AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 5 Julio  2002
Batasuna: el que la hace, la paga
Editorial La Razón 5 Julio 2002

El PNV sigue encubriendo a Batasuna
Impresiones El Mundo 5 Julio 2002

Hasta el huerto
ALFONSO USSÍA ABC 5 Julio 2002

Los nacionalistas, paralizados
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 5 Julio 2002

Urnas y trampas
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 5 Julio 2002

Los cinco pilares
Cartas al Director ABC 5 Julio 2002

Batasuna perderá 34 millones recibidos del PNV y tendrá que pagar otros 300 por las víctimas de Eta
M. R. I. / J. P. / R. L. V. - Madrid.- La Razón 5 Julio 2002

Piedra de toque
Enrique de Diego Libertad Digital 5 Julio 2002

Impunidad y protección
Editorial El Correo 5 Julio 2002

La paz y la libertad
Pío Moa Libertad Digital 5 Julio 2002

Ideologías del terrorismo
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ  El Correo 5 Julio 2002

¿Qué fue del pacto aquél
José Javaloyes La Estrella 5 Julio 2002

¿Hay pecado original en la Iglesia vasca
Antonio Beristain  La Razón 5 Julio 2002

El Gobierno galo promete «tolerancia 0» para evitar un santuario proetarra
D. M / J. P. ABC 5 Julio 2002

AENA y el catalán
CARLOS HERRERA ABC 5 Julio 2002

Palomas y lombrices
Nota del Editor 5 Julio 2002

Otro error de Mas-Colell
Redacción - Barcelona.- La Razón 5 Julio 2002

El Tribunal Superior anula el recorte al euskera del Gobierno de Navarra
MIKEL MUEZ | Pamplona El País 5 Julio 2002

Los opositores
Nota del Editor 5 Julio 2002

Batasuna: el que la hace, la paga
Editorial La Razón 5 Julio 2002

El juez Baltasar Garzón, en una providencia en continuación del auto dictado el miércoles en el que exigía que Batasuna pagase por responsabilidad subsidiaria los daños de la «kale borroka», ha pedido al Gobierno vasco la relación de las cantidades en conceptos de subvenciones y otras gabelas que se destinan a Batasuna y, simultáneamente, ha reclamado a Interior la relación de sedes y otros bienes de la coalición por si procediese el embargo. De esta forma, el juez afronta el impago exigido en su auto por parte de la organización proetarra, perseguida en sus finanzas ante la evidencia judicial de que forma parte inalienable de la trama terrorista de Eta y, por ello, corresponsable de los daños que causa la banda y sus múltiples ramificaciones.
El juez Garzón debe conocer, antes de la respuesta oficial del Gobierno vasco, que Batasuna se beneficia anualmente de alrededor de 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, de dinero público destinado a su grupo político, a sus parlamentarios y otros cargos, y a las organizaciones de apoyo a Eta camufladas en editoriales, asociaciones «humanitarias», centros de propaganda y demás excusas para la recaudación de dinero público. Para Garzón (y para la mayor parte de la opinión pública) es un dinero que las organizaciones satélites de Eta utilizan para alimentar la maquinaria terrorista en sus múltiples expresiones, desde el asesinato, secuestro y chantaje, hasta la simple persecución, intimidación y amenaza contra los que no asumen su objetivo secesionista. Un dinero, por tanto, que debe ser resarcido para enjugar los daños sufridos por las personas y los bienes. Por ejemplo, debe ser destinado a indemnizar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares (cuando se trata de asesinados), a quienes se debe más de 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros), de acuerdo con las indemnizaciones dictadas por los jueces.
Estamos ante un primer paso, valeroso por parte de Garzón, de restituir la Justicia frente a la impunidad de los grupos de apoyo al terrorismo. La opinión pública se pregunta ahora si el Estado (tanto como Gobierno vasco, como desde el Gobierno de la Nación) va a hacer cumplir la resolución judicial. Los primeros síntomas procedentes del Ejecutivo del PNV (y de sus aliados, como EA) no infunden optimismo, pero la justicia obliga a todos. ¿La desafiará Ibarreche? Sería un gesto arriesgado, porque la impresión generalizada es que, en caso de duda, el PNV prefiere aliarse con los proetarras. Si lo hace ahora, se despejaría la duda de si el PNV es un partido democrático o el brazo auxiliar (institucional) de los independentistas violentos.
Garzón ha puesto al PNV en la encrucijada. Ahora no es el Gobierno el que plantea la deslegalización de un partido (a lo que puede esgrimirse una oposición «política»). Ahora es la Justicia la que reclama el resarcimiento económico de crímenes. Es hora, por tanto, de clarificaciones. Hora de que el PNV diga si está con la Justicia o con la trama que quiere destruir el Estado con todos los medios, incluido el terrorismo.

El PNV sigue encubriendo a Batasuna
Impresiones El Mundo 5 Julio 2002

El auto de Garzón que declara responsable civil de los actos de violencia callejera a Batasuna y embarga sus bienes fue acogido ayer como un triunfo del Estado de Derecho y un golpe para el entramado de ETA por todas las fuerzas democráticas... menos por el PNV. En nombre del Gobierno vasco, el consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, acusó al juez de dejarse manipular por el Ejecutivo del PP y dijo otras barbaridades tales como que Aznar quiere «acabar con el nacionalismo democrático», con los sindicatos y hasta «con la democracia». Tanto él como el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, coincidieron con Otegi en que el auto de Garzón no abocará a la desaparición a Batasuna. Una coincidencia ésta que debería preocupar a los dirigentes del PNV, si no estuvieran más empeñados en defender a sus correligionarios nacionalistas que en exigir responsabilidades a las organizaciones que sustentan el entramado criminal proetarra. A pesar de las dudas expresadas por los dirigentes del PNV acerca de la capacidad de la justicia para llevar a la práctica el embargo de los bienes de Batasuna, Garzón comenzó ayer a recabar información sobre las subvenciones que recibe la coalición de los presupuestos del Gobierno y el Parlamento vascos. Como mínimo, Batasuna ya no podrá utilizar el dinero público para desviarlo a organizaciones que cometen atentados o actos de violencia callejera.

Hasta el huerto
Por ALFONSO USSÍA ABC 5 Julio 2002

Don Baltasar Garzón ha sido el único juez que se ha atrevido a redactar y firmar un auto en el que se expone todo lo que piensa la libre y pacífica ciudadanía. Que la ETA, Batasuna, Segi y lo que siga es una misma cosa, un negocio de terror, destrucción y muerte que principia y termina formando un círculo perfecto. Que Batasuna es la que alienta, instruye, organiza y ordena las salvajadas de la llamada «kale borroka», y que por lo tanto, es responsable de todos los daños que produce. Y más aún, que Batasuna, antes Euskal Herritarrok y previamente Herri Batasuna, forma parte fundamental de la banda, y por ello, es responsable de las acciones terroristas en todas sus consecuencias. En el auto, don Baltasar Garzón exige a Batasuna 24 millones de euros de indemnización por los destrozos causados por la «kale borroka», y abre la puerta y atiende a la posibilidad de que las víctimas de la ETA puedan reclamar individualmente toda suerte de indemnizaciones. De no pagar esos 24 millones de eurecillos, le serán embargadas a la organización sangrienta sus sedes, sus bienes, sus cuentas y sus créditos, lo que ahogaría económicamente a la mafia asesina.

