AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 4 Julio  2002
Batasuna empieza a pagar
Editorial ABC 4 Julio 2002

BATASUNA PAGARA LOS PLATOS ROTOS POR LOS ALEVINES DE ETA
Editorial El Mundo  4 Julio 2002

La cuenta pendiente de Batasuna
Editorial La Razón 4 Julio 2002

Mortífera paradoja
GABRIEL ALBIAC El Mundo 4 Julio 2002
 

Garzón con un par
Luis María ANSON La Razón  4 Julio 2002

La ceguera socialista
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  4 Julio 2002

Desencanto autonómico
Cartas al Director ABC  4 Julio 2002

Los contables de Eta
Iñaki EZKERRA La Razón  4 Julio 2002

El miedo físico y el miedo político
Julián LAGO La Razón 4 Julio 2002

¡Que paguen!
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 4 Julio 2002

La mafia de la dictadura nacionalista
Enrique de Diego Libertad Digital 4 Julio 2002

¿Rendirnos ahora
Carlos María de Urquijo Libertad Digital 4 Julio 2002

Adiós a la impunidad
EDITORIAL Libertad Digital 4 Julio 2002

Tensión sobre el debate de la nación
Pablo Sebastián La Estrella 4 Julio 2002

Batasuna ahogada
Maite Cunchillos Libertad Digital 4 Julio 2002

LOS GOLPES DE GARZÓN
FERNANDO ONEGA La Voz 4 Julio 2002

Garzón embargará bienes a Batasuna por 24 millones de euros

CARMEN REMIREZ DE GANUZA El Mundo 4 Julio 2002
 

Batasuna empieza a pagar
Editorial ABC 4 Julio 2002

Tras el auto dictado y notificado ayer por el juez Baltasar Garzón, las consecuencias legales de la declaración de Batasuna como responsable civil de los daños de la «kale borroka» llegarán de forma inexorable a su ilegalización judicial y a la extensión de su responsabilidad patrimonial a todos los atentados de ETA. El auto se centra en explicar las razones de hecho y de derecho por las que Batasuna tiene que pagar más de 24 millones de euros, importe de los daños causados por los responsables de Segi, la rama juvenil de ETA, también ilegalizada por Garzón. La resolución judicial es minuciosa en la determinación de los actos de «kale borroka» directamente imputados a Segi y de los vínculos orgánicos entre todos los grupos integrados en el «Movimiento de Liberación Nacional Vasco». Garzón acoge plenamente la tesis del Ministerio Fiscal de que Ekin, Xaki, Segi, Gestoras Pro Amnistía, Batasuna y la red de herriko tabernas actúan bajo el principio de «complementariedad» de recursos, diseñado por ETA en el llamado «Proyecto Udaletxe». Dicho proyecto hacía de Herri Batasuna (luego Euskal Herritarrok y Batasuna) una pieza esencial de su entramado financiero, porque aprovechaba su situación de legalidad para poner dinero e infraestructura a disposición de la «kale borroka».

De esta forma, Garzón continúa y afianza la línea de investigación definida en el auto de 3 de mayo pasado, que decretaba la prisión provisional de diversos responsables de Batasuna, relacionados con la gestión de las «herriko tabernas». Si en dicho auto calificaba a Batasuna como «una de las grandes empresas» de ETA, en el que dictó ayer reitera esta expresión y apura la identificación instrumental de la coalición abertzale, a la que considera «una especie de empresa pantalla» dirigida realmente por ETA. El antecedente de este juicio es toda una valoración de la inserción de Batasuna en la organización dirigida por la banda terrorista, sobre la que asienta la declaración de responsabilidad civil. Si todos los grupos del MLNV ejecutan las directrices de ETA con subordinación jerárquica a la banda terrorista y comparten medios económicos y fines, la consecuencia jurídica es la generación de una responsabilidad solidaria entre todos por los daños que ocasione cualquiera de ellos. Las incertidumbres sobre el futuro de Batasuna se despejarán pronto porque Garzón anuncia un nuevo auto en el que se valorará la ubicación de HB-EH-Batasuna en ETA. Sin duda, antes o después, los indicios acumulados sobre la relación de servidumbre que media entre Batasuna y ETA darán lugar a la suspensión cautelar de las actividades de la coalición, más aún cuando en el auto de ayer Garzón declara que la responsabilidad civil solidaria entre ETA-Ekin-Jarrai-Haika-Segi-HB-EH-Batasuna-herriko tabernas debe extenderse «a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público o privado».

Por lo pronto, Batasuna tiene embargado todo su patrimonio, incluidas las subvenciones a que pudiera tener derecho, lo que constituye un acto de justicia material con las víctimas y el punto final a una impunidad hiriente. Con la ley en la mano, con todas las garantías, sin quebrar arbitrariamente un solo derecho o libertad, la Justicia está llevando hasta sus últimas consecuencias la acción legal contra el terrorismo.

BATASUNA PAGARA LOS PLATOS ROTOS POR LOS ALEVINES DE ETA
Editorial El Mundo  4 Julio 2002

El juez Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que embargará los bienes inmuebles, cuentas y propiedades de Batasuna, a la que considera responsable civil subsidiaria de los daños causados por la kale borroka en varias jornadas de lucha convocadas por Segi, las juventudes de la izquierda abertzale.

Garzón enumera medio centenar de acciones violentas contra bancos, autobuses urbanos y edificios de las Administraciones en estas convocatorias y valora los destrozos ocasionados en 18,2 millones de euros. En consecuencia, fija una responsabilidad civil de 24 millones (la ley establece un tercio más de los daños causados), exigible mediante embargo si Batasuna no deposita una fianza por esa suma en 24 horas.

El magistrado de la Audiencia Nacional subraya que estas jornadas de lucha fueron convocadas públicamente por Segi, que movilizó a sus militantes y les dio instrucciones para provocar desperfectos en el centro de las ciudades. Los responsables de Segi, Aitor Elizaran y Asier Iñigo Eguizurain, mantuvieron reuniones con la parlamentaria Araiz Zubimendi para planificar esas acciones en la sede de San Sebastián de Batasuna, que prestó ayuda y cobertura logística a las movilizaciones.

