AGLI

Recortes de Prensa     Martes 25 Junio  2002
Un boicot permanente
Enrique de Diego Libertad Digital  25 Junio 2002

Méndez
Iñaki EZKERRA La Razón  25 Junio 2002

Grave agresión
Editorial El Correo  25 Junio 2002

El gobierno y los otros poderes
EDURNE URIARTE ABC  25 Junio 2002

La ley que tardó en nacer
Alejandro MUÑOZ ALONSO La Razón  25 Junio 2002

Chaves e Ibarretxe contra el Estado
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  25 Junio 2002

Nihilismo episcopal
AURELIO ARTETA El País  25 Junio 2002

Sin novedad en la Iglesia
Lorenzo CONTRERAS La Razón 25 Junio 2002

Ana Urchueguía Alcaldesa de Lasarte-Oria/«Es aterrador oír a mil personas llamándote asesina»
JORGE SAINZ/SAN SEBASTIÁN El Correo 25 Junio 2002

Joseba Arregi apela a la memoria de las víctimas «para construir la libertad»
J. GARCÍA/BILBAO El Correo 25 Junio 2002

ETA «es lo mismo» que su entorno, dice el presidente de la Audiencia Nacional
J. A. B./COLPISA. MADRID El Correo 25 Junio 2002

La política como mercadeo
Ignacio Villa Libertad Digital 25 Junio 2002

La responsabilidad del nacionalismo
ROGELIO ALONSO El Correo 25 Junio 2002

La alcaldesa de Lasarte denuncia una campaña proetarra para que renuncie a la reelección
GENOVEVA GASTAMINZA | San Sebastián El País 25 Junio 2002

Un boicot permanente
Enrique de Diego Libertad Digital  25 Junio 2002

La idea de que Batasuna boicotea a las instituciones democráticas no se deriva de que sus cargos se vistan de payasos o protagonicen plantes frente a la reforma de la Ley de Partidos. Estos gestos son, de hecho, la confirmación de las previsibles virtudes de eficacia que la reforma contiene. El boicot de Batasuna a la democracia es permanente y forma parte de la estrategia totalitaria y genocida de la banda terrorista, con la que es una sola cosa.

El terrorismo no sólo trata de imponer unas ideas mediante la violencia o pretende obtener ventajas políticas de los asesinatos; además, intenta utilizar en su provecho los beneficios del sistema. Esa es una constante de la nueva estrategia de los movimientos terroristas –restringidos a Eta y al fundamentalismo islámico–. Se pretende establecer una especie de derecho al asesinato que pervierte valores como la presunción de inocencia o la inmunidad parlamentaria. Es un combate difícil, porque aprovecha las contradicciones internas, pero existe la suficiente experiencia para saber que la democracia no puede ser un sistema melifluo, sino que se basa en fuertes convicciones, desde las que el terrorismo, en sus diversas formas, puede y debe ser combatido.

La presencia en las instituciones parlamentarias para acabar con ellas, para obtener información que lleve al asesinato del resto de representantes, para hacer seguimientos y marcar objetivos, para conseguir una posición de ventaja de cara a los atentados, no puede ser amparada por la tolerancia, sino combatida desde ella, salvo que se asuma, según los delicuescentes criterios de lo políticamente correcto, como una forma extrema de estupidez, como una complicidad con el suicidio. La democracia sí proscribe las ideas que pretenden acabar con ella, máxime si lo hacen mediante la violencia, aunque eso es una redundancia porque la democracia es precisamente la forma política que elimina la violencia del debate y permite la alternancia en el poder mediante métodos pacíficos. Esta obviedad, extraída de praxis terribles como el nazismo o el comunismo, ha sido sistemáticamente desconocida por la Justicia española, última razón que ha exigido la reforma de la Ley de Partidos.

Méndez
Iñaki EZKERRA La Razón  25 Junio 2002

Lo vi en la tele discutiendo las cifras oficiales de participación en el 20-J y me pareció normal, tanto si esas cifras eran discutibles como si no. La obligación de quien convoca una huelga general es decir que ha sido un éxito clamoroso aunque ese día haya trabajado de sol a sol hasta el conde Lecquio. Lo que ya no me parece normal es lo que a Méndez se le ocurrió decir para poner nervioso al Gobierno: «Si nuestros cálculos son falsos, habrá que revisar los que se han dado sobre la participación en las manifestaciones contra el terrorismo».

Al parecer Méndez es de los que piensan que contra Aznar vale todo, hasta aquello que va contra todos. De acuerdo, imaginemos que, en efecto, las cifras que se hubieran dado sobre la reacción ciudadana contra Eta estuvieran infladas. ¿A quién beneficia cuestionarlas públicamente? ¿A quién se cree Méndez que está haciendo daño con esa sonrisa picarona? ¿Sólo a Pío Cabanillas? ¿A qué clase obrera representaba en ese momento? ¿Los obreros de este país se sienten representados por un tipo dispuesto a aclarar que en la calle hubo cien mil personas menos de las que se creía cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Se imagina Méndez (¿listo, que es un listo!) a Elorrieta, el «sindicalista» del PNV, cuestionándole a Otegui el éxito de la manifa contra la Ley de Partidos?

Con la utilización torpe y mezquina de ese arma ¬el del «presuntamente inflado» rechazo social al terrorismo¬ Méndez se ha retratado bien. Ya se ha visto más de lo que él quisiera que se viese. Ya ha dejado claro que para él Eta es un problema de la Moncloa en el que, aunque sólo sea por joder, se puede hurgar irresponsable y alegremente. Con esa sonrisa chantajista de «¿a que no te esperabas esto?» ya ha demostrado lo que se puede esperar de él no ya en lo que se refiere a la cuestión terrorista sino a cualquier otra. Esa salida de pata de banco lo inhabilita hasta para hablar de su huelga. Porque una cosa es entrar desde un sindicato al juego político y otra tomarse el sindicalismo y la política como juego, sobre todo cuando se trata de jugar con las cosas de comer, las cuales Méndez se toma bastante en serio a juzgar por su aspecto.

Bien. Yo le emplazo a Méndez a que revise esas cifras del Gobierno sobre la reacción ciudadana contra Eta. Yo es que le animo a Méndez. ¿Adelante, hombre! Esas cosas se dicen para hacerlas. Esos faroles no se echan por echar. El «caso Méndez», como tantos, demuestra que las zancadillas para luchar contra el terror no están sólo en Euskadi. ¿Con gente así a dónde vas! Igual a Méndez, que es un currela muy curtido, lo del rechazo social a Eta le parecen «mariconadas del PP». No sé. Digo.

Grave agresión
Editorial El Correo  25 Junio 2002

La agresión sufrida el pasado domingo por la alcaldesa de Lasarte, la socialista Ana Urchueguía, constituye, por muchas razones, uno de los ataques más graves que en Euskadi han padecido la libertad y la dignidad humana en los últimos años. Quienes orquestaron el cruel acto de violencia física y agravio moral en el frontón Atano III de San Sebastián eran perfectamente conscientes de que con su proceder emulaban la brutalidad que supuso el asesinato de otro lasartearra, Froilán Elespe, compañero de partido y corporación de Ana Urchueguía. El numeroso grupo de personas -jóvenes en su mayoría- que participó en tan execrable manifestación de intolerancia y barbarie supone un dato tan descorazonador como la impasibilidad mostrada por los demás asistentes al evento deportivo. El hecho representa uno de los ejemplos más elocuentes de cómo el fanatismo violento se vale de la impunidad que les procura el tumulto o la indolencia social para perpetrar sus sistemáticos ataques contra la convivencia y contra la vida.