También se embargarían las «herriko tabernas», locales en los que el chacolí alegra los planes criminales. Y alcanzando una distancia mayor, y quizá sorpresivamente, podrían quedar controladas las acciones y participaciones que el negocio etarra posee en determinadas sociedades anónimas con sede en las Vascongadas. Pero yo iría aún más lejos.

Si una sola víctima del terrorismo, si el propietario de un inmueble o de un negocio cualquiera, si el inquilino de un piso destrozado por los salvajes, si la víctima de un solo cristal desprendido, si el dueño de un coche quemado no cobra hasta el último céntimo de lo que le corresponde, hay que embargar también los bienes personales de los canallas, empezando por el frasco de ventresca de bonito envasado amorosamente por la abuela Izaskun y terminando por el huerto de la tía Nekane, el que proporciona las verduras y legumbres «frescas, frescas» a determinados cocineros y dueños de restaurantes de la zona. Embargar hasta la ristra de chistorra recién preparada, los cuchillos de cocina y los elementos para la cocción de las viandas. Incluso, si algo queda por pagar, hasta las hojas de perejil que ayudan a que los platos condimentados sean «ricos, ricos».

Embargar los remos de las traineras, las botas de montaña, los blusones de las fiestas y el vestido folclórico de Gone Goricelaya, el pendiente de Otegui, el tufo a sudor de la payasa, las gafas de Permach, las bragas de la «Tigresa», el «chistu» de Rufino Echavarría y el tamboril de Barrena. Y si no se ha cubierto la deuda, la chapela de monseñor Setién, con o sin pitorro, el termo playero de los Idígoras, las exégesis de Blázquez, las mantas zamoranas de monseñor Uriarte y el champú anticaspa elaborado con frutos del huerto de la «amona Arantza» que le envía todos los meses por mensajero Joseba Eguíbar al Sánchez de Sigüenza-Guadalajara. Y si todavía queda algo por abonar, que se lo saque Arzallus de la manga, que la tiene ancha y poderosa.

Siempre se ha dicho que en la desigual batalla entre un Estado de Derecho y una banda terrorista que cuenta con inconcebibles apoyos y amnistías, sólo la acción policial y la Justicia defienden a la sociedad de los asesinos. Pero hay jueces y jueces, como se ha demostrado últimamente con la patochada de don Perfecto o el firme paso hacia adelante de don Baltasar. Que a estos los dejas sin dinero, sin chacolí, sin sotanas, sin recursos y sin las pochas del huerto de la tía Nekane, y son una mierda.

Los nacionalistas, paralizados
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 5 Julio 2002

Por si alguien tenía dudas de las últimas declaraciones de Rajoy sobre la voluntad de los nacionalistas vascos (o sea, nula voluntad) para terminar con Eta, baste la reacción que han tenido ayer tras conocer el auto de Garzón: se han quedado de piedra y han balbuceado eso de «es de imposible cumplimiento».

¿Que no se puede cumplir? ¿Ja! Otra cosa es que el presidente del Parlamento vasco ponga problemas ¿Cómo es eso de que no se les puede tocar sus sueldos por orden judicial? O sea, que se puede embargar el sueldo de un individuo que no pasa la pensión a la mujer de la que se ha divorciado y no se puede embargar el sueldo de un tipo que apoya a los terroristas ¿Ja!

Lo que es de imposible cumplimiento es demostrar que hay una persecución a las ideologías, que es donde estaban todos agarrados. La Justicia no está persiguiendo ideales o gente con ideas, sino asesinos y gente que apoya a los asesinos en un entramado que ha tardado tiempo en demostrarse judicialmente pero que ya está visto para sentencia. Ya no es que se le pueda ilegalizar: es que se les va a arruinar mientras sigan poniendo bombas.

La idea de Garzón ha sido tan buena que no se la esperaba nadie. Las ideas buenas lo son porque, además de ocurrentes, son simples: es decir, se entienden a la primera. Y esto de hacerles a los batasunos que paguen los daños que causen los terroristas es tan de cajón que ha dejado a los nacionalistas paralizados y a Otegui dando una rueda de prensa comparando el embargo de sus cuentas con el embargo de Estados Unidos a Cuba. Eso es para decir ¿ja, ja, ja!.

Urnas y trampas
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 5 Julio 2002

En el PP y el PSOE del País Vasco inquieta mucho el debate generado dentro de las tribus socialistas y que ha saltado rápidamente a los medios de comunicación sobre la conveniencia o no de presentarse a las elecciones municipales. Los socialistas prefieren que se debata sólo con quiénes podrían eventualmente compartir las listas y los populares que se debata sólo la evidente falta de libertad y la dictadura nacionalista que se padece en el País Vasco. Pero no quieren que se discuta la posibilidad de no presentarse, porque desmoraliza a los ya machacados candidatos a concejales que, sólo por serlo, resultan también candidatos a víctimas del terror, como en Colombia.

Entiendo la inquietud de los partidos y sería injusto no prestar atención a la forma en que se plantea esta cuestión para no favorecer a quienes se pretende combatir, pero ahora que ha comenzado en serio la defensa de España desde las instituciones democráticas, ahora que se reconoce que las medidas de ilegalización y persecución judicial del terror como crimen organizado llegan 20 años tarde, conviene empezar a reconocer también otras dos cosas: la primera es la tremenda responsabilidad de los medios de comunicación en la forzada parálisis del Estado de Derecho frente al terrorismo que han protagonizado jueces y gobiernos, pero que no se habría mantenido tantos años sin la política avestrucista y retroprogre de la prensa, casi sin excepciones; la segunda es la tendencia de los partidos a confundir resultados electorales con resultados políticos; así, el resultado de últimas elecciones autonómicas, que siendo bueno en los números y extraordinario en el proceso electoral, fue asumido como malo sólo porque no condujo a la conquista de la mayoría y la formación de Gobierno.

Ese partidismo o más bien partiditis en el entendimiento de un proceso electoral es lo que hizo asumir como derrota a Aznar y al PSOE lo que ni era ni podía serlo, y lo que permitió cantar victoria a los arzalluz y garaicos, ibarreches y madrazos, así como a sus cómplices madriletas, los felipes y miñones, cebrianes y tussellones, que son los que finalmente -aunque no definitivamente- se han cargado a Redondo Terreros y al PSE. Pero estas elecciones, y las próximas, y las siguientes, no son ni pueden ser más que pasos en el largo proceso de lucha contra el totalitarismo nacionalista.Ni se ganan ni se pierden del todo porque lo que se juega no son las alcaldías sino las libertades. La lucha contra el terrorismo y la dictadura euskonazi no se reduce a la participación electoral ni está en discusión. Las urnas son instrumentos para la libertad, no la libertad. No deben convertirse en trampas contra ella.Y eso pasa cuando no se distingue claramente entre el fin y los medios.

Los cinco pilares
Cartas al Director ABC 5 Julio 2002

La barbarie instalada en el País Vasco, única seña de identidad de su nacionalismo, se sustenta sobre cinco patas. El asesinato, a cargo de ETA. El amedrentamiento político y la coacción social, en el inframundo de Batasuna. La impunidad de los delincuentes, encargada al Gobierno vasco. La complacencia y explícita tolerancia institucional, a cargo de los partidos e instituciones nacionalistas. El apoyo moral y la bendición de los crímenes, tácita siempre y explícita en ocasiones, de la Iglesia vasca. Los comentarios de Egibar sobre la Fundación para la Libertad o sobre Víctimas del Terrorismo responden al carácter esencialmente primitivo del nacionalismo vasco. Y no olvidemos que gobiernos que arrastren cinco años sin presupuestos sólo se han conocido dos, el gobierno de los talibanes afganos y el gobierno vasco.   J. C. Antón.   Bilbao.