Garzón subraya que Segi y Batasuna han promovido conjuntamente la kale borroka bajo las ordenes de KAS-Ekin, organización clandestina que coordina la estrategia política de todo el entramado de la izquierda abertzale. Garzón sostiene que KAS-Ekin es un mero apéndice de ETA, que es realmente quien maneja a Batasuna y Segi.Por tanto, falla que Batasuna, como la parte de ese todo que maneja la banda, debe pagar por los daños de la violencia en la calle. Incluso sugiere en el auto que las víctimas de ETA podrían reclamar a Batasuna como cómplice de los asesinos.

Las conclusiones de Garzón no sólo están bien fundamentadas jurídicamente por los muchos datos que aporta. Son además de sentido común, ya que la kale borroka no es un fenómeno espontáneo que surge como los hongos sino una estrategia política planificada y dirigida por ese entramado que controla ETA, en el cual Batasuna es una pieza esencial.

La finalidad de la violencia callejera no puede ser más clara: demostrar el poder de la izquierda abertzale y amedrentar a quienes no comulgan con las ideas soberanistas.

La decisión de Garzón de embargar sus bienes es un duro golpe para Batasuna, que puede quedarse sin las sedes y sin un duro en las cuentas que figuran a su nombre. A buen seguro que la Audiencia Nacional va a incautar también los siete millones de euros en subvenciones electorales que la formación de Otegi ha exigido por vía judicial y que deberían emplearse en indemnizar a los propietarios de los bienes destrozados por los alevines de la banda terrorista.

La cuenta pendiente de Batasuna
Editorial La Razón 4 Julio 2002

Batasuna, la cara legal de la trama etarra, tendrá que pagar los platos rotos de la «kale borroka» y, posiblemente, hacer frente en un futuro a indemnizaciones por los atentados de la banda, de acuerdo con un auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que considera al brazo político de Eta responsable civil solidario de medio centenar de ataques callejeros y le ordena pagar una factura total de 24 millones de euros (casi 4.000 millones de pesetas). En caso de impago, en sólo 24 horas, se ordenaría el embargo de las cuentas y bienes de la coalición de Arnaldo Otegui.

El auto es ante todo una decisión judicial fundada y coherente; en ningún caso puede considerarse más que como una lógica consecuencia de anteriores determinaciones de la propia Audiencia, como el golpe a la trama civil de Eta asestado la víspera por el magistrado, en la conclusión del primer sumario sobre terrorismo callejero y sus organizaciones afines.

El propio Baltasar Garzón, con un trabajo minucioso, ha podido reunir los indicios y pruebas como para determinar con suficiente base jurídica que Eta y Batasuna, junto a otros apéndices también reflejados en los sumarios, son parte de una misma y criminal empresa que ampara a todas sus ramas bajo el llamado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco). Hay que felicitar a la Justicia, y en concreto al magistrado, por haber llegado con la fuerza de la ley a una conclusión clara: si Batasuna es parte de Eta y responsable de los «borrokas»; si Batasuna posee bienes y recibe fondos, públicos o privados, es lógico que se haga cargo de pagar por cada cabina destrozada, cada coche o autobús quemados y por los daños producidos en el mobiliario urbano, infraestructuras, comercios o domicilios particulares.

El auto judicial, fiel reflejo de un sentimiento generalizado en la opinión pública, dirige un foco de luz sobre los oscuros manejos de una mafia criminal pensada con una red de empresas que, a partir de ahora, no podrán disponer alegremente de medios y dinero para fomentar el terror. Es sabido que para atacar a un grupo mafioso o sectario, lo mejor es seguir la pista el dinero. Y eso es precisamente lo que ha hecho el juzgado de Garzón, con notable éxito. Sin fondos, sin cobertura jurídica, con la deslegalización como espada de Damocles sobre sus cabezas, los proetarras quedan al descubierto y en igualdad de condiciones con cualquier «capo» que ordene aterrorizar a ciudadanos inocentes.

Hace 25 años, los españoles decidimos vivir en libertad y bajo el imperio de la Ley en un Estado de Derecho. Desde entonces, los etarras no han cesado de matar amparándose en una legislación generosa y bienintencionada que les permitía burlarse de las víctimas, pasear impunemente por las calles, apoyar el crimen y, encima, ponerse la careta de parlamentario y recibir subvenciones con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Ya es hora de que la realidad se imponga también en los Tribunales y se haga justicia a las víctimas.

Mortífera paradoja
GABRIEL ALBIAC El Mundo 4 Julio 2002

Nunca voto. Que alguien hable en nombre mío me da náuseas. Es una fobia respetable, pienso. Si no lo es, me da igual. Lo respetable siempre se me dio un ardite. Nunca voto. Pagar a alguien por representarme (no amo el teatro) se me hace, de entre los despilfarros, el más bobo. Sigo la norma epicúrea (que es, pienso, única moral materialista) y trato de mantenerme lo más alejado del afán político: es eso, sólo eso, lo que me permite analizarlo.

Sé que lo puedo hacer porque otros pueden hacer exactamente lo contrario. Y que, privados ellos de su derecho -o su placer, me da lo mismo-, mi apuesta sería nula. No puedo permitir a nadie que hable en mi nombre, en la medida exacta sólo en que cada cual pueda delegar su palabra en gentes con las cuales yo no iría ni a la esquina, y a las que otros, sin embargo, aprecian lo bastante para otorgarles voto, sueldo y respeto. Soy yo porque otros pueden ser otros. Nada más que por eso.

Ni en el más extremo de mis delirios se me ocurriría votar a un político de los tan reaccionarios PP o PSOE. Ni a ningún otro, quede claro: todo partido político me es ajeno, por igual, por ser partido. Y, si amo al gran Saint-Just, es quizá, más que nada, por su último discurso (no había cumplido 27 años) antes de la guillotina: «No pertenezco a ningún partido, los combatiré a todos»; a favor de la libertad, por supuesto. Pero sé -y estoy seguro de que Saint-Just lo sabía- que, sin la plena libertad para todos los partidos, no se puede luchar contra la restricción de la libertad por los partidos.