La persona agredida se encontraba en el frontón donostiarra representando al Ayuntamiento de Lasarte en un acto eminentemente cívico como es la final del torneo Interpueblos de pelota, a la que habían llegado los pelotaris de la localidad. Ello demuestra cómo los energúmenos cómplices del terrorismo tratan de apropiarse de los espacios lúdicos para expulsar de ellos a quienes en realidad pretenden deportar del País Vasco y de la vida misma. Habrá quien, desde la doblez moral que aprisiona la dignidad en Euskadi, deplore lo ocurrido, pero sugiera que cargos públicos o ciudadanos con alguna significación deberían renunciar a estar presentes en lugares y acontecimientos en los que puedan imponerse los intolerantes. Pero precisamente esos ciudadanos vascos que padecen la coacción cotidiana, han de adoptar medidas de protección o son conminados a claudicar de sus valores como condición para preservar su tranquilidad, constituyen la gran barrera que soporta el embate liberticida y terrorista impidiendo que afecte directamente al resto de la sociedad. Es algo que deben tener en cuenta los nacionalistas demócratas. Entre otras razones porque la experiencia constata que cuando ese dique flaquea o el nacionalismo violento no se encuentra con él enfrente, sus ataques terminan dirigiéndose contra quienes hoy por hoy contemplan hechos como los del frontón Atano III con una mezcla de desagrado e indiferencia.

Resulta preocupante y significativo que la noticia de un acto tan ignominioso, perpetrado en medio de un acontecimiento público, tardara tanto en llegar a la opinión pública el propio domingo. Una nueva muestra de que el silencio insolidario e insensible sigue atenazando demasiadas conciencias y brindando a la impunidad su recurso más eficiente.

El gobierno y los otros poderes
por EDURNE URIARTE. Profesora de Ciencia Política de la UPV ABC  25 Junio 2002

¿TIENE legitimidad el gobierno para criticar las decisiones de los jueces y magistrados? ¿O para criticar a instituciones de la sociedad civil como la Iglesia? Según bastantes de las voces que han surgido en las recientes polémicas en torno a la decisión del Supremo sobre el caso Otegi o en torno a la pastoral de los obispos vascos, la respuesta es negativa. Porque el gobierno debería limitarse a respetar y acatar las decisiones judiciales y a no interferir en la autonomía de los diferentes ámbitos de la sociedad civil. Detrás de esta consideración hay unos argumentos de peso, pero también una interpretación algo simplista del poder que penaliza en exceso al gobierno y a los políticos y que descuida la necesidad de controles de los otros poderes o la responsabilidad de la sociedad civil.

La interpretación de la teoría liberal y democrática dominante en nuestros días en torno a la división de poderes o en torno a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil otorga al gobierno un poder supremo susceptible de excederse en todo momento, inevitablemente sospechoso de culpabilidad por sus dimensiones. Se supone que el poder del gobierno tiende a extralimitarse, y más el de los gobiernos parlamentarios con un legislativo bajo su control, y se considera que sólo el poder judicial o la sociedad civil pueden poner límites a su tendencia casi natural a los excesos. De ello se infiere que es lógico que los otros poderes del Estado hagan de contrapeso al gobierno o que la sociedad civil lo critique, pero no que la crítica se produzca en el otro sentido.

A pesar de que esta lectura de los poderes en las democracias se sustenta en algunos argumentos sólidos, descuida, sin embargo, las responsabilidades de los otros poderes del Estado y sus capacidades de autocrítica o las responsabilidades de la sociedad civil, tanto de los ciudadanos como de algunas de sus instituciones más influyentes como es la Iglesia.

Tendemos a olvidar que el poder judicial es otro poder del Estado, cuyas decisiones tienen enorme trascendencia en las vidas de los ciudadanos. También tendemos a olvidar que aunque los políticos tienen capacidad para influir en el poder judicial, también éste puede a su vez determinar la acción de los otros poderes del Estado, y, por lo tanto, los resultados de la democracia. Es esa capacidad de influencia del poder judicial la que lo hace también susceptible de errores con consecuencias políticas y sociales y destinatario de una acción de control democrático del que no puede librarse ninguno de los poderes.

Cuando la Sala Penal del Supremo resuelve que la apología del terrorismo no es terrorismo, que es un delito de opinión y que no se puede perseguir porque se ha producido en el extranjero, toma una decisión de gran trascendencia, no sólo en la acción del conjunto de los poderes en la lucha contra el terrorismo, sino en las víctimas pasadas y potenciales de ETA. Y los jueces no se limitan a aplicar la ley. Sus decisiones no son mecánicas, porque la mayoría de los casos ofrece un margen de interpretación en el que deben ponerse a prueba la capacidad de análisis, la inteligencia y el sentido común de los jueces.

Y los jueces son, además, seres humanos, que se pueden equivocar, como los políticos, los periodistas o los obispos. No sólo eso. Además, como miembros de una sociedad, están inevitablemente influidos por las ideologías, y difícilmente se pueden sustraer a las luchas ideológicas y partidistas. Todo lo anterior es un conjunto de consideraciones obvias sobre la condición humana de los jueces o sobre la naturaleza de las leyes que, sin embargo, tienden a olvidarse en un sistema democrático que ha realizado cierta sacralización del poder judicial en la misma medida en que ha cuestionado profundamente los principios éticos de los políticos.

La sacralización era y sigue siendo necesaria en ciertas dosis porque son las leyes las que garantizan la libertad y la democracia misma. Y por eso ese papel de árbitro objetivo e independiente que corresponde a los jueces debe ser preservado como elemento imprescindible para el imperio de la ley. Pero esa sacralización no puede eliminar la crítica y la conciencia sobre la posibilidad de errores o de ineficacia, también en el orden judicial. Y más cuando el ámbito judicial tampoco se sustrae a tendencias corporativistas que en ocasiones empañan su capacidad de autocontrol y autocrítica.

Por motivos diferentes, las democracias también han desarrollado cierta sacralización de la sociedad civil, y muy especialmente de algunos de sus ámbitos. En este contexto, las críticas del gobierno o de los políticos a los obispos vascos con motivo de su pastoral han sido interpretadas por muchos como una injerencia intolerable. Porque se considera que cualquier opinión negativa del gobierno es un abuso de poder, porque proviene del poderoso y actúa sobre ciudadanos o grupos sometidos al poder del gobierno. Esta filosofía está detrás de la defensa de los obispos frente al gobierno y suele estar en muchas otras defensas de grupos diversos de la sociedad civil.

Pero se sustenta en una lectura errada de la sociedad civil que concibe a ésta como una víctima potencial del gobierno, cuando en la realidad de las sociedades democráticas esa sociedad civil es la que decide los gobiernos en las elecciones, y, además, muchos de sus grupos e instituciones tienen un poder comparable al de los gobiernos. Y no me refiero sólo a los grandes empresarios, sino también a los medios de comunicación, o a las iglesias.

Cuando esos poderes de la sociedad civil intervienen en la política y pretenden influir en las decisiones políticas, deben asumir que son tan susceptibles de crítica como los propios políticos y partidos políticos porque sus opiniones y acciones tienen también consecuencias sociales. Cuando los obispos vascos apoyan las posiciones nacionalistas y critican la ilegalización de un partido vinculado al terrorismo, toman postura a favor de la libertad de exaltación del terrorismo, de la legalidad misma de la colaboración con el terrorismo o a favor del diálogo con los terroristas. Y, por lo tanto, dan su propia lectura ética y, además, política, del problema vasco.

Dada la enorme influencia de los obispos en una sociedad como la española, mayoritariamente católica, su irrupción en la política puede tener tantos efectos como los de las decisiones gubernamentales, y, por lo tanto, las críticas o las exigencias de responsabilidad se le pueden aplicar como a todos los demás.