Batasuna perderá 34 millones recibidos del PNV y tendrá que pagar otros 300 por las víctimas de Eta
Garzón pide a Interior que le informe sobre el dinero que el Estado debe a la coalición para hacer la «resta» Se dirige al Gobierno vasco para que cuantifique las ayudas El embargo se ejecutará cuando la Policía aporte el listado de bienes
El estrangulamiento económico de Batasuna que se producirá cuando el juez Garzón embargue sus bienes se hace más patente cuando se analizan las cantidades que percibe la coalición abertzale de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma vasca, el Ejecutivo de Juan José Ibarreche, las subvenciones electorales y por su representación parlamentaria. En total, casi 34 millones de euros (5.657 millones de pesetas). Garzón dio ayer el primer paso para poder embargar de dichas subvenciones. El magistrado solicitó a las consejerías vascas de Interior y Hacienda, así como al Gobierno de Navarra, que le informen de las cantidades asignadas a la formación en los Presupuestos de su comunidad autónoma.
M. R. I. / J. P. / R. L. V. - Madrid.- La Razón 5 Julio 2002

Aunque Batasuna afirme que no tiene dinero o bienes para sufragar la fianza de responsabilidad civil impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ni para pagar los millones de euros que le reclamarán con toda probabilidad las víctimas de Eta, lo cierto es que dispone de casi 34 millones de euros (5.657 millones de pesetas) procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma vasca, de las subvenciones electorales, el sueldo de sus diputados y las asignaciones parlamentarias, así como de pagos directos del Gobierno de Juan José Ibarreche a organizaciones de su entorno.

Sólo en los Presupuestos de 2000, que siguen vigentes en la actualidad, Batasuna percibe para los proyectos que propuso cerca de 27 millones de euros (4.500 millones de pesetas), desglosados en todas las partidas que se reflejan en el gráfico adjunto. Asimismo, desde 1988 el Gobierno vasco ha pagado más de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) en ayudas a grupos que trabajan a favor de los presos de Eta y para revistas abertzales.

Tribunal Vasco de Cuentas
La cantidad que percibió, según el Tribunal Vasco de Cuentas, en concepto de subvención pública por los gastos electorales de los comicios de 2001 ascendió a los 613.000 euros (102 millones de pesetas).
Asimismo, Euskal Herritarrok percibe al año por su representación en el Parlamento vasco casi 700.000 euros (115 millones de pesetas), en concepto de sueldos, dietas por locomoción y asignaciones al grupo parlamentario.
De este modo, aunque los bienes declarados oficialmente por Batasuna no alcancen la cantidad del embargo, las subvenciones que percibe sí podrán cubrir la responsabilidad civil que le ha impuesto el juez.
El embargo de dichas subvenciones tendrá un efecto inmediato: el estrangulamiento absoluto de las finanzas de la coalición abertzale y, como consecuencia, de sus actividades.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer el primer paso para bloquear las ayudas públicas a Batasuna. El magistrado solicitó al Ministerio del Interior y a la secretaría de Estado para la Seguridad que le informen si HB, EH o Batasuna son acreedores de alguna cantidad que, por sentencia judicial, deba satisfacer el Estado. Tal y como informó ayer este diario, el Estado tenía que pagar a la coalición más de seis millones de euros en concepto de gastos electorales desde 1982. Interior ha retenido desde entonces el pago de dicha cantidad y la resolución de este conflicto está pendiente del Constitucional.
Al mismo tiempo, Baltasar Garzón solicitó ayer a las consejerías de Interior y Hacienda del Gobierno vasco, así como al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, que le informen sobre las cantidades que tiene asignadas Batasuna con cargo a los Presupuestos de las comunidades autónomas respectivas.
Cuando el magistrado tenga toda la información, y la Policía le entregue el listado de bienes de la coalición, ejecutará el embargo que decretó el pasado miércoles.

Según informaron ayer fuentes jurídicas, la decisión puede alcanzar al sueldo de los diputados de Euskal Herritarrok y hasta al de sus empleados, respetando siempre el límite marcado por la ley. Las mismas fuentes subrayaron que, cuando el juez embargue las sedes de la formación política, sus miembros podrán seguir utilizándolas, pero en ningún caso venderlas o transferirlas a terceros.
Por otra parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo informó ayer que la cantidad que el Estado podrá reclamar a Batasuna en indemnizaciones a víctimas, si el auto de Garzón adquiere firmeza y se demuestra en sentencia la integración del partido en Eta, asciende a los 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas). Si esta previsión se cumpliese el embargo de la coalición abertzale sería permanente.

Piedra de toque
Enrique de Diego Libertad Digital 5 Julio 2002

El terrorismo no sólo nos toma por víctimas propiciatorias, también por tontos. Trata de imponernos el miedo, y desde ese sentimiento abyecto, situarnos en una posición de indefensión para perpetrar con mayor facilidad sus crímenes. Intenta buscar la complicidad de la víctima en su propio sacrificio, por eso suele fijarse como primeros objetivos a los más valientes y corajudos, para después ir hacia el genocidio. Trata de conseguir el entreguismo, para matar a más en menos tiempo. Nada nuevo bajo el sol. Fue la táctica de nazis y comunistas para llevar a la gente como corderos a los campos de exterminio. La semejanza es tan clara que la cuestión de futuro es entender por qué la democracia española, el Estado de Derecho, ha tardado tanto en reaccionar y por qué los jueces progres se han dedicado a ejercer de cómplices morales de los terroristas. No puede dejar de alabarse a Mayor Oreja, pues de su claridad de ideas vienen este tipo de decisiones.

El autor de Garzón se convierte en una piedra de toque para conocer la salud moral, el amor a la Ley y la valentía civil de nuestra Justicia. Hasta el momento, la presunción está en su contra, pero cabe esperar que se abra paso el sentido común de la defensa de la libertad. Es Batasuna quien organiza la kale borroka, es Batasuna quien debe pagar. Es de cajón, incluso de cajón de sastre, pero hay fallos bien recientes en los que se ha puesto por escrito que algunos jueces no interpretan las leyes, simplemente no las cumplen, porque tratan de dar patadas al ejecutivo en las posaderas de todos los ciudadanos.

No es extraña la histérica reacción de los nacionalistas estúpidamente denominados moderados, porque son los beneficiarios últimos del terrorismo, mediante cuyo amedrantamiento consiguen sus escuálidas victorias electorales. Desde hace tiempo, el gobierno vasco vive la intensa tentación de la desobediencia civil y la deslealtad constitucional. Desde hace tiempo, es evidente que PNV y EA son la cobertura política de Batasuna; con la comparsa de IU, todo hay que decirlo. El Estado de Derecho puede triunfar sobre el terrorismo cuando se niega a la complicidad. El auto de Garzón se mueve en esa línea. Es una ilegalización de hecho, porque Batasuna es ilegal en todas sus manifestaciones. En eso no engañan más que al que se quiere engañar.