Ni en el más extremo de mis delirios se me ocurriría votar PP, ni PSOE, ni nada. Pero sé que nada es más peligroso para mí que un mundo en el cual PP, PSOE o cualquier otra similar mediocre sigla no pueda -por amenaza de muerte- presentar candidatos a esas elecciones que a mí tan poco me interesan.

Quizá la paradoja de esa locura que está sucediendo en el País Vasco venga de una expresión sin sentido: nacionalismo revolucionario.¿Qué diablos significa eso? ¿Qué diablos, en una sociedad, la europea, en la cual el Estado-nación se extingue, como última caduca herencia de la burguesía del siglo XIX? ¿Cuándo ya ni papel moneda ni ejército (los dos pilares de la nación) poseen atribución nacional? Sólo una mortífera pulsión reaccionaria puede regir hoy la lógica nacionalista. Nacionalismo revolucionario es un clamoroso oxímoron.

Y no es justo -quede claro para todos- que al ínfimo eslabón político, el concejal, se le exija una heroicidad de la cual sus mandamases de Madrid quedan exentos. Si alguien tiene que morir por la patria, no es, desde luego, un concejal de aldea vasca.

Garzón con un par
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón  4 Julio 2002

Me revientan muchas cosas de este juez vedette, siempre dispuesto a lucirse, zarandeado por una etapa política turbia en la que tergiversó reuniones, conversaciones y actitudes. Y, además, vengativo. Helo, helo por do viene el infante vengador, caballero a la jineta en caballo corredor. Su manto revuelto al brazo, demudada la color y en la su mano derecha un venablo cortador. Con la punta del venablo sacaría un arador....

Y lo ha sacado. Ha metido la punta del venablo en las finanzas de Batasuna y ha embargado al brazo político de Eta cuatro mil millones de pesetas. Hay que echarle furor genital. Hay que tener los dídimos de cristal de roca y mejor colocados que la Thatcher, más desinhibidos que Butragueño.

«Le ha echado un par de pelotas», decía ayer el ciudadano medio al que no gustan los eufemismos ansonianos. Garzón, con su cara de pillete de barrio, con sus manos efervescentes,con su inclinación al candelero, ha dado el primer paso para la deslegalización de Batasuna, declarando a la coalición proetarra responsable civil subsidiaria del terrorismo callejero, de la kale borroka. Era lo que había que hacer. Y lo ha hecho este juez discutido y complejo, antiguo caracol político, que rindió ayer un gran servicio a la causa de la paz y de la libertad. Y así hay que reconocerlo sombrero en mano.

La ceguera socialista
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  4 Julio 2002

Ramón Jáuregui se declara en «Deia» partidario de la denuncia de las elecciones municipales vascas, por falta de libertad. Rojo defiende en el interior del partido la celebración de elecciones mientras en público mantiene lo contrario. Patxi López, que es el jefe, considera que un partido democrático está obligado siempre a ir a las urnas...

A esta fantástica confusión llama Zapatero pluralismo de opciones, ejemplar diversidad, riqueza de sensibilidades.

Existe un punto, sin embargo, en el que son monolíticos los dirigentes socialistas: en no hacer listas conjuntas con el PP... a no ser que esté presente el PNV. Porque lo fundamental para la dirección del PSE/PSOE es no caer en el frentismo constitucionalista (por eso fue eliminado Redondo) sino en llegar al gran acuerdo de «todos» los demócratas. Porque, como el lector sabe, los socialistas consideran «democrático» al PNV aunque éste esté en contra de la ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, aunque se dé el brazo y el pico con Otegi, aunque deje indefensa hoy a la alcaldesa de Lasarte y mañana...

Cuando los socialistas consideran «democrático» al PNV están vaciando de contenidos reales el término y no quieren tener en cuenta que el PNV excluye a una parte de la ciudadanía por no «vasca», que justifica su estrategia contra el Estado a partir de la idea nacional «vasca», que aprovecha todas las posibilidades que le permite el Estado autonómico para destruirlo y que todo eso lo hace con dejación de sus responsabilidades como parte del Estado que es al permitir la negación cotidiana y general de las libertades públicas y privadas en el País Vasco y al defender y justificar el brazo político de ETA.

El PSE/PSOE sabe todo esto pero necesita cubrirlo con la apariencia «democrática» del PNV. Porque en el fondo «todos» los dirigentes socialistas están convencidos de que no hay salida en el País Vasco si no es con el PNV como partido hegemónico. ¿Qué es lo que le pide al PNV este PSE/PSOE que ha asumido no sólo su debilidad sino, en buena medida, las razones independentistas de aquel? Le pide una forma «razonable» de dirigir el proceso. Le pide distancias respecto a Batasuna de tal modo que ellos no queden en evidencia (entre otras cosas a causa de las víctimas, los muertos, los perseguidos). El PSE/PSOE le pide al PNV que demuestre una cierta autonomía frente al bloque abertzale «no democrático». Le pide que no le deje descolocado en el camino hacia la soberanía plena. En este sentido agradece su moderación frente al radicalismo independentista de EA. En definitiva los socialistas siguen creyendo, como siempre, que si es insoslayable la hegemonía del PNV lo es también su más modesta aportación. Esa es su fuerza -piensan- frente a un PP abocado a la defensa del unitarismo españolista.

Así que siguen estando los socialistas donde solían, sólo que más débiles, más contradictorios, ya ciegos. Todavía siguen creyendo que el PNV puede prescindir de Batasuna -y de ETA- en el proyecto independentista y que ellos pueden actuar de poder moderador en su realización. Pero, sobre todo, los socialistas están ciegos porque aún no se han dado cuenta de que el problema vasco no se puede solucionar como si se tratara de algo extraño al conjunto nacional español. Los socialistas se olvidan de que la salida del País Vasco no depende sólo de las voluntades que se mueven en el ámbito vasco de decisión sino de la voluntad nacional española.

Porque, en definitiva, la ceguera de los socialistas no lo es sólo en relación con el País Vasco sino con la idea misma de España.

