la impunidad. Son los matones del barrio, y con frecuencia, en el sentido más terriblemente estricto. Pero muchos no están dispuestos a ir a la cárcel. No están preparados para pasar de ser perseguidores a perseguidos, de verdugos a reos. Ilegalizar a Batasuna es acabar con la dictadura del miedo. Es dudoso que los obispos vascos, al margen de perversiones morales, según el análisis de Aznar, pretendan su mantenimiento, aunque ese esquema pueda estar en sus aledaños entre los redactores curiales del tortuoso borrador, tan escaso de esencias cristianas. Hay frases, desde luego, escandalosas, como la que sugiere eliminar toda capacidad de discernimiento respecto a las relaciones entre Batasuna y ETA. Tiene su lógica interna: porque si Batasuna es lo mismo que ETA, los obispos estarían saliendo directamente en defensa de la banda terrorista, al margen de condenas retóricas.

La madre del cordero es que el PNV necesita a Batasuna para mantener una coartada de moderación y para amedrentar a los constitucionalistas, impidiendo el libre ejercicio de la política democrática. No deja de ser curiosa la postura de Anasagasti pidiendo a la Conferencia Episcopal, ni más ni menos, que se alinee con los obispos vascos, cuando la primera víctima del esquema es la propia Conferencia Episcopal, a la que éstos pretenden vaciar de contenido en nombre de un tácito soberanismo de los báculos. Si en el País Vasco se han levantado voces contra la llamada pastoral, en el resto de España hay una indignación monumental, casi unánime. Piqué anuncia alguna postura oficial del Vaticano. Los obispos vascos han cuestionado la catolicidad en nombre de uno de sus peores enemigos: el nacionalismo.

El clero nacionalista vasco no pide perdón
Pío Moa Libertad Digital  5 Junio 2002

Una causa profunda del arraigo del nacionalismo vasco, incluido el del tiro en la nuca y el coche bomba, radica en la actitud de buena (o mala) parte del clero. A esa parte, al parecer dominante en Vasconia, le han subyugado las promesas antiliberales y semiteocráticas del nacionalismo, junto con la emotividad pueril de guiar a una especie de “pueblo elegido”. Debía hacerse una antología de sandeces escritas por curas nacionalistas sobre el Rh negativo, la “raza” vasca como la más alejada del cuadrúpedo, la equiparación del terrorista muerto por su propia bomba con el espíritu de Cristo, etc.

Durante la guerra civil, el PNV, y con él numerosos curas, tomaron partido por los revolucionarios, organizadores de la gran matanza de eclesiásticos y católicos, de la quema y saqueo de iglesias, etc., y desplegaron una intensa campaña internacional para disimular o negar tales hechos. Las tropas de Mola fusilaron en Guipúzcoa a 14 clérigos nacionalistas, y el clero peneuvista denunció el crimen a todos los vientos. Pero, como observa Madariaga, hay gran distancia de esos fusilamientos esporádicos, “por razones políticas, y a pesar de ser sacerdotes, a una persecución sistemática y a un asesinato en masa de sacerdotes precisamente por serlo”. Colmo de doblez, el PNV y su clero pasaron por alto el asesinato de 55 sacerdotes en la zona vasca dominada por ellos y los revolucionarios conjuntamente, y el de cientos de curas vascos en el resto de España.

Terminada la guerra, parecieron irse diluyendo esos problemas. En los años duros del franquismo, ni el clero nacionalista ni el PNV hicieron nada digno de mención. Pero en los años 60, cuando la dictadura evolucionaba hacia un creciente aperturismo, aquellos aprovecharon el riesgo mucho menor, e imbuidos de la teología de la “liberación” y del “diálogo cristiano-marxista”, ayudaron poderosamente y participaron en el resurgir de las fuerzas que habían llevado a la guerra civil, y sin que éstas hubieran cambiado gran cosa. Esa parte de la Iglesia apoyó a la extrema izquierda antidemocrática: al comunismo, a diversos grupos maoístas y al terrorismo nacionalista, en Vasconia y en el resto del país. Después de Franco, siguen comprometidos con la plaga etarra.