Impunidad y protección
Editorial El Correo 5 Julio 2002

El cerco que el terrorismo despliega para atenazar las voluntades presentes en toda sociedad democrática trata de empujar a ésta para que se precipite al abismo del desistimiento o del arbitrario autoritarismo; para que sucumba al dictado totalitario de la persecución ideológica y el asesinato o para que reaccione adoptando medidas de excepción que vulneren los derechos y las libertades que disfruta el conjunto de la ciudadanía. Ésa es la diabólica encrucijada hacia la que ETA ha pretendido siempre conducir a la sociedad vasca. Las respuestas pusilánimes, dubitativas o acomplejadas frente al terror han contribuido durante años a reafirmar y envalentonar a los violentos en su bárbaro propósito. De igual manera que aquellas otras réplicas al terrorismo que en el pasado condujeron a la injusta conculcación de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos terminaron, también, haciéndole el juego a la barbarie violenta.

Pero la doble trampa tendida por ETA al Estado de Derecho no puede conducir a éste hasta el absurdo de preservar al amparo de la legalidad constitucional actividades que responden a una sistemática vulneración de los más elementales derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida. De lo contrario, el propio Estado de Derecho terminaría arredrándose e incumpliendo con su primera obligación, cual es la de garantizar la integridad física y la dignidad moral de los ciudadanos para que la libertad pueda ser plena y sobre todo posible. Por eso mismo, resulta tan falaz como ventajista descalificar la reciente promulgación de una nueva Ley de Partidos o el auto dictado por el juez Garzón señalando a Batasuna como responsable civil solidario de los daños causados por la llamada violencia callejera alegando nada menos que las citadas iniciativas vulneran derechos y libertades fundamentales. Es lógico que así se pronuncien quienes ven cómo el amplio campo de actuación que la impunidad les procuraba hasta ahora tiende a estrecharse; y que la trampa tendida a la sociedad democrática se vuelve contra ellos, conminándoles a elegir entre la renuncia a la violencia o la pérdida de las atribuciones que concede la legalidad política. Pero a estas alturas resulta inadmisible que el nacionalismo gobernante pretenda erigirse él mismo en víctima de la acción legal o judicial contra la trama terrorista, alentando entre sus filas la deplorable sensación de que la acción institucional contra el terrorismo constituye una amenaza para las libertades mayor que la del propio terrorismo.

La disposición de un amplio catálogo de medidas de protección que limite al máximo los efectos que la persecución terrorista provoca en las víctimas y en el normal funcionamiento de las instituciones representativas constituye una urgente necesidad que requiere la participación de todas las formaciones políticas y la activa coordinación entre las administraciones concernidas por el problema. El tono positivo y resuelto con que se manifestaron los partidos reunidos en la tarde de ayer en torno a la Mesa de Arkaute ofrece signos esperanzadores de colaboración democrática. Pero la protección de los perseguidos nunca será suficiente si, paralelamente, los poderes del Estado y los propios partidos no orientan sus esfuerzos a acabar con la impunidad ambiental en que se mueven los perseguidores.

Cada vez que los dirigentes abertzales presentan cualquier medida contra esa impunidad como si se tratara de un ataque a la legitimidad de las ideas y, en especial, al propio nacionalismo, alimentan una paranoia interesada que prefiere atemperar la confrontación con el nacionalismo violento a costa de extender una sombra de sospecha sobre el sistema democrático vigente. Es por eso que el empeño del nacionalismo gobernante para mostrar su actitud solidaria hacia los perseguidos resulta siempre insuficiente o tardío; porque no logra acoger a quienes padecen el acoso diario del terror como parte de la misma comunidad; porque evita enfrentarse abiertamente con quienes por acción o complicidad tanto daño están causando a la vida y a la libertad de los vascos. La concentración convocada por los socialistas en la tarde de ayer en San Sebastián representó a los miles y miles de ciudadanos vascos que se niegan a desistir y renunciar a la esperanza de una paz auténtica. Pero al mismo tiempo reflejó las carencias y dobleces de una situación que obliga a los propios perseguidos a promover actos de resistencia respecto a los que las formaciones del nacionalismo democrático no muestran más que una adhesión medida e incluso reticente.

La paz y la libertad
Pío Moa Libertad Digital 5 Julio 2002

Una de las cosas que más desmoralizan a la sociedad es contemplar cómo la justicia no es aplicada y cómo, valiéndose de juegos malabares con las leyes, inspirados por el miedo, la corrupción o intereses partidistas, determinados grupos o personas vulneran impunemente la ley e imponen en mayor o menor medida un poder mafioso. Esto es lo que ha venido pasando durante más de veinte años en Vascongadas, debido a la simbiosis entre el nacionalismo asesino de ETA-Batasuna y el nacionalismo encubridor del PNV, y a la creencia, basada en la pura ilusión o en el oportunismo, de que no sería posible la paz en Vasconia sin el apoyo del segundo, del “nacionalismo democrático” como se le llama tan enfática como engañosamente.

El problema está así mal planteado de raíz, porque no es la paz, sino la libertad y la democracia lo que están en juego en aquella región. La paz, aunque turbia e insatisfactoria, existe allí, pues el terrorismo no tiene fuerza suficiente para alterarla. Es la libertad de los ciudadanos lo que sí logran alterar los profesionales del crimen y quienes explotan políticamente la sangre. En la situación actual, una parte de España carece de democracia auténtica, porque el miedo y la coacción están densamente presentes en ella.

El estado y las fuerzas ciudadanas deben proceder con energía abordando el problema en sus justos términos, sin ilusiones de un rápido arreglo, pero sin ceder en los principios. Hay señales de que así comienza a ser, por primera vez en muchos años, con la ley de partidos y con actuaciones como las de Garzón. Esto es más imprescindible y urgente de lo que muchos creen, si no queremos que la paz misma llegue a verse seriamente perturbada. Hasta ahora la insoportable situación no ha degenerado en una violencia más general porque se ha exigido a las víctimas la pasividad, en nombre del derecho y del monopolio de la violencia por el estado. Pero el estado tiene el monopolio de la violencia sólo si efectivamente lo aplica. Si, en cambio, el abuso y la violencia de algún grupo o mafia perduran bajo la debilidad del estado, muchos ciudadanos pensarán, con toda razón, que los gobernantes no cumplen su deber, y que por encima de leyes inefectivas está su derecho a la vida y a la legítima defensa.

En otras palabras, la situación no puede proseguir indefinidamente, porque podrían empezar, como ha advertido algún exiliado por la ferocidad nacionalista, las represalias de las víctimas. Entonces sí comenzaría a peligrar no sólo la libertad, sino también la paz. Impedirlo está en manos del gobierno. Si éste centra sus esfuerzos en asegurar la libertad ciudadana, persiguiendo con energía a quienes la impiden, la paz también se salvará. De otro modo es muy de temer que la situación degenere gravemente. El PNV, si le quedan unos gramos de lucidez, debiera hacerse consciente de ello.

Ideologías del terrorismo
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 5 Julio 2002

Ahora que el terrorismo comienza a percibirse como una amenaza globalizada, incluso como uno de los ejes que vertebrarán la cooperación internacional en el futuro, conviene pararse a reflexionar de alguna manera sobre el trasfondo motivacional del fenómeno terrorista. Porque el terrorismo, en tanto conducta sistemática de acción violenta sobre las personas, siempre está canalizado a través de un respaldo de intencionalidad que lo promueve. Y esa conducta, por mucha argumentación política que le sirva de basamento, constituye un hecho criminal (quebranta los marcos legales) que persigue anular la identidad (política, personal, social) de sus víctimas para suplantarla con otra identidad que sea compatible con la visión idealizada y distorsionada de un mundo que el terrorista ha fabricado en su realidad paralela.