Desencanto autonómico
Cartas al Director ABC  4 Julio 2002

Román Piña Homs, catedrático de Historia del Derecho, acaba de hacer unas declaraciones esclarecedoras. Afirma: «Me sentí autonomista mientras fue garantía de libertad y pluralismo. Hoy pienso que la autonomía, pese a las indudables ventajas que ofrece como gestión pública más cercana al ciudadano, ha creado una burocracia innecesaria, así como distanciamiento y falta de cohesión en la sociedad española. Estamos primando las diferencias y olvidando las semejanzas y valores comunes entre ciudadanos de un mismo Estado. Por ejemplo: ¿qué se ha hecho en ciertas Comunidades Autónomas con lengua propia del artículo 3 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo? Pues eliminarlo como valor común, de la educación y de la promoción de la cultura. Impunemente, sin que el Estado lo haya impedido».

Enhorabuena por esta reflexión que acertadamente resalta la situación de desintegración que vive España.

Fernando Martínez Peña. Barcelona.

Los contables de Eta
Iñaki EZKERRA La Razón  4 Julio 2002

Todavía no los ha pillado la poli pero hace mucho tiempo que viven en la peor cárcel, en la de su odio. Una cárcel por fuera y por dentro de esas cabezas suyas que cubren siempre en las fotos. Llevan viviendo años en pisos sórdidos y sucios, consumiendo latas, soñando, entre esas sábanas y esos sacos de dormir infectos que salen en los telediarios, con su utopía sangrienta y simplona de fronteras que los separen de La Rioja y de Burgos. Viven como ratas, en fin, escondiéndose y haciendo un trabajo oscuro y deprimente: seguir a un concejal o a un periodista o a un magistrado para ver y anotar y sacar fotos de dónde trabaja o donde ríe y se ve con amigos.

Llevan unas vidas de grises y conformistas funcionarios del crimen, la existencia rutinaria y monótona de un delito que es feo y poco romántico. No pasan su juventud amando ni leyendo sino en esas guaridas desangeladas e inmundas entre armas y álbumes de recortes de prensa o dentro de furgonetas cutres y cargadas de explosivos.

Tienen un sueño analfabeto: «pasar a la Historia». ¿Pero qué historia es ésa a la que van a pasar si sólo destruyen, si no han construido nada, si no dejarán nada que merezca recordarse, si las naciones más grandes sólo dan para un héroe o dos? Y, mientras, llevan esa existencia abyecta, furtiva, viven en esa pesadilla y se juntan con otros tipos tan truculentos como ellos para hablar de descerrajarle a uno la cabeza y volarle al otro las tripas, para hablar todo el día de eso, de tripas y cabezas, trasiegan con sobres cerrados y con un dinero que no disfrutan, huyen del vértigo y el llanto, de la autocompasión y el miedo a estar haciendo el ridículo, a estar engañándose, a estar pudriendo sus mejores días cuando los otros, los que los usan políticamente y les animan, prosperan sin embargo y engordan sus cuentas bancarias y compran propiedades y trabajan en despachos confortables y mandan «patrióticamente» a sus hijos a estudiar a Londres para que no vean estas cosas y no acaben como ellos porque ¬¿claro!¬ sus hijos son de otra pasta, no están hechos para eso.

Han sido hasta ahora los funcionarios del crimen, sí, y ahora se han vuelto contables. Quieren exigir intereses de demora a los que paguen fuera de plazo el «Impuesto Revolucionario». Ahora van a ir de hombres del frac y de burócratas, van a meter horas contando billetes y monedillas, anotando sus cifras exactas en el «debe» y en el «haber» de la «empresa», pasando, en fin de la capucha a los manguitos. Una visión economicista y marxista del asunto, les diría que son los tontos útiles de esos cómplices políticos que sueñan con hacer una Hacienda en la que «desgrave» el pago de ese impuesto.

El miedo físico y el miedo político
Julián LAGO La Razón 4 Julio 2002

Para Miguel Maura, tal como explica en «Así cayó Alfonso XIII», lo que perdió a Azaña al frente de la II República fue su miedo físico, que no así el miedo político. A diferencia del miedo político, el miedo físico resulta humano y, por ende, comprensible. En el País Vasco los políticos constitucionalistas viven sometidos, por un lado, al miedo físico y, por otro, al miedo político, lo cual produce la retroalimentación entre ambos miedos. Nadie dudará que los políticos vascos no constitucionalistas carecen de miedo físico (no tienen por qué tenerlo), aunque sí les mediatice el miedo político. Justo lo que ha demostrado no tener la recién creada Fundación para la Libertad, cuyos miembros no pueden, sin embargo, sustraerse del miedo físico, lo cual es lógico. Después de todo son perdedores como ha dicho, y ha dicho bien, Eguíbar, que es el muñeco Rockefeller de Arzallus: los únicos que pueden perder la vida, o la hacienda, o a sus familiares, o las tres cosas a la vez, son efectivamente los constitucionalistas.

A lo largo de 25 años, por miedo político, se ha ensayado de todo: gobiernos de coalición, conversaciones de Argel, tomas de temperatura y treguas varias, con los resultados conocidos. Al haber perdido el miedo político, los partidos constitucionalistas han votado por abrumadora mayoría la reforma de una Ley, la de los Partidos, que delimita la línea fronteriza entre quienes están contra la violencia y quienes no lo están. O sea, que se equivocan quienes desde el arcangelismo constitucionalista, o más exactamente desde el miedo político, creen que en el fondo se puede contar con el PNV, cuando es el fondo lo que les separa de ellos. Puestos a elegir, el PNV se pondrá siempre al lado de Batasuna: ahí está el alcalde Azkuna en el último pleno municipal de Bilbao, cuyo bochornoso espectáculo es botón de muestra de cuanto ocurre en los ayuntamientos vascos. La coacción, por cierto delito tipificado en el Código Penal, a los violentos les sale gratis total, porque así lo quieren, lo permiten y lo rentabilizan los nacionalistas vascos, digan misa o no la digan, que suelen decir mucha, sobre todo en relación con el referéndum y la llamada solución política.