Es cierto que el gobierno tiene en la práctica el poder supremo del Estado, y que un buen número de decisiones importantes para las vidas de los ciudadanos se toma en última instancia en el gobierno. Eso le obliga a una exigencia de responsabilidad y autocontrol especiales. Pero hay también otros poderes en el Estado con una autonomía y capacidad de decisión también susceptibles de errores y excesos como es el poder judicial. Y hay una sociedad civil influyente, responsable de sus actos, con grupos e instituciones con un poder comparable al de los gobiernos y, por lo tanto, sometibles a la misma vigilancia y crítica.

La ley que tardó en nacer
Alejandro MUÑOZ ALONSO La Razón  25 Junio 2002

Hoy será aprobada por el Senado, definitiva y finalmente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que sustituye a la vigente norma preconstitucional, aprobada en 1978, es decir en un momento en el que se carecía de cualquier experiencia para abordar un asunto de tanta importancia. Que una ley tan imperfecta como aquélla se haya prolongado en su vigencia durante tanto tiempo sólo se explica por los complejos con que nació nuestra democracia, incapaz de tornar ciertas medidas que en cualquier otro Estado de Derecho son perfectamente normales. Previstos en la Constitución, pero sin formar parte, propiamente, de su entramado institucional, los partidos son elementos básicos en toda democracia, en cuanto factores de mediación entre las diversas corrientes que conforman el pluralismo de la sociedad y las instituciones del sistema democrático que es, ante todo, un régimen de opinión.

El derecho a asociarse libremente y el de mantener y defender cualquier idea o proyecto, guste o no a la mayoría de los ciudadanos, son los fundamentos sobre los que se sustenta lo que llamaríamos «derecho de partidos». Como explicó magistralmente Stuart Mill en su clásico On Liberty, cualquier idea por minoritaria que sea tiene derecho a expresarse. «Si toda la humanidad menos una persona fuera de una misma opinión ¬escribió, en frase famosa¬ y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase, como ella misma lo sería si, teniendo poder bastante, impidiera que hablara la humanidad».

Pero estos mismos autores clásicos, que concibieron una libertad de expresión tan amplia, entendieron también que cualquier amago de violencia alteraba la discusión libre, por lo que debía erradicarse de la vida pública democrática. En los años veinte-treinta del siglo XX la democracia pasó por el peor momento de su no muy larga historia y la raíz de aquella penosa situación, que tantos males causó a Europa, estuvo en que la violencia organizada se introdujo como un elemento habitual de la vida política. Primero los partidos totalitarios, de derecha y de izquierda, de los nazis a los comunistas, organizaron sus secciones de acción y después hasta muchos partidos democráticos hicieron lo mismo por medio de sus secciones juveniles. Si se hubieran cortado a tiempo las primeras manifestaciones de violencia organizada en partidos, aquellas débiles democracias se hubieran salvado.

A partir de esta dolorosa experiencia, después de la Segunda Guerra Mundial se entendió perfectamente que no se puede permitir que los enemigos de la democracia utilicen las garantías que ésta facilita a todos los ciudadanos, con el propósito de socavar o subvertir al sistema por procedimientos violentos o en connivencia probada con quienes los utilizan. No se puede ser tolerante con los enemigos de la tolerancia, dirá Kart Popper, en frase bien expresiva. Y hoy día ningún demócrata pone en duda que del mismo modo que cualquier persona tiene un derecho inalienable a su legítima defensa, el Estado de Derecho tiene el derecho a defenderse, como dice el Tribunal Constitucional, «en el caso de que sea atacado por medio de un partido que por el contenido de sus Estatutos o por su actuación al margen de estos atente contra su seguridad» (STC 3/1981 de 2 de febrero). Permitir que alguien nos ataque con nuestras propias armas, es decir, haciendo uso de los instrumentos que, al servicio de la libertad de todos, el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos, no se puede considerar nunca como el ejercicio de un derecho sino como una aberración, como un fraude de ley, como una burla que no puede tener cabida en una democracia bien ordenada ni en un ordenamiento jurídico coherente.

Durante todos estos años, España ha vivido la vergonzosa experiencia de constatar cómo los enemigos declarados de la democracia se han aprovechado de sus garantías con el propósito de dinamitarla desde dentro. Hemos visto cómo determinados personajes pasaban de la bomba y la pistola al escaño, mientras se beneficiaban del dinero aportado por todos los contribuyentes que, con la mayor desvergüenza se ponía al servicio de sus planes criminales. Hasta la saciedad se ha comprobado que una banda de asesinos había formado una red de complicidades y connivencias que tomaba el pelo al sistema democrático «dentro de la legalidad». Y todos los españoles sensatos se han preguntado una y mil veces qué democracia es ésta que permitía que se la socavase, con el pretexto de que, del mismo modo que todas las ideas ¬hasta las más absurdas¬ tienen derecho a circular, todos los partidos merecen la presunción de legalidad, aunque sea patente que se han convertido en reductos al servicio del crimen.

Ilegalizar o disolver a Batasuna, con sus diferentes nombres y disfraces y con todo el entramado que la rodea, es una exigencia de salud pública que ya era hora de que se abordara. Toda esa galaxia de organizaciones y grupos no son más que brazos largos de Eta, cómplices y encubridores de sus crímenes que sólo una grave insensatez puede considerar elementos «normales» en una democracia. Que los partidos nacionalistas supuestamente democráticos se rasguen las vestiduras y se opongan a la medida poco importa y tiene una lógica profunda. Esas formaciones son primero y ante todo nacionalistas y sólo después y sub conditione aceptan los mecanismos democráticos, pero sólo «a beneficio de inventario». Es decir, mientras no se perjudique la Causa, becerro de oro al que se sacrifica todo lo que en una democracia es sagrado, incluida la vida la de los que discrepan. Esos partidos minimizan los medios criminales porque lo que les importa es la coincidencia en los fines. Por eso van con ellos del brazo en cuanto surge la ocasión.

Chaves e Ibarretxe contra el Estado
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  25 Junio 2002

Han coincidido Chaves e Ibarretxe en atacar al Estado, a las instituciones del Estado, a las reglas de juego de la democracia, a la elementalidad política, al sentido común también. No ha sido la suya una crítica al Gobierno. Ha sido un golpe bajo a la propia Constitución, al reparto de poderes. Como si fueran unos outsiders. Como si se tratase de unos okupas, siendo nada menos el uno que presidente del Partido Socialista Obrero Español (más de cien años -con interrupciones- os contemplan), y siendo otro el lendakari del PNV (otro siglo largo, también con largas vacaciones, etcétera).

Es curioso cómo se dan la mano el nacionalista y el socialista cuando se trata de coincidir en la desestabilización.

Mientras se llenaba de asteriscos rojos el mapa de España; mientras ETA hacía reventar cinco coches bomba, Ibarretxe y Chaves salían a la calle a negar los poderes constitucionales del Ejecutivo y del Parlamento de la Nación.

Lo repito: no acorralaban con ello al Gobierno de Aznar, simplemente venían a negar al Estado y venían a dar una trascendencia política al terror. Y es que Ibarretxe quiere romper el Estado de una manera y Chaves quiere hacerlo de otra.

Acababan de levantar sus tiendas de campaña los chicos de la antiglobalización a los que gusta la violencia de forma enfermiza, y en la Universidad Pablo de Olavide había terminado de hacer una pantomima de huelga de hambre ese centenar de gentes manejadas, pagadas, «testimoniales»... cuando Chaves e Ibarretxe vinieron a hacer este desafío temerario: el primero no permitirá el cumplimiento del decreto-ley de la reforma del desempleo y el segundo quiere hacer impracticable la ley de Partidos «en el ámbito vasco de decisión».