El terrorismo tiene bastante en común con otros crímenes y algunos elementos de diferencia significativa que lo convierten en una amenaza que solicita, de los Estados, estrategias muy bien perfiladas de afrontamiento. Opino que uno de los criterios de éxito de la lucha contra el terrorismo en las próximas décadas vendrá determinado por la capacidad de los Estados de comprender íntimamente el fenómeno terrorista, en su génesis, articulación y diversidad, para, a partir de esa comprensión, arbitrar mecanismos que maximicen la deslegitimación social del argumento terrorista.

Aunque no se diga mucho, el pensamiento puesto al servicio del acto de violencia es un factor presente en todas las agresiones sistemáticas, teniendo en el terrorismo la máxima sofisticación argumentativa. Salvo el crimen resultado de un impulso emocional, un arrebato o una suerte de enajenación, la mayoría de los comportamientos criminales constituyen acciones premeditadas y, por tanto, razonadas. Incluso en algunos escenarios donde pudiera parecer que una agresión tiene lugar en el transcurso de una explosión descontrolada de violencia, en una multitud de casos el ataque aparentemente arrebatado está soportado en unos cimientos de premeditación construidos al servicio de llegar a ese punto donde el criminal da rienda suelta a sus deseos. Esta impulsividad planificada, en donde el propio transgresor se conduce a sí mismo hacia el punto donde sabe que va a perder el control, se observa en algún tipo de maltratadores de mujeres, en agresores sexuales, en ciertos delitos compulsivos y en determinados asesinos sistemáticos.

En cambio, no es la impulsividad una cualidad del terrorismo. La conducta terrorista representa una instrumentación estratégica, controlada e intencional de la violencia, decidida al logro de una meta en un contexto social por medio de la pretendida anulación, a través del terror, de la voluntad, intereses y capacidad de decisión de otros actores presentes en ese contexto social.

Por otra parte, en lo referente a la actividad intelectual que se aplica a la argumentación de los comportamientos violentos, existe un extenso abanico de razonamientos con los que el transgresor articula un aparato justificador para su conducta de violación de los marcos sociales de convivencia democrática formalizados en las leyes. A riesgo de simplificar en exceso la complejidad del asunto, puede afirmarse que esa multiplicidad de argumentos criminales converge en no más de un par de motivaciones generales de fondo: el crimen para buscar un beneficio ilícito, o bien el crimen como conducta de adaptación -por ruptura- de una persona ante un entorno social donde se encuentra inadaptada. El terrorismo, en cuanto crimen, pertenecería a esta segunda categoría en la mayoría de sus expresiones, derivándose en algunas otras hacia un ejercicio de delincuencia organizada extremadamente violenta que persigue financiación para su propia subsistencia.

En tanto patrón de adaptación por ruptura, por subversión, ante un contexto social donde los integrantes de una banda violenta se consideran desajustados (aunque, en realidad, el terrorista reside en la convicción de que el desajustado es el entorno donde opera violentamente, y no él o su grupo), hay que tener claro que el terrorismo es siempre una conducta criminal ideológicamente motivada y, de manera directa o indirecta, esa ideología acostumbra a estar perfilada políticamente. A ese tenor, encontraremos invariablemente un razonamiento de fondo para la violencia ejercida por el grupo terrorista, que le sirva de justificación para sus acciones y de estructura mental donde engarzar y legitimar, psicológica e individualmente, la agresión sistemática que ejercen sus miembros.

No obstante, si bien la dimensión ideológica se encuentra en la génesis motivacional de la acción terrorista, una vez la dinámica de la violencia sistemática se ha instalado en la identidad de un grupo terrorista, el edificio de razonamientos y motivos pasa a convertirse en un mecanismo de justificación de cada crimen que realizan, de manera que la interpretación de la realidad se distorsiona lo necesario para legitimar ideológicamente cualquier atentado contra la vida y la libertad humanas. Al principio, la elección de objetivos y tácticas de atentados está determinada por y ajustada a la ideología, pero llega un momento en la evolución del grupo donde la ideología es la que se ajusta a las acciones: es el instante en que la pervivencia del colectivo criminal comienza a erigirse en motor instintivo e inercial del grupo, sobre todo si la ideología defendida se ha enquistado por aislamiento de la realidad social.

Con todo, tal cualidad ideológica del terrorismo no contribuye, al contrario de lo que han espetado muchos terroristas (desde Robespierre al Bin Laden de los vídeos difundidos por Al-Jazira), a legitimarlo como forma de lucha, sino todo lo contrario: la esencia intelectual e incluso práctica de una idea, de un ideario, reside en su capacidad para resistir la revisión crítica en contraposición a otras ideas e idearios, sin que medien fuerza o coacción algunas. En la arena política moderna de la democracia, donde se pretende la construcción de modelos de convivencia determinados por la libre elección de distintas alternativas de concepción de la realidad, la noción de idea impuesta por la fuerza pierde todo sentido. El terrorismo, desde esta perspectiva, es un fenómeno paradójico que pretende forzar la elección entre varias alternativas anulando violentamente todas menos una y, por tanto, suprimiendo el proceso de elección y la libertad que conlleva. Cualquier doctrina terrorista se sustenta sobre una pretendida restauración de libertad perdida o depuración de una libertad que el terrorista considera ficticia, pero es una ilógica contradicción pretender la consecución de derechos de libre elección asesinando las ideas alternativas, puesto que sin alternativas no hay elección posible.

A pesar de lo que pueda aducirse a veces, el terrorismo no se distingue en su ideología -en el hecho de poseer un conjunto estructurado de ideas para justificar el acto de transgresión- de otro tipo de crímenes premeditados, caracterizados por la imposición del deseo del criminal en detrimento de la libertad de la víctima. La diferencia entre el terrorismo y otra clase de crímenes preconcebidos reside en la naturaleza psicológica de las víctimas de oportunidad elegidas por su simbolismo en la dinámica del terror, en la tonalidad de subversión política de las motivaciones del terrorista y, finalmente, en la intensidad y extensión del menoscabo social que provoca el terrorismo. A modo de conclusión, pues, cabe afirmar que el terrorista nace como un político criminal y, en la medida en que se adapta en su propia subsistencia, acaba siendo un criminal politizado.

¿Qué fue del pacto aquél?
José Javaloyes La Estrella 5 Julio 2002

Aludo al Pacto de Barcelona. Se habían concertado los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, los nacionalistas gallegos. Era aquello la internacional nacionalista, una suerte de Congreso de Montreux como el de los años treinta de la pasada centuria; aunque no en fascista, sino en democrático. Tan contradictorio como lo de aquel entonces —la alianza entre las totalidades que por sí mismas se excluyen entre sí— fue en su momento la aparente integración en una unidad de propósito de los particularistas de Cataluña, Vasconia y Galicia. Su proyecto variablemente sugestivo de acción en común no parecía otro que el de palanquear dentro de los límites del artículo 2 de la Constitución, para hacerlos saltar o para modificarlos.