Así los nacionalistas no desean un referéndum sino la consulta-trampa de Ibarretxe, por lo que Aznar, debería convocar un referéndum, con todas las de la ley para tapar la boca al cantamañanas de Arzallus, que tiene acojonado al país no por sus boutades sino porque detrás de él están los matones, pistoleros y criminales. Como tampoco es cierto que quieran una solución política; lo que quieren es «su solución política», que de democrática tiene lo que la pulga de La Chelito por cuanto pretenden retorcer la voluntad de quienes no comparten su proyecto secesionista. Por miedo político se sostiene todavía que el brazo político de Eta es Batasuna. Pues bien, el brazo político de Eta no es ya Batasuna, es el PNV: digámoslo de una vez por todas, y sin miedo.

¡Que paguen!
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 4 Julio 2002

El juez Garzón ha escrito un auto que fue dictado hace mucho tiempo por la lógica pero que parecía imposible de ver en las publicaciones oficiales y en los periódicos: que los que apoyan a los terroristas paguen las indemnizaciones de los daños que causan los terroristas. No es muy difícil de entender.

Lo que no sabemos es si la ultraderecha nacionalista se declarará solidaria con los batasunos y pagarán a escote. Que hagan cuentas. Garzón le ha echado un par de narices, dicho en lenguaje castizo, y ha descolocado a los terroristas: cada atentado será descontado de su nómina. Qué mala suerte. Lo malo es que no podrán devolver la vida de aquellos a los que matan. Los otros jueces les pondrán en la calle por falta de pruebas, pero cada atentado reivindicado por la banda les costará dinero.

Garzón ha encontrado el lenguaje que entiende esta sociedad, que no pasa por la moralidad ni por la defensa de la Vida o la Libertad: si los obispos no saben rezar por los muertos, que saquen el dinero de las sacristías para dárselo a los terroristas y que paguen a sus víctimas. Ahí le duele. Cada pastoral de apoyo a los asesinos supondrá un buen dinero para pagar los daños de sus bombas, ya que se supone que si son tan solidarios con los criminales es que están dispuestos a darles una parte de las limosnas que reciban. Y cuando se sepa a qué van destinados los donativos de los fieles ¿cuántos más recibirán?

Cada palabra de Arzalluz, cada rueda de prensa de Yosuyón y cada gesto de Ibarretxe les costará dinero. Parecía lógico, pero hasta ahora nadie lo había ordenado sino Garzón. Hemos abierto un camino de esperanza en nuestra lucha contra los que nos quieren matar: que paguen.

La mafia de la dictadura nacionalista
Enrique de Diego Libertad Digital 4 Julio 2002

El auto del juez Garzón estableciendo la responsabilidad subsidiaria de Batasuna en la kale borroka es la recuperación de un sentido común, que, en el caso vasco, ha hecho bueno aquello de que es el menos común de los sentidos. La noticia coincide con el reparto en las comisarías de fotos de nuevos terroristas que han ascendido a las ligas mayores del asesinato después de haberse preparado en las juveniles del totalitarismo. Más o menos, como las juventudes hitlerianas. Habrá que esperar, sin embargo, a que el auto se lleve en realidad a efecto, y no se produzca un alzamiento de bienes, ni quede en mera operación de imagen.

A Al Capone se le encarceló por delitos fiscales. Batasuna en todas y cada una de sus actividades es mucho peor y mucho más ilegal que Al Capone y sus sicarios. Su modus operandi es bastante parecido porque el impuesto revolucionario es una copia de las cuotas de seguridad de los mafiosos.

La exigencia de esa responsabilidad subsidiaria es prácticamente una ilegalización de hecho, partiendo de la base de que Batasuna es una pura mafia, que se ha consentido por la debilidad de los gobiernos nacionales desde Adolfo Súarez hasta la reforma de la Ley de Partidos. Pero la cuestión es que se lleve a la práctica de verdad. No puede dejar de destacarse la complicidad que el PNV y su gobierno han mantenido y mantienen con la mafia de Batasuna, a la que da cobertura política, para que pueda seguir amedrentado a los opositores comunes de la dictadura nacionalista.

¿Rendirnos ahora?
Carlos María de Urquijo Libertad Digital 4 Julio 2002

Algunos “responsables” políticos plantean la posibilidad de no concurrir a las próximas elecciones municipales para denunciar la falta de libertad existente en el País Vasco. Entiendo perfectamente lo que pretenden, despertar conciencias a las que sólo una medida extrema sacaría de su letargo. No obstante debo manifestar que, en mi modesta opinión, el solo hecho de contemplar si quiera esta posibilidad supondría un error de incalculables consecuencias para quienes, desde el País Vasco, trabajamos cada día para abrir paso a la libertad.

Comprendo que el hartazgo ante la situación de acoso permanente que padecemos los no nacionalistas y la indiferencia con que muchos la contemplan, pueda llevar a que algunos se planteen opciones a la desesperada. Pero ante situaciones extremas, como las que vivimos en el País Vasco, debe actuarse con la cabeza fría y no a golpe de impulsos más o menos bienintencionados.

¿Qué ganaríamos PSOE y PP con no presentarnos a las próximas elecciones municipales? ¿A quién beneficiaría nuestra ausencia? Estoy plenamente convencido de que no ganaríamos absolutamente nada, más bien al contrario. Se nos acusaría, y con razón, de arrojar la toalla. Sería el triunfo definitivo de ETA. La banda terrorista a lo largo de estos últimos años, si algo ha buscado con el asesinato de cargos públicos, es el desistimiento de quienes, a cara descubierta, les hacemos frente. Estaríamos dándoles la razón, sería para ellos la confirmación de su macabra estrategia. De rebote, el nacionalismo gobernante tendrá vía libre para hacer y deshacer a su antojo en Diputaciones y Ayuntamientos durante toda una legislatura para caminar, sin oposición, hacia su objetivo final : la independencia.