Refiriéndose a las amenazas de Chaves («el decreto-ley sobre el desempleo no se aplicará en Andalucía»), el catedrático de Derecho del Trabajo Sagardoy ha dicho que son un «disparate» y que lo único que le cabe al lendakari andaluz es plantear un recurso de anticonstitucionalidad. Y ¿cómo no iba a saber esto quien fue dirigente de UGT y ministro de Trabajo (durante el 14-D)? Pero Chaves es de los políticos a los que no les importa jugar con la ignorancia de su clientela (ya no en estado puro, ya mezcla de mala fe, de picardía, de inmoralidad). ¿Y qué dirán los militantes socialistas más ilustrados? ¿Cómo encajarán esa llamada tan antipedagógica? Porque lo de menos son las consecuencias prácticas de esta respuesta energuménica de Chaves. Ya le ha recordado el ministro de Administraciones Territoriales que no hay otra salida sino el cumplimiento de la ley. El hecho de que el ministro haya tenido que salir con esta obviedad da vergüenza. Pero éste es el nivel en el que nos encontramos. Ése es el nivel Chaves.

La otra coz democrática ha venido del Norte, de Ibarretxe. Para éste no es válida la ley de Partidos votada por el 95 por ciento de los diputados del Parlamento de la nación porque es una persecución de la representatividad vasca. Así que Ibarretxe pretende traducir esta ley a la voluntad del País Vasco.

Chaves e Ibarretxe saben que tendrán que cumplir la ley. Al primero ya se lo ha dicho Posada; al segundo se lo dirán los Tribunales. Es verdad que el PNV cuenta con mucho magistrado torcido; con muchos socialistas catalanes y vascos, con la doblez de CiU, pero para el PP la ilegalización de Batasuna es un desafío inevitable.

De momento me interesaba subrayar esta concertación antidemocrática de Chaves e Ibarretxe, de Ibarretxe y Chaves -tanto monta- contra el sistema democrático.

Nihilismo episcopal
AURELIO ARTETA El País  25 Junio 2002

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política. Autor de La virtud en la mirada.

Monseñores míos:

El que suscribe desconoce qué sea la libertad evangélica con la que ustedes dicen haber escrito su reciente carta pastoral ad vascones. En cambio, les envidio esa otra libertad civil de la que en el País Vasco disfrutan y que a mí, profesor precisamente de estas materias sobre las que ustedes se explayan, me es negada en ese País y en su Universidad. Al lector no le costará mucho adivinar el porqué de tan crucial diferencia en el ejercicio de nuestros respectivos derechos.

Pasados los días, ¿todavía pretenden haber salvado su alma sin rectificar ni tanto así el meollo de su doctrina? Pues, según pienso, no es lo más grave de la misiva el modo como se desentienden del probado vínculo entre Batasuna y el terror organizado. Ni el advertir de esas 'sombrías consecuencias' que acarrearía su posible ilegalización, como si su actual legalidad produjera efectos saludables. Ni incoherencias tales como deplorar el 'rudo golpe a la misma democracia' que supondría el poner en riesgo las elecciones municipales..., para concluir amparando de hecho a los empeñados en hacer fatal ese riesgo. No, lo peor de todo es que en este punto ustedes renuncian expresamente a reflexionar en términos de justicia para acogerse a pragmáticas razones de supervivencia, a motivos de seguridad individual. Más aún, que simulen creer que semejante ética para fugitivos o desertores (como alguien ha preconizado) no conlleva una 'valoración moral'. Con el debido respeto, a mí me parece que expresa una actitud rotundamente inmoral, la cobardía, y pervierte los juicios morales nacidos de ella. Toda su epístola no hace más que pregonarlo.

Y es que ustedes igualan cuanto tocan, ya sean virtudes o vicios, teorías o prácticas. Como perfectos exponentes del nihilismo ambiental, contagiados de esa misma 'crisis de valores' que aseguran combatir, su prédica es la de la equivalencia moral universal. Excluido el asesinato y su jaleo, en la vida pública valdría casi todo y casi todo valdría lo mismo. Y eso se traduce en que el mejor de los planes civiles ya no lo parezca tanto y el carente de legitimidad se legitime; en suma, en el intento de que lo intolerable pase a ser tan digno como lo que más. ¿O sea, que todos 'tenemos la obligación moral de definirnos netamente frente a ETA', pero no frente al podrido caldo intelectual, político y moral que la justifica y alimenta? Ésa sería la paz de los rendidos.

Por eso comienzan distribuyendo por igual entre todos la culpa de la incomunicación y desacuerdo de nuestros partidos y en nuestra sociedad. O son inconscientes del monstruo que ustedes también han criado o están tan asustados como muchos, pero sin duda se equivocan en su diagnóstico. Quienes propician esa fractura insalvable son los mismos que difunden sin parar las bases del miedo omnipresente y del enfrentamiento civil: los partidarios del nacionalismo étnico. Es decir, los que anteponen su particular e imaginada comunidad de pueblo a nuestra más amplia y real comunidad política; los que, en consecuencia, se niegan a considerar conciudadanos a los vecinos que no comulguen con su fe ni tengan por objetivo la secesión de España. Y a poco que se conozca la naturaleza de ese nacionalismo, ¿podía ser de otra manera?

Puestos a equiparar, les da lo mismo que para resolver nuestro conflicto se imponga 'la fuerza ciega' o 'el puro imperio de la ley'. Estado de naturaleza y Estado de derecho, terrorismo y antiterrorismo: tanto monta, monta tanto. Los sedicentes maestros en moral pública, sin encomendarse a Hobbes ni al diablo, pronuncian esa descomunal barbaridad que uno puede escuchar en cualquier rincón privado o público de este País. Es un disparate de efectos tan funestos como proclamar que la democracia 'postula que todas las opciones políticas tengan sus propios representantes'. Ya se ve que la Iglesia (basta ojear las recientes encícilicas de su actual Pontífice) ni entiende la democracia ni es amiga suya. Miren ustedes: así como una decisión unánime contra las libertades básicas no sería en modo alguno democrática, así un régimen democrático dejaría de serlo como otorgara representación pública a opciones que -por sus métodos o sus fines- pretenden destruirlo.

El bondadoso afán igualitario de sus ilustrísimas no se detiene y pronto les llega el turno a las ideologías y opciones políticas: al parecer, todas valen por el estilo. 'Cada una de las diversas sensibilidades existentes en nuestro país debe respetar la identidad de las demás, apreciar los valores que en ellas se encarnan, etc.'. Deberían dejar esas majaderías en boca del lehendakari, a quien tanto complacen. ¿O habrá que respetar también la exquisita sensibilidad que sostuviera el derecho divino de los reyes, la dictadura del proletariado, la supremacía de una raza, el privilegio de un jefe o de un pueblo para acceder al mando? Y, díganme, ¿están seguros de que el nacionalismo étnico reclama la indiferencia moral por no ser 'ni moralmente obligatorio ni moralmente censurable'? ¿Acaso no resulta moralmente censurable (y políticamente injusto) una doctrina y un movimiento que concede ventaja a la pertenencia natural sobre la adscripción civil, que discrimina entre los conciudadanos por razón de su etnia y, a fin de cumplir sus sueños soberanos, tiene que subordinar las necesidades de los nacionales a las de su nación?