En eso parecieron seguir durante un tiempo tales coaligados; pero, de una parte, los ataques conjuntos de Beiras y Fraga al rodaballo, y de otra, el desencuentro entre el PNV y Convergencia Democrática de Cataluña, a propósito de la deslegalización de Herri Batasuna, han abierto una brecha tan profunda en la contradictoria internacional nacionalista que parece imposible su recomposición. El expreso del nacionalismo, por lo que se presume, queda reducido ahora a un tren de cercanías. En su trayecto sólo están las estaciones de los aranistas de derecha, del PNV y EA, y los apeaderos batasunos con la vía muerta de los comunistas marginales del doctor Madrazo.

La cabeza tractora de aquel convoy pudo parecer más de una vez que estaba representada por el dispositivo batasuno, que transformaba en fuerza motriz la violencia etarra e impulsaba con ello el debate nacionalista. Se hacía patente así la existencia de un problema que sólo encontraría solución el día en que fueran satisfechas las compartidas y convergentes pretensiones de los integrantes del Pacto de Barcelona. Pero a lo que se ve, el efecto arrastre del proceso de ilegalización de Herri Batasuna ha sido suficiente para que de la unidad ferroviaria nacionalista se descolgara el vagón de los catalanes. El impacto ha sido tan fuerte que hasta el bondadoso Anasagasti, que dice el catalán Trias, se ha despeinado.

Cabe pensar que la bronca entre PNV y CiU es del mayor de los calados y puede tener efectos de larga duración. El “test” de la ilegalización de los proetarras es poco menos que definitivo. Los nacionalistas catalanes, que han disentido en aspectos formales de la consensuada iniciativa de socialistas y populares, pero que sin embargo han suscrito el fondo del asunto, han establecido con ello una diferenciación de importancia capital respecto de los nacionalistas vascos de expresión democrática. Nunca se les podrá señalar de ahora en adelante como beneficiarios objetivos, directa o indirectamente, de las condiciones de debate nacionalista creadas por la acción de ETA. Pero lo aflorado con esto no es sólo una disparidad estratégica entre PNV y CiU, sino una sustantiva diferencia de entidad ideológica. Aun siendo los de uno y otro nacionalismos identitarios (¿qué nacionalismo no lo es?), el de los herederos de Sabino Arana es etnicista, y el de los catalanes, no. Y resulta que el etnicismo y toda suerte de racismo supone una base de partida tan potente y tan profunda que cuenta y pesa mucho más que las diferencias y los distingos, dentro de su mundo, entre nacionalismo democrático y nacionalismo totalitario.

Aquel tren nacionalista formado con el Pacto de Barcelona ha llegado a su punto de destino. Las sinergias españolas del acuerdo entre el PP y el PSOE son de más largo alcance de lo que, en un principio, cupo sospechar. A modo de coda: el patriotismo español no es nacionalista, porque no es ni identitario ni etnicista. Esos billetes sólo valen para trayectos de cercanías.

¿Hay pecado original en la Iglesia vasca?
Antonio Beristain es catedrático de Derecho Penal y director h. del Instituto Vasco de Criminología La Razón 5 Julio 2002

José María Díez Alegría, impar amigo y maestro, amante del País Vasco, de la Justicia y la Ética, con ocasión de su merecido homenaje del día 27. En la portada, sobre fondo rojo, leemos el título del libro Eta pro nobis. El pecado original de la Iglesia vasca, en tinta negra. Del mismo color vemos la serpiente venenosa que rodea la cruz, sin Jesucristo. En ésta, como en sus publicaciones anteriores, Iñaki Ezkerra es un notario que da fe de la realidad socio-político-religiosa, histórica y actual, en el País Vasco y en su Iglesia. Nos brinda un amplio informe innovador y esperanzador acerca del delito ¬no político¬ de Eta y acerca del pecado original ¬no bautizado¬ de la Iglesia, mirando al futuro próximo, porque como indica Jaime Mayor Oreja «ha llegado el momento de que la Iglesia vasca decida si quiere prolongar el problema que supone Eta».

¿Cuántos valores positivos rezuman estas 274 páginas? Muchos. Ahora espumaré sólo cuatro:

1°.- Objetividad en la abundante información, como lo demuestran los 20 documentos fotografiados en las páginas finales.
2°.- Argumentación irrefutable de que los condenados por crímenes de terrorismo deben estar en cárceles lejos de sus familiares (pp. 90 s., 140 s.). Lo contrario violaría la legislación y la jurisprudencia humanitaria de todos los países democráticos, obstaculizaría la libre resocialización de los presos. Además, olvidaría los derechos elementales de las víctimas y de los funcionarios penitenciarios, así como los factores etiológicos hogareños y amicales de la reincidencia terrorista.
3°.- Metodología científica que analiza y comprende más que condena. Con agua transparente exorciza el pecado original de la Iglesia vasca y también, aunque menos, del resto de España. No olvidemos que las víctimas de Hipercor (Barcelona), el pasado día 19 de junio, quince años después del atentado cometido por Eta, han denunciado en los medios de comunicación la falta de apoyo de la Iglesia. Diversos capítulos (8, 14, etcétera) recogen múltiples pruebas evidentes que hacen añicos algunos importantes documentos, escorados, de nuestras instituciones diocesanas. Demuestran y reprochan su relativismo moral (tan criticado por Juan Pablo II), su unilateralidad política, con escasa teología postconciliar, multi e interdisciplinar. Basta leer los textos oficiales que se transcriben. Así (página 89), el editado por el Secretariado diocesano de Vizcaya, en la cuaresma de 1999: «Una chata visión del Estado hace que una abundante masa de políticos, tanto del PSOE como del PP, enarquen las cejas cuando ven en crisis su visión cerrada, unívoca, centralizada de su España».

Ahora, mi cuarto comentario se refiere al mensaje subliminal del libro que rememora y representa el paradigmático ejemplo del teólogo alemán Dietrich Bonhöffer. Merece que recordemos aquí su figura señera. El año 1939, Bonhöffer vivía en Estados Unidos, becado como docente e investigador. Pero al ver que Alemania caía en la miseria moral del nazismo y masacraba a tantos inocentes, decidió dejar su vida tranquila en Chicago y regresar a Alemania para estar junto a los perseguidos y hacer todo lo que pudiera en su defensa. Aunque ya sabía que ello implicaba graves peligros para él, para sus familiares y sus amigos.
 
Llegó a Berlín. Trabajó inteligente y valientemente contra el nazismo y en favor de la convivencia. Pronto constató que sus sospechas en América no eran infundadas. Le detuvieron, le internaron en prisión, le condenaron a muerte, le ejecutaron. Unos meses antes, el 11 de abril de 1944, escribe desde la cárcel de Tegel a su amigo Eberhard Bethge: «Nunca me he arrepentido de la decisión que adopté en Chicago de regresar a Alemania, el verano de 1939...». Los dieciséis capítulos de este libro muestran al lector la situación actual en el País Vasco, parecida ¬aunque en tono menor¬ a la de aquella Alemania, que obligó a Bonhöffer a una opción fundamental muy desagradable. Que obliga a muchas personas a comprometerse a riesgos mayores o menores, pero cotidianos, para desvelar tanta mentira, tanto resentimiento paranoico, para superar el terrorismo, para atender a las víctimas directas, indirectas y anónimas.