Creo también que secundar la estrategia de no presentarse a las elecciones sería una traición a las víctimas del terrorismo. ¿Para qué habría servido el sacrificio de Gregorio Ordoñez, de Miguel Ángel Blanco, de Froilan Elespe o de Juan Priede? ¿Para nada? Yo desde luego, y conmigo me atrevo a afirmar que el conjunto de los cargos electos del PP del País Vasco, no estamos dispuestos a que estos años de sacrificio no tengan alguna utilidad. Quien crea que estamos aquí sólo para resistir se equivoca. Estamos en el País Vasco para ser alternativa al nacionalismo. El esfuerzo realizado es para ganar. Pero no para que triunfe sólo una sigla, sino para que se abran paso de manera definitiva la paz y la libertad. Ese es el miedo de algunos. Que triunfando la libertad se acabe con un régimen, el nacionalista, responsable en no poca medida, de la penosa situación que padecemos quienes nos hemos opuesto a sus ideas.

Por tanto, descartemos planteamientos derrotistas. La Democracia está en cuestión, eso es evidente, pero nadie nos la va a regalar y menos quienes, desde el Gobierno Vasco, gestionan con comodidad la actual situación. Sin el concurso de los no nacionalistas no habrá libertad plena en el País Vasco durante mucho tiempo. El cambio es posible, la alternativa existe, los nacionalistas lo saben y de ahí su nerviosismo. Sólo debemos tener un objetivo, formar las mejores candidaturas y presentarnos en cuantos municipios podamos. Del resto se encargara el sentido común de los vascos y no me cabe duda que la perseverancia dará su fruto. Alguien dijo con acierto que el que resiste gana.    Carlos Mª de Urquijo es Parlamentario Vasco y concejal del PP en Llodio

Adiós a la impunidad
EDITORIAL Libertad Digital 4 Julio 2002

Todos los españoles de bien no pueden menos que sentir una profunda satisfacción por el auto en que el juez Garzón, a solicitud del fiscal Enrique Molina, declara responsable civil solidaria a Batasuna por los destrozos que causan los “cachorros” de Eta, a las órdenes directas de Otegi, en los episodios de la llamada “kale borroka”.

Batasuna deberá abonar 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) si quiere evitar el embargo de sus bienes, incluidas sus sedes –desde las que se organizan los disturbios y se paga a los “chicos de la gasolina”– y las subvenciones que recibe del Gobierno vasco, su principal valedor. El auto de Garzón supone –como el propio “ex etarra” Otegi ha reconocido– la asfixia financiera de Batasuna y, por tanto, su neutralización de hecho.

Los dirigentes de Eta habían diseñado una estrategia para tomar la calle apoyándose en la captación de jóvenes y adolescentes desarraigados. A cambio de sentirse integrados en un grupo y de algún dinero para sus gastos, se dejaban lavar el cerebro para convertirse en una especie de SA encargada de sembrar el miedo y la inseguridad en las calles de las ciudades vascas; ya fuera quemando autobuses, destrozando mobiliario urbano, integrando contramanifestaciones, escribiendo pintadas intimidatorias contra políticos y empresarios, lanzando cócteles molotov contra las viviendas de los ciudadanos desafectos a la “cruzada” nacionalista, insultando y amenazando a los concejales del PP y del PSE o incluso cobrando la extorsión a los empresarios; todo ello bajo la coordinación de Batasuna. Una “excelente” cantera para las filas de la organización matriz –Eta–, que después integra en sus cuadros a los más destacados en la “kale borroka”, como pone de manifiesto la nueva lista de terroristas más buscados hecha pública por el Ministerio del Interior: siete liberados procedentes de la violencia callejera.

Las escasas veces que la policía autónoma vasca conseguía detener y la justicia inculpar a los “chicos de la gasolina”, éstos eran insolventes para hacer frente a la indemnización por los daños que habían causado. Todo se resolvía con una corta condena, o bien con una huida a Francia para evitar el encarcelamiento: y... vuelta a empezar en la más absoluta impunidad.

El auto de Garzón ha venido a desmontar la falacia jurídica en que se apoyaban los dirigentes de Batasuna: las organizaciones no delinquen, sólo las personas. Si bien es cierto que los delitos sólo pueden cometerlos personas, no es menos cierto –como señala el juez en el auto– que la organización que presta los medios, la infraestructura y la labor de coordinación para cometer delitos ha de responder con su patrimonio de todos los daños que haya hecho posible su colaboración. Y lo que es más importante: esta doctrina no sólo tiene aplicación en el caso de la violencia callejera, también abre el camino a la responsabilidad solidaria de Batasuna por los atentados, secuestros y extorsiones de Eta, su matriz.

Aunque con mucho retraso –más de veinte años– el sentido común y la firmeza en la aplicación de la ley no han podido venir en mejor momento. La creciente desmoralización de los constitucionalistas ante el acoso impune de los batasunos, la calculada indiferencia del PNV y el prurito garantista de algunos jueces “progresistas” habían llevado a un sector importante de la política vasca a replantearse seriamente si merecía la pena continuar en la lucha por las libertades. El embargo a Batasuna es una satisfacción moral y un rayo de esperanza para todos aquellos que, cada mañana, deben mirar los bajos de sus coches y cada tarde tienen que consultar a sus escoltas en qué bar podrán tomarse su café sin correr excesivos riesgos.

El poder político y el poder judicial, ante el clamor de la ciudadanía por la exquisita impunidad de la que han disfrutado los batasunos en sus desmanes, han empezado a actuar con contundencia: una vez aprobada la nueva Ley de Partidos, concluida la instrucción de Garzón sobre la trama político-empresarial de Eta e iniciado el ahogo financiero de Batasuna, ya sólo queda que los magistrados de la Audiencia Nacional y del Supremo no pongan obstáculos a la extirpación del cáncer que corroe la sociedad vasca y que perturba a toda España. Confiemos en que las “Secciones de puertas abiertas” sean ya cosa del pasado y en que los magistrados del Supremo con veleidades de legislador –véase el Gora Eta de Otegi en Francia– hayan recapacitado. La sociedad española, y especialmente la vasca, no están precisamente para leguleyadas “progresistas”.

Tensión sobre el debate de la nación
Pablo Sebastián La Estrella 4 Julio 2002

La entrada en vigor de la Ley de Partidos y las últimas iniciativas judiciales contra el entorno de ETA, así como la polémica abierta en relación con los problemas que tienen PP y PSOE para configurar las listas electorales de las próximas elecciones municipales, están condicionando el que será debate sobre el estado de la nación, que podría desviarse a un debate sobre el estado de la situación en el País Vasco. Sobre todo si en los próximos días se pusiera en marcha alguna o varias iniciativas para ilegalizar a Batasuna, como parece desprenderse de algunas declaraciones de miembros del Gobierno o de dirigentes del PP.