El episcopado no firmó el Pacto Antiterrorista. Tampoco tenía por qué. Por contra, ahora los obispos nacionalistas y numerosos curas han tomado partido a favor de la ETA. No lo dicen así, naturalmente. Dicen buscar la paz… potenciando con toda suerte de ventajas legales a quienes la perturban. Con esa demagogia envenenan y envilecen a miles vascos que se dejan pastorear por ellos. En realidad no predican la paz, sino la justificación del crimen.

La libertad, de la que está privada buena parte del pueblo vasco por la vesania nacionalista, apenas les importa. Ni las víctimas. Como decía Anguita de Pujol, en frase afortunada, “predican el odio con palabras suaves”. No piden perdón por semejante historial. Al contrario, creen que deben pedírselo los demás a ellos

La pastoral vasca
José Luis Manzanares La Estrella  5 Junio 2002

Lo más triste del panfleto político que los obispos vascos denominan pastoral es que a nadie ha pillado de sorpresa. Podía no haberse escrito pero, una vez tomada la decisión, pocas dudas cabía abrigar sobre su contenido. Los españoles no hemos olvidado el desamparo de las víctimas del terrorismo etarra, los entierros huérfanos de todo consuelo parroquial, los funerales a regañadientes o el escaso apoyo eclesiástico a quienes sufren y mueren por defender su derecho a vivir como seres libres, como hijos de Dios y no, necesariamente, de un racista llamado Sabino Arana. Y habríamos de ser desmemoriados profundos —cuando no descerebrados totales— para no recordar los estrechos vínculos entre el nacionalismo y amplios sectores el clero vasco, incluyendo en ocasiones la derivación de aquel hacia el totalitarismo asesino.

La nueva, coordinada y meditada incursión de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria por los pagos políticos de lo opinable produce, más que cualquier otro sentimiento, el de una enorme pena. Verdad es que llevamos décadas recibiendo un mensaje eclesiástico que se identifica con el que imparte el PNV, pero aun así, esta última dosis conduce directamente a la náusea. Se insiste en la eterna equidistancia entre los etarras, a los que se exhorta para que abandonen la senda del pecado, y sus víctimas, culpables en definitiva del comprensible descarrío de sus verdugos. Todo se arreglaría si los “españolistas” se plegaran a las exigencias de un separatismo que con ayuda del crimen organizado pretende romper nuestro único marco de convivencia pacífica: la Constitución y el Estatuto de Guernica. Se explica así la reacción contra la temida ilegalización de Batasuna, sean cuales fueren sus conexiones con la banda terrorista (según escriben literalmente los cuatro prelados).

Las campanas tocan a rebato para conjurar el peligro que se cierne sobre la rama política de ETA, y evitar de paso que la suerte de sus víctimas empeore. Comprensión y diálogo son las palabras mágicas, y mientras tanto resignación cristiana. La iniciativa de los obispos ha sido seguida de inmediato por un manifiesto de más de trescientos sacerdotes que, naturalmente, han querido aportar su granito de arena a la causa común. No se pronuncian dentro de un colectivo civil, sino como cerrada falange de la Iglesia vasca, la misma que, según Mayor Oreja y Otegi (extraña coincidencia), se ha retratado con la pastoral que tanto ha gustado a Arzalluz, a Ibarretxe, a Batasuna y —es un suponer— a ETA. El nacionalismo clerical o clericalnacionalismo, no se entiende bien en el seno de una Iglesia católica, es decir, universal, que dé a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. La tolerancia cero en los terrenos del aborto y de la pederastia de algunos sacerdotes norteamericanos debería extenderse al terrorismo vasco. Roma tiene la última palabra.

La cabeza del pescado
Lorenzo Contreras La Estrella  5 Junio 2002

La famosa pastoral de los tres obispos del País Vasco, aparte de alimentar una polémica ya vieja sobre el papel de la Iglesia en aquella comunidad, ha creado una triple división: la primera en el seno de la Conferencia Episcopal, donde difícilmente puede asumirse la tesis fundamental del documento llamado "Declaración por la paz" o "Preparar la paz", según la cual debe ser evitada la ilegalización de Batasuna "sean cuales fueren las relaciones entre Batasuna y ETA".