Para nuestros obispos, ese nacionalismo es 'asunto de convicciones, de historia familiar, de tradición cultural y de sensibilidad personal'. Como quien dice -y de ahí su indisimulado atractivo para la autoridad religiosa-, una cuestión de creencias. Nada que objetar, por desgracia; pero ¿es que semejante naturaleza convierte a este credo político en algo inevitable y le resta un ápice de responsabilidad al nacionalista? ¿Se quiere decir que en punto a nacionalismo cualquier esfuerzo racional por argumentarlo o replicarlo está destinado al fracaso? Y si así fuera, ¿a cuento de qué convocar a un diálogo que de antemano se declara imposible y al que conviene más el nombre de negociación? Los prelados olvidan que la democracia viene a una con el propósito de secularizar las conciencias de los sujetos políticos, así como de formar sus voluntades mediante la deliberación pública.

Ajenos a tamañas sutilezas, estos sorprendentes propagandistas del nihilismo moral debían abocar en el todo es relativo más políticamente correcto que imaginarse pueda. ¿Dónde han aprendido que 'cada partido tiene derecho a mantener y defender sus propuestas'..., en el caso de que esas propuestas fueran manifiestamente dañinas para la ciudadanía? Pues una cosa es que no haya modelo político absoluto, sino más bien 'la relatividad de las diferentes fórmulas políticas', y otra bien distinta que el principio democrático mismo sea relativo, que no lo es. Una cosa es que en el País Vasco la aspiración soberanista, la ampliación del autogobierno o una mayor integración en el Estado español (sic) no sean 'dogmas políticos', y otra del todo diferente que 'cualquiera de estas opciones' resulte tan legítimamente defendible como las demás. Ni mucho menos. Primero, porque el fundamento etnicista de los partidarios de la soberanía -incluso por vías pacíficas- no encaja con espíritu democrático alguno. Y después, porque el intento de plasmar esa obsesión soberanista cometería hoy la máxima injusticia con la mayoría de la población y traería consigo daños personales, sociales y políticos irreparables.

Nada más lógico, tras esta serie de ecuánimes repartos, que repartir por fin con parecida equidad las concesiones que la paz episcopal exigiría de todos. De suerte que cada opción política ha de moderar y recortar 'su' proyecto para que aflore así el 'nuestro', sea cual fuere la calidad democrática de cada uno de los proyectos de partida. A ver, un momento. ¿Tendrán que renunciar a sus metas en la misma medida un programa político fundado en los derechos individuales, el que lo asienta en inconsistentes derechos históricos o colectivos y ese otro que lo enraiza sin más en su brutal apetencia y en el acoso implacable al enemigo? ¿Deberá moderarse por igual quien en esta contienda se sirve del crimen o congenia con sus autores y quienes resultan sus víctimas porque reclaman perseguir a los criminales...? Pero fuera distinciones, por favor, aquí no se juzga a nadie. In medio est virtus y la paz se encuentra, según todos los indicios, a igual distancia del PP que de ETA. Es de temer que por ahí ronde 'el proyecto compartido' al que se nos invita.

Hombres de Dios, ¿y cómo vamos a compartir un proyecto colectivo si ni siquiera compartimos el sentido de las palabras con las que deliberar, evaluar y elegir los distintos proyectos? Necesitamos primero un marco común hecho de valores morales tan mínimos como el respeto de las personas (no de sus ideas) y de un principio político tan básico como el reconocimiento de nuestra igualdad ciudadana (ya hablaremos después, si es caso, de las diferencias). Eso, claro, si queremos ganar la batalla; para perderla, basta el desarme total que ustedes predican.

Sin novedad en la Iglesia
Lorenzo CONTRERAS La Razón 25 Junio 2002

Las reseñas periodísticas ya se encargarán de transcribir las palabras de monseñor José Sánchez González, presidente de la comisión episcopal de medios de comunicación social, durante su comparecencia en el Club Diálogos para la democracia. El tema que desarrollaba, ayer mismo, llevaba el sugestivo título «Iglesia y Sociedad en la España actual». Una oportunidad pintiparada para darle al asunto el verdadero giro que interesaba al oyente-espectador y menos podía seducir al obispo de Sigüenza-Guadalajara. Ese giro no podía ser otro que la relación de la Iglesia, en su doble vertiente nacional y nacionalista, con el terrorismo etarra, con el entramado político de ese lamentable fenómeno y con los intentos de contrarrestarlo y liquidarlo por vía legal y policial.

Está el lector en lo cierto anticipándose mentalmente a lo que voy a añadir: el responsable de la comunicación episcopal comunicó lo justo para que se le entendiera todo sin arriesgar casi nada. Como dijo recientemente un filonazi catalán del obispo de Vic, a través de la cámara oculta de Telemadrid, «no se moja ni cuando se ducha». O sea, monseñor Sánchez salió del compromiso perfectamente seco, como debe ser y como corresponde a la vieja sabiduría de la Santa Madre. Cuestión principal: el anunciado documento eclesial o episcopal sobre el problema político-religioso que plantea el nacionalismo vasco y sus derivaciones «violentas» no dirá nada nuevo respecto a lo ya conocido, por la sencilla razón de que la Iglesia, según el prelado, no puede hacer más de lo que está haciendo.

Ahora bien, una cosa es que monseñor Sánchez no se mojara en nombre de la Iglesia y otra que no manifestara su opinión como ciudadano. Había respondido con un elocuente silencio a una pregunta sobre un frustrado proyecto de excomunión de Eta, pero sí dijo el ciudadano obispo que el ministro Piqué prácticamente se columpió llamando al nuncio cuando la Conferencia Episcopal respaldó la declaración de los mitrados vascos. Claro, eso lo pensó más de un español corriente, y el español Sánchez, aunque no es corriente, formuló una reflexión idéntica. Además, ¿para qué engañarse? La Iglesia, aparte de no poder hacer más de lo que hace (podría entenderse que no lo hará peor, pero esto no lo dijo monseñor), no se considera facultada para entrar disciplinariamente en el mundo batasuno de la Iglesia vasca. Y ello por motivo muy simple: según el obispo de Sigüenza-Guadalajara curas en Batasuna hay muy pocos. Y católicos también muy pocos y sin influencia. Luego se puede deducir que no hay un nacionalismo radical de importancia en la Iglesia de Euskadi. Otra novedad del conferenciante: ninguna confianza en el arreglo del problema vasco. Otra: la única posibilidad es el diálogo. Una tercera: la Ley de Partidos Políticos no servirá para nada, porque es imposible ilegalizar a las personas. O sea, sin novedad en la Iglesia.

Ana Urchueguía Alcaldesa de Lasarte-Oria/«Es aterrador oír a mil personas llamándote asesina»
Urchueguía, insultada y agredida en la final del Interpueblos de pelota, lamenta que «nadie hiciera nada para evitarlo»
JORGE SAINZ/SAN SEBASTIÁN El Correo 25 Junio 2002

Ana Urchueguía acudió el domingo al frontón Atano III de San Sebastián para ver a los chavales de Lasarte en la final del Campeonato Interpueblos. La que debía ser una jornada festiva acabó en una «humillación» bajo una lluvia de objetos e insultos que jamás olvidará. Condenada a vivir escoltada, la alcaldesa socialista tuvo que soportar que le gritaran asesina quince meses después de que su teniente de alcalde, Froilán Elespe, muriera tiroteado por ETA.

-¿Cómo recuerda los incidentes?
-Cuando al acabar los tres partidos bajé a la cancha para la entrega de trofeos, desde las gradas empezaron los insultos y hubo gente que comenzó a tirar cosas. Un trozo de hielo me hizo una herida en la mano y otro objeto me dio en las cervicales. Luego, un rollo de cinta de embalar me golpeó en la zona del pecho y me dejó doblada, sin aire.

-¿Qué tal se encuentra?
-Bien, aunque el dolor de las cervicales se ha desplazado a la cabeza y he tenido que tomar calmantes, también por la tensión padecida.