Analizar y publicar la verdad es peligroso, sí, pero necesario. Lo sabía D. Bonhöffer. Igualmente Ignacio Ellacuría, en el Salvador. También lo saben las personas heroicas que en España hablan y escriben, a pesar de experimentar ¬y padecer¬ una incesante macrovictimación que los ciudadanos honrados debíamos reconocer y agradecer públicamente, de diversos modos y maneras. En el principio era el verbo, la verdad, que nos hace libres. Proclama: nunca asesinar, nunca colaborar con los que secuestran y extorsionan; ni encubrirlos. En el País Vasco hay personas que lo practican. Encubridores, colaboradores y, aun los aquejados por el síndrome de Estocolmo pueden ser también, más o menos, culpables del crimen cometido... Lo afirma el Derecho Penal de todos los países democráticos. También la teología de las grandes religiones.

Este libro contribuirá a que sigamos constatando y certificando el milagro increíble de que, a pesar del incesante terror, nadie en el País Vasco ha tomado la justicia por su mano (pp. 185 s.). Ni tan siquiera lo ha pedido. Este milagro merece constatarse y honrarse en monumentos públicos en muchas ciudades, algo así como el erigido en Valencia en memoria del profesor Manuel Broseta. Cuando la casa está ardiendo, cruzarse de brazos es criminógeno. Y el mutismo también. Urge lavar a la Iglesia de su mancha original. Muchas personas e instituciones religiosas tienen una misión que cumplir, antes y por encima de todas las demás: analizar la verdad del terrorismo (enfermedad epidémica tanto como actos criminales), y sus cómplices... y comprometerse con acciones concretas, públicas, para que pronto desaparezca Eta. Tenemos obligación de hacer algo eficaz. No es quijotería. Una parte de la Iglesia ha de pedir perdón porque no ha cumplido su misión debidamente. Y ha de empezar una etapa radicalmente nueva. Ha de ganarse el agradecimiento de las víctimas. No lo ha conseguido todavía. Este libro da un paso imprescindible en este camino. Enseña que la paz es fruto de la justicia. No de una equivocada compasión con los victimarios.

Termino con palabras de Juan A. Estrada, S. J.: «Yo asumo el papel de defender la perspectiva de las víctimas como la única válida para los cristianos, y anterior a cualquier creencia, ideología o proyecto político». Y añado una observación de ética cristológica, eucarística, de agradecimiento popular: en el centro de la catedral de Lovaina se encuentra el altar mayor, de mármol. Representa un pabellón de los campos de concentración nazis en Alemania, con las reliquias de sus mártires que dan sentido al altar. Lo regalaron los belgas supervivientes del Holocausto. ¿Por qué no colocamos en nuestras iglesias altares similares? Será un testimonio de impar pedagogía. La traducción de este libro en piedra para los que no quieren leer. A pesar del panorama tan inhumano e injusto que ensombrece hoy el País Vasco, muchos amigos y discípulos de Díez Alegría repetimos con él, y con su carismática hermenéutica evangélica: «Yo creo en la esperanza».

El Gobierno galo promete «tolerancia 0» para evitar un santuario proetarra
D. M / J. P. ABC 5 Julio 2002

París está dispuesta a actuar con la máxima firmeza contra la pretensión de las tramas políticas de ETA de implantarse en su territorio, ya que no sólo deterioraría el satisfactorio marco de cooperación antiterrorista con España, sino que se le volvería contra sus propios intereses, pues una de las reivindicaciones de este conglomerado terrorista es la anexión de «Iparralde». La detención y expulsión de Arnaldo Otegi y el visto bueno a la extradición de Juan María Olano constituyen un claro mensaje de las autoridades galas: «Con los proetarras, tolerancia 0».

MADRID. La preocupación de las autoridades francesas está fundamentada: En los últimos años, las tramas políticas del «complejo ETA» promovieron la creación en el sur de Francia de grupos equivalentes, con los que posteriormente se fueron fusionando. Se trataba de hacer «causa común» para enfrentarse a los estados español y francés. Según los expertos antiterroristas consultados por ABC, el problema para el Gobierno de París no es sólo que su territorio vuelva a convertirse en «santuario» de los grupos satélites de la banda, sino que actúen allí contra sus propios intereses, ya que para ETA, «el Estado francés es tan enemigo como el español».

Desde la fusión de Jarrai y Gazteriak se ha incrementado la violencia callejera en el sur de Francia, con ataques cada vez más organizados que han tenido como objetivos, incluso, comisarías. Además, las autoridades francesas venían observando, con honda preocupación, cómo en los últimos años Gazteriak, grupo al que pertenecían hijos de etarras -los «hijos de la ira»- servía como centro de reclutamiento para nutrir el «aparato logístico» de ETA. Ha sido el caso, por ejemplo, de Argi Perurena, detenida tras participar en el robo de dinamita de Plévin.

Gran firmeza
La instalación de las tramas políticas de ETA en Francia multiplicaría las intervenciones públicas de sus dirigentes en Bayona, Hendaya, Biarriz o Urrugne, «y no hay que olvidar -subrayan los medios consultados- que en la Euskadi independiente que reivindican se incluyen las provincias de Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea, algo que París no quiere escuchar, ni de lejos». Las apariciones públicas en Francia, de manera impune, acabaría envalentonando a los dirigentes de Batasuna y es algo que se volvería en contra, a muy corto plazo, de las autoridades de París, que tradicionalmente han actuado con gran firmeza cada vez que se ha atacado la unidad de la República. Basta recordar que recientemente intervenía en un acto público un dirigente de Segi, cuya extradición ha pedido España, días después de que un juez francés decretara su puesta en libertad.

Además, la impunidad de las tramas de ETA en territorio francés deterioraría, y mucho, las relaciones con España que desde hace años se asientan en un aceptable marco de colaboración antiterrorista.

Sin embargo, responsables de la lucha antiterrorista en España valoran la actitud que las autoridades francesas están adoptando para evitar que los proetarras campen a sus anchas por su territorio. En este contexto de firmeza enmarcan la decisión de dar luz verde a la extradición del portavoz de las antiguas Gestoras pro Amnistía, Juan María Olano. Otro gesto de París fue la retención, el pasado 1 de junio, de Arnaldo Otegi en el puesto fronterizo de Irún y su inmediata expulsión. Otegi tiene prohibida la entrada en territorio francés, después de que en el último Aberri Eguna, gritara en un acto celebrado en San Juan de Luz vivas a «Euskadi ta Askatasuna», que se corresponde con las siglas de ETA.

AENA y el catalán
Por CARLOS HERRERA ABC 5 Julio 2002

Vamos a negociar como cierta una premisa de partida: todos los partidos políticos sufren una cuota inevitable de arrogancia con la que nos obligan a malvivir y de la que ninguno ha conseguido desprenderse desde que la memoria nos es útil. La sufren quienes gobiernan y la padecen quienes aspiran a gobernar, sea aquí, sea allá. Cuando Felipe González gobernaba, la soberbia altivez con la que despachaba al más común de los mortales borró el encanto que, al decir de muchos, tenía cuando era un júnior de la política y de la esperanza; algo parecido le ocurrió a Alfonso Guerra, el cual, a diferencia del anterior, sí tenía gracia y encanto: hubieron de consumirse muchos días después de que dejara el poder para recuperar su indudable gancho personal (mi drama, ya se lo he dicho muchas veces, es ser guerrista). José María Aznar, conocido por su singular gracejo, ha redoblado sus esfuerzos por parecer aún más distante de lo que la biología le ha hecho y ha acabado labrándose una ebúrnea imagen (por lo marmórea) de engreído y suficiente que en nada ayuda a una despedida placentera. Ni que decir tiene que, en algunos casos, esa arrogancia se hace especialmente sangrante: piensen, sin ir más lejos, en cualquier político de corte nacionalista o en ese monumento a la displicencia cruel que es Javier Arzallus. El poder actúa en ellos como un enzima catalizador de las peores reacciones químicas.