La segunda división o fractura se produce dentro de la propia Iglesia vasca, donde no todo el clero sale por los registros nacionalistas.

La tercera sigue la línea de separación entre nacionalistas y no nacionalistas dentro de la sociedad vasca, independientemente de las convicciones o sentimientos religiosos de sus miembros.

Monseñor Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, se inventó el argumento de que "acababa" de enterarse del documento de sus colegas, aunque la verdad es que difícilmente habría podido frenarlo. Su problema, y el de la Conferencia en su conjunto, es pronunciarse sobre el contenido, porque entonces la distancia entre lo que podríamos llamar Iglesia española e Iglesia vasca adquiriría proporciones siderales. El Vaticano, nada dispuesto a meterse en el embrollo, tendría entonces un directo motivo de implicación que hoy puede ir soslayando. La extensión el conflicto podría afectar a exteriorizaciones que todavía no se han dado en la Iglesia catalana, por ahora silenciosa, pero no indiferente. Claro está, sin embargo, que un Papa valetudinario no está para estos envites, que se le acercan por tanto en el peor momento de su pontificado. Una cosa es que intervenga en el caso de los obispos pederastas y otra que, como suele decirse, se involucre en una cuestión política donde se ventilan posiciones nacionalistas. Amonestar en lo primero es mucho más fácil que introducirse en el terreno minado de esos otros intereses.

Aunque el obispo de Pamplona, Fernando Sebastián, no haya secundado la "pastoral", en contraste con actitudes de colaboración que en circunstancias menos peligrosas mantuvo, Navarra no queda ajena al conflicto de la Iglesia vasca en sus relaciones con el Gobierno español. Hay, por consiguiente, otra derivación del problema. Monseñor Sebastián mira hacia Madrid con habilidad. Procura no romper con todo lo que Madrid, política y eclesialmente, representa. Pero en las últimas comparecencias del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, ya se dejó ver el antiguo obispo de Pamplona, hoy emérito, monseñor Cirarda. Allí estaba este cauto prelado, intentando "pintar" lo que no puede asumir oficialmente, pero sí testimonialmente.

Hay un viejo dicho que se formula más o menos así: "El poder, como el pescado, se pudre por la cabeza". La Iglesia vasca está experimentando desde hace tiempo, y en este momento más que nunca, la vigencia de ese aserto. Su cabeza ya se pudrió en la etapa de monseñor Setién, el gran ideólogo mitrado. La cosa tiene mal remedio. Y no porque el miedo haya hecho estragos en el estamento episcopal vasco. ETA no atentó jamás ni atentará contra la Iglesia, sobre todo la vasca, y los obispos y clérigos lo saben. Lo que existe es solera nacionalista de largo depósito. No es el PNV quien más colabora con las radicalidades abertzales. Es la Santa Madre en versión independentista. Un pescado incomestible.

Enclaves episcopales
JAVIER PRADERA El País  5 Junio 2002

La réplica inicial del Gobierno a la carta pastoral -Preparar la paz- publicada el pasado jueves por los obispos del País Vasco resulta difícilmente comprensible para la opinión laica de una sociedad secularizada. El 'disgusto y malestar' expresado por el ministro Piqué al nuncio a propósito de ese documento episcopal y la queja presentada a la Secretaría de Estado del Vaticano por el embajador ante la Santa Sede parecen sacados de la guardarropía de un polvoriento drama histórico; a comienzos del siglo XXI, el desplazamiento al ámbito diplomático de los conflictos entre los gobernantes de un Estado democrático y los ciudadanos de su misma nacionalidad administradores de una confesión religiosa resulta esperpéntico. La reclamación del ministro de Asuntos Exteriores ante la Santa Sede no ha tenido -al menos hasta ahora- más éxito que la protesta doméstica cursada simultáneamente a la Conferencia Episcopal.