-¿Qué sintió al oír los insultos?
-Detecté mucho odio. Además, algunas charangas daban el tono para que corearan Urchueguía asesina . Escuchar eso de un coro de más de mil personas es muy duro. Los cánticos retumbaban en el frontón, era aterrador. Es muy duro que te llamen asesina cuando tenemos que ir escoltados. Nos han matado a un compañero y encima nos humillan. Me acordé de Froilán Elespe.

«Estaba organizado»
-También hubo una pancarta que decía Urchueguía fascista .
-Desde donde yo estaba no la pude ver, pero es alucinante lo que ocurrió, que estuviera colgada todo el partido y que no hubiera ni Ertzaintza ni Policía Municipal ni ningún tipo de protección por si pasaba algo, ya que mis escoltas y los de los otros ediles socialistas que me acompañaban no podían entrar al frontón. Las gradas estaban llenas de carteles de presos y de no presos, pero habrá que preguntar al titular del frontón o a la federación.

-¿Cómo valora lo ocurrido?
-Estaba organizado, no fue fruto de la improvisación. Incluso, uno de los que dirigía la orquesta era un concejal de Batasuna de nuestro Ayuntamiento. Quiero que sepa que le vi. El domingo fue un día triste para el deporte vasco. La democracia ha sido la que verdaderamente ha perdido este partido. Es triste para los jóvenes pelotaris tener que presenciar un final así.

-¿Tuvo miedo de que le pasara algo grave visto el panorama?
-No, porque muchas veces no somos conscientes del peligro que corremos. Más que miedo, sentí rabia, coraje e impotencia. Afortunadamente no pasó nada grave y creo que mantuve la calma.

-Usted ha criticado que el público no reaccionara.
-Lo más grave no fue lo que lanzaron, sino lo que se escuchó, y que algunos asistentes no hicieran absolutamente nada. Los que estaban en contra de los gritos, una parte mínima, con absoluta pasividad se quedaron callados y no hicieron ningún gesto de desagravio. Me agredieron y como única salida tuve que marcharme. Agredieron a los representantes del pueblo y la fiesta continuó. Forma parte del paisaje.

-¿Por qué cree que la gente no hizo nada?
-Es el ejemplo de lo que está ocurriendo en esta sociedad. Hay una parte amenazada, y otra a la que no le afecta o no quiere saber que le puede afectar, mira para otro lado. Pero el miedo va por barrios y llegará un momento en que esta situación le tocará a más gente y entonces será demasiado tarde.

-¿Cómo actuaron las personas que estaban junto a usted en el palco?
-Hubo una persona a mi lado que me ayudó, y otras a las que el tema les superó, porque creo que no esperaban que sucediera lo que sucedió. La alcaldesa de Hernani (de Batasuna) estuvo a mi lado y ni siquiera me dijo nada.

-Los dirigentes del PSE han reclamado al lehendakari y al nacionalismo vasco que actúen contra este tipo de ataques. Usted qué les pediría.
-Al Gobierno vasco, que pusiera los medios para que no vuelva a suceder algo así. Ésta no puede ser la imagen que se dé para fomentar el deporte base y autóctono entre los jóvenes. Y al nacionalismo vasco, que recoge firmas en contra de la ilegalización de Batasuna, le diría que los que estamos realmente machacados somos nosotros.

-¿Ha recibido muchas llamadas de apoyo?
-Se han interesado muchas personas de diferente ideología, entre ellas el lehendakari, aunque nadie de Batasuna. Los partidos del Ayuntamiento tampoco me han dicho nada.

-¿Volverá al Atano III en el futuro?
-Por supuesto, y espero que Lasarte-Oria dispute de nuevo la final.

Joseba Arregi apela a la memoria de las víctimas «para construir la libertad»
J. GARCÍA/BILBAO El Correo 25 Junio 2002

El ex parlamentario del PNV y ex consejero de Cultura del Gobierno vasco Joseba Arregi apeló ayer a la memoria de las víctimas del terrorismo para «poder construir la libertad en Euskadi». En opinión del ex dirigente nacionalista, cualquier solución de futuro para este pueblo no podrá obviar «la significación política» de los asesinados.

Arregi, que hizo estas declaraciones en el transcurso de la conferencia La Construcción de la Libertad , organizada por la Fundación Ramón Rubial, planteó una defensa a ultranza de la recuperación de la memoria histórica como «herramienta imprescindible para interpretar el presente».

«Significación política»
A su juicio, el actual debate político del País Vasco está repleto de palabras «hermosísimas: libertad, diálogo, derechos... Todas están una junta a la otra, y todos parecemos defenderlas, y sin embargo, cuando las trasladamos a la realidad cotidiana resulta que no estamos en absoluto de acuerdo», aseguró. «Debemos superar ese debate de discursos abstractos», proclamó.

Para ello, el ex consejero de Cultura reivindicó el papel de las víctimas. «Debemos preguntarnos qué significan esas palabras que utilizamos, pero recordando que estamos en un país en el que se mata, se amenaza y, sobre todo, en el que hay víctimas y falta de libertad. No podemos olvidar los muertos de los últimos 10, 15 ó 20 años», afirmó con vehemencia.

«La memoria de los asesinados obliga a la concreción, a dejar a un lado el debate abstracto y bajar a la realidad, porque las víctimas tienen significación política», planteó como tesis. «No podemos caer en la tremenda contradición de decir que los crímenes cometidos tienen una intencionalidad política, que luego hay que trasladar a una posible solución, y luego negar el significado político a las víctimas, porque los asesinados la tienen y sólo reconociendo esto podremos construir la libertad: reconociendo que existen personas que son trágicamente asesinadas por defender sus ideas», abundó.

Arregi también tuvo palabras de ánimo para las personas que padecen la violencia de persecución. En su opinión, sucesos como la reciente agresión a la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, evidencian «que estamos peor ahora que hace 25 años. Vivimos en una situación antidemocrática», valoró. «Deberíamos hablar de nación, paz, diálogo y libertad teniendo en mente la imagen de la alcaldesa de Lasarte agarrándose el pecho por el impacto de un objeto», apostilló.

En este sentido, añadió que la violencia de persecución «debiera provocar una repulsa inmediata por parte de las instituciones, de todos los partidos y de toda la ciudadanía; es algo completamente deleznable, que no debiera tener sitio en la sociedad».

ETA «es lo mismo» que su entorno, dice el presidente de la Audiencia Nacional
J. A. B./COLPISA. MADRID El Correo 25 Junio 2002

El presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, equiparó ayer a las organizaciones que operan en el entorno de ETA con la propia banda terrorista, al considerar que «constituyen, de hecho, un mismo todo». En este sentido, mostró su conformidad con la futura Ley de Partidos, cuyo texto final será aprobado hoy en el Senado, por considerar que «el Estado del que todos formamos parte tiene derecho a defenderse». A su juicio, si se desmantelan los colectivos que operan en la órbita etarra, la organización criminal «se ahogará» ahora que su violencia se ha trasladado a la calle.

Dívar, que presentó ante los medios de comunicación la memoria de actividades de la Audiencia Nacional durante 2001, recalcó que pese a los «subterfugios» que se puedan utilizar para nombrarlas, «todo ese entorno de actividades culturales, políticas, sociales y económicas (en alusión a organizaciones contra las que ya ha actuado el juez Baltasar Garzón, como Ekin, Xaki, Segi o Askatasuna) constituyen la triste respiración de ETA». Y es que, según el veterano magistrado, la banda terrorista dispone de «una empresa del delito como no ha existido nunca».