Viene esto a cuento por la monumental destreza que se muestra en ocasiones para crear problemas donde no los hay y la no menos enorme torpeza para no rectificar a tiempo que, en virtud de esa arrogancia, despliegan los gestores públicos. Sin ir más lejos: los directivos de AENA, el elemento gestor de los aeropuertos españoles, han considerado oportuno retirar los anuncios y llamadas en catalán que se emiten a través de la megafonía del aeropuerto del Prat de Barcelona en virtud de «la elevada contaminación acústica que sufre el recinto», lo que es más o menos equivalente a decir que la catalana es una lengua contaminante de la que hay que prescindir para hacer más soportable el aguardo. Como era de esperar, un anuncio de este jaez ha ocasionado más de un disgusto en una comunidad que tiene la sanísima y natural costumbre de utilizar su lengua propia en su vida diaria. Al que se le haya ocurrido semejante tontería venga Dios y lo retire de la ventanilla, ya que no es previsible que vaya a retirarlo la autoridad competente, arrogante de por sí. Curiosamente, el aeropuerto barcelonés ha sido un ejemplo de imaginación y equilibrio en el uso rotulado de las lenguas, ya que los letreros están escritos en catalán, español o castellano -como prefieran-, e inglés: los dos últimos resaltan en color preferente y el primero, el catalán, encabeza cada cartel. Es una solución parecida a la que se dio al reparto de una película de folclóricas en la que la disputa por encabezar el mismo podía llevar a más de una situación comprometida: los nombres de Lola Flores, Paca Rico y Carmen Sevilla fueron escritos en aspa y asunto concluido. No se entiende, pues, cómo algunos gestores públicos han creído acertar cuando toman medidas creyendo que una interminable fila de viajeros se tapa los oídos desesperadamente al escuchar un anuncio de retraso o cambio de puerta en el idioma que acaban de escuchar en la calle. ¿De veras creen que la exasperación del viajero llega a tanto? ¿Es ese, ciertamente, el principal problema del aeropuerto del Prat? ¿Es así como piensa el PP progresar políticamente en Cataluña?

A la arrogancia política de quienes mandan, la supera, en ocasiones, la de quien manda por delegación. No tienen remedio. Próxima salida por puerta dos vuelo popular destino a la minoría.

Palomas y lombrices
Nota del Editor 5 Julio 2002

Es estupendo perder por fín las clases obligatorias de idiomas "autonosuyos" en los aeropuertos; y no olvidemos que la Constitución sólo obliga a concocer el idioma español.

Ahondando en el tema, afirmo y puedo asegurar que la utilización de los idiomas "autonosuyos" en los letreros de las autopistas es un disparate, pues produce un rechazo al mensaje, retardo en la comprensión, y aumento del riesgo de sufrir o causar un accidente mortal a millones de conductores.

Ahora sólo falta que las palomas (aviación) se coman las lombrices (renfe) que sólo utiliza los idiomas "autonosuyos" en los carteles de las estaciones.

Otro error de Mas-Colell
El Govern reconoce su equivocación y retirará que el catalán sea mérito si lo piden los rectores
Redacción - Barcelona.- La Razón 5 Julio 2002

El artículo del antrepoyecto de Ley de Universidades que establece que el uso del catalán sea un mérito docente y tenga retribuciones económicas ha quedado en manos de los rectores universitarios. El departamento de Universidades reconoce su error y está dispuesto a retirar el polémico artículo si todos los rectores de las universidades catalanas lo rechazan. Como excusa, la Generalitat apunta que este matiz, que ha generado la reacción contraria de gran parte del profesorado, además de partidos políticos y entidades vinculadas al mundo de la educación por la discriminación que supone a los castellanohablantes, se introdujo a petición de los vicerrectores que participaron en la redacción de la citada ley.

Las muestras contrarias a este punto de la Ley de Universidades han sido constantes desde que su contenido se hizo público. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Lluís Ferrer, envió una carta al departamento de Universidades, que se publicó ayer en un medio de comunicación, en la que se manifiesta en contra de esta medida y remarca que «la UAB ha estado en la vanguardia de la normalización lingüística, pero no podemos dar por buena esta propuesta».

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alberto Fernández advirtió que la aprobación de este punto de la ley sería «una discriminación que puede generar malestar entre el profesorado y afectar a la calidad de la enseñanza». Para el dirigente popular, se trata de una medida «contradictoria con los datos del gobierno catalán sobre el buen estado de salud del catalán en las universidades» y, además, «generaría una competencia entre los profesores por motivos de sueldo en lugar de una «sana discrepancia científica». El PP presentó una proposición no de ley en el Parlament que insta al gobierno autonómico a adoptar las medidas necesarias para garantizar la «igualdad plena» entre castellano y catalán para que el profesorado «pueda utilizar la lengua que crea más conveniente».

El Tribunal Superior anula el recorte al euskera del Gobierno de Navarra
MIKEL MUEZ | Pamplona El País 5 Julio 2002

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio ayer el golpe de gracia definitivo a la reforma lingüística del Gobierno de Navarra desde 2000 para reducir el uso y valoración del euskera en las administraciones públicas de la comunidad. De manera unánime, los seis magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN califican de 'nulo radical y de pleno derecho' el decreto foral 372/2000 aprobado por el Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro (las siglas del PP en esa comunidad) que preside Miguel Sanz y sobre el que se vertebraron después diversos planes zonales que reducían sensiblemente la presencia del vasco en rótulos callejeros, trámites documentales, atención al ciudadano y provisión de puestos de trabajo.El día anterior, la misma Sala anuló uno de ellos.

Ayer, la fundación Euskara Kultur Elkargoa, que recurrió la normativa, dio a conocer la resolución que afecta al decreto de la reforma, y en la que se reitera que el Gobierno de Navarra tramitó sus planes obviando dos trámites preceptivos de vital importancia para 'la garantía de acierto' de la normalización lingüística: los informes que debían emitir el Consejo Navarro del Euskera y la Dirección General de la Función Pública.

En el caso del decreto que desarrolla restrictivamente la Ley del Vascuence, la sentencia considera 'ineludible' contar con la opinión del consejo asesor creado por esa misma ley. El Ejecutivo foral se enfrenta ahora a un grave problema. La resolución del TSJN es irrecurrible, según Euskara Kultur Elkargoa y la aportación del informe del Consejo Navarro del Euskera, será muy compleja ya que la mayoría de sus miembros dimitió.

Los opositores
Nota del Editor 5 Julio 2002

Eso de dejar la última palabra a algunos personajes por el único atributo de haber ganado una oposición, y para más estupor, sin la obligatoria unanimidad, constituye la dejadez mayor que persona sensata pueda pensar.

Hay razones y sentido común suficiente para la deshacer el disparate de la reforma lingüística, y además se olvidan de la constitución, por definición ley superior, que determina claramente que la única lengua que tenemos obligación de conocer es el español, y aquella otra que dice que todos somos iguales ante la ley, pero claro, la constitución no deja de ser una broma macabra.

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