¿Cómo cuadra este pintoresco episodio con el artículo 16 de la Constitución de 1978, según el cual 'ninguna confesión tendrá carácter estatal?'. El escandaloso precio cobrado por el Vaticano a Franco a cambio de la ayuda interior e internacional prestada durante la guerra y el temor de los Gobiernos de la transición a las consecuencias desestabilizadoras para las instituciones democráticas de una política dirigida a mermar las abusivas ventajas arrancadas por la Iglesia a la dictadura contienen la respuesta a esa pregunta. El Concordato de 1951 confirió exorbitantes privilegios a la jerarquía católica en materias propias de la soberanía estatal: desde fondos presupuestarios y beneficios fiscales hasta el control de la educación, pasando por la policía de las costumbres y la censura de publicaciones y espectáculos; los acuerdos de 1979 consagraron la cesión de un enclave clerical dentro del Estado no confesional a los obispos de designación vaticana.

Lejos de limitar ese ámbito de extraterritorialidad, Aznar ha promovido hasta ahora su expansión. La aparición cómico-picaresca del ecónomo del Arzobispado de Valladolid en el escándalo de Gescartera permite vislumbrar cómo la Iglesia administra los dineros recibidos del Estado o de los fieles y se aprovecha de las exenciones fiscales. El sonrojante regalo hecho a la Conferencia Episcopal Española por la ministra de Educación, dispuesta a situar el adoctrinamiento catequístico dentro de la Ley de Calidad como una asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, marcha en paralelo con la discriminación laboral padecida por los profesores que los obispos contratan para propagar el catolicismo.

Como sucede con las muñecas rusas, el enclave dentro del Estado no confesional administrado por la Conferencia Episcopal contiene otro espacio autónomo: la Iglesia del País Vasco. El emparejamiento matrimonial entre nacionalismo y clero se remonta a los tiempos de Sabino Arana y del proyecto de Gibraltar vaticanista descrito por Indalecio Prieto durante la etapa republicana: si el texto Preparar la paz refleja las actuales ideas del PNV, la truculenta proclama difundida dos días después por 358 belicosos sacerdotes está al servicio de Batasuna. A diferencia del combativo documento de los curas radicales, la moderada carta pastoral condena de manera rotunda a ETA (incluidos sus cómplices), muestra preocupación por los concejales del PP y del PSOE sometidos a las amenazas terroristas y admite el pluralismo de identidades compartidas dentro del País Vasco. El desaforado rebote del Gobierno ante la carta pastoral tiene otros motivos: abstracción hecha de sus referencias a la tortura y al acercamiento de los presos, los puntos más oscuros del texto son la descalificación sin ningún argumento jurídico o moral de la Ley de Partidos, la condena equidistante de la 'fuerza ciega' y del 'puro imperio de la ley' como vías para construir 'la casa común' vasca y el pragmático rechazo de cualquier forma de ilegalización del brazo político de la banda terrorista, 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA'. Pero la Ley de Partidos no es la primera norma sometida a presiones episcopales en su tramitación parlamentaria: los obispos (españoles y vascos) también intentaron impedir años atrás, con la connivencia entonces no del PNV, sino de los populares, la aprobación de las leyes de divorcio, del aborto y de la enseñanza.

 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO / Arenas: «Queremos que sirva para que los violentos dejen de acabar con sus adversarios con el tiro y la extorsión» / López Garrido: «Esta democracia ha sido muy generosa con la Iglesia»
El Congreso aprueba la Ley de Partidos con el 95% de los votos
AGUSTIN YANEL El Mundo  5 Junio 2002

MADRID. Tres horas de debate fueron suficientes ayer a los diputados para que aprobaran, en el Pleno del Congreso, el proyecto de reforma de la Ley de Partidos Políticos, una de las más importantes de cualquier Estado democrático, que presumiblemente servirá para ilegalizar a la formación política abertzale Batasuna. Cada grupo parlamentario mantuvo sus ya conocidas posiciones y, finalmente, la votación fue la que se esperaba: de los 320 diputados presentes, 304 votaron a favor (un 95%) y 16 en contra.

Como el Grupo Parlamentario Popular había aceptado previamente 80 enmiendas presentadas por el propio PP, el PSOE, Convergència i Unió y Coalición Canaria, para mejorar el proyecto de ley que había redactado el Gobierno, esos cuatro grupos y el Partido Andalucista apoyaron el texto. Pero, además, tuvieron un inesperado e involuntario aliado, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que, después de haber sido el más crítico contra esta futura ley votó a favor de ella porque se equivocó al apretar el botón desde su escaño. En la práctica daba igual.