De esta manera, el debate general español puede quedar aparcado, o en un segundo plano, ante el debate local de la crisis vasca. Quedando de lado la discusión sobre el alcance y efectos del 20-J, la reaparición de Zapatero como líder del PSOE y de la izquierda y las valoraciones sobre todas las políticas esenciales del Gobierno de Aznar en el campo económico, social o internacional.

Puede que para el Gobierno del PP esta nueva estrategia, que tiene como base bien sólida la cruda y difícil realidad del problema vasco, le sirva para aplazar o devaluar otras cuestiones en las que la oposición esperaba hincar el diente. Sin embargo, el reconocimiento de la crisis tanto política, como judicial, democrática y policial del País Vasco es una cuestión que afecta no sólo al Gobierno del País Vasco, sino que también toca de lleno al Gobierno central, como lo reclaman desde el PSOE vasco cuando piden a Vitoria y a Madrid medidas y garantías democráticas para los candidatos a las municipales.

No en vano, decir que no hay democracia en el País Vasco es decir que no la hay en una parte de España, y eso es una responsabilidad nacional y no sólo local. Y ello aumentaría el desánimo y la tentación escapista de los dirigentes políticos que viven en el País Vasco, que sufren el terror de ETA y que verían en Madrid el discurso de "no hay nada que hacer". El mismo y peligroso discurso que han esgrimido recientemente en el PSOE vasco algunos dirigentes proponiendo que este partido no acuda a las próximas elecciones municipales.

Si llegamos a esa institucionalización de la crisis vasca, trasladándola al proceso electoral y al resto del Estado, estaríamos abriendo una puerta que nadie sabe a dónde conduce y por dónde nos podría llevar. Estaríamos en el duro y difícil camino de medidas tan llamativas como el estado de excepción y, al final, ETA habría así conseguido desestabilizar la vida democrática dentro y fuera de Euskadi. Y aunque sufriera un nuevo acoso político, judicial y policial habría alcanzado otros objetivos de recorte de garantías democráticas y libertades que afectan al conjunto de la sociedad.

Batasuna ahogada
Maite Cunchillos Libertad Digital 4 Julio 2002

Pronto veremos las consecuencias del auto de Baltasar Garzón pero de una primera lectura se puede aventurar que el juez ha iniciado el estrangulamiento económico de Batasuna. El auto de Garzón no es firme pero el recurso no paraliza el embargo de los bienes de la coalición abertzale. Probablemente los abogados de Batasuna no podrán recabar los 24 millones de euros que les exige el juez en el plazo de una audiencia.

En un pasado reciente, entidades bancarias como la Caja Laboral quizá se hubieran planteado prestarles esa fianza pero ahora las cosas han cambiado y a Batasuna le crecen los problemas por todos los lados; ningún banco se va a arriesgar a perder 4000 millones de pesetas. En menos de 13 páginas, Garzón argumenta las razones por las que considera indiciariamente acreditados los vínculos entre ETA-BATASUNA-SEGI. Batasuna sale beneficiada con los daños de la Kale Borroka; por eso esta coalición lleva muchos años mirando hacia otro lado cuando sus cachorros de los grupos "Y" se dedican a destruir mobiliario urbano cada fin de semana. Lejos de evitar esos actos violentos, Batasuna los provoca con las llamadas "jornadas de lucha callejera". La mitad de los menores juzgados en la Audiencia Nacional por delito de terrorismo han reconocido durante el juicio que lanzaban cócteles molotov por esas jornadas de lucha organizadas desde Batasuna.

Garzón recoge en su auto varios ejemplos de cómo la coalición política ha venido cediendo sus locales a los jóvenes violentos para determinadas ruedas de prensa. En otras ocasiones en esas sedes incluso han aparecido cócteles molotov o las agendas y previsiones de la Kale Borroka. Jóvenes como Asier Tapia recibieron instrucciones de sus superiores- como Otegui- sobre cómo comparecer ante los medios de comunicación. Para Batasuna resulta mucho más cómodo que sean estos adolescentes –casi siempre insolventes– los que se enfrenten a una responsabilidad civil que nunca han pagado. A partir de ahora, Batasuna sabe que su bolsillo está en el punto de mira de la Audiencia Nacional y no sólo por actos de violencia callejera sino también por cualquier atentado de ETA.

La principal novedad del auto de Garzón es que abre la puerta para que Batasuna indemnice a las víctimas de la organización terrorista. Bastará con encontrar indicios de que detrás de ese atentado concreto está la sombra de un militante de Batasuna. Los jueces compañeros de Garzón apoyarán esta iniciativa si viene respaldada por la fiscalía y lo más probable es que el ministerio público vea con buenos ojos la posibilidad de que el partido de Otegui pague a las víctimas de los atentados terroristas. Eso supondrá que en cada juicio de terrorismo se sentará un abogado de Batasuna para defender a la coalición ante la responsabilidad civil subsidiaria reclamada.

Otra novedad sustancial que aporta el auto de Garzón es que cierra el grifo de las subvenciones que el gobierno vasco concede a Batasuna: las que ya han sido adjudicadas resultarán embargadas a partir del día siguiente a este auto y, sobre las subvenciones futuras, está por ver si al Ejecutivo vasco le compensa que su grifo termine beneficiando a la Administración Central. El auto de Baltasar Garzón tampoco habrá pasado inadvertido para los guardianes de las arcas públicas; alguno habrá respirado al recordar los 1000 millones de pesetas que el Estado debe a Batasuna, una deuda que pronto puede quedar saldada. No es de extrañar que en el País Vasco se estén recrudeciendo las campañas de extorsión a los pequeños y medianos empresarios. Con el auto de Garzón, por cierto, Batasuna también tendrá que responder por quienes piden la extorsión del impuesto revolucionario. Garzón siempre ha defendido que, al margen de polémicas con la ley de ilegalización de partidos políticos, el fin de ETA pasa por sus cuentas bancarias.