Con este panorama, el máximo responsable del órgano competente para juzgar en España todos los delitos de terrorismo considera que, aunque la Audiencia ya tenía medios «adecuados» para acabar con ETA y quienes colaboran con ella antes de la aprobación de la nueva Ley de Partidos, de ahora en adelante se podrá «perfeccionar» la lucha contra la banda armada, actuando contra el «entorno» que se refugia en una «apariencia de legalidad».

Rechazo al chantaje
Respecto a las posibles consecuencias de la anunciada ilegalización de Batasuna, Carlos Dívar reconoció que «es posible que haya una mayor violencia terrorista», pero rechazó «cualquier cesión a un chantaje» que impida la persecución del terrorismo. «Nunca hemos aceptado no hacer algo con arreglo a la ley por temor a las reacciones, y no creo que debamos empezar ahora», dijo.

La política como mercadeo
Ignacio Villa Libertad Digital 25 Junio 2002

El Partido Popular ha anunciado que abre un período de reflexión en sus relaciones con los nacionalistas catalanes de CiU. Era previsible, sobre todo a la luz de las últimas actitudes del partido de Jordi Pujol. A nadie puede sorprenderle que los populares se hayan cansado de la estrategia cambiante, ambigua y temerosa que mantienen los convergentes desde hace ya algunos años. Los dirigentes del nacionalismo catalán, inmersos en la duda sobre su propio futuro y en los problemas internos que tiene toda federación política de estas características, llevan tiempo demostrando que sus alardes de grandeza de la anterior legislatura eran pura ficción. Hablaban y hablaban de su visión del Estado, de un importante sacrifico por el bien de todos y de esa teórica capacidad de colaboración con el Gobierno central; pero el tiempo nos ha enseñado que eran simples apariencias de una actitud que sólo utilizan cuando pueden sacar algo a cambio. Los hechos demuestran que los nacionalistas catalanes entienden la política como un mercadeo en el que adoptan posiciones de cierta prestancia cuando pueden obtener réditos.

Desde el inicio de la legislatura actual, cuando los ciudadanos enviaron a CiU a los “cuarteles de invierno” del Congreso de los Diputados, los nacionalistas catalanes han brujuleado sin dirección, timoratos ante cualquier responsabilidad política y evitando todo compromiso. Los convergentes han huido del Pacto Antiterrorista, se han escondido ante la Ley de Partidos, no han querido saber nada del equilibrio presupuestario y, ante la huelga general, se han refugiado en una posición que les ha situado junto al frente de los huelgistas. Tanta huida y tanto miedo a retratarse les ha llevado en algunas ocasiones a cambiar de posición sobre la marcha e incluso a votar de forma diametralmente opuesta en un mismo proceso legislativo. Han ejecutado un ejemplo de libro sobre la contradicción como forma de actuar y el miedo como sentimiento político.

Con este panorama, no resulta extraño que el PP anuncie un periodo de reflexión para estudiar la colaboración entre las dos formaciones. A esto habría que añadir que el Partido Popular va a estudiar, más bien, la “no colaboración” de los nacionalistas catalanes. Convergencia ha dado un ejemplo de egoísmo político, con el agravante de que, en el Parlamento catalán, CiU necesitan de los populares para sacar muchas iniciativas adelante. La marcha de Pujol, la ausencia clara de liderazgo interno y la falta de cohesión entre “convergentes” y “unionistas” están comenzando a poner en duda un modelo nacionalista que parece tener fecha de caducidad. En esta actitud huidiza, quienes tienen más que perder son los ellos. En Cataluña es seguro que no tendrán mayoría absoluta, y a este paso es muy complicado que en el futuro lleguen a tener peso especifico en Madrid. Y es que no entienden que en la política se puede pedir mucho, pero siempre hay que dar algo. El nacionalismo ha vuelto a demostrar que pedir, piden; pero no saben qué es eso de dar. Exigen y exigen, pero nada más. Ciertamente, es evidente su pobreza ideológica.

La responsabilidad del nacionalismo
ROGELIO ALONSO/PERIODISTA E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUEEN EN BELFAST El Correo 25 Junio 2002

El nacionalismo vasco ha conseguido construir un discurso deslegitimador del sistema democrático, mecanismo a través del cual el terrorismo etarra recibe una importante cobertura ideológica. Constantemente se trazan comparaciones entre el actual marco democrático y un régimen dictatorial como el de Franco que, aunque difunto desde hace décadas, todavía ocupa una destacada centralidad en los mensajes que transmiten los dirigentes del nacionalismo vasco. En mi opinión, no resulta riguroso desprestigiar a la totalidad del nacionalismo equiparándolo con el terrorismo de ETA al identificar los fines de ambos. Sin embargo, tampoco debe ignorarse que determinadas aspiraciones nacionalistas amenazan seriamente la cohesión social y que con frecuencia el nacionalismo se escuda en el victimismo para eludir sus fundamentales responsabilidades en la derrota de quienes utilizan la violencia. La deslegitimación política y social de la violencia, que tan vital es en toda política antiterrorista, debe perseguirse activamente desde las instituciones del Estado a las que se ataca. Cuando los representantes políticos del nacionalismo vasco cuestionan incesantemente la legitimidad de un sistema democrático respaldado por la voluntad popular del que su propia autoridad emana y que ellos mismos administran desde sus orígenes, no debe extrañar que semejante circunstancia sea aprovechada por el entorno social que legitima y justifica la violencia. El consenso entre las fuerzas democráticas, imprescindible si se desea actuar con eficacia en la lucha frente al terrorismo, se convierte en una misión imposible cuando el mínimo denominador común entre ellas no existe, pues el soporte del mismo, esto es, el marco democrático, es cuestionado una y otra vez y no solamente por quienes recurren a la violencia para su alteración.

Las opiniones de Xabier Arzalluz sobre una democracia española que define como «de muy baja calidad» no son desde luego irrelevantes en esa estrategia de deslegitimación que lógicamente ETA desea aprovechar para sus objetivos. Como tampoco lo es el deliberado intento de presentar de manera errónea la reforma de la Ley de Partidos como una imposición encaminada a ilegalizar las ideas nacionalistas. Se podrán exponer elementos a favor y en contra de una polémica medida como ésta que, en contra de lo que se desprende del discurso nacionalista, no representa un furibundo ataque contra la pluralidad de ideas.

Con el lema utilizado en la manifestación celebrada contra una hipotética ilegalización de Batasuna - Todos los proyectos, todas las ideas, todas las personas -, se ignoraba una realidad básica en cualquier sociedad: las ideas violentas o los proyectos violentos no pueden ser admitidos, al violar éstos la dignidad humana. El académico británico Paul Wilkinson lo ilustraba al hablar de la legislación que el nacionalismo gobernante introdujo en la República de Irlanda para prohibir las entrevistas en radio y televisión con miembros de organizaciones terroristas y de partidos políticos que las respaldasen: «La experiencia de la República de Irlanda demuestra ciertamente que ese tipo de prohibición puede funcionar de manera eficaz durante muchos años sin amenazar en modo alguno a la democracia. Muy pocos comentaristas han observado que ninguna libertad de expresión es totalmente ilimitada. Muchos de nosotros pensamos que, por ejemplo, la pornografía debería estar prohibida en televisión y en radio. Invitar a terroristas a la televisión para que alardeen de su última atrocidad es la última pornografía de la violencia».