El resto de las enmiendas, presentadas por Izquierda Unida, PNV, Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa per Catalunya-Verds y Esquerra Republicana de Catalunya fueron rechazadas.

Dudas de varios partidos
Uno tras otro, los portavoces de estos partidos de la oposición insistieron en que este proyecto de ley no va a servir precisamente para combatir el terrorismo y pusieron en duda que sea un texto constitucional. Pero, como se esperaba, no tuvieron ningún éxito.

Ahora, el texto que ha elaborado la Comisión Constitucional del Congreso y que ayer aprobó el Pleno pasará al Senado, que ha convocado una sesión extraordinaria para el próximo 25 de junio en la que aprobará la ley. Así, la nueva Ley de Partidos Políticos podrá entrar en vigor a finales de este mes o a principios de julio.

Tras escuchar a los portavoces de todos los partidos, unos a favor y otros en contra del proyecto de ley, el secretario general del PP, Javier Arenas, dijo que el texto que preparó el Gobierno ha mejorado mucho con las enmiendas, aunque «se mantienen los principios esenciales de la ley».

«Queremos que esta ley sirva para que los violentos dejen de acabar con sus adversarios con la única dialéctica que tienen: la del tiro y la extorsión», añadió.

El diputado de Izquierda Unida Luis Carlos Rejón recordó que, hace seis años, José María Aznar, se oponía a declarar ilegal a Herri Batasuna porque lo consideraba inútil. Como respuesta, Javier Arenas indicó que los últimos seis años han servido «para certificar la identificación absoluta de ETA y un partido violento que se viste de democrático» [Batasuna].

En nombre del PSOE, el diputado Diego López Garrido manifestó que esta ley no persigue ninguna ideología, en contra de lo que sostienen otros partidos de la oposición, sino que, bien al contrario, con ella se pretende que se puedan «defender todas las ideas y que puedan existir todos los partidos». «Esta es la ley que haría la Unión Europea si tuviera competencias para regular los partidos políticos», precisó.

Igual que otros portavoces, López Garrido se refirió durante su intervención a la polémica pastoral que han firmado los tres obispos vascos en contra de esta ley. «Con la Iglesia católica esta democracia ha sido muy generosa, más allá de lo que sería lógico en un Estado laico como el español, y no esperábamos que la respuesta de una parte de esa Iglesia fuera con esta falta de solidaridad ante un problema tan importante como el terrorismo», indicó.

CiU apoyó la ley, pero votó en contra del apartado por el que se concede al Congreso y al Senado la posibilidad de que puedan solicitar la ilegalización de un partido político. Según este grupo catalán, eso debiera corresponder sólo al Gobierno o a la Fiscalía.

Manuel Silva, de CiU, dijo que las 36 enmiendas aceptadas de las 38 que presentó su grupo han servido para que la ley garantice el pluralismo y la libertad ideológica, aunque duda de que la ley sea eficaz contra el terrorismo.

Joan Saura, de IC-V, afirmó que esta ley es «un grave error político» y que «no va a servir para luchar contra el terrorismo», lo mismo que opinó Carlos Aymerich, del BNG. Joan Puigcercós, de ERC, aseguró que lo que busca el Gobierno es «carnaza electoral para la España española».

Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, lamentó que no haya habido diálogo para buscar el consenso, sino muchas prisas en aprobar la ley. Por el PNV, Josu Erkoreka, indicó que se trata de una ley «obsesiva» contra los partidos y que parece hecha expresamente para declarar ilegal a Batasuna.

Mayor Oreja dice que el terrorismo es el resultado «de una mentira histórica»
Elogia la labor de las fuerzas de seguridad en el aniversario del asesinato de José María Pedrosa
M. A./DURANGO El Correo  5 Junio 2002

Jaime Mayor Oreja aseguró ayer en Durango que el terrorismo es la consecuencia de «una gran mentira de la historia del País Vasco que ha hecho añicos nuestra convivencia» e hizo hincapié en la necesidad de «combatir, condenar y erradicar ese engaño» con iniciativas como la Ley de Partidos. El dirigente del PP efectuó estas declaraciones en el transcurso de la entrega del Premio Jesús María Pedrosa, instaurado en recuerdo del concejal popular asesinado hace dos años en la localidad vizcaína, que en esta edición ha recaído en la Guardia Civil y la Ertzaintza por su defensa de las libertades y los derechos democráticos.