LOS GOLPES DE GARZÓN
FERNANDO ONEGA La Voz 4 Julio 2002

Los «chicos de la gasolina», como los llama Arzallus, tienen padre. Padre político. Se lo ha reconocido el juez Baltasar Garzón al embargar bienes de Batasuna para cubrir los daños que han causado en sus juergas nocturnas, conocidas como kale borroka . La resolución está llena de lógica: si esos chicos están integrados en Segi, y Segi es la organización juvenil de Batasuna, es natural que Batasuna pague con sus bienes la ronda de desperfectos. Al menos, desde el momento en que Segi ha sido fundada, hace ahora algo más de un año.

En el plazo de 48 horas, Garzón ha dado dos golpes: mandó a juicio a 68 dirigentes de organizaciones abertzales, acusados de colaborar con ETA o de pertenecer a la banda, y encontró a los responsables últimos de la epidemia de la lucha callejera. En ambos casos, el resultado es el mismo: se actúa sobre la llamada trama civil del terrorismo. Y en ambos casos se pone el punto de mira judicial en una organización que, de forma increíble, todavía disfruta de los beneficios de la legalidad.

¿De quién es «la mano que mece la cuna»? De Batasuna. También aquí todos los caminos conducen a Roma. Todas las vías de investigación estudiadas durante cuatro años por este magistrado conducen a ese grupo que aterroriza a concejales, ofrece ideología a los asesinos, celebra los atentados, y sus militantes son los únicos que no temen por su vida.

Nadie se puede sorprender de las conclusiones de Garzón. Todos tenemos la convicción moral de que es así. Lo único que sorprende es lo que está pasando: Batasuna debe pagar la kale borroka , pero sigue cobrando subvenciones del Estado. ¿Es esto coherente? Batasuna tiene dirigentes implicados en la lucha armada, pero sigue sentada como tal en el Parlamento. ¿Es esto entendible? No, no lo es. Y lo malo es que a todo lo denunciado por el juez Baltasar Garzón no se le puede aplicar la Ley de Partidos, por los famosos efectos retroactivos. Pero digo yo que se le podrá aplicar la vía del Código Penal. Ahora ya tenemos pruebas. ¿No era eso lo que faltaba?

 

El auto dice que Batasuna es una 'empresa pantalla' de la «empresa matriz: ETA» / Explica que la formación política es «complementaria» de las organizaciones ilegales que componen el complejo terrorista
Garzón embargará bienes a Batasuna por 24 millones de euros
La declara responsable civil solidaria, por «obedecer» a ETA, de los actos de 'kale borroka' cometidos por Segi y de todas las acciones terroristas futuras
CARMEN REMIREZ DE GANUZA El Mundo 4 Julio 2002

MADRID.- El juez Garzón dio ayer un paso más allá en la acción procesal contra el entorno de ETA al decidir el embargo de los bienes, créditos y subvenciones de Batasuna por valor de 24 millones de euros (cerca de 4000 millones de pesetas) en el caso de que hoy mismo sus responsables no depositen una fianza o aval por dicha cantidad. Cabe recordar que sólo las subvenciones electorales reclamadas por Batasuna al estado español, y que éste ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, alcanzan los 1.500 millones de pesetas.

La medida acordada por el juez de la Audiencia Nacional viene justificada en un auto notificado ayer por el que se declara a la formación política abertzale responsable civil solidaria de los actos de violencia callejera cometidos por los miembros de Segi -la organización juvenil supuestamente integrada en ETA- entre julio de 2001 y febrero de 2002.

La decisión del juez, anunciada en el auto del 11 de marzo de 2002 que decretaba la prisión provisional de los integrantes de Segi, fue informada favorablemente por el fiscal, aunque éste sólo valoró la responsabilidad de Batasuna en la mitad: 1.500 millones de pesetas. Garzón insistió ayer en los 18 millones de euros anunciados y le sumó 6 millones más, en virtud del tercio al que obliga la ley.

En su auto, Garzón reproduce las 21 acciones de kale borroka «ejecutadas» por Segi con ocasión del fallecimiento de la etarra Olaia Castresana -que valora en 7 millones de euros-; las diez movilizaciones de protesta efectuadas tras la actuación judicial contra Gestoras Pro Amnistía, que causaron daños por valor de 9 millones de euros; y los 15 actos de «lucha» -que causaron estragos por dos millones de euros- que los dirigentes de Segi realizaron en protesta por la propia declaración de ilicitud de su organización.

Pero lo novedoso e inesperad del último auto de Garzón viene expresado en el último de sus razonamientos jurídicos, en el que establece que «la extensión de la responsabilidad civil debe comprender a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado».

Ello significa que Garzón podría reclamar a Batasuna las indemnizaciones resultantes de cualquier atentado de ETA cuya instrucción recaiga en su juzgado, y que cualquier juez podría hacerlo si el auto de Garzón alcanza firmeza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La vinculación con ETA
Garzón justifica esta decisión con un extenso razonamiento jurídico con el que concluye: «Batasuna representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA».

El auto insiste en la existencia de indicios suficientes que demuestran los «vínculos entre las diferentes estructuras integradoras del complejo terrorista liderado por ETA». «Está acreditado -dice en primer lugar- que la estrategia de Segi estuvo amparada, impulsada y coordinada con Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna, a través de sus miembros. Pero también existen datos de que esta formación política -integrada en el mismo entramado liderado por la organización terrorista ETA.-KAS-EKIN- ha prestado ayuda, cobertura y locales a Jarrai-Haika-Segi para la realización de actos ilícitos».

Garzón cita algunos de estos indicios adelantados en el sumario 18/88, concluido hace dos días, y promete detallar la vinculación financiera entre Batasuna y ETA en una próxima resolución.

Entretanto, el juez se muestra tajante respecto de la «complementariedad» de Batasuna -como formación legal- con las demás organizaciones ilegales o alegales integradas en la organización terrorista.Dicho principio de «complementariedad» quedó al descubierto, según el auto, con el «proyecto Udaletxe», elaborado por la dirección de ETA e intervenido en Bidart en 1992.

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