El lema de la manifestación coincide con esa actitud orientada a reforzar un antagonismo entre quienes se atribuyen el rol de pacifistas y dialogantes frente a quienes son encasillados en el papel de los intransigentes . Los primeros son aquellos que, según sus propias palabras, buscan la paz y apelan al diálogo, aunque éste sea tremendamente ambiguo y sin que quienes lo promulgan muestren el menor interés en aportar detalles sobre en qué consiste el mismo o acerca de cómo puede lograr que los asesinos desistan. Frente a ellos han instalado a los intolerantes , léase los españolistas , que, de forma paradójica, son los principales objetivos de la violencia y que en realidad no rechazan la paz ni el diálogo, como se deduce de su participación en un sistema democrático basado precisamente en dichos valores, pero que sin embargo sí deben ser vistos como pertinaces e inflexibles. El nacionalismo insiste en este juego de roles como hiciera aquel dirigente nacionalista que se quejaba de que ellos eran quienes habían arriesgado por la paz al pactar con ETA. Esa deliberada y maniquea contraposición entre pacifistas e intransigentes se sustenta sobre un principio de enorme utilidad para ETA: la responsabilidad del conflicto no recae exclusiva o fundamentalmente en quienes desafían la voluntad popular tratando de imponer sus dictados con el terror, sino que ésta debe ser compartida por quienes niegan el diálogo .

El dirigente del PNV Xabier Arzalluz está convencido de que «Aznar usa medios franquistas para acabar con la violencia», como titulaba el diario Deia el 19 de febrero de 2002. Ésta es una convicción que parecían compartir otros destacados miembros de su partido, como sugería el siguiente titular publicado en el mismo periódico el 16 de marzo de 2002: «Egibar acusa al PSOE y PP de preferir perpetuar el conflicto ». Por si quedaba alguna duda sobre la valoración que Arzalluz hace de más de dos décadas de democracia, días antes del aniversario de las primeras elecciones democráticas aseguraba que, gracias a Europa, Aznar no había podido «fusilar» a los vascos «como Franco». Todas estas manifestaciones son enormemente significativas, como se deduce de la propia opinión que Arzalluz tiene de los etarras como personas con «una motivación política», lo que obligaría a «afrontarlo desde un punto de vista político». El excelente libro del catedrático Fernando Reinares ( Patriotas de la muerte , Taurus, 2001) demuestra la importancia que tuvo como elemento motivador en el activismo de muchos etarras la creencia de que la violencia resultaba ser el único instrumento de acción disponible y válido. Y en este contexto es en el que Arzalluz estima que «ETA tuvo un cierto valor político» durante el franquismo «porque planteó el problema vasco al mundo» ( El País , 4 de agosto de 2001, entrevista de Adam Michnik). Por ello es lógico que la petición de Arzalluz para que ETA «cambie de forma de interpretar la política y de hacerla», sea totalmente estéril cuando él mismo se encarga de desprestigiar y deslegitimar un sistema democrático que equipara con la dictadura que lo precedió. ¿No estaba ETA planteando el problema vasco al mundo con sus coches bomba durante la cumbre europea de Sevilla, del mismo modo que, como señala Arzalluz, también hizo durante el franquismo?

La juventud es un rasgo dominante en el perfil sociológico de quienes hoy asesinan en nombre de ETA, siendo la adolescencia una fase personal especialmente vulnerable que suele caracterizarse por la precariedad ideológica. Si después de 25 años de democracia los máximos dirigentes del nacionalismo vasco sostienen que la española no es «una democracia muy presentable», ¿qué va a hacer un joven vasco inmerso en procesos de socialización que favorecen el aprendizaje de la violencia: unirse a ETA o a un partido nacionalista que incesantemente se presenta como impotente y víctima de la intransigencia de un Estado español al que se ha constituido en enemigo? Es ahí donde reside la enorme responsabilidad del nacionalismo.

La alcaldesa de Lasarte denuncia una campaña proetarra para que renuncie a la reelección
La socialista Urchueguía sufrió agresiones desde el público al presidir un partido de pelota
GENOVEVA GASTAMINZA | San Sebastián El País 25 Junio 2002

Ana Urchueguía, la alcaldesa socialista de Lasarte (Guipúzcoa), denunció ayer en una conferencia de prensa que es objeto de una campaña premeditada del entorno simpatizante de ETA para intimidarla y conseguir que desista de presentarse a la reelección como primera edil. Urchueguía es la única alcaldesa socialista que gobierna con mayoría absoluta en un pueblo guipuzcoano y el domingo pasado fue insultada y agredida por un público multitudinario, ante la pasividad de las autoridades, durante la hora de duración de la final del torneo de pelota interpueblos celebrada en San Sebastián.

La regidora tuvo que aguantar, atónita, durante los tres cuartos de hora del partido que una mayoría de las casi 2.000 personas del público corearan, a ritmo de charanga, la consigna: 'Urchueguía asesina', que alternaban con otras, entre ellas: 'Que se vaya, se vaya, de una puta vez'.

En la tribuna de autoridades del Frontón Atano III, Urchueguía soportó el chaparrón pese a que estaba situada a un metro suyo la alcaldesa de Hernani, Mertxe Etxeberria, de Batasuna, que por momentos seguía el ritmo de las atronadoras consignas con el puño en alto.

La alcaldesa no se dio cuenta entonces de que habían colocado delante de la tribuna donde estaba situada una pancarta con el lema 'Urchueguía fascista'. La vio al bajar a la cancha del frontón para recoger los premios junto al presidente de la Federación guipuzcoana de Pelota, Mikel Amenabar; el director de Deportes de la Diputación, Kote Olaizola, y el director de la Obra Social de Kutxa, Jesús María Alkain. Nada más situarse frente al público recibió un golpe seco de un rollo de cinta de embalar a la altura del esternón, que le dobló y le dejó sin aire. Asistida por Alkain, la primera edil abandonó el recinto junto a sus guardaespaldas en medio de una lluvia de objetos, mecheros y plásticos. Amenabar indicó que si la pancarta se hubiese detectado cuando el público entraba se podía haber retirado y admitió que no existía ningún tipo de servicio de seguridad. 'Con el frontón lleno, ¿quién es el guapo que quita la pancarta?, ¿qué medios teníamos para hacerlo?', se preguntó.

En marzo de 2001, la alcaldesa dirigió con templanza y energía el pleno que siguió al asesinato por ETA de su teniente de alcalde, Froilán Elespe. Entonces, exigió a los enfurecidos ediles socialistas que dejaran hablar a los de Batasuna para que se constatara la diferencia que separa a los demócratas de quienes no lo son. Ayer reconocía que, por vez primera, el domingo sintió miedo.

Urchueguía está habituada a las amenazas de los proetarras, incrementadas desde aquel pleno. Pero la experiencia del domingo, a su juicio premeditada, le ha impactado. 'Estoy machacada', reconoce.

Su indignación se orienta a denunciar la indiferencia, la permisividad y la pasividad con la que un sector del público y autoridades asistieron a este linchamiento personal. 'Me amenazaron, insultaron y agredieron y nadie hizo nada para evitarlo. La única salida que tuve fue marcharme', dijo. 'Ni siquiera se acercó ningún agente de la autoridad'.

Tampoco ayer recibió un gesto de solidaridad de los ediles del PNV o de EA. Patxi López, secretario de los socialistas vascos, expresó su indignación y reclamó la condena unánime a este ataque 'contra la mayoría de los ciudadanos de Lasarte'.

El PP se solidarizó con la alcaldesa socialista y la presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil, afirmó: 'Por mucho que ciertas formaciones políticas, e incluso el Ejecutivo de Ibarretxe, se empeñen en intentar disimular lo evidente y en decir a la sociedad lo bien que se vive en Euskadi, la cruda realidad es otra'. San Gil destacó que 'durante muchos años se ha sembrado el odio y el desprecio en esta tierra, con el sospechoso silencio de muchos, y estos son los resultados: una sociedad enferma...'.

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel condenó el ataque y se solidarizó con la víctima.

Recortes de Prensa   Página Inicial