«Los historiadores poco a poco irán poniendo de manifiesto esa mentira histórica, pero los que vivimos el presente, que no somos historiadores, tenemos la obligación moral, ética, de atrevernos a decir la verdad y eso es, ni más ni menos, es lo que en mi opinión hacemos hoy con la Ley de Partidos», subrayó. Mayor Oreja puso la figura de Jesús María Pedrosa como ejemplo de esta afirmación: «El no era un enemigo de Durango ni del País Vasco, era todo lo contrario, pero le mató una mentira. En nuestras ciudades algunos mienten y otros asesinan; algunos gritan enemigo, torturador, carcelero y txakurra , y otros matan. Y el que hace ese grito -concluyó- es tan responsable moral, como el que ejecuta materialmente la acción del asesinato».

Sobre la Ley de Partidos, el dirigente popular añadió que es una iniciativa que «se hace pensando en las víctimas» del terrorismo, y con la que pretenden evitar la resignación, así como «el abuso y la impunidad del verdugo». Tras hacer entrega, junto a Mari Carmen Hernández, la viuda de Pedrosa, de una placa con una reproducción de un retrato a plumilla del concejal asesinado a los responsables del puesto de mando de la Guardia Civil y la comisaría de la Ertzaintza de Durango, Mayor Oreja destacó la importancia de «manifestar el orgullo que tenemos muchos vascos» por la tarea que desarrollan en el País Vasco las fuerzas de seguridad.

Por la mañana, los concejales del PP de la comarca, junto a la alcaldesa de Durango y representantes otros partidos, acompañaron a la familia de Pedrosa en la misa que se ofició en su memoria.

Austria obligará a los inmigrantes a hablar alemán bajo la amenaza de expulsión
La medida afectará a 18.000 personas el año que viene, que tendrán que sufragar la mitad de las clases
AGENCIAS | Viena El País  5 Junio 2002

El Gobierno austríaco, formado por una coalición de derecha y extrema derecha, se ha sumado al endurecimiento de las leyes de extranjería que se está produciendo en toda Europa. Así, Viena ha aprobado un borrador que establece la obligatoriedad de aprender alemán a los inmigrantes que entren a partir del 1 de enero de 2003 en Austria y a los residentes en el país desde el 1 de enero de 1998.

De acuerdo con la normativa, que amplía las excepciones a esa obligatoriedad fijadas por el borrador acordado el pasado 4 de marzo por el Gobierno, los extranjeros que al cabo de cuatro años no hayan aprendido alemán perderán el derecho de residencia. El texto prevé otras penalizaciones previas a la expulsión, como la suspensión de las ayudas sociales y de desempleo.

El texto, llamado Tratado de Integración, ha sido adoptado esta mañana por los partidos de la coalición de Gobierno austríaca: el democristiano (OEVP) y el liberal (FPOE), con mayoría en el Parlamento federal, lo que garantiza su aprobación en la cámara.

Los grupos exentos
La ley estipula varias excepciones para no estar obligado a recibir clases de alemán, entre las que figuran, por ejemplo, los niños y colegiales, los ciudadanos del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los ciudadanos de países con los que Austria tenga acuerdos bilaterales especiales.

Asimismo, se librarán de las clases los refugiados, según la Convención de Ginebra, y aquellos de los que el funcionario responsable de un distrito crea que pueden comunicarse suficientemente bien en alemán, así como, según el nuevo texto, los altos ejecutivos y las personas gravemente enfermas y mano de obra clave que permanezca menos de dos años en Austria.

La nueva ley de extranjería afectará el próximo año a unas 18.000 personas, la mayoría procedentes de los países del centro y del este de Europa vecinos a Austria, pero también provenientes de EE UU y Canadá, según fuentes del Gobierno.

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